Por: Línea de investigación de Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares Desde la Fundación Paz y Reconciliación presentamos el Boletín #4 sobre masacres cometidas en el país entre el 21 de abril y el 31 de mayo de este año. De acuerdo a este reporte, durante este periodo se cometieron diez masacres que dejaron 43 víctimas mortales. Para el mismo lapso de tiempo del 2020 se habían registrado nueve masacres que dejaron un total de 30 víctimas mortales. El panorama que esta realidad traza demuestra que, lejos de detenerse o mantenerse estable, la espiral de violencia en el país sigue creciendo. En lo que va del año, en total, han sido reportadas 36 masacres en todo el país. A continuación se encuentran las cifras e informaciones detalladas de las masacres perpetradas entre el 21 de abril y el 31 de mayo y, más adelante, un mapa interactivo con las regiones en las que se han presentado estos hechos violentos a lo largo del 2021.

Por: Fredy Chaverra  Politólogo, asesor y consultor. Actualmente se desempeña como investigador y profesor universitario. Con la decisión de la Corte Constitucional de respaldar la votación que creó las 16 circunscripciones especiales para las víctimas del conflicto armado, se cierra una de las discusiones jurídicas más intensas de los últimos años y se abre una importante ventana de oportunidad en la ruta de implementación temprana del Acuerdo de Paz. Este camino abierto permitiría avanzar en la transversalidad del enfoque territorial y en medidas de representación para los territorios más afectados por la persistencia del conflicto armado y por la debilidad institucional. Sin duda, fue una decisión de calibre histórico que se sustentó en la centralidad de los derechos de las víctimas y en la necesidad de incorporar los territorios olvidados en el “concierto” de la política nacional. Es claro que le asisten grandes retos y dificultades. Sin embargo, tampoco es una medida completamente nueva en los procesos de posacuerdo que se han dado en el país. Echemos un vistazo. En el marco del proceso de negociación entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco, se acordó una Circunscripción Especial de la Paz para partidos políticos surgidos de movimientos alzados en armas desmovilizados y reincorporados a la vida civil. Dicha circunscripción formó parte del paquete de reformas incluidas en el proyecto de referendo que Barco le presentó al Congreso en 1989, pero tras su hundimiento en el último debate (a instancias del Gobierno y debido al “mico” favorable a los extraditables) al M-19 no le quedó más alternativa que tramitar su reincorporación política bajo las reglas ordinarias. A dos días de dejar las armas, Carlos Pizarro se postuló a la alcaldía de Bogotá y Antonio Navarro a la alcaldía de Cali. Asimismo, Vera Grabe llegó a la Cámara de Representantes. Para las elecciones legislativas de 1991 (tras la derogación por parte del constituyente del Congreso elegido en 1990), el M-19 —ya convertido en Alianza Democrática— se alzó con 22 curules. A voto limpio y sin circunscripción especial. Para 1994 se aplicó por primera y única vez la Circunscripción Especial de Paz en la elección de concejales en 199 municipios de 22 departamentos. Fue una medida que amparó a todos los grupos armados y milicias que habían adelantado procesos de desarme en el gobierno Gaviria. Entre ellos se encontraban el M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista (CRS), las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, las Milicias Independientes del Valle de Aburrá y las Milicias Metropolitanas de Medellín. A la Corriente de Renovación Socialista también se le otorgó el derecho a tener dos representantes a la Cámara para el periodo 1994-1998. Fueron medidas excepcionales y transitorias de reincorporación política en fases de posacuerdo, pero solo enfocadas en las demandas de los grupos desmovilizados. A diferencia de los procesos de los años 90, las actuales Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz (CTEP) no se diseñaron para favorecer electoralmente a los grupos desmovilizados. Es más, estos no pueden participar con candidatos o listas propias. Su criterio de creación obedeció, en mayor medida, a la necesidad de construir unos cinturones regionales intradepartamentales, priorizando los municipios más afectados por el conflicto, la presencia de cultivos ilícitos y la debilidad institucional. Son 168 municipios (coincidentes con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) subrepresentados en el Congreso y claves en la implementación del enfoque territorial del Acuerdo de Paz. En su diseño original, las curules se pensaron como una fórmula intermedia de reparación territorial. No obstante, el Congreso le introdujo dos grandes modificaciones: las convirtió en curules exclusivas para las víctimas y excluyó de la lógica electoral a todas las cabeceras municipales. En su decisión, la Corte Constitucional fue más allá y extendió su vigencia hasta 2030. Por dos periodos consecutivos, la Cámara se fortalecerá con la presencia de dieciséis representantes que llegarán al Capitolio con la responsabilidad de representar a los territorios más olvidados del país, así como de ser garantes en la ejecución de los PDET, el programa de sustitución de cultivos ilícitos, las sanciones propias de la JEP a los máximos responsables de crímenes atroces y, en general, de todos los componentes que constituyen la Reforma Rural Integral. Además, podrán integrar bloques legislativos en comisiones o plenarias y posicionar agendas nacionales o locales. De ahí la importancia de que estas curules sean ocupadas por actores sociales que realmente conozcan las necesidades y particularidades de los territorios. Estas personas serán las principales garantes políticas en la construcción de la paz territorial y el resarcimiento a los derechos de las víctimas. No es una responsabilidad menor. Sin embargo, sobre las curules también se ciernen dudas y sombras. Primero, la derecha empezó su andanada mediática afirmando que serán ocupadas por las Farc o que podrán ser cooptadas por los actores armados. Ya es claro que el partido Comunes está inhabilitado para postular candidatos (tampoco podrán participar exguerrilleros). Así quedó establecido en el acto legislativo y no hay lugar a discusión. Sin embargo, sí es cierto que las y los representantes serán elegidos en territorios donde persiste el conflicto y el dominio de grupos armados (mucho más porque son zonas rurales dispersas). Y pese a que esto no es motivo para estigmatizar esos territorios, sí es una condición que amerita diseñar esquemas muy exhaustivos de veeduría, monitoreo y control tanto a candidaturas como a campañas. También se deberán garantizar los puestos de votación suficientes y las condiciones de seguridad necesarias para avanzar en el proceso electoral. Son riesgos que hay que reducir para que las curules no pierdan su esencia restauradora o sean cooptadas por actores armados. En síntesis, las circunscripciones transitorias no son fórmulas nuevas en el país: ya se han implementado con resultados diferenciados, pero sí es la primera vez que se crean bajo un amplio criterio territorial y desde un enfoque de derechos. Es la medida de reparación e integración territorial más importante en la historia reciente del país y un auténtico compromiso —real, práctico y verdadero— con millones de víctimas. No hay duda de que estas circunscripciones también están encaminadas a cerrar las brechas sociales que han convertido al país en un monumento a la desigualdad y la indiferencia. Tengo la expectativa de ver a las víctimas en el Congreso posicionando agenda y llevando la voz de cientos de comunidades a un órgano que legisla de espaldas al país. Como un compromiso por la paz y la reconciliación, pongo a disposición mi experiencia para acompañar a los movimientos interesados en postular candidaturas y asumir el compromiso de ser garantes en la construcción de la paz territorial. Con su llegada al Congreso, se dignificará la política en un espacio donde las víctimas se han convertido en un “adorno” cada 9 de abril.

