Por: Laura Cano Periodista Pares El gabinete del Gobierno nacional ha estado en un constante cambio en las últimas semanas: ministros que pasan de un ministerio al otro o funcionarios que terminan labores en un organismo y llegan a uno diferente. Tal fue el caso de Marta Lucía Ramírez, que llegó a la Cancillería luego de estar en la Vicepresidencia, o el de José Manuel Restrepo, exministro de Comercio y ahora ministro de Hacienda. A esto se suma la entrada de María Ximena Lombana, hermana de Jaime Lombana, al ministerio de Comercio. Adicionalmente, durante la mañana de este lunes, el presidente Iván Duque, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que había designado a Juan Camilo Restrepo Gómez como alto comisionado para la Paz. Esto luego de que se conociera que finalmente Miguel Ceballos había presentado su renuncia y que, en ese sentido, dejaría su cargo el próximo 26 de mayo. Según sus afirmaciones en una entrevista para El Tiempo, Ceballos habría decidido retirarse del Alto Comisionado desde diciembre de 2020. Así las cosas, entrará en los próximos días a ocupar este cargo Juan Camilo Restrepo, quien se venía desempeñando como viceministro de Agricultura en el área de Desarrollo Rural, y quien también fue presidente de Augura, viceministro del Interior y asesor legislativo en el Ministerio de Defensa. Restrepo es, además, abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín y especialista en legislación tributaria de la misma institución. La llegada de Juan Camilo Restrepo Juan Camilo Restrepo llega en un importante momento de la gestión de Iván Duque. Por un lado, a poco más de un año de que se termine su periodo presidencial, pero además en una coyuntura de crisis y desaprobación de su gestión representada en un paro nacional próximo a cumplir un mes de movilizaciones, plantones y protesta consecutiva que ha unido a distintos sectores en ese rechazo a las políticas actuales y que, a su vez, ha llevado a una grave crisis de derechos humanos en el país debido a la respuesta violenta de las autoridades. Por otro lado, este nombramiento ocurre en medio de lo que pareciera ser una repartija de cargos en el gabinete presidencial y, además, durante un momento relevante para los acuerdos de paz, pues justamente uno de los motivos que han llevado a la gente a las calles ha sido el incumplimiento de lo pactado en La Habana. Todo esto, también, en medio de un panorama en el que urge que se retomen los diálogos con el ELN —los cuales fueron suspendidos por el Gobierno luego de que esta guerrilla se atribuyera la responsabilidad por el atentado con un carro bomba en enero de 2019 en la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá—. En este contexto hay que mencionar varias cosas. Por ejemplo, el Sistema de Información SIPARES registra 410 asesinatos de líderes sociales desde el 07 de agosto hasta la fecha, y en ese mismo periodo reporta 130 asesinatos de firmantes de paz. Esto aunado con el crecimiento, en el 2020, de grupos disidentes de las Farc, del ELN y de los grupos armados organizados —que prácticamente han doblado su presencia armada territorial en los últimos dos años—. Los grupos armados PostFarc pasaron de operar en 56 municipios, en 2018, a hacerlo en 113, en agosto de 2020. Por su parte, el ELN pasó de estar en 99 municipios a tener presencia en más de 160 en 2020 y, actualmente, el Clan del Golfo opera en algo más de 200 municipios. Así, Juan Camilo Restrepo llega con una larga lista de tareas, pero además con una gran responsabilidad, pues es este un cargo que requiere de medidas prontas, eficaces y efectivas. Falta poco para que se termine la gestión de Iván Duque y todavía son muchos los pasos que faltan por dar en cuanto a los compromisos que el Gobierno adquirió en el 2018 con la paz en Colombia. ¿Quién es Juan Camilo Restrepo? No es nuevo hablar de Juan Camilo Restrepo en cargos públicos: ha pasado por ministerios, fue candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de la U, a la Gobernación de Antioquia por el Partido Conservador y, además, fue asesor en la campaña a la alcaldía de Medellín de Sergio Fajardo —a quien acompañó entre 2004 y 2005—. También fue presidente de Augura —la Asociación de Bananeros de Colombia—, una agremiación que abiertamente puso sus esfuerzos en la campaña del No durante el proceso de los diálogos del Acuerdo de Paz, y que incluso hizo parte de los 37 donantes del comité “La paz es de todos”, la campaña gerenciada por Juan Carlos Vélez —quien lideró en el 2016 la campaña en contra el proceso de paz—. Específicamente, según la aplicación Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, Augura donó 33 millones de pesos. Además, sobre esta agremiación hay que decir que ha tenido un trabajo constante con los bananeros de Urabá, quienes han estado en desacuerdo con lo que se refiere a la Reforma Rural Integral —con la que se busca la recuperación de baldíos— y, asimismo, con el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz. También hay que mencionar que históricamente varias asociaciones del gremio bananero han sido acusadas —incluso por exjefes paramilitares de las AUC como Raúl Emilio Hasbún— de apoyar cooperativas de seguridad privada, especialmente en esta región del Urabá. “Mientras Juan Camilo Restrepo estuvo como representante de Augura, estuvo en oposición al proceso de paz. Con esto y con las decisiones que toma Iván Duque, lo que se podría decir es que se están tapando situaciones de final del Gobierno. Al nuevo encargado le hace falta preparación, madurez. Esto es una muestra más del desacuerdo del Gobierno actual con el Proceso de Paz”, agregó Gerardo Vega de Forjando Futuros. Ahora bien, con este panorama es necesario analizar lo que podría pasar con los diálogos con el ELN, un tema sobre el que se le ha insistido constantemente a Iván Duque. Teniendo en cuenta el contexto actual, el avance en estos diálogos debería ser una de las primeras tareas en lista de Restrepo. Por otro lado, Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad, analizó que “no se puede poner un alto comisionado para la Paz que promueve la guerra. No hay que olvidar el gremio con el que él tiene relación. No se puede pretender que una persona con este perfil político pueda ser negociador de paz, pues no va a dar garantías de nada”. El paso de Miguel Ceballos La renuncia de Ceballos llega en un momento en el que han sido múltiples los cambios en este tipo de cargos. Esta situación, como se había advertido desde Pares (lea aquí el análisis completo), parece implicar una repartija política, pero, en la otra cara de la moneda también se podría ver como expresión de una falta de legitimidad de la autoridad del mandatario, incluso dentro de su gabinete. Y es que justamente una de las razones por las que decidió renunciar —como contó Ceballos en una entrevista con El Tiempo— fue el entorpecimiento de su trabajo y la intervención de Älvaro Uribe Vélez en el mismo. Prueba de esto, según contó Ceballos al medio de comunicación, sería el hecho de que el expresidente se habría reunido en dos ocasiones con representantes del ELN. “Un primer contacto se produjo en un viaje a Cuba a través de uno de sus representantes, sin que yo fuese consultado; y hubo un segundo momento en el cual él se reunió en su casa, como él mismo lo ha expresado en la revista Semana, con el señor Juan Carlos Cuellar, quien es un ex combatiente del ELN que acaba de ser nombrado por nuestro Gobierno como gestor de paz, y ya le explicaré por qué. En esas dos ocasiones no fui consultado por el presidente Uribe. Siento que él tenía la confianza, pero, además, el deber de consultar al alto comisionado para la Paz sobre contactos con el ELN, y no lo hizo”, contó en El Tiempo. Desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, esta situación se lee como si “Duque se comenzara a quedar solo porque no ven una figura de autoridad en él, en medio de una crisis de gobernabilidad donde hay otras figuras, como la del expresidente Álvaro Uribe, que parecieran tener más fuerza”. Además, no hay que dejar de lado el papel de Ceballos en sus últimos días, pues fue delegado para la articulación del diálogo con el Comité del Paro; diálogos que, además, hay que resaltar, han avanzado muy poco, incluso cuando el paro nacional, la falta de acuerdos y los excesos de la Fuerza Pública han desatado en una grave crisis de derechos humanos. Recientemente se conoció que él seguirá bajo esta responsabilidad, aun después de que salga de su cargo como comisionado para la Paz. “La representación de Ceballos con los distintos actores del paro nacional no ha llevado a ningún lugar. No diseñó una metodología para escuchar a los actores involucrados en el paro, sino que priorizó hablar con actores afines al Gobierno, y luego con dos o tres sectores que no representan necesariamente la heterogeneidad de la movilización social, como lo son la Coalición de la Esperanza y el Comité del Paro, que hay que decir que en el interior de los procesos que están organizados, como la movilización barrial o los procesos populares, tienen muy poca representatividad”, argumentó Diego Alejandro Restrepo, coordinador de la Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto de Pares. Por otra parte, hay que recordar que Ceballos era otro de los funcionarios cercanos a Iván Duque: era amigo suyo de la universidad, como lo son también otros representantes de otros organismos del Gobierno nacional. Asimismo, analistas no han valorado de forma positiva su trabajo. Incluso llegó a ser catalogado como el “comisionado para la guerra”. Al respecto, Alejandro Restrepo señala que “la gestión de Miguel Ceballos ha ayudado a hacer trizas los acuerdos de paz, a través de una política que ha logrado minar, por ejemplo, la posibilidad de diálogos con el ELN. Esto por el compromiso político que se tenía con una fuerza política que desde el principio se planteó en oposición radical con la posibilidad de construcción de paz en el país”. Hay que resaltar que uno de los papeles que debía cumplir Ceballos era avanzar en términos de acercamientos con el ELN. No obstante, con el pasar de estos últimos años, lo que ha venido ocurriendo es un debilitamiento de la confianza entre los delegados del Gobierno y la guerrilla (con acciones como la insistencia en la extradición de los jefes guerrilleros desde Cuba). Todo esto mientras, como se señaló anteriormente, la estructura armada ha venido fortaleciéndose y, con ella, sus repertorios de violencia. Adicionalmente, no hay que olvidar que Ceballos también ha brillado por responsabilizar de la protesta social a grupos armados. Tal fue el caso en septiembre de 2020, cuando tras las protestas que hubo luego del asesinato de Javier Ordoñez, el comisionado afirmó que: “Detrás de la destrucción de los CAI en diferentes ciudades de Bogotá hay un claro y premeditado plan de grupos como el ELN y disidencias de las Farc”. Lo anterior sin tener alguna prueba en particular, y estigmatizando a su paso lo que ha sido la protesta social. Por otra parte, advirtió Diego Alejandro Restrepo que Ceballos “nunca asumió un compromiso sensato con el proceso de reincorporación de firmantes, ni tampoco sobre la violencia en los territorios contra esta población. Esos grises minaron y contribuyeron a la pérdida de la posibilidad de construir paz con las y los excombatientes. Adicional, echó en saco roto la posibilidad de una ley de sometimiento a la justicia contundente que pudiera desarmar grupos armados organizados”. Con esto, el rumbo pareciera no cambiar mucho con la nueva designación de Juan Camilo Restrepo como comisionado de Paz, incluso cuando con la coyuntura actual es uno de los cargos con mayor relevancia respecto al panorama violento que vive el país. Así, se hace urgente una veeduría atenta al trabajo de Restrepo, así como la presión para que la implementación del Acuerdo de Paz tenga algo de vía en lo que queda del gobierno de Iván Duque.

