Por: Luis Eduardo Celis Iván Cepeda Castro, el pasado 28 de julio al salir de la audiencia en la que la juez de la República, Sandra Heredia, declaró culpable a Álvaro Uribe Vélez, presentó un mensaje al país en el que dijo: "sin triunfalismo ni arrogancia, convocamos al conjunto de fuerzas políticas, económicas y sociales del país a una reflexión de fondo: es necesario concertar una instancia ética de la verdad, en la que se reconozca la responsabilidad de quienes han dirigido el Estado, se pida perdón oficialmente a las víctimas, se las repare y se selle la reconciliación de nuestra Nación. Si el hoy condenado expresidente Uribe muestra voluntad de hacerlo, nosotros también estamos dispuestos a recorrer ese camino por el futuro del país". En ese mensaje se expresa el talante Iván de firmeza en unas convicciones que han animado su vida y el talante de hombre dispuesto siempre al diálogo y la concertacion sobre principios. El 14 de septiembre de 1977, a los quince años, Iván participa de la protesta del Paro Cívico convocado por las centrales sindicales, vive en Kennedy y ya es militante de la Juventud Comunista. De su Madre Yira Castro Chadid y de su padre Manuel Cepeda Vargas, heredó el carácter de llevar la vida bajo la guía de convicciones y firmes compromisos. Iván ha vivido de manera intensa la Colombia de las luchas por el cambio y ha sufrido los rigores de las duras violencias, que les arrebató a el y su hermana María, a su Padre Manuel Cepeda Vargas, un 9 de agosto de 1994, cuando en un plan criminal con participación directa de agentes estatales, el senador por la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano fue asesinado a pocas cuadras de su apartamento en la localidad de Kennedy. Ante el cuerpo de su padre, Iván juro que ese crimen no quedaría en la impunidad y con paciencia, persistencia y mucho valor y junto a abogados y personas del mundo de los derechos humanos, del sistema judicial y muchas y muchos amigos de la vida, logró establecer quienes fueron los responsables intelectuales y materiales de este magnicidio y se empeñó en que fueran juzgados y no permitir un hecho más de impunidad. Iván se presentó ante el país con un mensaje sereno y firme, cuando los jefes paramilitares con arrogancia y cinismo fueron al Congreso de la República con un discurso de héroes y salvadores, allí de manera silenciosa, Iván, levantó la fotografía de su padre para decirle a Colombia que faltaba verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En los últimos veinte años, Iván ha sido destacado líder del movimiento social y político que seguimos trabajando por una Colombia en paz y con democracia de calidad. Este viernes 1 de agosto, la juez Sandra Heredia, dictará la sentencia ante los delitos en que ha incurrido Álvaro Uribe Vélez y seguirá esta larga travesía por que logremos una Colombia en paz y reconciliada, sobre la base de que quienes tengan deudas en estas largas violencias las asuman y respondan por ellas. Colombia vive una intensa lucha social, política y cultural y allí contamos con el liderazgo firme y sereno de Iván Cepeda Castro. Espero que los astros se alinien e Iván compita por la presidencia de la República, requerimos de su voz y fuerza ante los duros retos en que está inmersa Colombia.

Por: Laura Bonilla El lunes 28 de julio arrancó con el país político paralizado y pendiente – por primera vez en la historia por una lectura del sentido fallo del juicio contra Álvaro Uribe por soborno de testigos y fraude procesal. Para los lectores, el sentido del fallo es la decisión central de un juez o tribunal frente a un caso. Aquella en la que el juez dice qué resuelve, sin exponer aún todos los fundamentos probatorios o argumentativos que lo llevaron a esa decisión. Se leyó completo, con pausas breves cada noventa minutos, justamente por la alta sensibilidad política. Es la primera vez, y Colombia lleva estos cuatro años acumulando muchas primeras veces, que se juzga a un expresidente. Al otro día la portada del diario El Espectador tenía una foto gigante del expresidente con una palabra que resonaba de distinta forma en diferentes sectores: Culpable. Por soborno y fraude procesal. El alcance jurídico – a mi juicio – es lo de menos en estos casos. El impacto irreversible en los terrenos simbólicos, electorales y narrativos es lo de más. A menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, la política colombiana gira de nuevo alrededor de la figura de Uribe, esta vez no como jefe de Estado o estratega de campaña, sino como condenado por la justicia ordinaria, cambiando el panorama electoral. Sumando a la polarización. Expresidentes como Juan Manuel Santos y Cesar Gaviria no se pronunciaron, bien sea por prudencia institucional – que ha caracterizado al primero – o por cálculo político, también frecuente en el segundo. Su mutismo se interpretó como distancia. En el círculo de expresidentes, Ernesto Samper sí habló, y lo hizo con claridad: pidió respetar el fallo, garantizar el debido proceso a Uribe y respaldó públicamente a Iván Cepeda, víctima en el caso. Andrés Pastrana fue el único expresidente que se fue lanza en ristre contra la juez Heredia y desconoció las instituciones judiciales. En su pronunciamiento, puso en duda la legitimidad del proceso judicial, mostrando su apoyo a Uribe y denunciando una supuesta fragilidad institucional en el caso. El primer efecto visible es la reencarnación de un Uribe que venía en declive en bandera electoral. Para el uribismo, la sentencia lo convierte en víctima. María Fernanda Cabal y Paloma Valencia lo dijeron sin matices: el fallo fue dictado por enemigos políticos y se usará en campaña. Su postura fue pública y sin titubeos, alineándose con otros aliados ideológicos de Uribe que también criticaron el proceso por presuntas irregularidades. Vicky Dávila, precandidata sin partido que busca con fervor el apoyo del Uribismo quiere a la figura de Uribe pero no al partido, y por ello uso una retórica muy similar a la de Pastrana, Valencia y Cabal. Incluso llegó a comparar el juicio de Uribe con el natalicio de Hugo Chávez lo que le valió críticas fundadas y memes de efemérides. En general para el Uribismo, la condena redefine el vínculo emocional con el Ciudadano y le da una bandera a sectores que siempre tienen grandes problemas para escogerla como puede ser el conservadurismo o algunos políticos regionales que poco suenan en los medios y redes nacionales. Algo, además muy apegado a la retórica uribista, neoconservadora, conscientemente agresiva y apegada al honor tradicional que caracteriza una parte importante de este votante y le permite al Uribismo conectarse nuevamente sin dar explicaciones sobre el país, las reformas o debates más complejos. Guerra y honor es una combinación muy tradicional para ellos. El segundo efecto es más complejo: obliga a los precandidatos de centroderecha a definirse. Figuras como David Luna, que buscan ocupar un espacio moderado, enfrentan un dilema estratégico, sobre todo en el espectro del Centro Derecha. Ha guardado silencio Germán Vargas Lleras y también Mauricio Cárdenas quién había expresado que deseaba de corazón un fallo favorable. Si en la centroderecha respaldan el fallo, corren el riesgo de ser leídos como traidores dentro del