Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado 05 de abril el expresidente Juan Manuel Santos se reunió en un conversatorio virtual con el magistrado Danilo Rojas, de la Sección de Apelación del Jurisdicción Especial para la Paz, organismo que organizó el espacio ‘Conversemos sobre justicia transicional’, en el que se habló sobre el libro La Batalla por la Paz escrito por el expresidente Juan Manuel Santos y publicado en 2019. En el espacio se dio paso para hablar sobre lo que fue la gestión del expresidente puntualmente en relación con lo que fue el Acuerdo de Paz, puntualmente sobre esto hizo una primera referencia respecto a un encuentro entre víctimas y victimarios de la guerra de Sudáfrica, del cual luego tuvo la posibilidad de hablar con Nelson Mandela, y, en sus palabras, “entendí la importancia de las víctimas, de la verdad”. Además agregó sobre el tema que: “(…) este proceso de paz fue para terminar la guerra con las Farc, infortunadamente con el ELN no se logró lo mismo aunque avanzamos muchísimo, estuvimos a punto de firmar un cese al fuego antes de salir del Gobierno, pero un vocero del actual Gobierno fue a decirles a los del ELN que no firmaran ese cese con ese gobierno del momento, sino con el próximo. El ELN creyó ese mensaje, no firmó conmigo y miren dónde estamos”. En este punto es necesario recordar que en febrero de este año a través de Blu Radio, el senador Iván Cepeda aseguró que el exvicepresidente Angelino Garzón se reunió con el ELN con el fin de frustrar un alto al fuego. Expresó «que el señor comisionado Miguel Ceballos explique por qué se envió a una persona, sin ninguna autorización, a hablar con el ELN antes de que se posesionara el Gobierno. ¿O eso no tiene relevancia?». Lo anterior era necesario traerlo a colación, pues justamente después del conversatorio en el participó el expresidente se realizaron varias afirmaciones relacionadas con lo que hace algunas semanas había dicho el senador Iván Cepeda. Estas fueron pronunciadas por el también senador Roy Barreras y el analista político y director de la Fundación paz y Reconciliación, León valencia, quienes aseguraron que, en efecto, fue Angelino Garzón quien impidió que continuaran los diálogos y se pudiera llegar a un cese al fuego. Por su parte el analista a través de su cuenta de Twitter aseguró que: “Dice Santos que estuvo a punto de firmar un acuerdo de cese al fuego con la guerrilla del ELN, pero un vocero del gobierno de Duque lo impidió, tengo por cierta esta información y la versión de que fue Angelino Garzón quien llevó a cabo esta deleznable tarea”. Además, al respecto por medio de Caracol Radio aseveró que también había “escuchado que una persona muy allegada al gobierno de Duque le había dicho al ELN o le había mandado a decir al ELN que Duque consideraba que podía ser un desplante para él que pactaran con el Gobierno de Santos; que se esperaran que apenas asumiera el Gobierno se podría adelantar eso e iniciar un proceso de paz. Esa versión se la oí a varias personas, entre ellas al monseñor Darío Monsalve”. Adicionalmente, es necesario nombrar que el analista también afirmó que en ese momento, antes de que terminara el periodo de Juan Manuel Santos, por conversaciones que tuvo Valencia con funcionarios del gobierno y miembros de la guerrilla, conoció que el cese al fuego era posible, los diálogos estaban adelantados en casi un 80%. “Habría sido importante comenzar el gobierno de Iván Duque con un cese bilateral del fuego con el ELN, pues quizá no estuviéramos en lo que estamos ahora; el ELN está creciendo, está desarrollándose en muchos territorios del país, especialmente en la frontera con Venezuela y en el Pacifico, mientras no hay un proceso de paz. Estamos en el peor de los escenarios: no hay golpes ni ataques al ELN, ni tampoco un proceso de paz”. Justo con esto es necesario nombrar que según investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación en el marco del crecimiento que tuvieron los grupos armados ilegales en Colombia durante el 2020, el ELN pasó de estar en 99 municipios a más de 160 durante el año pasado. Por otro lado, tanto el ex vicepresidente, como el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, negaron la supuesta autorización para que Angelino Garzón sostuviera reuniones con el grupo ilegal para ese proceso. Adicionalmente, Angelino Garzón dijo que a Cuba no va desde el octubre 2011, sin embargo León Valencia advirtió que una de las posibilidades es que Angelino truncó el cese al fuego desde la ciudad de Cali. Un panorama de lo que pasado con el ELN en los últimos años Una de las conclusiones de León Valencia es que “siempre que se dejan leños prendidos, éstos incendian otra vez al país; un leño prendido era el ELN y había que apagarlo y no echarle gasolina como se hace ha hecho”, y es que justamente, como se mencionaba más arriba, uno de los grupos que más ha crecido con la llegada de Iván Duque a la presidencia ha sido el ELN, el cual está constituido por los Frentes de Guerra Norte, Oriental, Darío Ramírez, Central, Occidental, Suroccidental y Nororiental, los cuales operan en 17 departamentos del país a través de más de 3.000 guerrilleros alzados en armas. Además de su crecimiento en presencia en el país, también han resaltado por el incremento en acciones victimizantes; se les relaciona con hechos de desplazamiento forzado, confinamiento, reclutamiento forzado, restricciones de movilidad, amenaza, secuestro e instalación de minas antipersonal –reseñando o que está sucediendo en zonas como Frontino (Antioquia) y los resguardos indígenas Río Murindó y Río Chageradó, donde varios indígenas han resultado heridos por la explosión de estos artefactos, y miles permanecen confinados por el miedo que ha generado la instalación de minas en sus territorios, hechos relacionados principalmente con el ELN-. Con todo esto, una de las cosas que se pueden ver es la poca disposición del Gobierno Nacional de avanzar en diálogos con el ELN, que además de demostrar que Iván Duque y sus políticas de seguridad están perdiendo la batalla con los grupos armados en los territorios en los que históricamente hizo presencia la otrora guerrilla de las FARC –EP, también siguen poniendo a la población, sobre todo de las zonas con mayor presencia de este grupo guerrillero, en un riesgo constante, riesgo al que muy poca atención se le ha puesto. #PazEnRiesgo

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. “Yo no exigí bajas, exigí operaciones. Nadie puede decir que el general Montoya mandó a matar ni que me enteré que habían matado. Nunca. Para mí los que cometieron eso (falsos positivos) son unos cobardes. (…) Fue terrible. ¿Cómo así que se tenía que reportar un número determinado de bajas para dar una condecoración? Eso fue una equivocación” fueron algunas de las palabras dichas por general en retiro Mario Montoya, excomandante del Ejército Nacional ante 41 víctimas a quienes sus familiares —hijos, hermanos, sobrinos— los asesinó el Ejército Nacional para ser pasados como bajas en combate. Montoya se exculpó de su papel y señaló que los soldados que cometieron estos crímenes lo hicieron “por falta de capacitación”. Insistió en que la determinación provino del entonces presidente Álvaro Uribe y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Tanto Montoya, como Uribe y Santos son señalados por las victimas por su papel determinador en los crímenes. La ausencia de verdad por parte de excomandantes del Ejército, ministros(as) —también como Marta Lucía Ramírez— y el expresidente Uribe; configuran la afrenta en contra de las familias de por lo menos 6.402 personas que fueron asesinadas por el Ejército Nacional. *** Jacqueline Castillo, representante legal de las Madres de Víctimas de Falsos Positivos (MAFAPO), desde el pasado 26 febrero de 2020 ya había denunciado a través de la Fundación Paz y Reconciliación— PARES que en la audiencia de Mario Montoya en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); “lo único que recibimos fue maltrato hacia las víctimas… no podemos permitir que nos sigan revictimizando.” Desde ese momento Jacqueline ha insistido en que la JEP “no se permita que estos militares que no están aportando a la verdad de los hechos no sean admitidos en la JEP. Nosotras queremos saber la verdad y hay militares que nos han aportado verdad (…) pero como esta de la audiencia de Mario Montoya recibimos maltrato”. Luz Ángela Garzón también se había referido a Montoya tras esa audiencia de al general en retiro. “Para Mario Montoya… el cinismo de usted es tan grande que ni siquiera cuando se acercó a hablar con nosotras como víctimas para ocultar y querer dar lástima; no lo logró conmigo. Sigo pensando que usted tiene mucho que ver con la muerte de estos muchachos (…) No me voy a quedar callada, si buscando la verdad busco la muerte; no me interesa. Ya me arrancaron a mi hermano —Eduardo Garzón— que era lo más importante. No nos vamos a quedar calladas.” Beatriz Méndez, madre de Weimar Armando Castro y tía de Eduard Benjamín Rincón asesinados y pasados como bajas en combate, también ha extendido su mensaje días después de la audiencia de Montoya. “Queremos justicia en estos casos de nuestros hijos que fueron asesinados y presentados ilegítimamente como combatientes. Nuestros hijos no eran ni combatientes ni delincuentes. Queremos justicia y que quienes se acojan a la JEP digan la verdad y si no, ¿para qué se acogen? Expulsarlos a la justicia ordinaria y que paguen como criminales que son.” *** Apartes sin escrúpulos “Me duele decirlo, pero los muchachos que van al Ejército son los de abajo, estrato uno. Ya no va el estrato 2 ni 3 ni 4. Nos toca, voy a hablar con el corazón aquí como comandante, nos toca enseñarles a ver cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos, esa es la calidad” fue uno de los apartes que conoció el país sobre la audiencia de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que habló el general en retiro Mario Montoya, excomandante del Ejército Nacional, el pasado 13 de febrero de 2020. Visos del tenebroso prontuario de Montoya Un martes 4 de noviembre de 2008 el General (r) Mario Montoya dejaba la comandancia de las Fuerzas Militares luego de que el país conociera sobre la trágica desaparición de jóvenes en Soacha que, posteriormente, fueron asesinados y presentados por el Ejército Nacional como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander. Más tarde, se sabría que esta práctica, denominada por los medios como ‘falsos positivos’, fue recurrente entre el 2002 y 2008, y que fueron más de cuatro mil los jóvenes asesinados por la fuerza pública. Al General (r) lo señalan de ser el verdugo que ordenó miles de muertes. Desde ese momento ya se estimaba que entre febrero de 2006 y noviembre de 2008 —tiempo en que el Montoya comandó las fuerzas militares— una (1) de cada tres (3) muertes en combate fue una ejecución extrajudicial. A pesar de lo que ya se conocía en Colombia sobre el papel de Mario Montoya y su puesta en marcha de la Seguridad Democrática del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez; el General (r) recibió en seis (6) ocasiones, la máxima distinción que se entrega en la República de Colombia a los militares: la Orden de los Libertadores ‘Cruz de Boyacá’. Detrás del General Montoya no sólo reposan las investigaciones sobre los homicidios extrajudiciales. Fue mencionado en las versiones libres del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, quien confesó la complicidad que existió entre los ‘paras’ y la IV Brigada del Ejército Nacional mientras Montoya fue su comandante entre 2001 y 2003. Según ‘Don Berna’, entre el 16 y 19 de octubre de 2002, tropas de la IV Brigada, en compañía de paramilitares, realizaron el operativo militar urbano más grande de la historia: ‘La Operación Orión’, en donde hubo 88 homicidios y más de 600 víctimas.

Por: Juan Sebastián Hernández. Investigador Nacional Pares. El pasado 27 de octubre de 2020, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó un informe titulado “Alexander Vega y el negocio detrás de la reforma electoral”, en el que se indagó sobre los nombramientos de varios de los delegados departamentales de la Registraduría. Allí, Pares identificó que varios de ellos serían cuotas de clanes políticos o de grandes barones electorales; no obstante, se pudo conocer a través de una nueva denuncia que la Registraduría de Caldas estaría siendo manejada por una de las fichas del exrepresentante a la Cámara y magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Hernán Penagos. Se trata de Lina Susana Vásquez Millán,quien es su cuñada. Llama la atención que Penagos, aunque fue elegido como presidente del CNE en septiembre de 2019 y reelegido en el mismo mes en 2020, en febrero de 2021 presentó su renuncia por supuestas razones personales, a más de 6 meses de terminar sus funciones en la directiva, para dedicarse a su labor como magistrado por diversos procesos represados. Penagos dentro de su presidencia fue clave para la formulación y aprobación del polémico nuevo Código Electoral impulsado por el cuestionado registrador nacional Alexánder Vega. Ahora bien, Penagos también habría habría hecho gala de sus funciones y su cercanía con el registrador Vega para presuntos favorecimientos políticos a sus familiares, como es uno de los casos más graves, el de su cuñada Lina Vásquez Millán. Oriunda Manizales, Caldas, Vásquez es economista con especialización en Gestión Pública y Mercadeo y Ventas. También es esposa de Roger Penagos Giraldo, hermano menor de Hernán Penagos, quien, según el SIGEP, se desempeña como Ingeniero Geólogo Experto Grado 07 en la Agencia Nacional de Minería desde 2013. A su vez, Vásquez Millán se ha desempeñado como funcionaria de la Registraduría desde 2010 y en 2015 fue nombrada Delegada Departamental, período en el cual Hernán Penagos aún ocupaba su curul como congresista. En 2018, Penagos se lanzó como candidato al Senado mientras que su cuñada ejercía como delegada departamental de Santander, por lo que esta tuvo que declararse impedida para desempeñar funciones electorales (ver anexo 1). Sin embargo, ese mismo año Penagos fue nombrado Magistrado del Consejo Nacional Electoral, mientras su cuñada seguía manteniendo su cargo como delegada departamental. He aquí una de las primeras presuntas irregularidades: de acuerdo con el artículo 37 del Código Electoral, Vásquez Millán tenía que ser declarada insubsistente, toda vez que: “La designación de Delegado del Registrador Nacional del Estado Civil no podrá recaer en quien haya sido elegido para cargo de elección popular o hubiere actuado como miembro de directorio político en los (2) años anteriores a su nombramiento, o sea pariente él o su cónyuge del Registrador Nacional del Estado Civil o de alguno de los miembros del Consejo Nacional Electoral hasta el cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad.” Aun así, esto no ocurrió y Lina Vásquez fue nombrada registradora especial de Manizales, y posteriormente nombrada como delegada departamental de Caldas en marzo de 2019, como consta en el SIGEP: Adicionalmente, la repartija burocrática de Penagos en la Registraduría no paró con la delegada departamental. Según fuentes consultadas por Pares, otro caso es el de Luis Fernando Meza Clavijo, nombrado como profesional universitario y quien no registra su experiencia en el SIGEP. Es sobrino de Beatriz Meza Botero, esposa del presidente del CNE Hernán Penagos, y de Jorge Hernán Meza, candidato a la alcaldía de Manizales en las elecciones de 2019. Incluso, el pasado 8 de septiembre de 2020 ambos delegados departamentales habrían solicitado una prórroga del contrato de Meza. Otro de los nombramientos en la Registraduría, proveniente de las huestes de la estructura política de Penagos, habría sido el de Luz Stella Medellín Cañas, administradora de empresas con especialización en gerencia pública. Medellín Cañas fue aspirante al Concejo de Manizales en las elecciones de 2011 por el Partido de la U, sin alcanzar el cargo, luego de obtener 755 votos. Posteriormente, entre 2016 y 2018, Medellín Cañas se desempeñó como asistente del entonces congresista Hernán Penagos, y lo apoyó en la campaña para Senado en 2018. En febrero de 2019, la existente del hoy magistrado del CNE, fue contratada en la Registraduría. Finalmente, según medios locales y fuentes en territorio, otra de las cuotas de Penagos en la Registraduría sería Danny Alberto Vélez Osorio, quien trabajó en la gobernación de Guido Echeverri Piedrahita entre 2017 y 2018. Vélez Osorio, al parecer, habría hecho parte de su carrera política de la mano del Representante a la Cámara de Caldas por el Partido Cambio Radical, Erwin Arias Betancur, por lo que en 2015 aspiró por primera vez a la alcaldía de Marquetalia con el aval de Cambio Radical; sin embargo, en esos comicios ocupó el segundo lugar con 1405 votos. En 2018, decidió apoyar al entonces candidato al Senado Hernán Penagos y a su fórmula a la Cámara Islén Pineda y en 2019 se lanzó como candidato a la alcaldía de Marquetalia (Caldas) por el Partido Colombia Renaciente, ocupando el cuarto lugar luego de obtener 948 votos. El excandidato fue nombrado Registrador Municipal de Victoria (Caldas), como consta en el SIGEP y en el registro de las registradurías municipales de Caldas. Anexo 1