Por: Sebastián Mora  Investigador Pares – Línea de Democracia y Gobernabilidad La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) conversó con Ricardo Arias, copresidente del partido Colombia Justa Libres, sobre las expectativas electorales del partido para las elecciones a Congreso en el 2022 y sobre la gran consulta de sectores cristianos para las elecciones presidenciales. “Pretendemos tener un marco de influencia superior. Nos hemos propuesto llegar a la docena de congresistas en Senado y Cámara” ¿Cómo se encuentra hoy el partido? El partido sigue siendo un partido en formación por la historia reciente. Apenas vamos dos años de constituidos, por lo que cada certamen electoral es un reto gigantesco. Contamos en este momento con presencia activa en 447 municipios de Colombia. Eso es prácticamente la mitad de los municipios del país, y por eso presentaremos lista al Senado y a la Cámara en no menos de 25 departamentos, incluida una candidatura en la curul de colombianos en el exterior. ¿Cómo les fue en las elecciones del 2019? Siento que nos fue bien. En el 2018 alcanzamos el mínimo para el umbral y en el 2019, cuando llegamos a las regiones por primera vez, pasamos a tener 4.417 candidatos en asambleas, concejos, edilatos y gobernaciones. ¿Cómo se ven en comparación con el Partido MIRA? Ellos vienen participando en política desde hace muchos años, más de 18 años. Pero después de 2018, en el alcance democrático diría que estamos empatados. ¿Cuáles son sus aspiraciones para las elecciones a Congreso del 2022? Pretendemos tener un marco de influencia superior: nos hemos propuesto llegar a la docena de congresistas en Senado y Cámara. Anteriormente, representantes políticos de las comunidades cristianas se presentaban al certamen electoral bajo otros partidos que les acogían, en el sentido pragmático, por la cantidad de votos que representaban, ¿cree que esa lógica ha cambiado con el fortalecimiento de partidos como el MIRA y Colombia Justa Libres? Hoy en las democracias los debates no se dan, como en anteriores años, por medio de una lucha de ideologías. La lucha actual es de cosmovisiones, de formas de ver la sociedad. Nosotros tenemos un proyecto que defiende la vida, la familia y la sociedad. Esa es una visión muy diferente a como se hacían los acuerdos políticos anteriormente. El debate del 2022 va a ser muy diferente y, si le añadimos la pandemia, sí que va a contribuir a un cambio en ese aspecto. Confiamos en que seremos una sorpresa para las elecciones. En las elecciones a Congreso del 2018 ustedes fueron víctimas de fraude electoral, ¿cómo se están blindado para evitar que esto suceda en el 2022? En 2018 nosotros fuimos víctimas de fraude electoral, pero con una labor de vigilancia logramos aperturar más de 5.000 mesas en el proceso de escrutinio, donde demostramos que hubo fraude y recuperamos más de 35.000 votos. Esto solo demuestra que el sistema electoral colombiano adolece de muchas inseguridades. Para el próximo debate tendremos toda una organización general y en todas las mesas nuestro partido tendrá el conteo que se merece. Nosotros no pedimos que se nos dé nada, pero tampoco que se nos quite. ¿Considera que el nuevo Código Electoral brinda garantías contra el fraude? Yo —esta es una opinión personal— acompañé la calificación de monstruosidad al nuevo Código Electoral. Ese nuevo código no corresponde a las garantías que debe tener un certamen electoral. Prueba de eso es el desconocimiento de la figura del testigo electoral. El testigo electoral hoy es la compra de votos de organizaciones rodeadas de dinero que confunden al sistema electoral colombiano. Es el colmo que el nuevo Código no tome en cuenta esta figura. Puede que nos cuidemos en los momentos del conteo y del escrutinio, pero antes de las 4 de la tarde, durante las 8 horas de la jornada de votación, allí no hay ninguna garantía. ¿Sintieron receptividad por parte del registrador nacional, Alexander Vega, para atender los reclamos de mayores garantías electorales? No hemos tenido ninguna comunicación con el Registrador ni él con nosotros. Y para la presentación de este Código Electoral los partidos no fueron consultados. ¿Qué cambió con respecto a las elecciones del 2018 para buscar ahora una candidatura presidencial propia? En 2018 no lo hicimos por ser un grupo significativo de ciudadanos. Esta será la primera vez que vamos a salir al ruedo y no queremos entregar los beneficios que nos otorga nuestra personería jurídica a ningún partido. Vamos a llegar con plena independencia y autonomía. El 26 de junio elegiremos ante la Convención Nacional a nuestros precandidatos a la Presidencia y tenemos la opción de realizar una nueva convención en octubre o una gran consulta en el mes de marzo de 2022. ¿Cuáles precandidatos y/o precandidatas presidenciales suenan en su partido? Al momento tenemos 4 precandidaturas oficiales: la del exsenador Edgar Espíndola, el exconcejal de Bogotá Marco Fidel Suárez, la del actual senador John Milton Rodríguez y la mía. Además, le hemos presentado la propuesta de una gran convergencia al partido MIRA, al ex senador y líder del C4, Jimmy Chamorro, quien esperamos nos confirme su participación la primera semana de mayo. Y también hemos conversado con los seguidores de la doctora Viviane Morales para que ella analice la propuesta de participar. ¿Con quién buscarían una alianza en un escenario de segunda vuelta? Nosotros consideramos que nuestro partido tiene muy buenas relaciones con todos los partidos políticos en Colombia y que gozamos de la aceptación de gran parte de los sectores. Si llegamos a segunda vuelta, no cerramos la puerta a alianzas con ningún sector. Nosotros no somos de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Nosotros no tenemos una ideología, sino un método que ya está escrito. Y, como ya está escrito, lo que queremos hacer es llevarlo a la política pública. En las encuestas publicadas hasta el momento no aparece ningún precandidato que represente a los sectores cristianos, ¿por qué piensa que ha pasado eso? Nosotros siempre hemos sido muy discriminados. En el marco electoral se nos cuenta como pocos, pero, en mi caso, cuando se conocen las dimensiones del proyecto político que estamos preparando para el 2022, estamos seguros de que vamos a dar una grata sorpresa para los colombianos. Normalmente nadie se toma el trabajo de preguntarnos en qué estamos. Así me pasó cuando fui candidato a la Alcaldía de Bogotá: nos negaron espacios en foros y debates. Sin embargo, donde tuvimos oportunidad de participar siempre estuvimos en el mejor lugar y nos consideraron una de las propuestas más originales.

Por: Juan Sebastián Hernández Asistente de investigación Pares – Línea de Democracia y Gobernabilidad La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) obtuvo una entrevista con el congresista Jorge Gómez y con el diputado de la Asamblea de Antioquia, Luis Peláez: dos líderes claves del nuevo partido político Dignidad. Ambos cuentan cuál fue el origen de este movimiento y cuáles son las proyecciones electorales para el 2022. También explican la relación con su anterior colectividad —el Polo Democrático— y sus apuestas presidenciales. El partido Polo Democrático Alternativo nació en el 2005 y en él convergieron varios sectores populares y partidos de izquierda que durante un año discutieron los lineamientos del colectivo. En su programa como partido hablaban de la democratización de la propiedad, de la defensa de la soberanía, del mercado interno y de los derechos humanos, entre otras cosas. Sin embargo, al interior hubo una discusión que nunca pudo ser zanjada y que tenía que ver con la posición frente a la lucha armada: si bien desde la fundación del partido esta fue condenada, existían sectores al interior que tenían una lectura distinta sobre el alzamiento en armas y que se disputaban en los debates la posición con respecto a esto. Desde entonces, el Polo Democrático ha sufrido la fuga de varios de sus miembros más reconocidos, entre los que destacan: Gustavo Petro, Antonio Navarro, Luis Eduardo Garzón y, recientemente, Jorge Enrique Robledo. Una de las grandes fracturas que sufrió el partido fue en 2018 cuando decidió hacer coalición con el candidato a la presidencia Sergio Fajardo. Esto pese a que al interior del colectivo la mayoría habría sugerido apoyar la candidatura de Gustavo Petro. De acuerdo con la entrevista que realizó la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) al representante a la Cámara por Antioquia, Jorge Gómez, en el 2020 Iván Cepeda propuso a Jorge Enrique Robledo y a los sectores que lo apoyaban realizar “un divorcio amistoso” debido a que tenían historias y proyecciones distintas. Al respecto, Gómez reconoció que el acuerdo entre ambos sectores fue respetado y que en el momento en que ocurrió la escisión se permitió que conservaran sus curules mientras se esperaba a que el nuevo partido pudiera obtener la personería jurídica. El pasado 21 de abril de 2021, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le otorgó la personería jurídica al partido Dignidad, de Jorge Enrique Robledo. Esto implicó que esta nueva colectividad pudiera entrar a la contienda electoral de 2022 con la capacidad de lanzar listas y candidaturas propias a Cámara y Senado. No obstante, previo a obtener la personería, Robledo entró a participar como precandidato presidencial en la Coalición de la Esperanza. Allí medirá fuerzas con precandidatos como Ángela María Robledo, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle y Juan Manuel Galán, entre otros. De acuerdo con el representante Gómez, la apuesta de Dignidad es “juntar a todos los colombianos que quieran unificarse en un proyecto de país que genere riqueza, que defienda la producción nacional como único mecanismo de garantizar derechos democráticos a toda la ciudadanía”. Según el representante, los nuevos postulados del partido les han permitido entrar a jugar con los sectores que denominan el centro y pensar, de cara a las elecciones a Congreso de 2022, en lanzar una lista única como coalición que integre a todos esos sectores que la conforman. Por esta razón han venido trabajando en un programa de gobierno conjunto que integre las diversas perspectivas de esos grupos e intereses que allí confluyen. Ahora bien, de cara a las elecciones presidenciales, tanto el representante Gómez como el diputado Peláez coincidieron en que, luego de la realización de la consulta interna de la Coalición de la Esperanza, esperan que salga el próximo presidente de Colombia que derrote a los sectores de la política tradicional en el país. En ese sentido, ven al precandidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, como uno de los principales contendientes a vencer en primera vuelta porque consideran que se ha convertido en una figura que tiene muchas personas adeptas. Sin embargo, también señalan que no ha generado un mensaje de unidad, por lo que todos aquellos sectores que aún no se han decidido por un candidato no se ven representados en su discurso, pese a que lo haya venido moderando de un tiempo para acá. Consulta interna en la Coalición de la Esperanza Tanto Gómez como Peláez manifestaron que la candidatura de Robledo es irrevocable, por lo que mantendrá su aspiración hasta que se realice la consulta interna que escoja al candidato para la elección presidencial. No obstante, señalaron que al interior de la coalición existen tensiones y contradicciones que esperan que se vayan resolviendo en la medida en que se construya una agenda conjunta. Aun así, expresaron que existen grandes diferencias con el precandidato Sergio Fajardo en cuanto a la visión que tienen como país, pero también por las posiciones que ha tomado en el marco del paro nacional al no hacer explícito su apoyo a la movilización social. Por otro lado, creen que, a pesar de que las encuestadoras dan como ganador a Fajardo, al interior de la coalición tienen una fortaleza que hay que explotar para que sea Robledo quien quede elegido. Por esta razón, desde ya están trabajando para que crezca el número de votantes que se vinculen con el proyecto de Dignidad en el departamento de Antioquia, que es uno de los grandes fortines electorales de Fajardo. Listas al Congreso y gestión en Antioquia En las pasadas elecciones a Congreso de la República, la facción de Robledo en el Polo Democrático logró conseguir dos curules en Senado: la primera de ellas obtenida por su líder, quien obtuvo 226.099 votos (siendo el senador más votado por dicha colectividad), seguido por Leonidas Gómez, que consiguió 84.821 votos (el segundo más votado en la lista de elegidos). En Cámara de Representantes consiguieron una curul en el departamento de Antioquia en cabeza de Jorge Gómez Gallego, quien obtuvo 29.104 votos. Por parte del partido Dignidad, quien encabezará la lista a Senado será el actual representante a la Cámara, Jorge Gómez, quien aspira conseguir 60.000 votos o más y lograr que sus fórmulas a Cámara de Representantes ocupen sus respectivas curules. En el departamento de Antioquia hay una fuerte disputa entre Dignidad, las personas disidentes del Partido Liberal que se han unido a la coalición y el Partido Verde (que se encuentra dividido entre la facción de León Fredy Muñoz y la de Compromiso Ciudadano, de Sergio Fajardo). En el desarrollo de la contienda, conforme se vaya marcando la correlación de fuerza al interior de la coalición, podrían ingresar a la lista de 2 a 5 candidatos debido a que contendientes como la facción del liberal, de la que provienen figuras como Aníbal Gaviria, tienen gran fuerza electoral, al igual que Compromiso Ciudadano y el Partido Verde, que han logrado construir un capital político fuerte en el departamento.

