En exclusiva en #LaHoraTripleA conocimos tres nuevos casos de corrupción en Colombia. El periodista Pares Julián F. Martínez contó el resultado de la investigación sobre la empresa Veolia Colombia de Montería.

Por: Esteban Salazar Coordinador de Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares Desde 1841, el Partido Liberal ha puesto 27 presidentes en Colombia, además de las candidaturas en coaliciones que han apoyado durante los últimos 20 años. Su presencia en el Congreso ha sido mayor que la de los conservadores desde el Frente Nacional hasta la actualidad, y su partido tiene un caudal electoral que, al menos en el Congreso, salvo pequeñas variaciones, se mantiene en el tiempo. Desde el magnicidio de Luis Carlos Galán, en 1989, los liberales cuentan con un liderazgo importante en cabeza César Gaviria, quien llegó como presidente en 1990 y fue el encargado de establecer el modelo neoliberal del consenso de Washington dentro de la Constitución de 1991. Posteriormente, en 1994 el partido llegó a la presidencia con Ernesto Samper (1994-1998), quien guardaba una estrecha relación con el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, debido al escándalo del proceso 8 mil, su gobierno se fue en declive, junto con el partido Liberal que, hasta la actualidad, no ha vuelto a tener presidente propio. Cabe recordar que, durante el gobierno de Uribe, el partido se dividió entre los opositores y entre quienes disfrutaban las mieles del Ejecutivo con participación en ministerios y entidades públicas. Estos últimos resultaron convirtiéndose en 2 partidos: Cambio Radical y Partido de la U. Aunque en las últimas 4 elecciones presidenciales el Partido Liberal no ha logrado llegar con sus candidaturas propias a los primeros 3 puestos, se ha convertido en un partido clave para las coaliciones en segunda vuelta del 2010, 2014 y 2018. También lo será para el 2022. Como un breve recuento, en 2010 Rafael Pardo fue el candidato de las toldas rojas y en la primera vuelta quedó en el sexto lugar con apenas 638.302 votos. De ninguna manera reflejó los 1.856.068 votos que obtuvo su bancada en el Congreso, ni el apoyo de los 17 senadores y 38 representantes a la Cámara ­—la tercera bancada más grande en ese periodo, después de la U y del Partido Conservador—. La hipótesis central para explicar este hecho fue la injerencia de Gaviria y la negociación de la bancada liberal con los posibles ganadores de segunda vuelta antes que con sus propios candidatos a la presidencia. Por esta razón, Pardo decidió dejar libre al electorado, mientras que Gaviria logró acuerdos con Juan Manuel Santos para impulsar su victoria en segunda vuelta. Una constante de los liberales —sobre todo de Gaviria y de las y los congresistas— que se ha repetido años después. En 2014, el Partido Liberal decidió apoyar desde primera vuelta la reelección de Santos, bajo los compromisos de obtener a cambio diversos ministerios y entidades públicas, logrando mantener una bancada de 2.022.093 votos, 17 representantes en el Senado y 39 en la Cámara. La segunda bancada más grande del país, después de la U. El partido volvió a jugársela con un candidato propio en 2018, esta vez mediante la elección por medio de una consulta con los candidatos de dos facciones dentro del partido: Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo, quienes reflejaban la búsqueda estéril de una aspiración presidencial. Mientras tanto, Gaviria, una vez más, jugaba sus cartas y la de su bancada al mejor postor en segunda vuelta. Todo esto quedó retratado en el hecho de que, de acuerdo con las estadísticas, para la consulta de Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo, apenas se logró la participación de más de medio millón de personas, trayendo como resultado una pobre victoria para de la Calle con 365.658 votos. Una consulta que suscitó todo tipo de polémicas por los 40 mil millones de pesos que costó a pesar de la baja participación. Al final, en primera vuelta, de la Calle ocupó el quinto lugar con apenas 400.151 votos: no alcanzó ni siquiera la cantidad de votos de la consulta liberal. Esto a pesar de que 14 representantes en Senado y 35 en la Cámara obtuvieron 2.471.596 votos, constituyéndose el Partido Liberal como la segunda bancada más fuerte, solo superada por el Centro Democrático. De hecho, contrario al comportamiento histórico de los liberales, e incluso a la trayectoria que encarnaba de la Calle por su defensa al proceso de paz, Gaviria resultó negociando con Iván Duque y el Centro Democrático su apoyo en segunda vuelta. Un apoyo que no implicó grandes variaciones en las votaciones de Duque y que, al parecer, se había negociado desde antes. En suma, desde la caída de Samper por el escándalo del proceso 8 mil, el Partido Liberal no ha vuelto a levantar cabeza en sus candidaturas propias a presidencia. Al respecto, hay 2 hipótesis claves teniendo en cuentas las últimas 4 elecciones: i) Sus presidenciables no congregan las votaciones de la bancada de congresistas, la cual se ha mantenido sin importantes variaciones. ii) El expresidente Gaviria ha jugado a 2 estrategias: a) enviar candidatos a pérdidas para cotizar sus apoyos y b) apostarle a negociar con los candidatos más fuertes en segunda vuelta para mantener una presencia en el Ejecutivo. No por nada su propio hijo, Simón Gaviria, ocupó la dirección del Departamento Nacional de Planeación de 2014 a 2017. El partido de los votos, pero sin agenda Con un promedio de poco más de 2 millones de votos, 16 miembros en Senado y 37 representantes a la Cámara durante los últimos 3 periodos presidenciales, así como con algunas candidaturas estériles, el Partido Liberal se mantiene como un partido sólido, al menos mediante la repartición burocrática y la negociación de las mejores opciones para las segundas vueltas presidenciales. Su fuerza no se mide, entonces, por la capacidad de lanzar candidaturas propias, pues el partido no tiene una agenda propia desde hace décadas —esto se ha visto reflejado en las recientes alianzas de 2018, donde prefirieron poner sus votos en las facciones conservadoras y de derecha con un Gobierno en declive para sostener sus cuotas —, sino que se mide por la capacidad de negociación del expresidente César Gaviria, que es quien ha mantenido la repartición de avales como moneda de cambio y ha hecho posible la supervivencia de algunos clanes regionales en asocio con el gobierno de Iván Duque. Sin embargo, por donde se analice, las grandes reformas progresistas del talante liberal de marras se han diluido en una apuesta de sostenibilidad burocrática sin ninguna propuesta real de cambio en el país. No tienen un protagonismo en la agenda legislativa ni en las políticas públicas más allá del beneficio propio de sus congresistas. Incluso, sus liderazgos son cada vez más opacos y alejados de la ciudadanía, y quienes han logrado convocar a las juventudes defensoras del Acuerdo de Paz no tienen oportunidades reales de ganar una presidencia, como es el caso de Humberto de la Callle o Rafael Pardo. Un apoyo valioso para 2022, pero ¿a qué costo? En esa misma línea, el Partido Liberal se convierte en un comodín clave para definir una elección presidencial, y más en la coyuntura política que se vaticina para el 2022. La pregunta es: ¿A qué costo? ¿cuántos ministerios, empresas del Estado, entidades públicas y arreglos deben hacerse para garantizar los votos? Para responder estas preguntas, es importante tener en cuenta la situación actual del Partido Liberal. A grandes rasgos, se pueden identificar 4 divisiones. La primera facción es la de Gaviria y su control a punta de avales. En este momento, César Gaviria mantiene un liderazgo —que parece más bien una amenaza por contar con la chequera de avales— que le permite seguir negociando el grueso de los 2 millones de votos, miembros en Senado y representantes a la Cámara que, como se evidenció anteriormente, no han tenido mayor interés por candidaturas propias a raíz de la desconexión de sus propósitos o por la ausencia de una agenda de gobierno clara. Sin embargo, Duque ha puesto a prueba la chequera de Gaviria con una chequera más grande: la de la mermelada. Actualmente, esta sería la segunda facción dentro del Partido Liberal y pondría en aprietos a Gaviria, quien tendría que encontrar una moneda de cambio más persuasiva. Por advertencias hechas por el propio Gaviria, se conoció que el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, habría buscado negociar la reforma tributaria con cargos, programas y contratos antes de que se hundiera. Un hecho que solamente refuerza la incoherencia de una bancada que decidió apoyar al gobierno de Duque en segunda vuelta, desde 2018, y al que le han venido quedando mal con las negociaciones desde la reforma tributaria de 2019. Por otro lado, una tercera facción tendría una agenda más clara, sobre todo de cara a los liderazgos que emanan y que, si bien no suman actualmente una cantidad importante de votos, podrían arrastrar bajo los acuerdos correctos una desbandada hacia la Coalición de la Esperanza. En esta facción se cuentan nombres como los de Humberto de la Calle, acérrimo defensor del Acuerdo de Paz, Juan Fernando Cristo (En Marcha) y los hermanos Galán (Carlos Fernando y Juan Manuel). Esta última facción estaría buscando la posibilidad de suscribir un acuerdo para enviar una lista conjunta al Senado junto con el partido Dignidad, de Jorge Enrique Robledo, el partido Verde, Compromiso Ciudadano y Ángela María Robledo. De todos los nombres anteriores, según las encuestas de intención de voto de Semana y el Centro Nacional de Consultoría (CNC), Juan Manuel Galán cuenta con una intención de voto del 6%, igualado con Alejandro Char (6%) y superado por Marta Lucía Ramírez (9%), Sergio Fajardo (12%) y Gustavo Petro (23%). Fuente: Semana y Centro Nacional de Consultoría. Aunque también ha sonado dentro de la baraja liberal, el exministro Alejandro Gaviria ha recibido ofrecimientos dentro de la Coalición de la Esperanza. Respecto a esto, Gaviria ha mencionado que no tiene intención de participar electoralmente (a pesar de que cuenta con un 2% de intención de voto según la encuesta de Semana y el CNC). Y habría una cuarta facción liberal que estaría acercándose hacia las toldas del Pacto Histórico —sobre todo de las bases liberales a nivel territorial y que tendrían el respaldo de Gustavo Petro dentro de la lista al Senado y Cámara—. Hay casos particulares en los que Petro podría entrar a buscar cobrar sus apoyos, como fue el caso de la Gobernación de Córdoba, con Orlando Benítez Mora, quien logró la victoria gracias al apoyo de varios partidos, entre ellos el del Liberal y el de la Colombia Humana. ¿Y las mujeres? Luego de la revisión de las estadísticas y del análisis histórico, se identificó una deuda importante del Partido Liberal con los liderazgos femeninos. Durante las últimas 3 décadas solo tuvieron a una mujer como fórmula vicepresidencial: a María Emma Mejía Vélez en 1998 con Horacio Serpa, cuando pasaron a segunda vuelta y perdieron. Entretanto, de 53 congresistas elegidos y elegidas en 2010, solo el 13% eran mujeres; de 56 congresistas en 2014, el 14%; y de 49 congresistas en 2018, de nuevo, solo el 14%. Si bien este es un fenómeno que se repite en la mayoría de partidos, cabe aclarar que varias de estas senadoras, exsenadoras, representantes y exrepresentantes a la Cámara llegaron como herederas de clanes políticos familiares. Tal es el caso de Arleth Casado de López, del Clan López Cabrales de Córdoba; de Kelyn Johana González Duarte, heredera de la estructura política de su esposo, el parapolítico Rodrigo Roncallo, quien fue condenado por haber firmado el Pacto de Chivolo con el paramilitar ‘Jorge 40’ y Roberto José Herrera —quien, a su vez, llegó a la Cámara por el extinto partido ALAS—; y de Laura Ester Fortich Sánchez, senadora de la República por el Partido Liberal, heredera de la estructura política del senador Álvaro Ashton, quien es objeto de una investigación en la Corte Suprema de Justicia por el denominado “Cartel de la Toga” y quien fue capturado por este y otros delitos. En cualquier dirección que se tome por parte de las facciones hacia el 2022, es importante resaltar la necesidad de fortalecer la participación femenina de cara a liderazgos en candidaturas presidenciales, en una agenda clara para el país, así como en las garantías efectivas de espacios de representación de las mujeres en las listas y en los espacios de poder.

