Por: Laura Cano y Sergio Saavedra. Esta es la cuarta entrega de ‘Ecos ante el regreso del glifosato’, un especial de Pares para escuchar las voces de quienes se verán afectados tras la firma del Decreto 380 del 2021, mediante el cual se adopta el marco normativo para la aspersión aérea con glifosato. Así como también, las posturas de expertos y líderes que por años han venido haciendo seguimiento a este tema. Antes de leer este texto, les invitamos a ver el siguiente El Cauca es uno de los departamentos con cifras más altas de hectáreas de hoja de coca sembradas, incluso hace parte de los enclaves productivos; zonas en donde se crean condiciones propicias para su producción, transformación a base o clorhidrato de cocaína y su posterior tráfico a centros de consumo en Colombia y el exterior. En el departamento hay dos puntos donde hay mayor concentración de estos cultivos: uno, El Naya; ubicado en límites de este departamento y el Valle del Cauca, y por otra parte, más al sur, en Argelia y El Tambo. Fuente: Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia (2019) Con estas cifras hay que señalar que según el Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia del 2019 Argelia y El Tambo es el enclave más productivo del departamento. Allí “se estima que los cultivadores recibieron en promedio COP$84,8 millones de pesos por hectárea cosechada al año, mientras que en el resto de la región Pacífico recibieron apenas COP$24,2 millones de pesos por hectárea cosechada al año”, lo que indicaría que esta zona es, al menos y siguiendo lo dicho por el UNODC, 244 % más productiva que en el resto de la región Pacífico. Además, hay que señalar, por un lado, que para el 2019 las áreas sembradas con coca en el país eran de 154.000 hectáreas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). De éstas, 6 % del total nacional sembrado se ubicaba en el enclave de Argelia y El Tambo, es decir, cerca de cerca de 9.000 ha; dos veces más que lo reportado en el 2015 y seis veces más que lo registrado en el 2010. Pero, con una ligera disminución a lo informado en el 2018, año en el que las hectáreas fueron 9.043. Adicional, esto lo que indica es que en estos municipios del Cauca, dedicarse a este tipo de actividad, primero, representa una posibilidad de empleo, y segundo, casi que se convierte en una de las principales, pues gran parte de las hectáreas del estas zonas están ocupadas por estos cultivos de uso ilícito. En este punto vale la pena nombrar, que si bien los precios de la pasta base han tendido a subir en general, para el 2019 oscilaban – en Argelia y El Tambo- en los $3.000 y $3.500. Esto, a su vez está atravesado con que el departamento en general ha sido uno de los más violentos en el último año. Siguiendo datos del Sistema de Información Sipares, desde el 01 de enero de 2020 a la fecha, han sido asesinados/as, al menos, 35 líderes y lideresas sociales, siendo Argelia la zona más crítica. Mientras que se han denunciado 10 hechos de asesinatos de firmantes de paz. Y, solo en el 2020, fueron cometidas 14 masacres y 4 en lo que va del 2021. Acerca de todo este panorama y de lo que significa el Decreto 380 de 2021 en este contexto, desde Pares hablamos con Marylén Serna Salinas, vocera nacional del Congreso de los Pueblos y lideresa campesina del departamento del Cauca. Pares: Algunos sectores han desestimado las implicaciones del glifosato en la salud, ¿Cuáles son las implicaciones en términos de salud y en términos sociales? Marylén Serna: Salinas Pensar que el glifosato es la salida para la disminución de los cultivos, es desconocer el origen de esta situación; las razones por las cuales las comunidades campesinas, indígenas y negras se han visto involucradas en la instalación de estos cultivos de uso ilícito, en su mayoría relacionadas con temas económicos y sociales de los territorios. El hecho de que no existan políticas públicas que favorezcan el campo, fortalezcan y apoyen la producción de alimentos y que garanticen las economías campesinas para la subsistencia de mejores condiciones de vida, así como la infraestructura vial para el transporte de los productos, pasando por la evaluación de los tratados de libre comercio que han entrado a deteriorar la economía campesina, pues han remplazado la venta de alimentos producidos por este sector, ha llevado a que la comunidad deba sumirse en esta situación de los cultivos de uso ilícito como una salida. El tema problema del glifosato pareciera que se quiere borrar de un brochazo, cuando es un problema muy amplio; social, económico y ambiental. Lo más reciente se quiere vender como una solución rápida a un problema que es estructural e histórico, que ha venido agudizando todo este contexto. Hay que decir que fumigando, contaminando las aguas, afectando la salud de la gente y generando desabastecimiento de alimentos, es muy difícil solucionar algo. Las estrategias deben ser a mediano, largo y corto plazo, deben ser estrategias integrales y en concordancia con las propuestas que están haciendo las comunidades. No es con una fumigación, ni con una manera rápida, la forma en la que se debe resolver esta problemática. Es con políticas públicas, recursos, programas concretos de sustitución y valorando, sobre todo, las propuestas de la gente. Pares: La meta del gobierno Duque es que este 2021 se erradiquen 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos, ¿Es el glifosato el camino? ¿Qué decir sobre el papel institucional en este contexto? M.S: Yo creo que el CNE puede jugar el papel institucional para llevar a la implementación de unas políticas y unos programas específicos, pero esto no puede ser decidido desde esta instancia, debe ser desde las comunidades. Hoy, las comunidades que están inmersas en estos cultivos de uso ilícito, están organizadas, tienen sus procesos organizativos, se están pensando el futuro y el territorio, tienen sus propios planes de vida y sustitución gradual, tienen compromisos y pactos internos para ir saliendo de esta lógica. Lo que ha pasado es que el Gobierno sigue poniendo por encima que esto es algo ilegal, y por lo tanto se niega a reconocer las propuestas que hace la gente para esta sustitución. Acá en el Cauca tuvimos la experiencia desde el Coordinador Nacional Agrario, el Congreso de los Pueblos y las comunidades del Cañón del Micay, quienes hicieron una propuesta de ir levantando los cultivos de manera gradual, pero con la responsabilidad del Estado de cumplir con sus obligaciones constitucionales, sin embargo, nunca se llegó a un acuerdo porque el Gobierno siempre dijo que apoyar cualquier propuesta de las comunidades era contribuir con la ilegalidad. Es un círculo vicioso donde el Gobierno acusa a la gente que cultiva, pero a su vez no trae una alternativa real para ir sustituyendo e implantando otro sistema económico más sostenible. Debe haber un diálogo desde el respeto y reconocimiento por parte de la institucionalidad con las comunidades. Pares: Algunos sectores que defienden la decisión del gobierno señalan que el glifosato es el camino para que en Colombia disminuyan las hectáreas sembradas y para que se mitigue la resiembra, ¿Qué opina de esta afirmación? M.S: Yo pienso que en una situación como la de Colombia en el marco del conflicto armado y de la presencia de tantos actores armados, políticos, económicos, sociales y organizativos en los territorios, no se puede implantar un programa así, pues el campesinado, por ejemplo, ha demostrado la capacidad de propuesta, de negociación, cumplimiento y exigencia. Entonces, estos programas deben partir de eso. La institucionalidad todavía mantiene esa idea que desde el escritorio, las estadísticas y los estudios se pueden diseñar e implementar políticas, pero no. La gente hoy se está pensando su propio territorio, se ha organizado, movilizado y eso se quiere desconocer, pues no hay cumplimiento de los acuerdos a los que se han llegado, y ese ha sido uno de los factores más relevantes para que las comunidades no reconozcan en la institucional un garante de los derechos. Tenemos cientos de actas de compromisos firmadas por parte del Gobierno que no han tenido cumplimiento y eso es muy grave. Hay que apostarle a la bilateralidad; la comunidad conociendo la política pública y el Estado reconociendo las propuestas que se hacen. Hacer ajustes y poder implementar cosas más reales y sostenibles ambiental, económica y socialmente. Pares: En las regiones donde este programa va a llegar hay un amplio repertorio de violencias, las cuales además en su mayoría son históricas. ¿La fumigación que representa en términos de estas conflictividades? M.S: Para las y los campesinos el glifosato es símbolo de muerte y veneno. Nada que represente muerte, o deterioro de la salud y la vida, expulsión de la gente de los territorios, contaminación del agua, o deterioro del suelo, significará desarrollo o avances para una comunidad. Hay que decir que muchas veces estos cultivos de uso ilícito tienen que ver con gente externa que llega a los territorios. Es cierto que las comunidades han entrado en esta lógica, pero también hay una lógica del comercio, de la acumulación, donde los actores externos están mayormente involucrados, y para ellos las implicaciones no son las mismas; ellos se van luego de la fumigación a colonizar otros territorios, otras tierras. Esto, mientras que para quienes habitan estas zonas las implicaciones sí son mucho más amplias. Por ejemplo, deben entrar a otro tipo de economías de subsistencia que muchas veces lleva a que la gente se arme, o a otro tipo de dinámicas que igual llevan a consecuencias que afectan el tejido social. Hay que repetir, que la fumigación llega a agudizar todas estas problemáticas que existen, pues todo esto se exacerba; se aumentan los conflictos entre la misma gente, se aumenta la pobreza, aparecen temas de enfermedades y, por supuesto, se vuelve más critica la situación de desplazamientos forzados.

