Bogotá, Mayo 7 de 2021 Señores y señoras Comité Nacional de Paro Coalición del Pacto Histórico Coalición de la Esperanza Partido Liberal Defendamos La Paz Muy apreciados dirigentes del país. Les escriben León Valencia y Ariel Ávila desde la Fundación Paz y Reconciliación con el objetivo de proponerles que unidos le soliciten una reunión al presidente Iván Duque con la presencia de los ministros de Hacienda, Defensa y Salud, para buscar una acuerdo, un pacto social y político, alrededor de los siguientes puntos: La reforma policial con la abolición del Esmad, el paso de la policía al ministerio del Interior y la depuración de la fuerza pública de todos los agentes violadores de los derechos humanos. Una renta básica para los e stratos populares. El cumplimiento de los acuerdos de paz con sus reformas política y agraria, el cese de los asesinatos de reincorporados y líderes sociales; un freno definitivo a las fumigaciones de cultivos de uso ilícito y un retorno a la idea de erradicación por acuerdo con los campesinos. El retiro del proyecto de reforma a la salud y el fortalecimiento de la salud pública. Los recursos para estas reformas se buscarían en el abandono definitivo de la idea de comprar aviones de combate que costaban 14 billones de pesos, la mitad del dinero que aspiraban con la malograda reforma tributaria; en cuanto al aumento de la tributación hay que aplicar la fórmula propuesta por el exministro José Antonio Ocampo en entrevista al diario El Espectador: “Para evitar efectos sociales adversos, el aumento debe concentrarse en eliminar beneficios tributarios en el impuesto de renta de empresas y personas naturales de altos ingresos, incluyendo la eliminación de los que se introdujeron en la última reforma tributaria, en un impuesto al patrimonio progresivo para personas naturales, y quizás en algunos impuestos de emergencia que graven a estos mismos sectores”; también es obligatorio acudir un préstamo de emergencia del Banco Emisor como lo aconsejan algunos economistas y, en último caso, cerrar el negocio de compra de ISA por parte de Ecopetrol. Creemos nosotros que es muy importante dialogar desde una posición de fuerza; dialogar con la condición de que se trata de llegar a un pacto social y político y no con la idea de ser oído por el gobierno para que este tome luego las decisiones unilateralmente; dialogar sin aplacar la oleada de protestas, al contrario enviándole a la gente el mensaje de que debe seguir en la calle hasta que se conquiste el pacto; dialogar pensando en que se representa, si no al país entero, por lo menos a las mayorías activas que han salido a la movilización; dialogar para buscar un pacto serio y real; dialogar con el presidente y los ministros que toman las decisiones; dialogar quizá con la presencia de un actor internacional digamos Naciones Unidas; creemos que las cosas están para eso, o lo estarán en algunos días, cuando la situación se torne más crítica. Esta idea podría ser materia de una comunicación que le lleven hoy los miembros de la Coalición de la Esperanza al presidente Iván Duque. Atentamente, León Valencia Director de la Fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación

Por Viviana Villa Pares Colombia #Infografía

Por León Valencia y Ariel Ávila Pares Colombia Es 6 de mayo, ha pasado una semana de paro y movilizaciones sociales, una manifestación enorme de indignación y descontento ciudadano. Todo empezó con la propuesta de reforma tributaria del presidente Duque y su Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Fue el Florero de Llorente. Fue eso lo que les facilitó a las centrales obreras y a las organizaciones sociales dar un golpe de gracia y sacar a la calle a millones de personas. Después cada quien le fue agregando sus propios motivos: los jóvenes su dolor contra los atropellos policiales y su desesperanza; los pobres y los marginados, el desempleo y el hambre; las clases medias la grave crisis económica que ha traído la pandemia con el desempleo y el cierre de pequeñas empresas; los campesinos la amenaza de las fumigaciones y el olvido; los defensores de la reconciliación, las graves violaciones al acuerdo de paz con su estela de muerte a las excombatientes y a los líderes sociales; el país entero las graves deficiencias del sistema de salud sacudido por el Covid 19, la lentitud de la vacunación. Es un doloroso ramillete de motivos. Pero el partido de gobierno no entiende esto. En un comunicado el Centro Democrático señala que se trata de: “Un macabro plan de la izquierda radical y criminal financiado por el narcotráfico para desestabilizar la democracia”. Con esta premisa su líder máximo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un deplorable trino que la misma plataforma twitter censuró, incitó a “Apoyar el derecho de soldados y policías para utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y los bienes de la acción del terrorismo vandálico”. A renglón seguido el presidente Duque ordenó una militarización de las ciudades y una represión de las protestas ciudadanas acudiendo al Esmad, el cuerpo policial más agresivo y violento, con el resultado hasta ahora de 36 civiles y un capitán de la policía asesinados y cientos de heridos entre ciudadanos y miembros de la fuerza pública. En la confrontación se han producido además destrucción de bienes y saqueos en todas las ciudades. La Organización no Gubernamental Temblores registra 1078 hechos de violencia policial. No obstante los manifestantes no cedieron a la represión y se mantuvieron en el paro, los bloqueos, las manifestaciones. Al tiempo que gente desesperada o simplemente vándalos y delincuentes han aprovechado la oportunidad para saquear y agredir a los civiles y a los cuerpos del Estado. A Duque no le quedó más remedio que retirar su proyecto de reforma tributaria, aceptar la renuncia del Ministro de Hacienda y llamar a un espacio de concertación nacional. Se pensó entonces que haría cambios de fondo. Pero con el transcurrir de las horas y los días se ve que fue un verdadero parto de los montes. En vez de invitar al gabinete a otras fuerzas políticas se mantuvo en la coalición que integra al Centro Democrático, al Partido Conservador y a algunas iglesias evangélicas e hizo un enroque con sus funcionarios. Pasó a José Manuel Restrepo, Ministro de Comercio Exterior, a la cartera de hacienda. Ascendió a Juan Alberto Londoño, Viceministro de Hacienda, uno de los mentores de la hundida reforma tributaria, a Ministro de Comercio Exterior. La llamada concertación la convirtió en la misma conversación nacional que intentó en el paro de noviembre de 2019 y le dio la tarea de conducirla a Miguel Ceballos que ha fracasado como nadie en su gestión de Comisionado de Paz. Remedios viejos para problemas nuevos. Ahí vamos. Duque y el uribismo decidieron escoger el camino de Maduro en Venezuela para detener la protesta social: militarizar el país. Esta fórmula, dada la tradición violenta de nuestro país va camino de producir una verdadera tragedia nacional. El saldo de muertos, heridos y destrucción en sólo una semana ha sido asombroso. Cali ha sido el epicentro de mayor violencia. Allí se ha producido una especie de golpe de estado. La Fuerza Pública se ha tomado la ciudad y para responder a las marchas pacíficas o a los desmanes ciudadanos ha recurrido a una utilización ilegal de las armas y ha dejado un reguero de muertos, especialmente en las comunas de Siloé y Agua Blanca. Pero la otra diferencia con Venezuela es que aquí hay un establecimiento económico muy diverso y sofisticado; una amalgama de partidos y fuerzas políticas de oposición o que han declarado su independencia frente gobierno de Iván Duque, con organización regional y vocerías nacionales potentes; y un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil con fuertes lazos con la comunidad internacional. Es muy probable que Duque fracase en su pretensión de controlar el país y ahogar la oleada de protestas por la fuerza o con el engaño de una conversación sin resultados inmediatos. En esas condiciones Colombia puede tomar el camino que recorrió Chile entre octubre de 2019 y marzo de 2020: una radicalización democrática de la sociedad que se toma la calle y no detiene su protesta hasta que conquista un gran viraje, un gran cambio. Ahora bien, de darse el este escenario de radicalización democrática, ¿cuál sería en Colombia el equivalente a la Reforma Constitucional que ofreció Sebastián Piñera en Chile para aplacar las protestas sociales y salir de la grave crisis institucional? El nombre de la solución podría ser un gran pacto social y político sobre la base de los siguientes puntos: La reforma policial con la abolición del Esmad, el paso de la policía al ministerio del Interior y la depuración de la fuerza pública de todos los agentes violadores de los derechos humanos. Una renta básica para los estratos populares. El cumplimiento de los acuerdos de paz con sus reformas política y agraria, el cese de los asesinatos de reincorporados y líderes sociales; un freno definitivo a las fumigaciones de cultivos de uso ilícito y un retorno a la idea de erradicación por acuerdo con los campesinos. El retiro del proyecto de reforma a la salud y el fortalecimiento de la salud pública Los recursos para estas reformas se buscarían en el abandono definitivo de la idea de comprar aviones de combate que costaban 14 billones de pesos, la mitad del dinero que aspiraban con la malograda reforma tributaria; en cuanto al aumento de la tributación hay que aplicar la fórmula propuesta por el exministro José Antonio Ocampo en entrevista al diario El Espectador: “Para evitar efectos sociales adversos, el aumento debe concentrarse en eliminar beneficios tributarios en el impuesto de renta de empresas y personas naturales de altos ingresos, incluyendo la eliminación de los que se introdujeron en la última reforma tributaria, en un impuesto al patrimonio progresivo para personas naturales, y quizás en algunos impuestos de emergencia que graven a estos mismos sectores”; también es obligatorio acudir un préstamo de emergencia del Banco Emisor como lo aconsejan algunos economistas y, en último caso, cerrar el negocio de compra de ISA por parte de Ecopetrol. Con una propuesta de Pacto Social y Político el gobierno de Duque podría lograr un acuerdo nacional a corto plazo, ahorrar vidas, evitar la destrucción de la infraestructura y recuperar el apoyo de la comunidad internacional tan maltrecho en este momento. El primer paso de este gran acuerdo nacional es un entendimiento de todos los partidos independientes y de oposición -las coaliciones del Pacto Histórico y La Esperanza, el Partido Liberal, Cambio Radical y Sectores de la U- y los sindicatos y fuerzas sociales, para desatar una presión en el Congreso Nacional y en la opinión Pública que obligue al presidente Duque y a la coalición de gobierno a ceder de verdad para que Colombia recobre la estabilidad y pueda concurrir en calma y con garantías democráticas a la cita electoral de 2022. En todo caso, desde la fundación Paz y Reconciliación, hacemos un llamado a la resistencia y protesta pacífica. Rechazamos la violencia como forma de resolución de conflictos y hacemos un llamado a que entre los donatarios y donantes de la cooperación internacional que han sido aliados en la búsqueda por la paz y la reconciliación, aunemos esfuerzos para apoyar este gran pacto social y político.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad y Pares Una crisis histórica La frontera entre Colombia y Venezuela tiene un tramo de 2.219 kilómetros. Allí se han dado dinámicas históricas de ausencia estatal y una alta militarización como respuesta de ambos Estados para hacer presencia institucional; pero, sobre todo, una porosidad criminal persistente. Se cumplen 5 años del inicio de la migración masiva desde Venezuela hacia Colombia. Las causas responden a diferentes factores sociales, económicos y, principalmente, políticos. Colombia ha sido el país que ha recibido la mayor cantidad de migrantes venezolanos, tanto regulares registrados por Migración Colombia, como irregulares por trochas. Estos hechos se agravaron con mayor intensidad en el marco de la pandemia del Covid-19. De acuerdo con la investigación en desarrollo por parte de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), a continuación, se presenta una radiografía sobre las problemáticas más complejas, desde la visión fronteriza de los departamentos colombianos de La Guajira y Norte de Santander con los estados del Zulia y el Táchira, respectivamente. Entre las principales problemáticas relacionadas con el Covid-19 y las fronteras hay seis aspectos específicos: i) La crisis migratoria; ii) La crisis institucional en Venezuela; iii) La situación de seguridad; iv) La corrupción; v) El déficit sanitario y; vi) La ruptura diplomática y de relaciones bilaterales. La pandemia y la crisis migratoria La declaración de la cuarentena nacional en Colombia, y la dependencia de los mercados informales por parte de la población migrante venezolana, ha incentivado el masivo retorno de estos al Zulia y el Táchira, generando problemas sanitarios en los municipios fronterizos de Maicao, La Guajira; y, a su vez, en Cúcuta y Puerto Santander, Norte de Santander. Esto se refleja en las paupérrimas condiciones del agua potable y saneamiento básico, con una alta exposición al contagio. En esta situación alrededor de 130.000 venezolanos retornaron a su país desde el inicio de la pandemia, de acuerdo con informes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONG Human Rights Watch. #OjoAlDato Independientemente de la manera de retorno, los migrantes venezolanos han sido expuestos a una estigmatización por parte del régimen de Nicolás Maduro, asegurando que son “esclavos y mendigos”. A lo que se suma una persecución judicial por ser los supuestos responsables del aumento de casos de Covid en Venezuela, los cuales llegan a 186.745 casos y 1965 muertes al 21 de abril de 2021 según el mapa COVID-19 del centro de recursos sobre el coronavirus de la Universidad John Hopkins. Las cifras del gobierno son de 185.786 contagios, de los cuales 169.685 se han recuperado y 1944 han fallecido. Al 21 de abril de 2021 en los estados