Por: Ximena Sierra. Investigadora Pares. Amenazadas, desplazadas y obligadas a guardar silencio se encuentran varias lideresas y defensoras de los DDHH en el Sur de Córdoba. Los liderazgos sociales en esta región del país han sido amenazados por el accionar de los grupos armados ilegales que hacen presencia en la subregión y por la acción u omisión de algunos funcionarios públicos u organismos estatales. Vale la pena recordar el asesinato de la lideresa María del Pilar Hurtado en el año 2019 vinculado a temas de despojo de tierras y que en la actualidad se encuentra en la impunidad. Con el objetivo de poder conocer qué sucede en esta región del país con las lideresas sociales y los riesgos que afrontan en un territorio donde la violencia armada continua; Pares entrevistó a una lideresa social y defensora de los DDHH del municipio de San José de Uré, la cual el 12 de marzo publicó un comunicado donde exponía la situación de desplazamiento forzado que está viviendo, a raíz de amenazas de muerte recibidas desde el año 2020 en contra de su integridad y la de su familia. Al parecer estas amenazas están ligadas a procesos de veeduría que realizaba su esposo en el municipio de San José de Uré. Cabe resaltar que la lideresa social Dina Luz Guerra hace parte de la a Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba y a su vez de la Plataforma Nacional de Derechos Humanos: Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, en su calidad de Coordinadora de la Plataforma municipal de Derechos Humanos y Paz del municipio de San José de Uré, de la mesa Territorial De Garantías De Lideres Defensores de DH del Departamento de Córdoba y es Representante Legal de la Red Organizaciones Sociales De Mujeres Comunales Y Comunitarias Del Municipio San José De Uré. Pares: ¿Desde qué año ejerce el liderazgo y la defensa de los DDHH en San José de Uré? Dina Luz Guerra: Desde el año 2008 que empecé mi función como concejala del municipio San José de Uré, asumí verdaderamente ese rol de liderazgo en defensa del territorio y nuestros derechos y en el año 2009 fui la fundadora de la Red de Organizaciones Sociales de Mujeres Comunales y Comunitarias del municipio San José de Uré, llevo más de 13 años trabajando en Defensa de los Derechos Humanos especialmente el de las mujeres. Pares: En la actualidad, ¿cuáles son las principales dificultades del proceso organizativo en materia de seguridad? ¿Qué impactos ha tenido la emergencia sanitaria por covid-19 en los procesos organizativos y de participación en espacios de toma de decisiones? D.L.G: La dificultad para conectarse y acceder a los medios tecnológicos para participar de los espacios organizativos, la dificultad para expresarse libremente por los medios virtuales, no existe una seguridad informática que garantice la seguridad y el uso adecuado de la información suministrada. Muchos de los espacios organizativos donde participa la sociedad civil y la institucionalidad, como son los Consejos de Paz, Reconciliación y convivencia, carece de la presencia de la institucionalidad local y estos espacios se ven frustrados por qué no avanzan porque la institucionalidad no finaliza las sesiones se retiran apenas dan el saludo y después no se pueden continuar o tomar decisiones porque no se cuenta con la presencia de ellos. Pares: ¿Cuáles son los principales riesgos para quienes ejercen liderazgo en el territorio? ¿Han incrementado o disminuido estos riesgos durante la pandemia? D.L.G: A nosotros como líderes y lideresas defensores de DH acuden mucha gente por diferentes situaciones de vulneración de derechos y mucho más ahora que muchos funcionarios están lejos de sus funciones por la excusa de la pandemia, a nosotros nos toca afrontar diferentes situaciones ya sea con la fuerza pública, con los contratistas de las obras que no se están ejecutando correctamente, por presencia de grupos ilegales que obligan a las familias abandonar sus tierras, por situaciones de salud y es a nosotros como lideresas que nos toca, pues tocar esos puntos áridos y entrar a mediar y eso a nosotros nos aumenta nuestra situación de riesgo. Pero lo que es más triste cuando la situación de riesgo de los líderes defensores de DDHH se originan por entrar a mediar con los mandatarios de turno o con los contratistas que están ejecutando una obra sin socializarlo con la comunidad, sin tener las licencias y los mandatarios de turno son los que deben de garantizar ese ambiente de participación de las comunidades, pero desafortunadamente no se ve reflejado de esa manera. La situación actual de los líderes y lideresas defensoras de DDHH es bastante preocupante, ya que todos nos encontramos en situaciones de riesgo; por lo general la mayoría estamos amenazados de muerte, algunos ya nos encontramos fuera del territorio estamos desplazados forzosamente, Sin garantías de volver al territorio a ejercer nuestras actividades, labores productivas, seguir adelantando acciones que promuevan la paz en el territorio, estamos expuestos a que nos maten. Desafortunadamente hoy en día, no solo vemos vulnerados nuestros derechos por partes de actores ilegales, sino también por los mismos mandatarios de turno y por la Fuerza Pública. Pares: ¿Qué riesgos específicos corren los liderazgos indígenas, afrodescendientes, jóvenes y de mujeres? D.L.G: Los liderazgos indígenas, afrodescendientes, jóvenes y las mujeres lideresas del sur de Córdoba que hemos venido levantando la voz en contra de los atropellos de la comunidad, de las personas más vulnerables; hoy en día nos encontramos todos amenazados, varias lideresas del sur de Córdoba nos encontramos en situación de desplazamiento forzado y amenazas sin las garantías de volver al territorio como lo es mi caso, el caso de Agueda Quiñones Gobernadora indígena Zenú cabildo Vende Agujas, el de Darlis Rojas de Puerto Libertador, otras están amenazadas, pero aún se encuentran en su municipio expuesta a ser violentada como lo es Yulieth Guzmán Cabría, coordinadora de la Red de Mujeres por la Paz de Córdoba del municipio de Tierra Alta. Las garantías de seguridad y protección para los liderazgos indígenas, afrodescendientes, jóvenes y especialmente para nosotras las mujeres son muy pocas, nuestras voces son silenciadas, no es fácil ser lideresa en el sur de Córdoba, no es fácil ejercer liderazgo en un territorio hostil donde no se puede denunciar porque hay temor por la vida, donde las bandas criminales, pelean por el control de la zona, donde la corrupción ocasiona más desigualdad y pobreza, donde el miedo y el silencio predominan, nosotros los lideres defensores DH nos toca enfrentar dificultades y desplazamiento forzados por atreverse alzar la voz, levantar la mano y pedir justicia, por cumplir nuestro derecho de ejercer liderazgo y atreverse a denunciar poniéndonos en situaciones de riesgos y amenazas de muerte como lo han hecho conmigo y mi familia, solo por ser mujer capaz de ejercer mi derecho. Pares: ¿A través de qué medios han sido generados estas amenazas y qué actores son responsables de estas? D.L.G: Las amenazas han sido directas; a través de terceros, de mensajes de textos, de WhatsApp, de panfletos e incluso han ido hasta algunos hogares a buscar a la persona, pero afortunadamente los vecinos y demás líderes sociales han ayudado a salvaguardar la vida de los compañeros y compañeras. Hablar directamente de responsables, sería aumentar nuestros riesgos, pero de manera global para algunos casos de los diferentes líderes del sur de Córdoba, estas amenazas no solo son por grupos armados ilegales, también han sido por mandatarios de turno y contratistas que de una manera u otra se involucran con actores ilegales para silenciar a los líderes defensores de derechos humanos por denunciar y reclamar la participación ciudadana y control social a los bienes públicos del Estado de interés general de la ciudadanía. Pares: ¿Cuál ha sido la respuesta institucional al respecto? ¿Ha acompañado la institucionalidad a líderes y lideresas ante los riesgos y amenazas? ¿Ha tomado la institucionalidad medidas especiales al respecto durante la cuarentena? D.L.G: Consideramos que la respuesta institucional local es demorada en activar la ruta y para algunos municipios del sur de Córdoba a veces ni se pronuncian frente a estos casos. Específicamente en mi caso una vez recibimos la amenaza nos dirigimos a la Personería e inmediatamente se le notificó a la Alcaldía, Secretaría de Gobierno y Policía, y los únicos que estuvieron atentos fue la Policía desde el primer día. Durante tres días consecutivos recibimos amenazas, y solo al tercer día recibimos la visita de la Secretaría de Gobierno. Fueron tres días que estuvimos acuartelados con nuestras vidas en riesgo, sin repuesta institucional. Así sucede para muchos líderes y lideresas que son amenazados y aunque se le notifique a la institucionalidad dan respuestas tardías frente a estas situaciones de riesgos. Consideramos que durante la cuarentena la institucionalidad no ha tomado las medidas especiales para los líderes y en este tiempo se han intensificado las situaciones de riesgos por que a nosotros como líderes defensores de derechos humanos nos toca de intermediar y articular con las instituciones y comunidad, situación que nos pone en riesgo. (Ver comunicado público) _____________________ Nota: Pares hace una invitación al Gobierno nacional, departamental y a los gobiernos locales de los municipios del Sur de Córdoba, para que brinden las garantías de seguridad a las lideresas y defensoras de los DDHH en esta región del país. El pasado 25 de marzo fue encontrado el cuerpo sin vida de Karina Cuesta de 25 años quien era auxiliar de enfermería y beneficiaria del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito – PNIS en el municipio de Tierralta. Su cuerpo fue hallado en un costal en zona rural de este municipio.