Por: Laura Cano. Periodista Pares. Vuelve a estar sobre la mesa la propuesta de prolongar el actual periodo presidencial y parlamentario por dos años. La idea no es nueva, pero ahora se intenta sustentar bajo argumentos relacionados con el ahorro de gastos en medio de la pandemia Covid-19 y en permitir recuperar el casi año de los planes de Gobierno que tuvieron que ser pospuestos a causa de las medidas que debieron priorizarse. Como se señalaba, esta no es la primera vez que se oye esta iniciativa, incluso poco antes de conocerse el primer caso de Covid-19 en el país, desde el Congreso Nacional de Municipios 2020, realizado en febrero de ese año, el entonces presidente del Senado de la República, Lidio García, señaló que era viable unificar los períodos de gobierno de los alcaldes, gobernadores, congresistas y presidente como una posibilidad para trabajar de manera unificada desde los planes de desarrollo nacional y locales. “Es una propuesta que ha tenido varios intentos en el Congreso. Sería importantísimo que podamos unificar los periodos para que todo empiece desde cero y se pueda trabajar mancomunadamente y de forma mucho más activa. (…)Realmente hay tropiezos en los inicios. Se pierde casi un año y muchos recursos en tantas elecciones. Vivimos de elección en elección y tenemos que ahorrar ese gasto y hacer más inversión social”, comentó en ese momento García. Ahora, y en lo que va del 2021, la propuesta ha sonado en dos ocasiones. Por un lado, el pasado 15 de febrero cuando desde la Federación de Municipios, en cabeza de Gilberto Toro, se insistió en unificar el periodo del mandato del presidente junto con el de alcaldes, alcaldesas, gobernadores/as y congresistas; lo que significaría extender dos años más el mandato de Duque, al igual que el de los/as senadores/as y representantes a la Cámara. En ese momento las razones en las que el funcionario sustentó su iniciativa fueron en que esto permitiría “que tengamos un modelo de funcionamiento del Estado mucho más eficiente, que nos garantice la planeación, que los planes de desarrollo respondan a periodos que realmente puedan dar resultados”. Además, también aseguró que con los efectos de la pandemia las elecciones, que se realizarían en marzo del año próximo (Congreso) y en mayo (primera vuelta presidencial), podrían representar un riesgo sanitario, teniendo en cuenta que se ha previsto que a esa fecha no toda la población estaría vacunada. Asimismo, hizo referencia a que se ahorraría cerca de $30 billones, teniendo en cuenta que una consulta popular cuesta alrededor de $450.000 millones, mientras que las del Congreso rondan los $1.2 billones, al igual que las presidenciales. Por esos días el senador Gustavo Petro advirtió desde su cuenta de Twitter que esta propuesta de nuevo estaba rondando en el Congreso, aseguró que “hay algunos parlamentarios que plantean prorrogar el Gobierno de Iván Duque y el período del Congreso por dos años y no hacer elecciones el año entrante con la excusa del Covid. Se trataría de un golpe de Estado parlamentario”. La propuesta sigue sin descartarse Aunque en su momento la propuesta fue cuestionada e incluso se pidió al presidente Iván Duque rechazarla públicamente, ésta de nuevo está sobre la mesa, y por eso recientemente varios sectores se manifestaron sobre lo inviable, poco conveniente y antidemocrático de la iniciativa. Hay que señalar que hasta sectores más cercanos al Gobierno que a la oposición como el Conservador, han hecho pública su inconformidad con la propuesta; sobre esto, por ejemplo, Omar Yepes, presidente de dicho partido, escribió a través de su cuenta de Twitter que “no es bueno para la democracia que se proponga el alargue del periodo para la Presidencia de la República y para el Congreso. El país no puede estar cambiando las reglas del juego democrático. Si el pueblo votó periodos de 4 años, esto se debe respetar. Así de claro”, expresó. Por otra parte, el pasado 09 de marzo el senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, denunció que varios congresistas estarían recibiendo llamadas para hablar de ello. Además, indicó que la propuesta es mucho más grave de lo que se pensaba, pues se estaría haciendo lobby para lograr su aprobación, a pesar de lo inconstitucional que resulta ser ampliar el periodo presidencial. Siguiendo con esto instó al Gobierno Nacional o al ministro del Interior a cortar de manera precisa esta idea. En ese sentido indicó que conoce acerca de una parálisis en los giros de los recursos para los municipios priorizados en Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Se cita en el diario La Vanguardia que “El año pasado se logró viabilizar proyectos en municipios PDET por 1,8 billones de pesos y de la noche a la mañana se frenan los giros (…) yo no me imagino al presidente Duque dando la orden de utilizar los recursos PDET para convencer a parlamentarios de la ampliación. Solo el mismo mandatario puede cortar con el ruido reanudando los giros presuntamente suspendidos a los municipios PDET”. Asimismo, Iván Cepeda, a través de su Twitter, escribió que: “Es sintomático que con relación a la idea de aplazar las elecciones dos años, el presidente Duque guarde silencio complaciente. ¿Presidente, esa es una “propuesta” al gobierno o es una iniciativa gubernamental soterrada? En todo caso, es un intento de golpe a la democracia”. Justamente sobre lo anterior la senadora Aída Avella le dijo a Pares que “es sospechoso el silencio de Duque; evitar que las elecciones se hagan en el 2022 es un atentado contra la democracia. Cuatro años, son cuatro años. Lo que se esperaría es que ahora con esto no empiecen a untar de mermelada al Congreso, porque seguramente con el discurso de que estarán dos años más en sus puestos seguramente habrá algunos que estarán de acuerdo con semejante barbaridad. En un país tan corrupto como este, esta propuesta genera un gran riesgo. Si el Gobierno no se manifiesta da mucho que pensar: ¿está el presidente atrás de todo esto? ¿El que calla otorga?”. Por su parte, el analista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila expuso que esto dañaría el equilibrio de poderes, lo que además llevaría a una movilización de la población, entre otras cosas motivado por el poco buen desempeño que ha tenido el mandatario en el cargo, además, señaló que ante la comunidad internacional esto sería un duro golpe a la democracia. En este punto vale la pena traer a colación que, como se mencionó más arriba, esta propuesta no es la primera vez que está sobre la mesa, lo que traduce en que estas concentran un debate muy álgido, que además se ha vuelto común escucharlo cada que los últimos presidentes han estado a puertas de terminar su mandato. Además hay que recordar que este contexto hace necesario recordar que con la Asamblea Nacional Constituyente y luego de la Constitución de 1991 se estableció un principio básico de la descentralización en Colombia, lo que tiene un fundamento práctico que la elección de alcaldes y gobernadores iba a ser desde entonces por medio de elección popular, no mediante la decisión presidencial, lo que era problemático principalmente por las no garantías de gobernanza y gobernabilidad asociada toda al poder legislativo de facto del presidente. Es importante este breve contexto porque como explicó Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, con la propuesta que hoy se conoce «también existe una intención de romper con la descentralización del país a nivel fiscal, político y administrativo. (…) Además, teniendo los calendarios electorales así -como se propone- se motivaría a pensar que sea mejor votar por el alcalde, gobernador que esté alineado con el mejor candidato presidencial y esa lógica no es buena para la democracia del país».