Por: Nataly Triana (Asistente de Investigación) y Juan Esteban Garzón (Colaborador Pares) Línea de Democracia y Gobernabilidad En Colombia, según el DANE, para el año 2018 había 4.671.160 (9.34% de la población) de personas que se reconocían dentro de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Históricamente, la nación se ha construido a expensas de dichas comunidades, teniendo en cuenta que la organización política del país ha sido moldeada por conflictos raciales, étnicos y por viejas tensiones regionales que han excluido a las comunidades e impiden su visibilidad y participación activa en las decisiones de nivel nacional[1]. En efecto, esta población ha tenido una mínima representación política que, a partir de 1991, por medio de las aspiraciones de inclusión democrática presentes en la nueva Constitución, cambió a raíz de la incorporación al antiguo sistema de partidos de una acción afirmativa consagrada en lo que hoy conocemos como “circunscripciones especiales” (medida que se estableció con la pretensión de asegurar la participación política de grupos étnicos y minorías políticas). Dentro de estas minorías políticas se encuentra la circunscripción especial de las comunidades afrodescendientes, la cual provee 2 escaños en la Cámara de Representantes para las y los miembros de esta población, siempre y cuando tengan el aval de una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior. Está figura de representación es la actual columna vertebral de los partidos políticos afrodescendientes, especialmente del partido Colombia Renaciente. Los orígenes entre la fragmentación, la instrumentalización y la desinstitucionalización En las últimas tres décadas, las curules afro se han visto enfrentadas a diferentes problemas que incluyen la fragmentación por la gran cantidad de listas, las diferencias internas al interior del movimiento afro, la instrumentalización electoral por parte de grupos políticos tradicionales y, en ese sentido, la imposibilidad de representación debido a estas lógicas de la competencia electoral. En medio de toda esta problemática, y también como respuesta, surgió el partido Colombia Renaciente luego de la curul obtenida por Jhon Arley Murillo Benítez en las elecciones al Congreso de 2018 con el aval del Consejo Comunitario Ancestral ‘Playa Renaciente’ —que se ubica en las riberas del río Cauca entre el municipio de Candelaria y Cali—. En las condiciones analizadas para lograr esta curul, Pares encontró que en las elecciones parlamentarias del 2018 se presentaron 42 listas solo para 2 curules afro en la Cámara, las cuales alcanzaron 426.298 votos y solamente dos Consejos con 56.047 votos en conjunto que tuvieron la posibilidad de influir en la distribución de asientos. Dicho de otro modo, únicamente el 13% de los votos fueron efectivos para alcanzar las 2 curules afro. De esos votos, 32.434 fueron para Colombia Renaciente y 23.613 fueron para el Consejo Comunitario La Mamuncia, quienes designaron en esta curul a Hernán Banguero. En comparación con otras circunscripciones, como en el caso de la circunscripción distrital de Bogotá, hubo 14 listas para 18 curules, lo que amplía el margen de representación electoral. En este sentido, el Partido Colombia Renaciente es muestra de la fragmentación en las votaciones afro al representar solamente el 7,6% de sus votantes. Esto sin contar a quienes están habilitados para votar y no ejercen su derecho. A nivel detallado, el representante Murillo cuenta con el 74% de las votaciones de las listas de ‘Playa Renaciente’, pero apenas con el 5,64% del total de los votos afro en el país. A partir de esto, se puede observar que las curules afro tienen un problema importante asociado a la representatividad de su conjunto poblacional, así como a la competencia desigual, dispersa y desconcentrada. Otro problema recurrente alrededor de estas curules es su instrumentalización. El rol de algunos representantes afrocolombianos en la Cámara ha sido criticado como “política gris”, cuando parecen olvidar las razones por las que han sido elegidos, o como “política blanca”, por su cercanía a maquinarias partidistas tradicionales[2]. Además de estos cuestionamientos, algunas personas que ocuparon dichas curules fueron reconocidas como afrocolombianas, aunque no pertenecieran a este conjunto poblacional. En las elecciones de 2014, María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco lograron ganar las curules afro sin tener vínculos notorios y/o cercanos con las comunidades negras, lo que llevó a muchas organizaciones a cuestionar la idoneidad de estos y de su trabajo de representación. Sin embargo, los cuestionamientos no fueron únicamente por que hubiese una mayor o menor cercanía, sino también por el aprovechamiento de cuestionados políticos que utilizaban los movimientos afro como empresas de avales. Este es el caso de la Fundación Ébano de Colombia, que ganó estas dos curules previamente y tenía nexos con grupos políticos cuestionados de Sucre como el de Yahir Acuña. Esta fundación funcionaba más como un comodín político que como un movimiento para representar a las comunidades negras. Además, enfrentó escándalos legales por presunta falsedad ideológica en documento público debido a irregularidades en las actas de la fundación que fueron la base para la inscripción de las candidaturas ganadoras. ¿Colombia Renaciente? En la lectura de diferentes organizaciones afro, esto correspondía a una clara usurpación de los niveles de participación afrocolombiana en el Congreso. Debido a este hecho, el número de listas volvió a aumentar en las elecciones de 2018 y los Consejos Comunitarios como ‘Playa Renaciente’ decidieron presentar candidaturas por primera vez, ganando una curul en Cámara con el apoyo de la región pacífica y de Antioquia. Esto les permitió obtener la personería jurídica para fundar el partido político Colombia Renaciente. Este partido alcanzó una de esas curules a partir de una “red de amigos en todo el país” que Jhon Arley Murillo cultivó durante sus ocho años de trabajo en el Bienestar Familiar. Así se acercó a comunidades afro en distintas regiones de Colombia. “Hicimos un mapeo de líderes en las regiones, los busqué y los organizamos a través de un coordinador nacional con la estrategia de uno por diez. Un líder debía buscar a diez más y esa red fue la que nos ayudó en Antioquia, Chocó y el Pacífico”, señaló en una entrevista. En efecto, el caudal electoral de Murillo reside en el pacífico colombiano y Antioquia. Solo en el Valle, Colombia Renaciente tuvo 13.726 votos (11.417 de Murillo); en Chocó, 7.330 votos (5.744 de Murillo); en Antioquia, 4.173 votos (2.584 de Murillo); y en Cauca, 2.139 (1.594 de Murillo). El caudal electoral en estos departamentos (sin contar Nariño, donde Colombia Renaciente quedó segundo) representa el 89% de la votación con que Murillo (21.339 votos) logró una de las dos curules afro en la Cámara de Representantes. A pesar de que nació de una lógica fragmentada y personalista, este partido político ha intentado, desde su fundación, tener un alcance nacional, lo que ha implicado su adherencia a las banderas afrocolombianas, pero sin quedarse únicamente en estas. De hecho, en 2019, cuando se fundó el partido, muchas personalidades del “santismo” como Alfonso Prada, Luis Guillermo Murillo, Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera, Clara López y Roy Barreras se aproximaron a Colombia Renaciente con el objetivo de hacer parte de esta organización política y crear así la apuesta del Frente Amplio de la Paz. Este proyecto político se centraba en la defensa de los acuerdos de La Habana, el medio ambiente y las víctimas —en especial las víctimas afrodescendientes, raizales y palenqueras—. Para Colombia Renaciente esto implicaba la expansión nacional del partido con el apoyo santista, pero, a pesar de esto, y con el paso del tiempo, según directores del partido, muchos de estos “grandes pesos” de la política nacional se fueron alejando debido a la imposibilidad de un acuerdo político. Luego de este hecho, la dirección del partido volvió a quedar únicamente a cargo de quienes lo habían fundado. ¿Más de lo mismo? Colombia Renaciente en las elecciones regionales 2019 Tradicionalmente, los partidos étnicos y afro han sido utilizados como fábricas de avales que son aprovechadas por quienes no logran avalarse por otros partidos, desdibujando el sentido de la representación de movimientos que hacen el esfuerzo de consolidar una apuesta política de cambio real. Este fenómeno se pudo observar en las elecciones regionales de 2019, donde los partidos afro y étnicos entregaron, de acuerdo con cifras oficiales de la Registraduría, un total de 26.492 avales, a pesar de tratarse de agrupaciones creadas recientemente y marginales en la vida política nacional y local. Para el caso del neófito partido Colombia Renaciente, con solo 3 meses desde su fundación, avaló a cerca de 5.242 candidatos y candidatas. Sin duda, esto es problemático toda vez que un partido con una estructura tan incipiente difícilmente pudo hacer veeduría sobre la cantidad e idoneidad de dichos avales. En una revisión inicial en 2019, en el marco del seguimiento electoral realizada por Pares, se encontró que Colombia Renaciente presentó 62 candidatos inhabilitados, convirtiéndose en el segundo partido con mayor cantidad de aspirantes inhabilitados en la contienda electoral. Está dinámica habría respondido a una estrategia por parte de los partidos políticos de minorías para mantener la personería jurídica y avanzar en su expansión nacional; sin embargo, este tipo de maniobras pueden resultar peligrosas en lo que se refiere al mantenimiento de sus bases electorales, la confiabilidad