Por: Laura Cano. Periodista Pares. Las alarmas siguen encendidas en el Cauca, esta vez a causa de los constantes asesinatos que se han reportado en las últimas horas en esta zona. Finalizando el fin de semana, el pasado domingo se denunció que en el sector de La Paz, corregimiento de El Plateado, había sido encontrado el cuerpo sin vida de Maye Lorena Cuenú Valencia de 31 años, oriunda de El Charco, Nariño. Este sería el primer asesinato cometido en menos de 72 horas en la zona. Pues bien, el secretario de Gobierno de este departamento, Luis Cornelio Angulo Mosquera, denunció que en los últimos días han sido asesinados cuatro personas más: “Aquí hay un elemento diferenciador de que al parecer las cuatro personas que han encontrado hasta el momento son de la comunidad indígena, entonces es una característica que no se había observado en los demás cuerpos hallados en el sector, pero reiteramos que con la Fiscalía y con la fuerza pública, una vez se haga presencia, podamos determinar cuáles fueron los móviles de los asesinatos y poder determinar la identidad de los mismos”, afirmó Angulo Mosquera a través de La W. Hay que señalar que de dos de estas personas no se ha logrado determinar la identidad, Sin embargo, el día martes campesinos de la zona reportaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos hombres en una carretera del sector conocido como La Balastrera, a unas dos horas de la cabecera municipal. Estos dos cuerpos fueron identificados como los de Luis Uber Camayo y Uber Tumbo, con edades entre los 25 y 35 años, que pertenecían a un cabildo indígena del municipio de Caldono en el norte del Cauca. Según lo informado los cuerpos de las víctimas presentaban impactos de armas de fuego y, además, habría sido atados el uno del otro con esposas. RCN Radio citó un relato de uno de los indígenas de la zona, quien dijo que “A nosotros en el cabildo nos dijeron que habían asesinado a dos muchachos en El Plateado y cuando vimos las fotos ya me di cuenta. A ellos los conozco, uno es del sector de La Palma y el otro de San Pedro, yo los distingo porque uno de ellos es amigo de mi hijo”. Además, el mismo medio de comunicación indicó que uno de estos dos jóvenes recientemente había terminado de prestar el servicio militar. ¿Qué pasa en Argelia, Cauca? Una de las tantas advertencias que se ha hecho sobre la situación en Argelia, se hizo a través de la Alerta Temprana 047-20 de la Defensoría del Pueblo, entidad que identificó una serie de contextos que ponía a esta zona y a sus habitante en un riesgo constante. Esto motivado por varias razones, iniciando con que históricamente ha sido un corredor de distintos grupos armados no estatales, cuyas dinámicas violentas se han transformado sobre el territorio, en el hay intereses por el control de las economías ilegales que se desarrollan allí como las relacionadas con la circulación de armas y también de insumos para la transformación de coca para su comercialización. A esto se suma que este punto conecta hacia el Océano Pacífico, el departamento de Nariño, el norte del departamento del Cauca y con la vía Panamericana que interconecta todo el sistema de tránsito del país. “Este factor, aunado a las brechas de oferta social en las zonas rurales de este y los otros municipios del sur del Cauca, posibilita la siembra de extensas plantaciones de coca, que pueden alcanzar hasta las 12.000 hectáreas (Ha). La hoja de coca posteriormente se procesa como única fuente de ingresos para las comunidades que habitan en territorio. Adicionalmente, los laboratorios de cristalización de la base de coca y por supuesto los canales de venta que emergen de forma paralela y conforman un gran clúster de producción y comercialización del producto”, se lee en el documento de la Defensoría. La confluencia de estos factores, acentuado con la falta de políticas efectivas de seguridad, ha provocado que sean constantes los enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial y sus economías, a lo que se suma la imposición de mecanismos violentos de regulación social sobre la población. Este municipio hace parte del sur del Cauca, subregión que ha sido afectada por el conflicto armado inicialmente por la presencia de las FARC-EP con sus frentes 60, 8 y 29 y posteriormente por la llegada de las AUC con el Bloque Calima. Aunque la comunidad esperaba que este panorama cambiara en algo con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la realidad es que el contexto de amenaza se ha venido complejizado. Una vez las FARC-EP abandonaron las zonas que controlaban y se dirigieron a los espacios definidos para iniciar su desarme y reincorporación a la vida civil, otros actores armados ilegales buscaron fortalecerse, posicionarse y expandirse hacia estos sectores. Así, al momento se alerta de presencia de grupos disidentes de la extinta guerrilla Farc-ep, quienes retornaron para retomar el control territorial a través del Frente Carlos Patiño, el cual fue respaldado inicialmente por la Columna Móvil Jaime Martínez. Igualmente, hay presencia del ELN a través del frente José María Becerra. Señala la Defensoría del Pueblo que “con el fortalecimiento de la presencia y control territorial de las facciones disidentes de las FARC-EP en el actual escenario, el ELN se ha replegado hacia territorios del Pacífico caucano; sin embargo, constantemente hacen presencia en las zonas que estaban bajo su control, generando escenarios de riesgo adicionales en el marco de posibles combates con interposición de población en general, en un claro desconocimiento del principio de precaución establecido en el DIH”. Jóvenes indígenas: un foco en el que se concentra la violencia Hay que recordar que hace algunos días desde la Unidad Indígena del Pueblo Awá –UNIPA-, se informó que desde el pasado 16 de febrero estaban desaparecidos los jóvenes Miguel García Paide 23 años y Álvaro Pascal García de 18 años, quienes pertenecían al Resguardo Indígena Awá de El Gran Sábalo – Comunidad San Jacinto. Según el documento los jóvenes habían sido retenidos y desaparecidos por un grupo armado ilegal que opera en el corregimiento de Llorente. Además, casi un mes después, parte de la información que se tiene es que los dos hombres estaban volviendo del sector de Inda Zabaleta cuando, según la denuncia, fueron abordados por los actores armados. Aunque se insistió en la necesidad de activar urgente una ruta de búsqueda, Pares conoció que al pasado viernes, y a pesar de los llamados, ninguna institución había reaccionado al respecto. Lamentablemente la UNIPA confirmó el día de ayer la Misión Humanitaria Awá encontró sin vida los cuerpos de los jóvenes. “Este hecho tienen consternado a nuestro pueblo Awá al ver la vulnerabilidad de nuestras familias, en especial de nuestros niños, niñas y jóvenes quienes no cuentan con ofertas de educación técnica o superior, ni tampoco con oportunidades laborales que les permita desarrollar un proyecto de vida en sus territorios”, se lee en el comunicado emitido por la UNIPA. En menos de una semana se ha tenido conocimiento de seis jóvenes indígenas asesinados, de los cuales, además, de dos no se ha podido establecer la identidad. Esta situación es crítica y asimismo se suma a vulneraciones históricas que han sufrido los pueblos indígenas; una realidad que pareciera pasar sin ser percibida por el Gobierno Nacional, que por más alertas que se le han hecho ha permitido que se siga cometiendo un genocidio en contra de estos pueblos.

Por: Redacción Pares. Luego de una larga investigación liderada por Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, y el periodista Julián Martínez Vallejo, en este informe de de la Fundación Paz y Reconciliación se puede ver la grave denuncia sobre la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por un valor total de $347.248.025.060 (trescientos cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y ocho millones veinticinco mil sesenta pesos) con personas jurídicas y naturales en el marco de la Subcuenta Covid19 para la mitigación de Emergencias por la pandemia del coronavirus, identificando las corrientes políticas y conexiones con el poder de quienes han resultado beneficiarios de la contratación en medio de la crisis sanitaria declarada en marzo del año pasado. La pregunta que queda en el ambiente después de conocer en detalle este informe completo de Pares es ¿Por qué el presidente Iván Duque sigue manteniendo al director de este organismo en su cargo? El 72% de los contratos revisados tiene cuestionamientos por nexos políticos, antecedentes de empresas con hallazgos fiscales e irregularidades en los documentos de contratación, entre otros. Por ejemplo, hay empresas cuyo objeto social no tienen que ver con temas médicos sino con la venta de licores y juegos pirotécnicos, y aun así fueron contratados por la UNGRD. Todos los contratos están firmados por Eduardo José González Angulo, director general de la UNGRD y ordenador del gasto del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD). Algunos personajes políticos y sus contratos Enrique Peñalosa El ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa lleva tres meses escribiendo mensajes por redes sociales defendiendo la gestión del presidente Iván Duque en la compra de vacunas para inmunizar a la sociedad colombiana del virus Covid-19. Por ejemplo, el pasado 19 de diciembre, Peñalosa dijo en su cuenta de Twitter que a finales de febrero de 2021 ya habrían vacunado a 1.7 millones de colombianos, mensaje que ha sido cuestionado no solo por las cifras sino por los usuarios en Twitter. Al primero de marzo, en Colombia se han vacunado casi 170.000 personas, es decir, el 10% de la cifra escrita por Enrique Peñalosa. PARES identificó a cuatro contratistas en la Subcuenta-Covid19 que tuvieron relación directa con la administración de Enrique Peñalosa en Bogotá, entre 2015 y 2019. Si existe un patrón en los contratos revisados sobre la relación de Peñalosa: Sandra Milena Romero Garzón, Leyla Marjit Botiva Ramos, Jorge Luis Bastidas Crespo y Servicios Postales Nacionales S.A. Miguel Uribe El ex concejal y ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, está siendo postulado para reemplazar al ex presidente Álvaro Uribe como cabeza de lista para las elecciones parlamentarias en 2022 del partido Centro Democrático. Este líder político está relacionado con cuatro personas contratadas por la subcuenta Covid 19 que trabajaron con él, tanto en la Secretaría de Gobierno en la administración Peñalosa como en su campaña para ser mandatario de los capitalinos. La gerente general de la subcuenta, Adriana Lucía Jiménez; y otros contratistas como Claudia Candela Bello, Juan Sebastián Castro Gaona, Cristian Francisco Pulido Acuña; tienen relación con Uribe Turbay. Esta denuncia se conoció inicialmente por una columna de Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y ex secretario de Transparencia de la Presidencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, publicada por ‘Los Danieles’. Hay casos más graves que otros. Cuatro contratos evaluados tienen problemas de forma, como mala redacción e información falsa, errores en los datos o ausencia de estos. Lo que se traduce en que el 42% de la contratación, correspondiente a un valor de $146.570.619.526 (ciento cuarenta y seis mil quinientos setenta millones seiscientos diecinueve mil quinientos veintiséis pesos) son contratos mal firmados. Esto sucede a pesar de que la UNGRD está pagando entre 5 y 17 millones de pesos mensuales a personal profesional en Derecho, que supuestamente acreditó su idoneidad para la realización de estos.