Por: Laura Cano. Periodista Pares. “Lo que ha dicho el ministro Diego Molano es una infamia que pretende encubrir un crimen de guerra. Los/as niños/as deben ser protegidos para evitar que grupos armados ilegales los recluten, y en caso de reclutamiento deben ser protegidos; el derecho a la vida de los menores prevalece sobre cualquier otra justificación. En todo caso bombardear un campamento para después averiguar si había niños o no, podría ser una grave infracción al derecho humanitario. Si no se demuestra que era una operación inevitable desde el punto de vista militar, cualquier investigación que se haga al respecto debería determinar una responsabilidad de quienes reclutaron a los niños y también de quienes dieron la orden del bombardeo”, Jorge Rojas, director de CODHES. *** Recientemente Hollman Morris informó a través de Tercer Canal que varios niños fueron bombardeados por miembros de la Fuerza Omega, del Ejército Nacional, en la vereda Buenos Aires, del municipio de Calamar, en el Guaviare. El hecho tuvo lugar el pasado 02 de marzo, y, hay resaltar, aunque se hizo una rueda de prensa tras la acción militar, esta fue realizada en Villavicencio y no fue transmitida en vivo, como lo aseveró Laura Victoria Alvarado, directora de Marandúa Estéreo, medio local del Guaviare. Lo cierto es que hoy por medio del programa de Morris se dio a conocer un comunicado de la comunidad, en el que se indicaba que familiares de las víctimas habían llegado hasta San José del Guaviare y la capital del Meta, con lo que también se ha logrado establecer que habría, al menos, 20 personas desaparecidas como consecuencia del bombardeo. “Lo grave de todo este acontecimiento es que se trata de niñas y niños campesinos/as que han sido víctimas de los núcleos más guerreristas de los aparatos armados del Estado colombiano. (…) En San José del Guaviare hay tres menores heridas y mutiladas por las bombas”, se lee en el documento. Según la información presentada por Morris las víctimas mortales de lo sucedido serían: Cristian Alexis Quebrada Opocué, 19 años; Samir Sebastián Navarro Esguerra, 16 años; Rosa Marina Jaramillo Gutiérrez, 9 años; Zaira Ruiz Guerrero, 13 años; Karen Nayerly Chaves Triana, 16 años; Wilder Andrés García Sorza, 19 años; José David Macías Díaz, 13 años; Yeimi Sofía Vega Merchán, 14 años; Marlon Estiven Mahecha Herrera, 12 años; Jhon Javier Cortaza Cano, edad sin confirmar; Jorge Manuel González López, 14 años; Dann Lizeth Montilla Marmolejo, 16 años; Jhonatan Sánchez Zambrano, 10 años; Sebastián Andrés Varón Rojas, 16 años.´ Aunque esta información no se ha confirmado, el senador Roy Barreras afirmó a través de su cuenta de Twitter: «Indagamos a esta hora por denuncias de padres de familia que informan de una docena de niños desaparecidos y al parecer 4 de ellos muertos en bombardeo el 2 de marzo en Guaviare. Hay 4 cadáveres en morgue de Villavicencio. Exigimos cadena de custodia y protocolo de Minessota». El protocolo mencionado por el senador es un procedimiento modelo recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para investigar crímenes de lesa humanidad en los que se hubieran cometido ejecuciones ilegales presuntamente cometidas por parte de agentes del Estado. Hay que señalar que, una vez conocida públicamente esta información, el Ejército Nacional emitió un comunicado en el que se indicó que las Fuerzas Militares “planearon y ejecutaron una operación militar (…) sobre un área campamentaria, donde se planeaban acciones terroristas, y en la cual se encontraban integrantes de la estructura de alias Gentil Duarte. (…) En el desarrollo de esta operación, a la fecha, se han logrado los siguientes resultados: 12 muertes en operaciones militares; la identidad, sexo y edad serán establecidos por las autoridades competentes”, expusieron en el comunicado. Justamente sobre esta información han sido varias las reacciones, entre ellas las de Roy Barreras, citado más arriba, quien también puso sobre la mesa el cuestionamiento sobre porqué después de muertos el Ejército va a determinar la identidad, sexo y edad de las víctimas; “¿eso quiere decir que inteligencia militar “otra vez” no sabía que bombardeaban niños en lugar de rescatarlos? Y, además, de niños muertos y heridos, ¿cuál fue el resultado? ¿Capturaron a alias Gentil Duarte?”, expresó el congresista. Ministerio de Defensa: ¿falta protección a menores? Hay que iniciar que este hecho está antecedido por graves implicaciones de la Fuerza Pública contra menores de edad. Por ejemplo, en noviembre de 2019, Roy Barreras, develó un informe que en un operativo del Ejército realizado en el mes de agosto de ese año, y que fue presentado como un éxito, en realidad fueron asesinados niños y jóvenes menores de 20 años. El congresista aseguró que el 2 de septiembre de 2019 el ministro Botero informó sobre un operativo militar en Caquetá, donde habrían sido abatidos 14 disidentes de las Farc; sin embargo, el senador Barrera acusó a Botero de esconder que en ese bombardeo fallecieron varios menores de edad. “El joven Abimiller Morales tenía 17 años, Willmer Castro 17, Diana Medina 16 años, José Rojas Andrade 15 años, Jhon Edinson Pinzón 17, la niña Ángela María Gaitán tenía 12 años y Sandra Patricia Vargas 16. Ministro, Usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó a siete niños”, señaló en ese momento Barreras. Sobre este hecho, en noviembre de ese año pasaron dos acontecimientos, por una parte, Botero renunció a su cargo ante las constantes exigencias para que el funcionario dejara el puesto por la gravedad de lo sucedido, caso sobre el que días después Noticias Uno dio a conocer que no se trataría de 7 menores, sino de entre 16 y 18. Tras esto, llegó al cargo Carlos Holmes Trujillo, quien tampoco pasó sin cuestionamientos por violaciones a menores de edad; por un lado, en octubre de 2020, el Barreras indicó que, en el caso mencionado anteriormente, habrían sido asesinados 36 menores en San Vicente del Caguán, información que, como lo indicó Barreras, estaba siendo ocultada por el entonces ministro. Es necesario traer a colación que, en su momento, al igual que se está haciendo ahora, Guillermo Botero aseguró que la operación se hizo bajo los protocolos del Derecho Internacional Humanitario, no obstante, hay que recordar que en agosto de 2020 el medio de comunicación Cuestión Pública publicó que a través del informe de inteligencia No. 937 de carácter “secreto” y de “uso exclusivo del Ministerio de Defensa Nacional y del Comando General de las Fuerzas Militares del Ejército Nacional”, “se demuestra que el 24 de agosto de 2019, cinco días antes de la denominada Operación Atai, el Ejército sabía que el esquema de seguridad de alias “Cucho” estaba conformado por menores de edad, producto del reclutamiento forzado. Una responsabilidad que el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, no reconoció antes de dejar su cargo y tampoco ha reconocido el presidente de la República Iván Duque, quien autorizó esa operación que acabó con la vida de al menos ocho menores de edad”. Adicionalmente, en junio de 2020 la Comisión de Paz del Senado denunció que, en combates con el Ejército, en marzo del mismo año, fueron asesinados «o bombardeados» cuatro menores de edad en la zona rural de Argelia, Cauca, y hasta ese momento el Estado no los había reportado. A esto se sumó que en ese mismo mes autoridades tradicionales de Pueblo Rico, Risaralda, denunciaron que el 21 de junio una menor de 12 años perteneciente a la comunidad Gito Dokabu– Embera Katio había sido secuestrada y abusada sexualmente por 7 miembros del Ejército pertenecientes al Batallón Alta Montaña de Génova (Quindío) y que prestaban labores de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo (Risaralda), quienes se encontraban en la zona como parte del servicio que debían prestar a los habitantes del territorio durante la pandemia. Sobre estos hechos hay que anotar que, aunque se han adelantado algunas acciones, se sigue insistiendo en que haya justicia y se conozca lo ocurrido y responsables en cada hecho. Además, también esto ha provocado que se pida la renuncia de los últimos ministros de defensa que han pasado por la entidad estatal. Ahora con un ministro recientemente posesionado en el puesto el panorama no parece cambiar mucho. Diego Molano: el desacierto de sus palabras Molano llegó al Ministerio de Defensa en febrero de 2021, sobre su nombramiento, Isaac Morales, coordinador de la Línea de Seguridad y Crimen Organizado de Pares escribió que “Molano ocupó