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. A poco más de un año para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, ya se va pintando un panorama de lo que podría venir para ese momento. Por ejemplo, el Centro Nacional de Consultoría (CNC), realizó una encuesta de la cual los resultados fueron publicados a través Semana, en esta una de las conclusiones fue que Gustavo Petro tiene la mayor intención de voto entre los encuestados, con un 23 %, del cual Bogotá y el Caribe representan las zonas con más fuerza con el 33% y 29%, respectivamente. Detrás de Petro está Sergio Fajardo con el 12%, quien tiene una mayor intención de voto en Antioquia, el Eje Cafetero y en el suroriente del país. A esta lista también se suman Jorge Robledo, Alejandro Gaviria, Juan Carlos Pinzón y Tomás Uribe, quines hasta el momento cuentan con el 2% y Paloma Valencia y Simón Gaviria, ambos con 1 %. Adicionalmente, suenan otros nombres como el de Marta Lucía Ramírez (9 %), Alejandro Char (6 %), Juan Manuel Galán (6 %), Federico Gutiérrez (5 %), Rodolfo Hernández (4 %), Dilian Francisca Toro (4 %) y Germán Vargas Lleras (3 %). Sobre lo anterior, León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación analizó en el programa la Hora Triple A que este escenario lleva a interpretar varias cosas: por un lado, que la suma de candidatos como Fajardo, Galán, Alejandro Gaviria y Robledo podrían lograr una puntuación similar a la que hoy tiene Gustavo Petro. Por otra parte, los candidatos de los clanes políticos, como lo nombra León Valencia, donde está Federico Gutiérrez, Alex Char y Dilian Francisca Toro, sumarían cerca de 15 puntos. Mientras que los que se irían con el partido Conservador, Marta Lucía Ramírez y Pinzón llegarían a 11 puntos. Adicionalmente, el Centro Democrático solo tendría 3 puntos. Afirma el analista, sería Sergio Fajardo el único que podría vencer en una segunda vuelta a Gustavo Petro. El exgobernador de Antioquia iría por medio de la Coalición de la Esperanza, como se ha hecho llamar, en la cual también están políticos como Juanita Goebertus, Ángela María Robledo, Jorge Robledo, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán, esto a través del partido Alianza Verde. Vale la pena traer a colación que en la misma emisión del programa presentado por Ariel Ávila, la Hora Triple A, estuvo en entrevista Fajardo, quien dejó ver el camino en el que iría su candidatura. En un primer momento informó que el próximo 22 de abril se presentarán como Coalición, este día darán a conocer las razones por las que se da esta alianza, y bajo que intereses trabajarán en este año preelectoral. Además, de comunicar los criterios que se tendrán para construir una lista única tanto al Senado, como a la Cámara de Representantes. «Hemos hecho un esfuerzo grande de sentarnos personas muy diferentes y aquí estamos trabajando. Es una coalición por fuera de los extremos para ocupar ese espacio que hoy se le dice centro y desde ahí construir un camino que yo espero nos lleve a la presidencia. Mi convicción es que la persona que quedé luego de la consulta sea quien llegue a la Casa de Nariño», expresó Fajardo. ¿Habrá alianza con Petro o Uribe? Aunque ha sonado que Fajardo no se uniría con Petro, en entrevista con Ariel Ávila puntualizó que: «En Colombia tenemos que aprender a respetar y a reconcer. Nosotros hacemos una campaña y siempre estaremos reconociendo para podernos sentar a discutir los temas del país. La Coalición es la herramienta con la que buscamos encontrar espacios comunes. No será ni con la rabia, ni con el miedo, sino con la esperanza. Nosotros vamos a cambiar, pero vamos a cambiar de una manera para construir, para avanzar con serenidad. Ese es el reto». Respecto al caso de Uribe hizo enfasis en que el espacio que quiere construir la Coalición de la Esperanza estará guiado en lograr convocar distintos sectores, aun con diferencias, pues como se ha enmarcado desde la Alianza Verde, se quieren evitar polarizaciones -parafraseando lo dicho por Fajardo-. No obstante, en este punto se señaló algo puntual respecto al proceso que tiene todavía abierto Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal, sobre esto el candidato mencionó que: «Sea quien sea, incluyéndome a mí, todos nosotros debemos responder ante la justicia por nuestras actuaciones, y, quienes estamos en la vida pública, tenemos una responsabilidad superior porque todo lo que hacemos tiene impacto sobre mucha gente. Cuando la Corte Suprema de Justicia dijo que el expresidente Uribe tenía que estar detenido en su casa, mi opinión fue que esa decisión se tenía que respetar. Yo, por ejemplo, he tenido que responder por mis actuaciones. Dejemos que la justicia actúe, porque uno de los grandes problemas en Colombia es la desconfianza». Fajardo sobre Iván Duque Otro de los puntos tocados en la entrevista fue sobre la evaluación al presidente Iván Duque, tras más de dos años de electo, esto partiendo que justamente Fajardo fue uno de los contrincantes electorales del ahora presidente. Sobre esto fueron varias las aristas tocadas, pero principalmente una de las conclusiones fue que este «ha sido un gobierno muy flojo que no tiene nada para recordar en mi primera etapa». Esta primera etapa a la que hace referencia tiene que ver con los meses transcurridos desde el 07 de agosto de 2018 hasta noviembre de 2019, periodo en el que los eventos políticos más relevantes tuvieron que ver con la gran movilización que hubo en el marco del Paro Nacional, que por un lado, demostró la fuerte inconformidad de la sociedad colombiana con lo que hasta ese momento había sido la gestión de Iván Duque, pero que además se mantuvo, incluso con jornadas de movilización durante la pandemia, a causa de la inoperancia en varios temas por parte del ahora mandatario. «Ese malestar de noviembre de 2019 no ha desaparecido, de hecho la pandemia ha hecho ver más de cerca las desigualdades tan profundas de la sociedad colombiana», agregó Fajardo. Esto además se ve agudizado con dos escenarios puntuales. Por una parte, el relación con la gestión durante la pandemia. Indicó el miembro de la Coalición de la Esperanza que: «lo que hizo Duque fue implementar medidas que fueron pocas y tardías, ejemplo, la vacunación, el retraso en las negociaciones de las mismas, que hace que lleguen para nosotros más tarde, con dificultades para iniciar el proceso de vacunación». A lo que se suma la crítica situación económica, vista por ejemplo con el masivo quiebre de micro y medianas empresas y el desempleo, lo que tiene a muchas familias en niveles críticos de pobreza y vulnerabilidad, pero donde más allá de tomar medidas eficientes al respecto lo que se ha hecho es dar un Ingreso Solidario que se ha quedado corto para atender las necesidades básicas de quienes solicitan apoyos, y, además seguir promoviendo la reforma tributaria con la que serían varias la desventajas para la gente del común, pues, por ejemplo, se pretende ponerle IVA a más productos de la canasta familiar que hoy en día no están gravados. «En un país que actualmente tiene cerca del 45% de personas en pobreza y el 20% vulnerables, no tiene el más mínimo sentido pensar en esa extensión del IVA con la excusa que se les devuelve a los más pobres ese cobro. Primero, esa es una devolución mínima, pero al mismo tiempo cubre una pequeña porción de la población. No obstante, hay que ver cómo se puede ir haciendo una reforma gradual». Sobre HidroItuango Uno de los temas que más ha atravesado la imagen de Fajardo fue lo relacionado con Hidroituango, donde además de la caída del túnel que se me estaba construyendo, también se investigan otros casos relacionados como sobrecostos, detrimento, la catástrofe ambiental provocada en el Río Cauca y la problemática social que ha traído el proyecto para la comunidad que habita a los alrededores de donde se ha llevado a cabo esta iniciativa. Pues bien, el exgobernador se refirió al caso diciendo que: «Cuando yo llegué el proyecto ya estaba y como gobernante debía responder por esos procesos existentes. Este ya venía avanzado, con una cantidad de recursos, entre otras, porque dentro de la generación de energía en Colombia se hacen unos contratos especiales. Cuando nosotros llegamos el proceso estaba retrasado por razones geológicas, de rendimiento eficiente del contratista, sociales, entre otras. Además, hay que decir que el río se debía desviar, pero eso no se podía hacer en cualquier momento, se debía hacer en un momento preciso del año y por razón de todos esos retrasos que venían acumulados la desviación se demoró un año. Desde ese momento EPM empieza con el proceso de recuperar y hacer acciones para avanzar y encontrar soluciones, así que desde la junta directiva de manera seria y juiciosa se hizo seguimiento y se fueron tomando decisiones, todo eso está documentado y argumentado». Precisamente, sobre la junta directiva, a la que pertenece, explicó que «nosotros recibimos la Gobernación de Antioquia en enero de 2012, para ese momento ese proyecto ya había empezado. En Antioquia por años se ha discutido ese tema, pues parte de lo que ha sido EPM ha sido sobre la generación de energía a través de las hidroeléctricas por la condición geográfica que tiene el departamento, entonces gran parte de la riqueza de EPM está asociada con las hidroeléctricas. Aunque el caso todavía no está resuelto, Fajardo afirmó que: «Vamos a presentar los descargos que demuestran que actuamos de manera correcta, vamos a demostrar que el túnel se cayó pero no por responsabilidad nuestra y vamos a dar todos los argumentos».