Por: Julián Martínez Vallejo. Periodista asociado Pares. En su último informe de investigación, la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) realizó una investigación tomando como muestra 36 contratos que firmó desde mayo de 2020 la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por un valor total de $347.248.025.060 (trescientos cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y ocho millones veinticinco mil sesenta pesos) con personas jurídicas y naturales en el marco de la Subcuenta Covid- 19 para la mitigación de Emergencias por la pandemia del coronavirus, identificando las corrientes políticas y conexiones con el poder de quienes han resultado beneficiarios de la contratación en medio de la crisis sanitaria declarada en marzo del año pasado. El monto total evaluado corresponde a 35 contratos porque en un caso se identificó que la UNGRD no aportó la información necesaria para conocer el contrato. Se trata del GGC-CR-614-2020 con la Unión Temporal Sama-Nissi 2020, que no registra ninguna información que se pueda someter a veeduría pública. El 72% de los contratos revisados tiene cuestionamientos por nexos políticos, antecedentes de empresas con hallazgos fiscales e irregularidades en los documentos de contratación, entre otros. Por ejemplo, hay empresas cuyo objeto social no tienen que ver con temas médicos sino con la venta de licores y juegos pirotécnicos, y aun así fueron contratados por la UNGRD. Todos los contratos están firmados por Eduardo José González Angulo, director general de la UNGRD y ordenador del gasto del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD). Pares también resalta que estos contratos cuestionados concentran el 89% de los recursos destinados para estos objetos realizados. Hay casos más graves que otros. Cuatro contratos evaluados tienen problemas de forma, como mala redacción e información falsa, errores en los datos o ausencia de estos. Lo que se traduce en que el 42% de la contratación, correspondiente a un valor de $146.570.619.526 (ciento cuarenta y seis mil quinientos setenta millones seiscientos diecinueve mil quinientos veintiséis pesos) son contratos mal firmados. Esto sucede a pesar de que la UNGRD está pagando entre 5 y 17 millones de pesos mensuales a personal profesional en Derecho, que supuestamente acreditó su idoneidad para la realización de estos. En este objeto de estudio, Pares encuentra serios indicios de que el Gobierno nacional habría favorecido presuntamente a políticos cercanos al uribismo. Un ejemplo para resaltar es el del ex ministro de Industria y Comercio durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, Luis Guillermo Plata, quien llevó a trabajar a la Subcuenta Covid a su exviceministra Claudia Ramírez, quien firmó un contrato por 7 meses con un valor total de $107.607.228 pesos. También hay contratos con ex contratistas de la Secretaria de Seguridad de Cali en el tiempo que estuvo a cargo de Andrés Villamizar, reconocido por su labor en la Fundación Azul, que le hizo proselitismo político a Peñalosa en Bogotá. Villamizar y otra contratista consiguieron 183 millones 108 mil 372 pesos. En esta misma línea, de los contratos valuados, se logra establecer que varios de los contratistas encargados del manejo de la pandemia trabajaron previamente en la administración del ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa Londoño: ex contratistas durante su administración en el Jardín Botánico, la secretaria de Hábitat y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, terminaron trabajando en la subcuenta Covid-19. De este grupo de contratistas, concentran un monto de contratación por 707 millones 113 mil 828 pesos, con ocho contratos de personas que trabajaron para la administración de Peñalosa entre 2015 y 2019, o que tienen relación con él. Al respecto, el presidente de la estatal Servicios Postales Nacionales 4-72, Luis Humberto Jiménez, firmó un contrato con la UNGRD por $5.745.712.508 para “recibo, almacenamiento y alistamiento de mercancía (equipos, bienes y elementos de protección personal EPP) para la emergencia declarada por la pandemia del Covid 19”. Cabe recordar que Jiménez fue gerente corporativo de Tecnología de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, en 2018. En este informe se identifica que el gobierno de Iván Duque contrató también a personas con vínculos políticos con el excandidato a la Alcaldía de Bogotá en 2019 Miguel Uribe Turbay, a quien el expresidente Álvaro Uribe le ofreció ser cabeza de lista al Senado de la República en 2022 por el Centro Democrático. La gerente general de la subcuenta, Adriana Lucía Jiménez; y otros contratistas como Claudia Candela Bello, Juan Sebastián Castro Gaona, Cristian Francisco Pulido Acuña; tienen relación con Uribe Turbay. Esta denuncia se conoció inicialmente por una columna de Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y ex secretario de Transparencia de la Presidencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, publicada por «Los Danieles» y por otros mensajes revelados por redes sociales por el medio de investigación independiente Cuestión Pública. Pares también identificó que la empresa de una ex reina del Valle del Cauca ha resultado beneficiaria con más de 9 mil millones de pesos para la compra de tapabocas. En ese sentido, también se logró establecer que dos empresas que tienen contratos con la subcuenta Covid-19 tienen hallazgos fiscales de la Contraloría de Bogotá y la General de la República. El primero, con un contrato con el Instituto para la Economía Social (IPES), en el gobierno de Gustavo Petro (2012-2015); y el segundo, con la Gobernación de Caquetá. Algunos de estos contratos han sido renovados, pero todavía no aparecen en el sistema público porque la UNGRD no los ha subido en su página web. Establecimos un caso en el cual el contrato está oculto y no se sabe ni su valor ni sus condiciones.

Por: Julián Martínez Vallejo. Periodista asociado Pares. En un operativo policial de la Dirección de Inteligencia DIEP de Venezuela, fueron capturados esta madrugada Alexander Rodríguez, conocido como ‘El Pitufo’, y Miguel Ángel Giménez, alias ‘El Gordo’, en estado Aragua en el hermano país. Estas dos personas de nacionalidad venezolana asesinaron el pasado 29 de octubre a Oswaldo Muñoz en un bus de Transmilenio en Bogotá, crimen en el que participaron cuatro individuos, uno de ellos capturado el año pasado en Cúcuta. Las autoridades de Venezuela confirmaron el cuarto hombre que participó en el crimen se encuentra en Ecuador. A El Pitufo y a El Gordo les incautaron 30 cartuchos de fusil y 500 gramos de cocaína. Este crimen es investigado por la Fiscalía colombiana pero los conflictos entre las dos naciones han impedido colaboración conjunta en la investigación de distintos crímenes, como sucedió con el caso de la ex senadora Aida Merlano, condenada por fraude electoral en las elecciones de 2018. Ella se encuentra en Venezuela y la investigación no avanza. En declaraciones al canal Citytv, el director de la Corporación Excelencia a la Justicia, Hernando Herrera, reconocido por su activismo en favor del gobierno Duque, dijo en su momento que era imposible llegar a un acuerdo con Venezuela. “En el caso de colombiana y Venezuela las dificultades que se confrontan son las siguientes: primero el Gobierno colombiano no ha reconocido en cuanto a la dictadura de Nicolás Maduro ninguna interacción, ni a nivel judicial ni a nivel político”. Sin embargo, la captura en Venezuela de estos criminales muestra la importancia de la cooperación entre los dos países contra la impunidad. A pesar de todo esto, el Gobierno colombiano se niega a comunicarse con las autoridades en Venezuela para que puedan ser enjuiciados en Colombia. Entre tanto, la familia de Oswaldo Muñoz le pide a las autoridades no dejar este crimen impune. Una fuente de alto nivel de la cancillería confirmó que no se ha recibido solicitud alguna de Colombia, confirmo la detención y que esperan que Colombia mande la información correspondiente para procesarlos con todo el peso de la ley.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Sigue configurándose el mapa político para el 2022 y cada vez son más las caras conocidas que parecieran estar apuntándole a una carrera presidencial. Por un lado, suenan nombres en la derecha política como los de la directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, el exalcalde de Barranquilla, Alex Char, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez –que en dado caso tendría que renunciar a su cargo-. E incluso, también está la posibilidad de que por ese sector político también entren la senadora Paloma Valencia, el exministro Rafael Nieto Pardo, Paola Holguín y María del Rosario Guerra. También se suman los perfiles de los exministros Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverri y Juan Carlos Pinzón; así como de los senadores Efraín Cepeda y David Barguil. Además, hace unas semanas desde Colombia Justa se dio a conocer que por ese partido irían a consulta Ricardo Arias Mora, el exconcejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez y el senador Jhon Milton Rodríguez. Por otra parte, en el llamado Pacto Histórico se han reunido partidos como Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo, Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS-, Partido del Trabajo de Colombia, Unidad Democrática, Todos Somos Colombia y Comunes; hay que señalar que esta alianza está liderada por Gustavo Petro. Adicionalmente, por la Coalición de la Esperanza están Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Ángela María Robledo, Angélica Lozano, y Antonio Sanguino. Hay que decir que esta reunión de políticos está promovida por el Partido Verde. Conjuntamente, como lo informó El Espectador hace unos días “el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, y los exgobernadores de Boyacá Jorge Londoño y Carlos Amaya son precandidatos de la Alianza Verde en la consulta de la Coalición de la Esperanza; con esto enfrentan al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, entre otros” A este panorama se suman otros nombres como el de Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga; Luis Pérez Gutiérrez, y los exgobernadores Luis Pérez Gutierrez (Antioquia), Jorge Emilio Rey (Cundinamarca), Dumek Turbay (Bolívar), y Eduardo Verano (Atlántico). Adicional, y siguiendo lo escrito más arriba, otros de los perfiles que estaban en alcaldías antes, además de Petro, son Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y Alex Char, quienes el viernes pasado se dieron cita en la ciudad de Bogotá para lo que podría ser otra alianza con miras a la presidencia. Un juego de cifras Hay que traer a colación que faltando poco más de un año para la primera vuelta presidencial La W realizó una encuesta que daría algunas luces de lo que se podría venir en los próximos meses, pues según el medio de comunicación, a través de la medición que fue realizada telefónicamente a línea fija en hogares a 1.200 hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, en todos los niveles socioeconómicos, a este momento la intención de voto estaría liderada por el senador de la Colombia