la dirección general del ICBF, fue concejal de Bogotá y ha ocupado otros cargos públicos, sin embargo, su aproximación a los temas del sector defensa y seguridad son mínimas o inexistentes”. Hoy de alguna forma esa falta de experiencia y acercamiento a la defensa de las garantías de Derechos Humanos de la población se hace evidente. -intencionalmente o no-. Tras lo informado por Tercer Canal, Molano aseguró a través de la W Radio, por un lado, que será la Fiscalía quien determine si en efecto había menores en el lugar. Adicionalmente afirmó que se conocía que había jóvenes en el campamento guerrillero. Además, indicó que “el desarrollo de los operativos es legitimo porque allí había una estructura de Gentil Duarte que atenta contra la sociedad colombiana. (…) Aquí hay una guerra jurídica de dar información para deslegitimar a nuestro Ejército en el marco de una operación que cumple lo establecido por el Derecho Internacional Humanitario”. Además, agregó: “Aquí los que son responsables de que los jóvenes sean maquinas de guerra son las disidencias de las Farc. En el DIH cuando se hace la valoración lo que es claro es que, si los jóvenes están en un campamento, participan de las hostilidades y pueden poner en riesgo la población, la operación se debe hacer. (…) No estamos hablando de jóvenes que no tenían conocimiento pleno; fueron transformados y convertidos en maquinas de guerra por esta organización. Las edades y lo que han salido a decir es parte de esa guerra política con la que buscan quitar legitimidad a la Fuerza Pública”. Sobre todo esto, desde Pares hablamos con Hilda Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia -COALICO-. Pares: En lo que va del año, ¿cuál es el balance que desde su organización tienen sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes? Hilda Molano: Desde la COALICO se ha denunciado de manera constante el registro de reclutamiento de niños y niñas en las diferentes zonas del país por parte de diversos grupos armados en Colombia. En el año 2020 con la consolidación que hicimos, evidenciamos que, al menos, 222 niños y niñas fueron víctimas de este tipo de vulneraciones. Ya para el 2021, en los primeros dos meses, llevábamos identificados 25 casos en los que, al menos, 38 menores han sido reclutados. Eso de lo que da cuenta es que efectivamente la situación no ha cesado, se mantiene, y como organización de la sociedad civil lograr dar cuenta de la totalidad de victimizaciones de este caso no es posible, pero lo que demuestra lo que hemos logrado establecer es que esta situación sigue siendo crítica. Pares: En el 2020 hubo un recrudecimiento de la violencia en el país, y se ha advertido que este año esta situación se puede acentuar. ¿Este panorama cómo afecta puntualmente a los menores de edad? Teniendo como punto de referencia lo denunciado recientemente. H.M: Es importante ver que los niños y las niñas están siendo víctimas de reclutamiento forzado, que es un fenómeno que no ha parado incluso con la firma del Acuerdo de Paz. Pero hay que señalar que los menores no solo se ven afectados/as por este tipo de hechos, también se ven atravesados por las afectaciones relacionadas, por ejemplo, con el desplazamiento forzado y el confinamiento. Hoy se materializa más cada una de las advertencias que se han hecho sobre la realidad de los menores, especialmente indígenas, afrodescendientes y campesinos de zonas de especial exposición a la presencia de actores armados ilegales, esto implica una amenaza constante, común, colectiva y también individual. Además, también provoca preocupación los casos de violencia sexual, pues efectivamente la presencia de actores armados en los territorios incrementa el riesgo de violencia sexual contra las niñas y los niños, considerándose que dentro de las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos especialmente son las niñas y las mujeres adolescente las mayores víctimas, y además, haciendo evidente que estas vulneraciones también son parte de la realidad a la que se enfrentan los/as menores. Pares: ¿Lo anterior cómo se ha visto afectado por la situación de pandemia que hay en el país desde hace ya casi un año? H.M: La pandemia facilitó y permitió el acceso de los grupos de los niños y las niñas. Vimos en el país cómo en el periodo más fuerte de las medidas preventivas fue uno de los periodos de mayor registro de reclutamiento en el país; el cierre de las escuelas efectivamente ha implicado una exposición mayor de los/as menores a estas situaciones relacionadas con la utilización y reclutamiento. Pares: Cuando Botero ejerció como ministro se hizo una denuncia similar a la actual, igualmente durante el año pasado, con Holmes Trujillo en cabeza de la entidad, se reportó el abuso sexual contra una menor indígena, ahora con Diego Molano se presenta este hecho, y además pareciera estar legitimando la acción diciendo que los menores eran “máquinas de guerra”. ¿Cómo se puede evaluar el trabajo de los últimos años del Ministerio de Defensa en cuanto a la dirección de las Fuerzas Militares y la protección de los niños/as? H.M: Para la COALICO es de rechazo absoluto esto y se hace un llamado al ministro. Evidentemente esta cuestión no se reduce a los estándares y a decir que estamos en una situación que requiere acciones de la Fuerza Pública para la retaliación de la presencia de los actores armados ilegales. Aquí es muy importante recordarle al ministro y al Gobierno en general, que los niños y las niñas son víctimas de reclutamiento ilícito, que ellos/as desde el momento en que son vinculados al conflicto son víctimas del mismo, y que en esa perspectiva el llamarles “máquinas de guerra” es desconocer esa obligación que tiene el Estado colombiano y la sociedad de protegerles como sujetos de especial protección. Por otra parte, si bien se sabe que el reclutamiento es un hecho y un delito cometido por el grupo armado ilegal, también se sabe que hay una serie de situaciones que fallaron de manera previa y que hacen que haya una responsabilidad del Estado, ya sea por la omisión de sus labores por evitar que los menores terminen en estas estructuras, y también por no cumplir con las garantías de protección en estas circunstancias. Llama la atención que sea Diego Molano, quien fue alguna vez director del ICBF, quien reduzca esta situación a que lo cometido por las Fuerzas Militares fue una acción legal del Estado. Hay que señalar que cuando se dan estos bombardeos, cuando se da el uso de la fuerza contra el actor armado ilegal, no es que se desconozca que allí hay niños y niñas, lamentablemente en zonas como el Guaviare hace más de tres años la Defensoría del Pueblo venía advirtiendo que en la zona uno de los mayores riesgos para los/as menores es el reclutamiento. Adicionalmente, la comunidad ha venido insistiendo en que la situación es constante. Lo que evidencia esta situación, además, es que efectivamente no se han tomado acciones efectivas sobre las denuncias, y que efectivamente los niños/as están siendo vinculados al conflicto armado. Es una irresponsabilidad también cómo se plantean los resultados en el Ejército; vender el discurso de que la sociedad se tiene que sentir defendida porque en el bombardeo asesinaron integrantes de las disidencias, reduciendo el hecho de que son niños y niñas, a quienes además se les menciona como máquinas de guerra. Mensajes así demuestran que hasta ahí llegan varios de los discursos sobre la protección a menores. Ahora, y en relación con lo que se ha dicho, hay que mencionar que en los estándares del DIH se priorizan los principios de proporcionalidad y de precaución, lo que hace evidente que lograr legitimar estas acciones apelando al reconocimiento del DIH es desconocer realmente los llamados que se hacen desde estas instancias; es una forma de lavarse las manos. Hoy el llamado, además de exigir justicia, sigue siendo a que el Gobierno reconozca realmente los contextos de estos hechos, y a instar a un compromiso serio en la implementación de medidas para la prevención de estas vulneraciones; para ello, entre otras muchas cosas, se necesita una inversión real en los territorios, se requiere entender los contextos, saber de la presencia e intereses de las estructuras ilegales en las zonas más críticas y de vincular esto con los riesgos que corren los niños y niñas; esto es una responsabilidad directa del Estado.