del mismo partido y la defensa de la democracia. La irrupción de pequeños partidos como Colombia Renaciente, bajo la personería jurídica otorgada por circunscripciones especiales como las afro, ha hecho que se repartan avales en cualquiera de los ámbitos de competencia electoral “y con eso han logrado una especie de difusión no orgánica de su presencia que, sin embargo, no siempre se corresponde con un fortalecimiento de sus estructuras partidarias”[3]. Es decir que las victorias electorales en algunas circunscripciones regionales y locales no responden “disciplinadamente” al partido central. Por un lado, muchos de los avales propios no se corresponden con gente cercana al partido y, por el otro, los coavales que se dan con grandes partidos no tienen una repercusión en el caudal propio del partido. A pesar de lo anterior, esta estrategia que han adoptado otros partidos étnicos como el ASI, MAIS, ADA y PRE le funcionó a la recién nacida Colombia Renaciente para lograr acceder a diferentes cargos de elección popular. La siguiente tabla señala las candidaturas avaladas exclusivamente por el partido que resultaron electas, pero es importante hacer la salvedad de que el hecho de tener el aval del partido no implica que necesariamente pertenezcan al consejo comunitario de “Playa Renaciente” ni que se reconozcan como afrodescendientes, pues el partido tiene la libertad de dar este aval sin poseer alguna de estas características. Frente a esto, Murillo señala que uno de los compromisos con el proceso de la consolidación del partido es hacer que sus candidaturas —afrodescendientes o no— posean un compromiso de impulsar políticas a favor de esta comunidad como menester para continuar en el partido y adquirir el aval nuevamente. Tabla No 1. Candidaturas electas de Colombia Renaciente, elecciones regionales 2019. Fuente: Fundación Paz & Reconciliación con datos de Registraduría Nacional del Estado Civil. En términos de la base electoral del partido, se puede decir que, en el caso de las alcaldías, una en Cañasgordas, otra en Antioquia y dos en Bolívar y Suarez, Cauca, corresponden a los departamentos de base electoral de ‘Playa Renaciente’ para el Congreso en 2018. Mientras que las otras alcaldías son resultado de la expansión del partido a nivel nacional y se distribuyen así: dos en Magdalena y una en Cesar, Córdoba, Norte de Santander, Santander y Arauca. El total de votos en estas 10 alcaldías fue de 97.852. Por otro lado, en términos de Asamblea, Colombia Renaciente consiguió 2 diputados departamentales en Valle del Cauca y Magdalena, siendo el Valle uno de los departamentos que representaba el caudal electoral del 2018, a diferencia de Magdalena, donde ‘Playa Renaciente’ solo logró 107 votos. La trazabilidad de esta votación individual, respecto a la que fue obtenida por la personería de Colombia Renaciente conseguida en 2019, muestra que la prematura organización no concentró su trabajo en una difusión orgánica del partido en los departamentos que impulsaron la candidatura de Murillo a la Cámara, sino que apostó por avalar en la lejanía. En el caso de las gobernaciones, todas las que apoyó Colombia Renaciente fueron mediante coavales que no representan un logro para el partido y que, por el contrario, significan riesgos por el apoyo a candidatos y candidatas con cuestionamientos. Entre estos casos, por ejemplo, se encuentra el de Clara Luz Roldán, candidata para la Gobernación del Valle del Cauca, quien, de acuerdo con investigaciones realizadas por Pares, había sido investigada por parte de la Procuraduría y la Fiscalía por la firma de algunos contratos cuando había sido directora de Coldeportes. Además, Roldán tiene una estrecha relación con el Clan de Dilian Francisco Toro. Otro caso es el de Elías Larrahondo Carabalí, el primer gobernador afrocolombiano del Cauca. De acuerdo con Pares, este candidato a la Gobernación del Cauca estaba siendo investigado por la Procuraduría por presuntos hechos de corrupción al “no realizar interventoría externa a un contrato para la construcción de un polideportivo en 2013 durante su periodo como alcalde del municipio Buenos Aires”. Actualmente, en el ejercicio de su cargo, Larrahondo se encuentra investigado “por presunta vulneración al régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la nominación de la gerente de una Empresa Social del Estado – ESE – del departamento”, según un comunicado de la Procuraduría. Un último caso similar es el de la Gobernación de Arauca, en donde se encontró que el coaval otorgado al cuestionado Facundo Castillo se dio en medio de una serie de irregularidades. Según el informe de Candidatos Cuestionados de Pares (2019), este candidato, antes de dichas elecciones, se encontraba con investigaciones abiertas en la Fiscalía. Estas investigaciones fueron por diversas irregularidades, entre estas la compra de un avión ambulancia, sobrecostos en la doble calzada del municipio de Arauca, irregularidades en los contratos de alimentación escolar y en contratos en la vía que de Arauca que conduce a Cravo Norte. Por ejemplo, estos coavales entregados por la dirección del partido —en cabeza de Murillo—suscitaron diferencias al interior de una parte del movimiento afro en Arauca que siente cercana a Colombia Renaciente, ya que algunos de estos apoyos se han percibido como “venderse al mejor postor, tomar a una comunidad y negociar a sus espaldas”; una aparente instrumentalización de la comunidad afro que influencia a las bases del partido a votar por dicha candidatura. Con todo lo anterior, es importante resaltar que esta acusación se suscitó en ese entonces debido a que parte de la comunidad se encontraba a favor de avalar al candidato Hernando Posso Parales, quien aparentemente no tenía un autorreconocimiento como afrodescendiente y ya contaba con el aval del Partido Liberal. No precisamente por este hecho en específico, pero sí en general Murillo señaló que todos los avales otorgados se dieron en consentimiento con el consejo comunitario ‘Playa Renaciente’, quienes hacen parte de la junta directiva a través de la figura de vicepresidencial del partido. La crisis de representación de los y las afrodescendientes La crisis de la representatividad de poblaciones afrodescendientes, palenqueras y raizales es una deuda histórica de Colombia con estas comunidades. A pesar de los esfuerzos de la Constitución de 1991, las medidas tomadas han sido insuficientes frente a las complejas dinámicas políticas y electorales del sistema de partidos. La primera dificultad reside en que la mayoría de estas organizaciones partidistas poseen grandes ventajas en organización interna y maquinaria electoral, a diferencia de estos recientes partidos étnicos, lo que hace que sean susceptibles de instrumentalización (como se demostró anteriormente). De igual forma, aunque estas comunidades se posicionan diferencialmente en la Cámara de Representantes, la incidencia suya al interior de los proyectos de ley es actualmente un reto, pues consta del consenso y los intereses de los demás partidos. A pesar de esto, Colombia Renaciente ha presentado 19 iniciativas, entre estas resaltan 4 proyectos de ley: cupos especiales de afro en universidades, estampilla Pro Universidad del Pacifico, emprendimiento afro y Partería afro del Pacifico colombiano. Por otro lado, Murillo atribuye la inclusión de metas afro al trabajo de sus concejales en más de 200 municipios. En segundo lugar, existe una débil capacidad de organización entre los partidos afrocolombianos, puesto que estos no han trascendido de una lógica de competencia partidaria entre ellos hacia la construcción de un Bloque Afrocolombiano en defensa de sus intereses, concentrando así la votación y logrando incidencia fuera de la circunscripciones especiales. Según información otorgada por Colombia Renaciente, para las elecciones presidenciales no hay actualmente unidad entre partidos afrocolombianos debido a que el partido Colombia Renaciente se encuentra interesado en apoyar una candidatura afro, mientras el partido ADA declaró que su apoyo será para Roy Barreras. Así mismo, las únicas aproximaciones que se han hecho por parte de Colombia Renaciente, y que han resultado en una invitación a trabajar en conjunto, han sido con la precandidata presidencial Francia Márquez. En tercer lugar, se requiere que los partidos avancen en sus procesos de consolidación. De acuerdo con Murillo, este reto para su partido se traduce en trabajar por una organización política de base y local en los diferentes departamentos donde han logrado presencia, los cuales serán los encargados de otorgar avales según los principios del partido, priorizando a las personas que se autorreconocen como afrodescendientes. Lo mencionado implica una disciplina partidista a rajatabla que impida que su instrumentalización por otros partidos y/o candidatos oportunistas —en especial candidatos cuestionados— para que dejen de ser considerados como “fábricas de avales”. Por último, es menester que se consolide una estrategia nacional de expansión que aporte al fortalecimiento del partido con miras a las próximas elecciones del 2022, que suponen un mayor nivel de capital organizativo debido a la presencia del covid-19. Referencias [1] Alfonso Múnera. Fronteras imaginadas. La construcción de las razas y de la geografía en el Siglo XIX colombiano. Bogotá: Editorial Planeta, 2005, pp. 225 [2] Catalina Peralta González. Curules especiales para comunidades negras: ¿realidad o ilusión?. Estudios Socio-Jurídicos, 7 (2), 2005, 147-172. [3] Juan Carlos Arenas Gómez. Política y elecciones en Colombia, 2019. Una agenda de investigación sobre la reconfiguración del poder regional.  Estudios Políticos, 59, 2020, pp. 216.