Humana Gustavo Petro, con el 19%; seguido por el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, con el 11%; y en tercer lugar está el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, con el 6%. “Con los líos judiciales de Álvaro Uribe, sumado a su edad y su mala imagen; lo que hace que el peso del uribismo, a pesar de tener una base sólida, ya no es tan fuerte como era hace unos años, y por ende los políticos ya comienzan a ver a Álvaro Uribe no como un beneficio sino como un costo”. Imagen: Pares. Igualmente, se estableció, aun cuando algunos/as no han hecho pública su intención de llegar a la presidencia, que la imagen favorable de quienes se han perfilado para llegar a la Casa de Nariño hasta el momento va así: Juan Manuel Galán (favorable 63 % – desfavorable 25 %), Rodolfo Hernández (favorable 57 % – desfavorable 38 %), Federico Gutiérrez (favorable 54 % – desfavorable 36 %), Humberto de la Calle (favorable 53 % – desfavorable 37 %), Luis Alberto Moreno (favorable 49 % – desfavorable 44 %), Sergio Fajardo (favorable 49 % – desfavorable 41 %), Jorge Enrique Robledo (favorable 49 % – desfavorable 45 %), Ángela María Robledo (favorable 47 % – desfavorable 40 %), Alejandro Gaviria (favorable 47 % – desfavorable 38 %), Juan Carlos Pinzón (favorable 44 % – desfavorable 47 %), Gustavo Petro (favorable 41 % – desfavorable 53 %), Alejandro Char (favorable 35 % – desfavorable 55 %), Dilian Francisca Toro (favorable 35 % – desfavorable 52 %), Mauricio Cárdenas (favorable 33 % – desfavorable 57 %), Enrique Peñalosa (favorable 30 % – desfavorable 60 %), Roy Barreras (favorable 29 % – desfavorable 59 %), Óscar Iván Zuluaga (favorable 28 % – desfavorable 62 %), Marta Lucía Ramírez (favorable 28 % – desfavorable 67 %), Germán Vargas Lleras (favorable 27 % – desfavorable 66 %), Juan Fernando Cristo (favorable 24 % – desfavorable 58 %), Iván Marulanda (favorable 20 % – desfavorable 75 %) y Paloma Valencia (favorable 19 % – desfavorable 74 %)”. ¿Qué dice el mapa político? Todo parece estar reconfigurándose; alianzas por un lado y por el otro, ya no son uno o dos sectores los que se ven con posibilidades de ganar las elecciones presidenciales, pues varios/as se han ido alineando y ganado fuerza, incluso fuera del uribismo, sector que desde hace más de una década ha venido poniendo presidente. Recientemente, Ariel Ávila, siguiendo lo dicho por León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, afirmó que se podría estar entrando en un ciclo denominado como posturibismo; esto se estaría viendo reflejado en varios hechos, como en la alianza de los tres exalcaldes de algunas de las ciudades más grandes del país, incluso cuando los tres han tenido serios cuestionamientos. Por ejemplo, hay que recordar que mientras Gutiérrez era alcalde de la capital antioqueña, Gustavo Villegas, su secretario de seguridad para ese momento fue relacionado con bandas criminales, específicamente con la conocida Oficina de Envigado, y además fue condenado a 33 meses de prisión por los delitos de abuso de autoridad, omisión de denuncia y abuso de función pública, y, aunque desde agosto de 2019 le fue concedida la libertad, en octubre del año pasado la Personería de Medellín lo sancionó, en primera instancia, con 16 años de inhabilidad. Por otro lado,a los Char se les ha hecho múltiple cuestionamientos por, entre otras cosas, corrupción y partidas presupuestales para crear un poder homogéneo con presidentes, congresistas, alcaldes y gobernadores, para convertirse en los amos y señores de la Costa Atlántica. También se les ha denunciado por compra de votos, por financiar campañas con dineros ilegales, como es el caso Odebretch, por saltar los topes de inversión en lo que es legalmente permitido, por parapolítica con David Char, sobrino de Fuad Char, entre otras cosas. Ahora bien, al exalcalde de Bogotá se le ha relacionado con presunta corrupción en algunos contratos otorgados durante su gestión, además, se ha advertido que durante su administración se dirigieron esfuerzos burocráticos para favorecer candidatos políticos en 2019. “Esos tres señores no tendrían ninguna posibilidad en tiempos normales en Colombia, pero ahora la tienen porque estamos en el posuribismo”, afirmó Ariel Ávila. Respecto a lo anterior habría tres razones bajo las que se podría explicar este momento político. Una de esas, como lo expuso, Ariel Ávila, tiene que ver “con los líos judiciales de Álvaro Uribe, sumado a su edad y su mala imagen; lo que hace que el peso del uribismo, a pesar de tener una base sólida, ya no es tan fuerte como era hace unos años, y por ende los políticos ya comienzan a ver a Álvaro Uribe no como un beneficio sino como un costo”. En ese sentido, otro factor a tener en cuenta es la poca imagen favorable de Iván Duque. Siguiendo la más reciente encuesta de Invamer, el presidente durante enero y febrero se mantuvo en 36 puntos de la percepción positiva de su gestión, mientras que la imagen desfavorable fue de 59 puntos durante el mismo periodo. Con esto dice el analista, “el peso de defender a Duque, de ser amigo de Duque o de ser del que diga Uribe, lleva a defender esta administración y en este momento ningún político quiere hacer eso”. Todo lo anterior, sumado al mapa político, deja ver, como analiza Ávila que: “La gente se cansó de hacer cola. Desde el año 98, por ejemplo, el partido Conservador no tiene candidato presidencial, el último presidente de ellos fue Andrés Pastrana y desde ese momento no ha habido más. Entonces, la gente se cansa de eso y ya no están dispuestos a que Uribe ponga a alguien por encima, sino que van a competir; por eso los tres exalcaldes están pensando en hacer una consulta, lo mismo que Cesar Gaviria, Dilian Francisca Toro y los sectores divergentes del partido Liberal. Algunos sectores del Partido de La U y cambio Radical están pensando en otra consulta, y todo esto por encima de lo que piensa el exsenador. Esta es la época del posturibismo. Todo el mapa se está reconfigurando, todo el mundo siente que tiene oportunidades de ser presidente en el 2022”.

Por: Sebastián Mora. Investigador Pares y Línea de Conflicto, paz y postconflicto. Pares. El municipio de Tarazá es el cuarto municipio con la tasa más alta de homicidios del departamento de Antioquía y el primero con la tasa más alta de los seis municipios de la subregión del Bajo Cauca antioqueño. En 2020 según cifras de Medicina Legal la tasa de homicidios por 100.000 ha fue de 221.47, una tasa nueve veces más alta que la tasa de homicidios nacional para ese mismo año. La lucha que sostienen los Grupos Armados Organizados (GAO) Caparros y Clan del Golfo en este municipio de Colombia ha intensificado desde el año 2017 las diferentes violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario de la población civil. Lo anterior ha hecho que los habitantes de este municipio de Colombia pierdan la fe de algún día vivir en paz. El 2 de octubre de 2016 el 60.07% de los taraceños dijo que sí al Acuerdo de Paz y a la idea de tener un municipio donde la promesa de una paz estable y duradera fuera posible. Cuatro años después para los ciudadanos y ciudadanas de este municipio, el ruido de las balas y la sangre que han derramado muchos de sus habitantes han frustrado el camino hacia la construcción de paz. Muchos de sus líderes sociales han sido asesinados, desplazados y obligados a guardar silencio en sus comunidades. Proyectos PDET y PNIS: una luz de esperanza A pesar de la grave situación de seguridad de este municipio de Antioquía, muchas comunidades, la mayoría de ellas de las zonas rurales, donde el conflicto se da con mayor fuerza, le han apostado a la implementación de las iniciativas y proyectos contemplados en el los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos (PNIS). Esto con la firme convicción de mejorar las condiciones de vida de miles de familias que viven en condiciones de pobreza. Según información del DANE para el año 2018 el índice de pobreza multidimensional de Taraza era de 53,5. A febrero de 2021 el PNIS no ha podido dar cumplimiento a los acuerdos realizados con las familias en este municipio del Bajo Cauca, solo el 8% de los proyectos productivos que buscaban la transición de cultivos de hoja de coca por otros cultivos legales han podido implementarse. A la fecha se ha realizado una inversión de $43.217 millones con la que se ha atendido a 4.101 familias. Cabe resaltar que para el año 2019 el Observatorio de Drogas de Colombia registró que en este municipio había 2.061,72 hectáreas sembradas de hoja de coca. Con lo que respecta a la implementación de los PDET en el municipio, desde 2017 no se ha avanzado en los pilares que comprenden el sector vivienda, agua potable y saneamiento básico; en los otros pilares se han implementado iniciativas o avanzado en el proceso de estructuración de proyectos. Parece ser que los PDET han avanzado a pesar de las dificultades de seguridad en el territorio. Si bien no a la velocidad que las comunidades esperaban y en medio del incumplimiento de promesas y compromisos que desde el Gobierno Nacional y departamental se habían adquirido y que con el pasar de los años no se han cumplido. La aplicación del PDET en Tarazá se ha visto entorpecida desde la llegada del nuevo alcalde encargado el señor Jerly Ferney Álvarez Ortiz al municipio de Tarazá. La implementación del Acuerdo de Paz ha encontrado un opositor en el gobierno local. Gobierno local: un opositor de la paz En diálogo de Pares con algunas personas de zona rural de Tarazá, donde se están implementando obras PDET, se logró conocer la percepción que tienen varias comunidades sobre la implementación de este programa. A la pregunta sobre un balance general sobre la implementación dicen lo siguiente: “realmente, en el municipio se están haciendo varias obras PDET, por ejemplo, en Doradas Altas, El Tami y en el corregimiento Barro Blanco, pero se han demorado mucho, porque se ha tenido muy poco acompañamiento de la administración municipal y como usted debe saber, son obras tripartitas y si falla una de las partes, el proceso se atrasa” En ese sentido, también señalaron que «en algunas partes, tengo conocimiento que estas obras las están politizando. Sería bueno digo yo, que para toda obra PDET que se vaya a realizar en cada región, sea requisito indispensable que tengan en cuenta al grupo motor de cada parte, quien más que nosotros, somos los interesados que todas estas obras lleguen a un feliz término”. También Pares quiso conocer qué actores se oponen a la implementación de estas obras. Ante ese custionamiento, fuentes en el territorio indicaron: “Escuché que el alcalde no va a cooperar más, por lo menos no en este parque que está sin terminar en el corregimiento de Barro Blanco. Los actores que se oponen diría yo que en estos momentos es la misma administración municipal en cabeza del alcalde porque no les presta el apoyo necesario a las obras. El alcalde actual una vez dijo cuando alguien le pregunto por el trabajo que realiza la ART con el tema de los PDET y dijo que eso era una bobada y creo que la violencia también afecta mucho los procesos de implementación”. Las personas entrevistadas solicitaron que sus