Por: Laura Cano  Periodista – Pares  Cali se ha convertido en un epicentro de la protesta social: organizaciones sociales, barriales, de estudiantes, entre otras, se han venido organizando desde el pasado 28 de abril en diferentes puntos de la ciudad. Con el pasar de los días ha quedado en evidencia la organización de la movilización en la capital del Valle del Cauca, pero también la constante violación a los derechos humanos en medio de la coyuntura actual. Durante estos días de paro nacional, Cali ha sido una de las zonas desde donde más denuncias han llegado acerca de la violencia contra los y las manifestantes. Hay que recordar, por ejemplo, los últimos días de abril y los primeros de mayo, cuando en sectores como la Luna, el Lido y el Cortijo se vivieron graves abusos por parte uniformados. Incluso varios de ellos fueron señalados por disparar con armas de fuego contra civiles. Tan solo en la ciudad de Cali, desde el 28 de abril han sido asesinadas las siguientes personas bajo la presunta responsabilidad de la fuerza pública o de civiles armados: Marcelo Agredo Inchima, Cristian Alexis Moncayo Machado, Yarli Parra Banguera, Pol Stiven Sevillano Perea, Jeisson García, Miguel Ángel Pinto Mona, Rosemberg Douglas, Edwin Villa Escobar, Heinar Alexander Lasso Chará, Jovita Osorio, Yinson Andrés Angulo Rodríguez, Santiago Moreno Moreno, Joan Nicolás García Guerrero, Harold Antonio Rodríguez Mellizo, Cristian Arturo Hinojosa Murillo, José Emilson Ambuila, Kevin Anthony Agudelo Jiménez, Javier Alonso Uribe Díaz, José Yesit Acevedo Santamaría, Julio Cesar Caicedo Salguero y Angie Yohanna Valencia Ordóñez. Asimismo, hay que resaltar que durante la conmemoración del primer mes del paro nacional, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, informó que al menos 13 personas murieron durante la jornada de protestas de ese día. Sobre esta situación se refirió también Carlos Rojas, secretario de Seguridad de Cali, quien aseguró que: «En el sur de la ciudad tuvimos un verdadero escenario de confrontación y de casi una guerra urbana donde muchas personas no solamente perdieron la vida, sino que también tuvimos una importante cantidad de lesionados». Se han presentado hechos de tal gravedad como los cortes de energía e internet mientras en las calles sonaban disparos incesantes, así como la desaparición de más de 120 personas en lo que va de este paro nacional, según cifras de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz. Entre tanto, la Personería de la ciudad ha comunicado que desde el 28 de abril hasta finales de mayo se habían recibido 19 reportes de personas desaparecidas, de las cuales 15 ya habrían aparecido. Adicionalmente a todo esto, otra de las realidades que ha marcado la movilización en Cali ha sido la presencia de civiles armados. Se presume que algunos de estos grupos de civiles serían responsables de parte de los asesinatos de las personas mencionadas anteriormente. Además, estos grupos de civiles armados parecieran estar actuando bajo la complicidad de la Policía, pues en varios videos que han circulado en redes sociales, principalmente, ha quedado en evidencia cómo estas personas hacen uso de sus armas incluso estando a poca distancia de uniformados. «Frente a los videos que se han conocido en redes sociales, en los que se observan algunos ciudadanos usando armas en el sector de Ciudad Jardín, y en el que se evidencia la presencia de la fuerza pública, se ha dispuesto la respectiva investigación por parte de la Inspección General de la Policía Nacional y de la Justicia Penal Militar», aseveró el general Jorge Ramírez, inspector general de la institución a través de las redes sociales de la Policía Nacional el pasado 28 de mayo. Cali es, sin duda, una de las ciudades que más ha estado atravesada por la violencia en estos días de protesta social. Por esta razón, múltiples sectores han insistido en el diálogo, al cual han accedido tanto el alcalde de la ciudad como la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, quienes junto a la Unión de Resistencias Cali – Primera Línea Somos Todos y Todas han venido adelantando diálogos desde el 25 de mayo en búsqueda de llegar a acuerdos, tanto desde lo que piden las personas en las calles, como desde lo relacionado con la solicitud de algunos sectores sobre el desbloqueo de las vías. Siendo esto así, el día de ayer se conoció que, tras los encuentros realizados, se acordaron las garantías para la construcción de acuerdos, así como para la institucionalización de la Mesa de Diálogo. Además, se lee en el comunicado publicado por Jorge Iván Ospina que: “se reconoce a la Unión de Resistencias Cali – Primera Línea Somos Todos y Todas como un movimiento autónomo de los puntos de resistencia para su diálogo con la Alcaldía Distrital de Cali y la sociedad; se crea un Canal de Salvaguarda de Vidas para realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas en el marco de la protesta social; y se conforma una Comisión de Derechos Humanos para el esclarecimiento de hechos ocurridos durante la protesta en la ciudad de Cali. Adicionalmente, entre otras disposiciones, se institucionaliza la Mesa de Diálogo que será un espacio inclusivo y participativo para la definición de agendas concertadas para buscar la inclusión social y brindar garantías de participación». Hay que recordar que previo a esto, el presidente Iván Duque visitó la capital del Valle del Cauca. Estando allí anunció que desde la noche del 29 de mayo ordenaba el despliegue de asistencia militar en la ciudad y en el departamento. Además, y a pasar de todo el panorama de violación de derechos humanos, el mandatario aseguró que procuraría el desbloqueo de las vías para “la protección de derechos de los ciudadanos”. Para cumplir este propósito, desplegó 7.000 miembros de la Fuerza Pública, entre ellos de la Armada Nacional. Además, en medio de este contexto, también se dio el nombramiento del nuevo secretario de Gobierno de Cali: Carlos Javier Soler Parra, quien es coronel retirado del Ejército y abogado de la Universidad de San Buenaventura, además de haber sido asesor de los miembros de la fuerza pública en la mesa de negociación en el proceso de paz con las Farc en La Habana. También fue asesor de la comisión negociadora en los diálogos exploratorios entre el ELN y el Gobierno que se realizaron en Ecuador y en Cuba. Para Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), este nombramiento, en el marco del contexto actual de Cali, “genera mucha desconfianza, pues es un espaldarazo al uribismo y al pedido del Centro Democrático de tener militares en la cabeza de las instituciones”. Como si fuera poco, pocas horas después de conocerse que se había concretado la Mesa de Diálogo, se informó que en dos de los puntos de concentración más constantes en Cali —Puerto Resistencia y el Paso del Comercio— se habían presentado hechos muy similares y de igual gravedad. Por un lado, en el Paso del Comercio, pasada la medianoche se registraron unos disparos que presuntamente habrían sido accionados por civiles que iban en una motocicleta. En este hecho, dos jóvenes fueron asesinados. Uno de ellos fue identificado como Jhoan Stevens, quien haría parte de la Primera Línea. Por todo lo que ha venido sucediendo en esta zona de la ciudad, al sitio no se permitió el ingreso de la Policía ni de la Fiscalía, y se solicitó la presencia de la Arquidiócesis de Cali para la entrega de los cuerpos. Por otra parte, en circunstancias similares, civiles con armas de fuego habrían atacado a personas que bloqueaban la zona conocida como Puerto resistencia. En estos hechos, dos personas habrían resultado heridas y fueron posteriormente trasladadas al Hospital Universitario Fundación Valle del Lili. En el sitio también habrían sido asesinadas dos personas. Frente a esto, el general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana, dijo que «representantes de los Derechos Humanos confirmaron que habían hallado dos cuerpos en la zona, pero algunas personas no permitieron el ingreso de la Policía Judicial ni del CTI de la Fiscalía para el levantamiento y los cadáveres fueron entregados a la Cruz Roja”. Lo que demuestra este panorama es que si no hay una voluntad completa para la protección de quienes se manifiestan en las calles va a ser muy difícil avanzar, incluso con la instalación de mesas de diálogo, pues se ha demostrado, por ejemplo, que en Cali los civiles armados son un riesgo latente. Esta realidad debería dar paso a que la regulación y las sanciones contra quienes están cometiendo este tipo de acciones violentas contra los y las manifestantes se convierta en una prioridad. Juan Manuel Torres explica que “pareciera haber un interés del Gobierno nacional para que no prosperen estos canales de diálogo, porque el Gobierno solo quiere seguir con la represión constante y el acoso contra los puntos de concentración. Posiblemente estos ataques que se dieron anoche en estos puntos, que son los que más se han mantenido, pueden leerse como un saboteo que genera más desconfianza en el ambiente, lo que termina limitando los diálogos locales y departamentales”.