espectro conservador. Si lo atacan, pierden autoridad institucional y se subordinan simbólicamente a una narrativa de impugnación judicial. Lo que parece una condena individual empieza a operar como mecanismo de polarización para todos los competidores, que es justamente el peor de los escenarios para el centro. El caso de Sergio Fajardo es ilustrativo: su moderación fue atacada no por indecisión, sino por no ajustarse a la lógica binaria del momento. En sus palabras, Fajardo reconoció la importancia del fallo, pidió respetarlo, pero no se sumó a celebraciones ni a condenas furiosas. Ese lugar del medio —el de la institucionalidad reflexiva— dejó de tener refugio político. Por el contrario, Claudia López, en cambio, no se limitó a pedir respeto al fallo. Fue categórica: celebró que, por fin, uno de los hombres más poderosos del país respondiera ante la justicia. Recordó que, durante el escándalo de la parapolítica, cuando más del 35% del Congreso estaba vinculado con grupos paramilitares, el entonces presidente Uribe no solo no facilitó investigaciones, sino que cerró filas para blindar a sus aliados. Lo mismo ocurrió —recordó— con los falsos positivos, con las zonas francas de sus hijos, con las chuzadas del DAS. Del otro lado, la izquierda consolidó su narrativa. Voces como Gustavo Bolívar e Iván Cepeda han interpretado el fallo como un avance contra la impunidad. Es previsible que el Pacto Histórico use esta victoria judicial como argumento político: no solo para defender su agenda, sino para subrayar que el país está en una transición ética. Pero también allí hay un riesgo: el uso excesivo del caso como trofeo electoral puede desvirtuar el sentido institucional del proceso. Si la izquierda cae en la tentación de reducir el fallo a una victoria de bando, se debilita la credibilidad de la justicia como árbitro imparcial. Sin embargo, la emergencia de la figura de Iván Cepeda con un ambiente renovado y un aura de victoria que reaviva el antiuribismo puede lograr atenuar los roces y tensiones característicos de los movimientos de izquierda y crear una candidatura sólida en caso de que decida aspirar.   Todas estas reacciones a la final nos ponen frente a un espejo de lo que somos, que es una sociedad profunda y emocionalmente vinculada al carisma y al antagonismo y será justamente eso –  y no la calidad de propuestas – lo que defina las futuras elecciones presidenciales. En la literatura especializada, Autores como Mason (2018), Iyengar y Westwood (2015) o Levitsky y Ziblatt (2018) han mostrado que cuando la identidad partidaria se vuelve emocionalmente intensa y moralizada, los espacios de disenso respetuoso desaparecen, y con ellos, las figuras que representan la deliberación. Pero es bueno que sepamos que la sentencia Uribe también nos va a poner en otra disyuntiva y es qué tanto estamos dispuestos a permitir que las instituciones democráticas sucumban a una política cada vez más caracterizada por individuos altamente carismáticos sin estructuras que pongan límites a sus decisiones. Por ejemplo, recientemente México ha tomado un peligroso camino al darle la justicia a la elección popular – con consecuencias como la llegada de una de las abogadas del Chapo Guzmán como juez. Esta sentencia puede habilitar una peligrosa línea discursiva: la propuesta de “reformar” la justicia porque “persigue a los buenos”. Ya se escuchan voces uribistas sugiriendo que la rama judicial ha sido capturada por intereses ideológicos. En otras latitudes —Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil— esa narrativa ha servido para justificar ataques a la institucionalidad. En Colombia, el riesgo está abierto. El juicio a Uribe no es solo sobre Uribe. Es sobre nosotros. Sobre cómo enfrentamos, como sociedad, la irrupción de la justicia cuando toca al poder. El país está ante una encrucijada: o se defiende la independencia judicial como principio democrático, o se retrocede hacia la vieja costumbre de blindar a los poderosos bajo el pretexto de la conspiración.

Por: Redacción Pares Hay lugares que están cargados de malos recuerdos. Para los hermanos Uribe Vélez la hacienda Las Guacharacas, ubicada en el municipio de San Roque, es una de ellas. Su padre, Alberto Uribe Sierra, compró este inmenso terreno en 1978. Por esa época, la guerrilla del ELN empezó a aparecer por la zona. También las FARC y la EPL. En 1983, Alberto Uribe duró seis meses sin visitar la Hacienda. Las amenazas constantes por parte de la guerrilla y algunos trabajadores lo sacaron de su propiedad. El 14 de junio de 1983 viajó en helicóptero hasta el lugar. Lo acompañaba su hijo Santiago. Pasaron unos minutos en Guacharacas cuando llegaron a la puerta de la hacienda una docena de hombres armados. No tenían ninguna identificación de guerrilla alguna. Querían hablar con don Alberto. Este salió armado y disparó sobre ellos. La respuesta de los que estaban armados terminó con la muerte del dueño de Guacharacas. Su hijo Santiago fue herido en la espalda, y corrió hasta el río Nus, que bañaba uno de los lados de la hacienda. Por eso se salvó. En Medellín, Álvaro Uribe, que en ese momento era el alcalde de la ciudad, viajó a Guacharacas en un helicóptero que, después, apareció en el complejo cocalero de Tranquilandia. Al parecer era propiedad de Pablo Escobar quien, hay que decirlo, en ese momento era una figura pública que incluso ocupaba un lugar como suplente en la Cámara de Representantes. Uribe nunca pudo aterrizar en Guacharacas. Desde ese momento, guardó un rencor profundo contra las FARC, a la que ha señalado como responsable de este asesinato, a pesar de que esto fue negado por Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada, quien fue comandante de esta agrupación guerrillera. Ahí no pararía esa especie de maldición que le ha traído a Álvaro Uribe y su hermano Santiago. Diez años después, según la versión que ha contado Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella del juicio que terminó ayer contra Álvaro Uribe por soborno penal y manipulación de testigos, ese lugar fue el epicentro de la creación del misterioso Bloque Metro de las AUC. El bloque del ELN, López Arroyave, había advertido a los trabajadores de Las Guacharacas que, si seguían trabajando allí, serían asesinados. Monsalve y su familia habían llegado a trabajar a esa hacienda en 1986. Pero en 1994, a finales, tuvieron que salir de allí. Se ubicaron en una finca en Majagual cuando los Uribe volvieron a llamarlos, ya que habían resuelto el problema de la guerrilla: habían traído a San Roque a treinta hombres de las Autodefensas de Córdoba y Urabá. Ese sería el germen con el que se fundó el Bloque Metro. Monsalve fue miembro de ese bloque. El ELN, en 1996, robó de esa hacienda 600 cabezas de ganado, lo que generó, según Monsalve, una venganza terrible por parte de los paramilitares, quienes realizaron masacres en San Roque y el río Nus. Uno de sus objetivos fue matar a todos los carniceros que habían recibido carne robada. Monsalve fue condenado a 42 años de prisión por haber sido un paramilitar, por haber despojado y asesinado. Uribe fue presidente de la república y senador. Creó el Centro Democrático, y el pasado 28 de julio, fue el primer presidente en ser condenado por un delito. Todo empezó en Guacharacas.