nombres no sean expuestos por temas de seguridad. ¿Quién es el nuevo alcalde encargado? Jerly Ferney Álvarez Ortiz nació en el municipio de Valdivia. Es abogado de la Universidad de Antioquia y de acuerdo con el SIGEP su única experiencia laboral reportada antes de ser alcalde encargado fue como contratista de la Alcaldía del municipio de Briceño durante todo el 2020. Adicionalmente, Pares encontró un informe de auditoría de la Contraloría General de Antioquia de 2017 del E.S.E Hospital La Estrella en la cual se hace referencia a dos contratos por servicios de abogado a nombre de Álvarez Ortiz, donde se evidencian “la poca o nula presencia del abogado en la ESE la Estrella, [y] las actividades reportadas son escasas y no reflejan el alto valor pagado”. En resumen, nunca ha ocupado un cargo administrativo de tan alta relevancia, por lo que no cuenta con una experiencia para el desarrollo de sus funciones. Aun así, hoy es quien ocupa el cargo más importante de Tarazá, al ser nombrado desde el 15 de octubre del 2020 como alcalde encargado por parte del gobernador encargado para ese momento el señor Luis Fernando Suarez. Todo parece indicar que la llegada de Álvarez Ortiz a este cargo responde a su relación con el senador del Partido Liberal Julián Bedoya Pulgarín, líder del clan político Bedoya en Antioquia. Según una investigación del periodista Sergio Mesa, el alcalde encargado fue a su vez asesor del alcalde de Briceño, otra ficha de su clan. El autoritarismo en la alcaldía Antes de que se eligiera al alcalde encargado el municipio era administrado por el dos veces alcalde Miguel Ángel Gómez García (2001-2003 y 2008-2011). Electo para un tercer mandato en las elecciones locales de 2019 por el Partido Liberal, consolidando un verdadero autoritarismo subnacional en Tarazá. García fue catalogado como uno de los alcaldes cuestionados en el seguimiento de Pares a este proceso electoral por dos grandes razones: La primera fue su presunto relacionamiento con la estructura paramilitar del Bloque Mineros a inicios de los 2000 comandada por Ramiro ´Cuco´ Vanoy y la segunda su participación en la estructura del Clan Bedoya. Cuco´ Vanoy lo nombró en su sentencia del 2 de febrero de 2015 de la sala de Justicia y Paz del Tribunal superior de Medellín. Por causa de estas declaraciones Gómez estuvo dos años (2009 y 2010) privado de su libertad mientras se desarrolló un proceso penal por peculado por apropiación y paramilitarismo, del cual fue declarado no culpable. A pesar de los señalamientos y cuestionamientos que llevaba a cuestas Gómez se mantuvo como la figura política más importante del municipio y participó de forma indirecta en los comicios de 2015 y 2018. Para las elecciones de 2015 llevó a la alcaldía a Gladis Rebeca Miguel Vides, quién basó gran parte de campaña en evidenciar su cercanía con él. Mientras que en 2018 fraguó una alianza con Julián Bedoya Pulgarín, nombrado anteriormente y cuestionado por su control burocrático en el Bajo Cauca. Además de la obtención fraudulenta de su título como abogado. Frente al primer cuestionamiento, Pares reseñó la cercanía de Bedoya con el exalcalde de Cáceres, José Mercedes Berrío capturado por el delito de concierto para delinquir por relaciones con el Clan del Golfo y también denunció las irregularidades con las que el senador consiguió su título como abogado en la Universidad de Medellín. Estas alianzas políticas le permitieron a Bedoya Pulgarín ser el senador más votado del liberalismo en las elecciones de 2018 en Tarazá, el segundo más votado del país, detrás de Juan Diego Gómez y uno de los caciques más importantes de la subregión. La llegada de la pandemia trajo como consecuencia el contagio y posterior fallecimiento del entonces alcalde Miguel Ángel Gómez y a su vez el nombramiento del poco preparado Jerly Ferney Álvarez Ortíz. Pares invita a reflexionar sobre lo que sucede en este municipio del departamento de Antioquia, donde sus ciudadanos no solo son víctimas del accionar violento de diferentes actores armados organizados, sino también de una administración municipal, impuesta por un autoritarismo subnacional controlada por un clan político, que aparentemente no cree en la implementación del acuerdo de paz y por el contrario retrasa proyectos e iniciativas que son de gran valor para las comunidades de las veredas y corregimientos de este municipio del Bajo Cauca, zonas rurales históricamente más afectadas por el conflicto armado.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Sigue dando de qué hablar el caso judicial del exsenador Uribe Vélez. Esta vez las reacciones fueron por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Luis Antonio Hernández, quien a través de Caracol Televisión habló sobre la más reciente decisión de la Fiscalía de solicitar la preclusión del expresidente en el caso en el que se le ha implicado por manipulación de testigos. En esta ocasión a través del medio de comunicación se escuchó al magistrado quien advirtió varias cosas. Por un lado, se refirió respecto a la decisión conocida hace poco de la solicitud de preclusión que presentó el fiscal Gabriel Jaimes en el caso en el que se investiga al expresidente, expresando que la Fiscalía ”hizo equipo” con la defensa de Uribe, pues “ participó de la demanda de la defensa de invalidar absolutamente todo lo actuado por la Corte. Me refiero a que ‘hizo equipo’, es decir, compartió la pretensión de la defensa y me parece que era innecesario hacerlo, intentando convencer a la juez de que la diligencia de indagatoria era violatoria de la Constitucional Nacional”. Vale la pena nombrar que Jaimes en su momento aseveró que «varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito». Justamente sobre esto y en relación con lo anterior Hernández expresó que “encuentro cuestionable de la Fiscalía que haya hecho equipo con la defensa en la audiencia ante el juez 30 penal municipal intentando persuadir a la juez de que lo actuado por la Corte era inválido”. Hay que recordar que uno de los puntos que argumentaron desde la defensa de Uribe para que las pruebas de la Corte no se tuvieran en cuenta, fue que estas se hicieron de manera ilegítima, pues la Corte había interceptado las llamadas y mensajes de texto de Uribe entre marzo y abril de 2018 y con esto se estableció relación del implicado con el delito en cuestión. No obstante, la defensa también ha hecho público que no existe registro de audio del expresidente hablando con testigos, tampoco pidiendo que se cambien testimonios o dando la instrucción de ofrecer beneficios a testigos para que lo hagan. Sin embargo, hay que señalar que el concepto de la Corte durante el proceso también se ha basado en entrevistas y testimonios con personajes como Juan Guillermo Monsalve, su esposa Deyanira Gómez y Carlos Enrique Vélez. Sobre las interceptaciones Luis Antonio Hernández señaló que: “Eso fue un error, nosotros lo reconocimos, lo explicamos y dijimos en su momento que la legalidad de esas interceptaciones debería ser evaluada por el juez al que le correspondiera resolver el caso, que no éramos nosotros porque en ese momento cuando dimos esas declaraciones ya las nuevas salas al interior de la Corte habían sido implementadas”. En un primer momento se escucharía a la Fiscalía, quienes expondrían las razones por las que el proceso debe ser precluido, a esa solicitud podrá oponerse Iván Cepeda, así como el exfiscal general Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo. Además si la jueza acepta la solicitud de preclusión, las víctimas podrían apelar esa decisión y el caso pasaría al Tribunal Superior de Bogotá, a donde también llegaría si es negada pero la Fiscalía y/o la defensa del exsenador apelan. Adicionalmente, hay que traer a colación que en entrevista con el mismo medio el abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, aseguró que este “fue un caso que desde el comienzo nació torcido. Porque fue un caso que se inició a espaldas del presidente (Uribe), que siendo aforado y como cualquier persona tenía derecho a conocer si había investigaciones en su contra, pasaron meses sin que se conociera, no se pudo interrogar a los testigos, especialmente contrainterrogar a los testigos de cargo; hubo una serie de vicios que sería muy largo relatar acá, afectación en sus garantías, al extremo que lo llevaron a él a renunciar (al Senado) para poderse defender con todas las garantías”. En relación con esto, el magistrado de la Corte dijo que desconocía que algo así haya sucedido, y que: “así no actúa la Corte, la Corte garantiza todos los derechos de los procesados; me resisto a creer que la Corte haya transgredido derechos del procesado en el caso. Muchas cosas se han dicho públicamente, muchas cosas que no son ciertas, me parece que eso hace parte de la estrategia de la defensa, ese es un proceso con una enorme propaganda. En esa medida, públicamente se ha persuadido de muchas cosas que no tienen respaldo. (…) Nosotros somos jueces, actuamos sin sesgos, actuamos con respeto de la Constitución y la ley y no representamos ningún partido político y, por lo tanto, todos esos reproches de sesgo ideológico son manifestaciones irrespetuosas con la Corte y sus magistrados”. Un caso entre ires y venires Esto se da en el contexto de la preclusión que fue solicitada por el fiscal Gabriel Jaimes, que de nuevo puso sobre la mesa la posición de la Fiscalía respecto a este caso, que, hay que recordar, llegó a esta instancia luego que Uribe renunciara a su cargo como senador, lo que le quitaba la competencia al alto tribunal, el cual poco antes –el 04 de agosto – había ordenado detención domiciliaria para el expresidente por presunta manipulación de testigos, en un caso que involucra a exparamilitares y al abogado Diego Cadena, quien para ese momento ya estaba privado de la libertad. Así las cosas, el pasado 05 de marzo la Fiscalía solicitó formalmente a los juzgados de Paloquemao una audiencia para pedir la preclusión en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno y fraude procesal, sobre esta aún no se ha definido fecha, pero se ha informado que la diligencia tomará varios días pues se contará con las intervenciones dela Fiscalía, la defensa de Uribe, las víctimas y la Procuraduría. En un primer momento se escucharía a la Fiscalía, quienes expondrían las razones por las que el proceso debe ser precluido, a esa solicitud podrá oponerse Iván Cepeda, así como el exfiscal general Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo. Además si la jueza acepta la solicitud de preclusión, las víctimas podrían apelar esa decisión y el caso pasaría al Tribunal Superior de Bogotá, a donde también llegaría si es negada pero la Fiscalía y/o la defensa del exsenador apelan. Ahora, es necesario recordar que será Carmen Helena Ortiz Rassa –jueza 28-, la jueza encargada de escuchar a las partes implicadas, quien, como se informó en El Espectador inició su carrera en la Rama Judicial en septiembre del año 2000 en Bogotá como Oficial Mayor del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y Cundinamarca. Luego se desempeñó como Jueza Sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Jueza 42 Penal Municipal, Jueza 16 Penal