Por: Sergio Saavedra y Laura Cano Esta es la tercera entrega de ‘Ecos ante el regreso del glifosato’, un especial de Pares para escuchar las voces de quienes se verán afectados tras la firma del Decreto 380 del 2021, mediante el cual se adopta el marco normativo para la aspersión aérea con glifosato. Así como también, las posturas de expertos y líderes que por años han venido haciendo seguimiento a este tema. Antes de leer este texto, les invitamos a ver el siguiente Luego que quedara listo y firmado  el decreto 380 de 2021, la decisión de activar el programa de erradicación de cultivos de uso Ilícito mediante aspersión aérea quedó en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes –CNE-, el cual deberá evaluar los requisitos con los que se pretende retomar esta política. Además, este mismo organismo, según lo establecido, es el que debe dar cumplimiento a los demás requerimientos exigidos por la Corte Constitucional, entre los que están considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica disponible en lo que se refiere, por un lado, a la minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente, y, por otro, a la solución al problema de las drogas ilícitas. Sobre lo anterior, y complementando los puntos que se han tocado en este especial, desde Pares se habló con Julián Quintero, investigador y cofundador de la Corporación Acción Técnica Social (ATS). Pares: ¿Es el Consejo Nacional de Estupefacientes el órgano idóneo para tomar la decisión sobre el retorno la aspersión de glifosato en Colombia? Julián Quintero (J.Q.): El Consejo Nacional de Estupefacientes sí es el órgano idóneo para tomar la decisión frente a la implementación del glifosato. Sin embargo, hay que precisar que existen diferentes instancias para cumplir primero, obviamente, con todos los requisitos que impuso la Corte Constitucional. Una vez esos requisitos están listos; ellos —cada una de las partes por solicitud del Gobierno Nacional— lleva los requisitos al Consejo Nacional de Estupefacientes y, ahí, se debe tomar la decisión. Lo que pasa en este momento es que al decreto que salió en estos días le faltan algunos requisitos como, por ejemplo, el informe que debe presentar el Ministerio de Salud ante el Consejo. Éste vota y decide por mayoría, pero el Consejo es controlado totalmente por el Gobierno Nacional y es éste quien da la orientación ahí. Entonces, ahora estamos muy pendientes de cómo el Ministerio de Salud va a ir en contra de lo que ha fijado durante tantos años diciendo que es peligroso y como, esta vez, se va a echar para atrás, va a matizar e ir en contra de lo dicho en años anteriores. Pares: Algunos sectores consideran el retorno de la aspersión de glifosato como una decisión que prima una política revaluada. ¿Por qué el glifosato supone una decisión errónea para el tema de drogas en Colombia? J.Q.: El glifosato tiene muchos aspectos negativos que han sido ampliamente expuestos. Por una parte, todo lo que tiene que ver con la evidencia relacionada con el daño en la salud, el medioambiente, las personas y los cultivos. Además, de la manera de usarlo y lo concerniente con el principio de la precaución; tiene también un aspecto social sobre el impacto, los antecedentes de la aspersión y la tensión que va a haber con el Gobierno Nacional, representado en los militares, y las comunidades, que en su mayoría se dedican a estos cultivos como único sustento. También, hay un aspecto táctico en cuanto a los costos. Es decir, cada hectárea fumigada con glifosato puede valer entre 60 y 120 mil dólares. Adicional, por cada hectárea de glifosato que se va a asperjar, se van a perder otras 20 0 30 hectáreas de otro tipo de productos sembrados. Existen temas prácticos como la movilidad de los cultivos que se van a poner en zonas de difícil acceso, pero en el campo y en la guerra ya nos dimos cuenta, por ejemplo, toda la evidencia que se ha mostrado sobre los falsos positivos en relación con los cultivos sobre los que se dice que se eliminan 20 o 30 hectáreas; cuando en realidad fueron 4 o 5 para la fotografía para la comunidad y en la negociación con la comunidad. Se sabe de tiempo atrás que las comunidades tienen trucos y claves para que al momento de asperjar; lo hacen en un primer momento con melaza, lavan rápido, distinto a la aspersión aérea. Es decir, a todo nivel y en todo sentido, es una medida cortoplacista que puede que en los primeros meses dé resultado pero que no va a resolver el tema estructural. Pares: Por el contrario, ¿Qué implica que en Colombia camine hacia regulación de los mercados de la coca y la cocaína? J.Q.: El tema de la regulación de la hoja de coca y de la cocaína lo que está mostrando es que se está recogiendo la evidencia a nivel mundial en cuanto a que el modelo prohibicionista no ha funcionado. También en que son más costosos los daños por la prohibición que por las sustancias. Si miráramos un poco de historia de las drogas, cuando sustancias como la cocaína, la heroína, la marihuana fueron legales no generaban tanto daño proporcionalmente a su época, como el que se está generando ahorita que son prohibidas. La regulación es el camino para minimizar los impactos negativos del consumo de una sustancia que es potencialmente nociva para la salud; pero que la gente no va a dejar de consumir. Lo que nos está demostrando la regulación de la marihuana y de la heroína, en algunos países, es que reduce las tasas de delincuencia, las muertes por sobredosis, los motivos de violencia y el ingreso a las cárceles. También permite que todos los dispositivos de las autoridades en vez de estar concentrados en perseguir pequeños consumidores, persigan verdaderos narcotraficantes. A su vez, no hay un aumento significativo en el consumo, permite el recaudo de impuestos, controla la calidad de las sustancias y genera que se trate el consumo como una enfermedad de salud pública. Son un montón de elementos que la evidencia está arrojando y son los resultados positivos de la regulación. Pares: Algunos sectores que defienden la decisión del Gobierno señalan que el glifosato es el camino para que en Colombia disminuyan las hectáreas sembradas y para que se mitigue la resiembra, ¿Qué opina de esta afirmación? J.Q.: El regreso del glifosato está demostrando dos cosas en este momento: Primero, que las decisiones no las está tomando la evidencia, pues aunque se ha demostrado social, científica y técnica sobre el crecimiento de cultivos, las medidas siguen yendo por la vía contraria.  Es decir, esa decisión política no tiene nada que ver con lo que se ha verificado, y es que justamente esa decisión política le juega a unos intereses económicos de, por ejemplo, los contratistas que venden el glifosato, intereses trasnacionales de seguirle el juego a orientaciones políticas externas, no solamente a Estados unidos, sino a las Naciones Unidas, que van en contra de lo que estamos viviendo. Intereses políticos de una ideología moral. Es un golpe y una crisis a la evidencia. Ahora, si los políticos no toman decisiones basados por la evidencia pues va a tocar cambiar a los políticos. Porque la evidencia no va a cambiar. Segundo, que es más aterrador todavía, una práctica sistemática que Iván Duque ha hecho —ya en otras ocasiones, como con el proyecto de la dosis mínima y como lo hizo en el marco de la pandemia— y es que a sabiendas de la inconstitucionalidad y la inviabilidad jurídica, constitucional y legal para poner en marcha este tipo de medidas; lanza decretos que van a estar vivos durante unos meses y unos años. Decretos que son ejecutados y operados a sabiendas de que tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional se lo van a tumbar. Pero, también, sabe que no tiene porqué responder por ellos y, simplemente, se escuda en los errores jurídicos. Entonces, aquí lo que vemos es una práctica recurrente en la que Duque y sus equipos ponen a rodar decretos aprovechándose de la incapacidad y la lentitud del Estado para detenerlos. Si así va a ser esto, entonces, ¿quién va a responder en unos años cuando nos demos cuenta de todos los desastres que va a cometer el glifosato ahorita? Nadie va a responder… alguien debería responder. #Glifosato

Por: Laura Cano y Sergio Saavedra Esta es la segunda entrega de ‘Ecos ante el regreso del glifosato’, un especial de Pares para escuchar las voces de quienes se verán afectados tras la firma del Decreto 380 del 2021, mediante el cual se adopta el marco normativo para la aspersión aérea con glifosato. Así como también, las posturas de expertos y líderes que por años han venido haciendo seguimiento a este tema. Antes de leer este texto, les invitamos a ver el siguiente Como se mencionaba en el anterior artículo de este especial, se han venido adelantado acciones para frenar la aspersión aérea de glifosato en el país. Sin embargo, luego de la firma del Decreto 380 de 2021, muchas de esta tendrán más dificultades de las que ya suponía hasta el momento, pues éste plantea pautas en tal caso que vuelva el glifosato, tarea que en el momento está  en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE). ¿Por qué se afirma que habrá más trabas para la oposición a estos mecanismos de erradicación? Pues bien, hay que recordar el Gobierno también  dispuso hace menos de una semana que las tutelas contra la Presidencia de la República que involucren la erradicación de cultivos ilícitos o seguridad nacional serán estudiadas exclusivamente por el Consejo de Estado, anulando la competencia en este tema de los juzgados regionales, los cuales venían emitiendo decisiones a favor de las comunidades afro, indígenas y campesinas. Justamente, una de esas disposiciones emitidas por un juzgado regional fue la dada por el Juzgado de Pasto el año pasado, cuando ordenó suspender las audiencias de la Anla para el regreso de la aspersión aérea al considerar que no se cumplían con las condiciones suficientes para demostrar la participación real y masiva de las comunidades afectadas. E incluso, iniciando este año, luego que  el Gobierno certificó 104 municipios de Nariño para asperjar con glifosato, el mismo  Tribunal suspendió esa decisión por el mismo motivo. Hay que recalcar que dichas denuncias acerca de nula la participación de las comunidades en estas determinaciones, fueron alertadas por organizaciones campesinas y cocaleras. Hoy, luego de las medidas tomadas en la última semana, estas acciones como las tutelas para frenar la fumigación están en una crítica situación, pues ahora será el Consejo de Estado quien las evalúe, organismo alineado con los intereses del Gobierno Nacional. Para ahondar sobre esto, y lo que en materia jurídica significan estos últimos decretos, Pares habló con Diana Bernal, abogada del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda. Pares: Se firmó el Decreto 380 de 2021 por parte del Gobierno. Puntualmente, ¿Qué significa esto en la ruta que se ha querido trazar para permitir la aspersión aérea? Diana Bernal: Hay unas implicaciones delicadas que pesan sobre este Decreto Número 380 de 12 de abril de 2021 y con ello, también está jugando el Gobierno Nacional. El discurso de ellos es -“esto es simplemente un paso el regreso de las aspersiones, pero, no será el único… no será inmediato”-. Yo creo que ahí hay una falacia por la siguiente razón: varios han sido los mecanismos que ha utilizado el Gobierno Nacional para cumplir, pero de manera tramposa y para aparentar el cumplimiento de la decisión de la Corte Constitucional.  Es decir, ha venido chuleando los requisitos uno tras otro. De hecho con este decreto, a mi parecer, se chulea el último requisito para que ellos puedan hacer la aspersión de glifosato. Esto, porque ahora realmente la última decisión para que se retomen recae, necesariamente, en autoridades que son de la línea política del Gobierno Nacional. Desde algunas organizaciones sociales se está cometiendo el error de decir -“no, no, no se alteren que no van a regresar ya”-, y el Gobierno Nacional le está jugando al mismo discurso, pero la realidad, de lo que yo puedo analizar, es bastante gris.  