Por: Redacción Pares En 2009 fue la primera vez que Iván Cepeda pudo conversar con Juan Guillermo Monsalve. A través de una abogada llamada Mercedes Arroyave, Monsalve supo de la correría que estaba haciendo por las cárceles del país viendo cómo estaba la situación de los presos, sobre todo los que corrían peligro por su seguridad. Monsalve se había desmovilizado del Bloque Metro en 2005, pero siguió delinquiendo. En 2009 tenía una versión muy fuerte que la justicia ignoró: había sido testigo de cómo, supuestamente, los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez crearon el Bloque Metro de las AUC. En 1995, mientras era gobernador de Antioquia, Uribe Vélez impulsó las cooperativas de seguridad conocidas como CONVIVIR. En San Roque, el ELN ponía los pelos de punta a los grandes terratenientes de ese municipio. Por eso trajeron esos hombres, unos treinta, de Urabá y Córdoba. Eso fue la base de lo que se conocería como el Bloque Metro. Con este testimonio y el de Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá, Iván Cepeda le hizo un debate a Uribe —que en 2012 era senador— por la creación de ese bloque de las Autodefensas. Luego sucedería una serie de acontecimientos que provocaron el juicio al expresidente por manipulación de testigos. Desde entonces, nada ha sido fácil para Juan Guillermo Monsalve. Ha sido trasladado una docena de veces de sitio carcelario, ya que su vida siempre ha estado en peligro. Lo han intentado acuchillar y envenenar. Su familia también ha sufrido presiones. Lleva 13 años cocinando los alimentos que come. A pesar de todo esto, de las presiones que recibió en la cárcel por parte de Pardo Hasche, y de las visitas del abogado Diego Cadena ofreciéndole cambiar su testimonio para incriminar a Iván Cepeda y limpiarle las manos a Uribe. Pruebas que usó la corte para ordenar la investigación contra el expresidente que terminó con su juicio el pasado 28 de julio, cuando la juez Sandra Heredia declaró que Monsalve era un testigo “Creíble”. En una sentencia de más de 1000 páginas, que leyó durante varias horas, la juez tolimense demostró que la defensa de Uribe había descalificado injustamente a Monsalve. Al ratificarse que su testimonio era cierto, tendría una razón para resistir a Uribe: si es verdad que nació el Bloque Metro en Las Guacharacas, Monsalve sería una víctima del conflicto, ya que entró a la guerra siendo un menor de edad. La juez Sandra Heredia, en las mil páginas que leyó este lunes 28 de julio, desmiente la versión de alias Caliche, que afirma que Monsalve jamás fue paramilitar y nunca perteneció a un grupo armado que tuviera que ver con las Autodefensas. Según la versión de Monsalve, era un menor de edad cuando se vio metido en la vorágine de la guerra. El capítulo del Bloque Metro ya terminó, se cerró y Uribe no podrá ser juzgado por esto. Pero sí tiene abierto un proceso que lo vincularía en un escándalo paramilitar, el de la muerte del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y el de las masacres del Aro y La Granja, que sucedieron mientras él era gobernador de Antioquia.

Por. Redacción Pares Con la caída de Álvaro Uribe, varios nombres de personas que perdieron a sus seres queridos en los años en que fue presidente han empezado a resurgir después de este 28 de julio. Uno de ellos es don Raúl. ¿Cómo es esa historia?   Cuatro años después de que el ejército enterrara con honores a su hijo en el cementerio de Montería a Don Raúl Carvajal lo llamaron para avisarle que sacarían el cuerpo, que tenía que pagar una plata si no quería que lo arrojaran a una fosa común. Su hija Patricia afirma que lo vio, en ese momento, hablar solo. Decía una frase que nunca se le olvidará “A mi hijo no lo pueden enterrar como un perro”. Entonces, pagó para que le entregaran el cadáver, lo metió en una bolsa blanca, lo subió a su camión y se lo llevó a Bogotá. En la travesía lo acompañó su amigo Ignacio Vélez. En cada pueblo al que le obligaba a llegar el viaje le contaba, al que quisiera escucharlo, la historia de su hijo. Le puso Raúl, como él mismo. Le decían “el Mono” y sus tres hermanos lo adoraban. Quería ser piloto de guerra, pero pronto se dio cuenta que, con el sueldo que ganaba su papá como comerciante de verduras en Córdoba, jamás podría costearse una carrera en la Fuerza Aérea. Igual quería servir a la patria. Y se enroló en el ejército. Su familia esperaba que se conformara con un cargo de escritorio. Pero no. El Mono era aguerrido, como don Raúl, y quería estar en el frente de batalla. Fue lancero y, después, cabo. Siempre en la vanguardia.   Un día, su hermana Doris Patricia recibió una llamada: a su hermano lo había matado un francotirador en el cerro del Martillo, en El Tarra, municipio del Catatumbo. En el combate habían caído cinco soldados más. Había muerto como un héroe.   Patricia colgó, y al darse cuenta de que ella era la encargada de darle la noticia a su familia, quiso precisar los datos. Ahora le decían que su hermano había muerto en el cerro de Las Comadres y que eran cuatro los soldados asesinados.  Los datos eran incongruentes y, había razones para sospechar. Semanas antes de ese 6 de octubre de 2006, Raúl había llamado a su papá y le contó que estaba muy preocupado, que se quería salir del ejército porque había órdenes de matar civiles. Estaban ocurriendo los falsos positivos, una práctica que cobró la vida de 6.402 personas. Se medía el éxito de las campañas militares a punta de litros de sangre. Le daba miedo de que lo fueran a matar. Él igual estaba en sus trece. No se movería un ápice. Y no se movió. Cuando a los Carvajal les entregaron el cadáver, se los dieron en un ataúd completamente sellado. Ellos no tenían derecho a verlo. Pelearon y al final se los dejaron ver. Doris vio algo raro en el cuerpo del Mono. El agujero de la bala era demasiado pequeño y tenía huellas de lazos en las muñecas, como si lo hubieran amarrado. Eran varias las señales. Desde entonces, querían justicia pero cuando llamaron a Don Raúl para decirle que a su hijo lo iban a arrojar en una fosa común, decidió que era hora de que el país conociera el caso.  Así que después de parar en varios pueblos a contar su historia llegó a la Plaza de Bolívar, donde metió a la brava el viejo Dodge. La policía quiso desalojarlo y él no se dejó. Bajó el cuerpo y lo puso a sus pies. La noticia le había dado la vuelta al mundo. Ya todos sabían lo que había sucedido con el cabo Raúl Carvajal, asesinado a los 29 años por cometer el pecado de ser una buena persona. La historia de Don Raúl es la de la persistencia de las víctimas, las que son capaces de aguantar los martirios que sean necesarios con tal de que se haga justicia, o que, al menos el país conozca el caso donde murió el ser amado. Don Raúl se hizo a un costado del Congreso con su camión, al que llenó de afiches. Uno de ellos eran tres fotos. En la primera decía “Así ingresó” y aparecía la foto del cabo cuando recién entró al ejército. “Así me lo entregaron” y era la foto del rostro después de la muerte. Y en la tercera rezaba “Estos son los responsables” y se veían entonces a Juan Manuel Santos, siendo ministro de Defensa, conversando con su jefe directo Álvaro Uribe Vélez, principales responsables, por línea de mando, de lo que sucedió con los Falsos Positivos. La tenacidad de Don Raúl se hizo mundialmente conocida. Él estaba ahí para contarle la historia de su hijo a todo aquel que quisiera escucharla. Decidió estar ahí, vivir en la estrechez de su auto. Y eso hizo hasta el 2021, cuando un coma diabético se lo llevó a los 73 años. Se quedó esperando una sentencia, una disculpa de Santos o de Uribe. El caso de su hijo es la otra cara de los falsos positivos. Su hija Doris ha tomado la posta. No descansará hasta saber la verdad de lo que pasó con el Mono.

