Por: Laura Cano (periodista) y Cristian Mauricio Peña (investigador)  Fundación Paz & Reconciliación El pasado viernes se conoció que en la ciudad de Cúcuta habría ocurrido un atentado contra la aeronave en la que se movilizaba el presidente Iván Duque desde Sardinata, Norte de Santander. El primer mandatario se encontraba allí desarrollando compromisos relacionados con la agenda presidencial. Como se ha informado, en el vuelo también iban el ministro de Defensa, Diego Molano; el ministro del Interior, Daniel Palacios; y el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano. Todos salieron ilesos. Luego de los hechos han salido a la luz varias noticias alrededor de este suceso. Por un lado, se conoció que la Policía halló dos fusiles en el barrio La Conquista, en Cúcuta, desde donde se habrían producido los disparos. Según lo indicado por el director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas, en el sitio fueron encontradas armas tipo AK-47 y un 7-62 con marcas de las Fuerzas Armadas de Venezuela, cinco proveedores y 20 vainillas. “De las 20 vainillas percutidas encontradas en el lugar de los hechos, 14 pertenecen al fusil FAL preliminarmente y 6 de ellas al fusil AK-47, según los peritos preliminares de la Policía y la Fiscalía General de la Nación”, aseguró el funcionario. Por otra parte, se dieron a conocer lo que serían los retratos hablados de quienes presuntamente cometieron los hechos. En ese sentido, se informó que se ofrecerá una recompensa de hasta $3.000 millones para quienes den información efectiva que conduzca a dar con el paradero de las personas responsables. Adicionalmente, se comunicaron otros avances que se dieron de manera rápida luego de los hechos, como la realización de 102 actividades de estudio de criminalística genética, balística y dactiloscópica, 45 entrevistas judiciales y el análisis de más de 200 horas de grabación de 22 cámaras de seguridad. Además, como aseveró Vargas, se puso a disposición un cuerpo de inteligencia conformado por cerca de 150 personas que se dedican exclusivamente a la investigación. A estas personas les fueron entregados 40 equipos interdisciplinarios que están trabajando en el mismo objetivo. Asimismo, se ha anunciado que esta es una investigación priorizada en la que participarán fiscales especiales en crimen organizado. Es necesario recordar que, en esa misma zona, la semana pasada hubo un atentado contra la Brigada 30 del Ejército. En estos hechos, 36 soldados resultaron heridos. Desde el Ministerio de Defensa se señaló a como responsables a miembros del frente urbano de guerra del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes, según lo dicho por Diego Molano, habrían estado aliados con disidencias de las Farc. En este contexto, también es importante hacer una lectura de este presunto atentado contra Iván Duque en relación con la zona fronteriza en la que ocurrió. Al respecto, Luis Eduardo Celis, integrante de la Fundación Paz & Reconciliación, señaló que “en la frontera hay una cantidad de grupos ilegales, de mafias y de grupos organizados que tienen el control hace décadas. No es un tema reciente. Es un tema que se ha agudizado en el marco del rompimiento de relaciones binacionales, del cierre de los pasos fronterizos y la pandemia. Es un tema de vieja data. No obstante, hay que decir que seguramente las responsabilidades están más de este lado y no hay que buscar responsables en otra parte”. Mapa de presencia de Estructuras Armadas Ilegales (EAI) en frontera colombo-venezolana. Tomado de: Fundación Paz & Reconciliación. Esta situación se convierte en un llamado de alerta al presidente Iván Duque para que preste atención a la situación de violencia que se vive en esta zona del país y que ha venido dejando miles de víctimas. Si bien se espera se esclarezca lo sucedido el pasado viernes, también es necesario seguir trabajando y buscando medidas eficaces para mitigar las victimizaciones en una de las zonas más violentas del país, donde solo en el 2020, según el Sistema de Información Sipares, se reportaron 9 atentados, de los cuales 8 ocurrieron en el mes de febrero de dicho año. El mismo Sistema registra 16 asesinatos a líderes sociales en lo corrido del año pasado en la misma región. Este escenario hace evidente el carácter sistemático de las victimizaciones en Norte de Santander, pero además el amplio repertorio violento que se está utilizando contra la población de este departamento fronterizo. Contexto de seguridad en Cúcuta Como se mencionaba, en las últimas semanas se han registrado dos atentados en Cúcuta: por una parte, el atentado con un carro bomba a la Brigada 30 del Ejército que dejó 36 personas heridas; y, por otro lado, el más reciente relacionado con la aeronave en la que se transportaba Iván Duque. Al observar las dinámicas de conflictos y seguridad en esta ciudad, se logran diferenciar dos espacios geográficos: la zona rural, específicamente en zona de frontera con Venezuela y que limita con los municipios de Puerto Santander y Tibú; y la zona urbana, donde también se hallan zonas fronterizas con mayor número de pasos entre países (conocidos como trochas) y diversos escenarios de conflictos, cambiantes entre la movilización de franjas barriales. Así, las cifras de violencia son preocupantes: según datos de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 31 de mayo del presente año, se registraron 66 homicidios y 23 amenazas con el uso de arma de fuego y se denunciaron 55 casos de extorsión implementando el uso de llamadas, redes sociales y comunicados escritos. Adicionalmente, se presentó un aumento a nivel departamental de los feminicidios. Por otra parte, de diciembre del 2020 a mayo del 2021, según la información de Sipares, se registraron 3 desplazamientos masivos en la zona rural, entre otras acciones violentas reportadas como desapariciones forzadas y guerras entre grupos relacionados al microtráfico. Esta oleada de violencia e inseguridad en Cúcuta se debe, posiblemente, a diferentes factores, entre ellos: El desinterés de la implementación del proceso de paz en las zonas priorizadas, lo cual ha generado el traslado y agudización del conflicto armado en los barrios y las comunas cucuteñas. Hacia el occidente de esta ciudad se han presentado mayores acciones de violencia y denuncias por la presencia de grupos armados. Así mismo, se han fortalecido las milicias del ELN y EPL en barrios periféricos (lo que les ha permitido mantener el control del microtráfico), y se ha evidenciado la expansión del ELN y grupos paramilitares como las AGC o Clan del Golfo en las zonas rurales, donde se discute el control de economías ilícitas y se presentan fuertes enfrentamientos entre estos grupos y la fuerza pública. Estos escenarios son los principales causantes de los mencionados desplazamientos. El cierre de la frontera y el congelamiento de las relaciones con el gobierno de Venezuela ha llevado a que grupos armados ilegales mantengan el control de los pasos irregulares fronterizos o trochas. Esto lo han logrado a partir del relacionamiento con estructuras criminales y/o narcotraficantes de procedencia o nexos internacionales. Un ejemplo de ello son los grupos mexicanos que apoyan las dinámicas de estos grupos armados que hacen presencia en la región.