Municipal y Jueza Sexta Penal del Circuito Especializada de Bogotá. Además, el medio referenció que “una de las decisiones judiciales recientes de la Jueza 28 fue tomada el 18 de octubre de 2019 en la que confirmó un fallo que había tomado otro despacho judicial, ordenando medidas urgentes de protección a las víctimas y los pobladores de 19 municipios que están dentro del área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, a petición de la Fiscalía General. En esa oportunidad, la entidad solicitó la recolección de residuos dejados en la vía que de Toledo va a Puerto Valdivia, implementar un plan de remoción del buchón de agua, estabilizar el terreno, entre otros”. Por otra parte, hay que resaltar que el magistrado Luis Antonio Hernández en entrevista con Caracol Televisión argumentó que a la jueza anteriormente nombrada deberá llegar tanto “la información del expediente que envío la Corte Suprema a la Fiscalía y la que allegó la Fiscalía en la investigación que realizó en los últimos meses. La Fiscalía tiene la obligación de presentar el expediente todo”. Por otra parte, vale la pena mencionar que todo esto también llevó a que el senador Iván Cepeda y el exfiscal general Eduardo Montealegre hicieran público que procederán a interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el fiscal Gabriel Jaimes, por, entre varias otras cosas, haber incurrido -presuntamente- en prevaricato por acción y omisión, favorecer los intereses del procesado apartándolo de su deber legal y constitucional, así como por haber pretendido invalidar, de facto, lo actuado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al repetir la práctica de pruebas; retrotrayendo el proceso, a fases superadas por ese Alto Tribunal; beneficiando con estas irregularidades a la parte imputada del proceso, el exsenador Álvaro Uribe. Con todo esto, Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, agregó que lo que ha sucedido con la Fiscalía en efecto se puede entender como si el organismo hubiera hecho equipo con la defensa del expresidente, pues “es atípico que el ente acusatorio tome este tipo de decisiones e ignore o invalide pruebas dentro de un proceso de este tipo, y emitidas por un organismo como la Corte Suprema de Justicia, además, en este sentido se puede sustentar la denuncia que dijo el senador que haría, pues este accionar y el ir en contra de la normatividad podría ser considerado como prevaricato. Además, surge el cuestionamiento: ¿si no hubiera sido Uribe el implicado, la Fiscalía sí hubiera imputado cargos”.

Por: Fredy Alexánder Chaverra Colorado. Colaborador Pares. Todo parece indicar que el 13 de marzo de 2022 todo el espectro político se medirá en tres consultas que resultarán estratégicas para impulsar las listas al Congreso y perfilar los candidatos más sólidos a la primera vuelta presidencial. Al Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza pronto se sumará un bloque que agrupará todos los sectores de la derecha política, la extrema derecha conservadora y perfiles del centro que no se sienten recogidos en la Coalición de la Esperanza. Aunque aún no es claro el nivel de organización, los candidatos y la estrategia que empleará este bloque (con mayoría en el Congreso), desde ya se puede evidenciar que convoca tres tendencias: el uribismo, la derecha conservadora y la Alianza por las regiones (‘Fico’, Char y Peñalosa). Esta confluencia buscará dar un salto cualitativo respecto a la consulta de 2018, presentándole al país una derecha organizada más allá de “El que diga Uribe” o la extrema derecha (que en 2018 representó Alejandro Ordoñez). A continuación, presento las fortalezas y debilidades de cada uno de las tendencias que concurren en este bloque. El uribismo: entre el desgaste y la necesaria renovación A un año de las elecciones varios analistas y expertos vaticinan que el Centro Democrático no podrá presidente en el 2022, al menos, no será el primer motor de tracción en la maquinaria de la derecha. Tras cuatro años de férrea oposición a Santos y tres de un gobierno impopular, la fuerza política que reconfiguró la derecha regional en torno a un liderazgo caudillista y agrupo un collage de sectores del conservatismo, liberalismo y partidos herederos de la parapolítica, se va desgastando a la luz del mediocre gobierno de Duque; la permanente exposición negativa en redes sociales (ya que no tiene el monopolio del estado de opinión) y la hipocresía de gobernar utilizando las mismas formas que por cerca de seis años le cuestionaron a Santos. Además, el relevo generacional le va pasando factura a una fuerza política incapaz de conectar con las inquietudes de las nuevas generaciones, jóvenes que no sintonizan con el programa de un partido que se congeló en la Colombia del 2002 y cuyo principal activo consiste en recordar el pasado o “los años de las Farc”. A esto se agrega que de cara al 2022 el partido no llegará con Uribe como cabeza de lista al Senado, circunstancia que dado el efecto arrastre de la cifra repartidora podría reducir sustancialmente su cantidad de senadores (al igual que Mockus con el verde y Robledo en el Polo), esa preocupación tiene a varias tendencias del partido pidiéndole a Tomas Uribe que, si no va a aspirar a la presidencia, al menos, encabece la lista al Senado. Es claro el nivel de desespero y la precaria renovación que le asiste al partido del “presidente eterno”; asimismo, ninguno de sus anunciados precandidatos goza de figuración nacional o son dirigentes destacados fuera del discurso de extrema. A Paloma Valencia y Paola Holguín se suma Rafael Nieto, tal vez, las tres caras más visibles del uribismo radical. Nada que ver con la táctica moderación que en 2018 le permitió a Duque ganar la encuesta interna y con posteridad la consulta. Los tres precandidatos uribistas (los conocidos hasta el momento) no tienen vuelo y antes tendrán que cargar con lastre de continuar el legado de un presidente impopular. Al parecer, en la carrera presidencial el uribismo será un motor de segundo nivel; sin embargo, esto no generará mayor malestar si desde el bloque de la derecha se llega a un acuerdo que lo favorezca y en un eventual gobierno se le respetan espacios de poder. A este momento, su mayor fortaleza se concentra en las estructuras regionales que han montado algunos de sus congresistas (que en su gran mayoría buscarán repetir) y el capital de opinión que todavía conserva entre personas mayores y en la Colombia rural. Sin embargo, todavía se mantiene la incógnita sobre la aspiración de Tomás Uribe y Óscar Iván Zuluaga (un reencauche descafeinado). Una derecha conservadora que busca ser protagonista Al bloque de la derecha buscarán confluir los siguientes partidos: Conservador, la U, Cambio Radical, Colombia Justa Libres y posiblemente el partido Liberal. Al momento, los conservadores y la U tienen sus apuestas definidas. De Cambio Radical no se tiene claridad quien asumirá las banderas que en 2018 hundieron a Vargas Lleras. No es claro si Alex Char buscará medirse en la consulta con ese aval y de paso convertirse en el orientador de un partido que opera como una federación de cacicazgos regionales sin identidad ideológica. De la U, se sabe que la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se convertirá en su candidata única. Ambos, tienen la fortaleza de contar con bancadas propias al interior de sus partidos, siendo la charista la segunda bancada propia más grande en el capitolio, no obstante, tener muchos representantes y senadores en el bolsillo no es garantía de éxito en una elección donde el factor opinión se vuelve más contúndete, la estruendosa derrota de Vargas Lleras, quien adelantó la “precampaña” más larga que se recuerde y contó con el apoyo de toda la clase política regional, es un claro ejemplo de ello. Los conservadores esperan llegar con candidato propio para así no terminar adhiriendo al candidato uribista o decidir entre alguno de la Alianza por las regiones. Entre sus opciones suenan exministros santistas como Mauricio Cárdenas y Juan Carlos Pinzón, el senador David Barguil y la vicepresidenta. Los azules quieren llegar con un candidato en propiedad para evitar que sus bases se dispersen entre los demás candidatos de la derecha. A excepción de Ramírez, ninguno de sus opcionados tiene gran figuración nacional o capital de opinión. Aunque los liberales respaldaron a Duque tanto en primera (ya que dejaron a De la Calle solo) como en segunda vuelta y en los últimos años se ha acercado sostenidamente a la derecha, no resulta viable que se metan en esa consulta. Su relación con Duque se ha enfriado y andan más interesados en que Alejandro Gaviria empuñe el trapo rojo. El exministro tiene más identidad con el centro y la Coalición de la Esperanza lo ha venido convocando. Tampoco se desestima que desde la derecha conservadora los movimientos cristianos impulsen un candidato en la consulta. Alianza por las regiones, ¿novedad o estrategia? La reciente reunión entre Federico Gutiérrez, Alex Char y Enrique Peñalosa, confirmó la movida de la llamada derecha regional para tener un espacio en la consulta. Como apenas están empezando a construir criterios de diálogo y consenso, no es posible anticipar si van a definir que solo vaya uno o si los tres se van a medir en el mismo tarjetón. Esta alianza se ha presentado como una gran novedad o como una estrategia para “desuribizar” la consulta de la derecha; sin embargo, a posteriori Char contaría con el respaldo de buena parte de las estructuras de Cambio Radical y a ‘Fico’ lo perciben en el Centro Democrático como un “buen muchacho”. Aunque en 2015 derrotó al candidato de Uribe, a lo largo de sus cuatro años en la alcaldía de Medellín gobernó con el uribismo, es cercano a Paola Holguín y es amigo personal del expresidente. ‘Fico’ no es un uribista camuflado porque en 2011 fue una de las primeras versiones locales de “El que dijo Uribe” y sus posiciones se encuentran alineadas con las del Centro Democrático. No se mete de frente a ese partido porque sabe que podría limitar sus posibilidades de crecimiento (ya que se presentará como un candidato independiente) y tendría que cargar con el lastre del gobierno Duque (al que le rechazó un ministerio). Por eso, considero que la Alianza por las regiones es sobre todo una estrategia de ‘Fico’ para no jugar de frente con el uribismo y dilatar su respaldo hasta las elecciones legislativas. A este punto va quedando claro como toda la derecha se está acomodando para reeditar la consulta que en 2018 le otorgó la victoria en cabeza de un uribista. Para el 2022 no necesariamente están buscando sea un uribista de primera línea ya que se conformarían con un candidato que represente sus intereses. Ante el desastre del gobierno Duque, el uribismo sabe que no la tendrá fácil y que a lo mejor jugará desde segunda fila. Un panorama factible porque la derecha sí sabe cuándo se debe unir y cerrar filas, algo que, desde la izquierda, ni siquiera se contempla. Ya con los tres bloques armados solo toca esperar el día de las elecciones y ver cuales llegan a segunda vuelta, porque estoy seguro habrá segunda vuelta y creería que la derecha tiene un cupo. ¿Con quién se medirá?