Por: Luis Eduardo Celis  Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares Está en curso la más formidable protesta ciudadana de toda nuestra vida republicana; la más masiva y la más prolongada. Es una protesta donde las y los protagonistas han sido principalmente las juventudes, que se han volcado por miles a las calles de manera alegre y pacífica. Hemos entrado en pleno en una intensa lucha social y política. Las y los jóvenes no quieren vivir en esta Colombia caracterizada por la exclusión social y en la que derechos básicos como la educación, la posibilidad de un empleo o el desarrollo de un proyecto de vida con una perspectiva de justicia, dignidad, democracia de calidad no son parte de la realidad; no quieren vivir en un país en el que cerca de la mitad de la población vive en situación de pobreza. Lo que hemos vivido en estas últimas semanas, en medio de esta protesta social que continúa, es el choque de dos lógicas que expresan muy bien el conflicto en curso: por un lado, hay defensores de este orden de exclusiones y de precaria democracia que consideran que debe terminar la protesta y que en ella se concentran todos los males del país; y, por otro lado, estamos quienes pensamos que hay una crisis social profunda y que esa crisis expresa el fracaso de un orden social y político a transformar. Por supuesto que esta crisis no es nueva. Es el producto de un liderazgo político que ha construido este orden de exclusiones y violencias: resistiéndose por más de dos siglos a contar con una democracia de calidad, han construido un orden de privilegios contra el cual hemos luchado desde siempre quienes hemos creído que esta sociedad está mal organizada y que es inadmisible que un país rico en recursos y en talento humano tenga hoy a millones de familias pasando hambre. Eso no es aceptable y no debe ser tolerado, bien por la protesta. Lo que hemos visto durante estas cinco semanas de protesta social es que hay una defensa cerrada de los privilegios construidos a punta de violencias, una utilización arbitraria del Estado y una negación sistemática de derechos para millones de personas. El discurso de respuesta a los reclamos sociales sostiene que ya vendrán los derechos, que la protesta en curso es culpa de Rusia, de Cuba y de Maduro. Ya conocemos esa narrativa de que hay enemigos externos e internos: una renovada expresión de la guerra fría que sigue viva en algunas élites de poder. Sumémosle a esa explicación sobre la situación actual la narrativa de que mafias ilegales financian la protesta. Respecto a todo lo anterior: solo discurso y ninguna evidencia. Este malestar social no va a pasar así como así. Esta protesta tiene raíces profundas y se seguirá expresando en múltiples espacios: en las calles y en las plazas, en el debate en el Congreso, en la deliberación ciudadana y en los procesos electorales. Se requieren cambios de mucho orden y profundidad, y eso va a llevar tiempo, por supuesto, pero hay que lograr que los reclamos más urgentes muestren un camino de realización. Coincido con quienes han dicho que por lo menos cuatro temas deben ser concertados entre el mundo social que está en la protesta y el gobierno del presidente Iván Duque: renta básica de calidad para seis millones y medio de familias que hoy sufren hambre; iniciativas para ampliar y cualificar el acceso a la educación para millones de jóvenes que hoy están por fuera de este derecho, y para las universidades públicas que hoy se derrumban físicamente; una política de empleo y posibilidades de generación de ingresos para jóvenes y mujeres; y, por último, el tema que nuevamente es más que evidente: se requiere una profunda reforma de la Policía, que se ha comportado ante la legítima protesta como una fuerza criminal (la evidencia es amplia). Hay una sociedad en pie por sus derechos. A treinta años del proceso constituyente del 91, esta fuerza social puede hacer realidad la promesa que la nueva Constitución colocó como referente: Estado social y democrático de derecho, lo cual sigue siendo proyecto por hacer realidad. Estamos en una transición difícil. El viejo orden se resiste a ser superado. El uribismo va a luchar con su narrativa de guerra fría, con violencia, saliendo a la calle, aferrándose al poder de manera legal e ilegal, como lo que han sido toda la historia: un pie en la legalidad y un pie en la ilegalidad. Eso hay que tenerlo muy claro y enfrentarlo en el marco de la constitución del 91 de manera decidida, pacífica y persistiendo en la acción social, política y cultural por una Colombia en paz, justa y con una democracia de calidad.

Por: Walter Aldana  Político social alternativo ¿Qué pasa en Colombia? ¿el Gobierno es sordo? ¿por qué los organizadores de las movilizaciones sociales no controlan a las personas “violentas”? En fin, un sinnúmero de interrogantes le hacen a uno las personas en la calle, entre otras razones porque creen que es posible tener una explicación precisa. Debo confesar, como toda persona que pretenda explicar lo que acontece, que es difícil acertar en el análisis. Pero aun así lo intentaré porque creo que es la responsabilidad que me asiste en este momento. Quiere decir lo anterior que respeto la dinámica, así como las decisiones de quienes se encuentran en el escenario de los hechos, con su esfuerzo, sus propuestas y sus costos. El responsable de lo que sucede hoy con la patria es un modelo económico neoliberal aperturista, voraz con la pequeña producción, perpetuador de falta de oportunidades laborales y de estudio, extractivista de los recursos naturales (donde cimentan sus ingresos mayoritarios para el funcionamiento y la inversión); es la crisis de un régimen en el que, como en el mundo al revés, el sector financiero (que genera su usura con nuestro dinero) gana 5 billones de pesos en el año de la pandemia, mientras en miles de hogares de Colombia las personas dejaron de comer 3 veces al día y pasaron a tener dos e incluso a una sola comida diaria. Entonces el Gobierno no es sordo. Aunque Duque parezca perdido, es muy avispado. Lo que sucede es que representa al país de los bancos, a la nación de los industriales —a quienes regaló 15 billones en la reforma tributaria de 2019, vía ahorro de impuestos, aumentando lo que los economistas denominan el “hueco fiscal”—. Y pretenden las autoridades civiles y la fuerza pública, después de las marchas llenas de artistas con sus expresiones, colorido de patria en ríos de personas que copamos el espacio público —nuestro espacio público—, que sea el comando de paro nacional el encargado de controlar a quienes hoy llaman vándalos y que en realidad son víctimas de falta de oportunidades estructurales: algo así como hacer inteligencia y policía para que sus intereses no sean afectados, cuando esa es la misión institucional de la fuerza pública. Tengo claras las razones del paro nacional. Ni disidencias ni guerrillas, sino infiltrados de la fuerza pública, civiles disparando al lado de la policía (los videos que circulan por las redes no mienten) y grupos radicales que atentan contra bienes públicos y privados (dando “argumentos” para que los medios de comunicación, cuyos propietarios son los dueños de esos bancos, de esas propiedades privadas) intentan desprestigiar el actuar de millones de personas que, como yo, marchamos en las mañanas diciendo, entre otras consignas: “Duque chao, Duque chao” (que no es otra cosa diferente a la seguridad en el pensamiento y en el corazón de que este modelo será derrotado en las elecciones del 2022). Y, por otro lado, aquellas personas ligadas con el paro solo a partir de la oportunidad de hacerse a algún bien —y cuyo actuar es semejante a la práctica del zar anticorrupción y a los funcionarios inmersos en actividades delictivas de corrupción— deben ser atendidas con oportunidades de ingresos económicos e inversión social. La protesta la lideran jóvenes que saben no se pensionarán, que por más que estudien el modelo de contratación laboral no les permitirá un ingreso mayor de tres millones, que no tienen posibilidad de vida digna, que les han quitado todo, todo… hasta el miedo.

