Por: Laura Juliana Barrios Colaboradora – Pares La Secretaría de Medio Ambiente de Barrancabermeja ha ejecutado rubros en compras de suministros y actividades de mantenimiento para el sistema de monitoreo de calidad del aire, a pesar de que dicho sistema no opera desde el año 2013. La Corporación Observatorio Territorial ha investigado y denunciado estas irregularidades en el manejo de la contratación en la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Barrancabermeja (RMCAB) y, al respecto, ha señalado la existencia de un ‘cartel del aire’. Barrancabermeja posee una refinería que emite, de forma constante, contaminantes atmosféricos producto de sus procesos industriales. Ante ello, se hace imperante la medición del impacto de estos agentes con el propósito de velar por la sostenibilidad ambiental y garantizar la salud pública de las y los habitantes de la ciudad. Si bien la empresa Ecopetrol posee puntos de medición de la calidad del aire, sectores de la ciudadanía manifestaron que los informes presentados no correspondían a las emisiones reales de materiales contaminantes, por lo cual, en 2009, a través del convenio de colaboración DHS N°023 de 2009, entre Ecopetrol y el municipio de Barrancabermeja, se creó la red de monitoreo por el valor de $2.999.999.999,39. Preámbulo Convenio de colaboración DHS N°023 de 2009. Existe evidencia de que el sistema funcionó desde el año 2011 al 2013 y de que, durante las administraciones de los alcaldes Elkin Bueno (2012-2015) y Darío Echeverri Serrano (2016-2019), hubo inversiones por más de 300 millones de pesos en la contratación de insumos, software y personal (OPS). Documentos Previos Convenio Secretaría Medio Ambiente – CAS 005-00461-2017. Tomado de: Corporación Observatorio Territorial. Estas contrataciones fueron infructuosas debido a que el sistema no funcionaba, constituyéndose así un mal manejo de recursos públicos. En contraste, se pudo haber invertido en la reparación y mantenimiento del sistema. Es de resaltar que las contrataciones siempre se han realizado con el mismo proveedor, SANAMBIENTE S.A.S, el cual señaló en 2016 que no fue posible cumplir con la totalidad de lo establecido en el contrato 1711-2016 debido a que, tras un análisis de las condiciones físicas de las estaciones, se concluyó que estas no eran adecuadas para instalar los repuestos. Sin embargo, se le liquidó un pago de $8.764.612 pesos por conceptos de “Realizar instalación de repuestos y calibración de equipos” y de “Informe, recomendaciones y diagnóstico del estado de la red de monitoreo”. Esto podría constituir la presunta existencia de un cartel de la contratación en torno al sistema de calidad del aire en Barrancabermeja. Acta de Suspensión N°1 Contrato 1711-2016. Tomado de: Corporación Observatorio Desarrollo Territorial. Acta Finalización Contrato 1711-2016. Tomado de: Corporación Observatorio Desarrollo Territorial. En 2017, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y la Secretaría de Medio Ambiente de Barrancabermeja firmaron un convenio interadministrativo por el valor de $458.233.082. No obstante, el acuerdo fue liquidado en 2018 puesto que la minuta del convenio fue remitida a la Universidad Nacional de Medellín para su estudio y, teniendo en cuenta que este no podía ser ejecutado por la falta de presupuesto, esta entidad advirtió problemas jurídicos con la ejecución del convenio. En abril del 2018, la emisión de catalizador (una sustancia en forma de polvillo), proveniente de la refinería de Barrancabermeja, generó incertidumbre en los habitantes del municipio, quienes denunciaron que gran parte de la ciudad fue cubierta por catalizador de forma visible. También hubo contaminación del agua en las ciénagas y ríos, y muchas personas presentaron dificultades para respirar. Ecopetrol se limitó a comunicar que la emisión del agente no fue dañina en tanto que el tipo de químico no representa mayores riesgos para la salud humana. Sin embargo, no reportó al municipio los datos generados desde sus propias estaciones de monitoreo. Además, la empresa no ha realizado declaraciones con respecto a las presuntas irregularidades en las contrataciones sobre el manejo de la calidad del aire y tampoco se ha pronunciado sobre las denuncias en la Fiscalía. En 2019, la Secretaría de Medio Ambiente firmó un contrato para un estudio de calidad del aire por un valor de $199.980.000. Sin embargo, este contrato fue suspendido debido a que debía ejecutarse en periodo seco y luego de su firma se aproximaba el periodo de lluvias. En la administración de Alfonso Eljach Manrique (2020-2022), la alcaldía ha manifestado su interés en restablecer la red de monitoreo de calidad del aire por medio del proyecto Centenario, pero todavía no ha presentado un plan de acción concreto. Actualmente, lo más probable es que el sistema sea declarado en pérdida total puesto que los equipos ya no funcionan por la falta de mantenimiento. El valor de la reparación ascendería a cifras cuantiosas. Con respecto a Ecopetrol, la Refinería de Barrancabermeja anunció que realizará inversiones por $2,7 billones a 2023, mientras tanto, sectores ciudadanos reclaman transparencia en la gestión pública y, sobre todo, medidas que aseguren la salud de los habitantes.

Por: Luis Eduardo Celis  Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares Las protestas en curso tienen un claro mensaje: hay una amplia ciudadanía que no quiere seguir viviendo en este orden de exclusiones de todo tipo. Las juventudes reclaman su derecho a la educación y a un proyecto de vida con una ciudadanía de calidad, no este presente de marginalidad que les garantiza una vida sin posibilidades de desarrollarse en sus capacidades, talentos y aportes a una sociedad que tiene tantos desafíos. Una sociedad donde los y las jóvenes no pueden acceder a una educación de calidad, es una sociedad donde se frustran sueños y anhelos de vivir de manera digna. Las protestas lideradas por jóvenes universitarios, y a las que se han unido jóvenes que no han podido acceder a una educación técnica o universitaria, han sido importantes en los últimos quince años. Han sido sostenidas y han contribuido con propuestas concretas sobre cómo se puede ampliar la educación en cobertura, pertinencia y calidad: han abierto caminos hacia la posibilidad de que la educación sea realmente un derecho universal —como lo contempla la constitución del 91— y no una mercancía a la que acceden quienes tienen cómo pagarla (tal como es la dura realidad de hoy). En las calles hay indignación; es la indignación que se ha cocinado en hambres sostenidas por un tercio de todas las familias colombianas. Esto se ha agudizado durante el desarrollo de la pandemia, pero viene de atrás: décadas de exclusiones y de un modelo de desarrollo que excluye a millones. Bien sabemos que el hambre es mala consejera y ha empujado muchas transformaciones en la historia de la humanidad. Es intolerable que fácilmente veinte millones de colombianas y colombianos, que van desde niños y niñas hasta personas mayores, se acuesten sin haber consumido lo mínimo en alimentación. En las calles y carreteras están las y los campesinos que exigen políticas que atiendan sus derechos y necesidades; están quienes que no cuentan con carreteras para sacar sus productos ni con crédito y asistencia técnica para su agricultura, seguridad y justicia; allí están millones que esperan que el Acuerdo de Paz firmado con las Farc vaya hacia delante de manera decidida y no en modo simulación y desvirtuado, o por pequeños pedazos, como lo hace avanzar el gobierno de Iván Duque. Esta indignación ciudadana y popular no va a pasar fácilmente. Hay anhelo de cambios y de respeto; está en curso una lucha entre mantener este orden de exclusiones y democracia de baja calidad o avanzar hacia un nuevo pacto social, donde la economía esté al servicio del conjunto de la sociedad y no de minorías que se lucran y acumulan de manera grotesca enormes riquezas, mientras cerca de la mitad de la sociedad languidece en la miseria y la falta de oportunidades para llevar una vida digna. Esta afrenta histórica de unas elites de poder que todo lo han concentrado está llegando a su fin. Hay una sociedad luchando por las transformaciones necesarias y ya todo el mundo está notificado: o hay cambios o esta rebelión ciudadana seguirá. El uribismo se aferra al viejo poder —el poder que está feneciendo—. De manera autoritaria y despótica, prefieren hacer correr la sangre de quienes levantan la voz a ceder en sus convicciones: para el uribismo, el país está bien y así debe seguir; todo lo que hablan de cambios son nuevas ofensas que avivan la indignación. El presidente Iván Duque no asume ninguna iniciativa de envergadura, no da pasos para escuchar el clamor ciudadano: se requiere respeto, pan, educación, posibilidades de protestar sin perder la vida o un ojo. Pero el Gobierno nada de nada respecto a estos reclamos más que justos. El uribismo es arrogante y criminal. Ya estamos notificadas y notificados: van a seguir respondiendo a la protesta con bala y nada de reformas sustanciales. Ya sabemos cómo está casada la pelea, por eso insisto y me reitero: al uribismo hay que derrotarlo en las urnas, en las mentes y corazones de una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos que queremos un orden social donde sea posible vivir en una democracia de calidad, no en esta precaria democracia, plagada de exclusiones, violencias y autoritarismo.