Por: Ariel Ávila y Sebastián Mora Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) denunciamos un presunto caso de corrupción que se estaría presentando en la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca y que estaría llevando a la cooptación de espacios de representación en el Consejo Directivo de esa entidad. ¿En qué consiste la denuncia? ¿Qué personas están implicadas? ¿Qué consecuencias tiene esto para la situación medioambiental del departamento? ¿Los organismos de control han tomado medidas al respecto?

¿Nepotismo y favores políticos al interior de la Universidad del Pacífico? La Fundación Paz y Reconciliación recopiló información en la cual identificó un grave caso de corrupción al interior de la Universidad de Buenaventura.

La Fundación Paz y Reconciliación reveló en exclusiva en #LaHoraTripleA tres casos de corrupción en el país. Isaac Morales, coordinador de #SeguridadPares, contó lo encontrado sobre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR Cundinamarca.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Se acerca la finalización del periodo legislativo en Colombia y, como es común, algunos proyectos hacen carrera para ser aprobados, mientras que otros están bajo la posibilidad de que se hundan. En este sentido, algunos sectores han empezado a insistir en la necesidad de que sean aprobadas algunas iniciativas por parte del Congreso. Así, por ejemplo, el presidente de la República hace algunas semanas pidió prioridad para la reforma del Código Disciplinario propuesto por la Procuraduría. Con este proyecto se pretenden modificar algunas facultades y procesos del organismo, para lo que además se necesitaría la contratación de cerca de 500 personas más. Una vez se conoció este proyecto, que fue radicado en marzo por Margarita Cabello, se alertaron sobre varios riesgos que podría traer esta reforma —que además, se argumentó que respondía al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Gustavo Petro por la destitución e inhabilidad que le impuso, en 2013, el entonces procurador Alejandro Ordóñez—. Por una parte, se ha venido alertando respecto a las facultades que se le entregaría a la Policía Judicial para realizar interceptaciones, inspecciones corporales, allanamientos, seguimiento de personas, vigilancia, entregas vigiladas y retención de correspondencia. Adicionalmente, las voces que se han opuesto al proyecto han cuestionado el aumento de la planta de personal de la Procuraduría con cerca de 500 empleados más, lo cual, según algunas aproximaciones que se han hecho, equivaldría a un costo de 87.000 millones anuales. Y de forma más estructural, se ha cuestionado en la concepción de la reforma un presunto desconocimiento de fondo del fallo en el caso Petro. Aún con este panorama, el pasado 01 de junio las comisiones primeras de Senado y Cámara, en sesión conjunta, le dieron el ‘Sí’ a la reforma, la cual hoy en plenaria del Congreso fue finalmente aprobada. En el Senado logró 53 votos a favor y nueve en contra, y en la Cámara alcanzó 102 votos a favor y 28 en contra. “Por un lado, hay que decir que Margarita Cabello siempre ha sido una ficha de Uribe en la rama judicial. Por otra parte, con la aprobación de la reforma, a pesar de los cuestionamientos, la bancada de oposición siente que los nuevos poderes que se le darán a la Procuraduría se podrían utilizar con fines de persecución a dirigentes políticos. Asimismo, este proyecto que pasó la procuradora estuvo escrito prácticamente por el uribismo con sus intereses políticos, lo que lleva a cuestionar si realmente se hizo la reforma que pedía la CIDH, pues pareciera que no se hace una reforma sustancial, sino que se crean unas figuras para perseguir a la oposición”, analizó al respecto Julián Martínez, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares. Por otra parte, mientras el Congreso daba luz verde a la reforma impulsada por Margarita Cabello, se hundió la propuesta de matrícula cero en la Comisión Sexta del Senado con cinco votos en contra y dos a favor. Esta propuesta se había convertido en una exigencia constante, pues dada la crisis económica que para muchas personas significó la pandemia, fueron millones las familias que vieron afectados sus ingresos, lo que, por ejemplo, se ha visto reflejado en la deserción de muchos y muchas estudiantes de educación superior que no podían costear la matrícula. Hay que recordar que este tema empezó a estar sobre la mesa, por lo menos en el último año, luego de que estudiantes de la Universidad Industrial de Santander hicieran una toma pacífica exigiendo que el Gobierno nacional financiara la matrícula —principalmente la de estudiantes de universidades públicas—. En este punto es importante mencionar que la gratuidad de la educación superior y la oposición a la privatización de esta se han convertido en banderas históricas de las luchas del movimiento estudiantil. Especialmente en estos dos puntos pareciera insistirse por lo menos desde los años 90. Desde entonces, generalmente ha resaltado, en políticas públicas, el crédito estudiantil por encima de inversiones directas a las instituciones de educación superior, en este caso, públicas. Siendo esto así, la decisión tomada recientemente por el Congreso es un paso hacia atrás en lo que respecta a una exigencia que ha estado presente por décadas, pero que en el último año se había convertido en urgente. Por esta razón, en noviembre había sido radicado este proyecto por parte de la bancada de oposición, el cual finalmente fue hundido bajo el argumento de los altos costos fiscales que significaría implementar la matrícula cero. Hay que señalar que, durante los últimos semestres, algunas universidades han venido implementando la matrícula cero. No obstante, lo que se planteaba con la iniciativa era cubrir el 100 por ciento del valor de la matrícula durante los dos semestres del 2021, beneficiando a más de 620.000 estudiantes de pregrado y a cerca de 44.000 estudiantes de posgrados de 32 universidades públicas del país. Sobre esta decisión, la ministra de Educación, Victoria Angulo, aclaró que la propuesta del Gobierno es diferente y sí tiene financiación. Esto debido a que hace algunas semanas, Iván Duque había anunciado una reasignación presupuestal para garantizar el segundo semestre de estudiantes universitarios de estratos 1, 2 y 3. Adicionalmente, durante esta semana también se conoció que el periodo legislativo que iniciará se inaugurará con la radicación del proyecto para la Reforma Tributaria 2.0, es decir, se presentará el articulado el próximo 20 de julio. «Me siento en el deber de decir, que el Ingreso Solidario que está por expirar el último día de este mes, pero sabemos que se presentará al Congreso este proyecto de protección social y estabilidad fiscal (nueva reforma tributaria) el 20 de julio, y no podemos dejar a estas familias desamparadas en esos recursos necesarios», dijo Duque durante su intervención en la Vitrina Turística de Anato. Hay que traer a colación que fue precisamente el proyecto de reforma tributaria presentado hace algunos meses el que impulsó el estallido social con el paro nacional, que incluso llevó a que Duque pidiera que se retirara la reforma y, días después, ocasionó la renuncia de Alberto Carrasquilla, quien se desempeñaba para ese momento como ministro de Hacienda.