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Hace poco menos de un mes se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP- logró establecer que durante el periodo de 2002 y 2008 fueron cometidas, al menos, 6.402 ejecuciones extrajudiciales que luego serían presentadas como bajas en combate. Esto, entre muchas otras cosas, significó que aun con la crítica cifra presentada por la Fiscalía, la cual exponía que eran cerca de 2.248 víctimas, ésta más reciente casi que la triplica, más exactamente se está hablando 4.154 casos más. En ese momento se logró determinar que el 78% de los hechos que se han presentado históricamente se concentran durante los años de mandato de Álvaro Uribe Vélez. Además, el 66% de los casos ocurrieron en diez zonas del país, entre las que están Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. A la fecha, hay que resaltar, han sido varios los pasos dados por la Jurisdicción, por ejemplo, se han acreditado 720 víctimas y se han desarrollado 419 versiones con 330 comparecientes. Asimismo, se han identificado más de 2.000 comparecientes presuntamente responsables. Además, se han recibido más de 20 informes de organizaciones sociales y de víctimas de estos hechos, entre ellas de MAFAPO. Justamente a esta organización con motivo a la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora y a lucha que han dado por 13 años para conocer la verdad y exigir justicia en los casos de vulneraciones ejecuciones extrajudiciales, varios/as congresistas le rindieron homenaje a las mujeres de esta organización. Congreso resaltó el trabajo de Mafapo Durante el acto conmemorativo una de las voceras y representante legal de Mafapo dirigió algunas palabras a quienes clavan estaban en el Congreso. Una de sus intervenciones estuvieron dirigidas a la cúpula militar, quienes constantemente han resaltado por su poca colaboración para comparecer ante la JEP. Específicamente hizo referencia a lo dicho por el general Zapateiro, quien a través de su cuenta de Twitter, una vez se conoció la cifra de ejecuciones extrajudiciales revelada por la JEP, indicó que que quienes criticaban al Ejército «eran víboras». Al respecto, Castillo aseveró que: “No somos ningunas víboras (…) somos madres con dolor. Perdimos a nuestros hijos, a nuestros esposos, hermanos, pero estamos aquí esperando esa verdad. Queremos que nos den la cara, queremos ese proceso de paz, esa reconciliación”. Además, agregó respecto a los militares que: “Estamos aquí presentes, estamos esperando que estén delante de nosotras, que, así como en algún momento recibieron reconocimientos de sus exitosas brigadas, nos den la cara”. Al respecto también se refirió Iván Cepeda, uno de los congresistas que promovió este acto conmemorativo: “En mi larga experiencia de trabajo con las víctimas, conozco a pocas que no hayan sido víctimas de múltiples hechos de violencia”. Por su parte, Antonio Sanguino, intervino afirmando que “fueron 6.402 personas engañadas por una institución que tiene como función principal protegerlas. 6.402 que refleja la existencia de una directiva del Ejército que exigía medir resultados por las bajas en combate en vez de las capturas. (…) Queremos reclamar y saber quién dio la orden”. La ONU se une al llamado Justamente en relación con lo anterior se refirió Juliette de Rivero, representante de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, quien durante el acto conmemorativo resaltó la urgencia para que el Gobierno Nacional promueva que haya esclarecimiento sobre los casos de las ejecuciones extrajudiciales, señaló que es unq obligación del Estado brindar respuestas adecuadas y efectivas en relación con estos crímenes. Sobre esto, la funcionaria hizo relevante la labor que viene ejerciendo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el que está la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre la que se refirió exponiendo que «es importante avanzar con la verdad y el esclarecimiento de los denominados “falsos positivos”, reconociendo que los esfuerzos de la Jurisdicción Especial son determinantes para la rendición judicial completa de los hechos. Negar lo que ocurrió o intentar minimizar su amplitud es socavar la rendición de cuentas y la búsqueda de la verdad». Hay que recordar que desde 1998 la ONU viene emitiendo informe sobre las ejecuciones extrajudiciales en 1998, y desde entonces, ha venido formulando recomendaciones para instar a los gobiernos a evitar este tipo de victimizaciones, así como para investigar los casos ocurridos. Además, de Rivero agregó que «es el interés de todas las instituciones del país y de la ciudadanía que se esclarezcan y sancionen los denominados falsos positivos y que se responda la pregunta planteada por ustedes: ¿Quién dio la orden? El esclarecimiento completo, judicial y extrajudicial y la sanción de los máximos responsables, fomentarán la consolidación de la paz del Estado de derecho y la Democracia”. En relación con lo anterior vale la pena traer a colación, como se mencionaba más arriba, el 78% de los casos se ocurrieron durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010). Por otra parte, recientemente se informó, luego que la vicepresidenta criticara las cifras presentadas por la JEP, que mientras Marta Lucía Ramírez fue ministra de Defensa se presentaron 473 hechos de ejecuciones extrajudiciales, equivalentes al 7,38 % del total de casos, 1477 cuando Jorge Alberto Uribe lo era (23,06 %), 773 mientras Camilo Ospina estaba en el puesto (12.07%), además, mientras Juan Manuel Santos estuvo en el Ministerio las cifras aumentaron críticamente a 1.254 falsos positivos solo en el 2006 y 1.634 en 2007. Por otra parte, la funcionaria de la ONU también resaltó el trabajo de Mafapo, haciendo referencia a los años en que las mujeres de esta organización han adelantado acciones para buscar que se conozca lo ocurrido con cada uno de los casos de ejecuciones extrajudiciales.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. “Hoy estamos haciendo el desplazamiento desde la comunidad de El Consuelo Parte Baja, del resguardo Doce Quebrada por la cuestión paramilitar. Nos atacaron a la 1 de la tarde con armas de fuego. Por lo cual, en este momento, nosotros ya estamos saliendo por otra vía hacia el municipio de Carmen de Atrato.” Fueron algunas de las palabras del gobernador de El Consuelo Parte Baja, mientras huían de su territorio. *** Una incursión armada en la comunidad indígena de El Consuelo Parte Baja, del resguardo Doce Quebrada Borbollón, zona rural del municipio de El Carmen de Atrato (Chocó); generó el desplazamiento forzado de 46 indígenas. La comunidad, agrupada en 16 familias, tuvo que huir hasta la cabecera municipal de Carmen de Atrato, este lunes 8 de enero. Llama la atención que la Defensoría del Pueblo dio a conocer que una comisión humanitaria se dirigió, este 9 de marzo, hasta el lugar de los hechos, pero, para “realizar la mediación para la entrega de los 9 soldados retenidos en este resguardo indígena.” De acuerdo con Juan Manuel Torres Erazo, coordinador de la Oficina Pares Pacífico, recuerda que el departamento chocoano viene siendo un escenario de desplazamientos, de confinamientos. El investigador de pares señala como los actores victimizantes al Clan del Golfo y el ELN. “En la parte Norte del departamento —zona de la que hace parte El Carmen de Atrato— han sido muy fuertes los enfrentamientos. El dominio lo tienen principalmente el Clan del Golfo. En la parte Sur el control territorial lo tiene el ELN.” Con este desplazamiento Chocó completa tres (3) en el año. Además de éste en El Carmen de Atrato, se habían registrado en Alto Baudó y Bagadó. Además de las familias que tuvieron que huir de sus territorios, las comunidades alertaron sobre dos indígenas que resultaron heridos. De hecho, una de las personas que resultaron heridas fue Alfonso Queragama, gobernador de El Consuelo Parte Baja, quien señaló que otro