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. Monseñor Omar Alberto Sánchez, invitó a la jornada “Nos unimos todos por la paz del Cauca” el pasado domingo de pascua. Izar banderas y portar camisetas blancas, iniciativa por demás interesante, para ver si saca del sopor de las dos de la tarde en época calurosa en nuestra ciudad blanca, al Gobierno nacional y departamental. Frente a la angustiosa situación de vulneración de derechos humanos (de asesinatos, masacres, hostigamientos a 10 poblaciones en tres días, desplazamientos masivos desde Argelia, desde nuestra Costa Pacífica caucana, así como el infame carro bomba a Corinto afectando a 43 civiles), es la iglesia católica con su precursor en la región que asume el liderazgo y llama a la sociedad en general a expresarse. Un símbolo es un signo que establece una situación de identidad con una realidad. Con símbolos se ha construido la humanidad: la cruz, la meca, el trapo rojo en esta pandemia (para indicar la necesidad de la renta básica para enfrentar el hambre), la rosa en manos del enamorado, la bandera de colores representación de las comunidades diversas sexualmente. En nuestro caso caucano el símbolo no se refiere a algo efímero ni abstracto, existen los grupos armados disputándose el territorio, una fuerza pública casi congelada y unos gobiernos dedicados a los consejos de seguridad, aumento de recompensas y pie de fuerza. El blanco representa lo limpio, lo esterilizado, también lo relacionado con la pureza, que aplicado en una narrativa institucional no es más en algunos que el tierno deseo que las cosas medio cambien, que nos veamos como hermanos; con ese discurso casi le dan 370 millones de dólares a Avianca, con esa demagogia lingüística es que van a comprar aviones de guerra por 14 billones de pesos y aplicarnos una reforma tributaria que recogerá 19 billones. Bienvenidas las iniciativas, bien por las banderas y las camisetas; pero a las disidencias, al ELN y demás organizaciones armadas, que hoy combaten por dominar territorios, economías y personas, solo se les gana espacio con la inversión social, la generación de oportunidades ciertas, sostenibles y sustentables en el tiempo y de eso… no veo la voluntad gubernamental. #PazCaucana

Por: León Valencia. Director Pares. He leído con atención las declaraciones de Gustavo Petro y de Sergio Fajardo y he tenido alguna conversación con ellos después de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría CNC que ubica el primero con el 23% y al segundo con 12% encabezando el sondeo y de ahí he sacado algunas conclusiones. Ambos quieren ofrecer al elector en primera vuelta una opción distinta: Petro más de cambio histórico, más hacia la izquierda; Fajardo un cambio más gradual, más hacia a la centro-izquierda. Creen que los electores deben tener esas posibilidades. Consideran que eso va a generar, sin duda, polémicas duras, pero enriquecerá el debate político. Petro, además de mantener buena parte de la votación que consiguió en segunda vuelta en 2018, le apunta a recoger el legado liberal, dice que, en el Partido Liberal, o en el legado liberal, está el electorado para ganar la presidencia. Fajardo le apunta a ganar el electorado que votó por los verdes en la campaña local de 2019 y el favor de los grupos y las disidencias de los partidos que se han ubicado en el centro del espectro político. Tienen alguna razón en estas visiones, porque también la derecha va a ofrecer, en primera vuelta, varias alternativas: el Partido Conservador va a tener candidato propio, quizá Marta Lucía Ramírez; exalcaldes y clanes políticos están buscando un candidato para ir hasta esa instancia; el partido liberal, Germán Vargas Lleras y su fracción en Cambio Radical. También el Centro Democrático, es decir, el uribismo puro, con presidente a bordo, no querrá ir detrás de un candidato distinto a alguien de sus filas; incluso las iglesias evangélicas que tienen a figuras como Rodrigo Rivera y Viviane Morales están pensando en organizar una consulta para ofrecerles un candidato confesional a sus feligreses. Creo de verdad que entramos de lleno en el posuribismo y en este escenario va a ocurrir en realineamiento de todas las fuerzas políticas. Las cuentas para que un candidato de las derechas, o, uno, de las izquierdas, gane en primera vuelta, no dan por ningún lado. Las fuerzas políticas y el electorado colombiano se han dispersado en opciones muy diversas. En la Fundación Pares hemos hecho un estudio de las ultimas tres elecciones presidenciales y del plebiscito por la paz, estadísticas en mano, municipio por municipio, y eso muestra que salvo un cambio especialmente brusco habrá segunda vuelta en 2022. También he sentido en esas conversaciones y en las declaraciones de Gustavo Petro y de Sergio Fajardo que la segunda vuelta es otro cuento y allí las alianzas tendrán que ser no sólo con la izquierda sino mucho más amplias. Eso implicará una flexibilidad muy grande del candidato de las izquierdas, es imprescindible una coalición que incluya una parte importante de las élites políticas tradicionales para ganarle a la derecha. Entiendo plenamente a quienes piensan que lo mejor es un candidato único de las izquierdas, o como dice Roy Barreras juntar la tradición de la izquierda con la tradición liberal socialdemócrata, para la primera vuelta, también me gustaría que eso ocurriera, pero a veces estas cosas que suenan mejor no se consiguen y las izquierdas deben prepararse para escenarios diversos y garantizar, en todo caso, que en segunda vuelta si puedan conformar una gran coalición para ganarle al candidato de la derecha. Tal como están las cosas en el momento, las elecciones de 2022 van a correr en tres vueltas: la parlamentaria y las consultas; la primera vuelta para escoger dos candidatos, uno que representa a las derechas y otro que representa a las izquierdas; y la segunda vuelta para escoger entre estas dos opciones. Al pensar en estas tres vueltas, como analista afín a las izquierdas, digo que en este momento mi mayor preocupación es la situación del Partido Verde y el proceso que vive la coalición de centro izquierda o de la esperanza como ellos la llaman. A la coalición del Pacto Histórico la veo muy bien, tienen un candidato sólido encabezando la última encuesta, están armando una lista muy potente a Senado y la situación de crisis social aguda en el país los favorece mucho. En cambio, el Verde, que ganó las elecciones locales arrastrando un gran electorado urbano en 2019, esta haciendo proceso muy lento de escogencia de su candidato a la presidencia y eso le genera mucha incertidumbre en la conformación de sus listas a Congreso donde no estará Mockus, el gran elector en las parlamentarias de 2018. Tienen una gran responsabilidad histórica y no es nada bueno que mantengan esta situación más allá de junio de 2021. Al sumar los puntos los candidatos de la Coalición de la Esperanza, en la encuesta del CNC, tienen el 22%, lo cual los pone en un empate con Gustavo Petro, pero esta coalición necesita una definición rápida del Verde para enviarle un mensaje al electorado de Centro y para evitar que otros partidos tiren de los precandidatos comprometidos con esta consulta. El ambiente ideal para las izquierdas es una discusión seria y profunda con argumentos claros y firmes, pero con alguna tranquilidad, sin ofensas personales, con la ilusión del triunfo, con una verticalidad frente a las derechas, ese es el ambiente que los sectores más sensatos de esta corriente política deben crear afuera, en las redes sociales, en los debates en medios, en las reuniones y los chats. El reciente pronunciamiento de Gustavo Petro, calificando de intromisión indebida de la Fiscalía en la campaña electoral por la imputación que le está haciendo a Fajardo a raíz de un préstamo en moneda extranjera en los tiempos en que fungía como gobernador de Antioquia, es, quizá, una muestra de lo que podría ser una manera gallarda de desarrollar el necesario debate al interior de las izquierdas de cara a la primera vuelta presidencial.