Por: Redacción Pares Con la maratónica lectura del fallo que hizo la juez Sandra Liliana Heredia quedaron varios interrogantes. Uno de ellos es la creación del Bloque Metro de las AUC. Si Juan Guillermo Monsalve es un testigo creíble, ¿Por qué no se le investiga por paramilitarismo? La respuesta es simple, el crimen prescribió. Pero hay tres hechos de violencia que ocurrieron durante su gobernación de Antioquia: el asesinato de Jesús María Valle, y las masacres de La Granja y el Aro. Acá les contaremos la verdad sobre estos hechos y por qué, al ser declarados crímenes de lesa humanidad, no prescribirán. En 1997 no había un gobernador más carismático y querido que Álvaro Uribe. En ese momento tenía 46 años y se forjaba como un futuro presidenciable. Los ganaderos en Antioquia lo querían. Sus políticas, según ellos, habían ayudado a repeler el influjo de las guerrillas en sus departamentos gracias a la implementación de las cooperativas de seguridad llamadas CONVIVIR. Eso sí, los defensores de derechos humanos veían a leguas los problemas que esto traería. Uno de ellos era Jesús María Valle, un abogado aguerrido que le recalcó a Uribe el peligro que traía sobre la población de dos municipios, El Aro y la Granja, el auge de las CONVIVIR y de las Autodefensas Unidas de Colombia. Uribe desestimó la advertencia de Jesús María Valle quien, tiempo después, sería asesinado en su oficina. Desde entonces, el expresidente ha cargado el pesado morral de no haber podido hacer algo más contundente para frenar estas dos masacres. Las masacres de El Aro y La Granja ocurrieron mientras él era gobernador. Incluso se habló de la utilización, durante estos hechos, de un helicóptero de la gobernación. Hay un testimonio de 2009, dado por el exparamilitar Francisco Villalba Hernández, publicado por El Nuevo Herald  y, después, por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, a la Fiscalía General de la Nación en el que afirma “que el presidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago participaron en la planeación de una masacre en el norte del departamento de Antioquia”. Villalba declaró ante la CIDH y ante ese tribunal, no nombró a los Uribe Vélez. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó en una sentencia que “Ante esta situación, como dos meses antes de la toma, la Junta de Acción Comunal de El Aro pidió protección a la gobernación [de Antioquia], la cual no fue otorgada’’. En un nuevo capítulo que se abre en este escabroso hecho, la sala de reconocimiento de la JEP acaba de citar a nueve exparamilitares del Bloque Mineros de las AUC para que den sus testimonios. Según el diario El Tiempo,  las personas citadas son: Luis Guillermo Ángel, conocido como Guillo Ángel; Rigoberto Belalcázar, alias Negro Pepe; Eucario Macías Mazo, conocido como NN; Roberto Porras Pérez, alias la Zorra; Luis Alfonso Díaz Pinto, alias Yoli; José Higinio Arroyo, a quien llamaban Caballo o Julián; Orlando de Jesús Mazo, alias Junior; Gilberto Antonio Tamayo, conocido como el Gato; y Rolando de Jesús Lopera. Estos testimonios son adicionales a los que dará el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia Salvatore Mancuso. Otra de las masacres que podría ayudar a aclarar este testimonio, sobre la participación de civiles y oficiales del ejército es la de las Juntas, ocurrida en 1996. Estas dos masacres fueron episodios de violencia salvaje. Del 22 al 31 de octubre de 1997, bajo el mando de Isaías Montes, 150 hombres del Bloque Mineros empezaron una serie de asesinatos y torturas desde los corregimientos de Puerto Valdivia hasta El Aro en Ituango, Antioquia. Fueron 12 las víctimas, pero el terror contribuyó a que 1472 personas fueran desplazadas. Los paras quemaron, también, 60 casas. Además del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, una mujer,  José Milagros López, advirtió, semanas antes, sobre lo que vendría a la Gobernación de Antioquia y también a la IV Brigada del Ejército. Pero, como documenta el portal Rutas del Conflicto, no se tomaron las debidas medidas. Esto comprobaba “la alianza que hubo entre paramilitares, militares y autoridades civiles es una cuestión que está fuera de toda duda, eso fue un acto coordinado con Estado y ejecutado en asociación con autoridades civiles, fuerza pública y paramilitares”. El testimonio de los nueve exparas será fundamental para esclarecer esta vinculación entre la sociedad, la fuerza pública y los paramilitares. Más de un exdirigente debe estar temblando.