Zulia y Táchira hay 15.774 y 10.976 contagios, respectivamente, desde que comenzó la pandemia. Zulia cuenta con 163 fallecidos por Covid-19, representando esta cifra el 8,29% de los muertos a nivel nacional. En cuanto a Táchira no hay consenso frente al número de fallecidos, el Gobierno Nacional reportó únicamente 139 decesos para el 19 de marzo de 2021, sin embargo, el alcalde de San Cristóbal afirmó que las cifras ascienden a 839 fallecidos. Adicionalmente, Pares ha identificado gran opacidad en la información reportada por el Gobierno de Nicolás Maduro, teniendo en cuenta la posible falta de transparencia en los reportes de casos. Esto ha ambientado la discriminación del gobierno venezolano, estableciendo que el virus proveniente de Colombia es mayormente peligroso y tiene como propósito desestabilizar el Estado Venezolano, señalando a retornantes como “armas biológicas”. La situación humanitaria en cifras La llegada del Covid-19 en marzo de 2020 generó un cierre de las fronteras y de todo el flujo migratorio regular por cualquier medio de transporte. Esto como medida de autoprotección contra la entrada del virus, lo que también impulsó a las autoridades a aplicar cuarentenas. Estas medidas tuvieron dos consecuencias sobre los migrantes venezolanos: por un lado, la disolución de sus formas de subsistencia económica en Colombia, en su mayoría a través del trabajo informal. Y, por otra parte, la decisión de una minoría de regresar a su país de origen, donde encontraría en su familia un apoyo para superar la pandemia. Este cambio en la dinámica de la migración se vio reflejado en las cifras de recepción y salida de todos los puestos migratorios entre Colombia y Venezuela. En el Puesto Migratorio de Paraguachón, corregimiento del municipio de Maicao, y que conecta el departamento de La Guajira con el estado de Zulia, las entradas de ciudadanos venezolanos en 2020 se redujeron en un 87,5 %, mientras que las salidas se redujeron el un 75,3 %, ambas cifras en comparación con 2019. Por su parte, en el Puesto Migratorio La Unión, ubicado en Puerto Santander, Norte de Santander, municipio que colinda con el estado del Táchira en Venezuela, las cifras de flujo migratorio del primer trimestre de 2019 y 2020 presentaron una reducción en las entradas de migrantes venezolanos del 52,7%, junto con una reducción en las salidas de la misma población de un 25%. (Debido a que los datos oficiales del 2020 solo comprenden el primer trimestre del año no se puede realizar una comparación anual). A diferencia de las otras periodicidades, el análisis Migración Colombia no tiene información pública sobre el flujo migratorio en el puesto de Puerto Santander para el resto de 2020, ni para 2021. En el puesto migratorio que conecta la ciudad de Cúcuta con San Cristóbal, el Puente Internacional Simón Bolívar, la tendencia negativa es la misma. Las entradas de ciudadanos venezolanos al país durante el 2020 disminuyeron en un 88,2 %, mientras que las salidas disminuyeron en un 71,6% en comparación con 2019. Las grandes variaciones negativas en el flujo migratorio se producen después de marzo del 2020, puesto que las entradas y salidas entre enero y marzo del año pasado representaron el 99,4% de todo el flujo migratorio. Los migrantes residentes en los municipios fronterizos Según cifras oficiales de Migración Colombia, residen en territorio colombiano alrededor de un millón 742 mil 927 migrantes venezolanos, de los cuales cerca del 54% se encuentra en condición irregular. De acuerdo con esta entidad, en los últimos dos meses de 2020, y aunque los pasos fronterizos legales se encuentran cerrados, se identificaron más de 18 mil migrantes venezolanos en carreteras del país. Para enero de 2021 Migración Colombia señala que, del total de migrantes venezolanos en Colombia, un 10,73% de dicha población se ubica en Norte de Santander (187.121) y un 8,65% en La Guajira (150.806). Siendo Cúcuta el tercer municipio con mayor número de migrantes en el país, al registrar 94.847, mientras en Puerto Santander se reporta la presencia de 2.186 ciudadanos venezolanos y de 51.361 en Maicao (séptimo municipio). La respuesta institucional La estrategia de Maduro para contener a los migrantes ha sido la creación de los Puestos de Atención Integral (Pasi), lugares donde estos sufren de maltratos, desabastecimiento de agua potable y racionamiento de comida, mientras se encuentran en confinamiento por parte de la Guardia Nacional. La denuncia de estos abusos contra la población migrante ha desencadenado una serie de amenazas, desapariciones forzadas y abusos por parte de la Guardia Nacional hacia los periodistas, de acuerdo con la investigación de Pares. A pesar de que algunos casos de Covid son de origen importado, no se puede asegurar que la ola de propagación tenga preponderante y exclusivamente este origen. La gravedad del contagio se encuentra relacionada estrictamente con una crisis hídrica existente desde hace una década en algunos estados fronterizos, que ha generado deplorables condiciones de agua potable para una parte de la población que no tiene acceso a esta como servicio domiciliario. La cuestión de los servicios domiciliarios está profundamente ligada a la seguridad y soberanía alimentaria de las personas. De acuerdo con una investigación de la Ucab, el 79,3% de los venezolanos no tiene cómo cubrir la canasta de alimentos, lo que ha generado que muchas familias de diversos municipios fronterizos deban adoptar estrategias de sobrevivencia de manera colectiva. Se trata del intercambio de alimentos, la cocina colectiva y caminatas por alimentos. Estas prácticas en plena pandemia son altamente riesgosas porque no permiten el distanciamiento social necesario para la prevención. En especial, hacen disfuncionales las medidas de cuarentena estricta en las fronteras. Por su parte, las medidas del Gobierno venezolano y estadales se han centrado en la provisión de alimentos casa por casa a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Sin embargo, no existen las condiciones básicas de sanidad para la disposición de estos alimentos. Insight Crime y Armando Info han señalado a la empresa Salvad Foods, encargada de los empaquetados, por no cumplir con las medidas de bioseguridad, y se le atribuye un foco de contagio, además de las investigaciones sobre sus relaciones con Alex Saab y el lavado de activos. La Guajira y El Zulia: un desierto para los Derechos Humanos En 2021 Pares realizó diversos viajes a las fronteras de La Guajira y Norte de Santander con el Zulia y Táchira, en donde hizo entrevistas, talleres, grupos focales y una profunda investigación donde se pudo identificar las consecuencias de estos cierres y de la situación humanitaria que afrontan los migrantes. En primer lugar, el cierre de pasos regulares como barrera contra el virus no fue eficaz y terminó por fortalecer el control e interés de grupos criminales y bandas por las trochas o pasos ilegales en La Guajira, así como un aumento del número de personas que las utilizan para pasar sin ningún tipo de control epidemiológico. Según un mapeo realizado por el Ejército en 2019, y que fue presentado a las distintas organizaciones de cooperación internacional con presencia en Maicao, se habían identificado 216 trochas en toda la frontera del departamento de La Guajira, un número que claramente excedía la capacidad de control de la Fuerza Pública. #OjoAlDato El número de trochas aumenta porque la cantidad de migrantes que pasan estas, contrario a lo que se esperaba al inicio de la pandemia, aumentó. La explicación se fundamenta en los motivos de migración. Anteriormente, el fenómeno en Maicao era de migración pendular, es decir, un integrante de un núcleo familiar migraba para conseguir un trabajo temporal en Colombia u otros países latinoamericanos, enviaba remesas desde allí a Venezuela y después de cierto tiempo volvía a su país. Ahora los migrantes que han llegado a Paraguachón, y posteriormente al casco urbano de Maicao, no vienen con la intención de regresar a Venezuela, ni siquiera piensan en utilizar el municipio como un sitio de paso para llegar a las grandes urbes. Por el contrario, familias enteras se han dado a la titánica tarea de pasar por las trochas para establecerse permanentemente. Según estimaciones de Pastoral Social, entre Riohacha y Maicao se podría contar un censo de 100.000 migrantes, más del 50 % en el municipio fronterizo. Muestra de estas aproximaciones son los casi 50 asentamientos informales en las periferias del municipio. Los asentamientos cuentan con una organización particular. Los terrenos son, presuntamente, propiedad de indígenas Wayuú, quienes los parcelan y luego venden a familias de migrantes. Los lotes no cuentan con acceso a servicios públicos y su valor varía desde dos millones de pesos por un terreno vacío hasta 3 millones por una parcela más grande de 7x14m y con una modesta construcción. Adicionalmente, los dueños garantizan seguridad privada a todo el predio. Cada lote se separa en manzanas y en cada una de ellas se elige un líder o representante que aboga por las distintas necesidades de la manzana. Este tipo de asociación de migrantes es característica única de la frontera con Venezuela en Maicao. No obstante, este carácter de permanencia que asumen los migrantes en Maicao aumenta sus riesgos. Familias enteras se ven más afectadas por el uso masivo de trochas. Se enfrentan a los riesgos epidemiológicos de la pandemia en asentamientos que no cuentan con acceso a servicios básicos como agua o a la reducción de atención primaria en albergues operados por organizaciones internacionales. Adicionalmente, la xenofobia de la que son víctimas desde que empezó la migración por su asociación con eventos de inseguridad o por la misma recepción de subsidios y ayudas. Entre la inseguridad y la ausencia estatal El 15 de diciembre de 2020 Pares publicó el informe “Seguridad y Migración en la frontera Colombia-Venezuela, donde documentó las principales problemáticas en materia de seguridad -presencia de grupos armados y economías ilegales-, que vivían los principales puntos de paso entre ambos países. Para el caso de la frontera entre La Guajira y el Zulia, a diferencia de puntos como Norte de Santander y Táchira o Arauca y Apure, la situación no era tan alarmante en temas de enfrentamientos y desplazamientos por parte de grupos armados ilegales y Fuerza Pública. Sin embargo, tanto en La Guajira como en el Zulia se pudo establecer la presencia de grupos criminales que controlan los pasos ilegales, y ejercen varios tipos de violencia contra quienes allí transitan. Pares realizó una serie de entrevistas a actores claves y a migrantes que cruzaron de manera irregular hacia Colombia para identificar los principales puntos de acceso a este municipio. A raíz de esta indagación, se pudo constatar que los pasos se ubican en los corregimientos de Paraguachón, La Majayura y Carraipía. En el Puesto de Control Migratorio, localizado en el corregimiento de Paraguachón, es donde se encuentran las autoridades migratorias y donde hay constante presencia de Fuerza Pública; pese a eso, a 100 metros de este puesto se encuentra la trocha ´La Cortica´, que si bien fue “clausurada” en 2019 por autoridades colombianas, varias fuentes en territorio confirmaron que esta sigue siendo una de las más transitadas por migrantes. De acuerdo con la información recogida en el territorio, en esta trocha ejerce control la banda criminal conocida como “La Zona”, al mando de Douglas Chacón, hermano del exalcalde del municipio de La Guajira (Zulia), Hebert Chacón. La trocha conocida como “La 80” también se encuentra en el corregimiento de Paraguachón y, de acuerdo con la información dada por migrantes que han utilizado este paso, se les conoce así debido a los 80 peajes ilegales que hay que pagar durante el trayecto. Varias de las personas entrevistadas manifestaron que en esa trocha ejerce control un grupo armado que tendría nexos con el gobernador del Zulia Omar Prieto, a quien portales como TalCual Digital en Venezuela, han señalado de al parecer tener conocimiento de la creación de grupos armados en la frontera. Otro punto de acceso es por el corregimiento La Majayura. Este es uno de los pasos más complejos para ingresar, no solo porque la vegetación es más agreste, sino también por la presencia de actores armados. Según las entrevistas realizadas a los migrantes que por allí entraron, e incluso con información de Pastoral Social, se coincidió en que en este lugar transitan varios grupos criminales, de las cuales se ha podido identificar solamente a miembros del ELN. En el corregimiento Carraipía, en el caserío Garrapatero y hacia la reserva natural Montes de Oca, también hay fuerte presencia de grupos criminales. Estas zonas, según la información recolectada por Pares, están siendo usadas como lugar de alistamiento y entrenamiento de personas que han llegado a ser reclutadas por estas estructuras criminales. #OjoAlDato El negocio y los vejámenes de las trochas Pares entrevistó diversos migrantes venezolanos en los que se pudo establecer que el valor para llegar desde Maracaibo a Maicao oscila entre los 80 y 120 dólares por persona, donde estos precios pueden variar de acuerdo con la cantidad de retenes que se tengan que cruzar y el tipo de transporte al que se acceda. La única forma de ingresar a Maicao desde Venezuela es por vía terrestre, es por lo que la oferta se acomoda al tipo de vehículo que usan los migrantes para cruzar. Quienes cuentan con menos ingresos, deciden comprar un pasaje en una camioneta en la que caben entre 10 y 12 pasajeros, donde el costo de este transporte está entre 80 y 90 mil pesos. Durante el recorrido hay varios “peajes”, que no son más que una cuerda o una cadena, a la que popularmente llaman “mecate” y que impide el paso del vehículo. Una vez es detenido, quienes controlan el retén cobran por el paso de cada uno de los pasajeros; sin embargo, si en la camioneta llevan bolsas con comida, por cada una de estas se cobran $100.000 pesos para poder ingresarla. Y, en caso de no tener el dinero para pagar por esto, son despojados de sus pertenencias para saldar la deuda. Muchas veces los migrantes llegan a los retenes finales sin