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Tener la posibilidad de escuchar a los protagonistas de la historia es la oportunidad de conocer desde su experiencia directa y vivida la trama de cómo se construyen los procesos que han marcado nuestras vidas, en este caso, el libro de Rafael Pardo: 9 de marzo de 1990 La desmovilización final del M-19, es el testimonio de un hecho que ha transcendido para bien en la sociedad colombiana que anhela y trabaja por un orden social de mayor calidad y sin violencias de ningún tipo. El libro de Rafael Pardo, que fue publicado en el 2020, y es un documento de enorme valor para conocer los detalles de lo que ha sido el primer acuerdo contemporáneo de paz, y ya hemos tenido varios en estas tres décadas para integrar vía diálogos y negociaciones a las organizaciones guerrilleras que optaron por la rebelión armada. Por ahora solo falta un acuerdo con el ELN y ese igualmente llegará, para cerrar esta historia de acción política con armas. Tener la posibilidad de conocer los detalles de cómo se construyó este acuerdo entre un gobierno presidido por Virgilio Barco y un M-19 comandado por Carlos Pizarro Leongómez, gracias a que uno de los protagonistas de primera línea como lo es Rafael Pardo en su condición de Consejero de Paz nos ha contado los pormenores de las condiciones que dieron lugar a que dos enemigos con enormes distancias. Encontraran un campo común para transformarse en aliados de una obra conjunta: un acuerdo de paz para sellar una rebelión armada de mas de quince años, donde el M-19 fue protagonista y marco con sus actuaciones y su lógica de acción un alzamiento armado que puso al país a hablar en muchas direcciones y que fue una acción con muchas innovaciones: entre ellas una guerrilla con fuerte vocación por hablarle al país en un lenguaje más cercano, una guerrilla con vocación de contar con un lenguaje fresco y ligado a la acción transformadora y sobre todo una guerrilla que dijo que su vocación era por un país que pensara y trabajara por un proyecto de democracia, todo ello estuvo al centro de sus preocupaciones y su empeño. La historia es la actuación concreta de hombres y mujeres que se empeñan en un propósito y que dejan huella para recordar, no siempre se logra transcender en el tiempo y ser referente en este caso para la sociedad colombiana. Los hechos de que se ocupa este libro son de hondo calado histórico y sus protagonistas, empezando por el autor, ya tienen un lugar ganado en la historia contemporánea de una Colombia que ha sido marcada por los recurrentes ciclo de violencia y acuerdos, los cuales vienen de atrás, ni siquiera de los acuerdos que dieron lugar al pacto del Frente Nacional, como acuerdo para cerrar la guerra entre liberales y conservadores y sufrida por el pueblo campesino. La historia viene de más atrás, con las más de veinte guerras civiles del siglo XIX y la entrada al siglo XX, con la terrible guerra de los mil días, quizás de las mas cruentas de una dinámica social y política cruzada por horrores y sangre, hasta el presente. La paz con el M-19 y el Estado colombiano fue posible por que hubo madurez de la dirigencia de ambos lados para llevar adelante el proceso y sin duda que el liderazgo de Carlos Pizarro, guerrero por excelencia y hombre querido y respaldado en su decisión de paz por una organización que supo otear el horizonte y saber que de mantenerse en la apuesta armada, vendría una enorme degradación y un involucramiento con las economías del narcotráfico y unas luchas feroces por permanecer en territorios y que nada de ellos los acercaría a construir una democracia de mayor calidad, sino por el contrario seria solo sufrimiento para los más pobres y que eso no valía la pena llamarse revolución, desde esas convicciones, Pizarro lideró a su organización a enrutarse a un acuerdo de paz. Le escuché a Rosemberg Pabón, destacado dirigente del M-19, que las guerras se ganan, se pierden o se empatan y que un acuerdo de paz es un empate, lo creo al igual que Rosemberg y todos los acuerdos de paz construidos en estas tres décadas largas, incluyendo el ultimo firmado en 2016 con las FARC, es la constatación de que este estado no pudo derrotar a las guerrillas y las guerrillas estaban años luz de derrotar a un estado con muchas falencias y debilidades, pero igualmente con capacidades importantes para mantenerse en pie, así que el camino de los empates para seguir por una senda de reformas de mayor o menor calado fue lo que se impuso como camino y posibilidad. Este libro es una joya del testimonio directo, junto a la narración de Rafael Pardo, se encuentran entrevistas del autor y protagonista con sus coequiperos Ricardo Santamaria y Carlos Eduardo Jaramillo y con los dirigentes del M.19: Vera Grabe, Antonio Navarro Wolff, Otty Patiño y Carlos Alonso Lucio, quienes vivieron a fondo esta historia. Y ,por supuesto, el entrañable testimonio de María José Pizarro desde las infancia y los recuerdos de su padre, así como la continuidad de una lucha. Siempre se aprende algo y la lectura de este libro con seguridad nos mostrará como fue posible este valioso acuerdo de paz. Desafortunadamente el otro protagonista de esta historia, Carlos Pizarro Leongómez, se lo llevó la barbarie y la intolerancia. Esperemos que tengamos la posibilidad de conocer con mayor detalle como este guerrero y luchador lideró al M-19 al puerto de una paz política que tanto ha marcado nuestra historia reciente.

Por: Sebastián Mora. Investigador Nacional Pares. Se cumplen cinco años del inicio de la migración masiva desde Venezuela. Las causas responden a diferentes factores sociales, económicos y, sobre todo, políticos. Debido a la cercanía geográfica, la identidad cultural y la relación histórica, Colombia ha sido el país que ha recibido la mayor cantidad de migrantes venezolanos, tanto regulares registrados por Migración Colombia como irregulares por trochas. La llegada del covid-19 en marzo de 2020 generó un cierre de las fronteras y de todo flujo migratorio regular por cualquier medio de transporte, como medida de autoprotección contra la entrada del virus, impulsando a las autoridades a aplicar cuarentenas.Estas medidas tuvieron dos consecuencias sobre los migrantes venezolanos: la disolución de sus formas de subsistencia económica en el país, en su mayoría a través del trabajo informal, y la decisión de una minoría de regresar a Venezuela donde encontrarían en su familia apoyo para superar la pandemia. Este cambio en la dinámica de la migración se vio reflejado en las cifras de recepción y salida de todos los puestos migratorios entre Colombia y Venezuela. En el Puesto Migratorio de Paraguachón, corregimiento del municipio de Maicao y que conecta el departamento de La Guajira con el estado del Zulia, las entradas de ciudadanos venezolanos en 2020 se redujeron en un 87,5 %; mientras que las salidas se redujeron en un 75,3 %, ambas cifras en comparación con 2019. Las cifras de 2020 son resultado del cierre de la frontera. Para ese año, la entrada y salida de ciudadanos venezolanos fue prácticamente igual y, en promedio, el 90 % de estas se dieron entre enero y marzo. El escenario es aún más desolador en lo que va del 2021, con valores que apenas responden a los pasos permitidos en un estricto corredor humanitario. Durante un reciente trabajo de campo realizado por investigadores de Pares al municipio de Maicao, se pudo identificar las consecuencias de estos cierres y de la situación humanitaria que afrontan los migrantes. En primer lugar, el cierre de pasos regulares como barrera contra el virus no fue eficaz y terminó por fortalecer el control e interés de Grupos Armados Organizados (GAO) y bandas por las trochas o pasos ilegales en La Guajira. De igual manera, se aumentó el número de personas que las utilizan para pasar sin ningún tipo de control epidemiológico. Aumentan las trochas Según un mapeo realizado por el Ejército en 2019, y que fue presentado a las distintas organizaciones de cooperación internacional con presencia en Maicao, se identificaron 216 trochas en toda la frontera del departamento de La Guajira, un número que excedía la capacidad de control de la Fuerza Pública. Actualmente, el número puede haberse duplicado. El número de trochas aumenta porque la cantidad de migrantes que las utilizan, contrario a lo que se esperaba al inicio de la pandemia, aumentó. Lo anterior, por el cambio de motivación de la migración. Anteriormente, se podría catalogar el fenómeno en Maicao como una migración pendular, es decir, un integrante de un núcleo familiar migraba para conseguir un trabajo temporal en Colombia u otros países latinoamericanos, enviaba remesas desde allí a Venezuela y después de cierto tiempo volvía a su país. Ahora los migrantes que han llegado a Paraguachón y, posteriormente, al casco urbano de Maicao, no vienen con la intención de regresar a Venezuela, ni siquiera piensan en utilizar el municipio como un sitio de paso para llegar a las grandes urbes. Por el contrario, familias enteras se han dado a la titánica tarea de pasar por las trochas para establecerse en el municipio guajiro permanentemente. De hecho, según estimaciones de Pastoral Social, entre Riohacha y Maicao se podrían contar un censo de 100.000 migrantes, más del 50 % en el municipio fronterizo. Muestra de estas aproximaciones son los casi 50 asentamientos informales en las periferias del municipio. El número de trochas aumenta porque la cantidad de migrantes que las utilizan, contrario a lo que se esperaba al inicio de la pandemia, aumentó. Lo anterior, por el cambio de motivación de la migración. Anteriormente, se podría catalogar el fenómeno en Maicao como una migración pendular, es decir, un integrante de un núcleo familiar migraba para conseguir un trabajo temporal en Colombia u otros países latinoamericanos, enviaba remesas desde allí a Venezuela y después de cierto tiempo volvía a su país. Imagen: Pares. De acuerdo con un alto funcionario de un centro de acogida a migrantes en Maicao, los asentamientos cuentan con una organización particular. Los terrenos son, presuntamente, propiedad de indígenas Wayuú, quienes los parcelan y luego