Por: Redacción Pares Uribe ha estado obsesionado con encontrar un pupilo, un heredero. Uno fue Andrés Felipe Arias, el exministro de Agricultura condenado por esa inmoralidad llamada “Agro Ingreso Seguro”, el otro fue Alejandro Lyons, quien en la mañana de este 30 de julio llegó extraditado de los Estados Unidos. Así lo reportó Migración Colombia: “ Exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, fue dejado a disposición de las autoridades por parte de Migración Colombia en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Lyons llegó en un vuelo de deportados de los Estados Unidos. Es requerido por concierto para delinquir ”. En la década pasada, Córdoba era el departamento que más políticos sacaba. Ni hablar de la influencia que tenía un municipio como Sahagún a la hora de elegir senadores. Uno de los grandes barones electorales fue Ñoño Elías. Como si se tratara de un reinado, Lyons se casó con una hermana de Elías y ahí quedó lista la consanguinidad más allá de una amistad. Ya eran familia. Lyons parecía tener el camino despejado para ser presidente. Después de su gestión empezaron a aparecer, como llaman los gringos: los cuerpos debajo de la cama, ya que empezó siendo investigado por los siguientes delitos: concierto para delinquir, seis casos de interés indebido en la celebración de contratos, seis de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, cinco peculados por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado, aunque fue llamado específicamente por irregularidades en el manejo de las regalías. De las regalías de Córdoba se desviaron cerca de 70.000 millones de pesos que estaban destinadas para cubrir la salud del departamento. Ahí es donde aparece el nombre que designa a su crimen: “El cartel de la hemofilia”. Lejos de darle la cara a la justicia, Lyons se fue para la Florida con su esposa Johana Elías y ahí estaba desde 2017 hasta que, por fin, los Estados Unidos accedieron a extraditar a este que iba a ser, si la justicia lo permitía, uno de los consentidos del poder en la era post-Uribe. Hay que ver también en qué va la investigación de Jairo Zapa, el veedor que había descubierto el entramado de corrupción y que fue asesinado días antes de que fuera a contar la verdad sobre el hecho. Su cuerpo fue encontrado en la finca El Milan, muy cerca de la propiedad más grande que tiene el padre del exgobernador. Lyons tiene 45 años, pintaba para que, a esa edad, ya fuera el presidente designado por Uribe, en cambio es un hombre derrotado que tiene que regresar al país  Ahora deberá pagar una condena de cinco años de cárcel por concierto para delinquir, dicha condena está relacionada con el robo de más de 9.000 millones de pesos en regalías. Cae otro de los buenos muchachos con los que Uribe esperaba ampliar su legado en Colombia. Hay que recordar que, en Córdoba, están muchos intereses del expresidente entre los que se cuentan, por supuesto, la megahacienda El Ubérrimo.

Por: Diego A. Pedraza y Oscar A. Chala, investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad El distanciamiento y ruptura entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez llegó a su punto más álgido y, posiblemente, al punto de no retorno. Las declaraciones hechas por Francia Márquez en su discurso del 25 de julio en la ciudad de Cali, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y Niñas Afrodescendientes, fueron el último episodio de una relación que ha sido objeto de revisiones y seguimientos desde el inicio del gobierno. Frases como “El día que ganamos la segunda vuelta fue un día que se nos permitió la presencia, pero no se nos reconoció”, “Pero pronto pasé de ser el fenómeno político, la heroína, a ser la ‘traidora’. Porque en este país, cuando una mujer negra asciende, la sospecha la persigue. El sistema no se pregunta por sus capacidades, sino por si está en el lugar que se merece. Si se sale del margen asignado, entonces es 'arrogante', 'desleal', 'torpe', 'incapaz' y 'peligrosa’”, “Me acusaron de no ejecutar, cuando jamás me entregaron el instrumento para hacerlo. Se promovió la idea de que como soy negra, seguro robo”, “Hoy, la carga es simbólica: somos útiles para ganar elecciones, pero no para gobernar”, marcaron el discurso de la vicepresidenta, quien se refirió a las dinámicas del gobierno, un gobierno en el cual ha perdido funciones con el paso del tiempo, y que en medio de su fragmentación plantea interrogantes sobre la instrumentalización política en el contexto nacional. — El debilitamiento del liderazgo de Francia Márquez No se puede determinar en qué momento Francia Márquez pasó de ser la “escudera” del presidente que ganaba en 2022 a ser un elemento más dentro de un gobierno que no logró consolidar una unidad política. Aunque en los primeros meses su papel fue visible por declaraciones realizadas en entrevistas a medios, sus participaciones en espacios de decisión del gobierno no tuvieron un papel central. Se le identificó como una figura que llegó al cargo por mandato popular, pero no fue posicionada ni tratada institucionalmente con las funciones propias de la vicepresidencia. En ese contexto, mientras Márquez enfrentaba procesos administrativos propios del ejercicio del poder en Colombia, Laura Sarabia aparecía junto al presidente, con presencia en medios y atención por parte de la opinión pública y sectores del espectro político que interpretaron su papel dentro del gobierno desde otras perspectivas. Sarabia no fue la única; con ella, otros funcionarios adquirieron protagonismo, algunos salieron del gobierno, nuevas figuras llegaron, y otros que participaron en la campaña, hoy lideran iniciativas y se posicionan en la contienda por la continuidad del proyecto político del presidente Petro. Mientras tanto, dentro del gobierno continuaba —y hasta el momento continúa— Francia Márquez, promoviendo las propuestas de su propia agenda, sin asumir funciones operativas ni de coordinación, en calidad de vicepresidenta y como ministra encargada de un ministerio cuya gestión ha sido objeto de críticas. Sus apariciones comenzaron a disminuir, sus participaciones en movilizaciones se distanciaron del presidente y su equipo, y su visibilidad se redujo en medio de declaraciones cuestionadas, señalamientos públicos y desacuerdos con sectores vinculados al progresismo. —El consejo de ministros del 5 de febrero Fuente: Presidencia de la República Quizás, la primera manifestación clara del distanciamiento entre Francia Márquez y el presidente se presentó durante el consejo de ministros televisado del 5 de febrero de este año, cuando ella se refirió públicamente al nombramiento de Armando Benedetti como jefe de gabinete. Su rechazo a la designación del exembajador fue notorio, dado que provenía de la vicepresidenta y entonces ministra de Igualdad. Francia Márquez expresó su desacuerdo con el nombramiento y se dirigió directamente al presidente, señalando que no era su adversaria y que consideraba injusto el tratamiento que había