Por: Guillermo Segovia Mora Abogado, periodista y politólogo Decretado, por ahora, el cese de las movilizaciones del paro nacional iniciado el 28 de abril, es hora de los balances. La derecha, sin matices, encubriendo su rechazo en un formal y propagandístico reconocimiento del derecho a la protesta, ve estas jornadas de movilización como un fracaso catastrófico midiendo los efectos desde el impacto en la economía. La orden de Uribe desde el comienzo fue reprimir y no negociar. El centro considera que se fue demasiado lejos porque aún confía en que los canales institucionales pueden ser vía de solución a la crisis. Desde la izquierda y las organizaciones convocantes se celebra como un hito de las luchas populares, y desde la extrema izquierda como una inflexión revolucionaria. Un análisis maximalista diría que lo logrado fue poco frente a un pliego de reivindicaciones tan amplio —más de cien puntos con reclamos de diverso tipo— si no se detiene a medir la dimensión de las derrotas gubernamentales. De hecho, el retiro del proyecto de reforma tributaria y la renuncia del ministro de Hacienda llevaron al candidato más opcionado para ganar las presidenciales del 2022, Gustavo Petro, a sugerir que era momento de levantar el paro porque lo consideraba un éxito y que era innecesario someter a las y los manifestantes a más riesgos ante la brutal represión policial solapada por el Gobierno. Tal vez, en la efusividad de tan maravillosas demostraciones de indignación y rebeldía, se cayó en el error de pretensiones inmediatas mayores —siendo probablemente la renta básica universal la más significativa—desatendiendo la capacidad de reacomodo y cicatería de los sectores dominantes, y sin apreciar el enorme logro de haber echado para atrás la tributaria y la privatista reforma a la salud. Desde la proclamación de la Constitución de 1991, la de los derechos sociales y la economía neoliberal, en tres décadas ninguna receta impositiva de ese talante ni el modelo en su todo había recibido revés tan contundente. Esta vez la gente en la calle impidió que se gravara lo que restaba de la canasta familiar y se pusiera a pagar impuestos a casi toda una clase media empobrecida, en el ambiente tétrico de la pandemia, entre otras exacciones que se intentaban compensar con más asistencialismo precario. Una gran victoria popular. Se paró en seco la intención de arreglarle la economía a los ricos, favorecidos sin rubor por Duque en las dos tributarias anteriores y en las medidas para paliar los efectos del covid-19. Esto a costa de esquilmar aún más a los sectores de ingresos medios y a los pobres, en un nuevo despojo a favor del capital. Pero no sólo eso. El paro logró concitar a favor de su causa una solidaridad mundial sin precedente, en parte por los resquemores que desde el inicio generó un Gobierno adversario de una paz admirada. Apoyo que creció en la medida en que la prensa internacional —no sometida a la servidumbre de los grandes medios del país— mostró los números y el rostro de la tragedia y, desde las calles, la justeza de la indignación de un pueblo atacado por la Policía nacional como al más odiado de los enemigos —en especial la indignación de miles de jóvenes en la indigencia que encontraron en el tropel la comida, la familia y la osadía de sentirse alguien—. En el frente internacional, el Gobierno también perdió. La realidad trasmitida por corresponsales desde los sitios de protesta y las manifestaciones de apoyo en las principales ciudades del mundo, animadas por la diáspora colombiana y simpatizantes progresistas, dio al traste con una narrativa falsa, repetitiva y contraevidente de complot internacional propalada por las embajadas con burdos montajes de video e incluso con una risible autoentrevista presidencial en inglés para desconocer las causas del estallido en la deuda social acumulada y en su propia deficiente gestión. Por meter las patas también le tocó irse a la ministra de Relaciones Exteriores. Otro punto para los inconformes. A todo lo anterior se suma que, a regañadientes, después de negar los hechos y de rehusarse a recibirla, luego de una visita a Washington lacónica y rodeada de reclamos, la nueva canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, tuvo que aceptar la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitada por las organizaciones al mando de la protesta ante la evidencia de la incapacidad, indiferencia y complicidad de los organismos de investigación y control frente a la estrategia represiva desarrollada por la Policía antidisturbios para controlar el levantamiento social. En su extremismo conspiracionista, para el Centro Democrático la CIDH es “izquierdista”. Pese a la desfachatez de nombrar como interlocutor de la Comisión para el caso al fascista embajador en la OEA, Alejandro Ordóñez, la comparecencia de las víctimas de la represión oficial con sus denuncias ante el organismo continental —esperado en manifestaciones festivas con desmedidas expectativas, como un ente justiciero frente a la ignominia— en sesiones in situ en los puntos de resistencia en Bogotá y Cali, donde comunidades consternadas y huérfanas de protección expresaron su drama ante la inclemencia de las fuerzas policiales auspiciada por el Gobierno, constituye, aún en lo doloroso de su motivación, otra victoria del paro. A la CIDH se suman las contundentes denuncias de las prestigiosas Human Rights Watch y Amnistía Internacional. La represión incontrolada y furiosa de la Policía pareciera obedecer a la asunción por parte los mandos militares y la dirigencia civil de las interpretaciones torcidas de la realidad social de un nazista delirante chileno —sin importancia allá, oportuno acá— de acuerdo al cual hay que frenar con violencia anticipatoria una supuesta “revolución molecular disipada” en camino —que no es otra cosa que la reacción indignada de la población contra la miseria y el abuso del poder en todo orden y sin límite de vergüenza—. La potencia y sinceridad de la insubordinación civil colombiana dio al traste con esa coartada de Uribe y su séquito. Nadie cayó en el engaño de Duque de que un cambio de uniforme constituye una reforma a la policía. Y el haber impuesto esa necesidad es también mérito del paro. Tras 50 días del inicio de este nuevo ciclo de protestas, el Comité Nacional de Paro determinó la suspensión de acciones para replantear la estrategia de movilización dirigida a presionar al Gobierno para la negociación del pliego de peticiones —presentado en las jornadas del 21 de noviembre de 2019 y robustecido con nuevas demandas ante los efectos sociales devastadores de la pandemia del covid19 y la forma en que la administración Duque manejó sus efectos—. Entre las nuevas tácticas, ante la mezquina decisión del Gobierno, azuzado por el expresidente Uribe —su tutor—, de dilatar, aparentar y no negociar, el Comité optará por hacer pedagogía de la plataforma social e intentar sensibilizar al Congreso para que ofrezca salidas legislativas a algunas de las demandas. Es una pausa. La apuesta grande está en las elecciones presidenciales y de Congreso el próximo año. Un sector más radical y desencantado de las “instituciones democráticas”, desde la Asamblea Nacional Popular y con las primeras líneas juveniles al frente, pretende mantenerse en las calles; no se siente representado por el Comité Nacional del Paro ni cree en esta democracia ejercida desde el Gobierno de manera tramposa. En torno a los barrios marginados y en pobreza extrema, con el correr de los años se han venido consolidando organizaciones comunitarias con autonomía, formación política y reivindicaciones propias asociadas al territorio. En estos lugares, la palabra “resistencia” atiende al significado de desconocimiento del poder establecido, en la ruta del cambio. Se concibe, en proyección a la sociedad entera, un momento deconstituyente como fase previa a la constitución de nuevos escenarios de poder. La más vigorosa movilización en lo corrido de siglo XXI —si no de la historia de Colombia— involucró a cerca del 70% de los municipios y ciudades del país, sectores medios y populares, la más diversa presencia de actores sociales (personas trabajadoras, campesinas, pensionadas, desempleadas, defensoras de derechos humanos, estudiantes, camioneros, artistas, activistas, independientes, nuevas ciudadanías, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, entre otras) y étnicos, con la ya histórica presencia de La Minga del Consejo Regional Indígena del Cauca y de la comunidad Misak, así como de las organizaciones de afrodescendientes del Pacífico. Pero, ante todo, fue la toma de Colombia por los y las jóvenes. El mayor delito de la clase dirigente política y empresarial ha sido haber engañado y defraudado a la juventud. Las ansias de riqueza fácil y la politiquería la llevaron a desentenderse del cambio generacional coincidente con el despuntar del nuevo siglo, acompañado de una revolución comunicativa, expectativas de acceso a la educación y de mejores condiciones de vida. La mayoría de manifestantes (trátese de jóvenes de la marginalidad o universitarios y universitarias de clase media) vivieron o supieron por sus familias de los estragos a los derechos civiles durante la “seguridad democrática” y tienen una posición antiuribista, apoyaron el plebiscito por la paz, llevan un lustro marchando y quieren hacer realidad sus derechos a través de un cambio político trascendente. Los y las jóvenes de los sectores populares saben de su congénere que intentó buscar trabajo y terminó de “falso positivo del ‘cucho’ Uribe”, que no hay trabajo para quienes vienen de algunos barrios y pueblos, que hay una marca para las personas en condición de pobreza. La muchachada de clase media vio como a sus familias se les deterioró el nivel de vida cuando desde arriba decidieron “sincerar” la economía a su costa. Han constatado que aquí las personas ricas nunca pierden y que es costumbre en los gobiernos tapar los huecos con los huesos de los que están por debajo. También se han dado cuenta del desprecio que sienten en los clubes de la “gente bien” —como ha dado en calificarse para diferenciarse de la “chusma callejera”— por los sirvientes que se les acercan, aunque muchos miembros de grupos privilegiados —y episodios de todos los días lo reiteran— han compartido alcoba con lo peor de mafia narcotraficante. De la aporofobia es muestra fehaciente la manera en que fueron insultados y atacados, en Cali y Bogotá, indígenas caucanos y jóvenes de las barricadas por parte de la Policía y de personas de barrios residenciales de estratos altos. Lo que ha sido calificado como un “estallido social” combina las formas tradicionales de protesta (marchas, movilizaciones, plantones, concentraciones), bloqueos a importantes vías urbanas y carreteras nacionales —aspecto fortalecido por la concurrencia con un cese de actividades de los camioneros— con la inédita apropiación y defensa de territorios en zonas populares de Bogotá y Cali a través de novedosas formas de organización asamblearia, los cabildos y las ollas comunitarias. Las llamadas “primeras líneas” son grupos de personas voluntarias para la contención de los ataques policiales dirigidos a dispersar las concentraciones. Como garantía del derecho a la protesta han generado una amplia solidaridad de las misiones médicas, abogados y donantes. La resignificación de lugares a través del ejercicio de renombrarlos (Puerto Resistencia, Loma de la Dignidad, Calle del Aguante, Avenida Misak),  el poderoso Monumento a la Resistencia en Cali —un colorido puño en alto de 10 metros con los rostros de los jóvenes asesinados durante las protestas—, el derribamiento de estatuas de colonizadores, políticos y hasta de “El libertador”, Simón Bolívar —en un reclamo de reescritura de nuestra historia—, los CAI policiales convertidos en bibliotecas y la exhibición de la bandera tricolor de diversas maneras para darle nuevos sentidos; todas estas realidades hacen parte y son expresión de las características del sacudón de imaginarios vivido en estas semanas. El paro es un acontecimiento cultural y comunicacional que impactó la sociedad al asociar la fiesta, la imagen, el grafito, el canto, el perfomance y los sonidos para fijar mensajes de reivindicación, reclamo, denuncia y duelo. Inéditas y valientes expresiones de comunicación popular y periodismo alternativo (Canal 2 tv, en Cali; el canal de Youtube Desigualados, en Bucaramanga; los portales La oreja roja y La cola de la rata) e iniciativas de periodistas profesionales como quienes hacen parte de 070, La vorágine, Cuestión Pública, Análisis Urbano, a los que se suma Noticias Uno, además del activismo en las redes sociales, han roto el tradicional monopolio informativo de la llamada “gran prensa” y han debelado su complicidad con el poder. Al calor de las protestas han