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. El Gobierno Nacional insiste. Esta vez va por la tercera reforma tributaria y, en esta ocasión la avanzada del ministro de Hacienda y Crédito Público busca un recaudo del $25,4 billones de pesos, es decir el 2,2% de Producto Interno Bruto (PIB). Una de las grandes críticas del sector de la oposición es que de dicho monto; $14 billones vienen de los bolsillos de los y las ciudadanas. Una de las características de la nueva reforma tributaria es que incluiría eliminar exenciones del IVA. ¿Esto qué implica? Pues bien, Gustavo Petro, senador de la Colombia Humana, se refirió a través de su cuenta de Twtter para explicar qué implicaciones tiene que el Gobierno Nacional haya propuesto pasar bienes de la canasta familiar del régimen de exentos del IVA. De acuerdo con Gustavo Petro significa que “en los bienes exentos de IVA; el IVA pagado en la cadena de producción no pasa al precio final, es decir no lo paga el consumidor. Al pasar al régimen de excluidos, esos IVAs de la cadena productiva pasan directamente al precio final del bien y lo pagan los consumidores”. Con esta premisa el senador criticó la estrategia del ministro Carrasquilla al momento de informarle a los y las colombianas sobre las acciones de esta cartera ministerial. “En el típico manejo comunicacional engañoso, Carrasquilla si está aumentando sustancialmente el IVA pagado por los consumidores de la canasta básica familiar al pasar sus bienes de exentos a excluidos. Está gravando la comida en tiempos del covid y la crisis económica”, sostuvo Petro. Quien tampoco se hizo esperar en las críticas fue Aída Avella, senadora y presidenta de la Unión Patriótica (UP), quien rechazó con vehemencia la intención del Gobierno Nacional de recargarle los impuestos a la ciudadanía. Avella escribió en su cuenta de Twitter que “los bancos y multinacionales son privilegiados porque tienen exenciones tributarias suficientes para no pagar o pagar lo más mínimo de impuestos. Para los ciudadanos iva del 19%. Pobre país.” Por su parte David Racero, representante a la Cámara por la Colombia Humana, indicó varias de las críticas a la reforma tributaria de Carrasquilla. “Una de las peores medidas de la reforma tributaria es que pretende subir el IVA de la gasolina del 5% al 19%. Esto incrementará costos de transporte y con ello el costo de todas las mercancías. Esta es una reforma tributaria para empobrecer más a la gente. Caerá más la economía”, señaló en su cuenta de Twitter. Se dispararán los precios de alimentos de la canasta familiar como lo son el chocolate y la pasta que tendían una tarifa del 19% y que hoy por hoy tienen un 5%. Asimismo, Racero señaló que con la reforma tributaria “quieren que personas con un ingreso de 2,6 millones de pesos mensuales paguen un impuesto de renta” a lo que agregó “¡La clase media se verá seriamente afectada! ¿Por qué no le cobran más a los banqueros y a los multimillonarios?”. Racero presentó las siguientes medidas alternativas a las propuestas del Gobierno Nacional: 1. No comprar los aviones. 2. Aumento de impuestos a personas de alto ingreso. Impuesto de renta, dividendos, patrimonio. 3. Impuesto a quienes tienen tierras improductivas 4. Eliminación de beneficios tributarios a bancos y empresas mineras. 5. Impuestos para combatir el cambio climático 6. Medidas para promover el emprendimiento. 7. Renta básica 8. Subsidios a la nómina. Cabe señalar que Racero le solicitó al presidente de la Comisión Tercera o de Hacienda y Crédito Público, Néstor Leonardo Rico Rico, que lo asigne como ponente del proyecto de la reforma tributaria. Con ello el representante de la Colombia Humana espera que se brinden garantías a los partidos de la oposición para la discusión de la iniciativa que comanda el ministro Carrasquilla. Wilson Arias, senador por el Partido Polo Democrático, ha resaltado que “es mentira que la reforma tributaria no pondrá IVA a los alimentos. Son $8 billones de pesos los que espera recaudar el Gobierno subiendo el IVA de alimentos de la canasta familiar del 5% al 19% y poniendo IVA a alimentos que hoy no lo tienen.” Arias denominó como una “jugada a lo Carrasquilla” que se ve reflejada en el siguiente cuadro. Allí señala que Carrasquilla “dice que no va a gravar alimentos con IVA pero en realidad está escondiendo el impuesto para cobrarlo sin que nos demos cuenta, al pasar de exentos a excluidos encarece los insumos (Que si pagan IVA) y al final se eleva el precio del bien”.

Por: Laura Cano y Sergio Saavedra. Periodista Pares. Cruzar el río Arauca rumbo al municipio de Arauquita fue la decisión que estuvieron obligados a tomar cerca de 3.000 venezolanos/as por cuenta de los enfrenamientos entre los que sería Grupos Armados PostFarc o disidencias y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El desplazamiento forzado que se registró en la frontera colombo venezolana ha desatado una crisis humanitaria que continúa agravándose. Los campesinos y campesinas del municipio de Arauquita han recibido a la población desplazada proveniente de suelo venezolano. La Asociación Campesina de Arauca (ACA) informó que, por ejemplo, en las instalaciones de la Casa Campesina del Municipio de Arauquita; se encuentran albergadas algunas familias desplazadas. Pares habló con Anderson Rodríguez, presidente de la Asosicación Campesina de Arauca, para conocer sobre la situación que se está viviendo en el municipio de Arauquita. Dentro del panorama esbozado por Anderson se está indagando porque se presume hay familias desaparecidas, mujeres que no aparecen desde el bombardeo. Muchos niños y niñas en los albergues no dan cuenta de sus padres. Además, existe un reporte de 32 campesinos retenidos por parte de la Fuerza Pública venezolana. Asimismo, señaló que esta misma mañana se conoció de un comunicado en el que las autoridades venezolanas estarían exigiendo recursos a cambio de la libertad, es decir, se habla de una violación al Derecho Internacional Humanitario. Por otra parte, Anderson cuenta que soltaron a un concejal que fue golpeado por la Fuerza Pública venezolana. De acuerdo con lo señalado por ACA los lugares en donde se están estableciendo albergues se requiere alimentos, frazadas o carpas para las personas que necesitan pasar noches en el sector, apoyo médico y prevención de contagio de Covid19, atención psicosocial especialmente para niños y niñas. Asimismo, la ACA pide acompañamiento internacional para prevenir hechos de violencia de grupos armados en su contra por la labor de atender la emergencia humanitaria. Pares: ¿Cuál es la situación entre Arauquita y Apure? ¿Siguen registrándose enfrentamientos? Anderson Rodríguez (A.R): Mire… desde el domingo —21 de marzo— se han venido presentando enfrentamientos entre grupos armados colombianos y las Fuerzas Armadas de Venezuela. Como resultado de estos combates se ha producido el desplazamiento de centenares de familias hacia el municipio de Arauquita. No sólo en el casco urbano, como municipio, sino también en las veredas aledañas en donde los campesinos han estado saliendo a las partes más altas y en los cruces del río Arauca. La situación es muy delicada. Los mismos campesinos que se están desplazando están denunciando atropellos por parte de la Fuerza Pública venezolana que van desde saqueos de casas y habitaciones, están violando las cerraduras, tumban puertas. Además de eso, se están llevando campesinos presos vinculándolos a que hacen parte de la insurgencia. Situación muy complicada porque los campesinos dan fe que esos que se están llevando retenidos son campesinos de la región. El desplazameinto continúa aumentando debido a que se están recrudeciendo los enfrentamientos. Por ejemplo, a las 9 de la mañana hubo un bombardeo indiscriminado en una vereda conocida como Arenales frente a El Troncal. Allí desaparecieron las casas de los campesinos, afortunadamente los campesinos huyeron y no se registraron victimas fatales. En las horas de la noche, ya en el casco urbano de La Victoria, la insurgencia se tomó el pueblo y atacó a la base militar del Ejército venezolano. Esto ha sembrado terror en las comunidades y no queda otra que correr e irse a refugiar en los albergues que tiene el municipio y la Alcaldía. O que tenemos algunas Asociaciones como en el caso de la ACA, que habilitó su Casa Campesina como albergue en donde hay cerca de 80 personas. Se prevé que hoy llegen cerca 15 personas que vienen huyendo también. Pares: ¿En qué condiciones están estas 80 personas? ¿Qué requieren? Anderson Rodríguez (A.R): Escasamente salieron corriendo y no salieron sino con la ropita que tenían encima. Entonces lo que se necesita el campesinado es mercaditos, medicinas, pañales, útiles de aseo, ropa para niños, platos, cucharas. Es decir lo que yo pueda traer por solidaridad es bien recibido. Los campesinos venezolanos les van a agradecer. Lo que hemos podido tener, por ahora, en los puntos de albergue es alimento que el campesinado ha recogido. Es el caso de la yuquita, plátano, auyama, papaya, maracuyá. Sin embargo, carecen de verdurita. También, hemos tratado de gestionar ganado por ahí hemos podido suministrar, como ACA, en algunos albergues con algunas carnitas. Pero, no es suficiente. Necesitamos que la ciudadanía en general, los ganaderos, los comerciantes, todo aquel que viva en Arauca debe vincularse con esta noble cauca de la solidaridad de los campesinos desplazados por el conflicto. Alertas desatendidas Durante el fin de semana fueron alertados los enfrentamientos que se han venido registrando en la zona de La Victoria, en el estado Apure, limítrofe con el departamento colombiano de Arauca, estos han sido entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y las disidencias de las Farc, desde la madrugada del pasado domingo, extendiéndose hasta horas de la tarde de ese día, y manteniéndose, por lo menos, hasta este martes en la noche, día en el que fue informado sobre un ataque al batallón del Ejército de La Victoria por parte del grupo guerrillero. A través del diario El Tiempo se indicó que además durante el día de ayer la zona se quedó sin energía eléctrica, lo cual dificultó el seguimiento a lo que ha estado ocurriendo por parte de organizaciones