recibido por parte de algunos funcionarios. Sus declaraciones no generaron cambios visibles en la dinámica del gabinete; días después, se aceptó su renuncia como ministra, mientras Benedetti continuó ejerciendo funciones de alto nivel dentro del gobierno. Después de este suceso, Francia Márquez se mantuvo alejada de la escena pública durante varios meses, hasta la instalación de una nueva legislatura en el Congreso, a la que asistió de manera independiente, sin integrarse a la comitiva del gobierno ni al presidente. Su presencia se dio de forma separada, sin atender los elementos protocolares que suelen acompañar estos actos y en un contexto en el que la distancia con el gobierno ya era visible. Cinco días después de la instalación del Congreso, participó en un evento público en el que se refirió nuevamente al rechazo, la minimización y el aislamiento que, según sus declaraciones, ha experimentado dentro del gobierno del cual forma parte. En su intervención, afirmó que ha sido objeto de discriminación por su identidad étnico-racial, que fue utilizada políticamente para llegar al poder y que ha sido señalada por presuntos actos de corrupción y por deslealtad al proyecto político. —Las razones del aislamiento Todavía no son claras las razones del aislamiento que ha experimentado la vicepresidenta. Ella sostiene que se debe a su color de piel, mientras que algunos sectores del progresismo argumentan que se relaciona con su gestión. Entre estos sectores se encuentra Andrea Petro, hija del presidente, quien ha manifestado que los señalamientos hacia Francia Márquez no obedecen a su identidad étnico-racial, sino a su desempeño institucional. Independientemente de la validez de estas afirmaciones, hay dos aspectos que se han hecho visibles: primero, que la vicepresidenta ha tenido bajo su responsabilidad dos cargos de relevancia dentro del gobierno y, en ambos, no se han concretado los proyectos ni las promesas de campaña. Aunque ella atribuye esta situación a la falta de respaldo institucional y a las limitaciones en la estructura del ministerio que encabezó, también se ha señalado que no conformó un equipo técnico que facilitara la gestión requerida en dicho proceso. De manera similar, en la vicepresidencia su papel ha tenido una participación limitada en la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo de 2022. Una posible razón podría ser la misma que afectó su desempeño en el ministerio: una baja presencia de personal técnico y la inclusión de colaboradores por compromisos políticos, lo cual redujo su capacidad operativa dentro de una estructura donde inicialmente se esperaba un rol protagónico. Por otra parte, también es evidente que la limitación de su rol no se debe únicamente a sus decisiones. Su función secundaria ha estado influida por dinámicas internas del gobierno, en particular por el entorno cercano al presidente, que ha percibido a Francia Márquez como una figura con posiciones propias, con autonomía en sus planteamientos y con disposición al debate. Aunque las razones no han sido confirmadas, lo que sí se ha evidenciado es que el círculo cercano al presidente, durante estos tres años, ha estado conformado por figuras con trayectoria en prácticas políticas tradicionales, que interpretaron el proyecto como una vía para mantener su presencia en el escenario político que emergió en 2021. Es posible que la autonomía de Francia Márquez haya influido en su posición dentro del gobierno. También es posible que su papel fuera percibido por sectores como el representado por Benedetti y Sarabia como una herramienta electoral, o que su aislamiento se explique por las dificultades en materia de gestión. Estas hipótesis invitan a reflexionar sobre la idoneidad de los funcionarios para los cargos que ocupan, sobre el papel de la vicepresidencia, y sobre el uso político tanto de los liderazgos como del electorado. —Lo que nos dice el choque entre Francia Márquez y Gustavo Petro como quiebre al interior del progresismo Fuente: La Silla Vacía Las declaraciones recientes de la vicepresidenta Francia Márquez no deben leerse únicamente como una crítica interna al gobierno de Gustavo Petro. Más allá del contenido puntual de sus palabras, lo dicho por Márquez es síntoma de una tensión estructural dentro del progresismo colombiano. Lo esencial en este caso es reconocer que el choque entre la vicepresidente y el presidente refleja un conflicto más profundo, que no se agota en lo personal o anecdótico, sino que expresa la dificultad del progresismo para consolidarse como fuerza de gobierno sin desdibujar sus principios. Esa fragilidad se expresa, al menos, en tres dimensiones que se pueden leer entre líneas en el discurso de la vicepresidenta: 1.  En la práctica gubernamental, la lealtad al proyecto político ha sido privilegiada por encima de la capacidad de hacer autocrítica. Esto ha obstaculizado la posibilidad de corregir errores y adaptarse con flexibilidad a los desafíos propios del ejercicio del poder. Sin mecanismos internos de revisión y cuestionamiento, cualquier proyecto de cambio pierde su capacidad de aprendizaje y ajuste. Esto lo hemos señalado desde el informe de redes de poder que realizamos a inicios de este año desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad . 2. Lejos de transformar el sentido común dominante, el progresismo ha terminado por adaptarse a él. En su intento por sostener una coalición amplia y diversa, el gobierno ha optado por replicar prácticas tradicionales en lugar de subvertirlas, adoptando discursos y lógicas conservadoras para garantizar gobernabilidad, muchas veces a costa de la coherencia ideológica. En este punto entra la reflexión sobre el racismo estructural dentro del gobierno del que hablaba Francia Márquez en su discurso. 3. Como todo proyecto con componentes populistas —en el sentido no peyorativo del término— la relación con las bases ha estado mediada por lo coyuntural. Esto ha llevado a privilegiar respuestas inmediatas y efectistas, aunque no siempre sostenibles, por encima de transformaciones estructurales que requieren tiempo, diseño y gestión compleja. Aunque el gobierno Petro ha logrado construir una agenda de transformaciones desde sus reformas sociales y sus proyectos legislativos, sí es cierto que frente a la ejecución ha habido rezagos que no han sido solventados en el tiempo en la mayoría de los ministerios. A esto se suman las dificultades para cumplir con el programa de gobierno, marcadas por la enunciada falta de planificación, que ha impedido una ejecución eficiente por parte de múltiples entidades, así como la consecución de proyectos, del mismo modo que ha habido una confusión entre gestión y lealtad, donde no cumplir objetivos fue equiparado con traición al proyecto político del cambio, y una incapacidad de respuesta a una administración pública anquilosada y altamente burocratizada, donde las inercias clientelares y los procedimientos lentos han afectado también los procesos de ejecución.