Por: Esteban Salazar Coordinador de Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares

Por: Juan Sebastián Hernández Asistente de investigación Pares – Línea de Democracia y Gobernabilidad El departamento de Santander ha sido históricamente uno de los grandes bastiones del Partido Liberal. No obstante, al interior de la colectividad, a nivel departamental, han existido varias facciones distintas a las que lideraba el exsenador y cacique político Horacio Serpa. A pesar de ello, el partido ha ocupado la mayoría de gobernaciones desde 1992 —cuando se eligió por primera vez a mandatarios locales por voto popular— y ha sido el más votado en las elecciones a Congreso de la República en el departamento. Por otro lado, hacia el 2002 surgió una nueva fuerza política en Santander encabezada por Luis Alberto ‘El Tuerto’ Gil, quien fue diputado del departamento en tres ocasiones y fundó el cuestionado movimiento Convergencia Ciudadana, con el cual logró ocupar una curul en el Senado en las elecciones de 2006. A este movimiento ingresó el excoronel de la Policía Hugo Aguilar Naranjo, quien, tras haber sido diputado, fue elegido gobernador de Santander en 2007. De esta forma, le arrebataba este cargo público al Partido Liberal, que conservaba la hegemonía en la Gobernación desde 1992. Sin embargo, la llegada de Aguilar al poder trajo consigo la construcción del clan más fuerte hoy en día en el departamento. Pese a que ‘El Tuerto’ Gil y Naranjo fueron condenados por parapolítica, el excoronel Aguilar consiguió que dos de sus hijos, Richard y Mauricio Aguilar, ocuparan la gobernación de Santander en 2011 y, la más reciente, en 2019. Se garantizó así, además, la participación de los dos en el Senado de la República (Mauricio Aguilar en dos ocasiones, en 2010 y 2014, y Richard Aguilar en 2018) con el apoyo de miembros y aliados del clan como Bernabé Celis, Edwin Ballesteros y Ciro Fernández, entre otros, quienes han ocupado u ocupan una curul en el Congreso. Durante la última década, en el departamento de Santander, la Gobernación y las curules a Cámara y Senado se las han venido disputando los clanes ‘Aguilar’ y ‘Tavera’. Sin embargo, ambos han sido salpicados en múltiples escándalos de corrupción, lo cual ha dejado al descubierto cómo desde los cargos de poder que ocupan han utilizado los recursos públicos para desfalcar al departamento y afectar a su población a costa de fortalecer sus redes clientelistas. Resultados en las últimas dos elecciones locales para los movimientos alternativos Desde las elecciones locales en 2015 han empezado a surgir nuevos liderazgos que buscan desmarcarse de la política tradicional y clientelista que vive el departamento. Figuras como la de Rodolfo Hernández y Leonidas Gómez han empezado a tener peso en la contienda electoral en Santander, amenazando la hegemonía de estas estructuras que se han enquistado en los cargos de elección popular. Para los comicios realizados ese año, Rodolfo Hernández, quien nunca había participado en política, aspiró a la alcaldía de Bucaramanga con el Grupo Significativo de Ciudadanos (GSC) “Movimiento Cívico Lógica y Estética” y logró quedarse con el cargo. No logró terminar su mandato debido a que fue destituido por la Procuraduría y, por ende, decidió renunciar a su cargo. En esas mismas elecciones, Leonidas Gómez, lanzado por el GSC “Dignidad Santandereana”, se enfrentó a Didier Tavera —líder del clan ‘Tavera’— por la Gobernación y ocupó el segundo lugar tras obtener 231.254 votos: 81.865 menos que el ganador Tavera. En 2018, Gómez se lanzó como candidato al Senado de la República por el partido Polo Democrático Alternativo y logró alcanzar una votación de 84.821. En esa ocasión fue el senador más votado en Santander: consiguió allí el 95,7% (81.225 votos) del total de los escrutinios obtenidos. A pesar de su alta votación a nivel departamental, el entonces senador renunció a su curul en diciembre de 2018 para aspirar nuevamente a la Gobernación. Los resultados conseguidos en 2015 y en 2018 ponían a Leonidas Gómez como uno de los favoritos, junto a Mauricio Aguilar, para quedarse con la Gobernación de Santander. Ambos candidatos se lanzaron por medio de recolección de firmas: el primero por el GSC “Dignidad Santandereana”, formando una coalición con el Polo Democrático Alternativo, el Partido Alianza Verde y la Colombia Humana-UP; Y el segundo por el GSC “Siempre Santander”, en coalición con el Partido Conservador. El ganador de las elecciones fue Mauricio Aguilar con 380.704 votos —48.515 votos más que Gómez, quien decidió aceptar una curul en la Asamblea Departamental por el Estatuto de Oposición que había entrado en vigencia para las elecciones locales—. A pesar de la derrota sufrida en dichos comicios, hubo un cambio significativo en la política regional que se venía consolidando desde las elecciones en 2015 en el área metropolitana de Bucaramanga. Tanto en 2015 como en 2019, en Bucaramanga ganaron dos candidatos que no provenían de partidos tradicionales y clanes políticos: es el caso de Rodolfo Hernández y Juan Carlos Cárdenas, —candidato de Hernández en las pasadas elecciones locales—. Asimismo, en 2015, consiguiendo el 78,94% del total de su votación, Leonidas Gómez ganó en toda el área metropolitana de Bucaramanga. En las elecciones a Senado en 2018, Gómez consiguió ganar en Bucaramanga y Piedecuesta. Hay que mencionar, además, que tanto en Girón como en Floridablanca fue el candidato más votado pese a que el partido que lo respaldaba no lo fue —en aquel momento obtuvo el 91,65% de los votos en esta zona—. Esta situación se repitió en 2019, año en el que, con excepción de Girón, ganó en el resto del área metropolitana consiguiendo el 57,10% del total de sus votos. Aunque durante las últimas elecciones la concentración de sus votos en el área metropolitana de Bucaramanga bajó, su votación con relación a las elecciones locales pasadas aumentó en más de 100.000 votos. El proyecto alternativo en Santander de cara al 2022 Como se mencionaba en párrafos anteriores, Leonidas Gómez se ha convertido en una de las caras políticas más visibles y fuertes electoralmente en Santander. Será sobre su liderazgo y su gestión donde recaerá parte de la campaña de la “Coalición de la Esperanza” en el departamento. Pares realizó una entrevista con el diputado Gómez para conocer cómo se están organizado de cara a los comicios de 2022. Se abordó, en primer lugar, el rol que juega el partido Dignidad dentro de la coalición, entendiendo que es el más fuerte al interior de esta y teniendo en cuenta los resultados obtenidos por Gómez en las últimas elecciones. Sobre esto, el excandidato a la Gobernación expresó que se busca aglutinar a todos aquellos sectores que conforman la “Coalición de la Esperanza” y trazar un proyecto político que supere los acuerdos estrictamente electorales con una proyección a diez años (Gómez, 2021). En ese sentido, los movimientos y partidos que integran esta coalición —Partido Alianza Verde, Compromiso Ciudadano, Dignidad y políticos que provienen del nuevo liberalismo— tendrán una participación equitativa en la conformación de las listas. Desde ya —y de acuerdo con el diputado—, Luis Alberto Morales, un exconcejal de Bucaramanga del Partido Liberal, suena como candidato al Senado por la coalición; para Cámara de Representantes suenan Juan Sebastián López, de Dignidad, y Julián Silva, de Compromiso Ciudadano —quien repetiría candidatura luego de que en 2018 fuese fórmula de Iván Marulanda en las elecciones a Congreso—. Si bien ya empezaron a sonar nombres, de acuerdo con Gómez, se busca cumplir con la paridad en temas de género. Para ello, esperan que la lista a Cámara de Representantes de la “Coalición de la Esperanza” sea conformada en su mayoría por mujeres. Es decir, 3 hombres y 4 mujeres (Gómez, 2021). Con respecto al acompañamiento a las candidaturas, el diputado manifestó que su apoyo será igual para todas las personas aspirantes y que, en ese sentido, acompañará y apoyará a miembros disidentes del liberalismo, de Compromiso Ciudadano y del Partido Verde como si fueran miembros de Dignidad. Con respecto a la escición que hubo el año pasado, en la que Robledo y sus miembros afines abandonaron el Polo Democrático, y con relación a la disputa que tendrán ahora desde la “Coalición de la Esperanza” y “Pacto Histórico”, Gómez planteó que ha existido una relación cordial con los miembros de la colectividad a nivel departamental, por lo que esperan trabajar juntos, entendiendo que ambas son fuerzas alternativas y los enemigos a vencer son los grandes clanes y caciques electorales tradicionales (Gómez, 2021). En el proceso electoral al interior de Santander, el área metropolitana de Bucaramanga juega un papel fundamental debido a que allí se concentra la mayor densidad de población y, asimismo, la mayor cantidad de votantes. Y aunque el proyecto de los partidos alternativos es incipiente en esta zona y se enfrentará a las grandes maquinarias políticas departamentales —como la de los Aguilar y los Tavera—, así como a estructuras más locales como la de Floridablanca, entre otras, el éxito del proyecto alternativo en Santander radicará, en parte, en el apoyo y acompañamiento que brinde Leonidas Gómez, pero también en la capitalización de votos en el área metropolitana.

Ha transcurrido un mes del inicio del paro nacional y desde la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) hacemos un recuento de los hechos más importantes que han dejado estas jornadas continuas de protestas sociales a lo largo del país. Navega en la línea de tiempo interactiva que hemos construido.