regionales. Además, aunque no se ha podido determinar cuántas personas han resultado afectadas con estas acciones, el 23 de marzo se conoció un comunicado del grupo guerrillero en el que se habla del asesinato de “varios civiles”, que aún no se identifican. Adicional, la diputada Karim Vera manejaba la cifra de al menos 20 efectivos de las FANB heridos el domingo, y que fueron ingresados al hospital militar de San Cristóbal, Táchira. Asimismo, acentuando la gravedad de este panorama, el director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, alertó a través de Twitter que esta situación hasta el momento ha provocado que cerca de 3.000 venezolanos/as se hayan tenido que desplazar forzadamente, poniendo en riesgo sus vidas al tener que cruzar el río Arauca hacia el municipio colombiano de Arauquita, donde se habrían establecido entre albergues y casas de familias. Por su parte, desde la Cancillería de Colombia se comunicó que “en nombre del Gobierno Nacional, expresamos preocupación por los graves efectos humanitarios sobre la sociedad civil en el estado Apure de VEN, causados por enfrentamientos armados que están ocurriendo en esa región limítrofe con el departamento colombiano de Arauca. El Ministerio de Relaciones Exteriores hace un llamado a la comunidad internacional para unirse en la asistencia ante esta crisis humanitaria, en la que más de 3.100 personas han tenido que desplazarse de manera forzada para encontrar protección en Colombia”. Por otra parte, a través de El Tiempo se citaron las palabras de la diputada Gaby Arellano, quien aseguró que “Hay una guerra en la frontera venezolana, entre estos grupos irregulares, donde las víctimas son los más humildes: los venezolanos que viven en esas zonas, que tienen que dejar todo, huyendo por salvar sus vidas. Esta situación ha incrementado. Naciones Unidas y los organismos multilaterales no pueden hacerse la vista gorda ante esta cruda realidad”. En este punto es importante señalar que HRW, por lo menos, desde enero del 2020 había emitido un informe en el que se alertaba de la situación en Arauca, puntualmente se indicaba que “en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure, grupos armados no estatales controlan de forma violenta la vida cotidiana de la población. Los grupos imponen sus propias reglas y, para asegurar su cumplimiento, amenazan a civiles a ambos lados de la frontera. Los castigos para quienes no obedecen van desde multas hasta trabajo forzado o incluso la muerte. Los residentes viven aterrorizados”. Múltiples vítimizaciones Adicionalmente, la organización también denunció que en estas zonas también había una crítica situación a causa de una agudización de violencia evidenciada en un incremento de los casos de amenazas, secuestros, reclutamiento de menores, trabajo forzado, homicidios, instalación de minas antipersonales y actos de violencia sexual, todos estos hechos relacionados con grupos armados ilegales, señalando que dos de los que imponen control social sobre los residentes de Arauca y Apure son el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo disidente Frente Décimo Martín Villa. A todo esto se suma, que se identificó que “los grupos armados también han asesinado a venezolanos. Muchos de ellos llegan a Arauca desde zonas donde no hay grupos armados y desconocen las “normas” impuestas por los grupos. Entre enero y noviembre de 2019, la Policía Nacional de Colombia registró 30 homicidios de venezolanos en Arauca. (…)Los venezolanos también han sufrido abusos que no están directamente vinculados con los grupos armados. Muchas mujeres son sometidas a explotación sexual y coacción para intercambiar relaciones sexuales por dinero. Diversos actores humanitarios han denunciado casos de trata de personas. La xenofobia es un fenómeno muy extendido en Arauca y ha originado algunos incidentes de violencia contra venezolanos, a quienes a menudo los locales culpan por los delitos que ocurren en el departamento”. Hay que resaltar que aunque HRW en ese momento envió varias recomendaciones a los gobiernos de ambos países, hoy el panorama deja en evidencia las pocas acciones concretas que se han tomado, que han dejado de nuevo en el fuego cruzado a la población civil que quedan a la deriva, sin protección y en este caso puntual teniéndose que desplazar a un país donde son pocas las garantías para los y las migrantes. Defensoría del Pueblo La Defensoría del Pueblo ha informado que en labores de acompañamiento y seguimiento a la situación que se presenta en cercanías a la frontera con Venezuela. “En este momento se cuentan más de 600 personas en territorio colombiano. Por el número creciente de personas que se encuentran ahora asentadas en Arauquita, la Defensoría del Pueblo solicitó la intervención de las autoridades departamentales para atender esta crisis humanitaria que se presenta en el municipio”, señaló la Defensría. Asimismo, que se encuentran trabajando conjuntamente con autoridades locales, Personería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, bomberos, Pastoral Social y el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración (OIM). Campesinos y campesinas por la población venezolana afectada La Asociación Campesina de Arauca (ACA) informó que en la vereda Santa Ana, sector el Oasis, municipio de Arauquita, campesinos y campesinas “se solidarizan con los hermanos venezolanos, que se han tenido que desplazar desde sus territorios hacia al municipio de Arauquita, y sus veredas aledañas, para salvaguardar sus vidas; debido a los hechos violentos que se vienen presentando desde el pasado domingo 21 de marzo, en la frontera Colombo-Venezolana.” Asimismo, la Asociación Campesina de Arauca-ACA, y sus afiliados, invitan “a toda la comunidad Araucana, a solidarizarse con estas familias, que pasan por una difícil situación, vinculándose con la donación de alimentos, ropa, útiles de aseo, y demás elementos de la canasta familiar, que permita mitigar este difícil momento.” Situación de Arauca Según los datos de la Fundación Paz & Reconciliación- Pares, en el departamento de Arauca —tras la firma del Acuerdo de Paz— han sido asesinados 11 líderes y lideresas sociales. La mayoría de víctimas son mujeres y personas que son o presidentes o miembros de las Juntas de Acción Comunal. Respecto a la presencia de grupos armados: en los siete (7) municipios de Arauca hace presencia el Frente Décimo Martín Villa de los Grupos Armados Postfarc. A su vez, en todos los municipios hacen presencia frentes del ELN. Asimismo, presencia de bandas criminales vinculadas con paramilitares. Preocupación por la ACA Pares alerta sobre la situación de riesgo que viene presentando la Asociación Campesina de Arauca (ACA). No sólo por su labor en este caso al atender la situación del desplazamiento forzado y hacer denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario; sino también por las múltiples victimizaciones de las que han venido siendo víctimas, incluso, este año. Amenazas, persecuciones y seguimientos por parte de paramilitares que han señalado como objetivos militares al presidente de ACA Anderson Rodríguez, a Camilo Espinel que trabaja como directivo de la Junta Departamental. También por los atentados registrados como del que fue víctima Jhon Alexander Romero, vicepresidente de ACA. Por supuesto sin dejar de nombrar a Luz Perly Córdoba. Su legado en la región aún vive a pesar de que su muerte. Luz Perly murió enrarecidas circunstancias que no han sido aclaradas por los órganos investigativos ni por el Gobierno Nacional. Para ACA: “contra nuestra compañera había un plan para asesinarla y lo hicieron.” «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. “En el resguardo de San Andrés de Pisimbalá, en Inzá, Cauca, sujetos armados entraron a una casa, sacaron a cuatro (4) jóvenes los subieron a un carro para matarlos, en el camino y aprovechando la noche tres lograron escapar al cuarto lo mataron. El Cauca a merced de la violencia señores del gobierno.” De esta forma se refirió el senador indígena del Partido MAIS, Feliciano Valencia, sobre los últimos hechos ocurridos en el departamento del Cauca. Según el comunicado de la Asociación Juan Tama Territorio Ancestral Resguardo Indígena de San Andrés de Pisimbalá la persona asesinada fue Gilberto Fincue Achicue, el 22 de marzo de 2021. El senador Valencia amplió la información en los micrófonos de UNICAUCA Estéreo y señaló que se ha venido denunciando la situación de seguridad desde 2020 en los municipios de Páez Belalcázar, en Inzá, en la región de Tierra Adentro; sobre el reclutamiento de menores de edad, asesinatos selectivos, presencia de estructuras criminales. Insistió sobre la presencia del Grupo Armado PostFARC – Dagoberto Gómez, quienes —según sugirió el senador— estarían detrás de los últimos hechos. El reclutamiento de menores es el tema sobre el que más llama la atención el senador Feliciano Valencia. De acuerdo con lo dicho en entrevista con UniCauca Estéreo podría tratarse de más de 100 menores que están siendo víctimas de reclutamiento forzado puesto que la alcadía de Páez Belalcázar, en 2020, ya tenía registro de 30 menores, según precisó Feliciano. Además, resalta que las víctimas son niños, niñas y jóvenes campesinos e indígenas. Para Juan Manuel Torres Erazo, coordinador de la Oficina de Pares Pacífico, además de la situación de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados a niños, niñas y jóvenes; los grupos que operan en la región están victimizando a las comunidades indígenas con el fin de pasar la marihuana. Es decir, llevarla a departamento del Huila; es otra forma de que llegue hasta Bogotá. Estas victimizaciones, también, se dan en carreteras rurales. Esto, según el investigador, debido a que las autoridades indígenas tienen puntos de control en las que las comunidades impiden el paso de la marihuana. Juan Manuel además señala que San Andres de Pisimbalá, corregimiento en donde ocurrieron los hechos victimizantes “es muy cercano al Parque Arqueológico de Tierra Adentro”. El oriente caucano De acuerdo con Juan Manuel, es importante poner en perspectiva la situación del reclutamiento y los asesinatos con las condiciones geográficas del oriente caucano. “Esta región tiene