Es muy probable que pronto veamos la determinación por la cual se regresa a la aspersión, mientras las posibilidades jurídicas que tenemos son muy cortas. Pares: Desde su ejercicio laboral usted ha venido haciendo seguimiento a este tema. ¿Cómo se puede explicar lo que ha pasado en los últimos años con este tema? Que finalmente es lo que explica la trascendencia del decreto firmado recientemente D.B: Por un lado,hay que iniciar diciendo que la Corte había señalado que tenía que pasarse una modificación ambiental avalada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para el regreso a las aspersiones. Por otra parte, se establecía que tenía que hacerse una regulación frente al procedimiento de quejas para la ejecución del programa y dicha regulación debía hacerse por una autoridad distinta a aquella que iba a ejecutar el plan, es decir, diferente a la Policía Nacional. Esto se tenía que hacer a través de un proceso participativo y en aquellos casos en donde existiera la necesidad de agotar la Consulta Previa. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? La ANLA está llevando a cabo ese proceso y lo está haciendo, supuestamente, garantizando ese derecho de participación. Ese proceso administrativo es el que está frenado por la tutela que presentamos en enero, recurso que permitió que la sala de decisión penal del Tribunal Superior de Pasto ordenara la suspensión de la resolución 001 de 2020 correspondiente al tema de aspersiones aéreas y pueblos indígenas. Ésta fue emitida por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Interior gracias a la acción de tutela interpuesta por Red de Derechos Humanos del Pacífico bien Nariñense (REDHPANA) con el acompañamiento del Colectivo Fals Borda (OFB). Sin embargo, no está frenado porque el proceso esté viciado, a nuestro parecer sí, pero eso no lo han definido los jueces del la República. Lo que dijo el juez es que se tiene que “suspender por sospecha de que existan comunidades étnicas sujetas a la Consulta Previa”. Frente al requisito de Consulta tenemos a la Dirección de Consulta Previa, adscrita al Ministerio del Interior  diciendo que aquí no hay afectación directa; eso está en litigio. Es decir, nosotros decimos que sí hay afectación directa y se están violentando principios internacionales, pero no hay decisión de fondo. Entonces, no podemos dar por sentado que así ya está dicho y tenemos una medida provisional de suspensión, pues por las cosas que han venido pasando en el proceso, muy pronto se puede levantar o podemos tener un fallo a favor, pero eso es una probabilidad del 50/50. A esto se suma, quela Corte dijo que se hiciera una regulación por una autoridad independiente y el Gobierno, muy audazmente, primero emitió el Decreto 333 del 6 de abril de 2021 que limita la posibilidad de tutela en su contra y la direcciona a Consejo de Estado y, tres días después, lo que hizo fue decretar el reglamento para la ejecución del PECIG. Un reglamento que no hizo Ministerio de Defensa, sino Ministerio de Justicia para cumplir con las orientaciones de la Corte Constitucional. En este orden de ideas, el Gobierno podría llegar a decir que ha cumplido o chuleado los requisitos, y con eso es con lo que seguramente van a defender la política  en los tribunales. Pares: Con este panorama, ¿qué caminos quedan? ¿Qué acciones se podrían tomar? D.B: La decisión sobre el retorno de las aspersiones de glifosato en Colombia está en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes. Esta decisión es casi que inmediata y será positivo para el regreso de las aspersiones. Así, los caminos que nos quedan serán, por un lado, esperar la tutela de enero con solicitud de MEDIDA PROVISIONAL URGENTE Y PRIORITARIA para la protección de los derechos fundamentales a la CONSULTA PREVIA; CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO; SALUD; VIDA DIGNA; MÍNIMO VITAL; DEBIDO PROCESO y DERECHO A LA PAZ, los cuales resultarían gravemente afectados con el regreso del Programa de Erradicación de cultivos de uso ilícito mediante Aspersiones Áreas con el Herbicida Glifosato (PECIG). Esta tutela es la única posibilidad que existe y queda para acudir a los jueces. Esta será la última tutela que fallen los tribunales porque luego, las que se presenten posteriormente irán a Consejo de Estado, organismo que va a estar atravesado por la presión política que hay, lo que lleve, posiblemente, a incidir en la decisión judicial. Ahora, en caso de que regresen las aspersiones; intentar nulidad. Sin embargo, esta nulidad puede demorar más de dos meses en los mejores pronósticos. La nulidad se intentaría hacer por vicios de procedimiento y serían —porque los tiempos ya no darían— cuando las aspersiones ya estén activas. Pares: El decreto plantea que cuando la aspersión pueda afectar a las comunidades étnicas habrá Consulta Previa, ¿Qué tan cierto es eso? D.B: Tan cierto como pasó el en el gobierno Uribe… Además, entre otras cosas, la Consulta Previa no procede porque la determine el decreto ni porque lo regule el Ministerio. La Consulta Previa procede por derecho internacional. El problema siempre ha sido poder probarlo y, justamente, en esto el decreto mete un golazo; dice que: “se comprueba afectación directa solamente cuando un médico tratante determine que las afectaciones médicas son por glifosato”. Probabilísticamente no se puede determinar causal para una afección en salud, ningún médico se va a arriesgar a hacer una afirmación de esos talantes. Entonces, allí se cierra esa posibilidad de reclamo por la vía administrativa que plantea el Gobierno. Seguramente, para un profesional formado en derecho es evidente que esto no puede tener validez. Pero, los jueces de la República sí lo van a usar para descartar acciones de tutela y de nulidad en contra de las políticas de erradicación (recordemos que ahora serán competencia exclusiva del Consejo de Estado). Va a pasar lo mismo que cuando empezaron las aspersiones en 1972 en la Sierra Nevada de Santa Marta, o cuando iniciaron en el sur del país a finales de los 90, momentos en los que se evidenciaron las afectaciones en la salud, pero que aun así, luego de años, no se lograron parar las aspersiones, pues una vez se eche a andar el tren del glifosato es muy difícil hacerle la carrera. #Glifosato

Por: Sergio Saavedra y Laura Cano Esta es la primera entrega de ‘Ecos ante el regreso del glifosato’, un especial de Pares para escuchar las voces de quienes se verán afectados tras la firma del Decreto 380 del 2021, mediante el cual se adopta el marco normativo para la aspersión aérea con glifosato. Así como también, las posturas de expertos y líderes que por años han venido haciendo seguimiento a este tema. Antes de leer este texto, le invitamos a ver el siguiente. La Costa Pacífica Nariñense es una de las subregiones en la que las comunidades han sido insistentes en el reclamo por la protección de sus territorios, ante las distintas acciones que se han adelantado en los últimos años por permitir que el glifosato vuelva, acciones en la mayoría de ocasiones promovidas y avaladas por el Gobierno Nacional. Dicha resistencia ante este tipo de políticas esta evidenciada, por ejemplo, en la acción de tutela interpuesta el pasado 12 de enero con solicitud de MEDIDA PROVISIONAL URGENTE Y PRIORITARIA para la protección de los derechos fundamentales a la CONSULTA PREVIA; CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO; SALUD; VIDA DIGNA; MÍNIMO VITAL; DEBIDO PROCESO y DERECHO A LA PAZ, los cuales resultarían gravemente afectados con el regreso del Programa de Erradicación de cultivos de uso ilícito mediante Aspersiones Áreas con el Herbicida Glifosato (PECIG). Hay que señalar que dicho recurso había logrado “la suspensión de la resolución 001 de 2020 emitida por la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior, hasta tanto se resuelva de manera definitiva la acción constitucional”. Por su parte,  esta resolución establecía, como una de sus medidas, que para la fumigación en 104 municipios la consulta no era procedente, anunciando a su vez en ese momento que las aspersiones regresarían en abril. Adicional, y nombrando solo algunas  acciones recientes, en todo este contexto la comunidad también convocó a marchas el pasado 18 de marzo en contra de la insistencia del Gobierno Nacional por la aspersión de glifosato en Colombia, las cuales se llevaron a cabo en las 10 cabeceras de los municipios que conforman la Costa Pacífica Nariñense y tenían como finalidad: rechazar la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. Hoy, luego de años de reivindicaciones y organización de las comunidades, de nuevo, la amenaza del glifosato regresó. Por eso, desde Pares hablamos con Ivonne Quiñonez, lideresa de la Costa Pacífica Nariñense, quien dialogó acerca del decreto recientemente firmado por el presidente Iván Duque y las consecuencias de éste para los habitantes de la subregión. Pares: El decreto plantea que cuando la aspersión pueda afectar a las comunidades étnicas habrá consulta previa… a propósito de esto como lideresa del territorio, ¿considera que se están garantizando los derechos de las comunidades étnicas con la decisión del retorno de la aspersión del glifosato? Ivonne Quiñónez (I.Q.): Todo lo contrario, el gobierno del Sr. Iván Duque está obrando de manera temeraria, arbitraria, irrespetuosa, inconsulta y violatoria de nuestros derechos como pueblos étnicos.  Finalmente, lo que este gobierno aspira, es acabar con la naturaleza misma de lo que es la consulta previa y convertirla en tan solo un acto administrativo más. En todo caso lo único que percibimos es que, detrás de las aspersiones con glifosato, deben existir intereses poderosos, para intentar por todos los medios posibles, volver a esta costosa, criminal e inútil estrategia para la lucha contra el narcotráfico. Y estamos ahora más que siempre preguntándonos:¿Cuántos moriremos de cáncer o de otras enfermedades asociadas con el glifosato? ¿Cuántas comunidades tendrán que dejar el territorio debido a la hambruna que llegará? ¿Cuántas situaciones adversas nos llegarán, cuando arrasen con el medio de sustento de miles de familias, sin políticas sociales y económicas que les permita sobrevivir? ¿De qué tamaño y cuánto durarán las afectaciones ambientales, la contaminación de la tierra, las fuentes hídricas y el mar, si las de años atrás aún no las hemos superado y es posible que nunca se superen? Es justo y necesario levantar nuestra voz de rechazo ante tanta infamia Pares: Según el decreto, la Agencia Nacional de Licencia Ambiental y el Instituto Nacional Salud, será las encargadas de realizar seguimiento sobre los efectos del programa y deberán entregar informes de evaluación al Consejo Nacional de Estupefacientes. ¿Las comunidades consideran que estas son instancias garantistas para sus derechos fundamentales? I.Q.: De ninguna manera estas deben ser las instancias encargadas de realizar este tipo de seguimientos; anticipamos que no habrá objetividad, no habrá verdad, puesto que son instituciones orientadas por el mismo gobierno que a toda costa, nos impone enfermarnos, morir y generar gravísimas afectaciones al medioambiente Pares: Justamente, ¿Cuáles son los derechos que se violan a las comunidades con el retorno de la aspersión del glifosato? I.Q.: Violan la Consulta Previa, el derecho fundamental que tienen todos los pueblos étnicos, de ser consultados ante cualquier intervención en su territorio; el Principio de Precaución, mediante el cual el Estado Colombiano debe abstenerse de poner en riesgo la salud de sus ciudadanos y de causar graves daños al medio ambiente como en este caso significan las aspersiones aéreas con glifosato. Cuando al respeto la principal autoridad mundial en materia de salud, la OMS, se ha manifestado sobre los efectos cancerígenos del glifosato, entre otras muchas enfermedades relacionadas con este agrotóxico. Por otro lado se están violando el punto 4 de los Acuerdos de la Habana, donde se prioriza en todo caso la sustitución de cultivos de uso ilícito, frente a la erradicación forzada y en el caso de la Costa Pacífica Nariñense, más grave aún, puesto que nuestras comunidades habían firmado cartas de intención de vinculación al PNIS. Pares: Algunos sectores han desestimado las implicaciones del glifosato en la salud, ¿Qué ha venido sucediendo en la Costa Pacífica Nariñense después de los años en los que se utilizó glifosato? I.Q.: Toda la Costa Pacífica Nariñense lo ha vivido, más el pueblo tumaqueño ha sido la gran víctimas y testigo por excelencia de las graves afectaciones a la salud relacionadas con el glifosato. Durante década y media nuestro territorio fue asperjado con este agrotóxico y el cáncer se convirtió en una verdadera epidemia. Así mismo, hubo hombres y niños que murieron a causa del glifosato en zona rural, pues cuando llegaban de las faenas del campo, tomaban agua directamente de algunas quebradas como solían hacerlo antes y enfermaban algunos morían. Las enfermedades respiratorias, la conjuntivitis, los problemas dérmicos eran comunes y los casos de Alzheimer, Mal de Párkinson, abortos espontáneos, partos prematuros, malformaciones congénitas, así como problemas renales, entre otros, se incrementaron de manera alarmante. Pares: ¿Por qué resulta importante insistir en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos? I.Q.: Es importante insistir porque sin lugar a dudas el PNIS, no es sólo una herramienta eficaz para la lucha contra el narcotráfico, sino también una estrategia vital para el logro de la paz en nuestro territorio. El PNIS, es una estrategia verdaderamente eficaz en la lucha contra el narcotráfico; esto debido a que es un programa concertado con las comunidades y que además brinda condiciones y alternativas para que estas accedan a economías legales; las comunidades se sienten comprometidas y actúan de manera consecuente; todo lo contrario con lo que ocurre con la erradicación forzada, donde los erradicadores cortan las matas de coca en la mañana y por la tarde hay resiembra, convirtiéndose esto, en un círculo de nunca acabar. Esto lo hacen porque nuestras comunidades no tienen otros medios de sustento.  