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. Las comunidades del Pacífico Nariñense ya tienen lista fechas de marchas en contra de la insistencia del Gobierno Nacional por la aspersión de glifosato en Colombia. Además, la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense (REDHPANA) y el Colectivo Fals Borda (OFB) denuncian presiones para que se levante “la Resolución 001 de 2020 y en consecuencia, la consulta previa deje de ser un requisito dentro del proceso administrativo por el cual se busca el reinicio de las aspersiones.” *** Ya existen marchas programadas en el Pacífico Nariñense contra el uso de glifosato. De acuerdo las comunidades estas se llevarán a cabo en las 10 cabeceras de los municipios que conforman la Costa Pacífica Nariñense y tienen como finalidad: rechazar la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. Éstas convocan al próximo jueves 18 de marzo. Las comunidades que participarán en las marchas son San Andrés de Tumaco, cabecera distrital de Tumaco; San José, cabecera del municipio Roberto Payán; Bocas de Satinga, cabecera municipal de Olaya Herrera; Santa María de Barbacoas, cabecera municipal Barbacoas; Santa Bárbara, cabecera municipal; Santa Bárbara de Iscuandé; Municipio de Francisco Pizarro, cabecera municipal Salahonda. Así como las cabeceras de los municipios de El Charco, Mosquera, La Tola y Magüí Payán. Tito Estupiñán, representante legal del Consejo Comunitario Rescate las Varas del municipio de Tumaco, señaló que los 18 Consejos Comunitarios del Pacífico Sur, las comunidades de las comunas de Tumaco y las comunidades indígenas; marcharán hasta el aeropuerto La Florida de Tumaco para rechazar “la decisión del Gobierno Nacional sobre la aspersión aerea”. Además exigen la implementación del del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Según Tito, las comunidades “Defendemos el Acuerdo de Paz y los territorios como líderes sociales. Le pedimos al Gobierno Nacional que pare inmediatamente la fumigación aerea en nuestro territorios.” De no ser así, insiste Tito, “estaríamos de acuerdo en pronunciarnos y empezar un proceso de independizarnos de esta Colombia. Construir una nueva nación como pueblo negro de este país”. Cabe recordar que la sala de decisión penal del Tribunal Superior de Pasto ordenó la suspensión de la resolución 001 de 2020 correspondiente al tema de aspersiones aéreas y pueblos indígenas. Esta fue emitida por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Interior gracias a la acción de tutela interpuesta por Red de Derechos Humanos del Pacífico bien Nariñense (REDHPANA) con el acompañamiento del Colectivo Fals Borda (OFB). Graves denuncias Tanto la REDHPANA y como OFB han señalan la existencia de presiones para que se levante la suspención. El meollo del asunto está en la resolución 001 de 2020. Ésta negaba que que las aspersiones áreas con glifosato afectarán comunidades étnicas en los más de 104 municipios que se pretenden asperjar. Precisamente, la REDHPANA y OFB ha resaltado que el pasado 11 de febrero fue radicado un nuevo escrito de tutela por parte de la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado. Éste, de acuerdo con la REDHPANA y OFB, “tiene como pretensiones que este caso se decida lo más pronto posible sin importar la complejidad de los argumentos presentados y que, de inmediato se levante la suspensión de la Resolución 001 de 2020 y en consecuencia, la consulta previa deje de ser un requisito dentro del proceso administrativo por el cual se busca el reinicio de las aspersiones”. Asimismo, han advertido que existen presiones “para que el Tribunal Superior de Pasto falle en contra de las pretensiones de las comunidades, diferentes voceros del poder Ejecutivo han emprendido formas de ataque en contra de la interpretación de la magistrada ponente (doctora Arellano) al interior del proceso judicial, desde los medios de comunicación y ahora, con una nueva estrategia de intimidación que pretende conseguir el levantamiento de la medida provisional en un proceso de tutela paralelo”. Una tutela en favor de la participación efectiva, la vida y la dignidad humana La acción de tutela de REDHPANA con OFB hace que se mantenga suspendida la intención del retorno del Glifosato, están constituidos por resguardos indígenas y consejos comunitarios de la subregión del Pacífico Nariñense. En este sentido, las comunidades de los municipios de San Andrés de Tumaco, Mosquera, Magüí Payán, Santa Bárbara, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Barbacoas. Ésta la interpusieron en contra del presidente de la República, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). De acuerdo con la REDHPANA y OFB el 12 de enero presentaron ACCIÓN DE TUTELA con solicitud de MEDIDA PROVISIONAL URGENTE Y PRIORITARIA para la protección de los derechos fundamentales a la CONSULTA PREVIA; CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO; SALUD; VIDA DIGNA; MÍNIMO VITAL; DEBIDO PROCESO y DERECHO A LA PAZ, los cuales resultarían gravemente afectados con el regreso del Programa de Erradicación de cultivos de uso ilícito mediante Aspersiones Áreas con el Herbicida Glifosato (PECIG). La decisión A través de la decisión de Magistrada Ponente, doctora Blanca Lidia Arellano Moreno, del pasado 14 de enero de 2021 en la que admitió la acción de tutela; se ordenó “la suspensión de la resolución 001 de 2020 emitida por la dirección de consulta previa del ministerio del interior, hasta tanto se resuelva de manera definitiva la acción constitucional”. Para la REDHPANA y OFB la decisión de la magistrada es de gran importancia para la vida y permanencia de los pueblos que habitan estos territorios y que tienen el derecho no solo de ser consultados, sino además, por tratarse del vertimiento de sustancias toxicas en el territorio, tienen derecho a que se lleve a cabo un proceso de consentimiento, previo, libre e informado con cada uno de ellos. Precisamente por la posibilidad de consulta y consentimiento previo que abre esta decisión es que se ha convertido en el principal obstáculo del gobierno nacional dentro de la carrera desmedida que tiene por esparcir glifosato en más de 9 millones de hectáreas. Un Gobierno Nacional que le da la espalda a las comunidades Pares habló con Ivonne Quiñónez, lideresa social e investigadora Pares, sobre las marchas anunciadas en los próximos días. Pares: ¿Cuál es la iniciativa de las comunidades? Ivonne Quiñónez: Se trata de marchas pacíficas y autónomas que nuestras organizaciones étnico-territoriales, realizarán en las 10 cabeceras de los municipios que conforman la Costa Pacífica Nariñense y tienen como finalidad: rechazar la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, puesto que este es un acto inhumano contra comunidades que viven del cultivo de coca, no porque les guste la ilegalidad y el desangre que se vive en la subregión, sino porque el Estado colombiano históricamente, ha estado de espaldas a sus necesidades. Se cultiva coca para sobrevivir. Nuestras comunidades exigen al gobierno colombiano, que respete los Acuerdos de La Habana, donde se privilegió la sustitución de cultivos de uso ilícito como medio para superar el problema del narcotráfico, e ingresar a economías lícita y que aquí todos aprobaron y firmaron carta de intención. Peor aún cuando estas erradicaciones forzadas se vienen realizando en la mayoría de los casos con glifosato, del cual la primera autoridad mundial en materia de salud como es la OMS, informó hace unos años, sobre sus posibles efectos cancerígenos, fuera de otras graves patologías y que el presidente Iván Duque, en su obsesión por el uso de este agrotóxico, ha desestimado en detrimento de nuestros derechos a la vida, la salud, la alimentación, el vivir en un ambiente sano. Razón por la cual, esperamos que la Corte Constitucional, se manifieste al respecto, en salvaguarda de nuestros derechos. Los ecos del Sur del Cauca Juan Manuel Torres Erazo, coordinador de la Oficina Pares Pacífico, se refirió a los ecos de marchas y movilizaciones que han tenido ocurrencia para el mes de febrero de 2021 y que continúan teniendo incidencia en el claro rechazo de las comunidades a la aspersión aérea de glifosato. Juan Manuel: El anuncio del Gobierno Nacional sobre la reactivación de la fumigación aérea mediante el método de aspersión de glifosato para combatir los cultivos de coca es una política abiertamente fracasada. No ha sido efectiva, por el contrario ha dejado secuelas en la salud pública por sus efectos cancerígenos y también se ha demostrado afectaciones permanentes sobre niños y niñas. La erradicación con glifosato ha vuelto a encender las alarmas en los movimientos cocaleros. Este 19 de febrero, hay que recordar, se dio una marcha de más de cinco mil campesinos cocaleros, ‘raspachines’, quienes salieron a protestar en la Vía Panamericana. Esto se gestó desde el Sur del Cauca, principalmente desde la zona montañosa del Valle del Patía. Las comunidades en el Sur del Cauca, al igual que las del Pacífico Nariñense, esperan que sus alternativas de manera concertada y voluntaria. Esto por cuenta del panorama que ha arrojado el fracaso del PNIS dejando claro que éste no tiene que ver con fallas en el programa sino porque el gobierno del presidente Iván Duque lo puso a agonizar. Esto puede empezar a reactivar el movimiento cocalero, hay que recordar las marchas de 196 que fueron muy grandes y que podrían derivar en un Paro en zonas como Catatumbo, Putumayo, Pacífico Nariñense, Sur del Cauca. Un paro de estas magnitudes tendrá un costo social en el que el Gobierno va a enfrentar a la Fuerza Pública contra la población civil. Nuevamente se registra estigmatización en contra de las comunidades de que estos movimientos son promovidos por los grupos armados, que resulta con este Gobierno un discurso muy predecible. Asimismo, es importante considerar los costos económicos que implican estos paros y sus implicaciones con las comunidades.