sectores de comunidades indígenas del Pueblo Nasa, especialmente de los municipios de Totoró e Inzá, porque hay un oriente caucano que es de las comunidades indígenas de Kokonuko y Yanakona”, precisa el investigador Pares. Para el caso de Totoró, municipio cercano a Popayán, hay un aspecto estratégico que lo reviste de valor. Según Juan Manuel, ese valor tiene que ver con la conectividad que representa. “Si bien hay un proyecto vial que lleva más de diez años ejecutándose y no se ha terminado; cambió la conexión que antes se hacía por Kokonuko, Paletará, Isnos para llegar a San Agustín o Pitalito. En este orden de ideas, ha habido una gran inversión para la construcción de la vía ‘La Transversal del Libertador’ que comunica a Totoró con La Plata (Huila). Si bien no ha sido terminada; permite que Popayán y Neiva se conecten más fácilmente”, expresa Juan Manuel. Ahora bien, Juan Manuel precisa que la Columna Dagoberto Ramos, para 2019, “comenzó a realizar sus primeros anuncios de llegada a Totoró, especialmente al corregimiento Gabriel López. Además de ir haciendo las “pintas” (grafitis con la denominación de Grupo Armado) han asesinado personas, asesinatos selectivos en la vía”. Uno de ellos, por ejemplo, se presentó en septiembre de 2020; cuando asesinaron al líder indígena Oliverio Conejo Sánchez y a su hija Emily Conejo, de 22 años, en el corregimiento de Gabriel López. Según el investigador Pares, la columna Dagoberto Ramos, desde hace dos años, estaba consolidando su presencia —especialmente— en el Norte del Cauca. De allí desplegaron su proceso de expansión hacia el oriente. Es decir, por Jambaló, por los alrededores de Silvia y se han podido establecer hacia Totoró, Inzá y en la zona de frontera con Huila. Zona de frontera que resulta clave, entre otras cosas, por la presencia de páramos. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.»

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Es año preelectoral y como es de esperarse varias son las acciones que se empiezan a tomar a favor de intereses particulares. Por ejemplo, la semana pasada rondó la iniciativa de la que se ha estado hablando y la que se intentó llevar al Congreso sobre darle dos años más al periodo presidencial de Iván Duque, esta, aun sin haber tenido siquiera el primer debate, se hundió en el Congreso puesto que de los/as 23 congresistas que habían firmado la propuesta, 15 representantes retiraron su firma del proyecto, lo que provocó que quedara sin el mínimo de 10 firmas requerido para continuar su trámite. Se abre un debate nuevo, que como el anterior, no es la primera vez que suena. Se trata de permitir que los miembros de la Fuerza Pública (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía) puedan votar. La iniciativa la puso sobre la mesa el senador Édgar Palacio Mizrahi, del partido Colombia Justa y Libre, quien ya lo había hecho en 2020 y desde el 2019 venía insistiendo en la reforma del parágrafo segundo del artículo 219 de la Constitución. ¿Qué dice dicho apartado? “La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”. Hay que señalar que el proyecto, en el cual hay dos artículos, plantea que el inciso 2 del artículo anteriormente nombrado quedaría así: “Los miembros de la Fuerza Pública podrán ejercer el derecho al sufragio y se les garantizará y facilitará, a través de mecanismo idóneos y oportunos, el legítimo uso del citado derecho. No les está permitido intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos mientras permanezcan en servicio activo”. Con lo anterior lo que se plantea es una reforma constitucional, por lo que el proyecto implica no cuatro, sino ocho debates en el Congreso; cuatro en Cámara de Representantes y otros cuatro en el Senado. Según el senador lo que busca esta propuesta es corregir un “adefesio constitucional” y restablecerles a los miembros de la Fuerza Pública “un derecho humano fundamental”, pues “es muy delicado. Ningún derecho humano puede restringirse, ni siquiera el mismo titular puede rechazarlo. Desde hace 80 años tenemos a los miembros de las Fuerzas en un nivel subhumano, ni siquiera con el carácter de ciudadanos. Hay una contradicción jurídica, porque la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos reivindican el derecho al voto y hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad”. Siguiendo lo nombrado, vale la pena señalar que ningún miembro activo de la Fuerza Pública puede ejercer el derecho al sufragio desde 1932, año en el que estaba el gobierno de Enrique Olaya Herrera. Posteriormente, en 1945, esto quedó establecido en la Constitución y se le agregó que los militares no podrían ser “deliberantes”, determinación que se mantuvo en la Constitución del 1991. En este punto es importante indicar dos puntos: por un lado, como se citó en El Espectador, que durante las veces que se ha movido esta iniciativa en el último año ha tenido fuerzas a favor, una de esas es la del general (r) Jaime Ruiz, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), quien insistió en que los uniformados no pueden seguir siendo tratados como “ciudadanos de segunda”. Ruiz ha manifestado, como se indica en el medio, que “no permitir el voto de la Fuerza Pública es un exceso constitucional y está demostrado, por la experiencia internacional, que ser una fuerza deliberativa no representa un riesgo para la democracia. Ya es tiempo de hacer las modificaciones al artículo constitucional y permitir este derecho, reglamentándolo como en otros países para que no se dé el proselitismo partidista al interior de los cuarteles”. Por otra parte, es necesario nombrar que, según información del Ministerio de Defensa conocida por El Espectador, a marzo de 2021 se tiene registro que existen 399.528 personas que integran la Fuerza Pública; 192.750 pertenecientes al Ejército, 30.250 a la Armada, 12.849 a la Fuerza Aérea y 163.679 a la Policía. Esto lo que significa, entre otras cosas, es que allí habría una fuerza electoral importante, pues sería, por ejemplo, casi la mitad de los 875.554 votos con los que Álvaro Uribe llegó al Senado en las pasadas elecciones al Congreso. Además, también representaría un potencial electoral mayor de zonas como Casanare (299.802), Arauca (210.224) o Chocó (326.618). Una lectura de la propuesta Como se señaló anteriormente esta propuesta cuenta con unos sectores a favor. Además, retomando también lo dicho, en la última década esta propuesta ha tenido intentos en 2012 y abril y agosto de 2013 por parte del partido Opción Ciudadana, en 2016 por el Partido de la U y en febrero y agosto de 2020 por Colombia Justa Libres; todos esos intentos han quedado archivados. Sin embargo, ahora de nuevo el debate se abre en el Congreso, el cual lleva tan solo una semana sesionando. La propuesta llega en un periodo importante: un año preelectoral, no obstante, siguiendo lo expuesto en El Espectador, en caso de ser aprobada, no comenzaría a aplicar en las elecciones presidenciales y legislativas de 2022, sino hasta las regionales de 2023, lo que no la hace ajena, igual, al contexto que actualmente vive el país. Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, explicó que “en Colombia todavía existe una presión muy fuerte por parte de la doctrina que reciben los militares y la policía. Si, por ejemplo, se analiza el hecho que un funcionario público pueda votar, se debe establecer que el nivel de subordinación no es el mismo a la doctrina militar, en donde existe una jerarquía; de un oficial o suboficial ante un subordinado que puede tener mayor injerencia a la de otra persona, donde esta subordinación está regida principalmente por medio de un contrato”. Por otra parte, el analista insiste en que en la Fuerza Pública hay intereses de por medio, que por un lado responden a la doctrina con la que son formados, pero por otro lado tienen relación con el escenario político y social del país, pues no hay que dejar de lado que estas tienen como jefe máximo al presidente de la república, así como al ministro de Defensa, quienes han demostrado oposición a temas que le son transversales a la Fuerza Pública como, por nombrar algunos escenarios, el cumplimiento del proceso de Paz o la autonomía de la JEP, etc. “Este panorama a lo que lleva es a analizar que podrían haber casi 400.000 votos direccionados de manera no libre, subordinada jerárquicamente; pues no se puede pensar que un soldado pueda votar libremente cuando está subordinado por un oficial, suboficial, que a su vez está subordinado al presidente, el cual tienen un partido de Gobierno por el cual llegó a gobernar, que además, tiene un ministro de Defensa que seguramente vea a los soldados como máquinas para votar”, expresó el analista. Sobre lo anterior hay que decir que el senador Édgar Palacio Mizrahi admitió que el propio presidente Iván Duque, el ministro de Defensa, Diego Molano, y hasta el expresidente Álvaro Uribe, le expresaron que no están de acuerdo con la iniciativa y que, adicional, le pidieron que no lo volviera a radicar. Empero, el analista opina sobre esto que “es un juego para poder medir el aceite, así como pasó la semana pasada con la idea de ampliar el periodo presidencial, y así ven qué tanta viabilidad tienen esos intereses. Ahora, es evidente ver sobre quiénes tendría beneficios lo que ahora se quiere llevar a debate, pues es hablar de casi 400.000 votos de los efectivos de la Fuerza Pública que se sabe que tienen una tendencia conservadora y de derecha, que podrían modificar cualquier escenario político”. Por último y a modo de conclusión, aseveró Isaac Morales, coordinador de la Línea de Seguridad y Crimen organizado de Pares que “este es un tema que siempre cuando se aproximan elecciones sale, pero finalmente nunca termina en nada y la propuesta se termina hundiendo. Sin embargo, si llegara a pasar sería un gran riesgo para la democracia porque son las instituciones de seguridad del Estado las que controlan las armas y eso se puede volver un instrumento para ejercer fuerza para la toma o por la toma de una decisión; esa es una de las razones por las que hoy los miembros de la Fuerza Pública no votan. Igual, si llegara a pasar la Corte Constitucional lo debe tumbar, pues una reforma de ese tipo no está permitida”.