El PNIS por otra parte, es un instrumento para la paz, nuestros jóvenes mueren todos los días en los campos de batalla, porque los grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico, son los únicos empleadores que hay en la zona rural y la guerra mirada desde aquí, es uno de los grandes flagelos producto de la pobreza, de las condiciones de precariedad e indignidad en la que el Estado colombiano históricamente ha sometido a nuestra gente. El PNIS, es decirle no al narcotráfico, sí a la paz y a la vida digna. #Glifosato

Por: Línea Conflicto, Paz y Posconflicto Tras el fin de la guerra con las Farc-EP a finales del 2016,  nuevas y viejas estructuras armadas han configurado su poder y disputan actualmente el control del territorio  y, por supuesto, los réditos de las economías ilegales siguen dejando en medio del fuego cruzado a la población civil. Aunque idealmente el Estado colombiano debía construir bases institucionales de confianza y garantía de derechos para las poblaciones que habitan el departamento, según lo pactado en el Acuerdo de Paz y su deber constitucional, lo cierto es que nada de esto ha sucedido, al contrario, el Cauca ha sido epicentro de enfrentamientos, desplazamientos, homicidios y amenazas a líderes y lideresas sociales, masacres, confinamientos, entre otras violencias. El Norte del Cauca bajo fuego El Norte del Cauca ha experimentado una fuerte reconfiguración de grupos armados postfarc, o disidencias, debido a múltiples factores, uno de los más importantes, los incentivos para la reincidencia en actividades ilegales propiciados por el gobierno actual a través de la omisión de sus compromisos en materia de reincorporación (seguridad jurídica,  protección de la vida de excombatientes y garantías socioeconómicas para el desarrollo de proyectos productivos) y su ineficacia en la disminución de las economías ilegales y el desmonte de las estructuras armadas ilegales; dos asuntos relacionados con la incapacidad de construir garantías reales de acceso a servicios y  garantía de derechos para las comunidades. De este modo, el “Nuevo Sexto” o “Frente Sexto”  emergió como uno de los primeros grupos armados postfarc compuesto en su mayoría por excombatientes de la antigua estructura intentando mantener el legado guerrillero a través del discurso. Posteriormente, el Frente Sexto configuró las Columnas Móviles Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, estructuras que emprendieron una disputa frontal con el Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN y también con Los Pelusos o EPL con el propósito de hacerse al control territorial producto del vacío de poder dejado por las Farc. Sumado a estas disputas, en la subregión han aparecido amenazas de Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas de Colombia e incluso del Cartel de Sinaloa, asuntos denunciados de manera reiterativa por las comunidades y la Defensoría del Pueblo, pero no esclarecido por la institucionalidad. Desde el año 2019, se sumaron acciones de La Segunda Marquetalia de Iván Márquez, Santrich y Romaña, lo cual pareció influir en la unificación de la Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez bajo el paraguas del Comando Coordinador de Occidente-CCO, proyecto de unificación de expresiones de disidencia dispersas en el suroccidente del país al mando de Gentil Duarte.  Para el año 2020, la situación de violencia en el Cauca se agudizó por cuenta de los múltiples enfrentamientos entre estos grupos armados, dejando como saldo alrededor de 246 violaciones a derechos humanos entre las que se cuentan 117 asesinatos selectivos. Durante el 2021, las estructuras del Comando Coordinador de Occidente-CCO se fortalecieron y extendieron su presencia a 7 municipios del Norte del departamento y  4 del Oriente. Durante el mes de marzo las acciones de estos grupos se intensificaron en el marco de la conmemoración del aniversario número trece de la muerte de Tirofijo. El 18 de marzo la Dagoberto Ramos hostigó el casco urbano de Toribío dejando como resultado un civil herido. Según habitantes del municipio, los controles armados de esta estructura se han hecho más frecuentes en zonas cercanas al corregimiento de El Palo. Dos días después, el 20 de marzo,  fue lanzado un explosivo en un control de la Policía Nacional en la vía que conduce de Santander de Quilichao a Caloto. En este hecho resultaron heridos cuatro adultos y un menor de edad. Posteriormente, el 23 de marzo circuló un panfleto con amenazas por parte de las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos hacia la guardia indígena de Caldono, el representante de la asociación de cabildos de nororiente, el coordinador del programa de derechos humanos de COTAINDOC, y líderes indígenas de  los municipios de Caldono, Morales, Corinto, Silvia y Jambaló, a quienes se le daba 42 horas para irse del territorio. El 26 de marzo, día de la conmemoración, regresaron las acciones de la Columna Móvil Dagoberto Ramos. En la mañana iniciaron hostigamientos en Caloto, los cuales desencadenaron en combates con el Ejército Nacional y generaron desplazamientos de más de 500 personas. Durante esa tarde, la Columna Dagoberto Ramos secuestró a un funcionario del CTI en El Palo, quien fue encontrado muerto dos días después en el resguardo de Tóez. Esa misma tarde del 26 de marzo, detonaron un carrobomba en la alcaldía de Corinto, dejando alrededor de 43 personas heridas. Todas estas acciones han dejado claro el fortalecimiento del Comando Coordinador de Occidente-CCO y su expansión territorial. Asimismo, pone en entredicho la capacidad de inteligencia y estrategia de las Fuerzas Armadas para contener su expansión, de hecho, según versiones en terreno, el accionar de las fuerzas se ha centrado más en la persecución de campesinos cocaleros y la represión de la movilización social derivada de los cientos de pactos incumplidos por parte del Estado y la crisis humanitaria que atraviesan nuevamente las poblaciones en su mayoría indígenas, afrodescendientes y campesinas. La disputa se expande al sur del departamento El sur del Cauca ha sufrido los impactos de la expansión del CCO. Desde el año 2018 el recién creado Frente Carlos Patiño “Patiños” incursionó en el sur del departamento enfrentándose con el ELN. Hacia el año 2020 “Los Patiños” recibieron el respaldo de la Columna Móvil Jaime Martínez para atacar al grupo guerrillero debilitado desde el año anterior por la muerte de Jorge Peñafiel, jefe financiero y militar del Frente José María Becerra, que derivó en contradicciones internas y grandes desmovilizaciones lo cual impactó en el debilitamiento del ELN como actor hegemónico, pero no de la misma manera en su capacidad bélica. Las disputas entre estos actores armados han generado, especialmente en el municipio de Argelia, confinamientos por cuenta de los constantes paros armados, aumento en la tasa de homicidios (289 por cada 100.000 habitantes mientras que el promedio nacional es de alrededor de 24), restricciones a la movilidad, desplazamientos masivos de personas de la región y expulsión mediante amenazas e intimidaciones por parte de los dos grupos armados de alrededor de 1500 personas migrantes venezolanas. Se suman a estos hechos las constantes amenazas por parte de los Patiños al alcalde de Argelia y a varios concejales del municipio, entre ellas a la representante del Corregimiento de El Plateado, Nancy Toro, quien tuvo que salir desplazada junto con su familia sin ninguna protección, no obstante, su esposo, líder social de la  Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (ASCAMTA) fue asesinado en la ciudad de Popayán tras estas amenazas. El punto más álgido de la violencia se vivió el mes pasado en el corregimiento El Plateado, pues desde el viernes 26 de marzo el ELN emprendió acciones en contra de los Patiños, quienes aparentemente estaban dominando el municipio. Ese día y por más de treinta horas la comunidad quedó en medio de ráfagas de fusil y explosiones que llevaron a que esta se confinara hasta que se llegó a una especie de “tregua”, lo que permitió que miles de personas pudieran salir, pero que se vieran obligadas a desplazarse hacia otras veredas y hacia el Coliseo ubicado en la cabecera municipal. Hasta el momento se confirman 3 personas muertas, no obstante, defensores de derechos humanos denuncian que el centro del pueblo está destruido por las balas y explosiones, además también alertan que hay muchos cuerpos tirados en las calles de integrantes tanto del ELN como del Frente Carlos Patiño que no dejaban recoger. La cifra de personas fallecidas puede llegar a 10 o más. Incluso un soldado resultó asesinado cuando el Ejército intentó ingresar al pueblo. Masacres: otro repertorio de la violencia en el Cauca Durante el año 2020 se presentaron, según cifras de OCHA, 88 masacres en el país, de las cuales 13 se concentraron el departamento del Cauca. En el 2021, según cifras de PARES, se han presentado 24 masacres, de las cuales 4 se han presentado en el departamento. La masacre más reciente se presentó el 08 de abril en el corregimiento de Mondomo, ubicado en el municipio de Santander de Quilichao, dejando un saldo de 4 víctimas: Mario Gómez, los hermanos Alirio Henríquez y Duver Enríquez oriundos del municipio de Patía (sur del Cauca), y Wilmar Pardo, arquitecto que se encontraba en la zona por motivos laborales. La información preliminar que se tiene es que las personas se encontraban en la zona realizando labores de construcción de una obra. El fenómeno de las masacres, que además se ha venido concentrando en el Cauca, es un grave indicador de la degradación de la violencia por parte de los grupos armados ilegales y así mismo una evidencia de la aguda crisis humanitaria derivada de los enfrentamientos. En ese sentido y en relación con todo lo dicho, hay que señalar que el escenario para el departamento es complejo; disputas territoriales violentas con consecuencias directas para la población civil, fortalecimiento del Comando Coordinador de Occidente disputando el control territorial con el ELN y con otros grupos armados postfarc y una institucionalidad que no responde de manera efectiva ante las necesidades acuciantes de las comunidades. De seguir así las cosas, el escenario preelectoral que se avecina sumirá al Cauca de manera más profunda en la violencia ante la mirada  impávida del gobierno nacional ¿Por qué el gobierno no actúa ante esta grave situación?, ¿por qué los grupos armados postfarc crecen en los lugares más militarizados del país?, ¿Existe algún interés de revivir la guerra en Colombia?