dinero y sin sus pertenencias, por lo que son sometidos por parte de grupos armados a diversas formas de violencia para poder continuar su recorrido. La segunda forma de viajar es a través de un servicio “puerta a puerta”, que suele ser usado por los núcleos familiares que deciden migrar hacia Colombia, donde se hacen dos trayectos hasta llegar a Maicao. Desde Maracaibo hasta Carrasquero (estado del Zulia) el costo del carro es de $300.000 pesos colombianos, y desde ahí hasta Maicao el costo es de $120.000, por lo que el viaje desde la capital del Zulia hasta Maicao cuesta 420.000 pesos colombianos, sin tener en cuenta los retenes ilegales. A pesar de que los migrantes entrevistados manifestaron que es más fácil llegar a Colombia haciendo uso de estos vehículos, expresaron que muchos de los transportadores utilizan esto como fachada para transportar droga, particularmente desde Colombia hacia el vecino país, donde algunos de los entrevistados manifestaron que incluso algunos de estos conductores incriminan a los migrantes retornados cuando son descubiertos por las autoridades venezolanas. En los puntos más cercanos entre La Guajira y el Zulia, existen bandas criminales a las que apodan como “los moteros”, los cuales se dedican al hurto de personas que transitan de manera irregular por la frontera. Por otro lado, están los grupos armados que establecen retenes con cadenas y pincha llantas que usan cuando las personas que abordan los vehículos no tienen el dinero suficiente para cruzar. Estas personas portan armas largas y se encuentran encapuchados. Adicionalmente, en las entrevistas realizadas mencionaron que existen grupos de indígenas Wayúu que ponen este tipo de peajes, debido a que las trochas suelen atravesar parte de sus predios y consideran necesario cobrar por ello. Historia de Cúcuta y Puerto Santander, Norte de Santander – Táchira El cierre de los pasos, casi que por completo, por causa de la pandemia, conllevó al aumento de la demanda de los pasos irregulares. Para el caso de Norte de Santander, por ejemplo, se calcula que alrededor de 700 personas ingresan diariamente por los albergues de Pamplona. Este cierre de fronteras fue recientemente extendido hasta el 1 de junio de 2021bajo el argumento de continuar con la mitigación de la propagación del virus. Bajo este contexto se imponen dos tipos principales de hechos victimizantes y/o situaciones de riesgo en esta zona fronteriza que deben enfrentar los migrantes venezolanos: un panorama general de violencia expresada a través de procesos extorsivos y xenofobia, y un conjunto de riesgos epidemiológicos y de salud, consecuencia de la situación de salud pública internacional. El costo de huir hacia Norte de Santander En promedio, según se identificó en este viaje, el paso cuesta entre 25 y 35 mil pesos colombianos. Aun con esto, Víctor Muñoz, Secretario de Fronteras del departamento de Norte de Santander, ha expresado que “se sabe de gente que paga entre 200 y 300 dólares para venir a hacer un trámite […] hay una gama de tarifas que va desde los $10.000 los más pobres hasta 500 dólares el más rico, dependiendo de lo que lleve”. El cobro depende, básicamente, de tres cosas: i) del migrante: quienes recaudan tienen identificado quién pasa siempre y quién tiene el perfil de una persona que viene del interior de Venezuela; ii) del actor que ejecute el cobro y iii) del punto de paso. Ureña, por ejemplo, es una frontera más relajada en contraste con la de San Antonio, en donde los pasos se realizan a plena vista de las autoridades venezolanas y en algunos casos colombianas. Estas mismas contaban que Migración Colombia tiene la potestad sobre los puentes, pero que la supervisión del resto de la frontera corresponde al Ejército y a la Policía; a pesar de esto no existe la capacidad de control suficiente pues al momento de cerrar un paso, los actores ilegales ya tienen otro nuevo abierto. Algo similar a esto sucedió en diciembre pasado con el Plan Muralla (con el que cerraron y militarizaron); sin embargo, al pasar por Pamplona, no se evidenciaba una reducción en las personas intentando cruzar. Además de los cobros extorsivos, la violencia directa es constante en las trochas: en lo corrido de 2021 han asesinado a 12 personas en la trocha La Carbonera, en Boconó; dos hombres en la trocha el Palmar, dos en la trocha Los Mangos y hasta un hombre fue encontrado descuartizado en un costal en la trocha La Marina (municipio de Villa del Rosario). En febrero pasado, en la trocha La Carbonera, fue asesinado un hombre cuyo cuerpo quedó con la huella del ELN. Aquí se estaría disputando una nueva guerra entre el ELN contra los Pelusos y el Clan del Golfo. El ritual de la muerte A esta problemática se suma una no menor: los fallecimientos de migrantes por covid-19 y su traslado a Venezuela, pues ni la Alcaldía, ni el Instituto Departamental de Salud (IDS) apoyan a los migrantes con los gastos de transporte a frontera o los gastos fúnebres de quienes no vuelven a Venezuela. El paso de cuerpos por la frontera no es un proceso sencillo. Para que se les permita a las familias el paso de un familiar fallecido, una funeraria certificada debe estar a la espera en el lado venezolano de la frontera y el Estado despliega apenas un rol de gestión para pasar el cuerpo de un lado al otro, parte de los canales humanitarios permitidos. La reconfiguración de una vieja guerra y la llegada del Clan del Golfo En la zona norte del departamento, en la región del Catatumbo que en un punto conecta con la zona rural de Cúcuta, se siguen manteniendo las disputas históricas entre el ELN y el Grupo Armado PosFARC del Frente 33. A dichos actores en conflicto se suman el EPL o Pelusos con presencia en el Catatumbo y la zona rural de Cúcuta y los Rastrojos con presencia en el municipio de Puerto Santander. El ELN venía desarrollando un proceso de expansión territorial desde XXX, lo que lo enfrentó con los Pelusos en Cúcuta y Los Ratrojos en Puerto Santander y varios municipios fronterizos venezolanos. Tanto los Pelusos como los Rastrojos se vieron fuertemente disminuidos antes esta arremetida por ambos lados de la frontera, coincidiendo con las operaciones de las fuerzas militares venezolanas que buscaron sacarlos de su país. Más recientemente, según información recogida en campo, el Clan del Golfo hace incursión en la zona para apoyar la debilitada posición de los Pelusos, lo que influye también en los enfrentamientos entre el ELN y los Rastrojos, pues el primero debe enfrentar una nueva amenaza a su control territorial hegemónico. La doble afectación, víctimas de la crisis y del conflicto en Cúcuta En lo recorrido de este último año se han presentado varios desplazamientos en el departamento por causa de enfrentamientos entre los Pelusos y el ELN o los Rastrojos y el ELN,en la frontera entre Tibú y Cúcuta. Recientemente cerca de 80 familias se vieron obligadas a desplazarse por su seguridad en la vereda Totumito-Carboneras, dejando un total de 400 personas en condición de desplazamiento, dentro de las que se cuentan algunas familias venezolanas. Muchos de los migrantes venezolanos sufren lo que se conoce como doble afectación: a su vulnerabilidad inherente por el movimiento migratorio se suman nuevos repertorios de violencia al interior del país receptor, en este caso Colombia, particularmente relacionados con el conflicto armado. Según fuentes consultadas por Pares en trabajo de campo, en julio del año pasado hubo otro desplazamiento, y la mayoría de las personas afectadas no han recibido el pago de la ayuda humanitaria de emergencia. Estas mismas fuentes documentaron sobre una masacre ocurrida en octubre pasado en Banco de Arena, corregimiento rural de Cúcuta, en medio de la disputa entre el ELN y los Pelusos. Ilegalidad, informalidad e inhumanidad: las trochas en Puerto Santander Los pobladores de Puerto Santander y de sus municipios venezolanos vecinos utilizan con frecuencia tres trochas: La primera en colindancia con el Puente Internacional La Unión, en el barrio La Isla donde se pueden ver las barcas bajo el puente que hacen los cruces en las noches. De hecho este GAO según líderes de la zona se han hecho con predios al borde del río que divide Puerto Santander en Colombia de García de Hevia en Venezuela para mantener una vigilancia constante de la trocha y de quienes se acercan al puente. La segunda en la vereda El Diamante, donde continuamente se encuentran cuerpos de migrantes y combatientes de los GAO asesinados. Y la tercera en la vereda El Dave, Kilómetro 57, por las que pasan todo tipo de mercancías, personas, e incluso, armas. Los testimonios recolectados por Pares evidencian el control de esta trocha por el Clan del Golfo, debido a su cercanía al corregimiento de Banco de Arena, en Cúcuta, donde tienen presencia y se han presentado enfrentamientos este año. La trocha del Puente La Unión y el Dave son presuntamente controladas por Los Rastrojos, estos últimos se concentran en mantener ese control, después de haber sufrido un asedio que los llevó a dejar posiciones consolidadas en Venezuela. Los caminos a seguir Para Pares, toda la política de atención a migrantes, incluida la internacional, debe empezar un viraje de la asistencia inmediata, la cual cumple con el objetivo de permitir supervivencia por unos meses, a una política de integración, de desarrollo económico, especialmente en los municipios fronterizos, donde los migrantes ya se organizan socialmente, pero no cuentan con el apoyo para generar un proyecto de vida a mediano o largo plazo. En esta línea, el Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos (ETPV) se ha convertido en un hito de gran relevancia en términos de protección internacional y regional a migrantes. Luego de más de seis años de crisis migratoria en la frontera colombo-venezolana, la decisión anunciada por el Presidente Duque ha sido considerada por varios sectores sociales y políticos como una acción ejemplar. No obstante, si bien la medida puede ser celebrada, pues se presenta como una oportunidad para mejorar las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos en Colombia, aún existen varios detalles para analizar sobre su impacto en el flujo migratorio en la frontera, entre los cuales se cuenta, según fuentes consultadas por Pares, que el Estatuto parece estar dirigido a quien no debería. Esta crisis migratoria se caracteriza por la movilidad de migrantes desde un país donde existe una crisis política, económica y social, hacia otro en el que las condiciones de vida siguen siendo precarias y en el que las capacidades institucionales son limitadas para responder a las demandas de sus mismos ciudadanos y consiguientemente, a las de quienes llegan de fuera. Ante las dificultades que encuentra la institucionalidad para responder al problema migratorio, muchos ciudadanos venezolanos optan por cruzar la frontera de forma ilegal, acentuando con esto el problema, dado que la vulnerabilidad del migrante se profundiza cuando pululan condiciones de irregularidad en lo que respecta a su situación legal, pues este no encuentra mecanismos ni rutas claras para acceder a servicios que materialicen derechos como la salud, la educación, el empleo y la vivienda. Esta irregularidad tiene efectos en doble vía, tanto para el migrante como para el Estado receptor; para el primero porque lo pone en una situación de altísimo riesgo en lo que respecta a sus derechos humanos y para el segundo, porque la recolección de información es escasa y, por lo tanto, se dificulta la identificación y caracterización del migrante, junto con el proceso de creación de políticas públicas adecuadas para atender el fenómeno. Es en este punto donde el ETPV cobra relevancia, pues al ofrecer regularización (no nacionalización, valga aclarar, lo que excluye de ese marco todo derecho político a elegir y ser elegido) se abre un abanico de posibilidades para que el migrante pueda acceder a la oferta institucional que existe en términos de derechos humanos. Puntos clave del Estatuto Temporal de Protección La migración no iba -ni va- a parar, con o sin Estatuto. La población en situación de movilidad humana es, hasta cierto punto, indiferente a la regularización: si esta no ocurre, no va a ser frenada (en el marco de una emergencia humanitaria compleja), y lo único a lo que esto podría conducir sería a problemas más graves de seguridad humana. Sobre este asunto, migrantes consultados recientemente en zona fronteriza resaltaron una debilidad que puede llegar a tener el ETPV: que esté dirigido a quien no debe. Esta consiste en que el requisito de ingreso formal (legal) para quienes lleguen después del 31 de enero de 2021-con pasaporte sellado en palabras simples- para acceder a esta figura jurídica, deja por fuera a la gran mayoría de migrantes para los que acceder a un pasaporte, u otro tipo de documento oficial en Venezuela, es casi imposible. No obstante, cabe agregar que aún queda bajo la responsabilidad del Estado colombiano, como Estado receptor, avanzar en la creación de políticas públicas acordes con las condiciones y necesidades actuales de la población migrante. Para lo cual necesitará, además de la creación del marco legal eficiente y la adecuada puesta en marcha de las dos etapas contempladas en el ETPV, la articulación con los gobiernos locales, junto con un plan de financiación y de apoyo jurídico para todo el proceso de regularización. Sobre este punto los alcaldes de Ocaña y Pamplona consideran que la efectividad del ETPV dependerá de la complementación de la medida con un plan de inversión social por parte del Gobierno Nacional. Finalmente, también es necesaria una política de seguridad en frontera que permita ubicar los pasos más recurridos para hacer seguimiento a los grupos armados y bandas criminales allí presentes, para poder intervenir estas zonas y así evitar situaciones de reclutamiento forzado, tal como lo advirtió la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana 039-19 de Maicao, en 2019, donde denunció reclutamiento forzado por parte del ELN en los corregimientos de Paraguachón y La Majayura Créditos Coordinador Democracia y Gobernabilidad: Esteban Salazar Investigador Nacional: Sebastián Mora Asistente de investigación: Juan Sebastián Hernández Asistente de investigación: Juan José Cortés Pasante de investigación: Juliana Barrios Pasante de investigación: María José Parra Pasante de investigación: Juan Esteban Garzón Coordinación de comunicaciones: María Fernanda Guerrero Comunicaciones: Sergio Saavedra, Laura Sanabria, Sebastán Solano, Laura Cano Video y edición de video: Sergio Saavedra. Fotografía, infografía y mapas: Laura Sanabria Diseño web: Andrés Narváez Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad y Pares