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Las cifras de pobreza extrema y vulnerabilidad social han crecido en medio de la pandemia en curso y con perspectivas de empeorar en un clima de incertidumbre. Esto se traduce en sufrimiento para millones de personas que no tienen ingresos o por lo menos.no tienen los suficientes para satisfacer necesidades básicas. Esa carencia significa hambre, física hambre que en un país con tantos recursos naturales y riqueza concentrada en unas pocas manos, es una afrenta. Esta semana se reunió una cumbre por la renta básica. Este grupo de ciudadanos y parlamentarios promueven un proyecto de ley que será radicado este martes 16 de marzo -buena fecha que nos recuerda que en 1781 se levantaron los comuneros ante las imposiciones de la corona Española- para buscar que el Congreso de la Republica, legisle a favor de los millones que la están pasando muy mal, desde antes de la pandemia y mucho peor en medio de la pandemia. Son muchos los aspectos técnicos a precisar sobre a qué familias debe ir esta renta básica, que en principio se propone como focalizada a los que están en la situación de mayor necesidad, pero que de manera progresiva debería cubrir al cien por ciento de familias que según unos criterios claros de necesidades y carencia de ingresos, lo requieran. Hay recursos públicos para financiar una renta básica, que debe ser lo suficiente para cubrir la alimentación de una familia, recursos que deben ir más allá de los que hoy se asignan en programas sociales que tienen una cobertura muy limitada en numero de familias a las que llegan y que realmente debe tener una asignación que debe rondar entre los seiscientos mil pesos para una persona, y según el numero de integrantes de la familia debe ir aumentando, como lo establece la propuesta construida y soportada con estudios técnicos bien documentados. Colombia tiene los recursos para asignar una renta básica a quienes lo requieran, que hoy por lo menos son el sesenta por ciento de las familias, pero para ello debe avanzar en una redistribución de la riqueza que se produce de manera colectiva y que se apropia en pocas manos. Este mal debe ser superado si queremos avanzar en una sociedad de derechos y mayor cohesión social, lo cual nos permitiría avanzar en un orden social de mayor equidad y salir del deshonroso lugar de ser la cuarta sociedad mas desigual del mundo y la número uno en América Latina. La renta básica es un derecho y hay que hacerlo realidad. La iniciativa que se va a presentar este martes 16 de marzo debe surtir todos los debates que requiera, se pueden precisar muchos aspectos de focalización, implementación y criterios para que llegue a las familias más necesitadas, lo cual va a requerir un esfuerzo de identificación y unos mecanismos para que llegue como derecho y no como dádiva clientelista, y menos en tiempos electorales. Sería un buen mensaje si se aprueba con el respaldo de todas las bancadas representadas en el Congreso, un mensaje de que hay un ánimo de asumir las transformaciones que se requieren y no permitir que ninguna familia colombiana pase hambre. Es un mínimo consenso que no admite discusión. Para las centrales sindicales, los comunales, los centros de promoción social, la diversidad de organizaciones que se han comprometido con esta iniciativa, hay que reconocerles su trabajo y la capacidad de articulación. Hay que seguir el debate de esta iniciativa en el Congreso y esperar que sea realidad a la mayor brevedad, sería un paso importante en un consenso básico y elemental. Aquí pueden consultar la sustentación de esta iniciativa que ya le fue anunciada al presidente Iván Duque en una comunicación de enero de este año.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Han sido constantes las denuncias sobre la crisis humanitaria que se vive en el Pueblo Awá, el cual, según el Departamento Nacional de Estadística, DANE, en Colombia está conformado por 44.516 indígenas; 39.000 en Nariño y 5.000 en Putumayo. Esta vez la alerta fue hecha desde la Unidad Indígena del Pueblo Awá –UNIPA-, quienes comunicaron que desde el pasado 16 de febrero están desaparecidos los jóvenes Miguel García Paide 23 años y Álvaro Pascal García de 18 años, quienes pertenecen al Resguardo Indígena Awá de El Gran Sábalo – Comunidad San Jacinto. Según el documento los jóvenes fueron retenidos y desaparecidos por un grupo armado ilegal que opera en el corregimiento de Llorente. Además, casi un mes después, parte de la información que se tiene es que los dos hombres estaban volviendo del sector de Inda Zabaleta cuando, según la denuncia, fueron abordados por los actores armados. La comunidad ha insistido en que se active una ruta de búsqueda para dar con el paradero de los jóvenes, pero también han seguido llamando la atención para que el Gobierno Nacional y local, tomen medidas efectivas y eficaces para atender las diversas situaciones de violencia en la zona. Asimismo, se instó a que el Congreso de la República convoque a la Comisión de Paz del Senado para que se pronuncie y haga seguimiento a la crisis humanitaria que viven los resguardos Awá. Es importante señalar que con la denuncia también se envió un mensaje al Sistema de Naciones Unidas, así como a las organizaciones nacionales e internacionales que hacen seguimiento al cumplimiento del Acuerdo de Paz, para que se ponga especial atención sobre este punto del Pacífico Nariñense. Un panorama crítico que no es nuevo Sobre este punto hay varias cosas que anotar. Por una parte, recientemente la misma organización denunció que el lunes 22 de febrero un grupo de hombres armados secuestró, torturó y asesinó a cuatro personas en el sector La Variante en la vía que va hacia Tumaco en el kilómetro 56. Una de las víctimas en este hecho fue Marcos Paí, de 40 años, exgobernador y líder indígena del resguardo Awá de La Brava, ubicado en Tumaco. Marcos Paí era padre de dos hijos, uno de ellos menor de edad. Además, con el 2020 y la agudización de la violencia en muchas zonas del país, la comunidad Awá también se vio atravesada. Hay que recordar, entre varios otros hechos, que en agosto del año pasado fueron asesinados en medio de una masacre tres comuneros indígenas del resguardo de Pialapí Pueblo Viejo. Por otra parte, el 29 de julio un grupo armado irrumpió en la vivienda del exgobernador, Fabio Alfonso Guanga García, lo retuvieron y lo asesinaron ante la mirada de sus familiares a escasos metros de su residencia. Seguidamente, se registraron varios estruendos que provenían de una vivienda a la que llegaron varios impactos de fusil de largo alcance y fueron lanzadas dos granadas de las cuales una explotó causando la muerte de Sonia Lorena Bisbicus Ortíz de 24 años y dejando heridas a tres personas; un hombre y dos menores indígenas. Es importante señalar que la situación durante la pandemia fue crítica; informaba la Silla Vacía en octubre que a ese mes se habían registrado cuatro masacres durante la pandemia, sólo en el cabildo de Unipa en Tumaco y Barbacoas, además de febrero al mes nombrado se habían cometido 17 asesinatos en la comunidad. En septiembre de ese mismo año desde el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR- se envió una carta dirigida al presidente Iván Duque, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a Carlos Camargo –defensor del Pueblo-, y al entonces procurador general, Fernando Carrillo. En el documento se alertaba el riesgo de la comunidad a causa de los constantes enfrentamientos entre grupos armados, puntualmente en el resguardo Inda Sabaleta del Pueblo Awá en Tumaco. Esta alerta se dio luego que en medio de dichas confrontaciones entre Los Contadores y el frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las Farc, fueran asesinadas 5 personas, y, al menos, 40 más fueran retenidas por miembros de las disidencias. “Una de las mujeres de quien iban a llevarse a su hijo, por evitar dejarlo solo también fue llevada con él por parte de los grupos armados, quienes dicen supuestamente estar investigando a esos miembros de la comunidad”, se lee en la misiva. Todo esto lleva a recordar que en 2009 la Corte Constitucional emitió el Auto 004, en el que advirtió sobre la situación de 32 pueblos indígenas por la amenaza de extinción física y cultural ante la afectación sistemática y desproporcionada a sus territorios con ocasión al conflicto armado; allí se incluyó al Pueblo Awá. Esta solicitud se reiteró en 2011 con el auto 174 de ese año, en el que se hizo especial énfasis en proteger los derechos del pueblo Awá de Nariño y Putumayo. Adicional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2011 otorgó medidas cautelares a favor de esta comunidad, luego de verificar su especial afectación por el conflicto armado, y particularmente en ese momento por las minas antipersonal. Una mirada a esta zona de Nariño Como explicaba Ivonne Quiñonez, investigadora regional del Pacífico Nariñense de Pares, “la zona donde ocurrieron los hechos es la más violenta de toda la región, es donde se origina al menos el 80% de los hechos violentos entre Tumaco y Barbacoas municipios vecinos por vía terrestre y circundados por resguardos indígenas del Pueblo Awá”. Uno de los motivos que explica esta situación es que esta franja que une a los dos municipios vía terrestre desde hace tres años es escenario de una cruenta guerra entre los dos grupos armados ilegales más poderosos de toda la región, es decir, la estructura delincuencial Los Contadores y el GAPF Frente Oliver Sinisterra, quienes se disputan a sangre y fuego, el control