surgido o se han dado a conocer agrupaciones culturales nacidas en las barriadas y, de nuevo, artistas de reconocimiento nacional han participado activamente dándole resonancia a las demandas populares. Tal es el caso de Adriana Lucía, Alejandro Riaño, Julián Román, Andrés Parra, Robinson Díaz, Iván Benavides, Edson Velandia, Susana Boreal, Carolina Ramírez y Carolina Guerra, entre tantos. Esta podría ser la causa del asesinato por sicarios del popular cantante negro bonaverense Junior Jein, el pasado 13 de junio en Cali. Un epílogo macabro de advertencia luego de levantarse los bloqueos mediante acuerdos con los grupos de resistencia. Intensos y agitados días en los que tras marchas y concentraciones, al caer la noche, ante los intentos del Esmad y la Policía por desalojar a las y los manifestantes de sus posiciones, se vivieron batallas campales con las primeras líneas, trincheras de jóvenes ataviados para la defensa pasiva y activa, resistiendo, respaldados por sus mamás, familias y vecinos —lo que le ha dado a esas situaciones un carácter épico ante la desproporción de fuerzas entre atacantes y atacados, en episodios de represión brutal de la fuerza pública varias veces acompañada de elementos paramilitares—. En esos puntos parecía revivirse la epopeya comunera del Paris de hace dos siglos o la efervescencia rupturista del 68. Algo ha de cambiar tras este frenesí. En una pensada artimaña de desgaste, demagogia y desprestigio, el Gobierno, repleto de “estrategas de comunicaciones” pagadas con plata de todas y todos, acompañado de algunos de los grandes medios y gremios económicos, intenta torcer el análisis del paro centrándose en los daños y efectos económicos —el vandalismo que sirve al gobierno y los medios para desprestigiar la movilización— y eludir un juicio sobre su torpe provocación con la tributaria, sus exhibiciones de evidente clasismo y su poco hábil histrionismo. Es la manera burda de negarse a interpretar y canalizar un suceso social sin precedentes y de largo aliento. Peor aún, a última hora pretende sacar ventaja de su ineptitud con todo tipo de promesas demagógicas: la matrícula cero para estratos 1,2 y 3 que negó, pero que ahora concede —sin advertir que será solo por un semestre—, la activación de los consejos de participación juvenil —instancia despreciada a la que ahora acude para tratar de contentar—, Conpes para la juventud, facilidades inauditas de vivienda, ofertas de empleo en convenio con la empresa privada, diálogos regionales para negar interlocución al Comité Nacional del Paro. Saben el gran error de haber descuidado ese potencial electoral emergente. Urgida por Uribe, corre una nueva tributaria salvavidas que “paguen los más pudientes” para garantizar ampliar el “ingreso solidario” y que compre los votos esquivos para evitar “la amenaza socialista”. Ofertas que causan extrañeza respecto a por qué no fueron planteadas antes, y que ofrecen la certeza de que hay mucha demagogia para ganar tiempo mientras los sectores dominantes zanjan diferencias y cuajan una alianza que les permita —si aun a estas alturas y con lo que ha pasado es posible— imponer correctivos a la economía a costa de las mayorías o tranzarse en una progresividad engañosa que calme los ánimos por algún tiempo. Duque, el presidente más joven de Colombia, creyó —perverso y mezquino como sus superiores— que era posible engañar a la juventud y a los sectores marginados y empobrecidos. En eso, de manera fatal, él y los suyos fracasaron. A este pueblo que se paró tan firme y sublime en estos días le corresponde liderar su destino. La democracia ofrece un camino: votar caudalosamente, lograr una victoria contundente por una propuesta progresista y alternativa en las próximas elecciones para Congreso y Presidencia de la República. La andanada contra una declaración de uno de los dirigentes del paro —conveniente y corruptamente filtrada y amplificada por los medios—, donde afirma que se trata de un movimiento político con el objetivo estratégico de derrotar al uribismo para posibilitar un nuevo rumbo, no es gratuita. La reacción pública, contraria a lo que los azuzadores de la “chuzada” esperaban, es afortunada: claro que es un paro político y su objetivo legítimo, buscar una propuesta de cambio para el país. De eso se trata.

Por: Laura Cano Periodista – Pares A la fecha, el paro nacional continúa. Muchos han sido los caminos que ha tomado la protesta social durante este tiempo; muchas las formas de organización y diversas las formas de manifestación. No obstante, a pesar de los logros que se han alcanzado gracias a las personas que han estado en las calles, (como el retiro de la reforma tributaria, la renuncia de Alberto Carrasquilla, la cancelación de la Copa América en el país, entre varios otros), la movilización social también ha dejado saldos humanos en lo que se refiere a vidas y a bienestar. A la fecha, según la campaña Defender la Libertad, en el marco del paro nacional, al menos 78 personas han sido asesinadas, 106 personas han sido víctimas de violencias basadas en género y 1.522 han resultado heridas. Todo esto desde el 28 de abril al 11 de junio de este año. Por otra parte, con el transcurrir de los días de paro, también se han pronunciado voces en contra de la movilización. Estas posiciones, en muchos casos, se sostienen en argumentos relacionados a las pérdidas económicas y, además, se basan en la garantía de algunos derechos como el relacionado al libre tránsito (el cual algunos sectores han priorizado entre sus exigencias). Hay que recordar que, el pasado 21 de mayo, el Juzgado 49 Civil Municipal de Bogotá admitió para su estudio la tutela que presentó la concejal de Bogotá, Lucía Bastidas, para que se protejan los derechos a la vida, la salud, la seguridad alimentaria y derechos colectivos como el trabajo, la movilidad y la seguridad de todas las personas que no están participando en las protestas, pero que se están viendo afectadas debido a los bloqueos realizados en el marco del paro nacional. En este sentido, se buscaba, entre otras cosas, que el Comité Nacional del Paro rechazara los bloqueos e instara al cese de estas acciones. No obstante, eso ha estado lejos de ocurrir, pues, por ejemplo, en zonas de Bogotá como el Portal de la Resistencia, o en puntos de Cali como Puerto Resistencia o la Loma de la Dignidad, se han venido conformando y fortaleciendo asambleas y espacios propios de diálogo que han venido dinamizando las realidades y actividades de estos puntos de movilización. Esto sin dejar de mencionar que formas de organización similares han venido tomando vocerías en otros lugares y espacios donde las manifestaciones se han mantenido de forma constante. A pesar de esto, ha sido el Comité Nacional del Paro el que ha participado en espacios de diálogo como el abierto recientemente con el Gobierno Nacional para llegar a acuerdos. En este espacio se ha avanzado poco e, incluso, hace unos días el Comité decidió levantarse de la mesa de negociación. Desde días atrás se venía alertando respecto a que, a pesar de que el Gobierno aseveraba que había resuelto las inquietudes planteadas por las y los manifestantes, el Comité advertía que las respuestas, soluciones y acciones planteadas en los diálogos eran insuficientes. Todo esto ha llevado al más reciente pronunciamiento que ha hecho el Comité Nacional del Paro en el día en que se cumplen 49 jornadas de protestas. Por un lado, ha insistido en que las medidas del Gobierno, tanto para atender la pandemia como para efectuar el plan de vacunación, han sido poco eficaces, lo cual ha sido un factor determinante para la propagación del virus. Por otro lado, a esto se suma que la misma poca eficacia marcado las acciones del Gobierno para dar atención al pliego de peticiones del Comité Nacional del Paro, en donde se incluye, por ejemplo, la implementación de una renta básica para las personas más vulnerables, evitando así, entre otras cosas, el gran flujo de gente en las calles. A pesar de esto, como manifestaba en rueda de prensa Francisco Maltés, directivo de la Central Unitaria de Trabajadores, «la respuesta del Gobierno a las peticiones ha sido la más brutal represión contra los ciudadanos». Quizá el punto más relevante de esta declaración del Comité Nacional del Paro sea que, dado el panorama actual, se ha decidido hacer una interrupción temporal de las movilizaciones que se venían realizado los miércoles. En este sentido, se dio a conocer que el próximo 20 de junio se llevará a cabo un concierto como parte de la conmemoración del cumplimiento de un año desde que se pasó al Gobierno el pliego de emergencia en el marco de la pandemia por covid-19. Además, el Comité afirmó que los puntos del pliego de emergencia serán pasados como proyectos de ley para ser radicados el 20 de julio en el Congreso. Con todo esto, pueden darse dos escenarios en los próximos días, así lo explica Isaac Morales, coordinador de la línea de investigación de Seguridad Ciudadana y Crimen Organizado de Pares: «por un lado, para muchos sectores, el Comité no los representa y las movilizaciones se hacen independientemente de las decisiones que tome el Comité, pero puede que otros sectores, como los profesores o sindicatos, sí hagan caso y desinflen las movilizaciones. A esto hay que sumarle que la gente de los puntos de resistencia, por ejemplo, no necesariamente responden al Comité y muy seguramente sigan movilizándose. De cualquier forma, siento que se está desinflando la movilización. Hay un nivel de desgaste, por lo que muy seguramente habrá una pausa prolongada y luego otro nuevo escenario de movilizaciones”, concluyó al respecto.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Lo que va a ocurrir a partir del 1 de julio de 2021 será la aplicación de favorabilidad para todo proceso emblemático de corrupción. Razón tenía un amigo abogado cuando me dijo: “hoy un gran abogado es un excelente relacionista, no un estudioso e implementador de la ley”. En un reportaje de la W, se entregó la noticia de que, aunque la Corte Constitucional se había pronunciado en relación a no dar más plazos, fue en 2011, por parte del procurador Ordoñez, cuando se introdujo la figura de la caducidad (más tiempo a las investigaciones). Ello en vez de exigir la celeridad en las averiguaciones y, sobre todo, en los fallos de la justicia. Y claro está que entendemos el nombramiento como procuradora de la exministra de Justicia de Duque para que alineara los astros alrededor del 2022, dando gabelas a unos y chantajeando a otros mandatarios con abrirles investigación en el marco del paro nacional. Es así como nos asombró la complicidad de la señora Cabello en relación a prescribir el caso Reficar (conociendo los nombres de los miembros de su junta directiva, se entiende) y con la máxima jurídica de que “se equivocaron, pero de buena fe”, perdiendo la nación más de 820.000 millones de dólares, ya que los proveedores privados recibieron adiciones presupuestales injustificadas de más del 69% de los valores iniciales contratados. Le corresponde entonces, ahora, el turno de las oportunidades a Odebrecht, al PAE, al cartel de la Hemofilia (del suegro de la “impoluta” Vicky Dávila), al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, a Bernardo ‘el ñoño’ Elias, a la ruta del sol, al tema de tierras cuestionadas en Cundinamarca, a las casas fiscales de la Policía en el Tolima, entre otros. Y ello porque el código general disciplinario comienza a regir a partir del 1 de julio de 2021 y archiva o prescribe más de 10 mil procesos que se encontraban en acciones disciplinarias, o que no han tenido la segunda instancia, o se hallaban en etapa preliminar, o en investigación, o en los que los casos ocurrieron antes del 1 de julio del 2016. Y la exministra Cabello, hoy procuradora, presenta el proyecto de ley al Congreso de la República para supuestamente “frenar tal despropósito”, incluyendo un mico donde la entidad se permitiría actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad. Modificando, así, lo establecido actualmente respecto a que quien está a la cabeza de la Procuraduría General de la Nación no puede desvincular a los alcaldes con fundamento en el artículo 278 numeral 1° de nuestra Constitución política. En ese mismo proyecto de ley, se pretende aumentar la burocracia con la contratación de 500 personas más en la Procuraduría. Todo lo que logró el exprocurador Carrillo fue aplazar su entrada en vigor a este 2021. Quienes se beneficiarán con la entrada en vigencia de la ley a partir del 1 de julio serán 8.198 alcaldes, 3.194 concejales, 670 gobernadores, 216 investigaciones entre diputados y ediles, entre otro tipo de funcionarios públicos. Recuerden el “ojo con el 2022”: ahí está con los favorecidos por este proyecto de ley la búsqueda de aliados y dineros para esa campaña electoral.