Por: Esteban Salazar Coordinador de Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares Recientemente se conoció que el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se lanzará a la presidencia, una vez más, en 2022. Su candidatura será por firmas y estará acompañada del equipo político conformado por los exalcaldes de Medellín y Barranquilla, Federico Gutiérrez y Alejandro Char, respectivamente. Desde hace varios meses se les ha visto en reuniones donde han consolidado una coalición que parece tener dos grandes objetivos: el primero, desmarcarse del uribismo, que se encuentra en estado crítico ante el fallido experimento con Duque en la presidencia y la caída de su máxima figura, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y, el segundo, oxigenar la competencia dentro de las opciones presidenciales en el espectro de la derecha bajo la marca de “buenos gerentes públicos”. Esto combinado con popularidad, votos y apoyo de poderosos sectores económicos del país. Este coctel político disfrazado de buenas intenciones se trata, más bien, de una auténtica Coalición Caballo de Troya para garantizar la continuidad de los viejos clanes políticos en las elecciones presidenciales de 2022; así como el reencauche del uribismo en una futura consulta interpartidista, y de los partidos políticos tradicionales con los que, incluso, gobernaron en sus respectivas alcaldías. No hace falta una autopsia política detallada para establecer que estos tres exalcaldes llegaron avalados por partidos tradicionales y apoyados por clanes políticos en las elecciones de 2015. Peñalosa llegó con la coalición Recuperemos Bogotá (avalada por el partido Cambio Radical), con la cual gobernó de la mano del Centro Democrático y de representantes del partido Conservador en el Concejo. Gutiérrez llegó por el movimiento Creemos y, durante todo su mandato, gobernó con el apoyo de los partidos tradicionales con asiento en el cabildo distrital. Y Char, quien llegó avalado por el partido Cambio Radical, reforzó el “autoricharismo” sin ninguna oposición en el Concejo. Adicionalmente, cada uno tuvo varios escándalos de conocimiento público por denuncias sobre sus gestiones, contrataciones y funcionarios. Es el caso, por ejemplo, durante la administración de Peñalosa, de los 11 alcaldes locales con investigaciones por presuntos hechos de corrupción que involucraron más de 80 mil millones de pesos1; así como el escándalo sobre los manejos irregulares del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), investigado por Pares en 20192. Para el caso de Fico, su entonces secretario de seguridad, Gustavo Villegas, fue capturado en 2017 por los delitos de concierto para delinquir y nexos con el crimen organizado debido a sus presuntas relaciones con “La Oficina” en Medellín (otrora “Oficina de Envigado”). En 2020, en primera instancia, Villegas fue inhabilitado por la Personería de Medellín para ocupar cargos públicos por los siguientes 16 años3. A pesar de esto, Gutiérrez siempre defendió su cuestionada gestión como mano derecha. Por su parte, Char es como el santo al que todos los escándalos de corrupción lo alumbran, pero ninguno lo quema. Cabe recordar las declaraciones que hizo Aida Merlano, cuando se encontraba prófuga en Venezuela, sobre el apoyo del Clan Char a su candidatura y el manejo de la contratación irregular en el Atlántico y en Barranquilla. También se desconoce el estado de las investigaciones relacionadas con la denuncia hecha por María Jimena Duzán, en 2020, sobre Guzmán Chams, quien señaló al exalcalde Alejandro Char, a la procuradora Margarita Cabello, al reconocido contratista David Name y a otros exfuncionarios y hombres de confianza del exalcalde por haber utilizado su poder e influencia en la justicia para hostigarlo y amedrentarlo. Esta presunta persecución en contra de Chams habría tenido como propósito forzarlo a retirar la denuncia que, desde 2017, presentó en contra de Char por la comisión de un acto de corrupción que podría aguarle su carrera a la presidencia4. A pesar de lo anterior, esta triada de exalcaldes plantea una apuesta importante como opción de la derecha para oxigenar su imagen y la posibilidad de llegar a la Casa de Nariño. Como punto de partida, según la última encuesta conocida antes de terminar sus periodos en 2019 —realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para CM&—, entre Peñalosa, Gutiérrez y Char, quien peor terminó su alcaldía fue el entonces alcalde de Bogotá, rozando el 40% de favorabilidad. Por otra parte, Char y Fico, a pesar de los escándalos que rodearon sus gestiones, encabezaron la encuesta con 86% y 82% de favorabilidad, respectivamente, en sus ciudades5. En la coyuntura, Antioquia es un territorio que en la actualidad se encuentra fraccionado electoralmente. Esto se ve reflejado en el impulso que ha tomado al antiuribismo desde el plebiscito en 2019, en los resultados de las elecciones locales de 2019 y, actualmente, en el paro nacional y las manifestaciones en el departamento. Un factor que juega en contra no solo de la imagen de Gutiérrez de cara al 2022, sino también de los votos de esta nueva coalición. Atlántico, por su parte, está bajo el embrujo del “autoricharismo” y, según las más recientes encuestas, tanto la alcaldía, en cabeza de Jaime Pumarejo, como la gobernación, en cabeza de Elsa Noguera (ambos herederos del Clan Char), están a la cabeza en la favorabilidad entre las y los gobernantes locales y departamentales del país. Este sería un fortín electoral indiscutible para la coalición. Aunque ambos territorios son importantes para ganar las elecciones, Bogotá sigue teniendo un peso electoral inclinado hacia gobiernos alternativos, aun cuando Peñalosa fue alcalde durante el periodo 2016-2019. Esto indica que el escenario electoral en la capital está abierto a obtener una votación significativa, pero no mayor a la de las candidaturas de otros espectros políticos. Por otro lado, este Caballo de Troya tendría una apuesta subterránea que se materializaría en las aspiraciones al Congreso. Los partidos que los han avalado previamente (como Cambio Radical) y los clanes que los apoyan cuentan con estructuras a nivel local y departamental de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y congresistas, varios de estos cuestionados, que entrarían a impulsar este proyecto político que, por ahora, no tiene el propósito de sacar una lista propia al Senado y Cámara de Representantes. En conclusión, este es un punto de partida que oxigena a la derecha, pero que sigue siendo insuficiente electoralmente, al menos, mientras terminan este teatro político para dar paso, en 2022, a una posible consulta interpartidista donde tendrán que integrar al Centro Democrático, a los partidos cristianos y a los conservadores. 1 Juan Carlos Rojas. El Tiempo. “La historia de la solicitud de renuncia a los alcaldes locales”. Abril 29 de 2017. https://www.eltiempo.com/bogota/que-hay-tras-la-solicitud-de-renuncia-a-los-alcaldes-locales-de-bogota-83064. 2 Caracol Radio. “Nuevas denuncias sobre presuntas irregularidades en IDPYBA”. Septiembre 15 de 2019. https://caracol.com.co/radio/2019/09/15/nacional/1568552706_391827.html. 3 Esneyder Gutiérrez. El Tiempo. “Sancionan con 16 años de inhabilidad a Gustavo Villegas”. https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/seguridad-en-medellin-sancionan-con-16-anos-de-inhabilidad-a-gustavo-villegas-543067. 4 María Jimena Duzán. Semana. “El rey Álex y la reina Margarita”. Octubre 5 de 2020. https://www.semana.com/opinion/articulo/el-rey-alex-y-la-reina-margarita/202000/. 5 Valora Analitik. “Así termina la imagen de alcaldes en 20 ciudades de Colombia, según el CNC”. Diciembre 19 de 2019. https://www.valoraanalitik.com/2019/12/19/asi-termina-la-imagen-de-alcaldes-en-20-ciudades-de-colombia-segun-el-cnc/. #Elecciones2022