Por: Laura Cano Periodista de Pares Es un hecho: la Copa América no se realizará en Colombia. Esto luego de una serie de hechos como, por ejemplo, un primer aplazamiento que se dio en el 2020 —año en el que estaba previsto realizarla entre el 11 de junio y el 11 de julio— y que, a raíz de la pandemia, tuvo que ser aplazada para el 2021. En lo referente a la pandemia los cambios no han sido muchos: Colombia sigue atravesando por un tercer pico, y Argentina —país con el que se realizaría conjuntamente este certamen— pasa por uno de sus picos más altos de contagio (con 54 casos por cada 100.000 habitantes), lo que llevó a que el presidente Alberto Fernández anunciara un confinamiento total por nueve días. No obstante, y como es bien sabido, en el caso colombiano no solamente son los problemas sanitarios los que han llevado al rechazo del certamen deportivo. A esto se han sumado otra serie de hechos de orden social y político, por lo que hoy varios sectores celebran que finalmente se haya decidido que Colombia no sea sede de la competición. La determinación fue comunicada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), organismo que informó esto como parte de la respuesta a una petición del Gobierno colombiano en la que solicitaba que la Copa América fuera reprogramada una vez más y se disputara en noviembre. Así las cosas, la respuesta del organismo continental fue que no era viable ese cambio de fecha debido al calendario internacional de competiciones y a la logística del torneo. Tras esto, el ministro de Deporte, Ernesto Lucena, manifestó que la decisión tuvo que ver, precisamente, con las condiciones para jugar la competencia con público en los estadios. Además, hace algunas horas, a través de Semana, aseveró que otra de las razones tuvo que ver con una campaña para “hacernos ver como un país violador de derechos humanos y que por esa razón no se podía llevar a cabo la Copa América en Colombia”. Por otro lado, respecto al dinero que ya había invertido el Gobierno para que la Copa América se realizara en el país —12.500 millones de pesos—, Lucena sostuvo que esos recursos seguirán siendo destinados para una inversión en los estadios. Adicionalmente, hay que mencionar que todavía no se tiene claridad sobre los países en los que se realizará el torneo, pero en principio todo parecería indicar, a pesar del problema de salubridad que hay en Argentina, que se realizaría en su totalidad en este país. El entramado detrás de la cancelación de la Copa América en Colombia Si bien es un hecho la crítica situación de contagios de covid-19 en el país, que a la fecha suma 104.273 casos activos, 3.177.212 casos confirmados durante la pandemia y 83.233 muertes —por lo que es válido decir que una de las razones que llevó a la suspensión tiene que ver con el riesgo del público en los estadios—, esta razón no deja de lado la situación social y de orden público en el país. Es precisamente esta realidad la que pareciera querer taparse desde el Gobierno Nacional. Muestra de esto son las afirmaciones de Lucena y, además, la constante insistencia que se tenía con realizar la Copa América en el país, ignorando lo que pasa en Colombia. Incluso la situación de crisis ya se había evidenciado en los partidos realizados en territorio nacional, en el marco de la Copa Libertadores, y que se vieron afectados por la entrada de gases lacrimógenos a las canchas. Fue este el caso, por ejemplo, del partido entre América de Cali y Atlético Mineiro, el cual tuvo que detenerse más de una vez. Asimismo, hay que recordar que otra de las insistencias en las calles durantes los últimos días fue, justamente, que no se realizara la Copa América en el país. En la realización del certamen se señalaba, por parte de diversos sectores, una instrumentalización del fútbol para intentar borrar, a nivel nacional e internacional, la grave situación de derechos humanos que atraviesa el país. Por esto, se podría decir que es otro triunfo de la movilización social que finalmente esto se haya dado. Es necesario cuestionarse por qué el Gobierno nacional no bajó la guardia, ni en el último minuto, para declinar la posibilidad de que se llevara a cabo el campeonato en el país: ¿qué mensaje internacional quería enviar? ¿A quién beneficiaba el certamen en territorio nacional? Para lo anterior hay que señalar varias cosas: por un lado, el papel social que ha tenido históricamente el fútbol, como el deporte más popular y el más allegado a la gente. Sin embargo, para muchas personas, la realización de este evento significaba convertir un deporte un herramienta para querer borrar en el ojo mediático lo que pasa en las calles —en las que según Temblores ONG, desde el 28 de abril al 21 de mayo, se habían cometido 2.905 casos de violencia por parte de la Policía, institución que en las últimas semanas ha brillado por su desconocimiento de la protección del cuidado a la ciudadanía—. En la historia se pueden encontrar hechos similares en los que este deporte ha estado en estrecha relación con crisis sociales. Por ejemplo, el nacimiento del Fútbol Profesional Colombiano, en medio de la crisis desatada en 1948 por el Bogotazo; el mundial de fútbol que se organizó en Argentina, en 1978, en medio de la dictadura de Jorge Rafael Videla; o la Copa América que se jugó en Colombia en 2001, de la cual la selección nacional salió campeona mientras tambaleaban los diálogos entre las FARC-EP y el Gobierno de Andrés Patrana, quien había hecho de eso su bandera política. Por otra parte, hay que recordar que la FIFA tiene prohibido enviar mensajes de tipo político, religioso y/o de propaganda, lo que parecería además jugarle a favor durante este tiempo al Gobierno nacional que, sin embargo, no ha pasado invicto pues durante este tiempo comentaristas e incluso jugadores como Edinson Cavani no han sido ajenos a lo que pasa en Colombia y han hecho eco a la crisis social en sus diversos espacios. Por otro lado —y no ajena a todo esto— está la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), a quien la Conmebol agradeció en su comunicado sobre la cancelación de la Copa América. Más precisamente la comunicación hizo referencia a Ramón Jesurún, quien además de ser el presidente de la FCF también estuvo relacionado con la cartelización de la venta de la boletería para partidos de eliminatoria al Mundial Rusia 2018. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) condenó a la FCF y a varios de sus directivos con una multa de más de 18.000 millones de pesos por inferir en que TicketShop estuviera encargada de la operación de comercialización de las boletas durante las Eliminatorias, y así asegurar la posterior reventa de la boletería a precios muy superiores a los inicialmente establecidos. Todo esto podría ser trasversal a la insistencia de Iván Duque de realizar la Copa América en Colombia, además de lo que económicamente significaba la realización del torneo —donde no es un secreto que, en la mayoría de las veces, lo que brilla es la corrupción—. Así las cosas, por la no invisibilización de la situación social del país y por evitar desviar el debate mediático y la agenda política del país, esta decisión puede ser una piedra en el zapato para Iván Duque y su gabinete, pero una ganancia para quienes están en las calles movilizándose y exigiendo cambios, aun cuando esto significa un constante riesgo de ser una víctima más de la violencia policial, que es lo que debería ser el eje central de lo que se está diciendo del país.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad La Fundación Paz & Reconciliación presenta el informe “Un gobierno bajo llamas”. En este documento, el equipo investigativo de la Línea de Democracia y Gobernabilidad realiza un análisis del panorama político que se abre en este momento de movilización social y crisis de legitimidad institucional que vive el país. Antes de que la última reforma tributaria impulsada por el Gobierno rebosara la copa de inconformidades y demandas sociales que desembocaron en el paro nacional iniciado el 28 de abril, la administración de Iván Duque ya venía presentando serios problemas para ofrecer respuestas a las necesidades de diversos sectores sociales. El punto de inflexión que ha representado el paro nacional ha dejado en evidencia la incapacidad del Gobierno para resolver la crisis a través del diálogo abierto y plural, ha provocado la pérdida de respaldo por parte partidos políticos que habían sido aliados de su administración, y también ha reflejado las limitaciones de los partidos de oposición para construir propuestas concretas y conjuntas para responder a la situación del país. El informe “Un Gobierno bajo llamas” presenta un análisis detallado de toda esta reconfiguración política que atraviesa el país en el marco del paro nacional actual y ofrece un panorama de lo que podría venirse al respecto de cara a las elecciones del 2022.