Por: Redacción Pares Este 28 de julio la jueza Sandra Liliana Heredia afirmó que Juan Guillermo Monsalve era un testigo “creíble” a pesar de que Álvaro Uribe y sus abogados han intentado deslegitimarlo desde hace más de una década. En Paloquemao ocurrió la noticia del año, el resultado del juicio al expresidente. Monsalve ha vivido un infierno desde que se comunicó con Iván Cepeda en el 2009 y le contó que, según él, tenía suficientes pruebas para demostrar que Uribe ayudó a montar el Bloque Metro de las AUC. Desde ese momento ha tenido que ser trasladado una docena de veces. La razón es que buscaban atentar contra su vida. La primera vez fue en el 2012 cuando, mientras estaba preso en Cómbita, fue acuchillado por dos desconocidos. Alcanzó a afirmar que le dijeron que le pasaba esto porque era “un sapo”. La segunda fue un año después, en el 2013, cuando intentó ser envenenado. Desde entonces él mismo debe cocinar sus alimentos. ¿Quién es Monsalve? Iván Cepeda recibió en el 2009 los testimonios de dos ex paramilitares, Pablo Hernán Sierra García, que en ese momento estaba recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagui y de Juan Guillermo Monsalve, que pagaba su condena en Cómbita. A Monsalve le decían Guacharaco porque había crecido justamente allí, en esa hacienda, un lugar que no debe ser el preferido del presidente Álvaro Uribe. Hay suficientes malos recuerdos como para que sea así. El papá de Monsalve se llamaba Oscar Antonio, y era el administrador de la hacienda Guacharacas cuando, en confusos hechos, el papá del expresidente fue asesinado. El 14 de junio de 1983 Alberto Uribe Sierra, acompañados de sus hijos Santiago y María Isabel, aterrizaron en la hacienda ubicada en el municipio de San Roque. Una vez el helicóptero tocó el suelo empezó un intercambio de disparos. En la versión oficial se habla de que fue un comando de las FARC, grupo que previamente había amenazado al ganadero. Uribe Sierra, quien estaba armado, se enfrentó a disparos con los hombres. En la balacera cayó asesinado.   Desde entonces su hijo, Alvaro, inició una cruzada contra ese grupo guerrillero. Sin embargo, en el 2020, cuando las FARC ya había firmado la paz, uno de sus ex comandantes, Julián Gallo, le contó al periodista Gonzalo Guillén que ellos no habían tenido nada que ver en ese asesinato. Afirmó además que desconoce qué pruebas podría tener el ex presidente para atribuirle ese crimen a ellos. “Lo que le puedo decir al respecto es que sería muy importante conocer en qué va esa investigación en la Fiscalía, porque en este país ha sido costumbre atribuir a las Farc-EP la responsabilidad hasta de los desastres naturales, y por eso sería muy importante y muy interesante, conocer el estado de esa investigación, qué se sabe de los posibles responsables, qué pruebas se tienen”. Esta respuesta desató la ira santa del ex presidente.   Lo cierto es que Guacharacas le trae malos recuerdos a Uribe. El testimonio que le dio Monsalve, testigo de excepción, a Iván Cepeda, fue lo que ha desencadenado, 15 años después, que Uribe esté en un juicio. Todos saben que se convirtió en el primer presidente de Colombia en ser llevado a juicio acusado de haber intentado torcer el testimonio de Monsalve, usando a su abogado, el controvertido Diego Cadena. Pero la almendra de todo este lío podría ser la presunta participación de Uribe en la creación del Bloque Metro de las AUC.   Los testimonios de Sierra y Monsalve apuntan a que Alvaro y Santiago Uribe, junto a Santiago Gallón Henao -quien compraría después Las Guacharacas y fue el autor del asesinato del futbolista Andrés Escobar- crearon el Bloque Metro inicialmente para enfrentar al bloque Bernardo López Arroyave del ELN, que estaba comandado por alias Juan Pablo. Este bloque del ELN se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los ganaderos por el continuo robo de ganado y extorsiones. El Bloque Metro habría ordenado varias masacres y no sólo apuntó sus fusiles contra la insurgencia. Según el testimonio de Monsalve habrían asesinado a dueños de carnicerías de San Roque que comprarían las reses robadas por la guerrilla. Según denunció en su momento Cepeda, Uribe, mientras fue gobernador, protegió a este Bloque en el negocio del narcotráfico.   Aunque Monsalve nació en Yarumal, en 1986, con ocho años de edad, llegó a las Guacharacas de la mano de su padre. En ese lugar vivieron diez años. Monsalve trabajó varios años para Carlos Mauricio García Fernández, mejor conocido como “Doble Cero”, máximo jefe del Bloque Metro. García Fernández perteneció al ejército a donde llegó al grado de teniente. Fue miembro de los PEPES, la organización criminal que combatió a Pablo Escobar y era hombre de confianza de Fidel Castaño. Era sanguinario pero tenía principios. Uno de ellos era evitar que los paras se transformaran en un cartel de la mafia. Por eso se entrelazó en una disputa con alias Don Berna, en donde terminaría asesinado en Santa Marta. Monsalve, después de trabajar con Doble Cero, le sirvió a los Rastrojos, el grupo que creó Wilber Varela, alias Jabón, capo del cartel del Norte del Valle. En el 2008 Monsalve fue condenado a 40 años de cárcel.   En el 2018, años después de haber acusado a Uribe de la creación del Bloque Metro de las AUC, Monsalve le contó a Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda, que un miembro del Centro Democrático, del departamento del Huila- el ex congresista Álvaro Hernán Prada está siendo investigado por estos hechos- lo había buscado para que torciera su versión y afirmara que Iván Cepeda le habría tratado de sobornar para hundir al expresidente. A la supuesta presión de este miembro del CD se suman las visitas que le hizo el abogado de Uribe, Diego Cadena, en donde lo habría presionado para que firmara un documento para exonerar al expresidente y a cambio recibiría beneficios carcelarios. Por estos hechos Diego Cadena fue suspendido durante tres años para ejercer su cargo como abogado.   La defensa de Uribe ha intentado desacreditar a Monsalve como testigo ya que, afirman, ni siquiera estaría en listas de Justicia y Paz, lo que harían poco creíble su pasado como paramilitar. El propio Álvaro Uribe, semanas antes de que arrancara el juicio contra él por manipulación de testigos, se quejó en la red social X de un posible montaje contra él del que el ex paramilitar sería protagonista. Además se quejó de supuestas interceptaciones de la Corte Suprema a su teléfono y de unos pagos de Iván Cepeda a una ONG que habría servido de puente para entregarle recursos a Monsalve.   Este 28 de julio se hizo justicia y se limpió el nombre de Monsalve. Es un testigo creíble a pesar de lo que diga Uribe y su defensa.

Por: Redacción Pares En un video publicado a través de X a horas antes de que se emitiera el veredicto del juicio que se le sigue al expresidente por Manipulación de Testigos, Uribe hizo fuertes descargos contra Iván Cepeda a quien señaló de ser un entusiasta de las FARC. El video fue interpretado como una manifestación de lo incómodo que se siente Uribe con todo lo que está sucediendo alrededor del juicio. Cepeda lleva más de una década documentando una posible participación de Uribe en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Por eso se convirtió en su principal enemigo político. En el video acusa a Cepeda y a sus papás, Manuel Cepeda -senador asesinado por la extrema derecha en 1994- y a su mamá, Yira Castro, de ser entusiastas de las FARC. Sin embargo Uribe comete errores históricos en el video como afirmar que Bulgaria formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS y lo peor, los cargos que le endilga arrancan cuando el senador tenía tres años. El periodista Daniel Coronell, cuyas investigaciones han sido vitales para que Uribe se encuentre en este callejón sin salida, le tiró un fuerte dardo al expresidente desde su cuenta de X y le dijo lo siguiente: “Los cargos que el expresidente pretende hacer hoy contra el senador Iván Cepeda arrancan cuando este último tenía 3 años. Además haciendo gala de gran ignorancia afirma que Bulgaria hizo parte de la Unión Soviética. Más valeriana y más compostura”. Le recomienda Coronell que tenga Uribe. La noticia del año es la sentencia que se dará a conocer este 28 de julio y que será emitida por la juez Sandra Liliana Heredia.