Por: Juan Sebastián Hernández  Asistente de investigación Pares – Línea de Democracia y Gobernabilidad El partido Alianza Social Indígena (hoy partido Alianza Social Independiente) nació en 1991, en el municipio de Chaparral, Tolima. Aquel evento convocó a líderes y lideresas indígenas de departamentos como Cauca, Antioquia y Tolima que venían confluyendo en un proceso social que integraba sectores campesinos con el fin de buscar una representación étnica en la política local y nacional. Aunque el partido tuvo un origen fuertemente marcado por el componente indígena, en diferentes procesos electorales avaló a personalidades políticas que no pertenecían a estos grupos, tal como ocurrió con Antanas Mockus en el año 2000, cuando fue elegido alcalde de Bogotá, y con Sergio Fajardo en 2003, elegido alcalde de Medellín. Para las elecciones al Congreso de la República en 2006, la ASI lanzó a su candidato Jesús Enrique Piñacué Achicué por la circunscripción especial indígena. En aquellos comicios logró conseguir la curul a Senado y el partido obtuvo 43.903 votos, casi duplicando la votación del segundo partido indígena, Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), que obtuvo 21.624 votos. En 2010, el partido ASI replicó la misma estrategia y decidió lanzar una lista para conservar la curul indígena en Senado. En aquellos comicios alcanzó 27.453 votos, lo cual representó una reducción significativa con relación a la elección inmediatamente anterior, pero que aún lo mantenía como la colectividad por circunscripción indígena más votada. En 2011, a petición de integrantes de la colectividad, el Partido Alianza Social Indígena decidió cambiar el nombre por Alianza Social Independiente, avalado por el Consejo Nacional Electoral. Con la intención de ampliar el proceso de vinculación al interior del partido, el cambio de nombre buscaría integrar a más sectores de la sociedad civil con el proyecto político representado por esta colectividad que busca ser una alternativa al poder tradicional. No obstante, la estrategia para mantener la personería jurídica en 2014 fue la misma que utilizaron en las dos elecciones nacionales inmediatamente anteriores. En Senado se jugaron su carta con Marco Aníbal Avirama, quien consiguió 12.161 votos (el 35,46% del total de los votos del partido ASI). Adicionalmente, en 2014 no solo lograron conservar su personería jurídica con Avirama, sino que también lograron conseguir una curul en Cámara de Representantes, por el departamento de Guainía, con Edgar Alexander Cipriano Moreno, quien obtuvo 1.001 votos (de los 46.789 votos que obtuvo el partido en el territorio nacional). A pesar de conseguir dicha curul, en 2017 el Consejo de Estado le decretó pérdida de investidura a Cipriano Moreno. Esto luego de comprobar que el congresista incurrió en tráfico de influencias al solicitar dinero a cambio de nombramientos. Al parecer, habría feriado la dirección del SENA y del Departamento de Prosperidad Social (DPS) en el departamento de Guainía, junto con los consulados de San Fernando de Atabajo (Venezuela) y Manaos (Brasil), a tres personas de Santander. Moreno habría pedido 30 millones por los consulados y 20 millones por las direcciones. Finalmente fue reemplazado por Pablo Eladio Alba Media, quien terminó el periodo. Un partido con votación Nacional, pero sin cuadros políticos propios Desde que se creó el partido ASI, la colectividad se identificó en un espectro político de “centro” y, dado que buscaba ser una alternativa política, se distanció de alianzas con partidos tradicionales. Sin embargo, esto no impidió que en sus listas ingresaran personas con cuestionamientos e investigaciones judiciales, tal como ocurrió con Edgar Cipriano. Para las elecciones de 2018, el partido ASI formó parte de la Coalición ‘Lista de la Decencia’ (Decentes), integrada también por el partido MAIS y la Colombia Humana-Unión Patriótica. En dichos comicios, la coalición obtuvo 523.686 votos que le dieron acceso a 4 curules en Senado de la República. Las personas elegidas fueron: Gustavo Bolívar, Aída Avella, Jonatan Tamayo y Gloria Inés Flórez. Aunque el partido ASI decidió cambiar de estrategia y conseguir una curul a Senado sin ocupar la circunscripción indígena, su ficha en la lista, Jonatan Tamayo —también conocido como ‘Manguito’—, se declaró como disidente de la coalición, mostrando su afinidad con el Gobierno nacional y expresando que él representaba al partido ASI y no a la coalición por la que fue escogido. Pese a que la curul de ‘Manguito’ fue demandada por congresistas de su coalición debido a una presunta violación del régimen de inhabilidades y de conflicto de intereses, el congresista está a punto de terminar su período, respaldando en cada votación a la coalición de gobierno. Aunque conservó su curul, en diciembre de 2020 la dirección del partido ASI decidió expulsar al senador de la colectividad, por lo que en 2022, en caso de que decida volver a lanzarse, lo deberá hacer por otro partido. La experiencia con Jonatan Tamayo obligó a la dirección nacional del partido a pensar en un mecanismo que sirviera como filtro para evitar la repetición de una situación similar. En efecto, en 2020 el partido creó su propio centro de pensamiento con el propósito de definir un ideario propio y de establecer unas directrices político-ideológicas para evitar que se filtren en sus listas personas distantes con el proyecto de la colectividad. La Fundación Paz y Reconciliación conversó con Rusell Ramírez, director del Centro de Pensamiento del partido ASI, para conocer la apuesta de la organización de cara a las elecciones de 2022. Ramírez manifestó que la ASI es una organización política de “centro-izquierda”, por lo que, en las próximas elecciones, al igual que en 2018, apostarán por lanzarse en una coalición. Aún no han definido si será por el ‘Pacto Histórico’ o por la ‘Coalición de la Esperanza’, pero allí esperan obtener la votación suficiente para conservar la personería jurídica. Con respecto a la situación de ‘Manguito’ y a los mecanismos que se utilizarán en el proceso de inscripción de las precandidaturas para evitar pasar por un episodio similar, Ramírez expresó que el partido decidió realizar un proceso de preinscripción y capacitación de las personas registradas para dar a conocer los lineamientos del partido, pero también para hacer un proceso de evaluación de las hojas de vida de las y los aspirantes —que hasta el momento, y según Ramírez, son 111 en todo el territorio nacional—. Aunque no se revelaron nombres de las precandidaturas, el director del Centro de Pensamiento de la ASI expresó que, con el resultado en las elecciones locales de 2019, donde consiguieron alrededor de 1.100 corporados en todo el país, esperan aumentar su caudal electoral en las elecciones de 2022. Para cerrar, Ramírez mencionó que una de las grandes apuestas del partido es incentivar la participación de las mujeres, dando cumplimiento a la ley de paridad, la cual “establece que las listas donde se elijan cinco o más curules para corporaciones de elección popular, sean conformadas como mínimo en un 50% por mujeres; mientras que, en las listas de menos de cinco curules, el porcentaje es como mínimo del 