Por: Attila Lenti. Columnista Pares. En medio de la torpeza del gobierno, la inseguridad generalizada y la corrupción desatada, en Colombia la tendencia política actual es el fortalecimiento cada vez más notable de la oposición. Con miras al 2022 es una tendencia poco favorable para el uribismo, pero en lugar de combatirla comenzando a gobernar, más bien se observan unos intentos desesperados de contrarrestarla utilizando los medios de comunicación hegemónicos, portavoces tradicionales de las élites. Aquellos notables y “estadistas” a los cuales la gente en la calle refiere como “los mismos de siempre”, se han convencido, con experiencia tangible, de que no es necesario gobernar si está a su disposición toda una gama de técnicas y herramientas para la concentración y preservación del poder, incluso en el marco de una democracia formal. La comunicación, caracterizada por algunos como “el cuarto poder”, está fuertemente controlada por los dueños del poder económico. Hoy es uno de los obstáculos para que en Colombia se pueda desarrollar una democracia real. Colombia: un terreno fértil para la propaganda Según las investigaciones hechas por Reporteros Sin Fronteras, los medios colombianos están concentrados en pocas manos (así como la tierra, los bancos y un largo etcétera), creando una ausencia de la pluralidad de voces que permitiría informarnos bien de diversas fuentes. Para hablar tan solo de un ejemplo, la concentración de audiencia en el sector de televisión, los canales comerciales de los grupos mediáticos de la Organización Ardila Lülle y del Grupo Empresarial Santo Domingo concentran el 74% de la audiencia de televisión nacional, regional y local. Para más detalles acerca de cómo se estructuran nuestros medios, se recomienda estudiar esta página. Esta hegemonía mediática es más que suficiente para llevar a cabo estrategias efectivas de propaganda parecidas a las de los Estados totalitarios. No olvidemos que los grupos empresariales dueños de los medios también financian campañas electorales y tienen una enorme influencia política. Tenga por seguro que antes de votar, estos señores, de acuerdo con sus intereses y agenda privados, tratarán de persuadirle y determinar qué debe pensar. ¿Cuál es su principal interés? Mantener el estatus quo y su dominio sobre el Estado y prevenir cualquier cambio social. ¿Quién es su adversario? Cualquiera que promueva ese cambio. Es lógico que los actores más atacados sean aquellos que consideran los más peligrosos para sus intereses privados. Las técnicas de propaganda Según Reyzábal (1999) la propaganda es un proceso comunicativo – con elementos informativos y persuasivos – de contenido ideológico, que persigue modificar las actitudes de las personas a las que se dirige, para adecuarlas a sus objetivos. Se trata de un proceso planificado previamente por el propagandista, que generalmente mantiene ocultas sus intenciones y utiliza múltiples canales y medios para conseguir sus fines. Algunas de las más importantes técnicas, basadas en la psicología de masas son: 1. Simplificación y creación del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo; individualizar al adversario en un único enemigo. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo; los adversarios han de constituirse en suma individualizada. 2. Transposición: cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”. Cuando el acusado responda, ya todo parecerá una pelea infantil y la primera noticia queda en el olvido. 3. Exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota del otro, por pequeña que sea, en un suceso mucho más grave o negativo de lo que realmente es. 4. El principio de la vulgarización. “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa por convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental por realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar”. 5. Orquestación: La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. O sea: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”. 6. Principio de la verosimilitud. «Camuflar» mentiras dentro de una noticia objetivamente cierta, dar informaciones fragmentarias. Brindar solo un lado del argumento, el que más convenga. 7. Técnica del silenciamiento: acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario. 8. La transfusión. Por regla general la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales; se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. 9. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa “como todo el mundo”, creando impresión de unanimidad. La gente tiene tendencia a seguir lo que hace la masa, por la inseguridad que representa la diferencia. 10. Crear problemas, después ofrecer soluciones. Prácticas habituales de propaganda en Colombia Miremos algunos ejemplos emblemáticos: 1. “El enemigo único” es la técnica más evidente y común: el uso de categorías simplificadas para allí colocar a todos nuestros adversarios, sean políticos, periodistas o estudiantes en paro. Categorías fáciles de repetir y recordar como símbolos que se incrustan en el imaginario popular para focalizar el odio: la narcoguerrilla, el castrochavismo (anteriormente “comunismo internacional”), los vagos o los “vándalos”. De esta forma se dan solo dos opciones, sin tonos, matices o término medio: el bueno y el malo. Así fácil, blanco y negro para mediocres. En Colombia los verdaderos promotores de la falsa polarización son los medios de comunicación. 2. La transposición. Recordemos el caso Uribe: Iván Cepeda realiza un debate sobre paramilitarismo y crímenes de lesa humanidad. Uribe contraataca con una denuncia por manipulación de testigos, sin éxito, y termina él enredado en un caso por fraude procesal y soborno. Los medios, en el marco de una gran campaña propagandística, fortalecen la versión de “perseguido político” del expresidente. Otro caso memorable es el del video de “la bolsa de Petro” que “por casualidad” se publica el día del debate Odebrecht, un escándalo de 50.000 millones de pesos. La acción para desviar la atención mediática del robo del siglo y la implicación de Néstor Humberto Martínez resulta ser exitosa, pues todo el país habla del video de Petro donde recibe fajos de billetes de 20 millones de pesos. El video, sacado de su contexto y sin significado judicial alguno (como luego se comprobó), se utilizó como propaganda para desacreditar las luchas del líder contra la corrupción. 3. La exageración. Un ejemplo es hablar sin parar de los bienes legalmente adquiridos de Gustavo Bolívar o los zapatos Ferragamo de Petro. Nunca en la historia unos zapatos se volvieron tan famosos. 4. La vulgarización. La propaganda, tanto en Colombia como en cualquier otra parte, está en ventaja frente a la realidad, ya que es más fácil comprender mensajes simplificados o medias verdades que asuntos o matices complejos que requieren esfuerzo mental. Pensar cansa. El deterioro de la calidad de la educación pública colombiana cimienta las bases para la manipulación masiva, por lo tanto, hay actores interesados en ello. Con palabras de Simón Bolívar: “un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción.” 5. Orquestación y repetición constante. Por supuesto, los mensajes en la televisión, la radio y la prensa están armonizados. Vale la pena hacer la cuenta de cuántas veces Vicky Dávila mencionó a Chávez en la última entrevista a Petro. Lo importante aquí no es la argumentación o la respuesta (incluyen matices complejos), sino que la audiencia asocie estos dos apellidos de manera inconsciente. 6. Principio de la verosimilitud. Por ejemplo, presentar una cifra de manera amañada, ocultando la verdad. A los uribistas les gusta decir que los indígenas que se enfrentan a terratenientes ya tienen más del 30% de las tierras productivas del Cauca. El 33% del territorio es propiedad de los indígenas, pero en realidad solo una parte insignificante es apta para la agricultura. 7. El silenciamiento. Esta práctica es permanente en los medios. Se destaca la presentación del conflicto armado colombiano en los medios donde históricamente se acentuaban los crímenes cometidos por la guerrilla y se acallaban los crímenes de los paramilitares y de agentes del Estado. Por otro lado, en 2018 un país fue testigo de cómo se portó Luis Carlos Vélez en La FM con el candidato del establecimiento (hablando de canciones de rock) y con el candidato de la oposición (como el enemigo público). 8. La transfusión. Existe un racismo estructural frente a la población indígena, aprovechado por los medios de comunicación para presentarlos como malhechores obstáculos para el desarrollo. De igual manera, se aprovechan los valores conservadores de la sociedad colombiana para construir unanimidad alrededor de la defensa de instituciones donde se destapan escándalos de violaciones de Derechos Humanos o actos de corrupción. 9. Principio de la unanimidad. Portada de la Revista Semana: ¿Por qué le temen a Petro? La portada hace una pregunta que trae implícita una afirmación: a Petro le temen. ¿Quién le teme? Debe ser la mayoría, ya que lo dice una revista. Si no estoy tan seguro de mi propio criterio político, mejor me sintonizo con la opinión generalizada, es más cómodo así. Así se forja la unanimidad. 10. Crear problemas para ofrecer soluciones. Existe una estrategia interesante en la manera como se estructuran los noticieros en Colombia. Éstos cada día bombardean a la población con una gran cantidad de noticias locales cortas sobre diversos crímenes cometidos en diferentes puntos del territorio nacional. Nunca analizan grandes temas, nunca tocan las verdaderas causas socioeconómicas subyacentes de la violencia. Esta lluvia de delitos genera inseguridad en la audiencia que va a pedir una solución visible e inmediata. Éste es un caldo de cultivo para el populismo punitivo y “la venta” de la necesidad de militarizar la sociedad, sin resolver la desigualdad social y la falta de oportunidades. Los ciudadanos deben estar conscientes de estas técnicas de manipulación y aprender a leer y ver noticias “sin tragar entero”, con el fin de identificar las intenciones y prácticas de cada actor. Asimismo, donde eso se posible, se recomienda dirigir su atención a los medios alternativos de comunicación para esforzarse a pensar y tener fuentes para contrastar.