Por: Sergio Saavedra «Si hay pobreza y si hay necesidad ahí estarán los grupos armados, ahí estarán las mafias, la ilegalidad; y se fortalecerán si no hay atención integral por parte del Gobierno Nacional, tal como lo hemos venido planteando (…)” Éste es uno de los mensajes de Feliciano Valencia, senador por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), frente a los asesinatos, masacres, combates, desplazamientos, reclutamiento forzado y demás victimizaciones que azotan al departamento del Cauca. De acuerdo con el senador, el crecimiento de las estructuras criminales —como las denominadas disidencias de las FARC de la Columna Móvil Dagoberto Ramos— la presencia de la Fuerza pública y la presencia de gente armada en carros de alta gama paseándose por las carreteras de Caldono y del departamento; son parte del contexto en el que se registran las violaciones a los derechos humanos de las comunidades de los últimos días. *** En Pares hablamos con el senador indígena Feliciano Valencia sobre la situación de violencia en el municipio de Caldono y su llamado al Gobierno Nacional para que atienda, de una vez por todas, la grave situación en materia de Derechos Humanos que se ha recrudecido en el departamento del Cauca. Cabe recordar que en uno de los más recientes hechos: dos (2) jóvenes de 22 años fueron asesinados por hombres armados que arribaron hasta la vereda El Tablón, en zona rural de Caldono. Cristian David López Ramos y Cristian Chocué son los nombres de los jóvenes indígenas, víctimas en la noche del 10 de abril. Pares: ¿Qué se sabe de la incursión armada en la Vereda El Tablón, en Caldono? Feliciano Valencia (F.V.): La noche anterior—sábado 10 de abril— en una discoteca cuando se encontraban departiendo jóvenes indígenas fueron asaltados por hombres armados que les dispararon… que llegaron hasta ahí, a ese sitio, y en medio de la gente abrieron fuego en contra de los jóvenes. Dos (2) murieron y otro quedó herido y, por supuesto, la gente muy preocupada. Reitero, que son jóvenes indígenas y que además eran pertenecientes al resguardo de Caldono, que es territorio ancestral de Caldono. Ahora… estos hechos ocurren en un contexto de conflicto y de confrontaciones armadas, de amenazas constantes. No hay que olvidar que, a la Guardia Indígena de Caldono, hace aproximadamente 15 días, la declararon objetivo militar por parte de las autodenominadas disidencias Dagoberto Ramos, que son las que operan en esta región del departamento del Cauca. Panfleto amenazante que circula en redes Este domingo 11 de abril se presentan estos asesinatos y la ola de muerte sacudió al Norte del departamento del Cauca. Sicarios asesinaron a otro joven, en el municipio de Miranda. Esto hace parte de esta ola de violencia que está azotando diariamente a la población del Cauca. Fue una noche de muerte, nuevamente, de masacres… de asesinatos. Pares: ¿Cuál es la situación de los y las jóvenes en el municipio de Caldono? F.V.: La situación de los jóvenes de Caldono, así como la de otras regiones y municipios del Cauca, es bastante preocupante. Es bastante complicada y altamente riesgosa porque además de asesinatos, amenazas, se viene presentando reclutamiento forzado. De hecho, ahí en Caldono se han denunciado varios jóvenes reclutados por las estructuras criminales que operan en esta región, de carácter ilegal. Sumado a este panorama hay que señalar que no hay empleo, hay pobreza. Los jóvenes están acosados por los grupos armados por su presencia y se vuelve, de por sí, una situación de múltiples riesgos para nuestra juventud. En Caldono que está enclavado en las estribaciones de la Cordillera Central pasan los grupos armados, pasa el contrabando… porque en varias ocasiones la Guardia indígena ha tenido que actuar frente a presencia de gente extraña. Pasan carros de alta gama sin placas con hombres armados y pasa la cocaína, el alcaloide, por esta región. Dado que es una ruta de la economía del narcotráfico que hoy se disputan los grupos armados. El riesgo se acrecienta por la falta de alternativas, de inversión por parte del Estado colombiano, la ausencia de atención social y la falta de una política pública definida para atender a la población juvenil de manera integral. ¿Qué grupos armados operan en el municipio? ¿Cuáles son sus repertorios de violencia? F.V.: En Caldono operan las disidencias Dagoberto Ramos, opera la Fuerza Pública, Ejército Nacional y en Caldono hay puesto de Policía Nacional. Prácticamente ha estallado un conflicto, confrontación armada, de manera permanente. El crecimiento de las estructuras criminales, llamadas disidencias Dagoberto Ramos, la presencia de la Fuerza pública y la presencia de gente armada en carros de alta gama paseándose por las carreteras de Caldono y del departamento; son el contexto en el que se registran los asesinatos, nuevamente. ¿Qué mensaje envía sobre la situación de Derechos Humanos en Cauca? F.V.: Seguimos insistiéndole al Gobierno Nacional que atienda con urgencia la situación que está viviendo el departamento del Cauca. La población bastante afectada por la violencia. Está bien lo que se ha anunciado por parte del Gobierno Nacional; muchas medidas, muchos anuncios, pero se debe hacer más esfuerzo y de manera constante… permanente. Respetamos la decisión de militarizar más el departamento del Cauca, de enviar más pie de fuerza… Eso es misión del Gobierno Nacional. Sin embargo, hemos venido insistiéndole que haya inversión, que haya presupuestos, apoyo económico suficiente y permanente para superar el grado de pobreza que hay en el Cauca. Si hay pobreza y si hay necesidad ahí estarán los grupos armados, ahí estarán las mafias, la ilegalidad y se fortalecerán si no hay atención integral por parte del Gobierno Nacional, tal como lo hemos venido planteando. El Estado no puede dejar a la deriva al departamento del Cauca, el Estado no puede dejar de trabajar de manera insistente para detener esta matanza de la cual estamos siendo víctimas. Las comunidades requieren políticas públicas, robustas y con presupuestos, y con la disposición del Gobierno y su institucionalidad para superar la crisis humanitaria y social que esta viviendo el Cauca. Esperamos que los órganos de control del Estado sigan trabajando en torno a desmantelar quién está detrás de toda esta matanza, por qué se abate la violencia en el Cauca. Yo le pido a la Fiscalía General de la Nación que investigue con celeridad y rapidez para dar con los responsables y los autores intelectuales de las que estamos siendo víctimas. Algo debe estar pasando en el Cauca… no es justo que en uno de los departamentos más militarizados la muerte se campee día y noche por nuestro territorio. Caldono: un municipio que continúa resistiendo los embates de la violencia Frente a los hechos sucedidos en la zona rural de Caldono; Juan Manuel Torres Erazo, coordinador de la Oficina Pares Pacífico, señaló que “el asesinato a estos jóvenes es muy preocupante ya que —entre otras cosas— no puede ser que llegue la Dagoberto Ramos disparando así contra jóvenes… estos hechos dejan una sensación de incertidumbre para la población. La intención de menguar el movimiento indígena es tangible y está viva.” Además, precisó que “dentro de los temores principales de victimización a las comunidades tiene que ver con el reclutamiento a menores y jóvenes.” Para el investigador de Pares las disidencias de Columna Móvil Dagoberto Ramos han continuado en su avanzada de declarar la guerra al movimiento indígena. “Hay que decirlo… muchos de los integrantes de la Dagoberto Ramos son de la misma zona, que se han distanciado de los procesos indígenas. Es decir, es gente de municipios como Toribío, Caldono y Jambaló”, suscribió. Asimismo, para Torres Erazo “a pesar de que Caldono ha resistido no significa que no haya estado exento de dificultades. De hecho, geográficamente, gran parte de la vía Panamericana es Caldono que atraviesa toda esa zona de El Pital. También en el sector conocido como Pescador, que queda sobre la vía Panamericana y es el cruce hacia el corregimiento de Siberia, han ocurrido otras masacres, ha habido temas de incautación y gente moviendo armas.” El investigador Pares ha insistido en que este hecho hecho debe despertar una alerta. Además, debido a que son victimizaciones que se están desarrollando en otros sectores. Es una suerte de afirmación, por parte de la Dagoberto Ramos, de que la disputa continúa en esa intención de menguar al movimiento indígena. “En Caldono si bien mayoritariamente la presencia es de la comunidad Nasa los Misak también tienen unas tierras —sobretodo hacia los lados de Siberia— y eso ha suscitado en victimización por parte de los grupos armados”, precisó. De acuerdo con Torres Erazo “el municipio de Caldono junto con Jambaló es de esa zona nororiente del departamento del Cauca que mejor ha soportado esta etapa del postconflicto violento. Precisamente por la consolidación que ha tenido las personas en proceso de reincorporación, el movimiento indígena y las organizaciones de víctimas.” Para el investigador ha existido y existe una disposición para alcanzar la paz por parte de las comunidades ya que Caldono fue uno de los municipios más afectados del país por tomas, por ataques y por otras acciones armadas debido a la presencia de la entonces guerrilla de las FARC -EP. “Hay que Insistir en la resistencia y el trabajo de la comunidad por el proceso de paz. Un ejemplo de ello tiene que ver con que el ECTR Carlos Perdomo, ubicado en la vereda Santa Rosa en Caldono, se quede ahí. Es decir, hay una aceptación comunitaria para los reincorporados y la implementación del Acuerdo”, puntualizó. Cauca: el departamento en donde más asesinan líderes, lideresas y firmantes de la paz De acuerdo con las investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación tras la firma del Acuerdo de Paz han asesinado 110 líderes y lideresas en el Cauca. Los perfiles más victimizados son los liderazgos indígenas, campesinos, comunales o presidentes e integrantes de Juntas de Acción Comunal (JAC), comunidades negras o afrodescendientes y defensores/as de Derechos Humanos. El 70,9% de estos asesinatos se desconoce su agente perpetrador lo que sumerge la victimización en la impunidad, de acuerdo con Pares. Por otro lado, en el Cauca han sido asesinados, después de firmando el Acuerdo, a 36 personas en proceso de reincorporación. El 72% de estos asesinatos a los y las firmantes de la paz también se desconoce quién los asesinó, según Pares. Cauca es el departamento de Colombia en donde más asesinan líderes y lideresas sociales, así como de firmantes de la paz. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.»