30%”. Como se mencionó anteriormente, ASI no tiene grandes cuadros políticos que figuren en el panorama nacional o local; por el contrario, es una colectividad que se ha dedicado a mantener su personería jurídica a través de la entrega de avales, apostando desde 2006 hasta 2014 a que sus principales candidatos ocupen la curul indígena en el Congreso. Aunque en 2006 su senador representó el 55,11% del total de los votos, en 2010 el 23,19% y en 2014 el 35,46%, sus vocerías no hicieron eco en el Senado y su caudal electoral se mantuvo entre los 27.000 y 44.000 votos (suficientes para mantener la personería jurídica y recoger los réditos en las elecciones locales). Gráfico no. 1 Por lo tanto, en 2018 se vio que, al renunciar a su aspiración a la curul indígena, la alternativa para conservar su curul en Senado fue integrarse a la lista de ‘Decentes’ debido a que, con las votaciones obtenidas en 2018, la tendencia en el número de votos que venía obteniendo el partido no habría sido suficiente para conservar la personería jurídica. Aunque resulta difícil calcular cuántos votos aportó el partido en las elecciones de 2018, Jonatan Tamayo —que fue el tercer senador más votado de la lista— tan solo obtuvo 14.885 votos, es decir el 2,84% del total de la lista, viéndose beneficiado por la votación obtenida por Gustavo Bolívar. Gráfica no. 2 Finalmente, la estrategia reciente de ASI (sumarse a una coalición alternativa para seguir sobreviviendo en la política nacional) seguirá siendo el mecanismo que más les beneficie para seguir entregando avales en las elecciones locales. Y, en ese sentido, la única forma de alcanzar independencia —si es lo que se quiere— será fortaleciendo sus bases electorales y trabajando en cuadros políticos que representen el ideario del partido.

Por: Fredy Chaverra  Politólogo, asesor y consultor. Actualmente se desempeña como investigador y profesor universitario. Viene haciendo trámite en el Congreso una de las leyes más importantes en la historia del agro colombiano: se trata de un proyecto de ley estatutaria que busca crear e instalar en la jurisdicción ordinaria la especialidad rural y agraria. Esto con el fin de administrar justicia en los territorios más afectados por la violencia en relación a la conflictividad sobre la posesión y utilidad de la tierra. Así, se busca saldar una deuda histórica que data del periodo de la revolución en marcha (1936) y que ha tenido desarrollos normativos desiguales en las últimas décadas. Además, es una de las principales promesas de la Reforma Rural Integral (punto 1 del Acuerdo de Paz) y es considerado como un proyecto prioritario en la ruta de implementación. Paradójicamente, es de autoría del Gobierno y ha sido apoyado por las bancadas alternativas. A pesar de ese respaldo, si este proyecto de ley no es aprobado antes del 20 de junio, pasará a los anaqueles de las promesas incumplidas. ¿Por qué una especialidad agraria? En La Habana se acordó la posibilidad de diseñar un modelo de justicia, con enfoque territorial y diferencial, articulado a los principales ejes de la reforma rural: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los Planes Nacionales y el Fondo de Tierras. La figura adoptada fue la de una jurisdicción agraria. Sin embargo, debido a la complejidad procedimental y a los enormes costos que implicaría agregarle a la justicia ordinaria otra jurisdicción permanente (la JEP sí es de carácter transicional), el gobierno Santos decidió promover una especialidad que desde la justicia local llegara a la Corte Suprema de Justicia. Tras esa decisión, se diseñó un proyecto de ley (de naturaleza estatutaria porque se relaciona con la administración de justicia) que infortunadamente no transcendió en el Congreso y se archivó sin un primer debate. El gobierno Duque se ha interesado por impulsar algunos componentes de la reforma rural, aunque con énfasis particulares (como el cambio en la visión del PDET) y ocasionalmente en contravía del Acuerdo (bajo una metodología de simulación identificada por el Centro de Pensamiento y Diálogo Político). En ese sentido, el 20 de julio de 2020 radicó un nuevo proyecto de ley con 135 artículos sobre la especialidad rural y agraria. Ese si transcendió en el Congreso y solo le faltan dos debates en plenarias de Cámara y Senado para convertirse en realidad. ¿Qué contiene el proyecto en discusión? En pocas palabras, se fundamenta en la creación de jueces especiales para resolver las conflictividades alrededor de la tierra. Lo anterior, priorizando los municipios más afectados por la violencia y el abandono estatal (territorios PDET). Se contempla la posibilidad de que los despachos sean itinerantes (podrán ejercer sus funciones de manera móvil en todo el territorio nacional), tengan cercanía a las comunidades y estén integrados por un conciliador adjunto. Asimismo, este proyecto de ley privilegia el uso de los métodos de resolución de conflictos y establece la figura del facilitador: una lideresa o un líder social que tendrá formación para orientar al resto de su comunidad en los mecanismos de acceso a la justicia o de resolución de controversias. Sin duda, su aprobación representaría un gran avance en la implementación del Acuerdo de Paz y una impresionante ventana de oportunidad para miles de comunidades sin acceso a la justicia y con serios problemas en relación con la tierra. El proyecto ha encontrado resistencia entre algunos sectores del uribismo y del conservatismo. Su mayor opositora en la Comisión Primera del Senado fue María Fernanda Cabal. Según la senadora, la ley resultaría innecesaria por su “altísimo costo” y porque “las justicia sobre la tierra ya está cubierta”. Su oposición resulta curiosa (una constante cuando se toca el tema de tierras) ya que el proyecto fue radicado por el Gobierno en cabeza del Ministerio de Justicia. Para resolver algunas inquietudes, se ha precisado que la ley no asume competencias en temas de restitución de tierras y que solo se aplicará a las demandas instauradas con posteridad a su entrada en vigencia (tras la revisión única y automática por parte de la Corte Constitucional). Afortunadamente, el proyecto fue aprobado en sus dos primeros debates y solo le restan otros dos en las plenarias de las cámaras, pero el tiempo apremia y está en riesgo de hundirse. ¿Por qué se podría hundir? En la jerarquía normativa las leyes estatutarias solo están por debajo de la Constitución. Son el tipo de leyes más difíciles de tramitar debido a la naturaleza de su procedimiento, que exige: mayorías absolutas, contenidos específicos y un trámite en una sola legislatura (dos periodos consecutivos). Es este último punto el que tiene al proyecto de ley de especialidad rural y agraria en la cuerda floja, ya que, si no es discutido y aprobado en las próximas tres semanas por una amplia mayoría de representantes y senadores en sesiones plenarias, se hundiría y se tendría que empezar nuevamente, desde cero. La ventaja es que se trata de una iniciativa del Gobierno que cuenta con el apoyo de diferentes partidos (opositores y de la coalición gobiernista) y que en junio el Congreso usualmente sesiona con mucha “intensidad”. De cualquier forma, debemos estar alertas y exigir que sea aprobado este proyecto de ley. Así lo esperan millones de campesinos y campesinas en los territorios más azotados por el conflicto. Nadie duda de que la tierra ha sido el mayor generador de conflicto social y que empezar a regular esas conflictividades es una deuda histórica que se debe saldar de una vez.