Por: Laura Cano y Sergio Saavedra Periodistas – Pares Desde horas de la madrugada de este 27 de mayo empezó la incertidumbre para los familiares de líderes y lideresas campesinas, concejales, integrantes de mesas de víctimas y miembros de la Asociación Campesina de Arauca (ACA) por cuenta de, al menos, una decena de detenciones irregulares que habrían sido cometidas por parte de la fuerza pública. En una de esas detenciones estaría involucrada una camioneta sin placas. Pares habló con el asesor jurídico de la asociación para establecer cuál es el estado y la integridad de las 11 personas que —tal como se lo señalaron a Pares—, en su mayoría, se encontrarían en el Batallón del Ejército de Saravena. Asimismo, se afirmó que no se les ha brindado información ni comunicación que garantice sus derechos. De igual forma, es importante que se conozca de su estado de salud porque hay cuadros de tipo cardiaco y de diabetes a tener presentes. De hecho, la información que tiene ACA sobre las personas retenidas es a partir de lo que escasamente saben algunos de sus familiares. Desde el comunicado oficial de ACA, publicado a mediodía de este 27 de mayo, ya se conoce de dos nuevas detenciones y está por confirmarse lo que sería otra que habría ocurrido en la tarde de este jueves. De esta forma, las personas detenidas y que se encuentran bajo el poder de la fuerza pública son: Anderson Rodríguez (presidente de ACA), Jhon Alexander Romero (vicepresidente de ACA y secretario de DDHH de ACA), Camilo Espinel (secretario de educación de ACA y concejal de Saravena), Fredy Camargo (concejal de Fortul y coordinador del comité técnico ACA), Daniel Huertas (líder LGBTI de Saravena), Alexander Boita Amaya (Secretario Departamental de Agricultura de la Gobernación de Arauca), Ruth Pita (Concejal de Fortul y asociada de ACA), Diana Molina (Mesa de Víctimas de Saravena); Nini Cardozo –capturada en Bogotá— (Mesa de Víctimas de Arauca). Y las más recientes; Helber Alonso Ramírez Castro (afiliado de ACA) y Samuel Acosta (integrante del comité veredal de Tame) *** El contexto de riesgo y violencia que sufre ACA Uno de los aspectos que agudizan la situación para los liderazgos de los y las integrantes de la Asociación Campesina de Arauca son las constantes victimizaciones que han recibido. Pares alerta sobre la situación de riesgo que viene presentando ACA: se han presentado casos de asesinatos, amenazas, judicializaciones irregulares y perseguimientos. Un oscuro entramado con una mano paramilitar acedia a los procesos campesinos y populares que adelanta ACA en los municipios que componen el departamento fronterizo de Arauca. La respuesta del Gobierno nacional ha sido una: la desatención de sus llamados. Ejemplo de ello son las amenazas, persecuciones y seguimientos por parte de paramilitares que han señalado como objetivos militares al presidente de ACA, Anderson Rodríguez, o a Camilo Espinel, que trabaja como directivo de la Junta Departamental. También son muestra de esta situación de vulnerabilidad los atentados registrados como del que fue víctima Jhon Alexander Romero, vicepresidente de ACA. Por supuesto, sin dejar de nombrar a Luz Perly Córdoba, quien murió en medio de enrarecidas circunstancias que no han sido aclaradas por los órganos investigativos ni por el Gobierno nacional. Según la posición de ACA: “contra nuestra compañera había un plan para asesinarla y lo hicieron.” Con la bandera de que ser líder y lideresa social no es ningún delito, ACA expresa su preocupación por los más recientes hechos que ensombran al departamento. A su vez, la asociación hace un llamado en el que advierte sobre múltiples ataques que se vienen desarrollando hace tiempo. Cabe señalar que estas detenciones se dan el marco de casi un mes del paro nacional que se adelanta en distintas ciudades, municipios y corregimientos de Colombia. La ACA advierte de los riesgos por cuenta de la crítica situación en materia de derechos humanos que atraviesa el país: abundan las denuncias asesinatos, desapariciones y detenciones ilegales. También es necesario mencionar que el departamento de Arauca se encuentra en el marco de un “Paro Cívico” que, en principio, podría extenderse por ocho días. Comunidades indígenas, campesinas y juveniles se han sumado hace semanas al paro nacional. Según el comunicado de la asociación, las capturas masivas denunciadas el día de hoy fueron realizadas por la Fiscalía General de la Nación y por el Ejército Nacional bajo el supuesto de la orden de un juez y la petición de una fiscal de Bogotá por presunto delito de concierto para delinquir agravado. Pares habló con el asesor jurídico para conocer más detalles de la situación Pares: ¿Cómo está la situación? ¿Qué se sabe del estado de las personas que fueron retenidas de forma irregular por parte de la Fuerza Pública? ACA: De lo que tenemos conocimiento es que este operativo de captura masiva se da en el marco de un proceso que viene desde año 2019, pues en medio del operativo un fiscal de la unidad delegada de seguridad ciudadana, de la ciudad de Bogotá, ha sido quien ha llevado el proceso. Hay que decir que al parecer hay dos procesos, pero eso todavía no lo sabemos. En principio tenemos conocimiento de uno, por medio del cual se solicitaron las órdenes de captura, al parecer, ante un juez de control de garantías de Bogotá, quien dio validez y emitió dichas órdenes de captura, las cuales el día de hoy se desarrollaron en el operativo que se dio en distintos municipios de Arauca y también de la ciudad de Bogotá. Como producto de ese operativo han sido capturadas las personas que estaban en el comunicado, pero también tenemos información de dos nuevas capturas. Una de ellas se dio en la ciudad de Saravena, de otra persona afiliada a la Asociación Campesina de Arauca (ACA). Actualmente tenemos la información de que están detenidos en Saravena, y seguramente estarán esperando que llegue la persona que detuvieron en Bogotá o que traigan a todos a la capital, eso todavía no lo sabemos. Pares: ¿Se conoce algo del estado de salud de las personas? Lo cual es una de las alertas que ustedes hacen en el comunicado. ACA: Tenemos conocimiento de que Anderson, presidente de la Asociación, tiene un cuadro intestinal, así como un problema diabético y cardiaco. Lo que nos han informado es que le han brindado atención médica, pero no conocemos el estado de salud del compañero. Pares: En el comunicado se habla de varias irregularidades como, por ejemplo, la llegada de camionetas de la Fiscalía sin placa. ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué otras irregularidades se cometieron? ACA: Por un lado, lo que tenemos entendido es que los allanamientos o esos procedimientos se deben hacer durante las horas del día. Sin embargo, en este caso el operativo se comenzó a hacer a eso de las 4:00 a.m. con el compañero Anderson en la vereda La Osa, del municipio de Arauquita. También tenemos conocimiento de que al vicepresidente de la Asociación lo retuvieron siendo cerca de las 5:00 a.m. y allí fue donde apareció la camioneta de la Fiscalía sin placas. De los demás operativos no tenemos mayor información, solo sabemos de la cantidad de personas que han detenido. De las demás personas no se sabe mayor información sobre cómo fue la captura, pues no ha habido comunicación. Lo único que sabemos es que están en la base militar de Saravena. Pares: ¿Qué implicaciones tiene que pasadas varias horas del procedimiento todavía no se haya tenido información precisa sobre las personas detenidas? ACA: Ahí se está vulnerando un principio elemental en lo que tiene que ver con el debido proceso y las garantías de defensa a las que cualquier persona capturada tiene derecho; por ejemplo, relacionadas con el poder llamar a un abogado o a una persona de la familia, lo cual hasta el momento no se ha garantizado. Pares: Ustedes evidencian en el comunicado que esto sucede en el marco del paro nacional, por la gravedad que esto supone. ¿Qué mensaje se puede dar a través de esto? ¿Qué ha venido sucediendo en esta coyuntura? ACA: La detención se desarrolla en el marco del paro nacional y en marco del Paro Cívico de Arauca que se va a mantener por ocho días, y el cual tiene prácticamente al departamento bloqueado. Por otro lado, no es la primera vez que la asociación es perseguida con montajes judiciales contra sus dirigentes: ya en otra ocasión, en el 2004, fueron encarcelados también otros líderes. Esto cumple una matriz que se ha aplicado en departamentos como Arauca, donde en momentos específicos se persigue y se judicializa a la dirigencia social. En este marco es que decimos que se procede cuando el Estado ha sido incapaz de responder por las necesidades de la comunidad. Tenemos conocimiento de que se están dando detenciones a lo largo y ancho del país como estrategia en contra del paro nacional. Pares: Sobre estas capturas que se denunciaron el día de hoy, ¿ustedes tienen información sobre cómo fue el proceso durante la captura? ¿Cuál fue la razón que se dio para llevar a cabo la detención? ACA: Lo que sabemos en el caso de Anderson y John, por ejemplo, que son los datos más documentados, es que se emitió una orden de captura por medio del juez de garantías por el delito de concierto para delinquir agravado con la que