venden a familias de migrantes. Los lotes no cuentan con acceso a servicios públicos y su valor varía desde dos millones de pesos por un terreno vacío hasta 3 millones por una parcela más grande de 7x14m y con una modesta construcción. Adicionalmente, los dueños garantizan seguridad privada a todo el predio. Un drama familiar Lo más particular de los asentamientos de Maicao es la organización que han consolidado sus inquilinos. Cada lote se separa en manzanas y en cada una de ellas se elige un líder o representante que aboga por las distintas necesidades de la manzana y en conjunto buscan mejorar lentamente las condiciones del predio. Este tipo de asociación de migrantes es, hasta el momento, característica única de la frontera con Venezuela en Maicao. No obstante, este carácter de permanencia que asumen los migrantes en Maicao aumenta sus riesgos. En primer lugar, familias enteras se ven más afectadas por el uso masivo de trochas. Luego se enfrentan a los riesgos epidemiológicos de la pandemia en asentamientos que no cuentan con acceso a servicios básicos como agua o a la reducción de atención primaria en albergues operados por organizaciones internacionales, justamente por la pandemia. Y en último lugar, por la xenofobia de la que son víctimas desde que empezó la migración por su asociación con eventos de inseguridad o por la misma recepción de subsidios y ayudas. Este se convierte en el más grande reto de la política de asistencia a migrantes. El anuncio del Estatuto Temporal de Protección para migrantes Venezolanos (ETPV) es un salto innovador por parte del gobierno colombiano para permitir la regularización de migrantes y brindarles acceso a un abanico integral de servicios sociales, como Pares ha analizado en el pasado. Toda la política de atención a migrantes, incluida la internacional, debe empezar un viraje de la asistencia inmediata, la cual cumple con el objetivo de permitir supervivencia por unos meses, a una política de integración, de desarrollo económico, especialmente en los municipios fronterizos, como Maicao, donde los migrantes ya se organizan socialmente, pero no cuentan con el apoyo para generar un proyecto de vida a mediano o largo plazo.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Hace poco más de un año llegaba la noticia que Lorena Domicó Bailarín de 12 años y Epifanio Domicó Bailarín de 17, ambos pertenecientes al resguardo indígena Murrí Pantano del municipio de Frontino, iban hacia la comunidad Alto Murrí, en busca de realizar actividades propias de minería artesanal o barequeo, cuando, en el sector conocido como La Cristalina, fueron víctimas de la explosión de una mina antipersonal. Los menores que quedaron gravemente heridos, fueron socorridos por familiares y amigos, quienes con ayuda de la Guardia Indígena, buscaron trasladarlos hasta el centro asistencial de Frontino, sin embargo, pese a los esfuerzos, Epifanio Domicó, falleció en el camino el 09 de marzo de 2020 a las 11 de la mañana entre Antadosito y La Blanquita, y así mismo la niña Lorena Domicó, falleció cuatro horas después, es decir a las 3 de la tarde, buscando asistencia médica. *** Aunque desde el 2019 organizaciones como la ONIC y la Defensoría del Pueblo han venido advirtiendo respecto a la situación de riesgo para la comunidad de Frontino, específicamente relacionada con la instalación de minas antipersonal, hoy se hace evidente que las medidas se han quedado cortas, pues el panorama en los últimos años no ha mejorado, y por el contrario, parece agudizarse más. Por ejemplo, hace dos semanas se denunció que 46 indígenas salieron de sus casas para comprar víveres en Frontino, pero su regreso no ha sido posible, pues grupos armados minaron la zona y por temor a caer en los artefactos, estas personas no han podido pasar del sector de La Blanquita del corregimiento Murrí. Por esos mismos días Wilson Córdoba Mena, director de la Unidad de Victimas de Antioquia, había alertado que siguiendo la información enviada por el personero de la zona, había el riesgo del desplazamiento de cerca de 900 personas, unas 207 familias, a causa de la escalada de violencia en Frontino. Para ese momento a través de RCN Radio el alcalde del municipio, Jorge Hugo Elejalde afirmó que: “El tema se viene dando desde el 2019, por el enfrentamiento en el camino entre Frontino y Dabeiba con Murindó. Ahí ha habido afectaciones por minas antipersona, personas fallecidas, población indígena, menores de edad y enfrentamiento entre estos grupos. Esto ha provocado que a la gente le dé miedo a salir”. Hoy la situación sigue en alerta, pues recientemente se denunció que 1.500 indígenas están confinados en los resguardos indígenas de Amparradó Alto, Amparradó Medio, Guabinas, Cañaveral y Julio Chiquito, ubicados en el municipio de Frontino (Antioquia) debido a que sus territorios y caminos están invadidos de minas, que habrían sido instaladas por parte del ELN. Esta situación de zozobra, además, se ha agravado con otro tipo de hechos. Por ejemplo, el pasado fin de semana un grupo de indígenas de la comunidad Embera que se desplazaba hacia el corregimiento La Blanquita, en jurisdicción del municipio de Frontino, cayó en un campo minado. Entre ellos/as estaba Remilda Bailarín, quien se movilizaba en su mula y resultó herida en este hecho, ella permanece en un centro de salud y está siendo atendida por múltiples heridas. El alcalde de Frontino también aseguró que por lo menos cinco indígenas han muerto a causa de estos artefactos en lo que va de 2021. Además, ya son 15 los incidentes que el alcalde reportó con minas antipersonales en el municipio. En este sentido también es necesario recordar que desde el pasado 11 de febrero varios sectores y organizaciones han venido alertando del riesgo en el que están las comunidades indígenas Río Murindó y Río Chageradó, donde cerca de 2000 familias habían denunciado estar confinadas a causa de amenazas que habían recibido de no poder transitar, puesto que en el camino que conecta a ambas comunidades grupos armados ilegales habían puesto minas antipersonales. Pues bien, aunque desde la Gobernación de Antioquia se había informado que se estaban adelantado acciones como misiones de verificación en Murindó para constatar los riesgos existentes, en la que participó la Gobernación de Antioquia, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, y de la que surgieron acciones a corto plazo relacionadas con alimentación, atención en salud y educación, y a pesar que además se comunicó que el Ejército estaba adelantando labores de desminado militar en áreas de la zona, finalizando febrero quedó en evidencia la gravedad de los hechos que se habían estado alertando, y de lo poco que han mitigado los riesgos las acciones institucionalmente tomadas. Esto pues, el último fin de semana de febrero la Organización Indígena de Antioquia -OIA- denunció que el menor de edad Plinio Dogaría Eyábida de 13 años, había caído en una de las minas que han sido instaladas en los resguardos Río Murindó y Río Chageradó. Plinio Dogaría Eyábida, quien pertenece a la comunidad Isla, iba en compañía de uno de los docentes del resguardo cuando se registró el hecho. Hasta allí llegó la Guardia Indígena y los/as familiares de estas dos personas que quedaron afectadas por el impacto, quienes los trasladaron hasta el hospital del municipio, sin embargo, el menor tuvo que ser remitido a un centro asistencial de mayor complejidad, donde permanece, y desde donde se dio a conocer que Plinio Dogaría Eyábida perdió una de sus piernas. Una mirada a lo que ocurre en Frontino Jorge Hugo Elejalde dijo a RCN Radio que “la siembra de minas hace parte de la confrontación entre el ELN, El Clan del Golfo y las disidencias de Farc, pues en esta zona fronteriza con Dabeiba se facilita el transporte de estupefacientes”. En relación con esto hay que traer a colación que a mediados de marzo el alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego, aseveró que habían 974 personas de 282 familias y siete comunidades indígenas que viven en los límites entre Dabeiba y Frontino que se encontraban en riesgo de desplazamiento masivo a causa de la situación relacionada con la instalación de minas. Asimismo, hay que nombrar que a través de la Alerta Temprana 027 de 2019 de la Defensoría del Pueblo, se informó que los resguardos indígenas de Murrí Pantanos y Alto y Medio Amparradó y algunas veredas del corregimiento de Murrí la Blanquita son los lugares más afectados por contaminación por minas antipersonal y/o artefactos explosivos improvisados. “Estas estructuras armadas atentan contra la autonomía, usos y costumbres de los pueblos ancestrales de Urrao y Frontino transformando las prácticas productivas y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, afectando el medio ambiente, la cultura, los saberes ancestrales, la permanencia, las libertades y la vida de estos pueblos. Los grupos armados ilegales utilizan estos territorios para la implantación de economías ilícitas tales como el cultivo, procesamiento y comercialización de la coca y la explotación minera ilegal; establecen corredores de movilidad para el desarrollo de actividades ilegales y ubican zonas campamentarias. También, porque suplantan los mecanismos ancestrales de justicia propia, a través de la imposición de un sistema de normas de comportamiento”, se lee en el documento. Por último, hay que señalar que a raíz de la confrontación entre Clan del Golfo y ELN, la cual se agudizó a con la desmovilización de las FARC-EP, que hacían presencia en Frontino mediante el Frente 34, desde Pares se ha estado llamando la atención sobre este municipio, por lo menos, desde abril de 2020, llamado que hoy se ratifica y se insiste en la urgencia de acciones efectivas por parte del Gobierno nacional. #PoblaciónVulnerable