joven resultó afectado pero que sus heridas eran leves. Adicionalmente, el gobernador de Alfonso Queragama se refirió que a la retención de nueve (9) soldados y precisó que los militares estaban persiguiendo a las familias desplazadas. El gobernador a través de los micrófonos de RCN Radio señaló que “Para nosotros no es fuerza pública quienes persiguen a la población desplazada, ahí no se presentó enfrentamiento en el resguardo ni en la comunidad, solamente hubo un tiroteo entre el grupo desconocido con la Guardia, la verdad es que no se tuvo combates (…) “las comunidades indígenas no creemos que ellos sean de la fuerza pública, porque si lo fuera no harían daños ni desplazamiento a las comunidades, ellos cuidan” (…) “ellos amanecieron en la casa sin estar amarrados. Con el apoyo de la Personería se les brindó comida y colchonetas a los soldados y nos dijeron que había amanecido bien”. Comunidades étnicas bajo la mira armada en Chocó Para el investigador, sumados a estos dos actores armados y sus incursiones; está la presencia del Ejército y la Armada Nacional. “Han sido constantes y se han intensificado los enfrentamientos, en las últimas semanas, causando desplazamientos de comunidades étnicas; afrodescendientes como indígenas”, precisa el investigador de Pares. Para Juan Manuel es importante resaltar aspectos geográficos a la hora de aproximarse a las conflictividades del departamento chocoano. Chocó cubre todo el litoral Pacífico y conecta con el Atlántico por el Golfo Urabá o el Urabá chocoano. Son comunidades, especialmente, afrodescendientes. También hay muchos enclaves de comunidades indígenas. En estos Consejos Comunitarios y en estos Resguardos la guerra los ha golpeado de manera muy fuerte en los últimos años. Particularmente, desde hace dos años se ha agravado la situación en el Norte del Chocó, Medio Atrato, Bojayá, Alto Baudó y Lirtoral de San Juan. Sus comunidades se han visto confinadas, que han sido víctimas de desplazamiento, que han tenido que soportar la presencia de actores armados y el reclutamiento para la guerra. Para el investigador, “el Chocó ha sido relegado del desarrollo nacional y ha sido aprovechado este espacio, que ha dejado el Estado colombiano, para ser cooptado por la presencia de actores armados que se disputan al Chocó.” En este sentido, la riqueza natural y de los minerales, las economías ilegales son objeto de disputa para los grupos armados. Además, “aunque, la coca no es un problema principal el Chocó; sí es una ruta de trata de personas que quieren atravesar el Tapón del Darién o por los mares ir a Centro América con rumbo a los Estados Unidos. También, es usado por los grupos armados y narcotraficantes para sacar droga por la región. La minería ha tenido severos impactos medioambientales y sociales en el departamento. Como lo ha venido siendo la extracción de madera”, añade el investigador de Pares. Este caldo de cultivo pone en máximo riesgo a las comunidades étnicas que históricamente han estado presentes y han resistido en el departamento, según explica Juan Manuel.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. “En bluyines y con la cara pintada llegó la muerte a Cumbal. Guerra Florida a filo de machete” “Cumbal” es el nombre del poema escrito por la poetisa colombiana María Mercedes Carranza. A Cumbal sigue llegando la muerte. A Cumbal, municipio ubicado en suelo nariñense, arribaron hombres con armas de fuego para asesinar a Carmen Ofelia Cumbalaza el pasado 3 de marzo. El cuerpo sin vida de la lideresa indígena fue encontrado por la comunidad en cercanías a la vereda Tasmag en un sector conocido como La Laguna, donde vivía Carmen, primera lideresa asesinada en el departamento. Carmen, de 48 años y madre de tres menores de edad, era una reconocida lideresa del Resguardo del Gran Cumbal. La lideresa indígena también es recordada por haber sido la primera mujer candidata municipal de las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). Además del resguardo de Gran Cumbal en el municipio también se encuentran los resguardos de Panan, Chiles y Mayasquer. Sin embargo, el resguardo de Gran Cumbal es el que tiene mayor extensión y población. El resguardo limita al Sur con los resguardos de Mayasquer y Panan; al norte con los municipios de Ricaurte, Mallana, Guachucal y Ricaurte; al oriente con los municipios de Cuaspud Carlosama y Guachacal; y al occidente con Ricaurte. Casos impunes De acuerdo con el seguimiento hecho por PARES a los asesinatos a lideresas y lideres sociales, son cuatro (4) las lideresas, a nivel nacional, que han asesinado en 2021 tras la firma del Acuerdo de Paz. Además de Carmen, en los primeros meses de 2021 también fue asesinada Dobida Mohomia, el pasado 19 de febrero, integrante de la comunidad Emberá en el Alto Baudó (Chocó). El 21 de enero fue asesinada la lideresa comunitaria Janeth Zapata, en el municipio de Dos Quebradas (Risaralda). El 19 de enero fue asesinada la lideresa social Linda Patricia Díaz Romero, en Cáceres (Antioquia). Asimismo, después de la firma del Acuerdo de Paz los departamentos en donde más se han registrado asesinatos de lideresas sociales son Cauca, Antioquia, Nariño, Arauca y Norte de Santander. Más del 70% los casos no se conoce los agentes perpetradores de los asesinatos y por tanto se encuentran en completa impunidad. La sistematicidad se ha podido, entonces, establecer a través de los perfiles de las lideresas asesinadas. Los perfiles más victimizados son las lideresas presidentas o integrantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), lideresas indígenas, lideresas de mujeres, lideresas campesinas, lideresas comunitarias, lideresas representantes de víctimas, lideresas negras o afrodescendientes, lideresas ambientales, lideresas LGBTQ, lideresas sindicales, defensoras de Derecho Humanos y lideresas juveniles. Lideresas sociales y un mensaje en el 8M Ivonne Quiñonez, lideresa de Tumaco e investigadora de Pares, envía un mensaje frente a los riesgos que representa ser lideresa social. “Una de las labores más arriesgadas para cualquier mujer en el Pacífico Nariñense, es su ejercicio como lideresa; los distintos tipos de violencia la acechan permanentemente, entre las que sobresalen, las amenazas contra ellas y sus familiares, las cuales casi siempre terminan materializándose y traduciéndose en asesinato; los falsos positivos judiciales, que han llevado injustamente a mujeres lideresas a pagar condenas por delitos no cometidos, o exponerlas con falsas acusaciones para así convertirlas en objetivo militar de cualquier grupo armado ilegal, y un tercer factor, de las que muy pocas se atreven a hablar, quizás por lo atroz y doloroso que puede ser, y son los ataques sexuales de las que son víctimas por parte de grupos armados tanto ilegales como legales, a fin de ultrajar su dignidad de mujer y debilitar su voluntad de servicio comunitario”.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Hoy de nuevo es 8 de marzo, día en el que se conmemora a la mujer trabajadora. Las razones históricas que han llevado a que hoy sea un día relevante en la lucha de las mujeres son varias: por ejemplo, en 1909 de conformidad con una declaración del Partido Socialista de Estados Unidos, se declaró que el 28 de febrero se conmemorara en Estados Unidos el primer Día Nacional de la Mujer. Un año después la Internacional Socialista en el marco de la II Conferencia de Mujeres Socialistas en Copenhague proclamó el Día de la Mujer de carácter internacional como homenaje al movimiento en favor de los derechos de las mujeres y para insistir en conseguir el sufragio femenino universal. Pasaría un año para que se realizaran las primeras movilizaciones, estas fueron en Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca, en las que se sumaron las peticiones al trabajo, la educación y la equidad salarial. No obstante, y como se leería en algunas reconstrucciones del porqué de este día, también se trae a la memoria que en marzo de 1911, en medio de una lucha sindical, al menos, 123 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. El resultado: muchas mujeres no pudieron salir del incendió que se