procedieron a la aprehensión de las personas. Pares: ¿Qué garantías se les debería estar dando a las personas que fueron retenidas? ACA: Las personas deben ser puestas ante el juez que le corresponda, no tienen porqué estar privadas de la libertad en un sitio militar, en una zona de conflicto, donde su vida y su integridad física corre peligro. Además, se tiene que dar la posibilidad de que estas personas se puedan comunicar con sus familiares, es lo mínimo que se establece cuando una persona es detenida. Es decir, debe haber comunicación con los abogados y las familias. Asimismo, se debe revisar el estado médico de estas personas, pues con condiciones preexistentes se pueden ocasionar daños mayores. Lo otro es que se deben dar todas las garantías procesales. No se entiende cómo se desarrolla un procedimiento de hace dos años y las personas implicadas ni siquiera estaban enteradas de que había un proceso en su contra para que previamente hayan podido aclarar y defenderse. En otro tipo de escenario hubieran informado, pero cuando se trata de dirigentes sociales y campesinos no lo hacen, sino hasta cuando los detienen. Así que se pide que haya garantías procesales de imparcialidad y que se permita el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos de orden nacional e internacional para que hagan una vigilancia constante al proceso. Pares: ¿Hay alguna comisión de derechos humanos haciendo acompañamiento? ACA: Están los delegados de la ONU para Arauca y también de otras organizaciones, además de un personero que también está al tanto de indagar, pero estando en instalaciones militares en muy difícil acceder a información y hacer verificación de lo que está pasando. Solo dicen que están por orden de la Fiscalía y ya. Así que parte de las garantías que se deben dar es que puedan salir de las instalaciones militares a una estación de Policía o a un sitio de la Fiscalía para la detención de personas. Pares: ¿Qué mensaje se da respecto a las detenciones en el marco del Paro, pero también en relación con los hechos que han venido ocurriendo en contra de la ACA? ACA: La ACA está desarrollando una actividad de recuperación de tierras de las tierras despojadas por las compañías mineras para dárselas a los campesinos pobres del departamento. Es posible que a raíz de esto se haya desencadenado esta activación de la persecución judicial contra la dirigencia de la asociación campesina. Por otra parte, la ACA ha logrado tener una interlocución en representación con sus afiliados, que son más o menos 3.500 en todo el departamento, por lo que también es posible que esa interlocución tenga que ver con la descabezada que se le quiere hacer al proceso organizativo. Pares: ¿Cuál es la situación de riesgo general y concreta que tiene la ACA? ACA: Lo concreto es que una buena cantidad de personas de la dirigencia de la ACA han sido detenidas y van a ser judicializadas y procesadas por un delito que es grave. Y eso afecta realmente a las personas, a la organización campesina y a todo el tejido de la asociación en el departamento. Nota del editor: Una profesional de apoyo de la ACA, y pareja sentimental de una de las personas detenidas el día de de ayer de forma irregular, denuncia que personas desconocidas intentaron ingresar forzadamente a su lugar de residencia en la madrugada de este 28 de mayo. La misma persona informa que en el lugar de residencia de Anderson, presidente de la ACA también capturado el día de ayer, se presentaron hechos similares durante la madrugada. Nota del editor (2/06/21): La Asociación Campesina de Arauca ha emitido un nuevo comunicado en el que reitera su compromiso con la movilización social y con la lucha por la reivindicación de los derechos de los campesinos y las campesinas de la región. Además, rechaza, de nuevo, la estigmatización, criminalización y persecución judicial en contra de sus dirigentes y, en consecuencia, exige la liberación inmediata de sus líderes sociales y políticos, quienes presuntamente habrían sido capturados de forma irregular por parte de las autoridades el pasado 27 de mayo. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.»

Por: Sebastián Mora Investigador Pares – Línea de Democracia y Gobernabilidad Un electorado subestimado De acuerdo con la encuesta nacional sobre diversidad religiosa, valores y participación política en Colombia (2020), realizada en conjunto por Act Iglesia Sueca, World Vision, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Universidad Nacional de Colombia —y la cual consultó a 11.034 ciudadanas y ciudadanos —, para el 2019, en Colombia, seis de cada diez personas se reconocían como católicas y dos de cada diez se identificaban dentro de la diversidad religiosa protestante. Aunque el catolicismo se mantiene como la religión preponderante en el país, se evidencia un crecimiento importante del protestantismo. Esta situación permite plantear una discusión respecto a si esta vertiente religiosa debería seguir siendo considerada como una minoría en Colombia, especialmente en términos políticos. La entrada de los movimientos protestantes en la política colombiana se dio con la fugaz candidatura presidencial de Claudia Rodríguez de Castellanos, en 1990, por el Movimiento Nacional Cristiano (MCN), en representación de la iglesia Misión Carismática Internacional. Ya con más ahínco tuvieron participación en la Asamblea Nacional Constituyente, donde obtuvieron dos curules por medio del MNC y del Movimiento Unión Cristiana (MUC), representante de la Confederación Evangélica de Colombia (CEDECOL), que reunía a la mayoría de las iglesias evangélicas1. Este evento significó la apertura democrática a diferentes ofertas ideológicas y políticas —antes excluidas por el bipartidismo— dentro de la competencia electoral. Aunque estos movimientos religiosos han estado divididos en diferentes partidos, sus liderazgos políticos normalmente están representados en los pastores de grandes iglesias o en sus familiares y allegados. Muchas de estas plataformas no son propiamente protestantes o cristianas, lo que termina por fraccionar su influencia política. Sin embargo, los caudales electorales de movimientos o partidos políticos cristianos han mantenido una consistencia a lo largo de los años —desde 1991— y poco a poco han aumentado su representación política en el Congreso (Gráfica No. 1), su influencia política y, por lo tanto, su relación con los grandes partidos. Gráfica No. 1 Las primeras curules obtenidas por estos sectores cristianos —entre los años 1994 y 2002— se dividieron entre el MNC, de Claudia Rodríguez de Castellanos; el Movimiento Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad (C4), encabezado por Jimmy Chamorro Cruz; el MUC, de CEDESCOL; el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), guiado por Carlos Alberto Baena y Alexandra Moreno Piraquive, de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional; y el Movimiento Independiente Frente de Esperanza (FE), liderado por Viviane Morales. Todo este panorama da cuenta de la dispersión de este espectro partidista. Las elecciones de 2006 tuvieron un efecto negativo en los partidos cristianos, especialmente en Senado, por la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2003, el cual introdujo el umbral y la cifra repartidora para la distribución de curules en el Congreso. Únicamente el partido MIRA logró sobrepasar el umbral y conseguir un representante a la Cámara y dos senadores, números que se mantuvieron estables hasta las elecciones de 2018. Es importante resaltar que el partido MIRA ha optado por llevar su apuesta política más allá de su creencia religiosa y ha sido reconocida como una bancada juiciosa que aborda una variedad de temas como derechos fundamentales, economía, derechos laborales, entre otros. Esto, además de llevar a cabo alianzas políticas con otros partidos para varios procesos electorales2. La caída tras las elecciones de 2006 (evidenciada en la gráfica No. 1) llevó a un cambio de estrategia para los liderazgos políticos protestantes: les fue necesario adherirse a distintos partidos políticos seculares y luchar únicamente por ganar una curul y no por mantener vivo un partido político. De esta manera fueron aceptados más por su caudal electoral que por convicción religiosa. Este cambio se mantuvo en las últimas elecciones a Congreso en 2018, año en que se identificaron 10 candidaturas de miembros de iglesias cristianas en cinco distintos partidos políticos: Cambio Radical lideró la cuenta con dos candidatos a Senado y uno a Cámara de representantes; Centro Democrático y Opción Ciudadana con un candidato al Senado y otro a Cámara por partido; y, por último, el Partido Conservador y el Partido de la U con un candidato al Senado cada uno. Tabla No 1. Candidaturas cristianas en otros partidos – Congreso 2018 Fuente: Fundación Paz & Reconciliación con datos de Registraduría Nacional del Servicio Civil. Con base en el preconteo (Tabla No. 1), estas candidaturas representaron un caudal electoral de 198.585 votos para Senado y 45.116 votos para Cámara de Representantes. Estas cifras permiten evidenciar cuatro elementos clave: La presentación por partidos dentro del espectro ideológico de derecha y con poco espacio para protagonismo de candidatas y candidatos cristianos. A