Por: Luis Eduardo Celis  Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares Colombia ha vivido en toda su historia republicana una persistencia de una acción violenta organizada que tiene profundas raíces en nuestro ordenamiento social y político, caracterizado por lógicas autoritarias, excluyentes y por su incapacidad de lograr, al menos hasta el presente, un pacto de convivencia democrático. Salir de exclusiones y autoritarismos, y tener realmente un Estado democrático y de derecho —como el formulado hace treinta años en el proceso constituyente del 91, que firmado un 4 de julio de ese año— sigue siendo un reto presente. La semana pasada fue atacado el helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque junto a los ministros de Defensa y del Interior. Si hubiera sido un ataque efectivo, no imaginamos las profundas consecuencias que esto habría tenido en esta precaria democracia. Con seguridad estaríamos en un escenario de caos y profundización de las violencias. Afortunadamente, este es un llamado a la seguridad del presidente, que, por supuesto es una prioridad de interés nacional, así como lo es la seguridad y la vida de todas las personas líderes de primera línea sin importar su postura política. Todo ataque contra la dirigencia social y política debe ser prevenido. Las dinámicas de violencia organizada se mantienen de manera preocupante en cerca de doscientos municipios: allí están los desafíos más delicados en materia de seguridad, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y construcción de democracia. Esas regiones coinciden con la geografía de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que quedaron en el Acuerdo de Paz firmado, en el 2016, entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, y que este gobierno no cumple de manera cabal. Como ya se ha dicho, hay una simulación de cumplimiento, pero los recursos invertidos y la acción del Gobierno no se corresponde con la tarea que hay que hacer. Sigue siendo un reto superar las violencias organizadas que persisten en Colombia y que, afortunadamente, hoy son mucho menores a las que existían hace veinte años cuando teníamos una geografía de la violencia que representaba el doble o más de lo que hoy tenemos. Y también la intensidad de la victimización era, por mucho, de mayores proporciones: solo recordemos que, en la época de mayor intensidad de la lucha contra las FARC-EP, teníamos quinientos militares y policías muertos, y mil quinientos heridos. Hoy esa situación no se da en esa intensidad: estamos en menos de setenta militares y policías asesinados, y en cerca de ciento cincuenta heridos, lo cual sigue siendo, de todas formas, preocupante. Superar las violencias organizadas implica asumir las raíces en que ellas mantienen sus vigencias. Hace décadas sabemos lo que hay que hacer, pero hay una fuerza política que se ha opuesto a ello de manera tenaz y decidida: esa fuerza hoy se llama el “uribismo” y la conforman quienes no tienen interés en hacer las tareas que hay que hacer y que van contra sus intereses. Ya lo hemos dicho: el uribismo no tiene interés en transformar el desigual mundo rural ni en transformar la forma autoritaria y llena de corrupción y ventajismos en que se desarrolla la competencia política, y mucho menos en cerrar la fracasada guerra contra las drogas, que promueve la multiplicidad de mafias que están involucradas con las violencias pasadas y presentes. En estas dinámicas es que persiste la violencia organizada. Y aunque poco a poco hemos ido tratando de hacer las tareas necesarias para su superación, falta una fuerza social y política que haga las tareas que el uribismo no asume y que explican su persistencia en un discurso de seguridad y supuesta legalidad democrática que evade las raíces de todos estos desafíos. Ahora que se cumplen cincuenta años desde que el presidente lanzó la fracasada guerra contra las drogas, debemos seguir insistiendo en que para Colombia lo prioritario es liderar con quienes coincidimos, en el mundo, en la necesidad del cierre de esta fracasada política y escuchar el mensaje que las drogas nos han enviado hace ya un buen tiempo: “las drogas mandan a decir que ya ganaron la guerra”. Ahora que estamos entrando de lleno en el debate presidencial, debemos insistir en que hay muchas guerras por cerrar y un Estado que debe crecer en medio de un ambiente democrático, saliendo de este aire de autoritarismos y violencias persistentes que cada día aniquilan vidas en esta dura Colombia.

Por: Walter Aldana  Político social alternativo Y fue en el punto 4 del Acuerdo de Paz, que contenía la agenda para la “terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, que se consignó una política denominada plan integral de sustitución, y una institucionalidad conocida como Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). A partir del 2017, y como fruto del acuerdo entre la antigua guerrilla FARC-EP y el Gobierno nacional, se determinó la construcción de estos escenarios, que además contarían con la representación de las y los pequeños productores de coca, marihuana y amapola (COCCAM), así como de otras organizaciones sociales. En el anterior espacio mencionado se determinó la ruta para implementar el programa PNIS, concertado entre los participantes y con la compañía de la cooperación internacional de Naciones Unidas y la MAPP/OEA. Con antelación, se había vivido la aspersión aérea desde los años 2000 hasta el 2015, cuando la honorable Corte Constitucional suspendió dicha actividad con el uso del glifosato como químico que venía siendo utilizado aéreamente. En la presente coyuntura de paro nacional, se han movilizado las y los pequeños productores de hoja de coca. En nuestro caso, para discutir en la mesa campesina, social, popular y comunitaria del departamento del Cauca (reconocida en el decreto 0250-06-2021), han presentado aspectos relacionados entre sí, como los que continuación cito: “Demandamos la derogatoria del decreto 380 del 12 de abril de 2021, por el cual se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, y se dictan otras disposiciones. Demandamos la Implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos – PNIS. Demandamos la implementación de los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET. Demandamos el acceso a la propiedad de la tierra rural y la gestión territorial para la alimentación del fondo de tierras”. Según lo anterior, que la exigibilidad de derechos no sea solo con relación a la aspersión, sino que cobije temas como el acceso a la tierra y la implementación de los PDET, es muestra de la visión integral que tienen los sectores campesinos marchantes. Y con ello se debería borrar la estigmatización de que su interés es el del narcotráfico. Se puede leer fácilmente que ha sido la lejanía territorial y la falta de oportunidades lo que les ha obligado a utilizar el cultivo de estos productos para su subsistencia. Hay gato encerrado en el manejo de cifras: en el 2019 se tenían sembradas en el país, según el ministro de justicia Wilson Ruiz, 154 mil hectáreas de hoja de coca. En diciembre del 2020, el presidente Duque anunció la erradicación manual de 130 mil. Se tendría entonces, para el 2021, 24 mil hectáreas. Digamos se volvieron a resembrar 80 mil, lo que da como resultado un total de 104 mil hectáreas plantadas a la fecha de hoy. No me explico cómo dice la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca que “Colombia tiene récord de 245 mil hectáreas sembradas en 2020”. Lo real es que la voluntad de sustituir (no de erradicar forzosamente) aún existe en pequeñas y pequeños productores (con grandes personas productoras es otra cosa). En quien no existe esa voluntad, y lo digo con especial énfasis, es en el Gobierno que viene haciendo trizas los acuerdos.

Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) compartimos el “Protocolo de prevención y atención de las violencias de género”: una herramienta que hemos co-construido para seguir avanzando hacia la superación de las condiciones que producen desigualdades basadas en el género de las personas tanto al interior como al exterior de la Fundación.