Por: Sergio Saavedra Jani Silva, lideresa campesina y ambiental putumayense, nuevamente ha sido objeto de amenazas de muerte. Este sábado 24 de abril —a las 12:00p.m.— la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz fue informada de estas amenazas perpetradas por la estructura criminal autodenominada ‘Comando de la Frontera’. *** “Hay acciones de esta estructura criminal que pretenden “eliminarla —a Jani— y acabar con la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA), controlar todas sus actividades, sus recursos de cooperación, para asegurar los negocios de siembra y procesamiento de coca y los de empresas extractivas””, señala la denuncia. Este plan estaría siendo orquestado por alias “Leonel”, según le afirmó una fuente la Comisión. La fuente es un integrante del Comando de la Frontera quien, en una comunicación desde Bogotá, le dijo a la Comisión que le resultaba injusto las acciones que ha emprendido esta estructura criminal en contra de Jani y ADISPA; “solo para proteger negocios de droga y empresas privadas que tienen intereses en Putumayo. “Yo estoy en eso porque no tengo de más”, señaló. Incluso, la fuente precisó, con la gravedad que esto supone, que alias ‘Leonel’ se mueve por el territorio de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA). Cabe señalar que esta ZRCPA fue reconocida por el Incora por resolución 0069 del 18 de diciembre del año 2000 y tiene aproximadamente 23,000 hectáreas divididas en 25 veredas en la que viven cerca de 870 familias, en su mayoría agricultores. La fuente, además, aseguró que Comando de la Frontera tiene negociaciones directas la empresa de origen chileno; GeoPark. Negociaciones que pretenden intervenciones petroleras en suelo de ZRCPA, la consigna de esta estructura criminal es que “nadie puede oponerse al desarrollo”. Además, alias “Leonel” se desplaza a placer por los corregimientos de Piñiña Blanco y La Carmelita, en el municipio de Puerto Asís. Resulta importante resaltar que la figura de las Zonas de Reserva Campesinas se estableció a través de la Ley 160 de 1994 y —según está estipulado en el Artículo 2.14.13.2.— tiene como objeto: (1) controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria del país; (2) evitar y corregir los fenómenos de inequitativa concentración, o fragmentación antieconómica de la propiedad rústica; (3) crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la economía campesina y de los colonos en las zonas respectivas; (4) regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos o colonos de escasos recursos; (5) crear y construir una propuesta integral de desarrollo humano sostenible, de ordenamiento territorial y de gestión política; (6) facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural; y (7) fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades rurales, garantizando su adecuada participación en las instancias de planificación y decisión local y regional. Justamente, la labor campesina y medioambiental que representa la ZRCPA está siendo atacada por la andanada violenta de esta estructura criminal. Muestra de ello se evidencia en que el Comando de la Frontera, según lo informado por la Comisión, continúa con la compra de tierra, despojo de tierra, reclutamiento a jóvenes —con ofrecimiento de hasta 2 millones de pesos— y con restricciones de movilidad de la población campesina de la ZRCPA. Es decir, la victimización que se está perpetrando tiene impactos exponenciales y a varias vías. Por ejemplo, en la ZRCPA están los ríos Toayá, Cuembí, Lorenzó, Chufiyá y Mansoyá; varios cañones y humedales. Este proceso campesino y ambiental viene caminando desde la década del 90 cuando se desarrollaron movilizaciones agrarias. La Zona de Reserva Campesina de La Perla Amazónica es resultado del esfuerzo de líderes, lideresas, la comunidad. La relación de Comando de Frontera tiene relaciones con la empresa petrolera, dicho por los los propios armados son los que han expresado eso en las reuniones a las que han citado a las comunidades De acuerdo con el medio ‘Mi Putumayo’ desde 2006 “la petrolera británica Amerisur Resources —con su filial Amerisur Exploración Colombia— ha realizado trabajos de exploración y producción de hidrocarburos en 13 bloques, 1 en la cuenca Llanos y 12 en la Caguán-Putumayo. Además, opera en su totalidad el Oleoducto Binacional Amerisur (OBA), el cual se origina en la Plataforma No. 9, en Puerto Asís, desde el bloque Platanillo hasta la zona de frontera. Después, conecta durante 16.3 kilómetros con la Estación Victor Hugo Rúales en Ecuador, haciendo parte de la Red de Oleoductos del Distrito Amazónico (RODA)”. Para enero de 2020 la empresa GEOPARK Limited, empresa en cuestión, anunció la compra total de la petrolera británica por el estimado de 314 millones, incluyendo los bloques de Putumayo y Meta. De total de 13 bloques en los que opera la empresa petrolera hay tres (3) que se encuentran dentro de la ZRCPA. Los Bloques llamados “Platanillo” (de 11.119 hectáreas), el “PUT 8” (41.601 hectáreas) y el “PUT 12” (54.443 hectáreas). Así las cosas, de Comando de la Frontera continúa con su avanzada de presión sobre líderes, lideresas ambientales y con ADISPA. Mientras que esta estructura criminal mantiene dichas relaciones con la empresa GeoPark para las intervenciones petroleras, tal como se lo afirmó la fuente —integrante del Comando de la Frontera— a la Comisión. Asimismo, de acuerdo con la denuncia hecha por la Comisión; el Comando Frontera es una estructura conformada por exparamilitares y exguerrilleros. Éstos operan en medio, y muy a pesar, de la fuerte presencia militar y policial de la Brigada XXVII de Selva, Policía Nacional y la Fuerza Naval del Sur. Los integrantes del Frontera, según data la denuncia, andan vestidos con camuflado y con armas tanto de largo como de corto alcance, o a veces se les ha visto vestidos de civil. El Comando de la Frontera continúa afirmando “que cuentan con apoyo de sectores militares, políticos y económicos para controlar los territorios del medio y el bajo Putumayo y enfrentar al frente Carolina Ramírez de las FARC, grupo no firmante del Acuerdo de Paz”, según señala la denuncia de la Comisión. La Comisión finaliza su denuncia señalando tres aspectos. Por un lado, que se conoció que Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “suscribió acuerdos con la Empresa Petrolera Chilena GeoPark para proyectos en Putumayo”. Por otro, que la disidencia de las FARC Segunda Marquetalia ha tenido acuerdos con Comando de la Frontera. Finalmente, “desde hace un año la ZRCPA y ADISPA, junto con más de 110 procesos organizativos hicieron un llamado al presidente Duque, al CDF y a las empresas a un Acuerdo Humanitario Global por pandemia, sin respuesta alguna”, señaló. El Gobierno Nacional es responsable de la integridad de los líderes y lideresas del Putumayo… las organizaciones de Derechos Humanos hemos venido advirtiendo durante estos años de la forma en cómo la criminalidad se campea en el departamento y la respuesta ha sido nula. Alertas desatendidas El pasado 12 de febrero de 2021 Amnistía Internacional expidió una ‘Acción Urgente’ en la que solicitó protección a la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA). De acuerdo con el documento de Amnistía señaló que “el 10 de febrero, una organización de la sociedad civil recibió una información verificada sobre un plan en curso para matar o desplazar a miembros de ADISPA”. “El plan entrañaría el despliegue del grupo armado denominado “Comandos de la Frontera”, que está amenazando a las comunidades de la zona para que subordinen sus actividades a la voluntad del grupo armado o, si se niegan, abandonen sus territorios. Pedimos a las autoridades que proporcionen a ADISPA medidas de protección colectiva, en consulta con la propia organización”, suscribió Amnistía. Asimismo, Amnistía escribió que, según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, “desde final de 2020 el grupo armado Comandos de la Frontera ha declarado que utilizará todos los medios posibles para terminar con la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA). En las primeras semanas de 2021, este grupo armado había visitado algunas de las comunidades de la ZRCPA para decirles que ADISPA debía desaparecer, y que ninguna organización que quiera trabajar en el territorio podría hacerlo si desobedecía sus directrices.” Alertas tempranas desatendidas En la Alerta Temprana Nº 002 de 2021 de la Defensoría del Pueblo se denunció que “la presencia del grupo de crimen organizado que se autodenomina como Sinaloa-La Mafia (desde segundo semestre de 2020 se autodenominan como Comandos de la Frontera) en mayor medida en la subregión del Eje Putumayo, y que se acompaña del accionar de grupos delincuenciales de menor envergadura quienes contribuyen al control de las economías ilegales y la ejecución de toda actividad relacionada con el narcotráfico”. La Defensoría también señaló que“El desarrollo de actividades ilícitas que implican el despojo o apropiación de tierras o de los recursos naturales por parte de los actores armados ilegales fuente de la amenaza, se sucede de la imposición de normas de conducta, restricciones a la movilidad y regulación de toda forma organizativa.” A su vez, llamó la atención que “en el sector del área no municipalizada de Puerto Alegría y El Encanto, se vienen realizando retenes, presuntamente por los autodenominados Sinaloa-La Mafia (que en algunos casos se estarían presentando como Comandos de la Frontera). Pese a que esta área no municipalizada cuenta con la presencia de la Armada Nacional con base instalada en el casco urbano de El Encanto, los retenes tienen lugar en puntos distantes del cauce del río Putumayo donde se ejecutan extorsiones a comerciantes, transportadores y contratistas que realizan obras de infraestructura pública en ese sector. Sobre estas mismas zonas se ha incrementado la presencia de balsas mineras.” Los grupos se campean por el Bajo Putumayo Ahora bien, para el caso del departamento del Putumayo, cabe anotar que operan grupos armados denominados como Clan del Golfo, ‘La Constru’, ‘Mafia Sinaloa’ (desde segundo semestre de 2020 se autodenominan como Comando de la Frontera) y las disidencias del Frente 32 Columna Móvil Teófilo Forero); (Mando: Alias “Wilder”);(Línea: Gentil Duarte e Iván Mordisco); en los municipios de San Miguel, Puerto Asís, Puerto Guzmán y Puerto Caicedo. Asimismo, hace presencia el Frente 48; (Mando: Pedro Oberman Goyes Cortés y Alias «Sinaloa”); en los municipios de Orito, San Miguel y Puerto Asís. El Frente Carlina Ramírez en Puerto Guzmán. De acuerdo con los datos del Sistema de Información de la Fundación Paz y Reconciliación SIPARES; en el departamento de Putumayo han asesinado 28 líderes y lideresas tras la firma del Acuerdo de Paz. En el último año, Putumayo se ubica dentro de los cinco departamentos en donde más han asesinado líderes y lideresas. Los perfiles más victimizados en suelo putumayense son liderazgos vinculados con Juntas de Acción Comunal (JAC), liderazgos indígenas y liderazgos campesinos. El municipio más victimizado es, precisamente, Puerto Asís. De esta forma se continúa agudizando la crisis en materia de Derechos Humanos en el Putumayo. Las organizaciones continúan en su clamor por la implementación del Acuerdo de Paz para resolver los problemas estructurales que agrava el espiral de violencia en la que se encuentra el departamento. De hecho —de acuerdo con investigaciones del CNR FARC a las que tuvo acceso Pares— Putumayo es el sexto departamento en donde más se han registrado asesinatos a firmantes de la paz; 25 casos. Puerto Asís, por su parte, es el tercer municipio en donde más han asesinado firmantes de la paz; 9 casos. Además, en el ETCR Héiler Mosquera o ETCR La Pradera —ubicado en el municipio de Puerto Asís, vereda la Carmelita. Este municipio se encuentra ubicado en la cuenca del río Putumayo, y está compuesto por 162 veredas y seis corregimientos. En este territorio se ubican doce cabildos y cinco resguardos indígenas— han asesinado a tres (3) firmantes de paz. El Hélier hace parte de los 16 ETCR en los que se han perpetrado asesinatos, de los 24 ETCR que existen en Colombia. Putumayo es el tercer departamento con mayor número de tentativas de homicidio a firmantes de paz; 5 casos. Junto con Caloto (Cauca); Puerto Asís es el municipio en donde más se han registrado tentativas de homicidio contra esta población. *** Pares se suma al clamor por la defensa de la vida y de la integridad de Jani Siva, los integrantes de ADISPA y las comunidades campesinas de la ZRCPA. “Las nuevas amenazas en contra lideresa Jani Silva, por su labor en defensa y protección del ecosistema amazónico y su apuesta inquebrantable por la construcción de paz con justicia socio ambiental se producen a pocas horas que medio millón de personas reconocen la labor de Jani Silva y ADISPA exigiendo al Estado colombiano garantías para su protección y el desarrollo de su ejercicio en materia de protección ambiental”, puntualizó la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Me permito cerrar este artículo con un llamado que hizo Jani en mayo de 2019 al presidente Iván Duque: “(…) Yo le pido al gobierno, al presidente Duque, que se tiene que tener en cuenta el Acuerdo de Paz, que se implemente en la realidad así como está establecido. Todavía hay posibilidad de salvar el Acuerdo de Paz. No digan que las muertes que están ocurriendo en nuestro territorio son aisladas, no, las muertes tienen un patrón y eso hay que investigarlo y hay que llevarlo a la justicia. Tengo que decirlo: así empezó todo esto antes, y a esa época no queremos volver (…)” «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.»