fin de cuentas, sin sus votos el umbral del partido no corre peligro y apenas significan una curul. Aun cuando existe una identificación de derecha, esta no se centra en un solo tipo de partido y de agenda política. No es acertado afirmar que Cambio Radical, el Centro Democrático, Opción Ciudadana, el Partido Conservador y el Partido de la U tienen apuestas y agendas políticas iguales. Las candidaturas a Senado tienen mayor fuerza en comparación con aquellas a Cámara de Representantes. Los resultados para las segundas candidaturas fueron mucho menores y dos de las tres candidaturas no tenían caudales propios, sino heredados de figuras más relevantes. De hecho, el 69,42 % del total de votos a Cámara correspondieron a Ángela Sánchez Leal, llave de Claudia Rodríguez de Castellanos. A pesar de la multiplicidad de candidaturas, apenas dos llegaron al Congreso: Claudia Rodríguez de Castellanos al Senado y Ángela Sánchez Leal a la Cámara. Los aliados de una coalición de Gobierno A diferencia de las anteriores dos elecciones a Congreso (2010 y 2014), en 2018 volvió a participar más de un partido explícitamente cristiano en el certamen. El primero de ellos fue el partido Somos, el cual recuperó la personería jurídica del antiguo partido Alas Equipo Colombia después de varias irregularidades legales. En esa ocasión, avaló 119 candidaturas: 19 para Senado y 100 en 21 listas a Cámara. Además, avaló a Viviane Morales como candidata presidencial en representación de la iglesia Casa sobre la Roca. El segundo fue el grupo significativo de ciudadanos nombrado Colombia Justa Libres: una unión de varias iglesias cristianas a lo largo de todo el país. Algunas de ellas habían participado de la renegociación del Acuerdo de Paz tras la victoria del “No” en el plebiscito de 2016. En varios medios se argumentó que este nuevo movimiento recogía alrededor del 70% de las iglesias cristianas del país. En la opinión pública se debatió mucho sobre la importancia del voto cristiano en el “No”. Pero las estadísticas y los hechos demostraron que su apoyo no fue tan categórico debido a que se trata de un voto disperso —y hasta caníbal— dependiente de los distintos intereses de pastores o líderes espirituales3. Es decir, el voto cristiano no marchó unido contra el Acuerdo de Paz e incluso varios sectores cristianos apoyaban el “Sí”. Sin embargo, marcó en las urnas una cantidad de votos importantes pensando en las elecciones presidenciales de 2018 y en la gobernabilidad frente al Congreso. Y es justamente desde el plebiscito que se empezó a modificar el rol de las y los líderes cristianos en la política colombiana. Esto marcó un punto de inflexión en el inicio de una posible coalición de Gobierno nacional posteriormente materializada. En efecto, lo que sucedió en 2016 fue más allá de esa coyuntura. La alta puesta en escena ante la opinión pública de sectores cristianos le dio aire y forma, nuevamente, a un partido cristiano con gran capacidad de aglutinamiento, similar al que se dio en 1990 con el MUC y CEDESCOL. Las elecciones de 2018 La irrupción en 2018 de Colombia Justa Libres y la participación de Somos dispararon el caudal electoral cristiano (Gráfica No.3). En Cámara de Representantes pasó de 411.800 votos, en 2014, a 859.515 votos en 2018: un aumento del 52%. Sin embargo, solo se consiguieron dos curules en comparación con las tres obtenidas en 20144. El panorama en Senado fue distinto y mucho más favorable. En 2014, el partido MIRA consiguió 350.942 votos y tres curules que aumentaron, en 2018, a 1.062.329 votos (un incremento del 67%). Además, los partidos cristianos alcanzaron seis curules en Senado5. La certificación de este crecimiento tuvo de por medio una denuncia de fraude electoral del cual fue víctima Colombia Justa Libres (Lee aquí el informe que hicimos desde la Fundación Pares al respecto). Curiosamente, el MIRA sufrió una situación similar en 2014. Gráfica No. 3 En resumen, en 2018 los partidos cristianos no solo aumentaron su caudal electoral de 762.742 a 1.921.844 votos —repartidos el 55,3% en Senado y el 44,7 % en Cámara de Representantes—, sino que alcanzaron el mayor número de curules en Congreso (8) desde que ingresaron a la política electoral en 1990. A esto se suman los 198.585 votos para Senado conseguidos por candidaturas cristianas en partidos seculares y los 45.116 votos para Cámara de Representantes, lo que consolida un total de 2.120.429 votos: 1.260.914 en Senado (65,6%) y 953.864 en Cámara de Representantes (34,4%). A diferencia de escenarios electorales previos, el 2018 rompió la hipótesis del canibalismo entre votos provenientes del protestantismo y, por el contrario, evidenció complementariedad entre los caudales. El partido MIRA incluso aumentó su caudal electoral en Senado y Cámara con alrededor de 500.000 votos. Colombia Justa Libres sumó prácticamente la misma cantidad de votos en Senado, y en Cámara fue superado consiguiendo 114.174 votos. El partido Somos terminó en último lugar con una votación anecdótica. Posteriormente a las elecciones a Congreso, los partidos Somos, MIRA y Colombia Justa Libres se adhirieron rápidamente a la coalición presidencial del Centro Democrático y el Partido Conservador para la primera vuelta. Como se resaltó anteriormente, Colombia Justa Libres ya se había aliado a estos sectores en la campaña por el “No” en 2016 —a diferencia de Viviane Morales y el MIRA—. Duque llegó a los 7.569.693 votos de los cuales, con base a las elecciones de 2018, entre 1.000.000 y 1.500.000 de votos pudieron haber sido de los partidos y liderazgos cristianos. Con su adhesión a la coalición de Gobierno se valorizaron más sus votos y se restó importancia a las estructuras de partidos tradicionales más grandes. Ya posesionado el Congreso, e iniciado el Gobierno Duque, los tres grupos protestantes fueron incluidos en la repartición burocrática en diferentes niveles: Por Somos, Viviane Morales fue nombrada embajadora en Francia, cargo que ostenta hasta la actualidad. Por Colombia Justa Libres, Ricardo Arias Macías —hijo del copresidente del partido, Ricardo Arias Mora— estuvo a cargo de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y actualmente es delegado para la prevención de riesgos de violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Defensoría del Pueblo. Y finalmente, Carlos Alberto Baena, anteriormente presidente del MIRA, fue nombrado viceministro para la participación e igualdad de derechos del Ministerio del Interior. De modo que aquel resultó siendo el partido más beneficiado. Escenario 2022: una bancada de derecha autónoma El crecimiento del caudal electoral y su importancia en el Congreso ha llevado a una apuesta ambiciosa de aglutinamiento de votos cristianos —incluso mayor a la aplicada por Colombia Justa Libres en 2018—. Para 2019, Colombia Justa Libres decidió alejarse de los partidos de la coalición de Gobierno y presentó candidaturas propias, aprovechando la independencia de su personería jurídica. Después de las locales de 2019, consiguió una estructura compuesta por cuatro alcaldes, un diputado y 24 concejales en todo el país. Resultados similares a los obtenidos por el MIRA con cuatro diputados y 28 concejales. La apuesta de autonomía se fortalece con un proyecto que hicieron rodar los copresidentes del partido Colombia Justa Libres —Ricardo Arias Mora y el senador John Milton Rodríguez— entre todos los sectores cristianos y que tiene el objetivo de continuar fortaleciendo su voto programático con miras a las elecciones presidenciales de 2022. La invitación incluye al partido MIRA, a Viviane Morales de Somos y a otros liderazgos cristianos con movimientos propios que en su momento hicieron parte de partidos políticos tradicionales. Este es el caso, por ejemplo, de Jimmy Chamorro, líder del C4 en el Partido de la U, y de Edgar Espíndola en el PIN u Opción Ciudadana. De llegarse a cristalizar la consulta presidencial de los sectores cristianos se producirían tres efectos políticos: el primero, obtener definitivamente el rótulo de “desertor” de la coalición de gobierno de Iván Duque, el Centro Democrático y el Partido Conservador y, en principio, de su proyecto político para el 2022. El segundo, fortalecer las votaciones a Congreso, consolidar una bancada más numerosa y diferencial de derecha. Es decir, venderse como una opción de derecha distinta a las existentes —en su mayoría relacionadas con un gobierno deslegitimado—: un estilo de “de derecha sí, pero no así”. Y el tercero sería fortalecer su posición de negociación ante una segunda vuelta presidencial con base a buenos resultados en las elecciones de Congreso bajo la estrategia de aglutinamiento. 1 Daniela Helmsdorff, Participación Política Evangélica en Colombia. Monografía para optar por el título de Politóloga, Universidad de los Andes, Departamento de Ciencia Política, Bogotá, 1995. 2 Bibiana Ortega, Participación política de los evangélicos en Colombia 1990-2017. Política y Religión, Vol. XII, No, 1, 2018, pp. 17-54. 3 Yann Basset, Claves del rechazo del plebiscito para le paz en Colombia. Estudios Políticos, No. 52, 2018. pp, 241-265. 4 Una curul para el MIRA, otra para Colombia Justa Libres y ninguna para Somos. 5 Tres curules para MIRA, tres para Colombia Justa Libres y ninguna para Somos.