Por: Redacción Pares. Este lunes, se conoció a través de un comunicado público difundido por Verónica Alcocer, esposa del senador Gustavo Petro Urrego, que el excandidato presidencial y exalcalde de Bogotá, su esposa y su hija menor dieron positivo a la prueba de covid-19. Hoy más que nunca, en medio de la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, la democracia colombiana necesita de un control político por parte de las figuras políticas que encarnan la oposición. Durante muchos años, definir la oposición en Colombia era una tarea fácil. En lo fundamental, había un pequeño espectro de izquierda en el Congreso de la República, siempre era arrollado por la coalición de gobierno, está última casi siempre era superior al 80%. Hoy hay un grupo muy importante de líderes políticos y parlamentarios que se han configurado como la oposición al Gobierno Nacional. Gustavo Petro, con más de 8 millones de votos en las elecciones presidenciales de 2018, se convirtió -a pesar de la derrota- en el líder natural de la oposición política. Gustavo Petro es una de esas figuras que lidera y representa a un gran sector de la oposición política al gobierno del presidente Duque y a los partidos políticos hegemónicos. La izquierda, tal y como lo ha señalado León Valencia, analista y director de Pares, tiene el reto histórico de darle a la derecha colombiana una lección civilizatoria, una lección democrática, una lección de lealtad a las instituciones. «Mi solidaridad con Gustavo Petro y su familia, les deseo la más pronta recuperación, es vital para la democracia colombiana». señaló León Valencia, analista y director de Pares, desde su cuenta de Twitter. Reacciones En la red social Twitter se han conocido en las últimas horas centenares de mensajes de líderes políticos y reconocidas figuras de la vida política nacional en los que ofrecen todo su apoyo y le desean fortaleza y pronta recuperación al senador de la Colombia Humana.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. Cada uno de los tres personajes tiene lo suyo, además de creerse con altas capacidades intelectuales (donde se confunde el sentido de lo tramposo con la inteligencia), saben que son punta de lanza de un gobierno inepto y mafioso. administración del centro de nuestro departamento, lleva tres años gastándose en pequeños proyectos los cien mil millones del plan Cauca, determinados por Duque en noviembre de 2019. Emilio Archila Consejero para la Estabilización y la Consolidación, es el encargado de liderar los acuerdos Farc- Gobierno Nacional, si se quiere es el responsable de la implementación del punto uno (reforma rural integral), del proceso de reintegración de los excombatientes y de la consolidación de los municipios PDET; a fe de que frente al “culebrero Ceballos”, pareciera ante la cooperación internacional que Emilio fuese el consejero de paz, pero lo que si sabe y hace juiciosamente Archila, es llevar con la parsimonia del incumplimiento el acuerdo hacia hacerlo trizas por el paso del tiempo. El otro personaje es Miguel Ceballos, “Alto” Comisionado de Paz, lenguaje guerrerista, agitador de plaza pública, de un ego más grande que su personalidad y de acciones minúsculas como creer que afianza la paz territorial con tres botes fuera de borda para un municipio costero caucano o sillas rimas para otra administración del centro de nuestro departamento, lleva tres años gastándose en pequeños proyectos los cien mil millones del plan Cauca, determinados por Duque en noviembre de 2019. Y para finalizar, se encuentra en el estrellato de hoy, Diego Molano, quien estuvo en el Plan Colombia en 2003, dirigió acción social en 2009, tuvo la brillante propuesta del “protestódromo”, algo así como una plaza donde las personas irían a expresar sus diferencias, sin hacer movilizaciones por las calles o avenidas de nuestras ciudades, gallito fino para responder a la alcaldesa de Bogotá. Su última salida a medios para no perder su capacidad de generar polémica fue su declaración a raíz del bombardeo a un campamento del rebelde Gentil Duarte, donde expresó: “jóvenes reclutados y convertidos en máquinas de guerra”. Los otros y otras miembros del equipo de gobierno de Iván, de vez en cuando salen con alguna desfachatez propia de la soberbia al gobernar, pero estos tres, Archila, Ceballos y Molano son… la joya de la corona de Duque.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Desde los años sesenta miles de colombianos buscaron alternativas en Ecuador, Venezuela y los Estados Unidos luego en los setenta fueron cientos de miles hacia esos mismos destinos que les garantizaban oportunidades de desarrollo económico y seguridad. Ya para los ochenta y noventas fueron millones buscando trabajo y oportunidades, y ahora se agregaba la defensa de la vida, en Colombia. Como ahora, había persecución sobre identidades políticas y comunidades, y el exilio fue la alternativa para salvar la vida y encontrar refugio junto a la familia, o lo que quedaba de ella. Ahora que estamos en la recta final de superar la vieja rebelión armada hoy convertida en “Resistencia Armada” -ya llegará un acuerdo con el ELN- hay que tener presente a esa Colombia que vive tras las fronteras y que bien sabe que aquí están sus raíces y siempre anhelan el retorno o poder mantener una relación de mayor dialogo y cooperación con los países que los han acogido y que ahora son igualmente sus patrias, donde han echado raíces y donde sus hijos y sus nietos saben que igualmente tienen sangre y cultura colombianas. Es tiempo de saber con mayor detalle y rigor lo que han construido las y los colombianos en esas otras tierras que los acogieron y les dieron lo que les fue negado aquí: en esas tierras encontraron respeto, seguridad y oportunidades de llevar adelante la vida, esas nuevas tierras se favorecieron con unas migraciones pujantes y dedicadas al trabajo, que llevaron sus costumbres y sus ganas de asentarse de manera seria y responsable en las sociedades que los albergaban. Hay un déficit de política pública hacia el exilio y las migraciones colombianas, algo se ha avanzado en las últimas dos décadas donde algo se habla de esa Colombia que esta fuera de las fronteras, pero estamos lejos de contar con una política pública de calidad y abarcadora de las múltiples dimensiones que deben ser atendidas según los interés y expectativas de lo que puede llegar a ser más del 10% de la población colombiana hoy viviendo fuera de Colombia. Capítulo especial merecen las comunidades colombianas que pasaron la frontera para salvar la vida. Eso se dio de manera principal hacia Ecuador y Venezuela y la recepción que allí tuvieron con muy pocas excepciones fue de bienvenida e integración y las crisis de xenofobia y rechazo, que en algún momento se dieron en Ecuador, fueron enfrentadas por la misma sociedad ecuatoriana y se dieron oportunidades para la integración, de hecho hay poblaciones de enorme predominancia de población colombiana, es emblemático el caso de “Santo Domingo de los colombianos”, población de refugiados de la violencia de mediados de siglo. Ahora somos nosotros quienes recibimos a dos millones de venezolanas y venezolanos, miles de ellos con familias colombianas. Esa migración también es parte de la historia nuestra en Venezuela, y es pertinente seguir pensando y trabajando por su integración y permanencia, la inmensa mayoría llegó para quedarse, como lo hicimos nosotros durante cuatro décadas con cifras más altas de las que hoy muestra esta ola migratoria. Está por escribirse lo que ha sido la presencia de Colombia en las sociedades que nos han acogido, algo se ha hecho, pero falta mostrarnos con mayor detalle y minuciosidad lo que ha significado vivir fuera de Colombia para esos millones de colombianos y colombianos, esas historias ameritan un trabajo sistemático que debe ser parte de la política pública por dimensionar. La Colombia que vive fuera de Colombia también somos nosotras y nosotros y debemos profundizar los diálogos y los canales de cooperación, más ahora que contamos con los medios de comunicación tan ágiles. Ya no estamos aislados, como lo fue durante décadas, y con estas facilidades hay que construir unos puentes más anchos y fluidos de lo que debe ser una política pública hacia la migración y el exilio, la cual hoy es demasiado limitada y precaria.