Por: Laura Cano Periodista – Pares Se acerca el momento de conocer quién subirá a la presidencia de Perú, en una contienda que ha puesto a las y los ciudadanos del país vecino a votar entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. En un panorama general, estas elecciones pusieron sobre la mesa una decisión entre, por un lado, una candidata del partido derechista Fuerza Popular (Keiko Fujimori) y, por otra parte, un candidato de izquierda, del partido Perú Libre (Pedro Castillo). Esto luego de que en una primera vuelta Castillo obtuviera 2.724.752 votos y Fujimori 1.930.762. En aquellas elecciones, realizadas el pasado 11 de abril, participaron 14.400.630 de personas. El pasado domingo 6 de junio se realizó la segunda vuelta. A la fecha (9 de junio), según el último boletín de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú (ONPE), el candidato del Partido Político Nacional Perú Libre, Pedro Castillo, va a la cabeza con 8.744.066 votos, es decir, el 50.19%; mientras que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha recibido 8.676.855 votos, lo que representa el 49.79%. El porcentaje de actas contabilizadas es del 98.49%. Aunque la diferencia es muy poca, todos los análisis parecieran indicar que quien llegará a la presidencia será Pedro Castillo, quien es profesor de primaria desde 1995 y ha sido un importante líder magisterial. Durante la campaña presidencial ha sabido ganar un importante apoyo especialmente en las zonas rurales de su país. Hay que recordar que Castillo llegó a ganar notoriedad luego de que, en 2017, dirigiera por 75 días una huelga de profesores y profesoras que exigían mejores salarios. Tras esto, en 2020 se conoció que Castillo sería el candidato presidencial por el partido Perú Libre luego que Vladimir Cerrón, quien iba en representación de ese partido, fuera inhabilitado y condenado a prisión por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo, pues para ese momento era gobernador suspendido de la región Junín. Las principales propuestas del candidato (hoy posible ganador) están relacionadas con una transformación del modelo económico peruano, con la creación de una nueva Constitución Política a través de una asamblea constituyente y, entre otros puntos, con la nacionalización de sectores estratégicos como el minero, gasífero y petrolero. Castillo también ha planteado aumentar el presupuesto para la agricultura y la educación, así como suprimir el sistema actual de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Además, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de reformular los tratados internacionales de Perú y Estados Unidos. No obstante, uno de los cuestionamientos puntuales a Castillo tiene que ver con sus posturas políticas respecto a temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos, así como con los relacionados a la orientación sexual. Explica Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, que este panorama evidencia que “Castillo tiene una génesis de izquierda campesina y rural. Evoca una izquierda que busca nacionalizar las industrias extractivas, que quiere convocar una constituyente y que, ante la ausencia de apoyo en el Congreso, alcanzó a insinuar la posibilidad de cerrarlo. Es una apuesta muy populista que juega con el progresismo económico, pero que tiene un talante conservador en lo que se refiere a derechos civiles y sexuales”. En este sentido, es necesario traer a colación que, durante los últimos años, en Perú se ha agudizado la violencia contra personas LGBT. Incluso en 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que “existe un contexto de violencia institucional y estructural contra las personas LGBT”. Siguiendo lo anterior, en el “Informe Trinacional: Litigio Estratégico de casos de violencia por prejuicio por orientación sexual, identidad y expresión de género en Colombia, Perú y Honduras”, a partir de la información de PROMSEX y de la Red Peruana TLGB, se afirma que “entre 2008 y 2016 se registraron 99 asesinatos de personas LGBT por causa de su orientación sexual y/o identidad de género (62 gays, 4 lesbianas, 1 bisexual, 31 mujeres trans y 1 hombre trans). Solo en doce meses (enero a diciembre de 2016), se registraron 416 casos de vulneraciones de derechos de personas LGBT en el Perú, según el Informe Anual del Observatorio de Derechos LGBT 2016 (CIISSS, 2017). Según este reporte, la población más afectada por las vulneraciones fue la trans femenina (191 casos)”. En este escenario, una de las tareas principales de Castillo parecería ser, por ejemplo, darle seguimiento y cumplimiento al Decreto Legislativo N° 1323 que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, así como velar por promover que todos los espacios, especialmente escuelas y/o centros de salud, estén libres de violencias contra esta población. Asimismo, debería estar en su radar la necesidad de dar garantía y buscar la eficacia de lineamientos como la Norma técnica de salud de atención integral de la población trans femenina para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y demás políticas públicas con implicaciones en demandas sociales relacionadas a este tema. Por otra parte, esta victoria de Castillo podría representar un espaldarazo a los líderes y lideresas que promueven los derechos al territorio, al medio ambiente y al acceso a la tierra, pues otra de las problemáticas más acentuadas en Perú está siendo el hostigamiento y persecución contra quienes realizan estas labores. Vale la pena recordar que, por ejemplo, la Amazonía peruana se ha vuelto un epicentro de esta situación de vulneración de derechos a líderes y lideresas sociales. Por mencionar un caso, en marzo del presente año fue asesinada Estela Casanto, una mujer de 55 años de la etnia asháninka, fundadora de la comunidad nativa Shankivironi, quien se convirtió en la séptima víctima mortal en menos de un año por enfrentar el tráfico de droga y la deforestación en su región. Adicionalmente, antes de conocerse sobre este homicidio, ya se había denunciado que Herasmo García, de la comunidad nativa Sinchi Roca, y Yenes Ríos, de las comunidades Puerto Nuevo, también habían sido víctimas de homicidio. Como se explicaba a través de el diario El País, “(…) en el centro de esta violencia están cuestiones estructurales que el Estado peruano no ha resuelto, relacionadas principalmente con el modelo extractivista por el que ha apostado el país, así como con la minería y la tala ilegales, el tráfico de tierras o el narcotráfico. Esta situación se agrava al no existir la debida seguridad jurídica de las tierras de los pueblos indígenas, como es el caso de la titulación de comunidades pertenecientes al pueblo Kakataibo, que resiste ante la amenaza permanente de invasión de sus tierras”. Respecto a esta realidad, la fundación InSight Crime reportó que desde el 2013 al 2020 han sido asesinadas y asesinados 20 activistas medioambientales. Por último, es necesario mencionar que, adicionalmente a este panorama, la elección de Castillo también tiene otras particularidades. Una de las más importantes, sin duda, está relacionada con los obstáculos que hallará para desarrollar sus planes de gobierno, pues como lo explica Salazar, “Pedro Castillo tiene un problema grave de gobernabilidad: no tiene mayorías en el Congreso, el cual, de hecho, está altamente fragmentado y dividido, con una leve mayoría de la derecha que apoyaba a Keiko, pero que está cuestionada por lavado de activos y hechos de corrupción. Y, en ese sentido, un presidente que llegue con una baja gobernabilidad, con un electorado fraccionado y un mandato popular tan dividido, puede llegar a emular prácticas de persecución y reestructuración institucional unilaterales”. Así las cosas, y con la prácticamente confirmada victoria de Castillo, se esperaría a ver cuál es la gestión del mandatario, que si bien llega con puntos a favor y propuestas por las que la ciudadanía peruana se inclinó, también llega con diversos panoramas apremiantes y urgentes sobre los que debe saber actuar.