Por: Laura Cano  Periodista – Pares Han sido múltiples los espacios que se han dado con la intención de promover el diálogo y la reconciliación en el marco de la implementación de lo pactado en el Acuerdo de Paz realizado entre el Gobierno (en ese entonces de Juan Manuel Santos) y la exguerrilla de las Farc. Este año se cumplirán 5 años de la firma de dichos acuerdos. En este contexto, hace un par de días ayer la Comisión de la Verdad propició el Encuentro por la Verdad: un espacio en el cual se dieron cita algunos exguerrilleros, así como víctimas de secuestros cometidos por el grupo armado. En el espacio hubo participación de exintegrantes de las Farc, entre ellos Rodrigo Londoño, Pastor Alape y Carlos Antonio Lozada. Asimismo, hubo presencia de personas que estuvieron privadas de la libertad por parte de la estructura armada: participaron Armando Acuña, Ingrid Betancourt, Alan Jara, Luis Eladio Pérez y John Frank Pinchao. Vale la pena señalar que la toma de rehenes y las privaciones de la libertad, especialmente durante los años 90, se convirtieron en unas de las prácticas más constantes de los grupos armados ilegales. A través del secuestro se hacía posible recaudar ingresos para fortalecer el funcionamiento y las dinámicas de guerra de estas estructuras, negociar la liberación de presos de estos grupos, hacer control territorial y lograr ventajas militares. En el informe “Una sociedad secuestrada”, el Centro de Memoria Histórica expone que «De acuerdo a los datos obtenidos en el estudio sobre secuestro en Colombia, las FARC han tenido una participación significativa en los secuestros dentro del territorio colombiano. Se ha identificado que durante el periodo 1970 – 2010, las FARC estuvieron involucradas como autor presunto en 9.447 secuestros y como autor confirmado en 3.325». «En 2010 las Farc renunciaron a esta práctica, lo que facilitó la ruta hacia una negociación política. Sin embargo, el daño causado se extendió a familias y comunidades enteras, sembrando odio y dolor, desconfianza y miedo. Todos estos sentires», comentó la comisionada Marta Ruíz durante el espacio propiciado por la Comisión de la Verdad el pasado 23 de junio. Es necesario mencionar que, en este contexto, muchas mujeres secuestradas sufrieron agresiones sexuales. Y es que justamente esta fue otra de las victimizaciones más transversales durante el conflicto armado. Este tipo de violencia, en el marco del conflicto armado, dejó cerca de 15.711 víctimas entre 1959 y 2017, según datos del Centro de Memoria Histórica. Trayendo a colación de nuevo el encuentro entre víctimas y victimarios, uno de los testimonios que más eco generó fue el de la excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por seis años y fue liberada a través de la Operación Jaque (en la que se rescataron a 15 secuestrados el 15 de julio de 2002). Entre las personas liberadas también estaban: Juan Carlos Bermeo, Raimundo Malagón, José Ricardo Marulanda, Keith Stansell, William Humberto Pérez, José Miguel Arteaga, entre otras. Al respecto, es importante resaltar que la mayoría de estas personas tenían cargos militares. Durante su intervención, la excandidata presidencial hizo referencia a varias cosas: por un lado, envió un mensaje sobre la guerra en el país y la necesidad de construir espacios de reconciliación y diálogo; por otro lado, hizo un llamado de atención a los miembros del secretariado de la otrora guerrilla, quienes también intervinieron durante el encuentro. Betancourt cuestionó, por ejemplo, a Abelardo Caicedo, a quien le dijo que: «Yo hubiera querido oírlo a usted, como comandante, decir si usted secuestró a alguien, decir si usted dio la orden de que mataran a alguien». Además, ante las aseveraciones de Carlos Lozada, quien fue cuestionado por no pedir perdón, afirmó: «Yo quería oírlo hablar desde su corazón, no desde la política. Acá estamos seres humanos, no está el Estado. Estamos los colombianos al desnudo, mirándonos en el drama». Hay que señalar que, en la mañana del pasado jueves, Lozada respondió a los comentarios, a través de Blu Radio, afirmando que «No he llorado, pero eso no significa que no tenga sentimientos. No se puede decir que se es inhumano porque no se derrama una lágrima. Yo no puedo pararme a fingir, a lanzar lágrimas de cocodrilos si en ese momento no tenía ganas. No tengo por qué llorar si no me nace. Por supuesto que me conmueven las víctimas, en ese momento no tenía por qué llorar». Igualmente, Ingrid Betancourt también hizo una reflexión sobre el momento de reconciliación que se vivía con ese encuentro: «Yo nunca hubiera imaginado desde lo profundo de mi cautiverio que un día tendría la posibilidad de un diálogo humano con mis antiguos captores. Lo que quiero transmitirle al país, en esta situación tan difícil que atravesamos, es que la violencia nunca ha sido ni será la solución». Por su parte, Rodrigo Londoño reconoció en el encuentro que «muchas de las personas secuestradas fueron sometidas a tratos indignos de su condición humana, padecieron agresiones físicas y morales que aumentaron innecesariamente su sufrimiento. También, que un alto número de las víctimas de secuestro terminaron perdiendo su vida hallándose en nuestras manos, y lo que es peor, sepultadas en algún lugar de la geografía rural, que, dadas las circunstancias de la confrontación armada, resulta hoy difícil de determinar con precisión». Además de esto, el exjefe guerrillero aprovechó el espacio para reconocer también el dolor que ha causado el secuestro, así como los quiebres sociales que estas victimizaciones han traído en la larga historia de conflicto armado en el país. Durante el espacio, Londoño pidió perdón «A quienes nunca regresaron del secuestro, a quienes perdieron la vida en nuestras manos, a sus allegados agobiados durante años y años por su ausencia y desconcierto, les suplicamos perdonarnos por la terrible afrenta ocasionada». Esta oportunidad, a pesar de las discusiones necesarias para la construcción de reconciliación y de procesos de reparación, se convirtió en una muestra más de las diversas voluntades que existen y se mantienen para que se cumpla con lo pactado en La Habana, pues a pesar de algunos incumplimientos, son muchos los sectores y personas que siguen insistiendo en la búsqueda de verdad, justicia y reparación.

Por: León Valencia  Director – Pares En la mañana de este jueves 24 de junio, a través de un comunicado del Ejército de Liberación Nacional, se conoció que Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, renunció a su puesto como jefe máximo de ese grupo insurgente. En un segundo comunicado del ELN se conoció que Eliécer Herlinto Chamorro, alias ‘Antonio García’, será quien asuma el lugar de ‘Gabino’ en el Comando Central del ELN. León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), ofrece su punto de vista respecto a las implicaciones que este cambio podría traer de cara a un posible proceso de paz entre el Gobierno nacional y el ELN:

Nicolás Rodríguez Bautista es el militante más antiguo de esta organización que está próxima a cumplir 57 años. Estuvo en su mito fundacional: la marcha guerrillera que partió un 4 de julio de 1964, desde su vereda la Fortunata, en San Vicente de Chucurí, hacia la cordillera de los Cobardes, en su natal Santander. Desde ese lejano 1964, Rodríguez ha permanecido en el ELN. Ingresó a los 14 años y asumió la comandancia del movimiento insurgente en 1998, luego de la muerte de Manuel Pérez Martínez. En ese entonces tenía 48 años y, ahora, a los 71 se hace a un lado para que ‘Antonio García’ asuma ese simbólico cargo de primer comandante de una organización que —desde que decidieron dejar atrás el nefasto mando unipersonal que mantuvo Fabio Vásquez Castaño en la primera época del ELN (1964-1974)— ha construido una fuerte cultura de dirección colectiva. Por su parte, ‘Antonio García’ ingresó al ELN a mediados de los años setenta. Para ese momento, ‘García’ era estudiante de ingeniería en la Universidad Industrial de Santander (universidad en la que tuvo raíces una guerrilla nacida en tierras comuneras). Permaneció en la guerrilla urbana hasta 1982 y, a partir de la reunión nacional “Héroes y mártires de Anorí” —desarrollada en el Bajo Cauca Antioqueño en el mes de octubre del 83—, se articuló al pequeño grupo de conducción de lo que luego sería el Comando Central integrado por Manuel Pérez, Nicolás Rodríguez Bautista y otro joven Santandereano, igualmente ingeniero de la UIS, Pablo Beltrán. Ellos 4 serían el núcleo duro de una dirección colectiva, articulada a la dirección nacional del ELN, que superaría la crisis de los años setenta, haría crecer a esta organización en los años ochenta, le tocaría el debilitamiento de los noventa, y pasaría por la muerte de Manuel Pérez y el liderazgo de Nicolás Rodríguez para afincar, desde mediados de los años 2000, el proyecto en el cual se mantiene el ELN hasta el presente: “Resistencia Armada”. Ya dejaron de creer en la lejana e inviable toma del poder y se centraron en un proyecto realista y viable: ser Estado alterno y resistir a su enemigo en los territorios donde ha logrado mantener vigencia, lo cual tiene magnitudes nada despreciables. Al día de hoy, este movimiento insurgente tiene presencia, de manera diferenciada, en cerca de 140 municipios del territorio nacional. En esos lugares mantiene en alto su bandera de transformaciones y cambios. Esto en el contexto de una Colombia que tiene muchos conflictos por resolver (tal como lo hemos visto en una sociedad que protesta e igualmente quiere cambios), pero donde la resistencia armada del ELN es tremendamente minoritaria en términos políticos. De hecho, este grupo es el último que queda del viejo alzamiento armado que ha vivido Colombia. El primer comandante del ELN es primero entre iguales del Comando Central. Son cinco personas las personas que conforman este comando. Entre ella permanece Pablo Beltrán, ahora designado como segundo comandante. Y para Pablo Marín, un hombre de especial importancia dentro del ELN (debido a que representa a la estructura de más poder como lo es el Frente de Guerra Oriental, con epicentro en Arauca), han instituido un cargo que hasta hoy no existía: el de tercer comandante. Esto muestra la importancia que tiene este otro joven campesino que ingresó al Frente Domingo Laín teniendo 13 años, en 1982, y que ahora, a sus 52 años, representa un poder incuestionable y de amplio alcance al interior del ELN. El Comando Central deberá ser reforzado con un quinto integrante (que muy seguramente se hará público en las próximas semanas) y ya veremos si esta persona se presentará públicamente o si se mantendrá con la discreción que ha mantenido ‘Lorenzo Alcantuz’ desde que ingresó, en 2006, a este comando en remplazo del fallecido Oscar Santos. La salida de Nicolás Rodríguez Bautista tiene mucho de simbólico en una organización que se conduce de manera colectiva. Y la llegada de ‘Antonio García’ como primer comandante no significa ningún cambio en una organización que vive un pequeño proceso de crecimiento desde el 2016, cuando las Farc salieron del conflicto armado y el Estado colombiano no pudo aprovechar esta oportunidad para tener una presencia legítima en los viejos territorios de la geografía de una violencia por superar. Antonio García, a los 65 años, asume como el cuarto comandante del ELN, una guerrilla con la cual tenemos, como sociedad, el reto de construir un acuerdo de paz con el liderazgo de un Gobierno que quiera resolver este viejo alzamiento armado que representa un reto para esta precaria democracia en la cual hay seguir trabajando por su ampliación. En ese escenario, es perfectamente viable y posible construir un acuerdo con el ELN.

Por: Laura Cano  Periodista – Pares Los conflictos sobre la tierra han marcado la historia de la violencia en Colombia, y aun cuando se han tratado de dar pasos hacia la salida de estos y la reparación a quienes los han sufrido, la mayoría de estas acciones han quedado en un limbo que sigue extendiendo el problema en el tiempo y que sigue impidiendo su resolución. Esto ha quedado demostrado de nuevo en las últimas semanas. Con el Acuerdo de Paz, y en especial con lo que respecta all punto 1, había quedado establecido que se debía dar viabilidad a la implementación de una jurisdicción agraria como parte de la respuesta a la deuda histórica relacionada con el derecho de propiedad y tenencia de las tierras rurales. Dentro de lo pactado en La Habana se hacía referencia a la necesidad de crear un programa de formalización gratuito, que reconozca los derechos de las personas que sean las legítimas dueñas y poseedoras de los predios, así como la urgencia de una nueva jurisdicción agraria que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio. Esto había llevado a que el Gobierno Nacional presentara el proyecto de Ley Estatutaria 134 de 2020, el cual planteaba la creación de una especialidad dentro de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa. Esto llegó al Congreso y durante la semana pasada debía tener sus últimos debates para ser aprobada. No obstante, este proyecto se convirtió en otra jugada del Congreso durante sus últimos días del periodo legislativo, el cual terminó el pasado 20 de junio. Vale la pena señalar que esta era la única iniciativa en el Congreso relacionada con la implementación del Acuerdo de Paz. Este proyecto había sido liderado por el Ministerio de Justicia, que en su momento estaba en cabeza de Margarita Cabello, hoy procuradora general de la Nación. Además, la entonces viceministra, Juanita López, y el consejero para estabilización, Emilio Archila, fueron hasta el año pasado las personas encargadas de mover el proyecto en el Congreso. Y tras esto, desde octubre de 2020, quedó en manos de Wilson Ruíz, actual ministro de Justicia. No obstante, a pesar de estar mediada como una propuesta del Gobierno nacional y de que incluso contó con la ponencia de Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, en la Cámara de Representantes, la propuesta ha recibido una clara oposición del partido de Gobierno. Por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal y su esposo José Félix Lafourie, director de Fedegan, un gremio que por años ha estado salpicado con hechos que han recrudecido la violencia en el país: despojo de tierras, desplazamiento forzado y nexos con paramilitares. “Se puede concluir, señor presidente, que la concepción del proyecto de ley como un producto resultante del Acuerdo Final con las Farc y sujeto a los lineamientos de esa negociación, se convierte en la reedición de la amenaza, recurrente en la historia del país, al derecho a la propiedad legítima de la tierra, a partir de los sesgos que permean todo el articulado”, se leía en una carta enviada por el empresario al presidente Iván Duque el pasado 27 de abril. Adicional, la senadora acusó que no este proyecto crearía “una JEP agraria donde los jueces comenzarán a perseguir la propiedad rural”. Aun así, el 25 de mayo hubo luces de aprobación de la especialidad agraria luego de que en la Comisión Primera del Senado obtuviera 18 votos a favor y 3 en contra. Así las cosas, se debía preparar para ser discutida en plenaria. Pese a ello, desde inicios del mes de junio había indicios de que la iniciativa no quería ser agendada por Arturo Char para que pasara al debate definitivo. Hay que señalar que la oposición de Lafourie y Cabal no pasó desapercibida, pues esta habría llevado a que se hicieran algunas modificaciones en la Ley como la eliminación de artículos que planteaban la democratización de la tierra y la participación de las organizaciones sociales. Modificaciones que fueron aceptadas por quienes eran ponentes. Desde ese momento, lo que resaltó fue la falta de voluntad tanto del Gobierno como de Arturo Char —hasta este período legislativo presidente del Senado— para agendar la sesión de discusión. En relación a esto, se informa en el portal de la Silla Vacía que, frente a la pregunta de Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, respecto a por qué no se agendaba el proyecto, Arturo Char “le contesta que si el gobierno lo prioriza, él lo