Por Attila Lenti. En la entrevista que Vicky Dávila le hizo al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la primera confesó que no sabía cuánto valía una libra de arroz o una docena de huevos, mientras que el segundo estimó que la docena podía valer unos $1.800. La afirmación generó tanto indignación como burla en las redes y eso que no es la primera vez que se evidencia la distancia abismal que hay entre nuestra clase dirigente y el país real. De todos modos, yo no entiendo del todo la indignación. ¿Por qué el ministro debería saber el precio de los huevos si “la muchacha” del servicio le hace todas las compras? En Colombia el rico no tiene por qué mezclarse, ni con la masa de súbditos pobres, ni con su miserable cotidianidad. Hay todo un sistema de obstáculos físicos y simbólicos para que sea casi imposible mudarse de un mundo al otro. Todos lo sabemos. ¡Ah, que es el Ministro de Hacienda! ¿Un dirigente que por profesión debería saber en qué país está parado?, Queridos y queridas, es que él se graduó en la Universidad de los Andes en el año 1983, luego hizo doctorado en los Estados Unidos y después volvió a los Andes. De cara a Monserrate y de espaldas al país. En ningún momento tuvo que ir a comprar huevos al barrio Las Cruces. Ni siquiera a Kennedy. Ir a estos lugares le habría costado un viaje interplanetario. Chocó les queda más lejos que Nueva York. Además, estudió economía, obviamente no toda, pura escuela neoclásica, con un marco confiable de ideología neoliberal. La misma receta para todo sin necesidad de pensar tanto. La historia de comentarios desubicados por parte de políticos y economistas con privilegios es larga y todos recordamos algunos. En el año 2011, Alejandro Gaviria en una etapa menos avanzada de su desarrollo humanista alcanzó a tildar de “populismo barato” las afirmaciones de Angelino Garzón cuando éste criticó la metodología adoptada por el Gobierno para medir la pobreza en Colombia. El vicepresidente de aquel entonces, sostuvo que 190 mil pesos mensuales para una persona no eran suficientes para salir de la pobreza. Alejado del mundo de los supermercados, al actual rector Uniandino le pareció suficiente argumentar su posición mostrando una comparación latinoamericana de líneas de pobreza, pensando quizás que los colombianos pueden reemplazar el desayuno con sus gráficos. Cabe agregar que las personas cambian. El apoyo de Angelino al populismo resultó ser una profecía, mientras que Alejandro Gaviria ha sido promotor de obras muy positivas para el país, especialmente como rector. Ahora, para Iván Duque el empleado de una pastelería colombiana gana 2 millones de pesos. Más perdido que “Kike Peñalosa” en los Cerros Orientales. Pero ya basta, no me gusta derrochar demasiados caracteres en ese actor de segunda que el uribismo montó como presidente. Las afirmaciones desatinadas son síntomas de una enfermedad grave: la desigualdad social y económica que viene carcomiendo a Colombia. El país año tras año se encuentra entre los 20 países más desiguales del mundo. Nuestros gobiernos, una clase política tradicional con una clara agenda para favorecer intereses privados, han hecho un esfuerzo coherente para que no haya mejoras en este sentido. Podría decirse que el fomento de la desigualdad es una verdadera política del Estado que trasciende todos los gobiernos. Una de las pocas existentes. Más allá de todas las medidas políticas y económicas para mantener la acumulación de riquezas y privilegios, lo que más preocupa es el arraigo cultural y la aceptación social naturalizada de la desigualdad. Al extranjero que nada sabe de Colombia y llega a estas tierras, le pueden llamar la atención varios fenómenos antes no vistos: las fronteras invisibles entre barrios ricos y pobres, los porteros en los edificios y la excesiva cantidad de muros, cámaras y rejas. Por mucho que le fascine la amabilidad bella de los colombianos, su música, la biodiversidad y los paisajes majestuosos, nunca olvidará estos monumentos a la segregación. El contraste entre la Casa de Nariño y algunos barrios cercanos bien podría ser uno de los símbolos visibles de Colombia. Así como la división de Cartagena entre la ciudad amurallada y la Cartagena “detrás de la muralla”. Las murallas de la antigüedad (como la Gran Muralla china) o de la serie Game of Thrones, se construyeron para detener a los “pueblos bárbaros” externos. Una separación entre nuestro mundo seguro de comodidades, y lo foráneo, lo desconocido, lo temido. Nosotros y ellos. Los muros de los conjuntos residenciales cumplen una función parecida. La inseguridad que tanto temen los privilegiados es la otra cara de sus privilegios: una creación propia producto de siglos de codicia, exclusión, desprecio y represión violenta. Quizás el verdadero miedo ni siquiera es a la criminalidad, sino a la propia consciencia, para no ver la pobreza a la que condenaron a un pueblo lleno de riqueza cultural, merecedor de una mejor vida. El “cuarto de empleada” en los apartamentos aquí no es una remembranza curiosa de otras épocas feudales, sino un espacio en uso. Lo cual por si no sería del todo raro, si realmente se tratara tan solo de una profesión y no de una práctica de servidumbre. En Colombia no hay nada más descomunal que tratar de igual a estas personas. En las familias pudientes ellas comen en una mesa apartada, es más, sentarlas a la mesa principal puede constituir un insulto a los invitados. Tienen unos cubiertos aparte que no son los mismos que usan en la casa. El maltrato permanente las marca tanto que ellas piensan que el trato amistoso es anormal, una extraña burla. Los imaginarios de movilidad social en Colombia no se basan en la idea de una clase media amplia donde caben todos por igual, sino en la idea de subir de estrato con un esfuerzo sobrenatural. O sea, no se trata de construir una sociedad sana con el protagonismo del Estado, sino que la movilidad social es un logro individual, asunto y responsabilidad exclusiva de cada uno. Se dice: “son pobres porque quieren” o “se llega lejos con sacrificio”. Mientras que muchos colombianos de a pie se quiebran emocionalmente y se auto explotan en un país sin oportunidades para tener lo básico, pensando que la culpa siempre es de ellos, nadie les enseña que llegarían adelante más fácil votando bien. Que la política es determinante para sus vidas. Que tienen que poner al Estado de su lado con servicios amplios y de calidad. Que las posibilidades del país y el mismo sentido de la palabra “economía” van más allá de la pobre imaginación de una élite mediocre que no es ejemplo de nada. Que el crecimiento para ellos no es bienestar para todos. Que reclamar derechos no es comunismo. Que sí pueden cambiar a los parásitos por líderes de carne y hueso que saben cuánto cuesta una docena de huevos. Que los apellidos por si no tienen valor, solo si se lo atribuimos nosotros. Que no hay doctores sin doctorado. La desigualdad social no solo es un problema ético. Es un veneno que hace que la democracia sea disfuncional, la economía débil, la justicia parcializada; hace que los derechos laborales se desaparezcan, la inseguridad crezca y las enfermedades psicológicas proliferen. En todos los países progresistas del mundo, incluidos los Estados Unidos, los gobiernos hoy contrarrestan los efectos económicos de COVID con paquetes generosos de ayuda e inversión pública. En Colombia pasa lo contrario. Donde los dirigentes de derecha no entienden algo tan sencillo como que una clase media fuerte es funcional a sus intereses y a su propia vida tranquila, no se debe esperar nada. En 2022 la sociedad los aterrizará. PS: Le pido disculpas a mi alma mater. Su clasismo es tan divertido como trágico, pero se aprecia cada giro que ese pecho viene dando hacia el país. La educación como derecho es una nota, huevón.

Por: Esteban Salazar Giraldo – Coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad A menos de un año para las elecciones de Congreso y poco más para las elecciones presidenciales, Cifras y Conceptos sacó la más reciente encuesta Polimétrica que prende el termómetro electoral sobre los temas importantes para la ciudadanía en la agenda pública, el detrimento de la favorabilidad del ejecutivo a nivel nacional y local, y la persistencia sobre el debate de los espectros políticos de izquierda, centro y derecha. A raíz de esto, se pueden proponer 10 grandes conclusiones: 1. El 84% de los colombianos(as) no saben aún por cuál presidente van a votar. Esto refleja dos hechos importantes: por un lado, la indecisión respecto a una candidatura fuerte con la cual se sienta representado y, por otro lado, el agotamiento con las apuestas existentes y el desinterés sobre la política. 2. El espectro del centro político existe y entre el 48% y el 64% se ubican ahí. En algunos casos, el hecho de no establecerse en los extremos es una postura válida que, cada vez más, toma fuerza dentro de la agenda pública. Si bien no se podría plantear que, en su totalidad, sean indecisos, se trata del reflejo de un espectro de personas moderadas. 3. El presidente Iván Duque y la vicepresidente Marta Lucía Ramírez alcanzan su tercer pico de desfavorabilidad, que coincide con el tercer pico de contagios en Colombia a raíz de la pandemia, que es uno de los motivos de la mala imagen de los mandatarios. Sin duda alguna, el mal manejo administrativo, fiscal y tributario empieza a pasarle factura al Ejecutivo. Por otra parte, la reforma tributaria, a todas luces impopulares en todos los gobiernos, llega en el peor momento económico del país, con un alto déficit en inversión social, pero también en el peor momento político, toda vez que el país está a menos de un año de elecciones de Congreso y Presidencia. Esta será la tendencia cada vez más notable en la desfavorabilidad. Se trata de una regla general del Ejecutivo en comparación con los gobiernos anteriores, a raíz de las dificultades que se presentan en las relaciones con el Congreso por tratarse del último año de ambos periodos de elecciones. Sin embargo, Duque se enfrenta a 2 hechos que lo diferencian de sus antecesores: la ausencia de una marca propia en cuanto a políticas públicas; agenda social, económica y de política exterior; y, por otro lado, un legado que brilla por su ausencia por la baja gobernabilidad y la torpeza política en el nombramiento de su gabinete. 4. Esta tendencia al alza de la desfavorabilidad, en los términos que le gustan al fiscal Francisco Barbosa, no solo se refleja en el Ejecutivo a nivel nacional, sino también en alcaldes locales. Tanto Claudia López y Daniel Quintero, que gozaban de una inmunidad en las encuestas, van en picada respecto a sus gestiones y empiezan a tener un crecimiento en su desfavorabilidad. Lo anterior debido a las recientes medidas aplicadas de cuarentenas y toques de queda, ante una población que ve en detrimento sus condiciones económicas; pero que se hacen necesarias ante la ausencia de un plan de vacunación claro y el incremento acelerado de contagios. Caso contrario es el de los gobernadores que logran mantenerse en sus posiciones de favorabilidad, a pesar de tener también una alta responsabilidad sobre el manejo de la pandemia en sus departamentos. 5. La agenda pública se está centrando, particularmente, en los extremos de las agendas de la izquierda y la derecha. Los temas más posicionados, además de los ambientales, son la ampliación de derechos a la par de la restricción de libertades. De hecho, la insistencia de las cadenas perpetuas en ciertos delitos y la penalización del consumo de sustancias sicoactivas, en contraste con la promoción del matrimonio igualitario y la regulación de la participación de líderes religiosos en procesos electorales, es la demostración sobre la disonancia política de los extremos en el espectro que tienen una fuerte representación y que marcarán la agenda de campañas. 6. Aunque se persiste en acabar con el Acuerdo de Paz, por medio de la derogación de la JEP, esto ya no hace parte de los temas más posicionados para la gente, debido a dos posibles hipótesis: en primer lugar, los resultados que está dando la JEP en cuanto al esclarecimiento de diferentes hechos de alto impacto en el conflicto armado y, en segundo lugar, el apoyo internacional que ha recibido por parte del gobierno de Estados Unidos, así como el respaldo de la sociedad civil. 7. Aunque con un leve margen de mayoría, la percepción de los colombianos(as) se mantiene en apoyar la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP e incluso con retomar las negociaciones con el ELN. Un hecho importante, si se tiene en cuenta los recientes hechos de violencia en el país por parte de las disidencias y del ELN en diversas zonas del país. La lectura principal se centra en la persistencia del dialogo como único camino real para alcanzar la paz en el país. 8. Paralelo a esto, persiste la negativa ante la regulación del consumo de marihuana. Principalmente, se podría tratar de un desconocimiento sobre las evidencias científicas de sus bondades para la salud, además de la posibilidad de incrementar el recaudo por parte de su regulación, así como la disminución de la ilegalidad y la violencia en su producción.  Por otro lado, se podría estar empaquetando dentro de una misma bolsa el hecho de que la regulación del consumo de marihuana abriría las puertas para otras sustancias sobre las cuales no existe evidencia suficiente para su aprobación. 9. El eslabonamiento de la cadena representativa (qué tanto se siente representado por un congresista) es cada vez menor, lo que coincide con la imagen desfavorable del Congreso, así como la persistencia de las sesiones virtuales, cada vez más perjudiciales para la democracia. 10. Finalmente, es bastante cuestionable el hecho de que el 67% de las personas no tengan afinidad con ningún partido político, en donde el eslabonamiento de la cadena representativa es tan bajo, lo que plantea una crisis institucional democrática en el sistema de partidos, así como en el sistema electoral.