Por: Isaac Morales  Coordinador Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado – Pares La reforma policial ha sido un tema que ha estado en boga desde hace un buen tiempo. Si se trata de establecer un punto de referencia reciente, podríamos hablar de las manifestaciones que se dieron en el marco del 21N de 2019, en las que además fue asesinado Dilan Cruz debido a una actuación indebida por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional. La pandemia del covid-19 frenó las movilizaciones y, asimismo, la idea de una reforma policial; tanto así que proyectos de ley propuestos quedaron congelados en el Congreso Virtual. Sin embargo, esta exigencia de reformar la Policía revivió nuevamente, en septiembre de 2020, cuando miembros de esa institución protagonizaron un hecho aberrante al quitarle la vida a Javier Ordoñez en la ciudad de Bogotá. Las manifestaciones y la respuesta que la institucionalidad dio a estos episodios acentuaron la idea de plantear una reforma urgente. Pese a todo, ha sido con el paro nacional iniciado el pasado 28 de abril que la exigencia de una reforma real a la Policía ha tomado mayor protagonismo entre las exigencias de la ciudadanía (que lleva más de un mes en las calles expresando su descontento con el gobierno Duque). Ahora bien, parece que con la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia —que viene con el propósito de verificar la situación de violaciones a derechos humanos y las actuaciones indebidas por parte del Estado— el Presidente Duque decide anunciar vehementemente una “reestructuración” a la Policía Nacional y una modernización al Ministerio de Defensa con base en, al menos, 10 puntos clave: La creación de una Dirección de Derechos Humanos al interior de la Policía para que aborde de forma trasversal la prevención, protección y respeto por los derechos humanos. La redacción de un nuevo Estatuto Disciplinario que busca reestructurar la Inspección General y definir mecanismos de supervisión y control al servicio de Policía. Promover la profesionalización y el desarrollo policial a través de la creación de un nuevo centro de estándares al más alto nivel policial que busca el desarrollo integral de las y los uniformados en su formación y capacitación. La definición de una serie de criterios para el uso legitimo de la fuerza por parte de uniformados y uniformadas a partir de la incorporación estándares internacionales. Promover espacios de participación ciudadana para la transformación integral. Incorporar el uso de tecnología que ofrezca mayor efectividad frente al delito. Esto implica el uso de body cams, drones y el fortalecimiento de los sistemas de cámaras de vigilancia. Un nuevo modelo de vigilancia comunitaria que facilite el relacionamiento con la ciudadanía. La creación de un nuevo viceministerio de seguridad ciudadana y el cambio de nombre del Ministerio de Defensa. El mejoramiento de las condiciones de carrera y el reconocimiento a la trayectoria de las y los integrantes de la Policía Nacional. La implementación de un nuevo uniforme para la Policía Nacional. Sin duda, son puntos que se deben considerar al momento de promover una reforma policial que tanto se ha exigido, reconociendo que varios de ellos ya han venido siendo abordados al interior de la Policía Nacional dentro del proceso de Modernización y Transformación Institucional que desarrolla de unos años para acá. Sin embargo, al momento de hablar de una verdadera reforma policial, se deben considerar aspectos de cambio estructural más allá de la definición de nuevos componentes que no necesariamente llegan a representar un cambio real. También es necesario hacer una precisión que permita comprender la necesidad una reforma policial estructural: la Policía Nacional de Colombia es una policía sui generis. Debido al contexto de violencia que ha vivido el país, se puede decir que es una fuerza policial militarizada. Es decir, aunque según la constitución su naturaleza es de carácter civil, hoy en día asume funciones de fuerza militar en determinados contextos y esto es determinante para comprender su actuar y hacia dónde debería apuntar su transformación. Con relación a las declaraciones del presidente Duque sobre la propuesta de modernización y transformación de la Policía Nacional, es evidente que no existe una real intención de cambio estructural al interior de la institución. Por esta razón me gustaría hacer, en primer lugar, una serie de comentarios frente a los puntos propuestos por el Gobierno y, posteriormente, exponer algunas propuestas que deben ser analizadas en profundidad, pero que pueden ayudar a constituir una reforma policial real. La creación de una Dirección de Derechos Humanos al interior de la Policía puede funcionar, como un primer paso, para poner en el centro de las actuaciones policiales la prevalencia y el respeto por los derechos humanos (definido por la normativa nacional y los referentes internacionales). Sin embargo, si no se fortalece este componente en los procesos de formación policial, más allá de cursos complementarios con poca intensidad no se logrará nada. Aunque es necesario actualizar el estatuto disciplinario, este debe estar acompañado de mecanismos concretos de supervisión y control (que aún no se conocen) que, efectivamente, prevengan la violación a los derechos humanos en el marco de la acción policial. Dicha supervisión puede ser desarrollada por agentes externos o asesores jurídicos que, de manera imparcial, evalúen el proceder de las y los integrantes de la Policía. Antes de hablar de un nuevo centro de formación policial, o del cambio de nombre a la Dirección Nacional de Escuelas (DINAE) por el de Dirección Nacional de Educación (algo así como una “universidad para la policía”, como se ha planteado), se debe revisar el papel de la DINAE y el Proyecto Educativo Institucional con el propósito de reorientarlo a las necesidades del nuevo contexto de actuación policial (centrado en pilares fundamentales de la prestación del servicio de policía entendido como un servicio público holístico e integrador). De hecho, actualmente existen resoluciones, manuales e instructivos para el uso proporcional y legitimo de la fuerza al interior de la Policía Nacional. Sin embargo, estos deben ser revisados y apropiados al momento de iniciar cualquier actuación de miembros de la Policía. En este aspecto también se debe