Por: Laura Cano Periodista – Pares El país cumple 28 días de paro nacional; días en los que si algo ha quedado en evidencia son los excesos de la fuerza pública. Organizaciones como Temblores ONG han venido haciendo seguimiento de estos abusos de autoridad. A la fecha, esta organización registra 3.155 casos de violencia policial entre los que hay 955 hechos de violencia física, 43 casos de violencia homicida —de los cuales 18 se encuentran en proceso de verificación—, 1.388 detenciones arbitrarias y 22 víctimas de violencia sexual. Este panorama no es nuevo y, además, ha sido constatado por otras organizaciones y comisiones de derechos humanos, así como por denuncias que han quedado reportadas en redes sociales. Estos hechos, sumados al historial de abuso de la fuerza por parte de las autoridades, han provocado que congresistas, diversas ONG, protestantes y víctimas de violencia por parte de la fuerza pública estén exigiendo una reforma policial y el desmonte del Esmad. En ese mismo sentido, también a raíz de las violaciones a los derechos humanos que han sido denunciadas en las últimas semanas, otra solicitud generalizada ha sido la de la renuncia del ministro de Defensa, Diego Molano. Incluso se pidió la visita de la CIDH, la cual no ha sido permitida bajo el argumento que se debe esperar a que los propios organismos de control -Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría- realicen su tarea de investigar cada uno de los casos. Así las cosas, recientemente Marta Lucía Ramírez afirmó a través de Twitter que se permitirá la visita de la CIDH cuando sean “entregados informes solicitados por la misma #CIDH a autoridades colombianas y se haya surtido la audiencia convocada para el 29 de junio”. Adicionalmente, con este contexto, desde principios de mayo, 18 congresistas de las bancadas alternativas decidieron radicar una moción censura en contra de Diego Molano. Por esta razón, durante esta semana se han venido adelantando las sesiones de debate, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, sobre lo que ha sido el papel del ministro en el marco del paro nacional actual. Desde que la propuesta se puso sobre la mesa, se preveía que iba a tener poco respaldo político. Situación que ha quedado en evidencia en los últimos días en el Congreso, pues a pesar de que todavía no se llevan a cabo las votaciones para saber si Molano sigue en la cartera o debe retirarse de ella, se conoce que partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador y parte de La U han dado su apoyo al ministro. Hay que resaltar que, a su vez, estos son los partidos con mayor número de curules en el Congreso. En este sentido, se tiene presupuestado que el Senado cite para este jueves la votación de la moción de censura al ministro de Defensa por su responsabilidad en las actuaciones de la fuerza pública en el marco del Paro Nacional. En los debates —que sumaron más de doce horas en Senado y en Cámara de Representantes— Molano, como ha sido recurrente y común, defendió y legitimó el accionar de la Policía. Incluso en medio del debate en Cámara de Representantes uno de los puntos que mencionó fue el siguiente: “La discusión no puede ser cuántos civiles o policías han resultados heridos o muertos. Ninguno debió haber salido afectado. Mi solidaridad con todos. Pero la responsabilidad no es de la Policía, es de quienes generan la violencia”. Lo anterior incluso cuando desde el 28 de abril hasta la fecha, además de las masivas denuncias por la dispersión de la protesta social, se han registrado violencias físicas más arriba nombradas, e incluso casos de asesinatos y de violencia sexual, a los que incluso Molano hizo referencia durante los debates. Al respecto, la representante Katherine Miranda expresó que: “También miente en el caso de Alison. Y yo como mujer no le voy a permitir eso. La Fiscalía en ningún momento dijo que hubo abuso sexual, dijo que descartaba el acceso carnal violento. Esto revictimiza a Alison, quien se suicidó después de que policías abusaran sexualmente de ella. Eso no es ético, eso no es correcto”. Con esto, hay que recordar que estos casos de violencias basadas en género han sido sistemáticos durante el paro nacional, y que además de las cifras registradas por Temblores ONG, otras organizaciones, como Defender la Libertad, hablan de cerca de 87 víctimas de este tipo de agresiones por parte de uniformados. A este panorama, además, se suma que durante lo que va del periodo presidencial de Iván Duque, tres de sus ministros de Defensa han tenido que enfrentar mociones de censura. Tal fue el caso de Guillermo Botero y Carlos Holmes Truillo, quienes también debieron acudir a estas instancias. Botero debió enfrentar este proceso luego de que fuera acusado de ocultar información sobre la muerte de siete menores de edad (entre 12 y 17 años), en un bombardeo del Ejército en Caquetá, lo que más tarde llevaría a su renuncia. Por su parte, Trujillo tuvo que hacerlo debido a su presunta responsabilidad por los abusos de la fuerza pública en las protestas, por haber incumplido el fallo que le dictaba pedir perdón por los excesos policiales en las manifestaciones del 2019 y por autorizar la presencia de tropas estadounidenses en suelo colombiano sin haberlo consultado con el Congreso. En relación con esto último y con lo que ahora se le acusa a Diego Molano, hay que recordar que durante septiembre de 2020, luego de las movilizaciones que se dieron a raíz del asesinato de Javier Ordoñez, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el que argumentaba que se había encontrado que “existió —y puede seguir existiendo— una reiterada y constante agresión desproporcionada de la fuerza pública respecto de quienes, de manera pacífica, se manifestaron”. Bajo esa perspectiva ordenó a Holmes Trujillo pedir disculpas, suspender el uso de las escopetas calibre 12, conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices sobre uso de la fuerza en las manifestaciones con participación de la ciudadanía y emitir una reglamentación en la materia que sea acorde con los estándares internacionales y constitucionales, entre otros puntos. Hoy, a pesar de los pasos dados, el panorama en la protesta social sigue siendo el mismo. Y a pesar de que parte del Congreso ha sentado la urgencia de la veeduría del papel de Diego Molano en cuanto a la regulación del uso desmedido y desproporcionado de la fuerza por parte de organismos como el Esmad y la Policía Nacional, el rumbo que pareciera llevar esta moción de censura que está pronta a votarse pareciera ser el mismo de la de los dos ministros anteriores: la revocatoria de la moción. Nota del editor: En efecto, con 69 votos en contra y 31 votos a favor, la plenaria del Senado negó este jueves 27 de mayo la moción de censura contra Diego Molano y quedó ratificado en su cargo como ministro de Defensa.

Las guerrillas, los paramilitares, y ahora las bandas criminales. En Buenaventura, Colombia, cambian los actores, pero persisten las torturas, asesinatos y desapariciones. La Capilla de la Memoria recuerda a las víctimas.