Por: Laura Cano  Periodista de Pares El Paro Nacional se reactivó y volvió a despertar el estallido social que, por lo menos desde noviembre de 2019, había tomado fuerza en el país. De este contexto han quedado muchas reflexiones y alertas sobre las que el Gobierno nacional y los organismos competentes deberían tener los ojos encima. Uno de estos puntos que exige atención es la violencia policial en el marco de la protesta social. Aunque la mayoría de personas que ha salido a las calles ha insistido en la movilización pacífica, desde el 28 de abril hasta la fecha no han parado de conocerse denuncias sobre los excesos de la Policía. La magnitud del número de casos en los que se reporta el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por parte de las autoridades (y que han sido registrados por organizaciones de derechos humanos e incluso por los organismos de control) ha llevado a que tome más fuerza la solicitud de quienes reclaman una reforma policial inmediata. Según Temblores ONG, desde la reactivación del paro nacional hasta el 18 de mayo se han presentado 2.387 casos de violencia policial. Entre estos, 384 han tenido relación con violencia física, 43 con violencia homicida, 1.139 han correspondido a detenciones arbitrarias y 18 a violencia sexual. Justamente respecto a la realidad de este último dato, los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de información en los últimos días: de nuevo la Fuerza Pública sería la responsable de otro caso de abuso sexual, esta vez en Popayán: una menor de edad se habría suicidado luego de que fuera víctima de abuso sexual, el cual habría sido cometido presuntamente por cuatro uniformados que la retuvieron durante las manifestaciones que tuvieron lugar en esa ciudad. Se ha informado que la detención habría ocurrido mientras ella transitaba por el lugar en el que se desarrollaban las movilizaciones. Por otra parte, y mientras la familia de la menor exige justicia y que se respete su memoria — petición a la que se suman diversos sectores y personas —, desde la Policía Nacional sección Popayán, el Brigadier General Ricardo Alarcón ha aseverado públicamente que las afirmaciones que se han hecho respecto al caso son “viles y ruines”. Según el uniformado, “la menor nunca pisó instalaciones policiales (…) y fue entregada en óptimas condiciones a la abuela materna”. Lo anterior, hay que decir, no es una respuesta nueva por parte de las autoridades, pues a pesar de que las denuncias de abuso sexual por parte de la Fuerza Pública se han hecho más comunes en estos contextos de movilización, han insistido en que no tienen mayor responsabilidad en estos casos. No obstante, un mapeo rápido podría indicar que no son hechos aislados y que, en ese sentido, podría haber responsabilidad institucional. Por ejemplo, en el marco del Paro Nacional, según los datos mencionados, prácticamente cada día una persona estaría siendo víctima de abuso sexual por parte de la Policía. ¿No responde esto a una sistematicidad? Asimismo, hay que recordar que una vez conocidas las declaraciones del Brigadier Alarcón, la Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Departamental de Paro, la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, Red por la vida y los Derechos Humanos del Cauca y diversas organizaciones regionales advirtieron que los abusos por parte de los uniformados (entre ellos el agente identificado con el número 05523) quedaron grabados durante la transmisión en vivo de Red Alterna y registrados en redes sociales. Además, desde la red de voluntarios paramédicos del Cauca se informó que la menor habría sido víctima de violencia física en una de las Unidades de Reacción Inmediata – URI –de la ciudad. La menor habría manifestado que en este el lugar “la habían golpeado”, lo que, como se dice en el comunicado, quedó evidenciado en las laceraciones que ella tenía en las manos. Y aunque no se hizo acta formal sobre esto, “sí se reportó en un grupo de WhatsApp interno” (Lea aquí el comunicado completo). Es necesario seguir poniendo sobre la mesa, y como se ha insistido desde diversas organizaciones feministas, que los escenarios de movilización social exponen a las mujeres a otro tipo de violencias además de las que ya supone ejercer el derecho a la protesta social en Colombia (con el contexto de represión ya conocido). Distintas organizaciones que hacen seguimiento a situaciones en las que se vulneran los derechos humanos en el marco del Paro Nacional han reflejado esta realidad. Por ejemplo, Temblores ONG ha revelado que entre el 28 de abril y el 18 de mayo se han registrado 18 casos de violencia sexual, mientras que la Fundación Lazos de Dignidad, hasta el 13 de mayo, reportó 30 hechos de violencias basadas en género. Sobre este mismo tipo de vulneración a los derechos humanos, Defender la Libertad informó sobre 87 casos desde el 28 de abril al 18 de mayo. En relación con este panorama, hay que anotar que este tipo de hechos están atravesados por varias problemáticas que impiden tener un registro confiable, pues muchas de las mujeres que sufren estas agresiones prefieren no denunciar, tanto por posibles revictimizaciones como por la poca capacidad de la justicia para adelantar este tipo de casos de forma responsable y efectiva. Todo esto conduce al aumento de los subregistros y de la impunidad. Al respecto, el Equipo de Género de la Fundación Lazos de Dignidad señala lo siguiente: “Las mujeres estamos en un constante peligro de que nuestros cuerpos sean violentados por parte de la Fuerza Pública. Llevamos en nuestros hombros un doble, o hasta triple riesgo respecto a lo que nos puede pasar durante las jornadas de protesta. A esto se suma que la sistematización de estos hechos es mucho más compleja, pues muchas mujeres prefieren mantener estas vulneraciones en anonimato, y eso es algo que desde los esquemas de Derechos Humanos debemos respetar”. Con esto, el llamado sigue siendo a que se den las garantías para el libre ejercicio de la protesta social en Colombia, pero que además estos espacios sean seguros para las mujeres. Además, es necesario insistir en la necesidad de la difusión y el cumplimiento de las rutas de atención y de los protocolos que debe seguir la Fuerza Pública en caso de retenciones o procedimientos durante movilizaciones. El no cumplimiento de todo esto está llevando a panoramas críticos en términos de garantías al respeto de los derechos humanos, especialmente contra las mujeres, quienes además de las agresiones físicas, también son sometidas a afectaciones psicológicas sin que nadie responda por ellas. Por último, nos sumamos a las exigencias de justicia para cada una de las mujeres que en estos 23 días han sido víctimas de violencias basadas en género.

Por: Laura Cano Periodista Pares Esta semana terminó de quedar claro el juego político al que le está apostando Iván Duque, en la actual crisis que enfrenta, ante el malestar e inconformidad que ha llevado a las y los ciudadanos a las calles por más de dos semanas seguidas. La crisis no es nueva, así como tampoco lo es la imagen desfavorable del Presidente. Esto ha quedado evidenciado en encuestas como la publicada en abril por Guarumo-Ecoanalítica, en la que se indicaba que, entre finales de febrero y principios de marzo, la imagen desfavorable de Duque se ubicaba en el 34,5%. Es decir, había caído un poco más de 16 puntos porcentuales en relación con la encuesta correspondiente al periodo anterior. A esto se suma que poco avanzan los diálogos con el Comité del Paro, el cual se reunió hoy de nuevo con el mandatario y, aunque aún no se sabe si se llegará a algún acuerdo, todo parecería indicar que Duque está lejos de ceder y dar viabilidad al pliego de peticiones. Aunque claro, hay que señalar que la presión de la gente en las calles ha permitido lograr cosas como el retiro de la reforma tributaria y, más recientemente, el de la reforma a la salud. Ahora, a este panorama se suma una repartija burocrática que Iván Duque está haciendo para renovar su gabinete: en los últimos días han entrado caras conocidas de su espectro político, demostrando una vez más la negativa en ampliar la coalición de Gobierno. Esto ya había quedado demostrado en ocasiones anteriores cuando, por ejemplo, enfocó sus esfuerzos en entregar la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República a Carlos Camargo, Margarita Cabello y Carlos Felipe Córdoba, respectivamente (todas estas personas afines al Gobierno). Hoy, otra vez, el fortín político parece ser el que mueve las decisiones en la Casa Nariño, pues en los últimos días se han dado cambios como el de Marta Lucía Ramírez, que pasó de la vicepresidencia a la Cancillería, además de la entrada de María Ximena Lombana al Ministerio de Comercio. Por un lado, el nuevo cargo de Ramírez da un giro al panorama electoral de la derecha, pues ella era, quizá, la candidata con más puntos ganados con miras a las elecciones presidenciales de 2022. Esto implica que, de nuevo, el partido Conservador no tendrá un candidato para este cargo, situación que se viene repitiendo, por lo menos, desde 1998 cuando el candidato fue Andrés Pastrana. Además, esta es una señal de que la derecha podría quedar en un escenario poco favorable para lo que será la carrera presidencial. Por otra parte, el nombramiento de María Ximena Lombana en el Ministerio de Comercio, en reemplazo José Manuel Restrepo —quien pasó al Ministerio de Hacienda tras la salida de Alberto Carrasquilla—, sigue demostrando esa la alineación partidista que ha resaltado en la gestión de Iván Duque. Así las cosas, hay que recordar que María Ximena Lombana —quien es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, con maestría en Derecho de Negocios Internacionales del Washington College of Law American University, y otra en Derecho Comercial, de la Universidad de París II— es además hermana de Jaime Lombana, abogado de Álvaro Uribe Vélez y sindicado de manipulación de testigos y fraude procesal. Adicionalmente, hay que recordar que Jaime Lombana, en medio de este proceso que ha enfrentado el expresidente, también ha estado involucrado en una indagación en el Consejo Superior de la Judicatura y ha sido denunciado en la Fiscalía por su presunta participación en la gestión de falsos testigos. Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, señaló que, “a pesar de su hoja de vida, Lombana no tiene mérito para ocupar este cargo. En principio, no se puede esperar ningún cambio positivo en las políticas de comercio en el país. Este nombramiento parece un descarte para premiar a la hermana del abogado de Uribe. Todo indicaría que es una estrategia de Duque el dar esta cartera ministerial para seguir mostrando su respaldo a Uribe”. Pero a esto se agrega otra lectura que, además, daría luces sobre cómo el partido Cambio Radical se está viendo beneficiado con toda la repartija ministerial, pues como explica Ariel Ávila, “Lombana ha trabajado de la mano de Vargas Lleras, y seguramente ese nombramiento estuvo muy mediado por la presión de él”. Asimismo, el analista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación explica que esta “mermelada” que está repartiendo Iván Duque hace parte de un intento para evitar perder simpatizantes. Y, en ese sentido, Cambio Radical se está favoreciendo, pues además de tener dentro del gabinete a Karen Abudinen, actual ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y a Fernando Ruíz, ministro de Salud, ahora se “les agrega la ministra de Comercio, y es posible que le den el Ministerio del Deporte en las próximas horas a este mismo partido”. Hay que mencionar que, justamente en las últimas horas, se conoció que Ernesto Lucena dejará su cargo como ministro del Deporte luego de estar allí desde septiembre de 2019, tras la disolución de Coldeportes, entidad de la que era presidente. “Cuando esto pasa es porque los funcionarios no encuentran un respaldo por parte del presidente para poder continuar con su labor. Lo que es peor, pues Duque ni siquiera tiene la legitimidad para dar órdenes y mantener un gabinete”, agregó Esteban Salazar. Otro de los partidos que están recibiendo favorablemente esta reconfiguración política es el Partido Conservador, que tiene el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y que, además, desde hace un par de días también tiene la Cancillería. Este panorama, sumado a lo que podrían ser los cambios de las y los embajadores, resulta preocupante de cara a la posibilidad de solucionar la crisis actual que vive el país. Pareciese que desde el Gobierno se estuviesen dando cargos a través de favores políticos y no como resultado de un estudio juicioso de quiénes son las o los más adecuados y preparados para este tipo de responsabilidades. Las consecuencias de la alineación política de Duque Frente a todo esto, Esteban Salazar menciona que hay un alto riesgo “de fracaso de la política de seguridad, de protección de derechos humanos, de la política social, de justicia y tributaria. Además, muchos de esos nombramientos que se han venido haciendo, en su mayoría, venían de trabajar con Uribe, pero más allá de eso no tienen mayor mérito, trayectoria o trascendencia en los cargos que entran a ocupar”. Adicionalmente, esta alineación política también se puede ver desde otras perspectivas. Como lo señala Ariel Ávila, estas tendrían que ver con la poca intención de negociar de Iván Duque en el contexto actual del país, en donde el estallido social, reflejado en la protesta social, ha hecho visible la poca aprobación de su gestión en la presidencia. Y ahora envía un mensaje claro con estos nombramientos: hacer todo lo contrario a lo que demanda la ciudadanía. Todo esto atravesado por una política represiva y de judicialización a las y los protestantes, lo que genera una nueva tensión estratégica para vender la idea de miedo a quienes salen a las calles, buscando así lo que sería un desgaste del paro nacional. Hoy el mapa político está erosionado y, a su vez, Iván Duque continúa en una seguidilla de acciones que generan más rechazo que aprobación, incluso desde sectores donde tenía apoyo. Ahora, vale la pena cuestionarse: si la repartija política está tan abiertamente dada, ¿cuál será la próxima jugada del presidente?