Por: Redacción Pares Después de dos años de iniciado un proceso en contra del senador del Partido Liberal, Julián Bedoya, la Universidad de Medellín comunicó el pasado domingo, 11 de abril, una serie de decisiones tomadas a raíz de hechos que se habían venido denunciando años atrás por diversas organizaciones, entre ellas la Fundación Paz y Reconciliación. Algunas de estas determinaciones que tomó el Consejo de la Facultad de Derecho de la institución fue anular el proceso de matrícula de Julián Bedoya Pulgarín, dejar sin efecto el reconocimiento del plan de formación al que se vinculó al senador, declarar que Bedoya Pulgarín no cumple con los requisitos para optar al título de abogado y anular todos los exámenes presentados. Siguiendo lo expuesto en la resolución 008, Julián Bedoya fue un estudiante activo de la Universidad de Medellín hasta 2009, luego de ese año intentó volver a la institución por medio de reingresos, y cuando volvió a la institución, matriculó su semestre con un plan de estudios que no era el aplicable. Sin embargo, en marzo de 2019 se graduó. Con esto, también fue enviada una amonestación escrita con copia a la hoja de vida de los exempleados  profesores, Saúl Alonso Benítez Urrego, Juan Felipe Hernández Giraldo, Juan Carlos Hoyos, Yolanda Cossio, John Mario Ferrer y Julián Orlando Rendón Toro, pues el Consejo consideró que los docentes se extralimitaron al ser jurados de los exámenes del senador para asignaturas de las cuales no eran titulares. Ahora que se conocen los resultados de esta investigación, sobre los cuales León Valencia, director de Pares dijo que “tenemos una victoria contra la corrupción: la credencial de abogado del senador Julián Bedoya ha sido anulada. Con Cathy Juvinao y Trabajen Vagos movimos una argumentadla denuncia sobre hechos irregulares en la Universidad de Medellín. Seguimos vigilando políticos y funcionarios”, es necesario traer a colación algunas de las alertas que desde la Fundación se hicieron. En la lupa el senador Julián Bedoya Desde el 2018 Pares venía denunciando cuestionamientos que rodearon la campaña del senador Bedoya Pulgarín al Senado de la República, entre los que se encontraba su título profesional, el cual, como se planteaba en ese momento, estaría asociado con una serie de irregularidades que involucrarían a las directivas y funcionarios de la Universidad de Medellín. Sustentando la anterior afirmación se encontró que el ahora senador inició su carrera profesional en el primer semestre de 2001 y solicitó retiro voluntario en 2007, cuando cursaba el quinto año del pregrado. Ese mismo periodo se lanzó al Concejo de Medellín, sacó poco más de 2.000 votos, razón por la cual se fue a trabajar como asistente del concejal Juan David Arteaga, de Cambio Radical. De ahí para adelanta su paso por la universidad fue un ir y venir: en el primer semestre de 2008 reingresó al programa de Derecho, pero se retiró en el semestre siguiente. Lo mismo pasó en el 2009, pues ingresó en la primera parte del año, pero para la segunda ya  había decidió volverse a salir. Hay que recordar que para ese momento a Bedoya le faltaban 10 materias por cursar y aprobar exámenes de suficiencia, trabajo de grado, exámenes preparatorios, segunda lengua, consultorio jurídico y examen de Estado. Así pues, y luego de varios pasos políticos,  el 11 de octubre de 2018, luego de 9 años por fuera de la universidad, el Consejo Académico de la Universidad de Medellín notificó el reingreso a Bedoya en la jornada mixta correspondiente de 2018-2.Hay que señalar que uno de los condicionamientos con los que Bedoya podía solicitar el reingreso era  suscribir la matrícula en el Plan de Formación 5 – al momento del retiro estaba en el Plan de Formación 4-. Se leía en la investigación de Pares titulada ‘El favor más caro de la Universidad de Medellín (2019)’, trabajada por Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad, y Ariel Ávila, que “se entrevé que la Universidad incurrió en comportamientos irregulares al favorecer al senador Bedoya. Sin duda alguna, el derecho a la igualdad se violó con las acciones y actividades al graduarlo como abogado posteriormente, puesto que se concedieron privilegios”. Algunos de dichos privilegios tenían que ver con que desde el reintegro  hasta la presentación de requisitos para el grado se dieron de forma extemporánea. Por lo que fue necesario que desde la Fundación se enviaran una serie de preguntas sobre cómo había trascurrido el proceso académico del senador, atañidas puntualmente sobre  ¿Cuándo presentó la prueba Saber Pro? ¿Cuándo lo inscribieron, como se pagó el costo del examen, dónde lo presentó? ¿Cuándo realizó consultorio Jurídico? ¿Cuándo presentó los exámenes de suficiencia de las 10 materias que le hacían falta sin haberlas cursado? ¿Cuáles fueron las calificaciones? ¿Cuándo presentó los exámenes preparatorios? ¿Quién los realizó y cuáles fueron sus calificaciones? “En efecto, en abril de 2019 se envió un derecho de petición a la Universidad de Medellín solicitando respuesta a estas preguntas, a lo que solamente respondieron frente a las fechas de iniciación y culminación de estudios, así como la obtención de título profesional. (…)Debido a la negativa de respuestas por parte de la Universidad de Medellín, a Pares llegaron fuentes relacionadas con este caso y se pudo establecer por medio de otros canales de información oficiales y triangulando fechas y datos las irregularidades cometidas”. Algunos de esos hechos estaban relacionados, por ejemplo, con la presentación del examen Saber Pro, el cual es obligatorio para la graduación y además se puede presentar solo si el estudiante completó el 75% de los créditos académicos. Pues bien, como se sabe el ICFES establece unas fechas puntuales para el registro, recaudo y presentación; para ese año la fecha del examen era el 07 de octubre de 2018, de tal forma que la fecha extraordinaria de inscripción era del 19 al  23 de julio y la de recaudo entre el 20 y 24 de julio, haciendo la claridad que estas eran las últimas fechas por fuera  de los tiempos ordinarios. No obstante, “el día 22 de octubre de 2018, el ICFES emitió la resolución 697 en la que estableció un examen de Estado extemporáneo y adicionó la resolución 765 de 2017, en el sentido de incluir un numeral que contuviera el cronograma exclusivo para el examen extemporáneo Saber Pro y TYT 11. De ahí, que posiblemente el senador Bedoya se hubiera podido favorecer, pues en uso de sus facultades la directora general del ICFES estableció que era necesario establecer un Examen de Estado extemporáneo para su aplicación el día 18 de noviembre de 2018”. Lo problemático con esta resolución fue que benefició al senador, incluso sin cumplir las condiciones con las que el recurso permitía presentar en noviembre el examen. Dichos requerimientos, todos, tenían que ver con que se hubiera hecho la inscripción en las primeras fechas y que por distintos motivos –establecidos en el documento- no se hubiera podido presentar el examen en octubre. “Él fue notificado de su reintegro hasta el día 11 de octubre, razón por la cual el pago de la matrícula extraordinaria para formalizar su reingreso no coincide en absoluto con los requerimientos para presentar el examen Saber Pro. Aun así, cabe indagarse sobre la responsabilidad del rector Néstor Hincapié de haber permitido esta inscripción, a todas luces ilegal; la de la secretaria académica Yolanda Cosio; el decano de la facultad de Derecho, Francisco Valderrama; Esperanza Restrepo, secretaria General de la Universidad y Juan Felipe Hernández, subsecretario general de la universidad”, se lee en la investigación. A todo esto se sumó otra serie de controversias con lo que debía cumplir el senador antes de recibir su título. Estas tenían que ver, por ejemplo, con los exámenes de suficiencia, los exámenes preparatorios, el examen especial y el trabajo de grado. La Fundación Paz y Reconciliación en dicho momento investigó cuántos días había tenido el senador para cumplir sus deberes académicos, partiendo desde la fecha de reingreso, hasta el último día para cumplir con los requisitos de grado -01 de febrero-,  teniendo en cuenta los fines de semana y festivos, las sesiones del Congreso, y las vacaciones de la Universidad de Medellín: “Según el calendario realizado por Pares, luego de triangular fechas e información, se establece que el senador Bedoya tuvo 28 días hábiles disponibles para graduarse en tiempo récord. Y, aunque se encontró que el examen de Estado es a todas luces presuntamente ilegal y que los exámenes de suficiencia no corresponden a los niveles educativos exigidos a los estudiantes del común en la Universidad, aún quedan interrogantes sobre la realización de su trabajo de grado, consultorio jurídico, el examen especial y los 5 exámenes preparatorios”. Lo que va hasta ahora Luego de estas y otras investigaciones, en las que también están las realizadas desde Trabajen Vagos, por ejemplo, la Procuraduría en 2019 le formuló cargos al senador, sobre los cuales Bedoya pidió nulidad y luego interpuso una tutela que resolvió la Corte Suprema en octubre de 2020, en la que decidió continuar con el proceso. También, en ese mismo año, la Fiscalía lo citó a imputación de cargos por falsedad en documento público al entonces rector de la Universidad de Medellín, Néstor Hincapié Vargas; a la secretaria académica de la Facultad de Derecho, Yolanda Cossio; al subsecretario general de la Universidad, Juan Felipe Hernández; y a los profesores John Mario Ferrer Murillo, Juan Carlos Hoyos, Saúl Alonso Benítez, Julián Orlando Rendón y Paola Andrea Cataño. Adicionalmente, ahora que todas las alertas y denuncias dieron un paso importante, hay que decir que tras la decisión de la Universidad de Medellín, que se basó en revisiones previas de más de 3.000 archivos hechas por la Comisión Tercera de Asuntos Disciplinarios de la Udem, de donde además salió una investigación institucional en la que una de las peticiones era retirarle el título a Julián Bedoya por encontrarlo culpable de fraude –solicitud que el 11 de abril de 2021 se resolvió-, el senador, una vez conocida la decisión, comunicó que apelará esta determinación, lo que deja a el proceso en manos del Consejo Académico de la Universidad, y, de ratificarse, se interpondría una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado.

Por: Walter Aldana Más de 9 millones de víctimas ha dejado las últimas seis décadas de conflicto armado, doce hechos victimizantes reconoce Ley 1448 de 2011, además se han expedido dos decretos étnicos, que dan cuenta de su aplicación con los afros e indígenas. Pero de manera asombrosa el Congreso de la República se rasga las vestiduras este 9 de abril, ellos que aprobaron la iniciativa del Ejecutivo, con tan solo una duración de 10 años y ahora en su ampliación, algunos,  pretenden recortar aspectos como el ejercicio de real participación de las y los voceros de las víctimas. La palabra empeñada del Estado a través del gobierno Santos y con fuerza constitucional, reconocía en el acuerdo firmado con las Farc, el derecho a ocupar las víctimas 16 curules, aspecto negado por este gobierno y este mismo parlamento. En el Cauca se realizó el Congreso de Víctimas del Conflicto Armado en el 2018 convocado por la mesa departamental, y en él se construyeron propuestas y acciones de incidencia frente a la cooperación internacional, las entidades gubernamentales y de contenido para una nueva ley. Aquella vez también se miraron hacia adentro, reconocieron sus fortalezas y descubrieron sus debilidades. Quedó claro  que la legalidad está en la ley, los decretos, y la institucionalidad formada para atenderlos, por cierto, con muy pocos resultados: en sus 10 años solo a 900 mil personas, es fácil deducir que a este ritmo se gastarán 100 años para atender los 9 millones de víctimas. Igualmente, el Congreso dijo que frente a la “paquidermia institucional” se deben fortalecer los procesos de organización: asesinados, desaparecidos desplazados, amenazados, etc, ello garantiza la exigibilidad de derechos sin ser revictimizados, construyendo una  legitimidad; vocera de los hombres y mujeres golpeados por el conflicto armado. Legalidad versus legitimidad, ahí sí se puede decir que se conmemora desde los afectados y no por los victimarios.