agenda. Al fin y al cabo, es un proyecto del gobierno. Pero que no logra encontrar al ministro Ruiz o al viceministro encargado, Francisco Chaux”. De acuerdo a lo que Juanita Goebertus, representante a la Cámara, le comentó a la Silla Vacía, Lozano se contactó con el ministro de Justicia y lo comunicó a través de una llamada con Char. Colgaron luego de hablar unos minutos colgaron y Char se comprometió a devolverle la llamada en un rato. Sin embargo, la llamada nunca llegó. Todo esto a pesar de que el presidente Iván Duque había asegurado hace algunos días ante Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea para el Acuerdo de Paz, que la especialidad agraria saldría adelante. No obstante, el proyecto quedó archivado y no pudo ser incluido en el periodo extra del Congreso, el cual permite discutir proyectos posteriormente al cierre formal del periodo legislativo. Esta ley no podía entrar en este espacio, pues se pasó como norma estatutaria. Es decir, se convirtió en otra acción inconclusa y sin éxito para dar viabilidad al problema de tierras y a la reparación y atención a las y los campesinos que por años han sufrido esta problemática. Los intentos fallidos Lo anterior se sumó a una serie de leyes, proyectos e iniciativas que finalmente se quedaron en propuestas y que nunca se tradujeron en transformaciones reales. Esta situación no es nueva, pues se remonta incluso a años muy anteriores a La Violencia en Colombia. Uno de esos otros pasos fue el que se intentó dar con la Ley 200 de 1936, en la que se planteaban las reglas sobre los derechos de propiedad inmobiliaria, la extinción del dominio por incumplimiento de la función social de la propiedad y la caracterización de la posesión agraria, y, además, se estableció la creación de los Jueces de Tierras. Sin embargo, a estos últimos se les negó su participación para resolver los litigios generados en la aplicación de los instrumentos de la reforma agraria, lo que llevó a que, en 1943, a través de la Ley 4 de dicho año, se eliminara la figura de estos jueces. El papel que hubieran desempeñado fue asumido por jueces civiles. Años después, por medio de la la Ley 4 de 1973, se facultó al Ejecutivo para la creación de la sala agraria (de la cual no se hizo uso). Y tras esto vino la Ley 30 de 1987, que de nuevo dio la posibilidad al Gobierno nacional de crear la jurisdicción agraria, por lo que se expidió el Decreto 2303 de 1989, que permitía resolver conflictos en relación con problemas asociados a la tenencia de tierras. Sin embargo, se repitió la historia el proyecto que se tenía con la ley y el decreto no se terminó de dar: solo se crearon 3 juzgados de los 115 que debían funcionar y 2 salas agrarias de las 23 previstas. Esto llevó a que se suspendieran de nuevo estos jueces agrarios y que fueran suplidos por el Consejo Superior de la Judicatura en un plazo de dos años, pero finalmente tampoco por ese medio se dio cumplimiento. Esto finalmente tuvo un punto de conclusión con la Ley 1285 de 2009, a través de la cual se reformó la constitución de la rama judicial y se decidió no incluir la jurisdicción agraria. Más adelante se expidió el Código General del Proceso, que dispuso la derogatoria de los apartados procesales del Decreto 2303 de 1989. Hoy, tras una larga historia de violencia en el país muy ligada a la tenencia de tierra y a los problemas agrarios, donde no se ha terminado de dar —o de iniciar efectiva y eficazmente— una reforma rural integral, en un panorama en el que muchos de los predios del campo carecen de títulos—en especial los de pocas hectáreas— y en el que las propiedades de los llamados “terceros de buena fe” siguen siendo protegidas —incluso cuando sobre estos han caído históricamente muchas denuncias—, la especialidad agraria sigue haciendo parte de una deuda histórica no resuelta con las víctimas del conflicto en las zonas rurales del país.

Por: Germán Valencia  Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Después de seis años de intenso trabajo –por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la RedPaPaz– se aprobó este domingo 20 de junio de 2021, en la plenaria del Senado, el proyecto de ley de comida chatarra con el cual se busca adoptar medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades no transmisibles o crónicas. Este proyecto de ley establece que los productos ultraprocesados, comestibles y bebibles deberán contar con un etiquetado frontal de advertencia que evidencie, de manera clara, el contenido de nutrientes críticos como azúcares, sodio y grasas saturadas. Se espera que este etiquetado pueda convertirse en una sencilla, práctica y eficaz herramienta para informar a las y los consumidores sobre los componentes perjudiciales que tiene la comida chatarra para la salud. El proyecto de ley logró aprobarse luego de sufrir dos rechazos legislativos desde 2017. Los y las congresistas habían ignorado las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y múltiples investigaciones científicas les habían hecho sobre la urgencia y necesidad de una norma que trabajara por la alimentación saludable. El rechazo permanente en el Congreso de la República se explica por el inmenso poder que tiene la gran industria de alimentos en Colombia. Es de común conocimiento que buena parte de los partidos políticos y congresistas en el país reciben apoyo económico para sus campañas de las empresas azucareras y de alimentos procesados. Esto obliga a que, una vez las y los políticos son elegidos, estos deban defender los intereses de sectores empresarios y velar por que las decisiones que se tomen en el Legislativo los beneficien. Sin embargo, en esta ocasión, donde se discutió la regulación de la información sobre la comida chatarra, pudo más el lobby que realizó la sociedad civil que el que hicieron grandes empresarios. Fueron seis años durante los cuales diversas organizaciones de la sociedad trabajaron de manera coordinada para exigir su derecho a la información, a la salud y a la alimentación. Lo que sigue en las próximas semanas es la sanción presidencial. En esta etapa se podría objetar la norma y devolver el proceso, pero es poco probable que esto ocurra. La sociedad civil ha ganado una primera batalla, pero la tarea más difícil está por venir. Es necesario que la ciudadanía continúe organizándose para presionar con eficacia, de cara a la próxima reforma tributaria, y que se logre establecer un impuesto a las bebidas azucaradas. El impuesto saludable a las bebidas azucaradas será una herramienta más poderosa que la etiqueta frontal de advertencia aprobadas. El tributo busca desincentivar de manera más eficaz el consumo de este tipo de bebidas en la población. Varios estudios han mostrado que un impuesto de este tipo, por ejemplo del 20%, provoca una reducción en el consumo en similar porcentaje o incluso superior. Una reducción en el consumo sería muy conveniente para el país, pues se ha mostrado que en Colombia 1 de cada 3 personas, entre 14 y 30 años, consume diariamente bebidas tipo gaseosa o refrescos. Ingesta que provoca sobrepeso y diabetes, y afecta, especialmente, a los sectores más vulnerables de la población. Hay que reconocer que la tarea de presionar para que se imponga un impuesto será muy difícil; sobre todo luego de la experiencia vivida en la última década. El Gobierno anterior, representado por el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, intentó gravar las bebidas azucaradas. Con esa medida se buscaba, por un lado, crear impuestos que mejoraran los ingresos fiscales de la nación y, por otro, mitigar los daños que causa el consumo de estas bebidas al bienestar social. Sin embargo, tal propuesta no pasó. El lobby de los grupos de presión que defienden el interés de la industria de bebidas fue el que se impuso. La medida tributaria propuesta fue rápidamente sacada del proyecto de ley. El 5 de diciembre de 2016, la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes quitó finalmente el impuesto propuesto de 300 pesos por litro. De esta forma, Colombia se convirtió en uno de los pocos países en el mundo en