considerar el acompañamiento de asesores jurídicos, por ejemplo, cuando se trate de intervenciones por parte del Esmad. Promover la participación ciudadana y, sobre todo, de organizaciones de la sociedad civil que hacen seguimiento y evaluación a procedimientos policiales debe ser fundamental no solo en el ámbito de la escucha, sino en la definición concreta de acciones que permitan cambios estructurales. La visión de terceros puede contribuir a este fin. El uso de tecnologías es fundamental para la modernización de la Policía, sin embargo, estas deben ser utilizadas como promoción de la transparencia y la efectividad del actuar policial, no como una herramienta de persecución ni satanización de acciones legitimas como la manifestación social. Su óptimo uso es fundamental. La actualización del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante (MNVCC) es totalmente necesaria en la medida en que se debe unificar el concepto de “cuadrante” y definir procedimientos en el marco del servicio de vigilancia. Sin embargo, este ha estado en un proceso de actualización desde hace un par de años de la mano del DNP y asesores externos. Lo que no se entiende es por qué no se ha llevado a un buen fin. La creación de un nuevo viceministerio de política de defensa y seguridad ciudadana no resuelve nada: los asuntos de seguridad ciudadana y convivencia deben ser tratados de manera independiente y con un carácter civil más que como problemas de seguridad nacional. Por ello, eventualmente se debe considerar la creación de un nuevo ministerio de seguridad ciudadana que integre las funciones de la Policía Nacional y otras entidades como la Defensa Civil. Dignificar la función policial es fundamental para lograr un servicio de calidad, sobre todo centrándose en las bases de la institución, donde muchas veces las y los integrantes son obligados a cumplir turnos extenuantes y con poca remuneración. El cambio de uniforme es realmente innecesario. Más allá de ser un simple cambio de imagen en términos estéticos, no significa cambios de fondo en el manejo de conductas y actuaciones en el marco del servicio. Ahora bien, para plantearse una reforma policial es preciso entender que esto representa un proceso de mediano y largo plazo. Realmente no creo que cambios sustanciales se puedan dar de un día para otro, pero se deben empezar a considerar aspectos fundamentales que permitan hablar de una transformación real al interior de la institución policial. Para ello, me permito presentar cinco puntos clave de los cuales se pueda partir para dar inicio a dicha transformación. Además de hacer una reestructuración a la Inspección General, esta debe excluirse de la Policía y considerarse como una suerte de organismo de control externo compuesto por juristas y asesores externos que de manera imparcial y objetiva realicen seguimiento, control e investigaciones frente a casos de abuso y violencia policial. Mantener la Inspección General dentro de la estructura de la institución, debajo de la Dirección General, puede generar conflictos de intereses y poner en riesgo su imparcialidad. De la mano con esta propuesta, se puede considerar lo sugerido por varias voces expertas en el tema en relación con la necesidad de excluir a la Policía Nacional del sistema de la Justicia Penal Militar y que los procesos pasen a ser juzgados por la justicia ordinaria. Esto puede traer pros y contras en relación a la congestión del sistema de justicia y a los tiempos de las decisiones, pero puede traer como resultado investigaciones menos sesgadas. Este punto debe analizarse con especial cuidado. La ampliación del proceso de formación policial. Actualmente, la mayor parte de integrantes de la institución, del nivel ejecutivo, se forman como Técnicos Profesionales en Servicio de Policía. Esto corresponda a cerca de un 80% del total de funcionarios, quienes pueden entrar a cumplir cualquier actividad básica del servicio (Vigilancia, Esmad, Protección, por poner un ejemplo). Esta formación, además de ser muy corta (ya que consiste en una serie de cursos con una duración de un año), no necesariamente responde a las necesidades que la sociedad colombiana puede exigir a un policía. Adicionalmente al proceso de formación, se realizan cursos de capacitación en unos plazos muy extensos solo cuando se busca un ascenso. Por ello, es preciso incluir procesos anuales de formación en materia de procedimientos policiales y derechos humanos. Contar con un equipo de personas en capacidad de ofrecer asesorías jurídicas operacionales y que acompañe las intervenciones de la Policía Nacional, por ejemplo, en el control de multitudes y manifestaciones. Liberar a la Policía Nacional de funciones que por su naturaleza no le corresponden como, por ejemplo, actividades de erradicación de cultivos ilícitos (que debería ser una tarea del Ejército), las funciones de Transito y Transporte (que, de hecho, la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana sugiere que se deleguen a las autoridades locales) o tareas de protección que deberían estar a cargo de la Unidad Nacional de Protección. Esto permitiría que las labores de vigilancia, control y patrullaje puedan contar con mayor cantidad de efectivos en las calles, ya que es de las mayores exigencias de las autoridades civiles. En definitiva, plantear cambios estéticos y superficiales no responde a la necesidad de consolidar una transformación radical al interior de la Policía. Los cambios deben darse desde su estructura orgánica y deben empezar, por ejemplo, por concebir a cada integrante de la Policía como una o un funcionario público que debe formarse y capacitarse, y a quien se le deben brindar garantías dignas de trabajo. Esto se hace indispensable principalmente cuando se debe apuntar a un proceso de cambio en la mentalidad de quienes hacen parte de esta institución. Y, a su vez, este es un objetivo alcanzable únicamente en la medida en que existan procesos de acompañamiento psicológico y de formación constante. Asimismo, la reforma debe orientarse a desligar a la Policía de su vocación militarista y debe permitir pensarla como una institución que trabaja en pro de la convivencia y la seguridad ciudadana, tal como es la naturaleza de las instituciones policiales. Los cinco puntos que he sugerido son solo una primera aproximación a lo que debería apuntarle el proceso necesario de reforma policial.