Por: Luis Eduardo Celis Bertrand Russel se opuso a la primera guerra y por su pacifismo terminó en la cárcel, cuando había recorrido una vida larga y visto los estragos de las dos guerras mundiales en Europa y otras latitudes y con 94 años de edad, tuvo la fuerza para convocar un tribunal ético para juzgar los crímenes cometidos por los Estados Unidos contra el pueblo de Vietnam, en esta actuación de decencia y dignidad lo acompañaron entre otros Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Lázaro Cárdenas y Julio Cortázar, junto a intelectuales y juristas de África, Asia y de los mismos Estados Unidos. En la inauguración del Tribunal que fue convocado en 1966 y sesionó en 1967 en Estocolmo y Copenhague, Russel dijo: “No representamos a ningún poder del Estado, no disponemos de medios para obligar a los responsables de la política que origina los crímenes cometidos contra el pueblo vietnamita a comparecer ante nosotros en el banco de los acusados… Nos es imposible dictar sentencias ejecutorias”, y en ese mismo discurso trazó una línea ética para levantar la voz ante el atropello y la injusticia: “Creo que tenemos derecho a concluir en la necesidad de reunir un Tribunal solemne, integrado por hombres eminentes, no por su poder, sino en virtud de su contribución intelectual y moral a lo que se ha convenido en llamar, de un modo optimista, civilización humana» Russel murió en 1970 y ese gran ejemplo de fuerza ética se ha mantenido hasta nuestros días, juzgando dictaduras y regímenes totalitarios. Luego de Vietnam, el tribunal sesionó sobre las dictaduras del cono sur y es larga la lista de países que han pasado por este ejercicio de darle visibilidad y voz a quienes han sufrido atropello y ultraje, y Colombia no está fuera de esta lista, desafortunadamente. Hermanado con este ejercicio de juzgar de manera real y simbólica, está el Tribunal Permanente de los Pueblos, fundado por el Jurista Italiano Lelio Basso, quien participó como juez en el tribunal que sesionó en 1967 y que en varias oportunidades ha sesionado en Colombia, por invitación del importante movimiento de derechos humanos colombiano, hoy agrupado en la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la principal plataforma de exigencia y seguimiento a los temas de Derechos Humanos. La última semana de marzo el Tribunal Permanente de los Pueblos sesionó en Colombia, juzgando al estado colombiano por genocidio político, crímenes contra la paz e impunidad, en el desarrollo del juicio, que sigue manteniendo su talante de referente ético y de levantar la voz ante hechos tan graves, los jurados entre los que se encontraba Michael Frost, quien fue relator de la ONU para la situación de los Defensores Humanos hasta el 2020 y tuvo la oportunidad de presentar informes sobre la delicada situación que viven en Colombia quienes trabajan por la protección y defensa de los derechos humanos, igualmente estuvo Daniel Feierstein, de nacionalidad Argentino y quien ha desarrollado una rigurosa reflexión sobre las dinámicas y formas que han tomado las prácticas de genocidio. El grupo de jurados escuchó por tres días los casos documentados donde se muestra como en Colombia se han dado practicas sistemáticas de agresión a comunidades, a territorios, a identidades políticas, todo eso está en nuestra historia republicana, hubo genocidio contra los Gaitanistas, contra los maestros, contra los comunistas y su liderazgo en la Unión Patriótica, contra los indígenas, campesinos y ambientalistas, y hay en curso un genocidio contra los líderes sociales, contra los excombatientes de las FARC, que han firmado un acuerdo de paz, con toda esta documentación, con una realidad que nos ha golpeado duramente y nos sigue golpeando, el veredicto del grupo de jueces fue claro y contundente: el estado colombiano es culpable de genocidio. Esta precaria democracia tiene muchos crímenes encima, y bien por quienes han liderado este tribunal, que nos recuerda con detalle, argumentos y documentación que hay muchos crímenes de estado por mantener en la memoria y juzgar así sea desde un referente ético a los responsables.

Por: Julián Martínez. Periodista Pares. La Justicia Especial para la Paz (JEP) corroboró que el horror y la inhumanidad de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” es aún peor de lo que pudo llegar a imaginar. La JEP reveló que 6.402 personas fueron asesinadas por el estado colombiano entre los años 2002 y 2008. Este genocidio fue cometido en el marco de una estrategia sin antecedentes a nivel mundial consistente en disfrazar a civiles muertos para presentarlos como guerrilleros caídos en combates contra el Ejército y así se quiso hacerle creer al país que las FARC estaban siendo derrotadas. Esta práctica criminal y estatal de los “falsos positivos” marcó los dos períodos presidenciales y la política de “seguridad democrática” de Álvaro Uribe. El escándalo por estos homicidios, en su mayor parte de jóvenes y niños inocentes, estalló el 28 de septiembre de 2008, cuando once madres de desaparecidos en enero de ese año en Soacha, Cundinamarca, denunciaron que sus hijos, inicialmente reportados como bajas guerrilleras en combates, fueron asesinados por miembros de las Fuerzas Militares en una zona rural de Ocaña, Norte de Santander, a 635 kilómetros de sus hogares. El reclutamiento y la desaparición forzada habían sido denunciados en la Presidencia de la República tres meses antes de esta rueda de prensa, a finales de julio de 2008, por el entonces personero de Soacha, Fernando Escobar, quien se reunió con el asesor presidencial José Obdulio Gaviria para explicarle los hechos, pero no sirvió para nada. En 2008, la Fiscalía documentó que 728 miembros de las Fuerzas Militares estaban vinculados a procesos penales por “falsos positivos”, 42 de los cuales ya habían sido condenados. La Procuraduría, por su parte, reportaba que 2.878 militares estaban siendo procesados disciplinariamente por homicidios en persona protegida. Lo que indicaba que la situación de derechos humanos no había mejorado, sino que empeoraba en el marco de esa política de “seguridad democrática”, tal y como lo habían advertido organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la alta comisionada para los derechos humanos. El acto inaugural de la política de “seguridad democrática” se hizo en el Batallón La Popa, ubicado en Valledupar, capital del departamento del Cesar, el 19 de agosto de 2002 con presencia del presidente Álvaro Uribe y la ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez. En esa unidad militar se planearon, ejecutaron y encubrieron al menos 146 ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 y 2005, que hoy la Justicia Especial para la Paz, JEP, está documentando, y juzgando a los protagonistas de estos escabrosos hechos. Las recompensas del horror La directiva 029 del 17 de noviembre de 2005 emanada por el entonces ministro Defensa y ex embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina, que avalaba el pago de recompensas a quien capturara o diera de baja a guerrilleros, tuvo consecuencias escabrosas. Esta directiva, que tiene 15 páginas, establecía pagos de la siguiente manera: 5 mil millones por jefes máximos de las FARC; 3 millones de pesos por mandos medios y guerrilleros de bajo rango; 3 millones de pesos por ametralladoras punto 60; 1.000 pesos por tiros de fusil; 700 pesos por tiros de revólver; 1.7 millones por integrantes de estructuras. Era una política institucional que fijaba un estímulo por la muerte de guerrilleros, pero en la práctica esta política de recompensas se convirtió en el horror. Así lo demuestran las escandalosas revelaciones sobre los desaparecidos de Soacha en 2008, a las que se fueron agregando noticias sobre casos similares a lo largo y ancho del territorio nacional. Una política que incentivó actividades criminales por parte de los miembros de la Fuerza Pública. En 2015, José Miguel Vivanco, director para Américas de Human Rights Watch, dio a conocer un informe en el que señalaba que las ejecuciones extrajudiciales en Colombia llegaban a 4.500 víctimas. A pesar de las advertencias, las denuncias y los procesos judiciales de violación de derechos humanos, el entonces mandatario llamó la atención de la comunidad nacional e internacional en el sentido de que, con el propósito de intentar paralizar la acción de la Fuerza Pública en diferentes regiones del país, se recurría a “falsas acusaciones”. Uribe lo dijo una y otra vez, delante del escuadrón militar. El gobierno había elaborado una estrategia mediática para proteger a los oficiales, suboficiales y soldados acusados de estos crímenes y presentarlos como víctimas de una campaña de desinformación fabricada por las FARC. Uribe y Santos creían que esas denuncias eran exageradas y no quería aceptar la realidad del horror. A los abogados de las organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales que estaban investigando y denunciando las ejecuciones extrajudiciales de campesinos en las regiones, que eran presentados como guerrilleros muertos en combates con el Ejército, los estaban espiando de forma ilegal con el objetivo de vincularlos con la guerrilla y así desacreditar su trabajo por las víctimas. Desde Londres, Amnistía Internacional señaló que a partir del proceso de desmovilización de los jefes paramilitares en 2003 había aumentado los informes de ejecuciones extrajudiciales, llevadas a cabo directamente por Fuerzas de Seguridad. En 2007, se tuvo noticia de alrededor 330 ejecuciones (a manos de militares), frente a unas 220 anuales en el periodo 2004-2006, 130 en 2003 y alrededor de 100 en 2002. En conclusión, en el exterior se sabía lo que Colombia ignoraba o minimizaba.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Durante el fin de semana, en los primeros días del cuarto mes del año, se informó que en Circasia, Quindío y La Plata, Huila habían sido cometidas dos masacres, una en cada municipio. La primera de estas ocurrió el viernes santo en la vereda La Esmeralda, del municipio La Plata, a donde cuatro hombres en motocicleta, habrían llegado al lugar de los hechos, disparando a los integrantes de una familia. Las víctimas fueron identificadas como: Luis Eliber Quintero Trujillo de 55 años de edad, Ricardo Quintero Quintero de 32 años y Luis Quintero Quintero de 29 años, sobre quienes se informó que se dedicaban a labores de agricultura. Solo dos días después, el domingo en la madrugada,  fue comunicado que en el barrio La Esmeralda en el municipio de Circasia, Quindío, fueron asesinados/as al ser impactos por arma de fuego: Paola Andrea Carmona Marín de 27 años, Deiby Julián Carrión Arroyave de 23, Andrés Felipe Grajales Franco de 27 y Julio Cesar Ossa Lizcano de 21. Además, en este hecho otras tres personas identificadas como Estiven Mijares Banderas, Steven Leonardo Quiroga Valencia, y Gabriela Camacho, quedaron heridas. Sobre estos dos hechos se decidió, por un lado, en el municipio huilense, llevar a cabo  un consejo de seguridad con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente, se aseveró que serán mayores los patrullajes rurales por parte de la Policía y el Ejército y se han dispuesto unidades especializadas de Investigación Criminal y de Inteligencia Policial con el fin de recopilar elementos probatorios y evidencia para la investigación. Asimismo, en Circasia fue realizado un consejo de seguridad, y horas después de este fue comunicado que en la ciudad de Armenia habían sido capturadas dos personas presuntamente responsables de la masacre, de la que además la Fiscalía afirmó que se habría generado por un enfrentamiento de las organizaciones de Los Ibéricos, también conocida como Trilogía de Circasia, y la organización de alias El Nene de Montenegro, ambas relacionadas con el tráfico de drogas en el departamento. Cauca: un foco de violencia A la fecha el departamento del Cauca es uno de los que más reportes de masacres tiene durante el año: en total ya son cuatro los hechos cometidos en este departamento, que a su vez fue también uno de los más violentos durante el 2020. Al 08 de abril, en el Cauca, han sido 13 las personas que han asesinado en este tipo de casos, los cuales han ocurrido en Popayán (18 de enero),  Argelia (4 de febrero), Inza (06 de febrero) y Santander de Quilichao (07 de abril). En efecto, luego de un mes en el que no hubo denuncias por este tipo de sucesos, de nuevo desde el Cauca llega una noticia de este tipo, pues en la noche del miércoles en la vereda el Cascabel, ubicada en el corregimiento Mondomo, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao fueron asesinadas cuatro personas; tres en el lugar de los hechos y una mientras era trasladada a un hospital de la zona, además otra más resultó herida y permanece hospitalizada en el centro asistencial del municipio. La masacre se dio luego que hombres armadas llegaran hasta una finca de la vereda, en donde propinaron indiscriminadamente disparos a las víctimas, tal fue la gravedad que uno de los médicos que se refirió a los hechos públicamente, indicó que la víctima que falleció en el centro hospitalario, identificada como Alirio Enrique Gaviria, había recibido siete