Por: Juan Camilo Rodríguez Guerra Investigador de Pares Seuxis Pausias Hernández fue una de las figuras más reconocidas de las FARC-EP durante la última década. A pesar de no haber hecho parte del Secretariado de la guerrilla, su papel en las negociaciones de paz en La Habana fue protagónico; tanto así que redactó, junto a Sergio Jaramillo (Alto Comisionado para la paz durante el proceso), el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. En la trayectoria de ‘Jesús Santrich’ se evidencian varios fenómenos que caracterizaron al conflicto armado colombiano: desde la relación de la Juventud Comunista (JUCO) con la guerrilla, hasta las tensiones entre los mandos militares y los mandos políticos en la organización de las FARC-EP. Su historia es importante en tanto que revela una parte del conflicto armado y da claves para superar la violencia y construir una paz duradera. Sobre su juventud Hernández nació en Tolú Viejo, Sucre, en 1967. Sus padres fueron docentes de filosofía provenientes del campo. Le aseguraron educación y, según él, una sensibilidad social por la desigualdad latente en el departamento. La apropiación de tierras por parte de élites regionales para actividades ganaderas y agropecuarias fue un fenómeno recurrente en la ruralidad sucreña. Fue en la secundaria, a sus 12 o 13 años, que se vinculó a la Juventud Comunista (JUCO), en donde militó constantemente. Ya en 1985, año de conformación de la Unión Patriótica (UP), hizo parte de la base social que impulsó la creación del partido. Este nació de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Belisario Betancur. A pesar de que un año atrás, en los Acuerdos de La Uribe, el Gobierno había prometido garantizar la seguridad de los integrantes de la UP, el genocidio empezó el mismo año en que fue creado. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en 1985 fueron asesinados 179 integrantes del partido. Cifras similares se mantuvieron hasta 1988. En ese año, durante las primeras elecciones locales realizadas en Colombia, se asesinaron a 278 personas. Los resultados electorales de la UP pusieron en el blanco tanto a las dirigencias como a los y las militantes del partido, lo que incentivó que las FARC-EP privilegiaran la opción armada. Seuxis Hernández militó en el partido hasta 1991, cuando el asesinato de un compañero cercano lo determinó a unirse a la guerrilla. Se trataba de Jesús Santrich, dirigente de la JUCO, con quien compartió muchos de sus años de militancia. Perteneciente también a la Unión Patriótica, fue asesinado en la madrugada del 17 de noviembre de 1990 por José Mauricio Solarte Duarte, agente del DAS. En honor a él, Seuxis toma su nombre como seudónimo en la guerrilla. ‘Santrich’ en las FARC-EP Entre 1990 y 1991 terminó su carrera de Derecho en la Universidad del Atlántico e inició su posgrado en Historia. Entonces decidió ingresar al Frente 19, perteneciente al Bloque Caribe de las FARC-EP. Desde el principio, su vinculación estuvo más ligada a la formación ideológica que a la actividad militar. En la década de los noventa dirigió la Cadena Radial Bolivariana, emisora en la que la guerrilla transmitía mensajes diariamente y que llegó a tener una cobertura casi nacional por decisión de la Octava Conferencia de las FARC. En 1999, alias ‘Iván Márquez’ asume la comandancia del Bloque Caribe. Este año comienza a gestarse la estrecha relación entre Márquez y alias ‘Santrich’. No tuvo un rol preponderante en la guerrilla durante este periodo, a pesar de haber estado en los diálogos de paz en El Caguán. Su labor principal fue propagandística y relacionada con las comunicaciones de la guerrilla. Siete años más tarde ingresó al Estado Mayor del Bloque Caribe y, en 2008, entró a formar parte del Estado Mayor Central de las FARC-EP, como suplente. En este tiempo, ‘Santrich’ acompañó a Iván Márquez en un encuentro con Hugo Chávez, presidente venezolano, para entregar militares secuestrados a cambio de guerrilleros presos. En septiembre de 2012, la delegación de las FARC-EP encargada de los diálogos exploratorios con el Gobierno anunció, en rueda de prensa, que Iván Márquez y ‘Jesús Santrich’ encabezarían el equipo negociador de las FARC-EP y que el diálogo comenzaría el 8 de octubre en Oslo, Noruega. La guerrilla mandó a negociar a su ala política más radical, encabezada por Iván Márquez. Tanto así que, en el discurso que dio ese día, exigió incluir en la discusión el modelo económico, la inversión extranjera, la doctrina militar, los acuerdos de libre comercio, la minería, la propiedad de la tierra y, entre otras cosas, declaró a la justicia transicional como un agravio “que apunta a convertir a las víctimas en victimarios”. ‘Santrich’, por su lado, se caracterizó por tener una actitud provocadora, tanto en la mesa de negociación como en ruedas de prensa. Uno de los sucesos que indignaron al país fue cuando un periodista le preguntó si las FARC iban a entregar sus bienes para la reparación de las víctimas, y él respondió, cantando, “quizás, quizás, quizás”. Incluso el Secretariado de las FARC le sugirió controlarse en Twitter, pues sus comentarios estaban desgastando las relaciones con el equipo negociador del Gobierno. Pero el apoyo de Márquez fue irrestricto: durante los primeros meses de negociación “algún miembro del Secretariado sugirió que [‘Santrich’] saliera de la delegación. Cuentan que Márquez se paró y dijo que si tomaban esa decisión él también se iba” (Revista Semana, 2012). Durante los cuatro años de negociaciones y diálogos, el trabajo de ‘Santrich’ fue redactar minuciosamente el “Acuerdo final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, junto al excomisionado de Paz Sergio Jaramillo. Esta labor consistió en discutir, palabra por palabra, la forma en que quedarían consignados los acuerdos entre el Gobierno y las FARC-EP en el documento final. Algunos miembros de la delegación oficial del Gobierno recuerdan que ‘Santrich’ salía con frases como “¿hoy hablamos en inglés, en francés o en griego?”, para presionar. Tras la firma del Acuerdo de Paz, ‘Santrich’ fue elegido, en 2017, como miembro de la Dirección Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido FARC, siendo el único que, sin formar parte del antiguo Secretariado, fue elegido en las primeras nueve votaciones. Asimismo, fue elegido como uno de los cinco congresistas que harían parte de la Cámara de Representantes por el nuevo partido. Unos meses antes de las elecciones legislativas de 2018, la Fiscalía General de la Nación capturó a ‘Jesús Santrich’ en cumplimiento a una orden emitida por Interpol. Esta respondió a una acusación por narcotráfico, realizada por un juzgado de Nueva York, en la que se sindicaba a ‘Santrich’ de acordar la exportación de 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos por medio de una confusa red de personas, al parecer, ligadas a carteles mexicanos. Entre estas estaría Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez. La controversia arreció cuando la Jurisdicción Especial para la Paz, creada por el Acuerdo, ordenó a la Fiscalía reunir pruebas para determinar si el delito habría ocurrido antes o después de la firma, pues esto determinaría si debía ser juzgado por la Justicia Ordinaria o por la Justicia Transicional. La Fiscalía, entonces encabezada por Néstor Humberto Martínez, no logró pedir a tiempo las pruebas del juzgado de Nueva York para que la JEP hiciera su revisión. Esto ocasionó que, en mayo de 2019, le aplicaran a ‘Santrich’ la garantía de no extradición y se ordenara su libertad inmediata. Dos meses después, ‘Santrich’ se posesionó como representante a la Cámara en un acto sencillo pero controvertido en el que diferentes partidos, tanto de derecha como de centro, rechazaron su presencia en el Congreso. Al mismo tiempo, el partido FARC aseguraba que el ahora congresista estaba siendo víctima de un entrampamiento liderado por los Estados Unidos. A principios de julio de 2019 se conoció que ‘Jesús Santrich’ había abandonado su esquema de seguridad y su paradero era desconocido. Esto desprestigió al Acuerdo de Paz en tanto que una parte de la opinión pública culpó a la JEP de que ‘Santrich’ escapara. Por otro lado, no había conocimiento de dónde estaba Iván Márquez, lo que sembraba dudas sobre si los dos antiguos guerrilleros del Bloque Caribe de las FARC-EP estarían juntos en la clandestinidad. Un año después, ‘Santrich’ apareció en un video en el que comunicó la creación de la Segunda Marquetalia, grupo armado liderado por él y por Iván Márquez. Hizo un esbozo de los nuevos fundamentos del grupo armado, el cual buscaría retomar las banderas políticas de las extintas FARC-EP. No obstante, los otros grupos armados post-FARC no se unieron a este proyecto de la forma en que se esperaba. ‘Gentil Duarte’, quien se alejó del Acuerdo antes de su firma, les llevaba ventaja. En ese orden de ideas, todo pareció indicar que tanto Márquez como ‘Santrich’ estarían en Venezuela, con un relativo apoyo del gobierno de Nicolás Maduro para garantizar su seguridad. La Fundación Fundaredes hizo un seguimiento de la información sobre el paradero de los exguerrilleros y encontró que se movían, incluso, en barrios populares de Caracas. ‘Santrich’ muere en la noche del lunes 17 de mayo de 2021, en un campamento en el estado de Apure, en Venezuela. Hasta ahora no se conocen los perpetradores del hecho, aunque se barajan diversas hipótesis. Seuxis Pausias Hernández hizo parte de la tercera generación de personas que ingresaron a las FARC-EP. Su importancia devino de las negociaciones entre el Gobierno, encabezado por el expresidente Juan Manuel Santos, y la guerrilla. Su muerte, más allá de representar una transformación de los grupos armados en el marco del posconflicto, deja en evidencia la soledad de Iván Márquez, una de las principales figuras de las FARC-EP que, tras su salida del Acuerdo de Paz, no ha logrado materializar sus intenciones en la ilegalidad.