social, territorial, los cultivos de uso ilícito y rutas del narcotráfico en esta zona especialmente estratégica para el desarrollo de esta economía ilegal. Esto, sin negar la existencia de otros factores por los cuales el Pueblo Awá, viene siendo víctima de un extermino sistemático desde hace más de una década. Justamente sobre esto Germán Valencia, consejero de Derechos Humanos de la ONIC, señaló que: “todos los hechos violentos la inoperancia del Gobierno Nacional y la Fuerza Pública, están provocando este exterminio físico, cultural, territorial y organizativo que está conllevando a que se esté gestando un genocidio con nuestros pueblos, pues el conflicto y la persecución han hecho que nuestra autonomía se vaya debilitando; además, el copamiento por todos los actores armados ha hecho que el territorio esté desarmonizado”. Particularmente, como explica la investigadora, con lo anterior hay un relacionamiento directo con los jóvenes indígenas Awá, quienes se ven enfrentados diariamente a situaciones inhumanas; “son el blanco preferido de las balas asesinas de los grupos armados ilegales, así mismo, son víctimas de desaparición forzada y tortura; desde los 12 años empiezan a ser víctimas de reclutamiento forzado y cuando hay resistencia ellos y sus padres pueden ser asesinados o condenados al destierro. Sus relaciones sociales son muy limitadas porque basta que haya una mínima sospecha de amistad entre un joven con un miembro del grupo armado, para que el contrario inmediatamente lo condene a muerte. Por otro lado, se ha evidenciado que debido a la situación de pobreza extrema que en que mayoritariamente viven estos jóvenes, sucumben a la tentación frente a los ofrecimientos de dinero que hacen estos grupos armados para que se hagan a sus filas”. Sin respuestas A pesar de todos los llamados que se han hecho, y particularmente con el realizado recientemente por la desaparición de Miguel García Paide y Álvaro Pascal García, a la noche del viernes 12 de marzo desde la ONIC a través de Germán Valencia se informa que no se ha obtenido ninguna respuesta institucional sobre si se adelantará alguna acción para dar con el paradero de los dos jóvenes y mitigar los escenarios de riesgos a los que está expuesta la comunidad. Adicionalmente, Germán Valencia indica que al día de hoy todo lo expuesto anteriormente es una alerta constante; las disputas por el territorio, especialmente motivadas por las economías ilegales y por las rutas y conexión que hay con el Pacifico, persisten. Además, como advierte el integrante de la ONIC, “hay una inoperancia de la Fuerza Pública combatiendo a estos actores ilegales; en algunos casos podría haber hasta complicidad en todos estos hechos violentos. Igualmente, hay que decir, en este momento no hay una persecución al narcotráfico en sí, sino a los cultivadores, cuando en este tema estos son el eslabón más débil”. Justamente con esto hay un punto importante a mencionar; Tumaco es el segundo municipio del país con mayor concentración de cultivos de uso ilícito, donde a 2019 según cifras del Observatorio de Drogas, había cerca de 11.830 hectáreas. Desde 2017 los pobladores y la comunidad se han venido vinculando al PNIS como parte de una solución a la que le han apostado; no obstante, la implementación del Programa ha sido precaria, y una de las razones es que el Gobierno de Iván Duque ha priorizado la erradicación forzada y ha buscado -incluso en los últimos días con más fuerza- la reactivación de las aspersiones aéreas con glifosato. Esto también guarda una estrecha relación con lo planteado en el artículo en concordancia con la situación del Pueblo Awá, pues como explica Ivonne Quiñonez: “Las aspersiones aéreas no sólo son violatorias de sus derechos como pueblo étnico, sino que al interior del Pueblo Awá, podría generarse una crisis humanitaria de enormes proporciones, debido a que, el glifosato es un agrotóxico que no sólo afecta la salud humana, sino que daña la tierra, contamina fuentes de agua, fauna y flora, en una comunidad como esta, donde si bien hay cultivos de coca, también gran parte de su gente, aún vive de la caza, la pesca y la recolección de frutos. De hecho, los grandes éxodos que ha sufrido el pueblo Awá, los tuvo, por razones de hambre, como consecuencia de las fumigaciones con glifosato en el marco de Plan Colombia”. Siguiendo lo anterior hay que recordar que en abril de 2020 durante una movilización en la que solicitaba que parara la erradicación forzada en esta zona del país, fue asesinado en zona rural de Tumaco, Ángel Artemino Nastacuas Villarreal, indígena Awá del resguardo Pialapí Pueblo Viejo. Así, de nuevo, y uniéndonos al llamado de UNIPA y la ONIC, se insiste en que se voltee la mirada a esta comunidad, como se debió hacer hace meses, y a que se busquen medidas que mitiguen los riesgos a los que se ven expuestos los/as indígenas Awá, y que, igualmente, se priorice la búsqueda de Miguel García Paide y Álvaro Pascal García.

Por: Julián Martínez Vallejo. Columnista Pares. La semana pasada la Fiscalía radicó la solicitud de audiencia de preclusión de la investigación que se sigue contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos, soborno y fraude procesal. Este proceso pasó al ente investigador en octubre del año pasado cuando el ex presidente renunció a su curul en el Senado cambiando a la Corte Suprema de Justicia como juez. Este litigio tiene como víctima principal al senador Iván Cepeda Castro quien fue denunciado por Uribe en 2012 y 2014 por la conformación de una red de testigos en su contra que supuestamente ofrecía dádivas a ex paramilitares para vincular al ex presiente con grupos armados al margen de la ley. Cepeda fue declarado inocente por la Corte Suprema en febrero de 2018 y le abrió una investigación al entonces senador Uribe porque su defensa, encabezada por el abogado de narcotraficantes Diego Cadena, que estaba comprando testigos falsos era su defensa. Grabaciones reveladas por Daniel Coronell muestran que todo se hizo con el beneplácito de Uribe. Uribe lleva casi dos décadas haciendo esta acusación a sus opositores políticos que investigan sus nexos con el narcoparamilitarismo pero siempre se descubre que el montaje proviene por parte de los intereses del ex presidente. Documentos reservados de inteligencia ilegal del extinto DAS muestra que a Gustavo Petro siendo, representante a la Cámara, le ejecutaron el mismo montaje en septiembre de 2006, cuando el congresista comenzó a revelar su investigación sobre la ‘parapolítica’. El memorando está rotulado como “reservado” y fue redactado en Bogotá por la subdirección de Análisis del DAS, durante la administración de Andrés Peñate, y tiene el título “Estrategia de Gustavo Petro para relacionar al presidente Álvaro Uribe con grupos paramilitares y de narcotráfico”. El documento revela que el DAS sabía que Petro estaba investigando los vínculos del caballista Santiago Uribe Vélez con las estructuras del narcoparamilitarismo en Antioquia que años después llevó a la captura del hermano del hermano menor del ex presidente por la conformación del grupo delictivo “Los Doce Apóstoles”. Este memorando fue enviado a la Casa de Nariño por medio del sistema valija -que consistía en llevar una maleta con la documentación de inteligencia ilegal recaudada por el DAS para que el presidente Uribe la leyera y tomara decisiones- y le decía a la Presidencia que las investigaciones contra los Uribe la Fiscalía las había archivado en 1996. “El congresista denunciará el accionar de los paramilitares en la época que el actual presidente fue gobernador de Antioquia (1996-1998). En los debates deslegitimará las Cooperativas de Convivencias Comunitarias – CONVIVIR, buscará demostrar que las autodefensas fueron financiadas por políticos, ganaderos, dueños de fincas y comerciantes y cuestionará la supuesta indiferencia de la Policía Nacional y la Cuarta Brigada durante ese periodo, principalmente las bases militares ubicadas en los municipios de Caucasia y Tarazá”, reseñaron los detectives secretos con base en las ‘chuzadas’ a Petro. Los documentos del DAS también revelan que el gobierno Uribe se propuso neutralizar a Petro manifestando en los medios de comunicación “a través de una campaña anticipada” que los órganos judiciales competentes ya se “han pronunciado a favor del presidente Álvaro Uribe sobre su gestión en la Gobernación de Antioquia”. Otro memorando del 4 de mayo de 2007, prueba que Petro fue espiado en España durante una conferencia que dictó sobre derechos humanos. La policía secreta de la Presidencia plasmó en otro documento reservado que “el senador Petro, en el viaje que realiza a Europa, tomará contacto con alguna ONG para buscar un canal directo de comunicación con la Corte Penal Internacional, y así iniciar a enviar documentos que comprometan al presidente Uribe con los paramilitares. Dentro de un círculo cerrado del Polo, en forma muy reservada, se planea llevar al dr Uribe ante esa colectividad una vez termine su gobierno”. Este documento fue entregado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en 2007. Toda la información que obtuvo el DAS sobre Petro se consiguió en el marco de una operación ilegal que llevó a la cárcel a dos directores del DAS (Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado) y al secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, entre otras dos docenas de ex servidores públicos que fueron condenados por estos delitos. Esta semana se conoció que en el marco de estos operativos la familia del congresista fue víctima de estos hechos. Por eso las dos hijas del senador Petro serán indemnizadas por el Estado colombiano al encontrar responsables las conductas de Uribe en la violación de los derechos a la intimidad de la familia Petro.