impactos de bala. Por otra parte, se ha indicado que todavía los cuerpos de las otras personas que fallecieron permanecen en la morgue para el proceso de identificación. Adicionalmente, a medios locales el gobernador del departamento, Elías Larrahondo, informó que durante el día jueves se realizaría un consejo de seguridad, el cual, en efecto se realizó el 08 de abril y en él se llegaron a las determinaciones de ofrecer 50 millones de pesos para quienes dieran información respecto a los responsables de esta acción. Asimismo, otra de las afirmaciones que salieron de este espacio en el que participaron la Policía, el Ejército, el secretario de gobierno departamental y la Alcaldía municipal, fue que el hecho se dio presuntamente por retaliaciones entre grupos delincuenciales. Respecto a esto un líder del municipio perteneciente a la ANUC le dijo a Pares que “cada que hay una masacre en la región se realizan estos consejos, sin embargo, nunca hemos visto resultados, ni estrategias eficaces, lo que ha llevado a que hasta el momento no haya ningún resultado positivo relacionado con la situación de seguridad. Desde la ANUC rechazamos este hecho, que además se hizo en territorio campesino, contra personas que trabajaban desde la ganadería; no sabemos si estaban relacionadas con negocios ilícitos, como se dijo desde el consejo de seguridad”. Por otro lado, desde la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca – ACONC, la Asociación de Cabildos indígenas del Norte del cauca – ACIN y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos- ANUC, se puso sobre la mesa la preocupación que hay a causa de la escalada de violencia que se vive en la región. Según la información presentada por las organizaciones, desde el 2019 hasta la fecha en el Norte del Cauca se han cometido 213 homicidios, 826 amenazas, 68 atentados, 16 masacres y 125 combates entre grupos armados ilegales. Justamente sobre esto último hay que señalar que según investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, finalizando el 2020 se tenía conocimiento de las presencia de las columnas de las disidencias de las Farc Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y la Segunda Marquetalia, así como del Frente Arley Peñaranda Ramírez del EPL y la Compañía Milton Hernández del Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN. Este panorama ha llevado, como contó el integrante de la ANUC, a que “la comunidad en este momento tenga mucho temor porque no se sabe qué pueda pasar”, situación que puntualmente en el municipio donde ocurrió la masacre se ve acentuada con algo particular, pues a pesar que esta no es una zona donde proliferen  los cultivos de uso ilícito, el líder afirma que en el último año estos han aumentado; “situación que nos preocupa, pues sabemos que con esos cultivos llegan actores que vienen a crear zozobra y delincuencia, así como a hacer mayor el medio”. “Hay veredas donde la gente está tumbando el café por sembrar coca, lo que ha hecho que estos cultivos estén aumentando de forma muy rápida, pues incluso la misma situación económica acentúa esta situación. No sabemos, con todo esto, en qué momento se va a estallar esta olla pitadora, pues realmente esta situación se nos está saliendo de las manos”, agregó. 2021: las masacres como un leño encendido Han pasado 98 días del año, 98 días en los que por lo menos semanalmente se han presentado hechos de violencia relacionados con casos como desplazamientos forzados, amenazas, asesinatos, instalación de minas antipersonal y masacres –esto entre un amplio repertorio de violencia-. Justamente estas últimas han estado bajo una especial atención, pues la situación ha sido tan crítica que recuerda los años más violentos del país. A hoy, con estos primero 98 días ya son 95 las personas que han sido asesinadas en este tipo de victimizaciones. En este sentido hay que decir que se han cometido 24 masacrse en lo que va del 2021, las cuales han ocurrido en  Antioquia (4), Atlántico (1), Caquetá (2), Cauca (4), Huila (1), La Guajira (1), Nariño (4), Norte de Santander (1), Putumayo (1), Quindío (1) y Valle del Cauca (4). Una de las interpretaciones de este panorama es que teniendo como referente un año tan violento como lo fue el 2020, en el que según datos del Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios se cometieron 88 masacres, en lo que va de este año se estaría hablando que han tenido ocurrencia más de una tercera parte de las masacres del 2020, por lo que sigue siendo una urgencia que se tomen medidas eficientes, insistencia que se ha hecho desde diversas organizaciones, así como desde sectores regionales, que son quienes mayormente han estado afectados con este panorama.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El 28 de abril vuelve la protesta social a las calles, y con esto hay que recordar que ha sido un año extraño para la movilización. Un año que vino justo después de un levantamiento social que se demostró en las calles en el último mes del 2019 y los primeros de 2020, donde fue la indignación e inconformismo con la gestión de Iván Duque lo que resaltó, pues para ese momento – y sin cambiar mucho a la fecha- había una preocupación general a causa de contextos como los constates asesinatos de líderes, lideresas sociales y firmantes de paz, así como la incertidumbre que había a causa de la posible reforma laboral, pensional y tributaria. Con estos motivos desde el 21 de noviembre de 2019 y hasta febrero de 2020 se realizaron, al menos, 24 jornadas de Paro Nacional. No obstante, la fuerza con la que venía la movilización social fue atravesada por la emergencia sanitaria mundial a causa del Covid-19, lo que como primera consecuencia tuvo la limitación de transitar el espacio público, medida que ponía restricciones a la protesta. Sin embargo, hay que recordar que con marzo y la implementación de dichas reglas, aun con lo paradójico, para muchas personas la forma de exigir garantías fue justamente saliendo a las calles, pues desde la primera semana del aislamiento preventivo obligatorio fue evidente que eran miles las familias que se estaban quedando sin qué comer, lo que seguramente hasta este momento, es una de las problemáticas más duras que ha dejado ver y ha acentuado la pandemia. Esto, entre otros muchos motivos, se ha dado porque en un país como Colombia cerca del 48.7% de personas, según cifras del DANE, viven de la informalidad, y el no poder salir representaba no tener cómo solventar gastos básicos, como el de la alimentación. Lo que fue generando que las calles volvieran a ser escenarios de protesta, incluso cuando el mandato era el famoso Quédate en casa. De ahí en adelante hubo varias manifestaciones, incluso las fachadas de las casas también se convirtieron en escenarios de denuncia con los trapos rojos que hacían evidente en qué casas había hambre, lo que poco a poco, por lo menos hasta mayo, se convirtió en parte del paisaje. Sin dejar de mencionar que en estos meses en las cárceles del país también se presentaron varias actividades de protesta tanto por personas privadas de la libertad, como por sus familiares, incluso, hay que recordar, que en la realizada el 21 de marzo ante las pocas garantías que se les estaban dando a los/as reclusos/as para la mitigación de contagio de Covid 19 fueron asesinadas, por lo menos, 23 personas. Así las cosas, y con un contexto social cada vez más afectado, el 15 de junio de 2020 volvió la movilización social en el marco del Paro Nacional a las calles, esta vez bajo puntos de exigencia relacionados con los abusos policiales en medio de la cuarentena, los asesinatos a líderes y lideresas y la corrupción en tiempo de pandemia. En septiembre, luego de un primer pico del virus, y tras el asesinato de Javier Ordoñez, de nuevo se reactivó la protesta social, esta vez en rechazo al abuso policial que ha sido ‘ un pan de cada día’. Este caso llevó a un estallido social donde fue transversal la exigencia de la reforma a la Policía, pero a su vez y dando más peso a la dicha solicitud, en este mismo escenario de manifestación fueron asesinadas otras 13 personas en barrios de Bogotá y Soacha donde se realizaban jornadas de protesta durante el 09 y 10 de septiembre, la mayoría jóvenes entre los 20 y 25 años. Esta reactivación, además de reafirmar todo lo que por más de un año se había estado pidiendo, también llevó a que el Paro Nacional volviera a estar dentro de la agenda nacional, y así en lo que fue el 21 de octubre y el 19 de noviembre se llevaron a cabo jornadas, donde por ejemplo dentro de las peticiones se sumaron unas específicamente relacionadas con los efectos de la pandemia, como lo fue la implementación de una renta básica y la insistencia en la matricula cero asumida desde el Gobierno Nacional. Adicionalmente, entre estas fechas también hubo otros actos como la Minga del Suroccidente y la Peregrinación por la Vida y la Paz de los y las firmantes de la paz. 28 de abril: el día que sigue para el Paro Nacional Ha pasado más de un año desde la primera movilización del Paro Nacional, se llevan más de 365 días en los que desde las calles se han hecho peticiones concretas al Gobierno Nacional, sin embargo, a la fecha poco ha pasado, por el contrario las exigencias toman fuerza, pues todos los panoramas parecen agudizarse con el tiempo. Siendo así desde sectores sindicales, centrales obreras del país, comunidades indígenas del Cauca, y organizaciones campesinas y populares se convocó a una nueva jornada de Paro Nacional el próximo 28 de abril, con un motivo principal: el rechazo a la reforma tributaria que presentará el Gobierno de Iván Duque al Congreso, con la cual se pretende tener un recaudo mínimo anual de 25 billones de pesos a través, principalmente, del aumento del impuesto al valor agregado (IVA) y del cobro de renta a personas naturales. En relación con lo anterior hay que señalar que productos como el azúcar, chocolate, harina de maíz, pastas, sal, cereales, salmón, pulpo, nueces, carnes frías y embutidos, que pagan hoy el 5 %, pasarían al 19 %, así como la sal y el azúcar. Además, quienes ganen más de dos millones y medio al mes pagaran impuesto de renta. Esto en medio de una crisis económica que ha afectado a las familias más vulnerables y con ingresos más reducidos es crítico, pues justamente como se mencionaba al inicio de este texto, una de las consecuencias más graves de la pandemia ha sido el hambre, que además está atravesada por otros escenarios como el desempleo que se ubicó en 15,9% en 2020, lo que significa un aumento de 5,4 puntos porcentuales más frente al 10,5 % de 2019, y el índice de pobreza extrema que se estimaba subiría a 14,3% en 2020, desde el 10,9% registrado en 2019. Siendo esto así, esta es una de las razones principales por las que se convoca a Paro Nacional, pues, además, hay que recordar, que aunque se ha insistido en la implementación de un renta básica desde hace un año, a la fecha no se ha dado mayor paso, pues lo que se ha impulsado son entregas económicas como el Ingreso Solidario, que a todas luces es insuficiente para suplir las necesidades básicas de una familia promedio. Recordemos que dicho ingreso es de 160.000 pesos, lo que significa que en un núcleo familiar de 4 personas esto representa que a cada uno/a le corresponden cerca de 1.300 pesos diarios. Pero este no es el único panorama, pues varios de los puntos del pliego de peticiones movido desde el 2019 todavía no tiene avances, por ejemplo, solo en lo que va del año, según el sistema de información Sipares, se han registrado, al menos, 31 asesinatos de líderes y lideresas sociales, mientras que a la fecha han sido 23 las masacres cometidas. Lo que demuestra una escalada de la violencia, evidenciada además en hechos como desplazamientos forzados, que siguiendo los datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, al menos, 22.438 personas se han visto afectadas por estos casos; 10.714 en desplazamientos masivos intramunicipal, 10.638 en desplazamientos masivos interveredal, 360 en desplazamientos masivos intermunicipal, 303 en desplazamientos masivos interdepartamental , 276 en desplazamientos individuales y 147 en desplazamientos masivos intradepartamental. Así como de instalación de minas antipersonal, amenazas, confinamiento, desaparición, que en la mayoría de los casos han tenido relación con grupos armados ilegales, que desde la posesión del presidente Duque han venido fortaleciéndose; según investigaciones de Pares, los Grupos PostFarc o Disidencias, el ELN y los Grupos Armados Organizados, casi que doblaron su presencia armada territorial en los últimos dos años. Los Grupos Armados PostFarc pasaron de operar en 56 municipios en 2018, a 113 a agosto de 2020. El ELN pasó de estar en 99 municipios a más de 160 en 2020, y el Clan del Golfo opera en algo más de 200 municipios actualmente. Así que lo que se suman son razones; razones desde las regiones, desde las ciudades, desde los municipios, los barrios, pues hay millones de personas esperando acciones efectivas del Gobierno actual, acciones que no han llegado, mientras la violencia tanto por actores ilegales, como legales sigue siendo el día a día. ¡A las calles otra vez!