La Fundación Paz & Reconciliación presenta el Informe Trimestral de Seguridad Ciudadana: Análisis nacional y una mirada a las principales aglomeraciones de Colombia . En este informe, el equipo investigativo de la Línea de Seguridad Urbana Y Crimen Organizado realiza un análisis y un balance, en materia de seguridad ciudadana, de lo que ocurrió en los 3 primeros meses del 2021 en comparación con el primer trimestre del 2020. Para ello, se toman como punto de partida, a nivel nacional y territorial, las cifras relacionadas a indicadores como homicidios, amenazas, hurtos, delitos sexuales, violencia intrafamiliar y capturas . Sin duda, el 2020 representó un año atípico, entre otras razones, por las medidas de aislamiento preventivo obligatorio que tomó el Gobierno para enfrentar la pandemia de COVID-19. Las cifras que arroja este informe permiten ver el comportamiento que tuvieron los distintos indicadores de seguridad ciudadana antes y después de la cuarentena. Y, además, arroja luces respecto a la forma en que, después de más de un año de pandemia, se han reconfigurado las relaciones entre grupos de delincuencia organizada y/o grupos armados, las dinámicas de mercados ilegales vinculados a grupos delincuenciales, las estrategias de seguridad tomadas por parte de la fuerza pública en las aglomeraciones urbanas y la situación de seguridad ciudadana relacionada a personas de nacionalidad venezolana.

Por: Fredy Chaverra Acorralado por una indignación histórica y alejado del set de televisión (en el cual descubrió su verdadera vocación), al presidente no le quedó más remedio que salir de su burbuja y dialogar. Del Duque monolítico de “Prevención y acción” al Duque que rápidamente montó un cronograma de diálogos sectoriales, reviviendo la congelada “Conversación nacional” derivada del 21N, hay un cambio de tono; una transformación necesaria en el punto más bajo de su gobierno, cercado por una potente narrativa de indignación juvenil y apuntalado por una inconsulta reforma tributaria. Tras la debacle, el presidente se dispone a escuchar para encontrar consensos y, de paso, darle cierto sentido a los “pactos” de su malogrado Plan de Desarrollo: algo positivo. Sin embargo, delegó la articulación del diálogo en un funcionario gris, poco eficiente e intrascendente: Miguel Ceballos, la cabeza de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, también conocido como el “comisionado de la guerra”. Casi tan desconectado del país como el mismo Duque. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz fue creada en 1994, iniciando el gobierno de Samper. Su creación obedeció a la necesidad de contar con una instancia permanente que direccionara la política de paz y buscara canales de comunicación con los grupos armados. El primer titular de la Oficina fue Carlos Holmes Trujillo. Su principal tarea consistió en buscar acercamientos con las Farc y el ELN. Al no encontrar voluntad en las guerrillas, en pleno proceso de expansión y consolidación militar a mediados de los 90, decidió renunciar. De ahí en adelante, los siguientes comisionados tendrían un papel destacado en la historia del país: Víctor G. Ricardo fue clave en los acercamientos que llevaron a la zona de distención, Luis Carlos Restrepo promovió las cuestionables desmovilizaciones de los grupos paramilitares, Frank Pearl activó los canales de negociación con las Farc, y Sergio Jaramillo fue fundamental en el proceso de La Habana. Todos han dejado su huella en los procesos de paz, fallidos y exitosos, de las últimas dos décadas. Con ese antecedente es válido preguntarse: ¿Ceballos ha destacado por algo? Considero que su gestión ha sido intrascendente, poco memorable, carente de empatía ciudadana: un auténtico atasco para una Oficina que había adquirido alto vuelo tras el proceso de paz de La Habana. Su contribución a la paz ha sido inexistente: se ha reducido a promover la expedición de un pírrico decreto de sometimiento sobre el cual no se tiene un balance preciso. El proceso de paz con el ELN sigue suspendido y Ceballos (abogado de profesión y con un doctorado en jurisprudencia) secundó la retórica de Duque al momento de desconocer los protocolos suscritos con Cuba como país garante y exigir la extradición de la cúpula elena. Desde el 2018, el ELN no ha parado de crecer en su capacidad militar, las disidencias de las Farc se han multiplicado, no ha cesado el asesinato de líderes sociales y firmantes de la paz, la implementación del Acuerdo de Paz se encuentra en un punto muerto y el paramilitarismo arrecia en buena parte de la Colombia rural. ¿Algún balance positivo en la gestión del comisionado Ceballos? Parece que su única función en el Gobierno ha sido ponerle trabas a la implementación del Acuerdo de Paz, exponiendo a los exguerrilleros en medio de un genocidio y sin ninguna capacidad de acción en el proceso de reincorporación. Hasta Emilio Archila, encargado de la Alta Consejería para la Estabilización y la Normalización, se ha destacado por tener un rol más activo en la fallida política de paz con legalidad. Ceballos ni suena ni truena. Pasa inadvertido y le redujo todo el perfil a la Oficina del Alto Comisionado. Por eso, la decisión de Duque de asignarle la tarea de coordinar el diálogo nacional con los sectores que se han venido movilizando desde el 28A solo puede ser calificada de completo desacierto. Tal vez, así, le puso algo de trabajo a un comisionado que andaba desocupado, pero no garantiza a una persona dinámica o proactiva para liderar un proceso de esa importancia. Tan solo fue que lo nombrara para que un grupo de personalidades nacionales e internacionales pidiera su renuncia y exigiera un balance de sus funciones como comisionado. ¿Acaso habrá algún balance sobre una gestión inexistente? A Ceballos le cae mejor el apelativo de comisionado de la guerra. Nada ha hecho por la paz y fracasó estruendosamente en su rol como el primer comisionado del posconflicto. Sin la más mínima experiencia en procesos de negociación, se ha empeñado en hacer trizas el Acuerdo de Paz y en cerrar los espacios de diálogo con otros grupos armados. Afortunadamente, va de salida y estoy seguro de que su papel en la descongelada Conversación Nacional será igual de intrascendente que su rol como comisionado. Con un legado claramente negativo, el comisionado para la Paz secundó el retorno de la guerra.

Por: Attila Lenti En la entrevista que Vicky Dávila le hizo al exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la primera confesó que no sabía cuánto valía una libra de arroz o una docena de huevos, mientras que el segundo estimó que la docena podía valer unos 1.800 pesos. La afirmación generó tanto indignación como burla en las redes, y eso que no es la primera vez que se evidencia la distancia abismal que hay entre nuestra clase dirigente y el país real. De todos modos, yo no entiendo del todo la indignación. ¿Por qué el exministro debería saber el precio de los huevos si “la muchacha” del servicio le hace todas las compras? En Colombia el rico no tiene por qué mezclarse ni con la masa de súbditos pobres ni con su miserable cotidianidad. Hay todo un sistema de obstáculos físicos y simbólicos para que sea casi imposible mudarse de un mundo al otro. Todas las personas lo sabemos. ¡Ah, que es el Ministro de Hacienda! ¿Un dirigente que por profesión debería saber en qué país está parado? Queridos y queridas, es que Carrasquilla se graduó en la Universidad de los Andes en el año 1983, luego hizo doctorado en los Estados Unidos y después volvió a los Andes. De cara a Monserrate y de espaldas al país. En ningún momento tuvo que ir a comprar huevos al barrio Las Cruces. Ni siquiera a Kennedy. Ir a estos lugares le habría costado un viaje interplanetario. Chocó les queda más lejos que Nueva York. Además, estudió economía. Obviamente no toda. Pura escuela neoclásica, con un marco confiable de ideología neoliberal. La misma receta para todo sin necesidad de pensar tanto. La historia de comentarios desubicados por parte de políticos y economistas con privilegios es larga y todos recordamos algunos. En el año 2011, Alejandro Gaviria, en una etapa menos avanzada de su desarrollo humanista, alcanzó a tildar de “populismo barato” las afirmaciones de Angelino Garzón cuando este criticó la metodología adoptada por el Gobierno para medir la pobreza en Colombia. El vicepresidente de aquel entonces sostuvo que 190 mil pesos mensuales para una persona no eran suficientes para salir de la pobreza. Alejado del mundo de los supermercados, al actual rector uniandino le pareció suficiente argumentar su posición mostrando una comparación latinoamericana de líneas de pobreza, pensando quizás que los colombianos y las colombianas podían reemplazar el desayuno con sus gráficos. Cabe agregar que las personas cambian. El apoyo de Angelino al populismo resultó ser una profecía, mientras que Alejandro Gaviria ha sido promotor de obras muy positivas para el país, especialmente como rector. Ahora, para Iván Duque el empleado de una pastelería colombiana gana 2 millones de pesos. Más perdido que ‘Kike’ Peñalosa en los Cerros Orientales. Pero ya basta, no me gusta derrochar demasiados caracteres en ese actor de segunda que el uribismo montó como presidente. Las afirmaciones desatinadas son síntomas de una enfermedad grave: la desigualdad social y económica que viene carcomiendo a Colombia. Año tras año el país se encuentra entre los 20 países más desiguales del mundo. Nuestros gobiernos, una clase política tradicional con una clara agenda para favorecer intereses privados, han hecho un esfuerzo coherente para que no haya mejoras en este sentido. Podría decirse que el fomento de la desigualdad es una verdadera política del Estado que trasciende todos los gobiernos. Una de las pocas existentes. Más allá de todas las medidas políticas y económicas para mantener la acumulación de riquezas y privilegios, lo que más preocupa es el arraigo cultural y la aceptación social naturalizada de la desigualdad. Al extranjero que nada sabe de Colombia y llega a estas tierras le pueden llamar la atención varios fenómenos probablemente antes no vistos: las fronteras invisibles entre barrios ricos y pobres, los porteros en los edificios y la excesiva cantidad de muros, cámaras y rejas. Por mucho que le fascine la amabilidad de las personas, su música, la biodiversidad y los paisajes majestuosos, nunca olvidará estos monumentos a la segregación. El contraste entre la Casa de Nariño y algunos barrios cercanos bien podría ser uno de los símbolos visibles de Colombia, así como la división de Cartagena entre la ciudad amurallada y la Cartagena “detrás de la muralla”. Las murallas de la antigüedad (como la Gran Muralla china) o de la serie Game of Thrones se construyeron para detener a los “pueblos bárbaros” externos. Una separación entre nuestro mundo seguro de comodidades y lo foráneo, lo desconocido, lo temido. Nosotros y ellos. Los muros de los conjuntos residenciales cumplen una función parecida. La inseguridad que tanto temen algunas personas privilegiadas es la otra cara de sus prebendas: una creación propia producto de siglos de codicia, exclusión, desprecio y represión violenta. Quizás el verdadero miedo ni siquiera es a la criminalidad, sino a la propia consciencia que les haría ver la pobreza a la que han condenado a un pueblo lleno de riqueza cultural, merecedor de una mejor vida. El “cuarto de empleada” en los apartamentos aquí no es una remembranza curiosa de otras épocas feudales, sino un espacio en uso. Lo cual no sería del todo raro si realmente se tratara tan solo de una profesión y no de una práctica de servidumbre. En Colombia no hay nada más descomunal que tratar de igual a estas personas. En las familias pudientes ellas comen en una mesa apartada. Es más, el hecho de que se sienten en la mesa principal puede constituir un insulto a los invitados. Tienen unos cubiertos aparte que no son los mismos que usan en la casa. El maltrato permanente las marca tanto que ellas piensan que el trato amistoso es anormal, una extraña burla. Los imaginarios de movilidad social en Colombia no se basan en la idea de una clase media ampliadonde caben todas las personas por igual, sino en la idea de subir de estrato con un esfuerzo sobrenatural. O sea, no se trata de construir una sociedad sana con el protagonismo del Estado, sino que la movilidad social es un logro individual, asunto y responsabilidad exclusivade cada persona. Se dice:“son pobres porque quieren” o “se llega lejos con sacrificio”. Mientras que muchas personas de a pie se quiebran emocionalmente y se autoexplotan en un país sin oportunidades para tener lo básico, pensando que la culpa siempre es de ellas, nadie les enseña que llegarían adelante más fácil votando bien; que la política es determinante para sus vidas; que tienen que poner al Estado de su lado con servicios amplios y de calidad; que las posibilidades del país y el mismo sentido de la palabra «economía» van más allá de la pobre imaginación de una élite mediocre que no es ejemplo de nada, que el crecimiento para ellos no es bienestar para todos; que reclamar derechos no es comunismo; que sí pueden cambiar a los parásitos por líderes de carne y hueso que saben cuánto cuesta una docena de huevos; que los apellidos por sí mismos no tienen valor, solo si se lo atribuimos; que no hay doctores sin doctorado. La desigualdad social no solo es un problema ético. Es un veneno que hace que la democracia sea disfuncional, la economía débil y la justicia parcializada; hace que los derechos laborales se desaparezcan, la inseguridad crezca y las enfermedades psicológicas proliferen. En todos los países progresistas del mundo, incluidos los Estados Unidos, los gobiernos hoy contrarrestan los efectos económicos del COVID-19 con paquetes generosos de ayuda e inversión pública. En Colombia pasa lo contrario. Donde los dirigentes de derecha no entienden algo tan sencillo como que una clase media fuerte es funcional a sus intereses y a su propia vida tranquila, no se debe esperar nada. En 2022 la sociedad los aterrizará. PS: Le pido disculpas a mi alma mater. Su clasismo es tan divertido como trágico, pero se aprecia cada giro que ese pecho viene dando hacia el país. La educación como derecho es una nota, huevón.

“Pienso en mi hijo y espero que en sus velas libres soplarán los vientos que él mismo escoja»… Este es el pasaje con el que cierra Sol Camacho su poema sobre la desaparición forzada. En Colombia hay centenares de jóvenes que salieron a protestar en las calles y no han vuelto a sus casas. Sus familias y amistades les buscan y ante sus preguntas el Estado colombiano no está dando respuestas… el tiempo corre y, en palabras de Luz Marina Monzón —directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)—, “cuando se trata de desaparición forzada cada segundo cuenta”. En medio del Paro Nacional que se desarrolla en Colombia; una de las protagonistas es la zozobra cuenta de las denuncias de casos de desaparición forzada a manos de la Fuerza Pública. Según 26 organizaciones serían 379 personas, la Defensoría del Pueblo solo ha dado registro de 87 casos y la Fiscalía General de la Nación 38. De acuerdo con Temblores ONG son, hasta el momento, 37 víctimas de violencia homicida presuntamente a manos de la Policía Nacional de Colombia y, con la situación de denuncias de desapariciones, la sociedad colombiana espera que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto y no se registren más asesinatos. La situación de incertidumbre se agudiza debido al débil trabajo institucional para hacer frente a las denuncias. Por esta razón, desde La Fundación Pares decidimos hablar con Luz Marina Monzón quien a pesar de reconocer que la UBPD —como instancia creada a partir del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP— no tiene competencia para emprender la búsqueda de las personas desaparecidas en los recientes días; continúa impulsando una articulación entre las organizaciones y la institucionalidad colombiana para dar con el paradero de los y las centenares de jóvenes que no aparecen. Amparándose en velar por las Garantías de No Repetición en el marco de la Justicia Transicional. Las organizaciones, por su parte, le han manifestado a la UBPD que se están cometiendo acciones que hacen que la vulnerabilidad de las personas frente a la desaparición sean muy altas. Esto debido a que de las personas que están siendo retenidas por la Fuerza Pública no se tiene suficiente información a dónde son llevadas, a las familias les están negando información clave para dar con paraderos, también, que no les están permitiendo hablar con sus abogados y están cortando la información. No hay registros de ingresos de las personas en los lugares de detención. Según el relato de Luz Marina la historia colombiana ha demostrado que estas son circunstancias que han favorecido a que se perpetren desapariciones forzadas en el país. Un país como Colombia que en su historia suma más desapariciones forzadas que las registradas en las dictaduras de Argentina y Chile. El mensaje de Luz Marina es que la historia no se puede repetir pues, por ejemplo, ya existe una ley (589) que tipifica el delito de la desaparición forzada en la que en su artículo 12 señala que el Estado colombiano debe generar y asegurar que existan registros claros en los lugares de detención de manera que pueda verificarse la situación de la persona que esté bajo un arresto o detención. Según el relato de Luz Marina la historia colombiana ha demostrado que estas son circunstancias que han favorecido a que se perpetren desapariciones forzadas en el país. Un país como Colombia que en su historia suma más desapariciones forzadas que las registradas en las dictaduras de Argentina y Chile. El mensaje de Luz Marina es que la historia no se puede repetir pues, por ejemplo, ya existe una ley (589) que tipifica el delito de la desaparición forzada en la que en su artículo 12 señala que el Estado colombiano debe generar y asegurar que existan registros claros en los lugares de detención de manera que pueda verificarse la situación de la persona que esté bajo un arresto o detención. También hace un llamado para que el Gobierno Nacional atienda al marco jurídico internacional en el que está Colombia en materia de desaparición forzada. E insiste en que es necesario que se utilicen las herramientas que se crearon por medio del Acuerdo de Paz como lo es la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. “Tener hoy personas que llevan 15, 20 y 30 años buscando a sus seres queridos porque nunca tuvieron herramientas son cosas que no pueden volver a pasar. Ojalá, y es a eso que le debemos apuntar, es que no haya desaparición (…) Pedimos, entre otras cosas, que se divulgue y se haga evidente en las páginas de las instituciones el claro mensaje que no se necesitan 72 horas para que las personas puedan buscar a sus seres queridos. Hicimos ver cómo un minuto puede ser la diferencia entre la vida, la muerte y la desaparición.” A continuación encontrará la entrevista completa en la que se encuentran recomendaciones que considero importantes para que sean tomadas en cuenta por parte de las instituciones del Estado Colombiano, atendidas por el Gobierno Nacional, por las organizaciones de Derechos Humanos para estructurar una ruta de acción inmediata para atender las centenares de denuncias. Pares: ¿Qué acciones considera necesarias para evitar que se consoliden estos casos de denuncia en desapariciones forzadas? Luz Marina Monzón (L.M.M.): es indispensable que hayan registros rigurosos, detallados y actualizados en los centros de detención de las personas, a donde son llevadas las personas. Estos registros tienen que estar accesibles a la población para que puedan saber cuál es el paradero de la persona que ha sido detenida. Esta es una primera medida urgente y resulta igual de urgente que la Procuraduría General de la Nación apoye la verificación de que estos registros existen y que están en funcionamiento. A su vez que las autoridades, en el ejercicio de sus funciones, permita la plena identificación para que las familias y la población pueda saber a quienes dirigirse y a dónde dirigirse cuando las personas son detenidas. Además, porque si son detenidas por particulares son justamente las situaciones generan que no haya a quien acudir para pedir información sobre la suerte y paradero de una persona. Asimismo, debe asegurase que la persona detenida tenga acceso a un abogado, que esa persona tiene posibilidades de comunicarse con su familia…. Todo esto son derechos que existen desde hace mucho rato y que se encuadran dentro del debido proceso, también en el estándar de legitimidad de la acción del Estado. La iniciativa de la mesa de información de desapariciones y homicidios que focalice los esfuerzos en atender lo que está pasando en el marco del Paro puede ser una buena práctica. Debido a que orienta a las personas a acudir a un lugar que está concentrando toda la situación de desaparición. Esto permitiría que las personas no den vueltas por todo lado y luego no sepan finalmente quién quedó con la solicitud de búsqueda que se hizo; sino que además le permitiría a la institucionalidad ir reconociendo cuáles son las denuncias más frecuentes e ir tomando medidas para que no se repitan… para que se remedien, para que se controlen si es que se están reportando irregularidades en la actuación de los servidores y servidoras públicas. Pares: ¿Cuál es la iniciativa de la UBPD frente a los casos de denuncia de personas presuntamente desaparecidas de manera forzada en el marco del Paro Nacional? ¿Cómo va el diálogo con la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo? Luz Marina Monzón (L.M.M.): Primero resulta necesario hacer salvedades que dan a lugar.La UBPD tiene una competencia excepcional y cuando en el Estado la otorga; significa que dicha competencia está limitada, por varias circunstancias. Por ejemplo, qué es exactamente lo que va a hacer, sobre qué puede pronunciarse pero también en el tiempo. Por otro lado, esta excepcionalidad indica que hay una estructura del Estado paralela que es la que debe generar todas las condiciones de garantías. Aclarado esto, la UBPD es un mecanismo excepcional pero en el marco del modelo de Justicia Transicional. Ahora bien, cuando hay un modelo de Justicia Transicional en cualquier Estado se parte del supuesto que ha habido una ruptura democrática o un conflicto armado que ha debilitado el Estado de Derecho o ha habido una guerra internacional y, entonces, es necesario reestablecer las condiciones para retomar los causes democráticos y las garantías en un Estado. Así como cada modelo de Justicia Transicional tiene una competencia muy específica. Para el caso colombiano, en términos generales, la UBPD