los que ha sucedido que, una vez radicada la propuesta de poner un impuesto a las bebidas azucaradas, esta no pasa en la votación en el Congreso. Quedó evidenciado, así, de forma contundente, el poder que tienen las grandes empresas de alimentos y los gremios económicos sobre el Legislativo. En un estudio que publiqué hace un par de años con otras tres colegas –precisamente sobre el proceso legislativo de 2016– mostramos la capacidad de la industria en el país para bloquear procesos de agenda pública que van en contra de sus intereses. El trabajo evidenció la incidencia y el poder de grupos de interés como la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), además de la gran influencia que tienen, en ese sentido, actores institucionales y medios de comunicación masiva –que son de propiedad de los mismos empresarios de bebidas azucaradas–. De allí que sea conveniente reconocer que la pelea más grande entorno al cuidado de la salud en Colombia está por llegar. Será el Congreso de la República el lugar en el que, de nuevo, se enfrentarán consumidores y defensores de la salud pública contra empresarios y grandes industrias. Un Congreso donde priman los intereses económicos de gran parte de congresistas y no el interés general y de las autoridades técnicas. Afortunadamente, la experiencia de este último lustro ha mostrado que existe una luz de esperanza. La aprobación de la ley de comida chatarra mostró que la presión de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil es efectiva. Por eso, en la próxima propuesta de reforma tributaria deberá incluirse el impuesto a las bebidas azucaradas. Propuesta que deberá venir de la sociedad civil, pues el presidente Iván Duque es uno de los mayores opositores a un gravamen de este tipo. En conclusión, el país contará en pocas semanas con una ley a favor de la salud pública y de los derechos humanos. Una ley ganada gracias al esfuerzo conjunto de la sociedad civil con la que se busca promover mejores hábitos de alimentación, en especial en niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, el mayor trabajo y el más grande logro está por venir: poner un impuesto a las bebidas azucaradas. El impuesto a las bebidas azucaradas sería una muy buena noticia para la ciudadanía colombiana y llegaría en un momento muy oportuno: en medio de la crisis del sistema de salud provocada por el covid-19. Un sindemia que ha demostrado que el virus afecta a la población con sobrepeso u obesidad y con diabetes e hipertensión arterial, enfermedades relacionadas con la ingesta de comida chatarra. Así, el gravamen que habrá que aprobar permitiría elevar dos cometas con el mismo viento: por un lado, al disminuir el consumo excesivo de estas bebidas –asociado al aumento de peso–, ayudará a combatir la obesidad; y, por el otro, creará nuevos impuestos con los que se podrán recolectar más fondos para el sistema de salud que permitan atender las externalidades negativas que viene dejando el mismo consumo de bebidas azucaradas. Nota: El trabajo Grupos de interés e impuesto al consumo de bebidas azucaradas en Colombia puede consultarse en https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/338783 #OpiniónPares

Por: Laura Cano Periodista – Pares En Perú, recientemente se eligió a Pedro Castillo como nuevo presidente del país. La victoria llegó luego de un reñido conteo de votos, que al final le dio 8.835.579 a Castillo y 8.791.521 a Keiko Fujimori, quien había pasado con el ahora presidente electo a la segunda vuelta. La elección de Castillo vino con un contundente apoyo de las zonas rurales del país, lo que demostró que la decisión en las regiones fue clara, mientras que en las ciudades las balanzas parecían inclinarse más hacia el lado de Fujimori, la candidata del partido derechista Fuerza Popular. Vale la pena señalar que las principales propuestas de Pedro Castillo estuvieron relacionadas con una transformación del modelo económico peruano, con la creación de una nueva Constitución Política a través de una Asamblea Constituyente y, entre otros puntos, con la nacionalización de sectores estratégicos como el minero, gasífero y petrolero. Castillo también ha planteado aumentar el presupuesto para la agricultura y la educación, así como suprimir el sistema actual de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Además, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de reformular los tratados internacionales entre Perú y Estados Unidos. Por otro lado, hay que recordar que durante la época de campaña —que además estuvo atravesada por la pandemia del covid-19—, en Perú hubo una alerta constante a causa de las denuncias por asesinatos de líderes y lideresas ambientales. Solo en la Amazonía peruana fueron asesinadas cinco personas defensoras del medio ambiente durante el 2020. En noviembre de ese mismo año, una crisis política sacudió al Perú cuando, en medio de protestas masivas en todo el país, hasta tres personas llegaron a ocupar la presidencia en una sola semana. Siguiendo la problemática que se ha acentuado en el último año contra lideresas y líderes ambientales en el Perú, vale la pena traer a colación algunos de los casos de violencia que se han registrado en este periodo. El 12 de abril de 2020 se reportó el crimen del líder indígena cacataibo Arbildo Meléndez. Días después, el 26 de abril, se conoció el caso de asesinato del líder Benjamín Ríos Urimishi, de la comunidad Kipachari, en el distrito de Tahuanía, Ucayali. Un nuevo caso ocurrió el 17 de mayo: esta vez la víctima fue Gonzalo Pío Flores, líder indígena de la comunidad Nuevo Amanecer Hawai. El 29 de julio acabaron con la vida de Lorenzo Wampagkit Yamil, guardaparque de la Reserva Comunal Chayu Nain, en Amazonas. Y a pocos meses de terminar el año, el 10 de setiembre, se conoció el asesinato de Roberto Carlos Pacheco Villanueva, defensor ambiental que por años venía denunciando amenazas en su contra. En este contexto, y para hacer un acercamiento sobre lo que significaría la victoria de Pedro Castillo en medio este panorama de amenaza contra líderes y lideresas ambientales en el Perú, Pares habló con Paul Maquet, co-coordinador del programa de investigación e incidencia de CooperAcción, una ONG peruana que trabaja con organizaciones de ese país fortaleciendo el trabajo de estas. Pares: Desde el 2020 se ha venido alertando sobre un panorama crítico contra líderes y lideresas ambientales debido, especialmente, a que se han presentado varias denuncias por asesinatos contra esta población. En este momento, ¿cuál es el estado de esta situación? Paul Maquet: El contexto es terrible. Esto está concentrado, en cuanto a asesinatos, sobre todo en los territorios amazónicos donde hay actividades ilegales que son rechazadas por las organizaciones y las comunidades indígenas. Hay casos en Ucayali y Huánuco, que son lugares de presencia y penetración de actividades como la tala ilegal y el narcotráfico (puntualmente los sembríos de hoja de coca que requieren deforestación en la Amazonía). También hay casos de minería ilegal, entre otras actividades que hay. Hay hostigamientos y amenazas. Los líderes de Ucayali han recibido recientemente amenazas por escrito, las cuales han sido denunciadas. Hace poco, por ejemplo, una administración de una de las organizaciones de base de Ucayali sufrió un atentado con arma de fuego. Es muy delicada la situación. Nosotros en particular trabajamos en Amazonas, donde al momento no ha habido ningún atentado y esperamos que no ocurra, pero los líderes y las lideresas con quienes trabajamos han recibido amenazas por parte de mineros ilegales que han ingresado a la zona. En Amazonas, a diferencia de, por ejemplo, Madre de Dios, todavía el ingreso de la minería es menor, pero está en crecimiento, por lo que los líderes se oponen, pero además hay una situación de división de las comunidades, pues hay algunas que ven esto desde la posibilidad de recibir beneficios económicos, entonces aceptan la actividad, mientras que otras no lo hacen y en ese contexto hay amenazas de muerte a dirigentes. En este contexto se tiene