Por: Redacción Pares Para los que no alcanzaron a escuchar en vivo y en directo las audiencias que fueron transmitidas quedan los registros en Youtube de todo el juicio de Uribe. Si tienen paciencia y tiempo podrían quedarse unas cinco horas escuchando toda una sesión. Mientras Iván Cepeda y sus abogados iban muy puntual al juzgado de manera presencial, Uribe y sus abogados preferían la distancia. Desde su finca en Rionegro atendía los requerimientos de la juez 44 penal del Circuito Penal de Bogotá. Lo que llama la atención de estos videos es ver como la juez Sandra Liliana Heredia no se dejaba amedrentar por los abogados experimentados, duro, de choque, como Jaime Granados y por el mismo expresidente a quien regañó en más de una ocasión. Las tutelas, las críticas, artículos como el que publicó hace horas la revista Semana la pusieron en riesgo hasta el punto que a Sandra Liliana Heredia hay gente que la odia y ni siquiera la conocen y antes de febrero no sabían quien era ella. Es la mujer que ha resistido la presión para impartir justicia en lo que se conoce como el juicio del siglo. La Revista Semana le hizo un perfil que ha causado escozor entre lectores imparciales, entre los que aún buscan un poco de objetividad en el periodismo. Uno de los lectores de ese perfil fue Félix de Bedout. En una serie de trinos afirmó lo siguiente: “Qué tiene que ver la familia de la jueza con la decisión de este lunes. Además de la angustia natural que deben sentir los parientes por la trascendencia y consecuencias de su fallo, qué aporta al debate público en un momento que exige respeto a la independencia judicial.” El pasado 22 de julio el presidente Petro la nombró. Sandra Liliana Heredia, según el mandatario “protegería” a la juez pasara lo que pasara. Así lo dijo en su cuenta de X: “Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Considere mi deber no hacerlo por respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general.  Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado. Quien ejerza el oficio de juez, hombre o mujer, tiene el deber y el derecho de actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad. Mi deber es proteger esa decisión, cualquiera que sea y a la persona que la profiera ” Heredia debe estar inquieta. Su nombre empieza a ser uno de los más sonados del país. Sobre ella no se sabía nada antes de julio de este año. Pero, con el correr de los días, su nombre está en todos los titulares. Gracias al portal tolimense llamado El Cronista, supimos desde la semana pasada detalles de su vida. Por eso sabemos que estudió la primaria en la Escuela Urbana de niñas y el bachillerato el el colegio Feliza Suárez de Ortiz. Esa niñez la pasó en la población de La Alpujarra que tiene apenas 4.000 habitantes. Su adolescencia la pasó en Flandes en donde una hermana mayor suya fue vital a la hora de inspirarla a escoger Derecho como su carrera. Su familia no tenía los recursos suficientes para apoyarla en sus estudios por eso duró más de una década en sacar adelante su carrera ya que tenía que trabajar para mantenerse. Estudió en el Sena de Girardot y en 1994 tuvo su primer cargo relacionado con la justicia cuando fue la notificadora en un juzgado en Flandes. Mientras iba trabajando estudiaba en el Espinal Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia. El 1 de noviembre del 2004 consiguió su título y gracias a su trabajo constante se convirtió en juez. En el 2020 ya trabajaba como juez 44 penal del circuito penal de Bogotá. Ese año tuvo la responsabilidad de emitir juicio contra el patrullero de la policía nacional John Antonio Gutierrez por el asesinato de dos jóvenes que participaban en protestas. Le impuso una condena de 10 años de cárcel. El sistema de reparto le permitió ser una de las protagonistas, en el 2024, del que es considerado el juicio del siglo, el de Álvaro Uribe para lograrlo pidió que le quitaran todos los casos que tenía encima y poder dedicarse única y exclusivamente a este caso. El artículo de la revista Semana y el odio uribista en general le han quitado un perfil bajo que le permitía concentrarse en lo que más le ha interesado, el estudio del derecho. En sus manos está declarar culpable e inocente a quien fuera el hombre más poderoso del país. Sabe que nada volverá a ser igual después de este 28 de julio.

Por: Redacción Pares La juez tolimense Sandra Liliana Heredia arrancó a leer la sentencia de 1.000 páginas en la que se dictará el fallo que absolverá o condenará a Uribe. Antes de empezar su lectura, la juez fue muy crítica contra los medios de comunicación. Aunque no señaló a Semana, todos sabían que se refería también al perfil que sacó la revista señalándola como una juez de izquierda. Un perfilamiento que podría ser muy peligroso para su seguridad y el de su familia. La juez también ha recibido presiones por parte de juristas que intentaron darle una clase de derecho en una carta que contenía 38 firmas: “La justicia no se arrodilla ante el poder, no ve nombres, ni estaturas”, afirmó en un discurso que emocionó a propios y extraños, y en el que aprovechó, además, para agradecerle al “ciudadano” Álvaro Uribe por la buena disposición que ha tenido en enfrentar este juicio que podría significar su muerte política. En el momento mismo en que leía su sentencia, afuera, en Paloquemao, seguidores del expresidente que fueron a apoyarlo, golpearon incluso a un reportero de una agencia de noticias china. También se produjeron encontronazos entre los seguidores del expresidente y varios de sus opositores. Mientras tanto, trabajadores de la judicatura salieron a apoyar a la juez. En la lectura de 1.000 páginas, la juez muestra el rigor con el que ha tomado este juicio. Espulgó, palmo a palmo, las razones de sus decisiones, algunas que han traído polémica, como afirmar y demostrar que Juan Guillermo Monsalve era un testigo creíble y que el uso de las interceptaciones telefónicas entre Cadena y Uribe eran válidas, además del uso del reloj espía. La juez también tuvo que soportar la presión del hijo menor del presidente, Jerónimo Uribe, quien se movía durante la sesión de lectura de sentencia de manera incesante. En los últimos días escribió una carta de dos páginas contra la juez Heredia, que medios tan sesgados como Semana , publicaron sin contrastación de fuente titulándolo de esta manera “Álvaro Uribe ya es inocente”. Según la revista Raya, la carta de Jerónimo se caracterizaba por utilizar un argumento que no tiene precedentes: sugirió que la inteligencia artificial podría revisar las pruebas y concluir que su padre era inocente. “Con todo el acervo probatorio disponible en redes y canales digitales, muy pronto, profesionales y aficionados someterán el fallo al examen de la inteligencia artificial”, escribió sin aportar elementos jurídicos, buscando restar credibilidad al fallo de la jueza Sandra Liliana Heredia”.   El propio expresidente Uribe ha sostenido que esto forma parte de una “persecución política”, ordenada por el presidente Santos y que tuvo respaldo en Petro.   A todas estas, la juez, antes de leer el fallo, dio una explicación pormenorizada de las razones que tuvo para desestimar los alegatos de la defensa. Sea cual sea la decisión, ya la jueza tiene un problema mayúsculo y es la sevicia y la mala intención que han usado, tanto el expresidente como su entorno inmediato, así como sus medios amigos, contra una juez que se hizo a pulso, que tuvo que pagar sus estudios a punto de trabajo, que nació en el Tolima y que cree, por encima de todo, en que la justicia es para todos.