Por: León Valencia Director – Pares La declaración del expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, ante la Comisión de la Verdad, puede ser de la máxima importancia para la reconciliación del país por distintas razones: por la escala de responsabilidades que deja ver, por la manera en que establece un hilo histórico entre las ejecuciones extrajudiciales —tan corrientes en nuestro degradado conflicto armado— y los llamados “falsos positivos”, y por la vinculación directa que hace del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del exministro de defensa Juan Carlos Pinzón con los hechos. Es probable que desate un debate nacional. Si Uribe y Pastrana no pasan de agache —como acostumbran en estos casos— y se atreven a responder, sabremos mucho de lo que ocurrió. Esta declaración de Santos no sólo tiene consecuencias hacia el futuro, tiene unas escandalosas implicaciones en el presente e interpela de manera directa al presidente Iván Duque y a su gobierno porque involucra al máximo dirigente del Centro Democrático, a la vicepresidenta y canciller, y al anunciado embajador en Washington. La cosa es así: si Samper y Santos han concurrido a la Comisión de la Verdad a contar, a su manera, lo que ocurrió en sus mandatos, los expresidentes Pastrana y Uribe están obligados moralmente a seguir este camino. Más aun teniendo en cuenta que durante sus mandatos se produjo el 63% de todas las víctimas del conflicto armado. No pueden seguir eludiendo su responsabilidad. La vicepresidenta y actual canciller del país, Marta Lucía Ramirez, fue la Ministra de la Defensa al comienzo del primer mandato de Álvaro Uribe Vélez cuando arreciaron los falsos positivos. También está obligada moralmente a presentarse ante la Comisión de la Verdad. Esto lo debe saber la comunidad internacional. Camilo Alonso de Jesús Ospina, quien ejerció como Ministro de la Defensa entre 2003 y 2006, en el duro primer mandato de Uribe, fue quien mediante directiva presidencial oficializó estímulos y premios para las Fuerzas Militares para darle manto de legalidad a los “falsos positivos”. No sólo está obligado a ir a la Comisión de la Verdad, es su deber comparecer voluntariamente a la Justicia Especial para la Paz (JEP). Dice Santos en su declaración ante la Comisión de la Verdad: “Muy diferente la actitud de mi otro viceministro, Juan Carlos Pinzón, que jalonaba hacia el lado contrario”. Según esta versión, Pinzón quería seguir negando este fénomeno brutal; quería que continuara este delito de lesa humanidad. Esto no puede pasar desapercibido. Si, como dice Santos, Juan Carlos Pinzón tiene gran responsabilidad en el ocultamiento y promoción de los “falsos positivos”, no debería ir a Washington como embajador, sino a la Comisión de la Verdad y a la JEP a contar su verdad sobre lo ocurrido y a ponerle la cara a la justicia.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Hace algunos meses, Nancy Patricia Gutiérrez, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, afirmó que “el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes sigue siendo una práctica utilizada por los grupos ilegales, que nunca se detuvo a pesar del acuerdo alcanzado con la guerrilla de las Farc”. Lo anterior es un hecho: no solo ha quedado en evidencia en lo que fue el 2020 y en lo que ha sido del 2021, sino que, además, se ha agudizado debido a algunas restricciones a raíz de la pandemia de covid-19. Sobre lo anterior, institucionalmente también se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo. En abril, este organismo de control publicó un informe en el que señalaban varias cosas al respecto. Una de ellas era que, durante el 2020, la entidad emitió 46 alertas tempranas en las cuales se identificó el riesgo del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, especialmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander. Adicionalmente, se identificó que hay 188 municipios con alerta por este tipo de victimizaciones, es decir, cerca del 18% del territorio nacional está atravesado por esta problemática. En este sentido, hay que señalar que, durante marzo y septiembre del 2020 (meses en que se mantuvieron las medidas de aislamiento más exigentes), la Defensoría del Pueblo recibió 83 denuncias de casos de reclutamiento de menores en diferentes territorios del país. Sobre estos datos hay que anotar que el 80% de los casos reportados se presentaron en zonas rurales y que las víctimas son menores entre los 8 y los 18 años. El 33% de estas víctimas fueron menores de 14 años y un 59% fueron niños (49 casos). Además, según la información presentada por el organismo, 20 pertenecen a comunidades indígenas y 2 a comunidades afrodescendientes. Adicionalmente, en el informe se agregaba que “En el año 2021, se han emitido 5 alertas tempranas que advierten sobre riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Estas cinco alertas se concentran en los departamentos de Caquetá, Amazonas, Valle del Cauca, Norte de Santander y Vichada”. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, los grupos que amenazan a las y los menores son numerosos. Entre ellos estarían las disidencias de las Farc, el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el EPL. Además, esta victimización tendría relación con grupos como La Mafia, Los Niches, Los Cobra, Los Espartanos y La Local, así como con la llamadas Águilas Negras, Los Rastrojos, La Constru, Los Pachenca, La Oficina, El Mesa, La Oficina del Valle de Aburrá, La Unión, Las Chatas, Los Costeños, Los Pachelly, entre otros. Por otra parte, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) registró, durante el 2020, 79 eventos de vinculación por reclutamiento de niñas, niños y adolescentes que afectaron, por lo menos, a 222 menores. Esto significa, además, que hubo un aumento de 8 eventos y cerca de 22 víctimas respecto a lo registrado durante el 2019. Adicionalmente, y en concordancia con lo publicado por la Defensoría del Pueblo, según Coalico, Antioquia es el departamento en el que se registran más hechos relacionados a este tipo de victimización, pues de los 79 eventos, 18 tuvieron lugar en esta zona del país. Bajo Cauca, una zona de alto riesgo para los menores Como se mencionaba, una de las zonas donde las alarmas están constantemente encendidas es Antioquia, en especial la región del Bajo Cauca Antioqueño, ubicada en el nororiente del departamento, donde se encuentran los municipios de Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza. Por otra parte, siguiendo la información de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en su Perfil Socioeconómico de las Subregiones de Antioquia publicado en 2019, en el Bajo Cauca hay cerca de 312.331 habitantes, de los cuales, aproximadamente, el 52,7 % tiene menos de 25 años. Lo anterior es importante mencionarlo, pues justo en esta región se viene agudizando la problemática relacionada con la vinculación de niños, niñas y adolescentes a estructuras armadas. Además, esta zona es el epicentro de múltiples violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Por ejemplo, el Registro Único de Víctimas (RUV) reporta que, durante el 2020, 3.340 personas en los seis (6) municipios del Bajo Cauca fueron desplazadas. La mayoría de estos desplazamientos ocurrieron a causa de los constantes enfrentamientos que sostienen el Clan del Golfo y los Caparros. Sobre los grupos mencionados, hay que decir que han venido ganando poder en el territorio, por lo menos, desde principios de 2017 con la reconfiguración de las Estructuras Armadas Ilegales (EAI) en la subregión del Bajo Cauca. Esto ha sucedido a causa de “los espacios vacíos dejados por la guerrilla de las FARC que posibilitó el acceso y control de las cadenas productivas de las economías ilegales. Como por la desconexión entre la comandancia de las AGC en el Urabá con las franquicias que tenía negociadas con los herederos de los extintos Bloques Central Bolívar y Mineros de las AUC, representados principalmente por el Bloque Virgilio Peral Arenas (BVPA) o como se conocen ahora ‘Caparrapos’. Por último, por la entrada de un nuevo oferente en el mercado del narcotráfico en la subregión, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que rompió con la hegemonía de las AGC apoyadas por el Cartel de Sinaloa”, señalaba la investigadora Ximena Sierra en su artículo “El Bajo Cauca Antioqueño: tres años de guerra y dolor”. Justamente, el Clan del Golfo y Los Caparros son las estructuras armadas que en esta región vienen agrandando sus filas, a través del reclutamiento, con el objetivo de tener la capacidad de participar en el enfrentamiento en el que se encuentran tanto por controlar el territorio, como por las rentas mineras y por las rutas del narcotráfico. Se informaba a través del portal de Verdad Abierta que, en esta zona, los métodos empleados por estas estructuras criminales para el reclutamiento de menores son seducir, cooptar y presionar: “Estos grupos van seduciendo a los pelados con trabajos los fines de semana: se los llevan a cobrar las extorsiones o a ‘panfletiar’ por las veredas o los ponen de ‘campaneros’ para que vigilen la entrada de personas extrañas o Fuerza Pública. Les dan un pago y lo siguen vinculando hasta que el pelado se tiene que salir de estudiar para irse con ellos”, señaló un funcionario de la Defensoría del Pueblo consultado por Verdad Abierta. “Esta situación en el Bajo Cauca tiene relación con una garantía de derechos de los menores que no ha sido plena, por lo que hay una responsabilidad gubernamental en términos de la eficacia y eficiencia de las instituciones para salvaguardar a las comunidades; hay deficiencias en temas educativos, de salud, laborales, por lo que los actores armados ilegales aprovechan esta situación para amenazar, controlar y determinar