propinó en la fábrica. A esto se sumó que seis años después, en 1917, las obreras textiles de la ciudad de Petrogrado, en Rusia, se levantaron en una gran manifestación, profundizando la lucha que venían dando obreros y campesinos contra la guerra. Durante enero y febrero de 1917, en varias ciudades se realizaron huelgas generales y manifestaciones. Es en marzo la huelga se masificó y extendió a otros sectores de trabajadores, al punto de volcarse nacionalmente y promover la caída del zarismo. Finalmente, esto también da victorias precisas en su momento a las mujeres rusas como el derecho al voto. Todo lo anterior, además atravesado por otros muchos contextos, lleva a que en 1975 las Naciones Unidas formalizara institucionalmente el 08 de marzo como el Año Internacional de la Mujer. Bajo esto, por ejemplo, hoy desde la organización se dio a conocer que el tema de este día para este año es “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”. De lo histórico, a lo personal y colectivo Hoy las razones que convocan a las mujeres son diversas tanto desde lo individual, como desde lo colectivo. Es una realidad que hoy las mujeres están organizadas, que su lucha social, si bien, por años se ha venido adaptando a cada momento histórico y contexto social, ésta no ha cambiado sus bases: la liberación de las mujeres. Sin embargo, siguiendo lo anterior, es imposible lograr dicha igualdad en un sistema que se sigue basando en la explotación de las mujeres; explotación que va desde la capacidad reproductiva, hasta el servicio doméstico no remunerado, que además tiene al hombre como el estándar de la humanidad. Esto se ve en muchos escenarios, solo por nombrar algunos, basta la pena mencionar que según cifras entregadas recientemente por la CEPAL la desocupación de las mujeres en Latinoamérica y alcanzó un 22,2% en 2020, lo que significó una variación de 12,6 puntos porcentuales de variación interanual. Por su parte, se indicó un reporte de un aumento del desempleo de 10,4 puntos porcentuales, también respecto al 2019. Esto ha llevado, entre otras cosas, a que la cantidad de mujeres latinoamericanas en situación de pobreza sean cerca de 118 millones. Por otra parte, y muy a pesar que cada vez las cifras de violencia sigue siendo más críticas, por ejemplo, en el caso colombiano, solo en lo que va del 2021, según cifras de la Fiscalía, y partiendo del subregistro que puede haber allí, se registra que se han cometido, al menos, 37 feminicidios; esto pareciera una realidad paralela, pues mientras muchas siguen insistiendo en la gravedad de las violencias hacia nosotras, el sistema judicial sigue estando al servicio de quienes violentan; muy pocas investigaciones adelantadas, una y otra barrera para poner una denuncia y, por supuesto, la revictimización que parece el modus operandi. Escenarios hay miles, pues el sistema patriarcal atraviesa cada una de nuestras cotidianidades. Sin embargo, hoy desde lo colectivo es necesario seguir manifestándonos con las mujeres trabajadoras formales e informales, las cuidadoras, las privadas de la libertad, las mujeres pobres, las niñas, las docentes que dan estas discusiones desde espacios tan relevantes como los educativos, con las abuelas, las mujeres populares, y también con cada una de las que han sido víctimas de la opresión histórica. Hoy conmemoramos la memoria de las reivindicaciones de las mujeres, su autonomía y su autodeterminación, también es un día para seguir haciendo visible cómo nos atraviesa la violencia machista, y desde la rabia seguir insistiendo y construyendo como mujeres organizadas. “Porque jamás permitiremos que la historia nos narre en un papel de sumisión, nos alzamos agresivas y fuertes contra toda forma de sometimiento. Temblará el Estado, el marido, el patrón. Temblará la iglesia, el tombo y el juez; el aliade, aliado, deconstruido. Temblarán todos los que nos mantienen muertas en vida”, fragmento comunicado Bloque Feminista Radical.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El 16 de mayo de 1984 es una fecha clave en la memoria del movimiento estudiantil, también evocarla insta a que se haga un repaso por lo que estaba pasando en el país durante ese año, los anteriores y los posteriores. *** Plaza Che. Universidad Nacional. Siendo cerca del mediodía en este punto de la universidad un bus es incendiado. Minutos después inicia un tropel sobre la calle 26, que se convierte en el argumento de la Fuerza Pública para ingresar al campus, dejando a su paso y con esta acción uno de los capítulos más violentos de la memoria estudiantil en Colombia. El motivo que llevó a los/as estudiantes a este acto de protesta fue una seguidilla de hechos, en los que muchos a la fecha ni siquiera han sido investigados. El principal fue el asesinato de Jesús ‘Chucho’ León, un estudiante de odontología que había llegado desde Pasto a la capital, en medio de una época en la que por distintos motivos se había fortalecido el ingreso a la Nacional de personas de otras zonas del país distintas a Bogotá. Una de esas razones fue el fortalecimiento entre los años 60 y 70 de la estrategia de Bienestar Estudiantil, en el que, entre otras cosas, se promovieron programas de alojamiento y alimentación para los y las estudiantes que llegaban de otros departamentos, y a quienes les era difícil solventar los costos de un arriendo en la capital. Paralelo a esto, en el panorama nacional, el presidente para ese momento (1978 – 1982), Julio César Turbay Ayala, decidió instalar desde el 06 de septiembre de 1978 mediante el Decreto 1923 del mismo año el llamado Estatuto de Seguridad, con el cual se insistía en que las Fuerzas Armadas debían combatir al «enemigo interno» que amenazaba los «intereses nacionales”, con lo que se abrió una puerta para los abusos de la Fuerza Pública, además permitió la criminalización de la protesta social, reprimiendo cualquier acto de oposición a esta medida. También, en medio de esto, más exactamente para 1976, el Consejo Superior Universitario (CSU) decide suspender indefinidamente el programa de alojamiento estudiantil, argumentando que éste estaba representaba un problema de orden público; solamente quedaron habilitadas las residencias femeninas y algunos bloques destinados a parejas casadas y con hijos/as. El cierre ocasionó una deserción significativa de estudiantes, pues prácticamente estaban obligados a pagar piezas arrendadas a altos costos o a vivir en condiciones precarias. Esto fue motivo de tensión entre lo institucional y los/as estudiante, lo que motivaría a que en septiembre de 1982 algunos/as estudiantes se organizaran para iniciar un movimiento por la recuperación de los edificios en donde se ubicaban las residencias Uriel Gutiérrez y el Complejo de residencias estudiantiles Camilo Torres Restrepo, con el fin de que a allí pudieran retornar los estudiantes que no tenían acceso a vivienda. Esta acción permitió crear unos acuerdos para la regularización de las residencias, los cuales permitirían que se reabrieran los alojamientos. Tras esto se conformó la agencia de Cooperación Estudiantil que sería la organización garante de que se cumpliera lo acordado. Estos acuerdos fueron puestos en marcha en abril de 1984. Volviendo al principio de este texto, uno de los líderes de la Agencia de Cooperación Estudiantil, era Jesús ‘Chucho’ León. En este punto varios de los escenarios anteriores convergieron: la represión y persecución a cualquier tipo de movilización u oposición a las políticas que en ese momento se impulsaban en el país, la agitación del movimiento estudiantil, además, hubo un hecho que detonó los sucesos del 16 de mayo; el asesinato de Jesús Chucho León. Para 1976, el Consejo Superior Universitario (CSU) decide suspender indefinidamente el programa de alojamiento estudiantil, argumentando que éste estaba representaba un problema de orden público; solamente quedaron habilitadas las residencias femeninas y algunos bloques destinados a parejas casadas y con hijos/as. El cierre ocasionó una deserción significativa de estudiantes, pues prácticamente estaban obligados a pagar piezas arrendadas a altos costos o a vivir en condiciones