Por Redacción Pares. Con información de UBPD La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) adelanta acciones humanitarias de recuperación de cuerpos en el cementerio La Dolorosa en Puerto Berrío, Antioquia La intervención se enmarca en la medida cautelar solicitada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estados (Movice) y proferida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a través del Auto 023 de 2020. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica entregados a la Unidad de Búsqueda, Puerto Berrío es uno de los municipios con el mayor número de personas dadas por desaparecidas en el departamento de Antioquia. Se tiene un registro de 852 casos de desaparición forzada; 48 casos de reclutamiento y utilización de menores de edad; y 54 casos de secuestro, lo que arroja el total de 954 personas desaparecidas, secuestradas y reclutadas entre 1958 y 2016. De estos casos, el 62 % ocurrieron entre 1996 y 2005. Un trabajo articulado Esta es la segunda acción realizada en este cementerio ubicado en el Magdalena Medio, y nace de un trabajo articulado con la JEP, en el marco de nuestras acciones como Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, luego de que el pasado mes de febrero la Unidad de Búsqueda realizara una medida de protección en la que reubicó 416 cuerpos que se encontraban dispuestos en bolsas y baldes, de los cuales 104 podrían corresponder a personas desaparecidas en el conflicto armado. Por tratarse de un municipio ribereño, Puerto Berrío fue testigo durante muchos años del paso de cuerpos que eran arrojados por grupos armados al río Magdalena. Muchos de estos cuerpos en condición de no identificados fueron recogidos por los sepultureros y la comunidad, e inhumados en el cementerio La Dolorosa como N.N. Estas personas en condición de no identificadas fueron por décadas adoptadas por familias de la región, quienes no solo periódicamente les han llevado flores, sino que han protegido y cuidado sus tumbas. Incluso, muchos de ellos les dieron un nombre y los ubicaron en mejores bóvedas. Cuentan los habitantes que, en agradecimiento por el cuidado recibido, las almas de los cuerpos adoptados les han devuelto milagros. “Que sea esta la oportunidad para poder regresar los cuerpos a sus familias y así acabar con la angustia e incertidumbre que han sufrido durante años de no saber dónde están ni qué pasó con ellos. Seguramente saber que hubo una persona extraña que adoptó el cuerpo de su ser querido y lo cuidó como si fuera suyo para que hoy pudiéramos recuperarlo, podrá brindarle a esta familia un gran alivio a ese dolor tan grande que le ha dejado la desaparición. Esta es la construcción de paz que necesita el país”, aseguró Luz Marina Monzón Cifuentes, Directora General de la Unidad de Búsqueda. Una entrega digna a las familias de las víctimas Estas acciones humanitarias de recuperación que realiza la Unidad de Búsqueda se extenderán por dos semanas, con todas las medidas de bioseguridad que exige la pandemia por el Covid-19 en Colombia. Esta es la segunda de una serie de intervenciones que se tienen programadas en el cementerio para lograr la recuperación de todos los cuerpos y que hacen parte del Plan Regional de Búsqueda que se adelanta en la zona. “En el marco de los Planes Regionales de Búsqueda hemos encontrado que en algunos de los cementerios de los municipios ribereños pueden estar los cuerpos de víctimas de desaparición que fueron arrojados en distintos ríos del país. Esto hace parte de la búsqueda en sitios irregulares y complejos como los ríos”, explicó Monzón Cifuentes. La Sección de Ausencia de Reconocimiento del Tribunal para la Paz, a partir del trabajo técnico forense realizado por el equipo GATEF de la UIA, en cumplimiento de órdenes dadas por la magistratura, ha identificado una serie de lugares en el cementerio la Dolorosa de Puerto Berrío, frente a los cuales se adoptaron medidas cautelares mediante Auto AI 023 del pasado 15 de octubre. Las medidas incluyeron el abordaje urgente de unas celdas de custodia que son unos lugares a los cuales fueron arrojados un número indeterminado de cuerpos no identificados, de probables víctimas del conflicto, sin orden judicial y en un total desorden, lo que implicó considerar el sitio de un riesgo extremo. Se pensaba que podrían estar en el lugar a partir de lo informado por la Parroquia del lugar 42 CNI, pero al realizar las acciones de traslado de estos cuerpos de manera técnica, se encontraron 416 contenedores, de los cuales al menos 104 podrían ser de interés del sistema integral. En la actualidad, los equipos de la UIA y de la UBPD que coordina las acciones de recuperación se encuentran realizando los análisis técnico-científicos de cada contenedor, para determinar cuáles serán enviados a Medicina legal, con el fin de obtener la identidad y poder a futuro realizar la entrega digna de las víctimas a sus familiares.

Por: Julián Martínez Vallejo. Periodista asociado Pares. Los escándalos de corrupción en el gobierno del presidente Iván Duque no paran. Este jueves el senador Rodrigo Lara denuncia que el Gobierno está repartiendo recursos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para dárselos a los congresistas que apoyen la iniciativa de extender su periodo. Los PDET del Chocó y Urabá, son 14 municipios, cada uno con 2 mil millones por proyecto y le están pidiendo que busquen representantes que se vayan con esos proyectos pequeños para construir el continuismo del presidente Duque. Esta denuncia surgió en la Comisión Primera del Senado el pasado 16 de marzo de 2021, cuando el senador Luis Fernando Velasco intervino: “El año pasado en una tarea que vale la pena reinvindicar del gobierno, se aprobaron cerca de 2.1 billón de pesos en proyectos para los municipios PDET. El esfuerzo que hicieron gobernadores y alcaldes fue impresionante, porque ellos decidieron sacar la poca plata que tenían y se la metieron a pre-inversión. En un buen esfuerzo, este año hay más de 2.5 billones, y hay una cantidad de proyectos. Y hay dos elementos que a mí me preocupan mucho: primer elemento, les ha dado por decir que tienen que revisar los proyectos, si van a revisar un proyecto aprobado, explique por qué lo revisan es probable que haya habido algunos errores, es probable es que se hayan aprobado proyectos por fuera de zonas PDET, listo revisen eso; pero no pongan a los alcaldes a buscarle padrinos a proyectos que hicieron aprobar transparentemente y este año que no vaya a coincidir, senador García, la aprobación de esos proyectos y la asignación de esos proyectos con el debate de la reforma tributaria. No se pongan a pendejear, señores ministros, no se pongan a pendejear, yo tengo dos muy buenos amigos, Diego Palacio y Sabas Pretelt, los pusieron a pendejear y miren lo que les pasó. Un gobierno que se hizo elegir con el discurso contra el POT de la mermelada, que no se ponga con pendejadas, que no se ponga a hacer pendejadas, aquí se lo voy a decir a los ministros, entonces señor presidente, a mí me gustaría no solo que se apruebe sino que se agende rápidamente esos debates.» Ver denuncia de Velasco en el minuto 37:36. Al cumplirse un año del gobierno de Duque, la representante a la Cámara Juanita Goebertus dijo que el gobierno estaba atacando los recursos de la paz. Por su parte, el Gobierno firmó el Decreto 1426 que le abre la puerta a la Consejería para las Regiones para que use recursos del OCAD-Paz para municipios NO PDET. La iniciativa de alargar el periodo presidencial, juntos al de los miembros del legislativo, para igualarlo con el de los alcaldes y gobernadores, ya fue radicada en el congreso y fue firmada por varios congresistas del Partido de la U, el Conservador, Cambio Radical, tres del Partido Liberal y uno del Centro Democrático. Son en total 22 representantes a la Cámara que quieren aumentar dos años más el tiempo en Presidencia. Los congresistas que presentaron proyecto para ampliar periodo de Duque. Conservadores: 7 De la U: 6 Liberales: 3 Cambio Radical: 4 Centro Democrático: 1 Opción Ciudadana: 1 -Alonso del Río (clan García Zuccardi) -José Amar (casa Herrera de Soledad y Char) -Milene Jarava (heredera Yahir Acuña) -Jorge Salazar (clan Gnecco) -Armando Zabaraín (Fincho Cepeda). DEPARTAMENTOS CON ZONAS PDET Y CONGRESISTAS De Chocó está la representante Astrid Sánchez Montes de Oca, del Clan de los Sánchez, quien resultaría beneficiara con la mermelada del PDET. De Antioquia, la conservadora Marcela Osorio y el liberal Juan Diego Echavarría. De Nariño, Diela Benavides del Partido Conservador, el liberal Hernán Estupiñán y la representante de la U Teresa Enríquez. Y en el Cauca la propuesta viene de Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación de Municipios. De acuerdo con información del periodista Lucas Pombo, por UN FUERTE jalón de orejas del expresidente César Gaviria, dos representante a la Cámara del Partido Liberal retiraron su firma del polémico proyecto que amplía el periodo de altos funcionarios. MENCIONADOS EN EL INFORME DE PARES SOBRE UNGDR Miguel Uribe, del Centro Democrático Enrique Peñalosa, ahora aliado de los ex alcaldes Alejandro Chay y Federico Gutierrez. Y Andrés Villamizar que le sigue los pasos a Peñalosa. Luis Guillermo Plata, hoy embajador de Colombia en España, miembro activo del uribismo. Representantes de Cambio Radical Salim Villamil y José Gabriel Amar también retiran su firma de proyecto que amplía periodos. Daniel Palacios, ministro del Interior, aseguró que el Gobierno no apoya el proyecto de ampliación de periodos. Asimismo, se han pronunciado el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.