Por: Laura Cano. Periodista Pares. En la tarde del vienes se informó sobre una fuerte explosión frente a la sede de la Alcaldía de Corinto, norte de Cauca, esto luego que detonara un carro cargado con explosivos. En los primeros videos que se conocieron luego del hecho era evidente la preocupación de las personas que se encontraban cerca, así como los daños materiales a los lugares aledaños a la zona. Luego del ataque se fueron conociendo que al menos, 11 de las personas que quedaron heridas eran trabajadores de la Alcaldía, asimismo con el pasar de los días la cifra de heridos/as ha subido a 43, según lo informado por Diego Molano, ministro de Defensa, quien también dijo que de estos 43 hay “17 por aturdimiento, 20 con lesiones leves y hay seis heridos de consideración, dos de ellos atendidos de Cali y los otros cuatro en (el municipio de) Santander de Quilichao». Adicionalmente, el ataque ha dejado destruido el edificio de la Alcaldía y ha causado daños en cinco locales comerciales. Tras lo sucedido Iván Duque y el ministro de Defensa Diego Molano fueron hasta el municipio caucano, donde se refirieron a lo dicho asegurando que “los que están detrás del atentado son los bandidos de la Dagoberto Ramos y por eso los seguiremos enfrentando. El narcotráfico es el combustible de estos grupos y tenemos que enfrentar el narcotráfico sin contemplaciones”, aseveró el presidente. Adicionalmente, Diego Molano comunicó que hay ocho pelotones especiales con más de 280 hombres de la Fuerza Pública para capturar a los autores del hecho y que serían dispuestos $200 millones de recompensa para quienes den información acerca de los responsables del atentado. Es importante anotar que aunque el Gobierno insiste en comprender este hecho desde la lógica del narcotráfico, por lo menos, desde el año 2018 la Defensoría del pueblo había puesto sobre la mesa, a través de la Alerta Temprana 067 que este territorio ha sido utilizado no solo para el desarrollo de diversas economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, sino como corredores de movilidad, en función de las estrategias táctico militares como: repliegues, ofensivas, expansión etc. Asimismo, reconocía el organismo que además de las disidencias, también tienen presencia el ELN, el EPL y grupos posdesmovilización de las AUC como las AGC. El crecimiento, posicionamiento y disputa de grupos armados ilegales en este municipio, incrementa los niveles de violencia, reflejados en el aumento de homicidios, amenazas, intimidaciones, desplazamiento forzados, entre otras; y a su vez, estas acciones debilitan los procesos de liderazgo y el tejido social. Además, afecta gravemente la implementación del Acuerdo Final, ya que genera situaciones de inseguridad que hacen aún más lentas las acciones que podrían generar transformaciones estructurales en el mediano y corto plazo”, se lee en el documento de la Defensoría, que, como se escribió más arriba, al menos, desde 2018 ha insistido por dar mayores garantías de seguridad en Corinto. Por otra parte, en medio de la situación de angustia que han vivido los habitantes de Corinto tras la explosión, fue denunciado que vía hacia El Palo del municipio Caloto, Cauca, fue encontrado el cuerpo de Mario Fernando Herrera Aparicio, funcionario del CTI de Manizales y secuestrado desde el viernes, horas antes del carro bomba de Corinto. En este hecho también se ha relacionado a la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias. 27 de marzo – 28 de marzo El Valle del Cauca también fue un foco de violencia durante el fin de semana. En este departamento se cometieron dos masacres. Una en el municipio de Cartago, donde fueron asesinadas cuatro personas; dos mujeres y dos hombres, identificados/as como John Denis Aguirre de 26 años, Julio César Montaño de 54 años, Leydi Yohana García de 28 y Milagros Hernández de 40 años, quien alcanzó a ser trasladada al hospital local, donde falleció por la gravedad de las heridas. Los hechos ocurrieron en la plaza de mercado del municipio de Cartago a donde llegaron, según las versiones entregadas, cuatro hombres armados en dos motocicletas y dispararon indiscriminadamente en contra de las víctimas, quienes se encontraban dialogando en un andén. Al día siguiente un hecho similar ocurrió en el municipio de Jamundí, donde asesinaron a tres personas identificadas como Ramiro Moreno Delgado, Melba Carreño y José Mestizo y fueron encontrados con impactos de bala en la cabeza, en el interior de un vehículo. RCN Radio entregó información de las tres víctimas, a través del medio se estableció que Ramiro Delgado, una de las víctimas, era líder campesino y la mujer era vendedora informal, mientras que el tercer asesinado trabajaba como mototaxista. Hay que señalar que, siguiendo datos de la Fundación Paz y Reconciliación, en lo que va del año han ocurrido 19 masacres, y cuatro de ellas han sido en el departamento del Valle del Cauca, que a su vez es la zona donde más de este tipo de casos han sucedido: uno en Buga, donde fueron asesinados cinco jóvenes en una finca ubicada en la vereda Cerro Rico, corregimiento Chambimbal, y la otra, cometida en el mes de enero en Cali, donde fueron asesinadas tres personas. Adicionalmente, durante el 28 de marzo el senador Feliciano Valencia denunció que “acaban de asesinar a un guardia indígena en Toribio Cauca, se trata de Ramiro Ascue Yule de 35 años de edad. El comunero Ramiro Ascue Yule, asesinado esta tarde, no era guardia indígena, sus padres sí lo son, y hace menos de un año otro de sus hijos también fue asesinado”. Hay que señalar que acerca de este caso ha sido muy poca la información. Por otra parte, durante estos últimos días desde organismo como la Defensoría del Pueblo se alertó que desde el 26 de marzo en Argelia, Cauca, se venían presentando fuertes enfrentamientos entre grupos armados ilegales. “Estos hechos han tenido lugar en el casco urbano del corregimiento de El Plateado, con más de 6000 personas de la población civil expuestas ante el uso de artefactos explosivos convencionales y no convencionales por parte de los actores armados ilegales”. Además, a raíz de estos hechos más de 6000 personas quedaron expuestas al fuego cruzado , lo que generó el desplazamiento masivo de más de 2.000 personas hacia Argelia, Puerto Rico y El Mango. Hay que señalar, que en este caso, como en el primero nombrado, la Defensoría también había emitido una alerta temprana (0479, en la que se insistía en la necesidad de tomar acciones desde el Gobierno Nacional, pues la presencia de grupos armados ilegales en la zona pone en un riesgo constante la vida de los habitantes de este punto del Cauca. #ComunidadesEnRiesgo