En este año la dinámica violenta que se recrudeció en el 2020 no ha cesado. Las victimizaciones siguen siendo casi diarias, y lo más crítico, es que pareciera que el panorama no está próximo a cambiar. Solo en las últimas semanas se han reportado asesinatos de firmantes de paz (Fayber Camilo Cufiño Mondragón -14 de abril- y Pablo Ramírez Yate -1 de abril-), y a líderes sociales (Rafael Domico Curupia en Dabeiba, Antioquia -06 de abril- y Albeiro Hoyos en Anorí Antioquia -05 de abril-). Adicionalmente, y siguiendo datos del Sistema de Información Sipares, en lo que va de abril se han registrado 14 hechos victimizantes; días en los que, además de los hechos mencionados anteriormente, también se han reportado desplazamientos forzados tanto en Cáceres, Antioquia, como en Pueblo Rico, Risaralda. Adicionalmente, en Antiqouia se alertaron confrontaciones armadas entre Los Caparros y el Clan del Golfo, mientras que en Tumaco hubo una incursión armada en el resguardo indígena Awa Palmal de Imbi. En esta misma zona de Nariño, en el barrio Obrero, hombres armados llegaron a la vivienda del joven José Arnold Vergara Hurtado, a quien condujeron a zona de manglar, en este mismo sector, y minutos después fue asesinado. Por otra parte, en Circasia, Quindío, La Plata, Huila y Santander de Quilichao, Cauca, fueron cometidas tres masacres –una en cada municipio-, en estas fueron asesinadas 11 personas. A esto se suma que las a,enazas sigue siendo un pan de cada día: en Pajarito, Paya y Pisba, Boyacá se viene advirtiendo la reconfiguracion de grupos paramilitares luego que fueran entregados panfletos amenazantes a nombre de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Esta misma situación se repitió en Pore, Nunchía, Maní, Tauramena y Monterrey en Casanare. A esto se suma, que más recientemente, el Grupo armado organizado Caparros amenazó al alcalde encargado del municipio de Caucasia, Ferney Álvarez. Al parecer las amenazas de muerte se deben a una denuncia que realizó sobre la responsabilidad de este GAO por los reclutamientos de menores de edad. Este escenario de zozobra también se vive en la región cercana al Bajo Cauca Antioqueño; el Sur de Córdoba, donde la semana pasada fueron amenazados más de 600 docentes por disidencias del frente 18 de las Farc. Amenazas a docente: una estrategia contra el tejido social Si bien el panorama no es alentador, uno de los hechos que causa cuestionamientos son las más recientes amenazas contra estos docentes, que además hay que recordar, es el segundo hecho de este tipo en poco más de un mes, pues iniciando febrero fue denunciado que en Ituango el Frente 18 de las disidencias de las Farc amenazaron a 121 docentes y directivos docentes que ganaron el concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil para ocupar distintos cargos en la zona. Prácticamente la amenaza iba en el mismo sentido de las más reciente: los/as profesores asignados no podían llegar al municipio, y los que por esta convocatoria habían llegado a la zona debían abandonarla. Pues bien, esta vez el escenario no cambia mucho, y uno de los puntos a señalar es que tanto Ituango como la región del Sur de Córdoba hacen parte del Nudo de Paramillo, una gran región en donde las comunidades están enfrentadas a los embates de la violencia producto de la disputa entre los Grupos Armados PostFarc (GAPF) y las AGC o Clan del Golfo. Ahora, trayendo a colación lo que está sucediendo en el Sur de Córdoba, hay que indicar que fue la Asociación de Maestros y Maestras de Córdoba, la organización que alertó sobre las amenazas que recibieron docentes a través de panfletos en los que se les prohibía el ingreso y se ordenaba salir del territorio a quienes ya había llegado a los municipios de la región, “coartando de esta forma la posibilidad de vinculación laboral”, se asevera en el comunicado de la asociación. Panfleto amenazante que circuló en municipios del Sur de Córdoba Tras ambas comunicaciones –tanto del grupo disidente, como de la asociación de maestros-, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, como se citó en El Heraldo, indicó que desde la Gobernación “rechazamos de manera categórica la amenaza contra los docentes y en general contra cualquier habitante de nuestro departamento. He pedido a las autoridades individualizar la situación en cada caso y de igual manera solicité las denuncias específicas de forma puntual por parte de cada uno de los docentes con el ánimo de poder brindar todas las garantías de protección de manera oportuna”. En total son 633 docentes y directivos docentes que ganaron el concurso de méritos para ser nombrados en los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET-, o zonas de conflicto, concretamente en Tierralta, Valencia, en la subregión del Alto Sinú; mientras que en la subregión del San Jorge, los priorizados fueron Montelíbano y Puerto Libertador. En relación con esto hay que decir que en el Sur de Córdoba hay fuerte presencia del Frente 18 de las disidencias, y Los Caparrapos en disputa con la AGC. Además, y partiendo de la premisa de que una de las problemáticas que agudiza el reclutamiento forzado es el problema estructural educativo, hay que nombrar que la Fundación Cordoberxia informó en el pasado mes de febrero, que 15 corregimientos del Sur de Córdoba de los municipios de Tierralta, Valencia, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, estarían en alto riesgo de reclutamiento forzado de menores. Además, en este amplio espectro de victimizaciones en la región, la Defensoría del Pueblo ha estado alertando desde 2018 el riesgo en que se encuentran las comunidades que habitan en esta zona, donde luego de la dejación de armas por parte de las FARC-EP, se ha multiplicado la presencia de actores armados ilegales en el departamento. Como se señala desde el organismo, “de la defección inicial del Frente Virgilio Peralta Arenas de las AGC y de la configuración del Nuevo Frente 18 Camarada Román Ruíz-Cacique Coyará de las FARC, se ha dado paso a actuaciones individuales de cada actor y complejas alianzas entre estos en áreas específicas”. En esa amplia presencia de grupos armados ilegales hay que señalar que desde la Defensoría se alerta que todos están acudiendo al reclutamiento para fortalecer sus filas, y así poder continuar la disputa que hay en la región. En relación con esto desde Verdad Abierta un funcionario del organismo –que había solicitado al medio mantener en reserva su identidad-, había expuesto que “(…) Estos grupos –como una de las forma de vinculación de menores- van seduciendo a los pelados con trabajos los fines de semana: se los llevan a cobrar las extorsiones o a ‘panfletiar’ por las veredas o los ponen de ‘campaneros’ para que vigilen la entrada de personas extrañas o Fuerza Pública. Les dan un pago y lo siguen vinculando hasta que el pelado se tiene que salir de estudiar para irse con ellos”. Como se señaló más arriba es necesario hacer referencia a esto, puesto que la situación que ahora se denuncia de amenazas a docentes, como las denuncias de abandono estatal y falta de garantías de educación en las que han venido insistiendo quienes por años han desempeñado esta labor de enseñanza y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes, tiene mucho que ver con las situaciones de violencia que afectan directamente a las y los menores. En este sentido vale la pena señalar que en esta disputa los docentes no han sido ajenos a la guerra que le ha tocado a esta zona y al país en general. Hay que mencionar que en un estudio del año 2019 de la Fundación Compartir se logró establecer que 1.579 maestros/as de las zonas rurales del país han sido víctimas del conflicto armado en los últimos 60 años; 1.063 docentes (67,3%) sufrieron asesinatos selectivos, siendo este el delito más frecuente para esta población; 201 (12,7%) sufrieron secuestros; 200 (12,6%) fueron desaparecidos/as. Justamente, y más puntualmente sobre este tipo de victimizaciones en Córdoba, la Defensoría del Pueblo publicaba un informe en el 2018 en el que se citaba que: “Una población afectada desde hace varios años por este fenómeno son los docentes. En 2012, durante una reunión, las directivas de la Institución Educativa Río Cedro – El Cedro, Moñitos, Córdoba- denunciaron las llamadas extorsivas y amenazas de las que era objeto el docente Jorge Eliecer Zabaleta. Éste debió abandonar la localidad, en compañía de su esposa y dos hijos menores de edad, luego de que personas que se identificaron como integrantes de los Urabeños, amenazaran con asesinarle a él y su familia si no pagaba la suma exigida”. En relación con todo lo anterior desde Pares se habló con una persona líder y docente, con quien se dialogó acerca de las amenazas recibidas recientemente, pero también respecto al panorama actual de la región, que a su vez está atravesado por un contexto histórico de esta zona. Pares: ¿En qué contexto, puntualmente con los docentes, se da esta amenaza que fue informada por parte de Ademacor? Hay dos situaciones que hay que decir en relación con la amenaza. Por un lado, hay un grupo de docentes que durante años se desempeñaron en labores de enseñanza en medio del conflicto en el Sur de Córdoba. De esos docentes unos pudieron profesionalizasen, a otros el conflicto les impidió salir y estudiar, pues a toda persona que salía de la zona, los grupos armados asumían que eran los que llevaban y traían información. De hecho, hubo un docente que se llamaba Elkin Gómez que lo asesinaron porque llevó una cámara al municipio donde trabajaba, pero ese aparato lo había llevado porque lo necesitaba para su proyecto de grado, el cual requería hacer unos registros de su trabajo. Eso le costó la vida. Por otro lado, en el Decreto 882 de 2017 se decía que se debía hacer un concurso cerrado de docentes, para dar la oportunidad que quienes habían hecho esta labor la pudieran seguir haciendo en sus territorios y que no fueran desvinculados, esto evitando la contratación de docentes de otros lados. Pero, resulta que el Ministerio de Educación abrió la convocatoria y la mayoría de profesores no pasaron el concurso. En los territorios en los que ellos/as estaban venían aportándole a la reconciliación, a la paz, incluso en contextos tan adversos como los actuales. Ese trabajo se verá afectado si quienes empiezan a ejercer esa labor son ajenos a las dinámicas de la región, pues hay que resaltar que es una zona permeada y controlada por los actores armados, y además, por ejemplo, en el casco urbano no habría presencia de estos docentes, ellos/as irían solo a zonas rurales y en estos puntos todo se complejiza más, pues además los riesgos son mayores para estas personas, pero a su vez para la comunidad y para los/as niños/as. Entonces, por un lado, está el riesgo al que los grupos armados exponen a estos docentes, pero también, está la problemática de las pocas garantías laborales de los docentes que venían laborando en el territorio y sobre quienes debe haber una especial protección, pues además de estipularse en reglamentos jurídicos, también debería darse por lo que han venido construyendo en los municipios. Pares: Laboralmente hay un vacío institucional, y esto es lo que usted exponía en la anterior respuesta. Para los maestros/as que han venido ejerciendo por años esta labor, ¿cuáles son las condiciones que ahora tienen? Las condiciones son críticas y desfavorables. Hay una masacre laboral y una constante vulneración de los derechos, cuando, por ejemplo, a mí junto con mis compañeros/as nos tocó educar con las balas; nos tocaba meternos debajo de los pupitres o tirarnos al rio para salvaguardar nuestras vidas. Debíamos de alguna forma ver cómo se enseñaba en la región porque hubo años donde nadie quería ir a estas zonas dado el conflicto armado, y eso se entiende, pero ahora que hay condiciones diferentes –no completamente favorables- sí quieren contratar gente de afuera mientras que aquí no se ofrecen alternativas para quienes ejercimos esta labor. Eso duele. Y sobre todo, porque el mismo Acuerdo de Paz establece como medida de reparación la garantía laboral, y el Gobierno lo incumplió a través del Decreto 882. Pares: Por otro lado, ¿en este momento cuál es la situación de seguridad en la región? La situación de seguridad en el Sur de Córdoba está muy compleja porque hay presencia de diversos actores armados. Anteriormente se sabía que en ciertas zonas estaban ejerciendo el control grupos específicos, pero ahora ni se sabe quiénes son. Claro, tenemos conocimiento que está el Clan del Golfo, Los Caparros y las disidencias de las Farc, principalmente, pero sus dinámicas son complejas, por lo que hay una constante disputa. Hay mucha desconfianza y miedo en el territorio, y esto es a raíz de las constantes vulneraciones. Por ejemplo, nosotros/as los/as docentes somos defensores de la vida y protectores de los/as niños/as e insistimos por entornos escolares seguros, pero en este momento el reclutamiento forzado y la prostitución de las niñas son grandes preocupaciones. Hay una red de proxenetas a través de los actores armados que se llevan niñas de 12, 15 años para los capos o jefes paramilitares. Esto se volvió uno de los riesgos más críticos para todas las mujeres, pues además no sabemos cómo actuar, ya que vemos que cada vez estas estructuras controlan más. Lo otro es la poca confianza con entes institucionales por la permeabilidad que tienen los actores armados con estos organismos por medio de personas que trabajan en estas instituciones. Es muy grave, todo está muy delicado, pasan cosas, nadie dice nada y quienes alzamos la voz inmediatamente recibimos amenazas. Pares: Este panorama de la problemática educativa, ¿cómo está relacionado con esto que usted está denunciando respecto a estos riesgos a los que están expuestos niños y niñas? En el sector rural del Sur de Córdoba se labora mediante una figura de educación contratada, ésta siempre está llegando al territorio entre marzo y junio y termina en noviembre, lo que significa que es muy fácil que no se dé el ciclo completo de educación, lo que genera, a su vez, que se acelere un proceso de afectación a la educación que se ve en que, por ejemplo, los niños de 14 y 15 años se encuentran todavía entre los grados 4, 5 o 6, y cuando ellos/as llegan al casco urbano a finalizar sus estudios no pueden ser recibidos, pues están por fuera del rango de edad quedando así sin poder continuar sus estudios. Con ese panorama el grupo armado se convierte en una posibilidad, pues ven que allí podrían llegar a tener más garantías; eso es lo que se dice en el discurso para reclutar; les ofrecen cerca de un millón por estar allí, o, a las niñas les brindan motos, ropa, joyas y, por supuesto, dinero. Así las cosas, dentro de su proyecto de vida ya deja de estar la escuela. Esta es una situación que desenlaza de todo este problema histórico con las garantías de educación que siempre ha puesto a los/as menores como presa fácil de los grupos armados ilegales. Pares: ¿Cómo funciona puntualmente esa educación contratada a la que hace referencia? Con la educación contratada en Córdoba, por ejemplo, estas plazas de ahora no entraban en concursos de la CNSC. Fue hasta ahora, con este concurso que pasó, que se incluyeron plazas de algunas zonas en este tipo de dinámicas. Que la contratación sea así, y lo haya sido por tanto tiempo, ha generado que esta contratación sea parte de una hegemonía, una corrupción política en el departamento. Esto porque la educación contratada es un fortín para los grupos políticos. Pares: Con todo esto: las pocas garantías laborales, las amenazas, el contexto violento y el modelo de contratación. ¿Cuál es el mensaje que hoy se envía al Gobierno Nacional y entidades departamentales sobre esta situación? Nosotros/as pedimos que realmente se reglamente el Decreto 882 que contempla el recurso del concurso docente, para que se garantice, primero que todo, la estabilidad laboral de quienes ya estaban en el territorio. Es decir, que se estudien las formas de cómo se quieren hacer las cosas. Y por supuesto, que haya inversión. En esta subregión se debe hacer una alfabetización responsable, ojalá, en manos de quienes conocen las dinámicas de la región. Ahora, hay que decir, que en este momento ya hay muchos docentes desvinculados y otros están esperando que lleguen sus remplazos para que suceda lo mismo, y esto además de lo expuesto, también ha provocado que en esa restructuración muchos niños/as estén sin clases, lo que fortalece que para muchos/as de ellos sea una opción vincularse a estructuras armadas o coger otros rumbos lejos de las escuelas. Sobre todo, en tiempos como estos donde se ha complejizado más el acceder a clases por el limitado acceso a recursos que exige tener la virtualidad, y que en la región no son fáciles de tener. Puntualizando, es caótica la educación en el Sur de Córdoba, no solamente desde el hecho de amenazas a docentes, sino también de las no garantías de educación. Hay muchos jóvenes que quieren seguir validando su bachillerato, pero no hay opciones, ni siquiera infraestructura. Aquí no hay espacios de recreación, de cultura. Realmente los derechos están en crisis en la región y no hay respuestas, ni acciones.