tiene la responsabilidad de buscar a quienes fueron desaparecidos en el conflicto armado colombiano. Pero, cualquiera que sea el mandato diferenciado que tengamos las tres instancias creadas en el Acuerdo de Paz —Comisión de la Verdad, Jurisdicción Especial para la Paz y Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas— como sistema debemos apuntarle a la Garantías de No Repetición. Entonces, le apuntamos a estas garantías tomando las decisiones y haciendo lo que se nos dijo que debíamos hacer pero proyectando las transformaciones que el Estado debe hacer para que esto, las desapariciones forzadas, no se repitan. En este sentido, la UBPD ha sido creada porque el modelo judicial de búsqueda en Colombia se ha mostrado insuficiente e ineficaz para brindar una respuesta rápida a los familiares respecto a esa incertidumbre que se genera con la desaparición forzada. Desde la UBPD decimos que no vamos a buscar a las personas que ahorita están desapareciendo porque no tenemos competencias para hacerlo. Sin embargo, eso no significa que como nosotros podamos advertir cuáles son los riesgos de las falencias del Estado e intervenir bajo la lógica de las Garantías de No Repetición. De esta forma, podernos dirigir al Estado para que se articule inmediatamente para que puedan darle respuestas a los familiares que están buscando a sus seres queridos reportados como desaparecidos en el marco del Paro Nacional. Además, resulta primordial que el Estado se ponga en contacto con las organizaciones y abra canales de comunicación para que, oportunamente, actúe y evite la desaparición y —en todo caso— tome acciones rápidas para que no se consolide las desapariciones que están siendo denunciadas. Ahora bien, es en este marco que la UBPD decidió facilitar la conversación —este 6 de mayo de 2021— con la Fiscalía General de la Nación y con la Defensoría del Pueblo. Esto con el objetivo de que la institucionalidad hiciera público cuáles son los canales que en este momento están funcionando para atender las denuncias de homicidios y desapariciones en el marco del Paro Nacional. Asimismo, para que la institucionalidad recibiera directamente denuncias de las organizaciones y diera curso ágilmente a la información que éstas han estado recolectando durante estos días en que se ha desarrollado el Paro. Pares: ¿Esa promoción de diálogo con la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía cómo va? Teniendo en cuenta ese llamado a la prevención de la consolidación de la desaparición forzada de los casos denunciados… ¿Existe dentro de la promoción del diálogo de la UBPD algunas recomendaciones? L.M.M: Las 26 organizaciones hicieron unas solicitudes muy concretas. Ellas pidieron que se activara un mecanismo de búsqueda urgente para buscar a todas las personas que han sido denunciadas como desaparecidas. También hicieron solicitudes de información sobre cuáles son los resultados de las búsquedas que han hecho las instituciones. Cómo van las investigaciones en contra de los agentes del Estado respecto de los cuales se han denunciado que han incurrido en abusos. Es decir, pidiendo básicamente respuestas sobre la acción del Estado sobre estas denuncias que se han hecho. Nosotros como UBPD escuchamos de las organizaciones que hay un montón de circunstancias que hacen que la vulnerabilidad de las personas frente a la desaparición sean muy altas. Esto se evidencia en denuncias como que las personas están siendo retenidas por la Fuerza Pública y no se tiene noticia a dónde son llevadas y, cuando las familias, finalmente, saben donde están se les niega información sobre si siguen ahí, en qué estado están, cómo están… Adicional a que no les permiten hablar con los abogados y les están cortando la comunicación. Es decir, no tienen un celular disponible, ni nada. Asimismo, las organizaciones señalan que cuando se dirigen a estos sitios de detención no aparecen registros de ingreso de las personas. Todas estas circunstancias son las que históricamentehan favorecido las desapariciones forzadas. No lo estoy diciendo yo, ni lo está diciendo la UBPD; eso se ha dicho en el curso de las desapariciones desde 1977 en este país. Por esta razón, tanto organismos internacionales, como el grupo de trabajo de desapariciones forzadas, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le han dicho al Estado: que tiene que tomar acciones para que esos registros sean claros, actualizados, completos y sean accesibles para poder proteger a las personas y prevenir la desaparición. Por ejemplo, partiendo de que cuando se aprueba la Ley 589 del 2000 que tipifica el delito de desaparición forzada y se crea la Comisión de Búsqueda; también plantea una obligación muy específica en esta materia que es el artículo 12. Ese artículo dice que el Estado deberá generar y asegurar que existan registros claros en los lugares de detención de manera que pueda verificarse la situación de la persona que esté bajo un arresto o detención. Entonces, en la reunión lo que le pedimos a la Defensoría y a la Fiscalía es que se tomarán acciones para que estos registros estuvieran actualizados y se verificará que realmente están funcionando. También que se tomarán acciones inmediatamente para cumplir unas recomendaciones que ha hecho la Defensoría en relación con la Policía y es que debe, entre otras, no ocultar la identificación para que puedan ser supervisadas sus conductas. En la reunión lo que decía la Defensoría es “sí, nosotros hemos dado muchas recomendaciones pero la verdad tenemos que reconocer que no se han implementado”. No puede ser que en este contexto digan que no se han cumplido… hay que exigir que se cumplan inmediatamente. Las denuncias que acá se están haciendo son denuncias que muestran el riesgo en que se encuentran las personas y es necesario tomar acciones de manera inmediata. Pedimos, porque no se ha cumplido, que se divulgue y se haga evidente en las páginas de las instituciones el claro mensaje que no se necesitan 72 horas para que las personas puedan buscar a sus seres queridos. Hicimos ver cómo un minuto puede ser la diferencia entre la vida, la muerte y la desaparición. Acciones inmediatas para prevenir y para no repetir lo que dio lugar a la desaparición forzada en el pasado en Colombia. Pares: ¿Qué dijeron sobre esas recomendaciones? L.M.M: Dijeron que sí, que les parecía muy bien. Pero entonces yo lo que creo es que hay que hacerle seguimiento a esto. Nosotros no podemos hacerlo, nosotros estaremos escuchando a las organizaciones en el entendimiento del marco de nuestras competencias para llamar la atención sobre cómo tiene que tomar el Estado acciones para que esto no se repita. Pero más allá de eso no tenemos competencia para hacer una vigilancia que le correspondería a la Procuraduría General de la Nación, por ejemplo. O a las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que es muy importante que las organizaciones hagan unas solicitudes formales a estas instituciones diciendo que se necesitan saber cuáles son las medidas que se están tomando para la prevención de la desaparición en Colombia. Pares: ¿Por qué hay tanta diferencia entre las cifras de la Defensoría, la Fiscalía con las que recogieron estas 26 organizaciones? ¿Qué pasa ahí? L.M.M.: En la reunión las organizaciones explicaban que la Fiscalía les dice que la información está incompleta. En este sentido, la Fiscalía arguye que es muy difícil poner en marcha acciones si la información no está completa. Por su parte, las organizaciones lo que le dijeron a la Fiscalía fue que ellas –las organizaciones— están actuando a pesar de las limitaciones de recursos y de condiciones. Además, las organizaciones han señalado que están siendo objeto de ataques pero, aún con todas las limitaciones, están tratando de poner en conocimiento de la Fiscalía la información tal como la están recibiendo. Las organizaciones alegan que no puede ser que les pidan que la información sea completa porque no hay posibilidad de que eso sea así. Las organizaciones insisten en que la Fiscalía debe ser quien verifique e investigue porque como órgano tiene las facultades y capacidades para hacerlo. Pares: ¿A qué se debe, por ejemplo, la ausencia de la Procuraduría en el diálogo del 6 de mayo sobre las denuncias de desaparición en el marco del Paro? L.M.M.: No lo sé. No sé por qué no estuvo la Procuraduría General de la Nación. En el marco de lo que ha venido sucediendo en el marco del Paro en relación con desapariciones y homicidios fue creada un espacio llamado ‘Mesa de Información de desapariciones y homicidios’ que es una especie de espacio de coordinación y opración para responder a esta situación. En esa mesa están, principalmente, —de acuerdo a lo que nos dijeron en la reunión— Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Policía Judicial (constituida por el Cuerpo Técnico de Investigaciones* (CTI), DIJIN, SIJIN) y Medicina Legal. Ellos dijeron que, en relación con Procuraduría le habían hecho una invitación para que apoyara este esfuerzo y que la Procuraduría había expresado, en principio, que estaba interesada en apoyar pero lo cierto fue que no asistió a la reunión. Pares: ¿Qué mensaje le daría al país frente a esta situación en la que se reportan 379 personas desaparecidas en el marco de este Paro Nacional? L.M.M.: Hoy existen un conjunto de recursos jurídicos que en el pasado en Colombia no existían. Existe un mecanismo de búsqueda urgente, existe como delito la desaparición forzada, existen funciones otorgadas a instancias para poder responder a estas situaciones como lo es el caso de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Esta, por ejemplo, es liderada por la Defensoría del Pueblo y congrega a distintas instituciones, incluida la Fiscalía General de la Nación. Existen, a su vez, mecanismos de protección de Derechos Humanos representados, de alguna manera en el territorio, como las Naciones Unidas que realizan labores humanitarias en determinados momento de vulneración. En suma, este conjunto de mecanismos que sirven como herramientas para poder solicitar el apoyo y protección de las autoridades. Resulta indispensable poner en marcha estas herramientas porque esta es la única manera de garantizar que no se repita la desaparición forzada de la forma en cómo ocurrió el conflicto armado. De hecho, durante el conflicto armado las víctimas no tenían un delito de desaparición forzada, no tenían un mecanismo de búsqueda urgente, las víctimas no tenían instituciones encargadas de protección específicamente en relación con la desaparición. En este momento sí existen en Colombia y es necesario hacer uso de esas herramientas para que respondan a esta protección que le es exigida. Además, el Estado colombiano se encuentra vinculado jurídicamente a varios tratados internacionales que le impone unas obligaciones de protección en este momento. Hay que hacer todo lo posible por utilizar estos mecanismos, hay que generar herramientas creativas que hagan que las instituciones se articulen y respondan rápidamente. Hay que hacer todo lo posible por parte de la sociedad civil para que exijan a través de los mecanismos que ya existen la búsqueda. También, por parte del Estado poner en desarrollo con la mayor eficacia y oportunidad posible los mecanismos que existen para brindar el apoyo de manera que a nadie se le someta a un sufrimiento en el tiempo, los años, los días… sin saber qué pasó.