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Desde principios de marzo un juez, en primera instancia, determinó que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, sí había sido parte del Cartel de la toga, una organización criminal dedicada a cometer delitos relacionados con actuaciones que se adelantaban en la jurisdicción penal para manejar los procesos a favor de los/as implicados/as a cambio de jugosas sumas de dinero. El caso se destapó en el año 2017, y desde entonces se han realizado más de 50 capturas y extradiciones de distintos magistrados y relacionados con estos hechos de corrupción a la administración de justicia. Uno de los casos que ha llegado a un punto importante fue el de uno de los líderes del Cartel: Francisco Ricaurte. Como se mencionó más arriba desde inicios de mes, y luego de más de tres años, se logró determinar la responsabilidad del exmagistrado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente. A este punto se llegó luego que el pasado 13 de agosto, Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, rindiera su versión sobre la responsabilidad de Ricaurte. En ésta algunas de las afirmaciones que se hicieron fueron que un supuesto bufete de abogados, cuyos patrones eran Luis Gustavo Moreno, Francisco Ricaurte y, al parecer, la exmagistrada Ruth Marina Díaz, era en realidad el espacio donde congresistas y altos funcionarios iban a negociar decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Además, Moreno también confesó que durante los últimos años había sido el enlace entre los potenciales clientes y Francisco Ricaurte, quien a su vez era la conexión en la Corte Suprema. “Teníamos una organización criminal, es una organización no solo criminal, lamentablemente me corrompí pero el doctor Francisco Ricaurte y el exmagistrado Leonidas Bustos corrompieron además funcionarios como al doctor Camilo Ruiz (exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema), porque los tenían al servicio de sus intereses personales, no solo de los intereses que eran objeto de corrupción sino para todo tipo de aspiración y favorecerse con la toga para alcanzar esas aspiraciones”, señaló Moreno en agosto de 2020. Asimismo, en su momento Moreno aseveró que los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile, entre otros, pagaron dineros para que se frenaran o archivaran procesos en la Sala Penal de la Corte Suprema y parte de esos dineros habrían llegado a los exmagistrados. Por un lado, Juan Sebastián Fajardo, abogado de Ricaurte, expresó sobre esas declaraciones que : “para las frases rimbombantes, para lo sonoro que resulta una ‘organización criminal’ que vendía fallos en la Corte Suprema, para eso sí despliegan armas (la Fiscalía). Pero para valorar la totalidad de la prueba, ahí sí no. Ahí sí se le cae la estantería al piso. Moreno es un testigo al que todo le olía mal, pero que no se había dado cuenta que hace rato había perdido el olfato (…) Le pretenden dar validez a un falso testigo, experto en falsos testigos y experto en falsa persuasión, que ha venido a enlodar la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia”. Por otra parte, el juez Guillermo Adame Suárez dijo que “no ve esta judicatura que dentro del acervo probatorio haya alguna inferencia de esta naturaleza que pueda desvirtuar o haga inverosímil las aseveraciones que ha hecho Moreno. (…)A Francisco Ricaurte le era exigible que su comportamiento se ajustara al ordenamiento legal y constitucional pues contaba con la ilustración y suficiente conocimiento para comprender el alcance y las consecuencias al contrariar el ordenamiento jurídico legal, por ello es susceptible del reproche penal por lo que hizo y se probó en este juicio oral”. Así, en marzo ya era un hecho que se condenaría a Francisco Ricaurte, tras implicarlo y encontrarlo culpable por su participación en la red de sobornos. La condena de Ricaurte Hay que iniciar señalando que hasta el momento Ricaurte no ha aceptado cargos, lo que lo convierte en la primera persona condenada por ser parte de esa red de corrupción que no aceptó su responsabilidad y que no se comprometió a colaborar con la justicia. Adicionalmente, el juez Adame dijo que Ricaurte “actuó con pleno conocimiento de las conductas prohibidas, actuó en contrario de dichas prohibiciones, desconociendo bienes jurídicos de vital trascendencia para el Estado y la sociedad colombiana quien por su posición distinguida y destacada se le exigía mayor mesura en sus actos”. Además, informó que la defensa de Ricaurte no logró desvirtuar las graves acusaciones que la Fiscalía sustentó con base en documentos y testimonios. Así, Ricaurte, hoy detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, luego de ser recapturado el pasado 10 de marzo, fue condenado a 19 años y un mes de cárcel y al pago de una multa de más de 440 millones de pesos, por haber cometido los delitos más arriba nombrados. Además, el juez aseguró que el implicado “actuó con pleno conocimiento de las conductas prohibidas, actuó en contrario de dichas prohibiciones, desconociendo bienes jurídicos de vital trascendencia para el Estado y la sociedad colombiana quien por su posición distinguida y destacada se le exigía mayor mesura en sus actos”. A esto se suma que anteriormente la Fiscalía había determinado que Ricaurte y Moreno se conocieron por medio de Leonidas Bustos en 2013 en el apartamento de este último; Ricaurte le indica a Moreno la forma en la que funciona la organización criminal, indicándole cómo manejarían los procesos y detallando la manera cómo procederían frente a lo que ellos llamaban clientes. Puntualmente estos son algunos de los “servicios” que “ofrecían”: información privilegiada de procesos, retraso de los trámites, instrumentalización de medios de comunicación para desacreditar testigos, alteración de evidencias y pagos a funcionarios del más alto nivel para que les dieran información, para que permitieran su actuación o para que engavetaran procesos. Siguiendo esto, otras de las decisiones que actualmente tomó el juez fueron que el procesado deberá cumplir su pena en centro carcelario al considerar que no puede ser objeto de casa por cárcel o suspensión de la sentencia. Ricaurte pide absolución Ahora, hay que aclarar que tras conocerse la decisión del juez, la representante de la Fiscalía General y el abogado del exmagistrado anunciaron que apelarán la sentencia por escrito –para lo que tienen cinco días- para que sea revisada en segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá. Esto por dos vías, una primera en la que se solicita por parte de la Fiscalía que insiste en que la condena sea mayor, pues desde este organismo se evaluaba que el implicado debería una pena cercana a los 23 años y 8 meses de prisión, es decir, cuatro años y siete meses más del monto establecido por el juez décimo. Por otra parte la defensa del exmagistrado pide su absolución, no obstante, la solicitud fue rechazada por parte del juez, quien agregó que ya había sido confirmado por la Fiscalía la vinculación del implicado con los hechos por los que se le acusa. Así las cosas será el Tribunal Superior de Bogotá el que defina si aumenta la condena o si la tumba, como lo ha buscado el abogado de Ricaurte, Juan Sebastián Fajardo. En este punto es necesario recordar que la Fiscalía a establecido que Ricaurte recibió $400 millones del exsenador Álvaro Ashton, investigado por parapolítica desde 2017, $2 mil en el caso del exsenador Musa Besaile, y, además, otros de los “favores” que habría sumado fue vía el expresidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, para favorecer al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Asimismo, vale la pena nombrar que por este mismo caso también han sido condenados el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Ruiz; el exfiscal, Alfredo Bettin; el exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno; el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y el abogado Leonardo Pinilla. Además, en juicio permanecen el exmagistrado auxiliar Camilo Tarquino; el abogado Luis Ignacio Lyons, la exrepresentante Argenis Velásquez y el congresista Nilton Córdoba. Mientras que en la JEP fueron aceptados los casos de los exsenadores Musa Besaile y Álvaro Ashton. Y, también hay que traer a colación, que el caso de Gustavo Malo, a quien se le implicó por concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y uso indebido de asuntos sometidos a reserva, está pendiente, pues el pasado 10 de marzo, día en el que estaba programada la audiencia de alegatos finales de juicio, la defensa de Malo Fernández recusó a dos de los magistrados del alto tribunal, la recusación fue rechazada y, al ser apelada, la decisión quedó en manos de conjueces. Asimismo, el proceso en contra de Leonidas Bustos, que está fuera del país, no ha superado esta etapa y sigue en manos de la Comisión de Instrucción del Senado.