Este martes 20 de abril de 2021 fue asesinada Sandra Liliana Peña Chocué, Gobernadora del resguardo indígena de La Laguna Siberia. De acuerdo con las comunidades, hombres armados arribaron hasta la vereda El Porvenir —vereda que conduce de Siberia a Pescador— del municipio de Caldono (Cauca), en donde la asesinaron, sin mediar palabra. El Consejo Indígena del Cauca (CRIC) señaló que “la Gobernadora había manifestado días antes en su posición como autoridad, el rechazo a los cultivos de uso ilícito que se están incrementando en su territorio.” Asimismo, frente a los hechos del asesinato también suscribieron que “el comunero Avelino Ull quien transportaba en su moto a la gobernadora, resultó herido por los disparos. Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, rechaza los actos violentos que agreden las estructuras de Gobierno propio y denuncian la falta de garantías para la vida y la paz que el Gobierno de Ivan Duque, a través de su incompetencia para gobernar genera en los territorios indígenas del País.” En Pares hablamos con el senador indígena Feliciano Valencia sobre el reciente asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora del Resguardo de La Laguna, Siberia, del municipio de Caldono. Cabe señalar que en Pares se ha venido denunciando la situación del movimiento indígena en el Cauca. De hecho, se alertó sobre la forma en como las autodenominadas disidencias de las FARC de la Columna Móvil Dagoberto Ramos— la presencia de la Fuerza pública y la presencia de gente armada en carros de alta gama paseándose por las carreteras de Caldono y del departamento; son parte del contexto en el que se registran las violaciones a los derechos humanos de las comunidades de los últimos días. De igual forma, se ha venido denunciando la situación de riesgo inminente por cuenta de Columna Móvil Dagoberto Ramos quienes a través de un panfleto amenazante, que circula en la región hace tres semanas, en el que se declaró como objetivo militar a la Guardia Indígena del municipio de Caldono. Situación que se puso en conocimiento del Gobierno Nacional. Hoy, después de tres semanas y asesinatos como los del pasado dos (2) jóvenes de 22 años fueron asesinados por hombres armados que arribaron hasta la vereda El Tablón, en zona rural de Caldono. Cristian David López Ramos y Cristian Chocué son los nombres de los jóvenes indígenas, víctimas en la noche del 10 de abril. Esto le dijo Feliciano a Pares: “Al Gobierno Nacional debemos decirle que está sucediendo en el Cauca lo que tantas veces advertimos… denunciamos, cuestionamos; una política de seguridad fallida. Con una presencia militar muy alta en los territorios y comunidades, pero sin resultados. Las comunidades están prácticamente sometidas a estas estructuras criminales. Al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, le queremos decir que nos dejaron solos. Al Cauca lo están viendo solamente como un territorio para hacer negocios del gobierno, para uno prevenir ni confrontar el tremendo negocio ilegal de la industria del narcotráfico. Negocio para allá, negocio para acá. Un negocio que adelanta el Estado, las multinacionales y los poderosos ricos del país para sacar provecho de nuestro Cauca. Es un negocio ilegal y criminal como lo es el narcotráfico y que el gobierno, que tiene pleno conocimiento de éste, no puede combatir. Nos dejaron solos, nos van a dejar que nos maten.  Por eso lo que sucedió esta mañana con la gobernadora indígena Sandra Liliana; quién ya había sido declarada objetivo militar por las estructuras de las disidencias. Hoy, 20 de abril de 2021, materializan esa amenaza. Seguramente, esta situación seguirá sucediendo con demás líderes y lideresas. Nos dejaron solos desde el Gobierno y nos están dejando matar. La situación en el Cauca es grave… en el municipio de Argelia: población desplazada, amenazada, acorralada, acallada, nadie puede decir nada allá —so pena— de morir, de ser asesinado. En el Norte del Cauca se registran enfrentamientos diarios, amenazas, panfletos amenazantes que circulan. El departamento ha sido tomado por la ilegalidad, por la criminalidad… triste la realidad del Cauca. Por estas razones, la gente se empieza a mover hacia el municipio de Caldono… nos vamos a concentrar en Caldono. La gente se empieza a mover en el departamento del Cauca ante la desidia del Gobierno Nacional y el abandono estatal. La gente tiene que acudir a la movilización, a las marchas, a las calles —seguramente— porque la situación es dramática. La ola de violencia no para, los asesinatos no paran, las amenazas no paran, el reclutamiento no para. En el Cauca estamos acorralados por la guerra y uno no se puede quedar encerrado esperando que nos lleguen y nos maten. Por ello, movilización, unión, marchas —seguramente— para llamar la atención del país, del mundo… porque, insistimos, este gobierno nos está dejando solos.” ¿Qué pasa en Caldono? Frente a las dinámicas de violencia que suscitan en el municipio de Caldono; Juan Manuel Torres Erazo, coordinador de la Oficina Pares Pacífico, señaló —en primera instancia— que el asesinato de la autoridad Sandra Peña de La Laguna Siberia; es de extrema gravedad. Esto le dijo Juan Manuel a Pares: “Este asesinato se configura en el marco de las denuncias que han venido adelantando el movimiento indígena; denominado etnocidio contra el movimiento. La gravedad, por supuesto, porque se trata de una mujer y que era Ne’hwe’sx (autoridad ancestral) en el territorio. Estos hechos se suman a la persecución algunos The’ wala (Kwesxtx yuçenas) o médicos ancestrales, a la Guardia Indígena, al asesinato de la Ne’hwe’sx Cristina Bautista en Tacueyó. Tanto Sandra Peña como Cristina Bautista tenían el mismo rango dentro las estructuras del movimiento indígena. Es muy grave por la persecución, por el genocidio. Además, cabe anotar, que es un asesinato muy complejo, entre otras tantas cosas, porque el municipio de Caldono se ha visto acosado por el actuar del Grupo Armado PostFarc Dagoberto Ramos, por ser el tránsito entre el centro, el norte y el oriente del departamento. Es un municipio muy estratégico. Además, La Laguna, en Siberia, es un lugar muy importante para los indígenas. Incluso es un lugar de disputa con la comunidad indígena Misak. Allí se vienen adelantando procesos de exigencias de Consulta Previa con el Ministerio del Interior para ese proyecto —atrasado y fracasado— de la doble calzada entre Santander de Quilichao y Popayán. En Siberia han ocurrido otros hechos, asesinatos selectivos; que —naturalmente— han enrarecido el ambiente. Es una zona siempre acosada por los criminales y ciertos grupos. En definitiva, es un hecho muy grave al cual se debe prestar atención, darle toda la relevancia del caso; porque atentar contra una autoridad, contra una Ne’hwe’sx como lo era Sandra es una afrenta total hacia el movimiento indígena.” Cauca: el departamento en donde más asesinan líderes, lideresas y firmantes de la paz De acuerdo con las investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación y de las cifras del Sistema de información de Pares (SIPARES); tras la firma del Acuerdo de Paz han asesinado 110 líderes y lideresas en el Cauca. Los perfiles más victimizados son los liderazgos indígenas, campesinos, comunales o presidentes e integrantes de Juntas de Acción Comunal (JAC), comunidades negras o afrodescendientes y defensores/as de Derechos Humanos. El 70,9% de estos asesinatos se desconoce su agente perpetrador lo que sumerge la victimización en la impunidad, de acuerdo con Pares. Por otro lado, en el Cauca han sido asesinados, después de firmando el Acuerdo, a 36 personas en proceso de reincorporación. El 72% de estos asesinatos a los y las firmantes de la paz también se desconoce quién los asesinó, según Pares. Cauca es el departamento de Colombia en donde más asesinan líderes y lideresas sociales, así como de firmantes de la paz. Mapa del Sistema de Información de la Fundación Paz y Reconciliación (SIPARES) calor sobre asesinatos a líderes, lideresas sociales y firmantes de la paz después del 24 de noviembre de 2016, fecha de la firma del Acuerdo en el Teatro Colón. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.»

Por: Walter Aldana La cosa se aclara cuando uno va a Google y pregunta sobre la clase media en Colombia y obtiene la siguiente respuesta: “¿Qué es ser de clase media en Colombia? Un ingreso mensual por habitante (per cápita) de entre 623.173 y 3′160.863, es el rango que define a una persona de clase media, según cálculos de Fedesarrollo. 26 feb. 2021. A partir de esta “intencionada” definición de algún muchachito con doctorado en economía; debo confesar que en algunos momentos laborales de mi vida he sido “millonario”. En el 2019 se tributó a partir de salarios básicos mensuales superiores a $4’475.788; en los 2020 salarios superiores a $3’868.167 mensuales; así ha venido acercándose al de hoy en la tercera reforma tributaria de Duque, sobre sueldos de 2.5 millones de pesos al mes, y nos dicen que se aplicará de manera gradual. Pero creo que las y los colombianos (no economistas), debemos no caer en la trampa de la cantidad de cifras con las que nos embolatan, debemos hacer el análisis más desde nuestra cotidianidad. En ese país donde algunos pobres se quieren parecer a los charros mexicanos; los ricos (incluido el superintendente de industria y comercio), se creen de sangre azul, tan “encantados” como para enviar un mensaje de pésame a la Reina Isabel de Inglaterra; los que estamos realmente jodidos somos la clase media, sin identidad, muchos añorando ser de la clase alta, para colmo defendiéndolos, y (gracias a Minhacienda) otros haciendo camino al regreso a la pobreza. Esa clase media se viene preguntando: ¿por qué Carrasquilla es el ministro de varios gobiernos sucesivos? Y hemos encontrado la respuesta: no es el inquilino de la casa de Nariño el que manda, es el sector financiero que además está en los medios de comunicación, en las bebidas, los fondos de pensiones privados, hasta en las carreteras con los peajes, a quienes personajes grises como el mencionado ministro les hacen la tarea. Y no es de extrañarse, porque están implementando su modelo neoliberal aperturista, que se resume fácilmente: escisión de impuestos para los ricos, recorte de los derechos laborales, y gravar con impuestos a la clase media y los pobres. Hacer esto es criminal, pero hacerlo en pandemia es propio de un gobierno vendido al capital y las mafias. Creo que, desde el 21N del 2019, son las y los jóvenes los que han asumido la lucha por la dignidad y el buen vivir, generación no vergonzante y clara en la exigibilidad hasta la conquista de sus derechos.

Por: Laura Cano y Sergio Saavedra Esta es la quinta, y última, entrega de ‘Ecos ante el regreso del glifosato’, un especial de Pares para escuchar las voces de quienes se verán afectados tras la firma del Decreto 380 del 2021, mediante el cual se adopta el marco normativo para la aspersión aérea con glifosato. Así como también, las posturas de expertos y líderes que por años han venido haciendo seguimiento a este tema. Antes de leer este texto, les invitamos a ver el siguiente Esta semana estuvo en vilo un tema por el que desde hace años las comunidades afectadas han estado reclamando: las aspersiones aéreas con glifosato. Esto, luego que el Gobierno Nacional firmara el Decreto 380 de 2021 elaborado por el Ministerio de Justicia, mediante el cual se dio todo un marco legal para que esta política pueda ser aplicada. Éste se convirtió en un nuevo intento para que vuelvan las fumigaciones, y esta vez parece que tendrá luz verde… La decisión final para el regreso de las aspersiones está en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes, el que deberá evaluar los requisitos y determinar qué procede. Con esto es necesario señalar algunos de los puntos que dicta el documento, pues, por ejemplo, se indica que los eventos en salud y las quejas, serán atendidas por las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA). Asimismo, se pone sobre el papel que no podrán ser intervenidas las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, los Parques Nacionales Regionales, los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales, categoría Ramsar y manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados. Claro, hay que resaltar que cuando se traten de tuteles, estas serán competencia  del Consejo de Estado, pues hay que recordar que recientemente también fue emitido el Decreto 333 y, más precisamente, en el numeral 12 se señala que cuando un ciudadano presente una acción de tutela contra decisiones tomadas por el presidente, la única instancia que la resolverá será el Consejo de Estado, anulando la competencia en este tema de los juzgados regionales, los cuales venían emitiendo decisiones a favor de las comunidades afro, indígenas y campesinas. Justamente, una de esas disposiciones emitidas por un juzgado regional fue la dada por el Juzgado de Pasto el año pasado, cuando ordenó suspender las audiencias de la ANLA para el regreso de la aspersión aérea al considerar que no se cumplían con las condiciones suficientes para demostrar la participación real y masiva de las comunidades afectadas. E incluso, iniciando este año, luego que  el Gobierno certificó 104 municipios de Nariño para asperjar con glifosato, el mismo  Tribunal suspendió esa decisión por el mismo motivo. Hay que recalcar que dichas denuncias acerca de nula la participación de las comunidades en estas determinaciones, fueron alertadas por organizaciones campesinas y cocaleras. Por otra parte, hay que nombrar, que según lo dicho por el Gobierno, erradicar una hectárea de cultivos ilícitos de coca cuesta $1.8 millones mediante la aspersión aérea, lo que, como argumenta, es el medio más económico, pues lo compara con lo que cuesta esto mediante aspersión terrestre ($4.8 millones), a través de los Grupos Móviles de Erradicación (GME) (3.2 millones), o por medio  de la Fuerza Pública (3 millones). Hay que aclarar que hay organizaciones que han alertado que este camino no es tan beneficioso económicamente como dice el Gobierno. Y es que además estos son costos económicos, pero, como se ha insistido, la discusión debería ir por otra vía… Otra vía que tuviera principalmente en cuenta en lo que por años se ha venido insistiendo: los costos sobre el ambiente y la salud humana; la primera relacionada con la contaminación de recursos hídricos, así como al daño a cultivos lícitos, y la segunda afectación, y como ha quedado demostrado en diversas investigaciones, conectada con las consecuencias evidenciadas físicamente en irritación de los ojos y de la piel, daños en el sistemas respiratorio y a nivel pulmonar, mareos, descenso de la presión sanguínea, dolor abdominal, destrucción de glóbulos rojos y fallas renales. Pero lo que es más importante es la aparición de enfermedades de tipo crónico; desarrollo neurológico anormal, afección en la placenta humana con probable incidencia en el desarrollo de abortos e incidencia en la aparición de cánceres. Sobre esto precisamente, además, no solo han sido estudios científicos, también las comunidades que se han visto afectadas por este tipo de políticas han denunciado directamente las consecuencias de la aspersión. Marino Hurtado, líder del municipio del Timbiquí (Cauca), le contó a Pares que: “Todavía hay gente pidiendo indemnizaciones por los daños causados principalmente