precarias. Imágenes: Cortesía Archivos del Búho. A él lo interceptaron en Cali mientras viajaba a su ciudad natal, para ser desaparecido y torturado, y luego dejar su cuerpo en las instalaciones de la Universidad del Valle. Tras este crimen los estudiantes de la UN convocaron para el 16 de mayo de ese año a una jornada de protesta. *** En la Che resaltan algunas pancartas con la imagen del compañero. El acto político, en principio, se da entre demostraciones artísticas, visibilizando los asesinatos que se dan bajo el silencio de los medios de comunicación y del gobierno de ese momento (Belisario Betancur). Mientras tanto a otros tantos estudiantes el acto de reivindicación los convocaba en las calles cercanas a la Universidad. En ese punto se comienzan a escuchar tiros que iban en contra de los estudiantes, cuando la capacidad de defensa de estos era mínimamente comparada con la de la Fuerza Pública. Al interior de la Universidad había presencia varias unidades de la Policía: el escuadrón de motorizados, la fuerza disponible, los servicios de inteligencia F2 y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), quienes terminaron reaccionando de manera desproporcionada y planificada. Al menos, 46 personas de la comunidad universitaria resultaron heridas, y de estas, por lo menos 05 por impacto de arma de fuego, y a lo largo de estos años, a pesar del silencio y pocas investigaciones al respecto, se ha logrado establecer que han sido múltiples las denuncias por asesinato y desapariciones forzadas. Hay que resaltar que no se ha adelantado ninguna investigación por ninguna institución encargada sobre la responsabilidad de la Fuerza Pública el 16 de mayo de 1984. Se ha logrado establecer que en ese momento 81 personas fueron detenidas, sometidas a tratos crueles, torturas, amenazas en contra de sus vida y violencia sexual; de estas personas detenidas 11 eran mujeres, 70 hombres, 1 fue condenada a cerca de 18 meses de prisión como resultado de un montaje judicial, y 68 permanecieron en centro de reclusión por entre 2 semanas y un mes de manera irregular. Luego de ese día la Universidad Nacional fue cerrada, lo que impidió que se esclareciera los hechos, y provocó que con el cierre se vendiera una idea de olvido de lo ocurrido, el popular: “Aquí no pasó nada”. En los años siguientes Bienestar Estudiantil fue poco a poco desmontado, llevando al cierre definitivo de los alojamientos estudiantiles y el comedor universitario. Solo un año después la universidad retomó actividades. *** Parte de lograr reconstruir lo anterior, es gracias al trabajo que ha venido realizando Archivos del Búho, un proyecto que desde el 2017 y teniendo como punto de partida archivos que egresados de la universidad tenían sobre el movimiento estudiantil, ha logrado recopilar, organizar y difundir memorias de lo que históricamente ha sucedido con las y los estudiantes. Durante estos años desde el proyecto se ha logrado entregar una base de datos con vulneraciones a los Derechos Humanos al movimiento estudiantil, la cual fue presentada el pasado mes de junio a la Comisión de la Verdad, la misma entidad a la que el pasado miércoles le fue entregado un informe sobre lo ocurrido en 16 de mayo de 1984 en la institución, titulado `Reventando silencios: memorias del 16 de mayo de 1984, en la ciudad universitaria’. El proceso para la elaboración de este documento da luces sobre cómo ha sido el trabajo de Archivos del Búho durante estos tres años, no solo para esta investigación, sino también en cuanto a los objetivos y principios políticos con los que han guiado su trabajo. Lo que sucedió el pasado miércoles, cuando fue entregado a la Comisión de la Verdad este informe, partió de una idea con la que llegaron en 2019 tres estudiantes de la universidad, que actualmente hacen parte del proyecto. Luego de algunas reuniones se definió que entre los temas que se venían investigando desde Archivos de Búho, se quería profundizar y sacar un documento que diera cuenta de lo ocurrido el 16 de mayo de 1984. Para esto se adelantaron varias acciones, entre ellas realizar talleres de memoria en los que se escucharon a varios estudiantes de ese momento, incluso muchos/as hasta en esa ocasión contaban lo que recordaban de ese día. “Los talleres han sido muy provechosos. Hemos brindado el espacio para la memoria, para las personas que no pudieron expresar su dolor y rabia en ese momento y llevar su duelo, en este momento encontraran el espacio para relatar su memoria, para relatar lo que sentían; para hacer la catarsis de esos hechos. Una de las participantes nos contaba que duró 30 años sin poder hablar de lo que pasó., poder hacerlo en el espacio que nosotros/as creamos, fue muy importante para ambas partes”, contó Paola Rodríguez, estudiante de estudios literarios, integrante de Archivos del Búho. Adicional, fueron enviados varios derechos de petición a entidades como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, de quienes a la fecha no se ha obtenido ninguna respuesta, o se ha indicado que no tienen o no existe información al respecto. “Nuestro trabajo es muy objetivo, queríamos la información de estas instituciones justamente para tener el testimonio del otro lado y también para tener ciertos datos que nosotros/as no tenemos con precisión, por ejemplo, sobre cuántas personas asesinadas hubo el 16 de mayo, ese es un dato que no tenemos con precisión a pesar que consultamos muchas fuentes. Pensamos que quizá mandado esos derechos de petición podíamos obtener un inicio o un aproximado de cuántas personas cayeron ese día o cuántas fueron desparecidas, pero se negaron a darnos esa información. Aunque no es una información que consideremos imprescindible, sí nos hubiese gustado incluirla sobre todo por la esencia de la investigación de tener el mayor soporte de lo que se está diciendo. Podríamos hacer algunas suposiciones acerca de qué fue lo que impidió que obtuviéramos esa información: no es raro que el Estado, y en ese caso la Fiscalía como ente estatal, se niegue a dar información sobre hechos que implican al Estado directamente”, agregó Anamaría Ropero, integrante de Archivos del Búho y estudiante de filosofía de la Universidad Nacional. A esto se sumó que se realizaron revisiones de prensa del momento, revistas y periódicos para así, como cuentan los/as estudiantes, poder tener una reconstrucción más amplia de lo sucedido. Hay que resaltar que, como parte de la conmemoración del 16 de mayo, se pretende entregar la versión física y en libro del informe, es decir, este producto sería entregado en los 37 años de esta fecha. No obstante, además de este proceso investigativo se han dado otros en esta misma línea, pues, como identifican las estudiantes, este es un proceso hecho desde la memoria estudiantil, hecho para esta misma, pues esta se ha convertido en una acción contra el olvido, el cual en muchos de los casos pareciera imperar. Por otra parte, y resaltando el trabajo que se ha desarrollado a través de Archivos del Búho, hay que resaltar que, aunque esta ha sido una de sus acciones de injerencia, se han dado otras que en lo general han sido dirigidas a la comunidad universitaria, esto bajo el fin de la apropiación y reconocimiento de la historia de la institución y de los movimientos estudiantiles. De esta forma, también se logró establecer la elaboración de una cartilla en la cual se hace una cartografía de 15 de los lugares donde han sido cometidas vulneraciones al movimiento estudiantil, demostrando, como unos de sus fines, que muchas de estas acciones siguen siendo cometidas sistemáticamente por miembros de la Fuerza Pública. Justamente en relación con lo anterior este viernes se hará entrega de la cartografía de la memoria estudiantil, en la que se identifican 15 de los casos de vulneraciones al movimiento estudiantil, en las cuales se narra hechos relacionados con masacres, homicidios, desapariciones. Durante estos años desde el proyecto se ha logrado entregar una base de datos con vulneraciones a los Derechos Humanos al movimiento estudiantil, la cual fue presentada el pasado mes de junio a la Comisión de la Verdad, la misma