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Esta semana se han presentado nuevos hechos dentro de las ya tensas relaciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela: primero las operaciones militares llevadas a cabo por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la localidad de la Victoria en el estado de Apure, población que queda justo al frente de Arauquita, sobre el río Arauca. El pasado domingo iniciaron allí acciones de control y registro, que han dejado a dos oficiales venezolanos muertos y más de treinta capturas -donde hay cuestionamientos de si realmente son ilegales todos los capturados- las operaciones van contra integrantes del Frente 10 de las FARC. Toda la semana se han producido noticias de nuevos ataques, de la persistencia de acciones de confrontación y de atropellos contra la población, se dicen muchas cosas, lo cierto es que han cruzado el río Arauca, hacia la población e Arauquita, cerca de cuatro mil personas, que se han ubicado en campamentos humanitarios y se ha desplegado todo un dispositivo para su atención por parte de la Alcaldía de Arauquita, la gobernación de Arauca y entidades del Gobierno nacional y organismos humanitarios internacionales. Esta situación ha sido seguida por los medios de comunicación y ha tenido respuestas al más alto nivel, tanto en Colombia como en Venezuela, para el Gobierno colombiano son hechos de la mayor gravedad que deben ser monitoreados por la comunidad internacional y para el Gobierno venezolano es una conspiración urdida desde el gobierno colombiano, así lo dejan expresado en un comunicado firmado por el General en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimiro Padrino López: “Resulta imperativo recordar a la comunidad internacional, que los precitados grupos cuentan con el patrocinio del gobierno de Colombia y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)*, razón por la cual, sus incursiones en el espacio geográfico venezolano deben considerarse como una *agresión auspiciada por Iván Duque*, toda vez que éste les proporciona apoyo logístico–financiero, creando un corredor criminal en la frontera con el asesoramiento del Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica; en tanto, no es casual, que estos eventos coincidan con la reciente creación de una Unidad Élite de Acciones Especiales”. La presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano es tema de vieja data y si bien de cuando en cuando se presentan choques con muertos y capturas, esta es la más grande operación militar que se tenga noticia durante los gobiernos liderados por los Presidentes Chávez y Maduro, antes de ellos se hablaba de la “persecución en caliente”, pero en un marco muy distinto, el de la cooperación entre los dos gobiernos, circunstancias muy diferentes a las de hoy, donde hay una ruptura de relaciones y una permanente crispación. Los motivos de este operativo han generado muchas suspicacias, pero sin duda es un hecho que muestra que en Caracas se le está colocando mayor atención a la presencia de grupos irregulares colombianos a los cuales se les acusa de estar bajo el control del gobierno colombiano, acusaciones de marca mayor que van a colocar las ya tensas relaciones en un punto de mayor algidez. Lo cierto es que ninguno de los dos Estados tiene pleno control de sus territorios y la presencia de irregulares de muchos pelambres es hoy una realidad de lado y lado y en medio de dos gobiernos sin canales diplomáticos ni políticas de colaboración, son los ilegales los que vienen controlando y mandando desde su leal saber y entender, autoritario y criminal sobre muchas dinámicas de frontera y las comunidades que allí habitan. Otro segundo tema y en relación con el mencionado es el informe 2020 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes -JIFE-, organismo de las Naciones Unidas, que afirma: “También se ha detectado en Zulia la presencia del cártel mexicano de Sinaloa, que ha aprovechado las pistas de aterrizaje para construir centros de tránsito y recogida de estupefacientes, con el apoyo del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que ha ampliado sus actividades en la República Bolivariana de Venezuela”. Esta aseveración de que hay presencia del cartel de Sinaloa trabajando con el ELN para el trasiego de estupefacientes en territorio venezolano es una información que se suma a una reiterada afirmación tanto de presencia permanente del ELN en Venezuela como la de su mayor involucramiento en las economías del narcotráfico, ambas cosas negadas de manera sistemática por esta organización, pero ahora es un organismo de la ONU quien lo esta diciendo, tema de la mayor gravedad y que puede reforzar la formulación de que el ELN es una amenaza hemisférica, como fue proclamado en la III Conferencia Ministerial Hemisférica de lucha contra el Terrorismo, desarrollada en Bogotá en enero del 2020, justo cuando se cumplía un año del ataque que perpetraron contra la Escuela de Policía General Santander, acción que cerró toda posibilidad de dialogo, en la declaración de esta conferencia se dijo: “Reconocieron como una amenaza a la estabilidad de la región, la acción del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual perpetra actos terroristas y actividades criminales de inaceptable violencia y obtiene financiamiento de origen ilícito.” Con este tipo de declaraciones se ha mantenido una política de presión sobre el gobierno del Presidente Nicolas Maduro, acusándolo de complicidad con el ELN, y ahora nuevamente se insiste en la persistencia de temas de narcotráfico, narcotráfico que por supuesto viene desde Colombia y donde hay evidencia mas que abundante de que persistir en esa vieja guerra, nada nuevo ha traído, bien valdría la pena recordar la expresión que bien retrata el fracaso de esta política: “Las drogas mandan decir que ya ganaron la guerra”. Con estos nuevos hechos de la semana, hay que seguir insistiendo en que esta grave crisis en curso entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, requiere ser repensada y replantear lo que es mas que evidente: la cacareada política de “cerco diplomático” que ha liderado el gobierno del Presidente Iván Duque, es un fracaso y hay que buscar otros caminos, volver a la diplomacia y a pararse en la realidad: en Venezuela hay una profunda crisis política, económica y social que solo puede ser resuelta por los venezolanos y venezolanas, con diálogos y acuerdos, ambos difíciles pero necesarios. Y para rematar este panorama, no olvidemos que la noticia de que: “El Ministerio de Defensa Nacional y la empresa Embraer (Empresa Brasilera de Aeronáutica S.A.) formalizaron la firma del contrato para la compra de 25 aeronaves de combate táctico, destinadas para la Fuerza Aérea Colombiana”, es parte de una convicción de que hay que armarse para una eventual escalada en las confrontaciones, tema de la mayor gravedad. Para los que se preguntan por qué vamos a gastar en tiempos de pandemia 4.000 millones de dólares en esta compra, hay que responder: por que el uribismo no descarta y quizás tenga mucho interés en embarcarnos en tremendo desastre, hay que tener los ojos muy abiertos y decir con claridad: no queremos más guerra y menos con Venezuela. Hay grandes jugadas moviéndose en esta crisis en curso, y las malas noticias es que en esta crisis entre Colombia y Venezuela, están los grandes jugadores, allí están los Estados Unidos, China, Rusia, Irán y Turquía, todo esto es para no dormir tranquilos y ameritaría reforzar el control político en el Congreso de la Republica y mayor atención en el debate público, buscando modificar esta nefasta política de no tener relaciones diplomáticas con Venezuela y si una abierta hostilidad, un absurdo de pies a cabeza.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. El mismo día que la negra Ángela Astudillo y Ricardo Bermúdez ganaban el tan merecido galardón “INDIA CATALINA”, mejor producción canal comunitario (por segunda vez); a nuestro Cauca grupos armados atacaban poblaciones como Siberia, Caldono, el Palo, Toribio, Silvia, El Plateado, y un infame carro bomba estallaba en plena tarde y en medio de la población civil. impotencia y también de resistencia frente a la barbarie de la guerra. Acá señores, en el Cauca, se están haciendo trizas los acuerdos, mientras los altos comisionados recorren como culebreros vendiendo ilusiones de futuro a las comunidades, a sabiendas de que mienten. Y así como nos hemos preguntado: “quién dio la orden” en los más de seis mil falsos positivos, nos cuestionamos hoy, de quién es la responsabilidad por lo que nos acontece. Quisiera decir que es el querer sembrar terror, la base del actuar de estos grupos al margen de la ley. En la búsqueda del control territorial no respetan autoridades tradicionales, ni guardia indígena, para hacer sentir su presencia en veredas y corregimientos; asesinan ciudadanos por uno u otro motivo (indisciplina frente al Covid, relacionamiento obligado con actores, construcción de propuestas alternativas a los cultivos de uso ilícito, etc.) Las palabras son dicientes, salen del alma, del corazón, del sentimiento de impotencia y también de resistencia frente a la barbarie de la guerra. Acá señores, en el Cauca, se están haciendo trizas los acuerdos, mientras los altos comisionados recorren como culebreros vendiendo ilusiones de futuro a las comunidades, a sabiendas de que mienten. “No nos vamos a dejar arrebatar la alegría por la violencia” sentenció Ricardo Bermúdez el director, «damos un abrazo muy solidario a la gente de Corinto…” “Que viva el Cauca y la paz”, gritó emocionada la negra Ángela, ellos dos son representación del esfuerzo comunitario, del trabajo con las uñas, pero igualmente del empuje del suroccidente. La responsabilidad es entonces de más de ocho grupos armados que en el Cauca actúan por fuera del derecho internacional humanitario que dicta unas reglas, unos límites a la acciones militares, y de un gobierno que con su fuerza pública se ha convertido en notario de la presencia de armados en el departamento, sin llevar a los territorios las reformas estructurales necesarias; es decir, sin hacer… Lo suficiente.