como única herramienta legal la solicitud de garantías ante el Gobierno y el Ministerio del Interior. En muchos casos se han otorgado garantías mediante un documento en el que se reconoce que se debe proteger a estas personas, pero como estamos hablando de territorios alejados, donde no hay presencia del Estado o es mínima, ese papel no significa nada y muchas personas, a pesar de tener este reconocimiento de protección, han sido asesinadas. Esa falta de presencia estatal ha permitido que criminales atenten contra sus vidas. En realidad la capacidad del Estado es mínima. Por último, el Congreso el año pasado decidió archivar el proyecto para la ratificación del Acuerdo de Escazú, y de esta manera hay una herramienta menos para que el Estado cumpla con garantizar la protección de los defensores y las defensoras ambientales. Pares: En ese contexto que explica, ¿qué representa para la protección de los líderes ambientales la elección de Castillo? P.M: Castillo, en términos generales, representa la voz de los sectores que han estado marginados del poder político. En contextos de conflictos sociales por supuesto que representa la voz de las poblaciones que han sido criminalizadas y perseguidas por su oposición a diversos proyectos. De hecho, las poblaciones con las que trabajamos abrumadoramente han votado a favor de Castillo; poblaciones que están en conflicto con empresas mineras, en conflicto con actividades ilegales. Todas estas personas han votado abrumadoramente, con más del 90%, por Castillo. Es decir, definitivamente estas comunidades están expresándose en el voto por Castillo. Ahora, en términos concretos, yo debo decir que es una incógnita la manera en la que Castillo va a abordar estas problemáticas ambientales, pues es claro que no tiene el tema ambiental dentro de su agenda prioritaria. En ningún momento le ha dado el peso que debería tener. En la primera vuelta no tocó el tema. Su plan de gobierno presentado en la primera vuelta es muy pobre en términos ambientales, e incluso el plan Bicentenario que presentó para la campaña de la segunda vuelta tampoco aborda el tema ambiental ni los conflictos socioambientales. De hecho, el plan de gobierno que presenta su partido, que es de izquierda, (y del cual no es militante hace muchos años, sino que recién el año pasado se inscribió para poder postularse), tiene propuestas muy contrarias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto dentro de toda esta visión de izquierda latinoamericana que considera que la CIDH es un organismo al servicio de los intereses de Estados Unidos, lo cual está transcrito tal cual en el programa del partido Perú Libre. Entonces todo esto tiene un vacío y una desvalorización de la Corte. Ahora bien, también es cierto que en primera vuelta Castillo ha sido muy crítico del papel de la Defensoría del Pueblo. Ha hablado incluso de desactivarla. Luego moderó su discurso y ha dicho que necesita hacer mejoras a ese organismo. Por otra parte, ha sido bastante tajante en ponerse del lado de comunidades en conflictos sociales. Por ejemplo, ha dicho que proyectos mineros que han sido rechazados mayoritariamente por la población no irán en su gobierno. En ese sentido es positivo. Así que todavía es una incógnita, pero en definitiva representa la voz de mucha gente que ha estado en resistencia de megaproyectos extractivos. Y esperamos que en este proceso de asumir la presidencia presente propuestas más concretas y que le dé prioridad al tema ambiental que hasta ahora no ha tenido, y que comprenda que la defensa de defensores y defensoras del medio ambiente es fundamental en un país como Perú. Pares: Menciona usted a la Defensoría del Pueblo y lo que Pedro Castillo ha mencionado sobre el organismo. Desde su trabajo, ¿cómo valora el trabajo de la Defensoría? P.M: Para nosotros la Defensoría, si bien puede tener déficits, es una organización fundamental en la defensa de defensores y defensoras. Cumple un papel muy importante en el monitoreo de los conflictos y en ser una voz de defensa de los derechos humanos. Pares: Hay una clara propuesta de Castillo relacionada con el impulso de la economía nacional. ¿Cómo se podría relacionar esto con la situación de lideresas y líderes ambientales y su defensa, por ejemplo, de territorios y recursos naturales? P.M: La visión que tiene Castillo es una visión de poner los recursos naturales al servicio del desarrollo de la economía nacional. Y, en ese sentido, se centra en la recuperación de la renta de los recursos naturales. Su plan de gobierno está muy inspirado en Bolivia y Ecuador; plantea superar un extractivismo que es entendido solo como la extracción y exportación del recurso sin mayor beneficio para la economía nacional. Ahora bien, hay una incógnita sobre esto y sobre la defensa de líderes ambientales en relación con las actividades extractivas y sus dinámicas comerciales. Lo que se podría decir es que seguramente se van a escuchar más las voces de las comunidades donde se llevan a cabo las actividades extractivas; eso es lo que está por verse: cómo va a relacionarse su visión de la economía nacional, los derechos de las comunidades locales y las voces de defensores y defensoras ambientales. Otro tema sobre el que se debe estar pendiente es la minería a gran y pequeña escala, partiendo de las realidades distintas. Por un lado, la de una comunidad que realiza una actividad de muy pequeño impacto ambiental en el territorio, y otra financiada por capitales más grandes que requiere la compra de maquinaría y la movilización de muchas personas, y que además sí tiene impactos ambientales mucho más graves. De hecho, el caso de Madre de Dios en la Amazonia es terrible: hay una situación de deforestación y contaminación con mercurio muy grave. Por eso en los territorios se oponen al ingreso de la minería de este modo, y eso genera mucho conflicto. Hay que resolver contradicciones en ese sentido. Pares: Por último, ¿cuál es el panorama sociopolítico con el que Castillo llega a la presidencia? P.M: Socialmente la elección evidencia una fractura, que no es una novedad en el Perú, pero que se ha mostrado con más nitidez en estas elecciones. Una fractura entre los territorios rurales, las regiones y la capital y los sectores urbanos. En términos de votos, eso ha sido prácticamente mitad y mitad, pero en términos regionales la gran mayoría ha votado a favor de Castillo. La gente en las regiones está muy contenta, muy esperanzada: creen que va a haber un cambio. Mientras que en los sectores urbanos hay más bien temor porque les preocupa mucho el manejo de la economía; en esos sectores ha tenido mucho éxito la campaña contra el comunismo, en la que se ha dicho que Castillo va a hacer comunismo y que va a expropiar las propiedades a la clase media. Esos temores seguramente se van a ir disipando porque probablemente, en la práctica, el plan de Castillo va a ser pragmático en diversos aspectos justamente por la segunda parte de la pregunta, pues el tema de la gobernabilidad es lo clave. El panorama de Castillo en el Congreso es muy difícil: en su partido tiene apenas 37 votos de 130, entonces está muy lejos de lograr la mitad del voto del Congreso. Y su otro partido aliado es Juntos por el Perú, que tiene apenas 5 congresistas. Mientras que las fuerzas conservadoras y de oposición son mayoría. Entonces es muy probable que se vengan unos años de difícil gobernabilidad, de obstrucción por parte del Congreso. En ese contexto, uno se pregunta cuál es la viabilidad de querer hacer muchos cambios al sistema. A mi juicio, eso está muy complicado y va a tener que ser bastante pragmático el gobierno de Castillo. A eso hay que sumarle el hecho de que el fujimorismo está en una actitud de no reconocer los resultados, por lo que han presentado un sinnúmero de impugnaciones a las actas. Están levantando la narrativa de un fraude; cosa que es falsa. Si uno ve las actas son completamente normales, pero el mensaje de fondo es que ellos no van a reconocer los resultados y que van a ser una fuerza activa para desestabilizar al próximo gobierno.

Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares La gota que rebosó la copa de la indignación ciudadana, y que nos tiene ante la más formidable protesta social de toda nuestra vida republicana, fue la pretensión del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, con su iniciativa de reforma tributaria, de sacarle más plata a los sectores más pobres y a las capas medias de la sociedad a través de los impuestos indirectos que se pagan vía consumo: alimentación, combustibles y todo aquello que fuera posible para recaudar fondos para un Estado en una profunda crisis de legitimidad al que las mayorías ven lejano y de espaldas a sus intereses. Y con las repuestas violentas por parte de la fuerza pública que han caracterizado el transcurso de la protesta social, seguro que es mayor el repudio frente a las instituciones y al Gobierno nacional. Las finanzas públicas son vitales para el funcionamiento del Estado. Y este debe estar al servicio de los intereses comunes de una sociedad —eso nos dice el ABC de la teoría política—, pero aterrizando eso a la realidad colombiana hay mucho trecho entre el dicho y el hecho. La dura realidad del país nos muestra que, en toda nuestra vida republicana, el Estado ha servido a intereses muy específicos. En palabras castizas: el Estado ha trabajado para muy pocas personas. ¿O qué otra cosa se puede decir de una sociedad donde el 40% de la riqueza la concentra el 1% de la población y donde cerca de la mitad de la población vive o esta cercana a una situación de pobreza? Esa es la fotografía de la Colombia de hoy y del triste desempeño de unas elites de poder que han trabajado juiciosamente para sus intereses de acumular y acumular la riqueza. Y el Estado se ha puesto al servicio de esa gran operación. Si el Estado es el instrumento para llevar la vida en comunidad (así sobre eso exista un amplio y extendido debate y cuestionamiento en todas las sociedades), ese Estado debería trabajar por el conjunto de la sociedad. No es el caso colombiano ni el de la inmensa mayoría de las sociedades latinoamericanas, para no irnos más allá. Y en la base de esa situación está el sistema tributario que, para nuestro caso, tiene un enorme cuestionamiento que debe ser asumido en una perspectiva de la necesidad de un desempeño de mayor calidad del Estado nacional, de los estados locales y regionales que requieren recursos para llevar adelante los mandatos consignados en nuestra constitución del 91, que, valga repetirlo, es pródiga en derechos que no se cumplen o se cumplen de manera deficitaria. Y esto se recrudece en los territorios más excluidos y marginados (que bien pueden ser un tercio del país), donde se acumulan graves problemas de vulneración de derechos, empezando por el más básico de todos: el respeto a la vida. Ahora estamos ante un nuevo debate sobre el sistema tributario que debe regirnos: será tema de controversia en la próxima legislatura y muy seguramente saldrá una ley tributaria de emergencia, pero no una formulación de largo alcance. En las últimas tres décadas hemos tenido una nueva ley tributaria cada dos años. Esto es muestra incontrovertible de que tenemos un grave déficit de formulación de política publica en un tema transcendental como lo es el de las finanzas públicas. Bien sabemos que a cada derecho corresponde una base material que lo haga posible, y en esta permanente inestabilidad tenemos la realidad de hoy: una sociedad profundamente desigual y un enorme malestar social. Hay que ampliar el debate sobre el sistema tributario que requerimos: sacarlo del estrecho margen de profesionales en economía y volverlo un tema de debate público que debe contar con una formulación democrática y no excluyente ni pensado para beneficiar a minorías (como ha sido hasta el presente). Un indicador de una democracia de mayor calidad debe tener como referente el sistema tributario. Allí se juega la base de una sociedad de derechos e incluyente. La riqueza se produce socialmente. Ninguna persona de manera particular se hace rica o superrica por mucho ingenio y capacidades que desarrolle. La base de toda riqueza son los recursos que hay en el territorio y la utilización de fuerza de trabajo en muchas dimensiones, desde la menos calificada formalmente hasta el conocimiento más especializado. Siendo así, la riqueza debe ser distribuida en la sociedad y no acumulada de manera desproporcionada y ofensiva —como sucede en nuestro caso—. Y eso solo se logra a través de una figura simple y compleja: impuestos. En las sociedades de mayor desarrollo económico y social lo saben: quien más tiene, más aporta. Y esos impuestos se deben retribuir en garantizar derechos para el conjunto, solo así es posible construir una sociedad justa y en paz. En la agenda publica hay que priorizar la construcción de un sistema tributario justo y democrático, por supuesto, para un Estado que funcione y promueva derechos, no para un Gobierno de minorías en el que los recursos públicos terminan en manos de unos cuantos vía corrupción y robos. Pero ese es otro tema. Ya veremos la propuesta de reforma tributaria que presente el Gobierno el próximo 20 de julio; reforma que nos va a mostrar un indicador de si hay voluntad de rectificar para que sean los que más han acumulado riqueza quienes la redistribuyan vía impuestos, o si, por el contrario, va a seguir imperando el criterio de que es mejor quitarle poquito a muchos que no tienen ni para comer, que exigir a los que mucho tienen que mucho pongan.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Las personas que salimos a las movilizaciones y mantenemos viva la protesta no creemos en la lucha armada como camino para conquistar el poder y hacer los cambios que, a nuestro pensar, necesita la patria. Por ello, en función de fortalecer el Estado social de derecho, apelamos al fortalecimiento de esta democracia. Nos interesa que las instituciones se depuren de las mafias que se las han tomado y que los altos dignatarios se reconozcan como servidores o funcionarios públicos al servicio de toda la ciudadanía, incluyendo a quienes no votaron por ellos. Lo más de avanzada hoy es reinstitucionalizar el país y devolverle la credibilidad en el pueblo. Y eso, definitivamente, no lo harán quienes representan el modelo neoliberal —aperturista e inhumano—, y mucho menos con tibias reformas para acallar el clamor popular hoy en las calles. Entonces, se equivocan el patrón y el presidente Duque: la ridícula “revolución molecular dirigida” es un fantasma útil para seguir gobernando e influyendo en un sector importante del país, mintiendo y atemorizando sobre el ‘coco’ llamado “cambio social”. Y claro que, como lo dijo Nelson Alarcón, dirigente de Fecode, pensamos en el 2022. ¿Quién dice que solo lo pueden hacer el innombrable y su partido? O sea que las y los representantes de este sector político, además de haber cooptado el Congreso y las altas cortes de la justicia, ¿se abrogan para sí el derecho a determinar qué pensamos y cómo actuamos? Ni más faltaba Comprendo, entonces, por qué se dilata el inicio del proceso de negociación y por qué no se suscriben las condiciones de seguridad de la protesta: para seguir en un presunto contubernio con alguna “gente de bien” disparando armas letales y no letales, perpetuando un estado de violencia que ha dejado como resultado más de 50 personas asesinadas, afectaciones oculares a aproximadamente 40 jóvenes, casos de violencia de género, violencia sexual y el regreso de la práctica fascista de Turbay, Pinochet y Videla: la desaparición forzada de manifestantes. Nosotros y nosotras, en las regiones apartadas y olvidadas del “desarrollo económico” colombiano, duramos décadas con el perverso estigma de ser territorios guerrilleros: zonas rojas donde los diversos gobiernos no invierten porque su prioridad son los grandes centros urbanos o sus periferias para producir y comercializar. Hoy los cortes temporales de las vías llegaron a las esquinas de las principales ciudades y se comenzó a afectar su capital económico, su plusvalía. Por ejemplo: los gremios de la producción dicen que en el Cauca se perdieron 2 billones de pesos. Es claro que están hablando de los negocios de las zonas francas, parques industriales, ubicados en el norte del departamento, para nada del taller de ebanistería de Pedro Cabrera. Una de las ganancias de la negociación con las Farc es que salió a flote la situación de tensión entre las personas pobres y las personas ricas de las ciudades. Si se hace sobreposición de mapas, hay una relación entre sectores marginales, extramuros, pobreza, miseria, pérdida de ingresos y de capacidad adquisitiva en la pandemia. Esto es lo que se puede leer fácilmente: estas condiciones se aglutinan en los sitios de resistencia, aquellos que cuentan hoy con una participación activa mayoritariamente de pobladores y pobladoras barriales y, especialmente, de gente joven. Al mismo tiempo que la dirigencia política tradicional agita el discurso judeo-cristiano del “amémonos todos” —pero con la lógica de que con cara gano yo, con sello pierde usted—, niega, entre otros temas, por ejemplo, en el Congreso, los dineros para financiar la matricula cero. Las personas que se han movilizado tienen el interés de cambiar el estado actual de las cosas. Y sabemos que esto solo podrá ser alcanzado a través del ejercicio democrático por excelencia: el voto. Será necesario, sin embargo, acompañar la puesta en práctica de este derecho ciudadano con la movilización social y la pedagogía electoral.