con cultivos que se dañaron y todavía no sabemos cómo recuperar. Situación que ha afectado a toda la comunidad, donde hay cerca de 14.000 habitantes, pues, por un lado, hay que decir, que hay comunidades que no tienen acueducto, y muchas veces ese químico era tirado al río sin ningún control, lo que afectó a la gente que se abastecía del río, donde además de consumirse esta agua, también se navegaba por ella”. Por su parte, desde el Catatumbo Olger Pérez, vocero político de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT) narró lo siguiente: “En el año 2000 empezaron las fumigaciones, prácticamente fueron del 2000 al 2008 los años en los que se fumigó todo el campo del Catatumbo, no solo fueron los cultivos uso ilícito, también fueron los de pancoger, fumigaron los potreros, los nacimientos de agua, además de los campesinos a quienes les cayó el veneno y que a los pocos meses empezaron a tener enfermedades y después fallecieron”. Esto es solo una muestra, que, como afirmaba Marilem Serna, vocera nacional del Congreso de los Pueblos y lideresa campesina del departamento del Cauca, pareciera que ahora “el problema del glifosato pareciera que se quiere borrar de un brochazo”, pues aun con todo esto se sigue insistiendo institucionalmente en irse por el camino de las aspersiones aéreas con este químico como parte de esta guerra antidrogas, que lo único que ha dejado a su paso es la agudización de los conflictos que se viven en los territorios. Con esto es necesario traer a colación que según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en Colombia en 2019 se registraron 154.000 hectáreas  de hoja de coca, lo que, como se informó, significaba una reducción del 9% respecto al 2018, año en el que las hectáreas fueron 154.000. Asimismo, hay que decir que iniciando año en la rendición de cuentas del Ministerio de Defensa se aseguró que, supuestamente, para 2020; Colombia alcanzó la cifra más alta de erradicación de cultivos ilícitos con más de 130 mil hectáreas. En ese momento desde la Fundación Paz y Reconciliación se alertó que las cuentas del Gobierno Nacional no cuadraban, e Incluso, que podrían estar siendo infladas. Esto, como se explicó en su momento, se evidenciaba en cuatro puntos desarrollados por Ariel Ávila: Si se analiza la cantidad de contingentes militares que hay para la erradicación frente a las hectáreas erradicadas las cuentas no dan. En dicho caso, habría zonas en las que los contingentes militares tendrán que trabajar 24 horas, no dormir, no comer; para poderse acercar a esa cifra. Hay departamentos con erradicación muy alta, además sustitución voluntaria a través del PNIS y, a pesar de ello, a finalizar el periodo las hectáreas de cultivo de hoja de coca aumentan. Este escenario obedece a que no hay auditorias sobre las cifras. Es muy baja la auditoria que dejan hacer las Fuerzas Militares y la Policía. Con menos hectáreas se está produciendo más cocaína. En gran parte esto tiene que ver con los precios del mercado internacional. El precio de la droga está muy alto. Este año, primero, se insiste en la aspersión aérea con glifosato bajo el argumento de la seguridad nacional, y por otra parte, el Ministerio de Justicia afirma que a febrero  se habían erradicado 7.234 hectáreas de cultivos ilícitos, más del doble que en el mismo periodo del 2020, cuando se erradicaron 3.405. Es decir, se puede agudizar tanto el panorama de las cifras del 2019 y las denuncias que surgieron con éstas, como las afectaciones que han venido haciendo evidentes las comunidades. ¿Qué soluciona la aspersión aérea? Esa es la pregunta que surge con todo lo ocurrido esta semana, pues los líderes, lideresas y expertos en el tema, además de las personas que habitan los territorios donde anteriormente se han llevado a cabo este tipo de políticas, han sido insistentes en decir que, uno, históricamente esto no ha reducido el problema, y, por el contrario, ha estado lejos de solucionarlo estructuralmente. Esto partiendo en que, por ejemplo, se ha afirmado que una vez se erradica hay una resiembra casi que inmediata, pues “el campesinado va a resembrar una, dos hasta tres veces. Además, no se está tratando el tema como debería ser; al narcotraficante no le pasa nada, pero al campesino que siembra se le está tratando como narcotraficante. Adicionalmente, por ningún lado se le está dando un sentido social, siendo este enfoque el que debería ser principal, pues si hay inversión en el territorio el campesino no va a sembrar coca. A esto se suma que lo que han resaltado son los atropellos militares, y ahora con el envenenamiento de nuestras tierras, aguas y bosques”, advirtió José David Hernández Gandía, coordinador de COCCAM en Antioquia y delegado a la comisión política nacional. Ese sentido social del que hace referencia Hernández fue retomado por todas las fuentes consultadas por Pares. Marino Hurtado, aseveró que: “La fumigación el Gobierno la ha convertido en un negocio, le sacan provecho, pues contratan a sus amigos y ahí saca ganancias. Desde que se ha hecho fumigación en Colombia eso no ha sido una solución, pues fumigan y dejan la gente ahí, sin ningún proyecto; a cambio de fumigación no hay nada y con ese panorama la gente vuelve y siembra. La solución en mi concepto es llevarles a los campesinos proyectos productivos y promover la demanda de lo que estas comunidades producen”. Además, Marino agrega que en la falta de alternativas “está el problema, pues al no encontrar cómo subsistir, la gente empieza a desplazarse, pues, ¿qué se queda haciendo allá? Esto es un problema grave, porque la gente en su territorio tiene una cultura, unas costumbres y entonces también es una afectación a ese ámbito. Puntualmente en el caso de Timbiquí es un ataque mortal, pues nuestras costumbres son muy diferentes a las de los blancos, a la de los mestizos”. Así, uno de los llamados, que está lejos de ser solucionado con la aspersión aérea, es evitar “ que los/as campesinos se deban desplazar, irse a las ciudades a improvisar, cuando la vida de éste ha sido siempre el campo. Pero si no hay ayudas reales, esto muy difícilmente va a pasar, pues el que se podría decir que ahora está invirtiendo en el campo es el narcotráfico, lo que ha llevado a que el campesinado se aferre más a esa economía –cultivos de uso ilícito-, pues les genera ganancia; lo que siempre se le ha pedido al Gobierno, pero nunca lo ha hecho. Si el Estado se deja suplantar por el narcotráfico, cada día va a ser más difícil cambiar esto”. Lo principal: soluciones escuchando a las comunidades El Decreto 380 de 2021 deja escrito que la participación ciudadana efectiva deberá garantizarse antes, durante y después la ejecución del programa de erradicación, no obstante, dicho punto pareciera ir en contravía de las consideraciones que insistentemente han venido haciendo las comunidades, lo que deja en entredicho la participación a la que dice el Gobierno Nacional estarle apostando. Así, hay que mencionar que, según el Unodc para el 2020 –inicios- habían sido erradicadas 41.370 hectáreas de forma voluntaria y asistida, y para ese momento se habían vinculado 99.097 familias beneficiarias al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS-. De las cuales, 67.237 corresponden a cultivadores de ilícitos, 15.000 campesinos que no cultivan ilícitos, pero habitan en zonas afectadas por el narcotráfico y 16.860 son recolectores de hoja de coca. Estas familias están ubicadas en 56 municipios de 14 departamentos. Sin embargo, a pesar de estas cifras solo el 2% de las familias en el PNIS han podido arrancar proyectos productivos diferentes a la coca. Esto pone sobre la mesa que las comunidades han estado lejos de ser el centro de la agenda del Gobierno Nacional respecto a este tema, que además, como se ha denunciado, ha incumplido constantemente con acuerdos a los que se habían llegado con las personas que habitan los territorios priorizados, por ejemplo, para la implementación del PNIS, y sin bastarle, ahora sigue empecinado con una política que ha sido ampliamente rechazada: la aspersión aérea de glifosato. Por eso se vuelve una prioridad hacer eco a las propuestas que han sido reiterativas desde quienes han estado directamente relacionados con esta problemática, que en principio parten del diálogo y el reconocimiento de procesos que por años se han desarrollado desde organizaciones campesinas y cocaleras, por ejemplo. “La solución es el diálogo, una esperanza de diálogo para la sustitución de cultivos ilícitos a lícitos con garantías de demanda. Que la gente pueda recibir dinero a cambio de sus productos. La fumigación produce más problemas, más pobreza, más violencia. Necesitamos presencia del Estado antes que fumigación. Necesitamos proyectos y que nos lleve a una solución pronta”, advierte Marino Hurtado. Desde la COCCAM, José Hernández adiciona que  se ve urgente “la implementación del PNIS, pues este programa, con todos los baches que tiene, es el único que está diseñado para una transformación del territorio. Es el único que se pensó para que el campesino se salga del cultivo de uso ilícito sin represalias, pues se permite que se cambie esta economía ilícita a una licita, pero lo único que hace falta es implementarlo; lo más importante. (…) El Estado debe dar las garantías de aspectos como lo son cadenas de comercialización para los productores, es decir, plantas de transformación, acopios, cooperativas, vías terciarias y, en general, un engranaje entre las instituciones y los ministerios trabajando hacia un mismo lado para que el campesinado pueda transformar sus productos y venderlos, no como materia prima, sino como un producto transformado para que la ganancia le quede directamente”. Que a la fecha estas propuestas, que si bien parten desde lo individual, representan un panorama colectivo, no estén siendo la solución a la que el Gobierno Nacional decida apostarle, sigue demostrando que todavía el problema histórico y estructural del campo está lejos de ser resuelto, pues incluso dándose pasos con el Acuerdo de Paz “Duque prefiere no implementarlo y continuar con algo que no ha dado resultado”, comenta Olger Pérez desde el Catatumbo, región donde el regreso de las aspersiones, como puntualiza el líder, es “echarle más gasolina al fuego; al conflicto que persiste en esta región; pues con esta política seguramente va a haber un desplazamiento masivo de campesinos, se van a aumentar los enfrentamientos y esto lo que va a traer es desesperación, muerte y dolor; lo que siempre hemos vivido en esta zona”. Por último, hay que mencionar, que así como en el Catatumbo, la profundización del conflicto y las victimizaciones es un riesgo general con esta medida que está promoviendo el Gobierno Nacional, todo, mientras “el campesino siempre ha reiterado que existe voluntad de sustitución, siempre y cuando se garantice una política agraria eficaz, pues la solución no es violenta, armada, ni atentando contra la naturaleza”, concluye Pérez.

Por: Luis Eduardo Celis Los estados son construcciones de las sociedades, primero hay un esfuerzo social por construir las instituciones y luego vendrán dinámicas porque estas cumplan de manera cabal sus obligaciones: allí está el control político, la acción de los gobiernos, el esfuerzo por tener instituciones que realicen de manera cabal y profesional sus responsabilidades, es un esfuerzo permanente por contar con órdenes sociales, por supuesto democráticos, garantes y promotores de los derechos ciudadanos, en el marco de una legalidad legitima y acatada. Colombia nunca ha tenido un Estado plenamente legítimo, y, mucho menos, una presencia estatal en el conjunto del territorio; esas son tareas pendientes hasta el día de hoy. Poco a poco hemos ido construyendo un orden de convivencia donde se respete la dignidad humana y sea posible una vida de respeto y protección de derechos, pero aún nos falta mucho. La rebelión armada y la proliferación de mafias, se dieron y fueron posibles porque el Estado ni era legítimo plenamente, ni lograba el monopolio de la fuerza, algo elemental de un Estado moderno. Hoy por lo menos una quinta parte del territorio colombiano es gobernado por irregulares, como dice mi amigo Álvaro Jiménez: “por el que tenga la pistola más grande”, y a fe que así es. Si queremos colocarlo en perspectiva histórica, hoy estamos mejor porque hace tres décadas era una tercera parte, en esa medida el esfuerzo de paz política incremental que hemos vivido ha dado sus frutos. Venezuela igualmente tiene el desafío del control territorial, lo ha perdido y en su territorio, sobre todo en la frontera con Colombia, también mandan otros, tema delicado que parece ha tenido un punto de quiebre con las operaciones militares iniciadas en marzo en el Estado de Apure, que han sido antecedidas por otras en el Táchira en 2019 y 2020, contra presencia de irregulares de signo mafioso de procedencia colombiana, en tanto que las operaciones en Apure han sido contra estructuras de las FARC. Si Colombia y Venezuela no tienen una presencia integral del Estado en el territorio, lo cual pasa porque las comunidades de manera organizada, con protagonismo y autonomía puedan llevar sus vidas libres de violencias y coerciones; lo cual hoy no ocurre en un territorio binacional -un tercer país que no se entiende desde Bogotá ni Caracas- donde hoy mandan más mafias, guerrillas e irregulares de muchos pelambres. El desafío de control territorial debe ser prioridad, y siendo una enorme tarea no ha sido hecha ni lograda hasta el presente, por lo que se debe volver a pensar cómo hacerla y hacerla bien. Luego de los acontecimientos en Apure, que siguen y deben continuar, más allá de una gran operación militar y convertirse en una acción eficiente del Estado venezolano por tener una presencia legítima e integral, con todo lo que implica esta dimensión de un Estado con muchas caras y no solo botas y fúsiles, siendo estos importantes por supuesto, porque se trata de lidiar con gente armada. Se han hecho afirmaciones de todo tenor: desde conspiraciones orquestadas y promovidas por Washington, hasta supuestas complicidades de irregulares colombianos con los altos mandos del Ejército Venezolano, ambas afirmaciones son algo delirantes, lo cual no significa que muchas cosas se mueven y se están moviendo en una crisis binacional que puede agravarse, lo cual hay que evitar a toda costa. Ni Colombia ni Venezuela tienen las capacidades para lograr un control territorial en el corto plazo, deben apoyarse en terceros que contribuyan con sus capacidades e idoneidad a atender los temas humanitarios y a coordinar con los dos gobiernos los delicados temas que hoy se viven en buena parte de la frontera. La institución llamada a trabajar con los dos gobiernos son las Naciones Unidas, ellos tienen mandato y experiencia y una capacidad de convocatoria para asumir este enorme desafío, por supuesto en plena coordinación y beneplácito de Bogotá y Caracas, para actuar y desplegar una acción que cada día es más urgente ante una situación tremendamente delicada y que hoy sufren, por los menos, ocho millones de personas de lado y lado de la frontera. Los gobiernos de los presidentes Iván Duque y Nicolás Maduro, deben sopesar sus palabras y sus acciones, pues es mejor no jugar con fuego. Por ahora ante la propuesta de acción de la ONU, se ha sido más receptivo en Miraflores, esperemos señales y acciones positivas desde la Casa de Nariño.