el comportamiento de la comunidad. Todo esto atravesado con la persistencia de cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, lo que también confluye en todo este panorama”, expuso Julia Castellanos Medina, investigadora del Observatorio de Niñez y Conflicto de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico). Además, acentuando la situación, no hay que olvidar que el cierre de las escuelas, dadas las restricciones por la pandemia de covid-19, también ha sido otro detonante de esta problemática. Esto debido a que para muchos y muchas menores este espacio terminaba siendo un escenario de protección que, al ya no estar presente, deja a muchos niños y niñas al frente de situaciones como violencia intrafamiliar y la constante amenaza de la presencia de actores armados en esta región que habitan. “Esto supuso unos riesgos muy altos para las y los menores, quedando más vulnerables a las dinámicas de los actores armados. Que la sociedad haya estado encerrada durante este periodo, permitió que los actores tuvieran más control territorial y, además, fueran menos visibles en sus acciones. En ese periodo se dieron nuevamente reclutamientos masivos en zonas como el Bajo Cauca antioqueño, en donde efectivamente los grupos hacían uso de la seducción económica, e incluso con sustancias psicoactivas para reclutar a los menores, o, por otra parte, a través de la amenaza o la cooptación a la fuerza”, adiciona Castellanos. Las historias detrás del reclutamiento En agosto de 2020, Wilmar Román Mona, de 18 años, y Luis Mateo Quintero, de 21, vivían junto a sus familiares en la ciudad de Medellín: Mateo (el menor de la casa) junto a sus dos hermanas y su mamá, y Wilmar, por su parte, con su madre, Janeth Correa, y sus dos hermanas mayores. A pocos días de cumplir años, Mateo decidió ir a Montería. Para ello, tomó una mula que realizaba esa ruta. Mientras que Wilmar, como cuenta Janeth Correa, su madre, “se fue a visitar un amigo acá en Medellín, pero solo a visitarlo y de un momento a otro apareció en Montería sin ropa, sin nada”. Estas historias se suman a las otras tantas que durante el último año se han conocido de jóvenes que viajan en este tipo de vehículos, de donde son bajados a la fuerza y luego son llevados a integrar los grupos armados ilegales con presencia en el Bajo Cauca, zona en la que los retenes para reclutar menores se han vuelto parte del paisaje. Hay que recordar que hace tan solo un par de meses en Tarazá, Antioquia, a través de un operativo de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, se pudo realizar el rescate de dos menores de edad de 13 y 17 años reclutadas por Los Caparros. Recientemente, también se dio el rescate de uno de los ocho jóvenes que habían sido reclutados en febrero de 2021 en esta región, bajo la misma modalidad, cuando viajaban desde el Eje Cafetero hacia la Costa Atlántica. *** Sobre el caso de Mateo y Wilmar se conoce que, en efecto, los menores llegaron hasta la capital cordobesa. Ambos habrían viajado con hinchas del equipo de fútbol Atlético Nacional, quienes ya antes habían tenido contacto con los jóvenes y tenían conocimiento de que, por lo menos, Mateo iba de viaje en mula hacia Córdoba. Según comentan sus familiares, Mateo y Wilmar habían comunicado que ese 6 de agosto ya iban de regreso a casa. Sin embargo, desde ese día no se ha vuelto a tener información de ellos dos. La única información que tienen las familiares de los dos muchachos es que “ellos se apartaron del grupo cuando iban en camino”. Asimismo, se maneja la hipótesis de que hay personas que podrían estar entregando a los y las jóvenes a estas estructuras. Luego de algunos días sin tener información de ellos dos, sus familiares decidieron poner la respectiva denuncia ante la Fiscalía, en donde les tomaron el caso tipificado como desaparición forzada. “La persona que nos recibió nos dijo que posiblemente podía ser un reclutamiento, pero como no se tenían evidencias ni nada concreto tocaba dejarlos como desaparecidos”, contó Janeth Correa, la madre de Wilmar. Como explican las dos familiares, el proceso en el organismo no ha sido eficaz: nadie las llama para saber en qué va el caso y, dadas las restricciones de movilidad y las condiciones de trabajo desde casa, ha sido difícil lograr tener comunicación con funcionarios o funcionarias de la Fiscalía para insistir en que se dé información sobre la investigación. Lo anterior ha llevado a que, por ejemplo, Natalia Chavarriaga decidiera repartir volantes e incluso pensara en viajar al Bajo Cauca, donde se presume fueron reclutados los jóvenes. No obstante, como ella afirma, “muchas personas me decían que por todo lo que pasaba por allá no era bueno que yo fuera, o sea, mi vida podía correr peligro, entonces no fui, no fuimos”. “Uno manda correos y no los responden, o sea que no hay ayuda de nada. Y ellos dos también son seres humanos, también tiene derechos, nosotros estamos alzando la voz para que ellos también sean liberados igualmente como han liberado a los otros muchachos”, agrega Natalia. Como se mencionaba anteriormente, este caso se suma a otros que han ocurrido bajo una modalidad similar en la misma zona, casi siempre relacionados con el grupo Los Caparros. Por esta razón, Natalia comenta que “lo más probable es que haya un convenio con los muleros; los muleros se cansaron de que ellos se transporten en ese medio y, por eso, quizá los entregan a estos grupos. (…) Seguramente ni Mateo ni Wilmar sabían que estaban reclutando otra vez y menos bajando de las mulas en las carreteras. Si hubieran sabido seguramente no se hubiera ido”. Estas familias ya completan 9 meses en busca de sus familiares, lo que también ha significado un desgaste físico y emocional. En el caso de la mamá de Mateo, Natalia explica que ella “ha estado hospitalizada 8 veces y dos veces ha sido operada del corazón, entonces en este momento ella está sufriendo de depresión, ella ve el perrito que me dejó mi hermano, que es un golden cruzado con labrador, y ella llora. Ella ve la foto acá en la sala y llora. Se la pasa así todo el tiempo”. Janeth, por su parte, exige “que se investigue juiciosamente, que nos ayuden a ver si nos los pueden liberar porque nosotras también como mamás queremos tenerlos de nuevo en la casa”. Si bien estas son dos historias puntuales, la realidad de Natalia, Janeth y la mamá de Mateo puede estar siendo la realidad de muchas personas que esperan tener alguna información de sus hijos, hermanos, sobrinos, amigos… Por lo que, al igual que las mujeres entrevistadas por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), nos unimos a las exigencias de un seguimiento riguroso de estos hechos y, además, a que, como lo nombraba Julia Castellano de Coalico, “se busquen formas para actuar antes de los reclutamientos, para prevenir este tipo de hechos y aportar para que realmente se logre fortalecer la sociedad, las familias y las instituciones para evitar que más menores sean reclutados. Nos debería doler tanto un niño reclutado como 200. Lastimosamente en este país nos hemos acostumbrado a esta narrativa de guerra”. 2021: un panorama que no cambia Según Coalico, entre enero y el 31 de mayo de este año, se identificaron, al menos, 126 eventos de conflicto armado, de los cuales 71 implican una vulneración directa de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. En estos casos se han reportado aproximadamente 9.439 víctimas y se ha evidenciado una persistencia de la violencia armada en departamentos puntuales en donde los hechos se presentan con mayor frecuencia. Tal es el caso de: Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En particular, sobre la problemática del reclutamiento forzado, al 31 de mayo, la organización pudo verificar 23 eventos relacionados a este tipo de victimización, que han afectado a cerca de 76 niños, niñas y adolescentes. Es importante señalar que frente a esa situación todavía hay casos que están en proceso de verificación, por lo que seguramente en ese periodo los casos pueden presentar un aumento (por lo menos desde el seguimiento que hace Coalico, pues también es importante precisar que, al respecto, hasta el momento la Defensoría del Pueblo ha emitido 9 alertas tempranas, de las cuales por lo menos 6 tienen alguna relación con el reclutamiento en cerca de 15 departamentos del país). A esto se suma otra situación que debe ser especialmente atendida, pues diversas organizaciones, entre ellas Coalico, han denunciado que el reclutamiento sigue siendo otra forma en que se sigue reforzando la idea del cuerpo de las mujeres como botín de guerra: muchas de las niñas que son reclutadas, además, se ven enfrentadas a hechos de abusos sexuales. “Gran parte de las niñas que han sido víctimas de reclutamiento, puntualmente cerca de un 70% de los casos, según el seguimiento que hace Coalico, han sido víctimas de violencia sexual dentro del grupo. Esto, continuando con las dinámicas de afectación permanente a los cuerpos de las mujeres, que lastimosamente ha sido un lastre que hemos tenido históricamente. Adicional a esto, hemos podido verificar que en algunos casos las niñas son reclutadas para obligarlas a ejercer esclavitud sexual, no solo dentro del grupo, sino tambbién fuera de él”, añadió Julia Castellanos. Con todo esto, es necesario alertar sobre las victimizaciones que siguen siendo cometidas contra niños, niñas y adolescentes, quienes, además, en muchos casos, han tenido que desertar de sus entornos escolares debido a que las condiciones en las que viven no les han permitido continuar con sus procesos educativos. En este sentido, el llamado es amplio, pues además de la violencia que se vive en muchas regiones, esta problemática se está agudizando con otros factores que históricamente no han sido atendidos.