Por: Laura Cano   Periodista – Pares Este domingo aterrizó en territorio colombiano el equipo de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encabezado por la presidenta de la comisión, Antonia Urrejola; los comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón; la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi; la secretaria ejecutiva adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación, María Claudia Pulido; el relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca; y personas del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva, quienes estarán en el país escuchando a diversos sectores sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las casi 6 semanas que han pasado desde que se retomó, este año, el paro nacional. La Comisión planea documentar las denuncias, en estos términos, tanto por parte de víctimas de excesos así como de sus familiares. Adicionalmente, se escuchará a diversos sectores políticos, de la sociedad civil, sindicatos y gremios, quienes exigían esta visita a pesar de la negativa que hubo por parte del Gobierno nacional, el cual hace algunos días terminó cediendo bajo las condiciones de priorizar el trabajo de los órganos de control del país. Asimismo, la Comisión ha manifestado que en estos encuentros se reunirán con autoridades gubernamentales de la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Hay que recordar que la CIDH estará en las ciudades de Bogotá y Cali, en donde se harán las tomas de testimonios de manera presencial (se dispondrán cupos reducidos y solo se recibirá personalmente a quienes se hayan registrado y recibido un mensaje de confirmación con fecha, hora y lugar). Sin embargo, es necesario mencionar que el organismo también permitirá en estos días la solicitud de reuniones virtuales para también recibir testimonios de esta manera. Para este martes se tiene previsto que el organismo se reúna con algunos ministerios, así como con la Policía Nacional y Metropolitana. En la agenda, para hoy, también se tiene previsto escuchar a algunas organizaciones de la sociedad civil, con un enfoque especial en asuntos relacionados con asesinatos, violencia institucional y violencia de género. Además, se tiene programada una reunión con la Comisión de la Verdad. Esto, mientras que en Cali habrá reuniones con representantes del Concejo Municipal de la ciudad, con representantes de Medicina Legal del Valle del Cauca, con la Comisión de la Verdad y con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. A su vez, también se quiere abordar el tema de violencia con enfoques diferenciales, como el étnico- racial, desde el cual se quiere analizar, entre otras cosas, lo que ha venido pasando con la Minga Indígena. A esto se suma que se evaluarán las agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en medio de la protesta social, así como las vulneraciones contra periodistas y contra las unidades médicas de atención a personas heridas en las manifestaciones. Al respecto, vale la pena mencionar que, por ejemplo, Temblores ONG reportó que al 31 de mayo, en el marco del paro nacional, se habían presentado 3.789 casos de violencia policial, de los cuales 1.248 tienen relación con violencia física cometida presentamente por uniformados, 45 con violencia homicida, 1.649 con detenciones arbitrarias, 65 con agresiones oculares, 187 con disparos con arma de fuego y 25 con violencia sexual. Por otra parte, la campaña Defender la Libertad informa que, al 02 de junio, 76 personas habían sido asesinadas durante las jornadas de protestas, 87 fueron víctimas de violencias de género, 988 quedaron heridas y que, además, a esa fecha se habían recibido 1.273 denuncias por abuso de poder policial. Por otra parte, y teniendo en cuenta que durante estas reuniones de la CIDH también habrá presencia de periodistas, vale la pena traer a colación que según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), durante lo que va de paro nacional, en contra de periodistas se han cometido 90 agresiones físicas, 43 amenazas, 20 obstrucciones a su trabajo, 14 acciones arbitrarias de redes sociales, 14 robos y eliminaciones de material, 11 hostigamientos, 9 detenciones ilegales y 7 negaciones al derecho a la información. En este sentido, vale la pena reseñar que en el mes pasado se denunciaron agresiones en contra de los periodistas Juan Ortega, Óscar Solarte y Kevin Acosta mientras cubrían las manifestaciones en Popayán el pasado 12 de mayo. Uno de ellos, Acosta, “fue fuertemente atacado por miembros de la Policía, mientras que Ortega y Solarte fueron agredidos por personas encapuchadas que participaban de la manifestación”, informó la Flip. Mientras que el mismo organismo también había alertado sobre la situación de los periodistas José Alberto Tejada y Jhonatan Buitrago, del medio de comunicación Canal 2 de Cali, contra quienes agentes del Esmad habrían disparado y, también, quienes en ejercicio laboral han sido víctimas de amenazas y hostigamientos. En este sentido, es importante mencionar que en la mesa en la que participarán cerca de 15 periodistas, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) se verá representada a través de Ariel Ávila, subdirector académico, y quien además ha venido acompañando a las y los manifestantes en las calles, así como analizando la situación por la que pasa el país socialmente y, en especial, en materia de vulneración a los derechos humanos. Por último, y en un panorama general, vale la pena mencionar que, como nombraba Isaac Morales, coordinador de la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado de Pares, respecto a la visita de la CIDH, “saldrá un informe de la Comisión sobre la situación que ha vivido el país desde el 28 de abril. Además, podría darse una verificación de lo que el Gobierno no ha querido aceptar, ni dar respuesta. De ahí también puede surgir un llamado internacional para que otros países se sumen al llamado al Gobierno colombiano frente a la atención a la crisis que se ha dado en el marco de la movilización social”.

Por: Walter Aldana  Político social alternativo En la prehistoria surgieron civilizaciones para el relacionamiento de las personas, la ciudad, el Estado y el mercado: las tres varitas mágicas que, en unión con la tecnología y la escritura, permitieron el avance estos componentes de una coexistencia pacífica. Y fue la agricultura (no el extractivismo de los recursos naturales) lo que dinamizo lo que hoy se conoce como “desarrollo”. Para nuestra hermosa América, los mayas se congregaron alrededor del centro ceremonial, pero nunca fueron un solo Estado. Se constituyeron en teocracias militares diversas, es decir que solo la descentralización permitía dar salida a las problemáticas caracterizadas como regionales. En contravía a las lecciones de la historia, el Gobierno nacional pretende, con disciplina de perros, alinear todos los pensamientos disimiles de mandatarios y mandatarias de gobernaciones y alcaldías en relación al manejo del orden público. Mientras el poder central (que administra 2.600 metros más cerca de las estrellas y alejado de lo que pasa en las regiones) pretende, por ejemplo, levantar los bloqueos de vías a partir del uso de la fuerza bruta y las balas —combinándose presuntamente para tal fin Policía y “paraestados” civiles—, algunos mandatarios y mandatarias locales se la juegan por el dialogo y la constitución de mesas de concertación. Por ello, llama la atención la expedición del decreto número 575 del 28 de mayo de 2021, denominado de “asistencia militar” y dado a conocer a altas horas de la noche (como cualquier acción de pillaje tras las sombras que esconden a lo ilegal). El zarpazo a la autonomía de las autoridades locales se produce desconociendo su carácter de funcionarios y funcionarias elegidas por votación popular. Pero, en fin, la discusión no es jurídica. La apuesta es centralmente política: corresponde a la realidad de lo que es, para la historia, el legado de los romanos sobre el gobierno en su experiencia desde la monarquía, la república, el principado y el dominado. El uribismo, con su representante en el palacio de Nariño, ha determinado apostar por la monarquía (legisla en pandemia, arrodilla a las altas cortes de la justicia, coloca a trabajar supeditados al ejecutivo a los órganos de control, cambia leyes por mermelada y regala, vía rebaja de impuestos, 15 billones de pesos a la gran industria en la reforma tributaria del 2019). Como será de vergonzoso el atraco al pueblo que los gremios le piden reversar esa medida. El proceso de descentralización administrativa y la elección popular de alcaldes y alcaldesas (acto legislativo primero de 1986) reconoció que la unidad nacional no podía garantizarse imponiendo una visión o una política centralista, sino que la representación debía darse en las células básicas de la nación, es decir en los municipios y los departamentos. Entonces, mientras el Gobierno que está ubicado en la capital escucha a industriales, al sector financiero, a los gremios y al Centro Democrático, en el sur del país, los dignatarios (entre alternativos y de partidos tradicionales) saben que se deben a las comunidades y a dinámicas sociales y políticas regionales, ello explica su postura pro-diálogo. Es por lo anterior que Jorge Iván Ospina en Cali, John Jairo Santamaría en Yumbo o Elías Larrahondo en Cauca, por mencionar algunos, escucharon y se opusieron a reprimir los puntos de protesta y han estado buscando acuerdos con las personas que se han movilizado, reconociendo así a quienes les eligieron para que les representen.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares Desde la Fundación Paz y Reconciliación presentamos el informe “El ministro de Ambiente y el negocio político con las heces en Montería”: una investigación sobre un presunto caso de corrupción en el que estaría involucrado el actual ministro de Ambiente, Carlos Correa Escaf, y que estaría produciendo una gran crisis ambiental y fiscal en Montería. Conoce los puntos centrales del informe a continuación y descarga su versión completa.

¿Qué está pasando con la violencia en medio del Paro Nacional? En esta entrevista para CNN en Español analizamos la situación de violencia en el país en medio de las movilizaciones.