entidad a la que el pasado miércoles le fue entregado un informe sobre lo ocurrido en 16 de mayo de 1984 en la institución, titulado `Reventando silencios: memorias del 16 de mayo de 1984, en la ciudad universitaria’. Imagen: Cortesía Archivos del Búho. Como nos cuentan las estudiantes, uno de los intereses con este trabajo es lograr evidenciar cómo algunos lugares de memoria han perdido su sentido, cómo las cotidianidades que los rodeado han hecho que el conocer e identificar lo ocurrido en algunos sitios cada vez cueste más. “El centro de este proyecto es el movimiento estudiantil porque es un proyecto mismo del movimiento estudiantil. En tanto que esto es así vemos la necesidad de que exista una memoria de este movimiento. Queremos que sea un proyecto que le recuerde a los estudiantes que se movilizan y que se piensa la forma en qué Colombia está atravesada por el estudiantado; que hay una historia, que hay unos muertos, que hay unas personas que fueron víctimas del Estado”, agregó Anamaría Ropero. En relación con lo anterior uno de los intereses con la cartografía es llamar la atención para que sea de alguna forma un llamado de atención para que también institucionalmente sean reconocidos estos lugares de memoria, que, en esta primera entrega, se ubican en localidades como Kennedy, Engativá y Ciudad Bolívar. “Queremos rescatar todos los casos de vulneraciones a los DDHH mostrando que no solo se presentan dentro de la universidad y dentro de las zonas conocidas de Bogotá, sino que queríamos mostrar que las violencias no solo se quedan en estas zonas, sino que abarcan diferentes épocas y diferentes espacios del territorio”, indicó Paola. A esto se suma que se ha logrado avanzar en una cartografía específicamente dirigida a la memoria de la Universidad Nacional, esto, como lo afirmaba Anamaría Ropero, porque “a nuestro parecer no solo es un lugar donde ocurren hechos nefastos de violación de los ddhh, sino que es constantemente ha sido un territorio en el que se da el conflicto, es un espacio de confrontación de diferentes actores, por eso creemos que este lugar debe ser reconocido de este modo, en ese sentido no solamente intentamos no olvidar, sino ante la mirada de la gente de pie, de las colectividades y todo aquel que pase por allí, no solamente se vea que hay universidad, sino que hay una historia detrás de ese lugar, y en ese sentido no es solo una universidad, sino un lugar histórico”. Agregaban las estudiantes que en relación con esto se han identificados lugares precisos en la universidad que han estado marcados por estas confrontaciones, en estos han sido puestas algunas placas conmemorativas. “Esto también es una forma de llamar al estudiantado y decirles – ustedes han pasado por aquí muchas veces y nunca se ha parado un segundo a mirar las placas que hay ahí-, entonces también es eso identificar lugares de memoria para que no pasen desparecidos”.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. A la memoria de William Ospina -el médico- quien participó Activamente de las luchas campesinas del Sarare en los sesenta y setenta Y a quien las paranoias de la guerra le arrebataron la vida. Le he tomado cariño a Arauca por su gente y sus historias y por que allí hay un conflicto profundo, una desconfianza arraigada con el estado colombiano y las élites que lo han liderado y la expresión mas extrema de esa desconfianza es el conflicto armado del que participa el ELN y los disidentes del acuerdo de paz de las FARC. Desde 2019 no había tenido la oportunidad de regresar Arauca, esta semana que finaliza estuve allí y pude volver a tomarle el pulso a sus dinámicas y se evidencia nuevamente un deterioro en temas claves: respeto a la vida, a la libertad, a las garantías para la participación, situaciones muy difíciles se siguen viviendo en una sociedad que desafortunadamente lleva cuatro décadas en medio de una violencia que sube y baja. Entre 2013 y 2016 hubo otro aire en Arauca, todas las dinámicas de violencia se redujeron y empecé a percibir un optimismo en sectores de la sociedad Araucana con el proceso de paz que se adelantaba con la FARC y expectativa ante un eventual proceso con el ELN, fueron años de otro clima, clima que hoy ha cambiado. Para 2019 se presentaron 133 homicidios relacionados con el conflicto armado, treinta secuestros y un aumento del reclutamiento forzado, para 2020 fueron 73 asesinatos, 41 secuestrados, de los cuales 5 fueron asesinados en cautiverio y 3 se mantienen desaparecidos y para lo que va del año ya van 19 asesinatos y 9 desaparecidos. A las anteriores cifras hay que sumar que se mantiene el sabotaje al oleoducto Caño Limón-Coveñas, que en promedio en los últimos cinco años sufre unos veinticinco ataques al año, lo cual aparte de los enormes daños ambientales le cuesta a los recursos de la nación unos cien mil millones al año, cifra nada despreciable en una sociedad con tantas carencias. Hoy luego de cuatro décadas el ELN sigue siendo una organización con plena presencia en Arauca, es un poder que sigue con mucha atención dinámicas de la vida social y como lo dijo Human Rights Watch en su informe de 2020, es un factor de control sobre muchas comunidades, donde ejerce como policía, juez y agencia recaudadora de tributos. Viajando de Arauquita a Saravena vi un pendón muy bien hecho del Frente Martin Villa de las FARC y el conductor me dijo que ha permanecido por varias semanas, lo cual es un simple detalle para constatar que esas estructuras armadas se vienen fortaleciendo en un territorio donde tienen raíces y son tan antiguas como el ELN, recordar que ambas organizaciones hicieron su aparición de manera pública en 1980. Otro tema que ya conocía pero sobre el cual volví a tener noticias es la delicada situación que viven los lideres y lideresas sociales en este territorio, escuché una cifra de 19 lideres judicializados de 2019 a la fecha, muchos de ellos personas que han liderado luchas y procesos de concertación con los gobiernos nacionales desde hace más de dos décadas y con las empresas petroleras, como es el caso de José Murillo del Movimiento de Masas de Centro Oriente, quien hoy sigue detenido, acusado de rebelión, temas muy delicados que han causado zozobra sobre lideres que esperan en cualquier momento seguir el camino de cárcel que hoy viven sus compañeros, tema que debe ser tenido en cuenta en una democracia que supuestamente da garantías para la protesta social, tema que en Arauca nunca ha sido real. Estando en Saravena me enteré que hay en proceso de instalación, una importante infraestructura petrolera, allí nunca ha existido pozos, si el oleoducto y una estación de bombeo, este es un tema muy delicado en un territorio donde hay tantas criticas a la industria petrolera, por sus impactos y el ser parte de un conflicto armado, allí hay un gran reto para las autoridades nacionales, regionales y municipales y para el mundo social organizado, y por supuesto para las empresas, en Saravena tienen el reto de mostrar que se puede hacer petróleo y que no es una amenaza para el campesinado, enorme reto. Me vine más convencido de que hay grandes posibilidades para la economía campesina si logra mejorar sus procesos, contar con políticas que lo promuevan y allí hay un lugar destacado para las seis mil familias campesinas que están ligados al cacao, para construir paz y desarrollo. Y por último me vine con el mensaje de que la vía de la soberanía: Pamplona-Saravena, tiene una importante intervención, espero que esa importante vía mejore, lo cual es muy importante para la sociedad Araucana. La paz con el ELN pasa por Arauca, hay que tener mucha atención a este territorio. Postdata: este viaje fue posible por el apoyo de WOLA, a quien les agradezco su apoyo.

Por: Juan José Cortés, asistente de investigación y María José Parra, colaboradora Pares. El Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos (ETPV) se ha convertido en un hito de gran relevancia en términos de protección internacional y regional a migrantes. Luego de más de seis años de crisis migratoria en la frontera colombo-venezolana, la decisión anunciada por el Presidente Duque ha sido considerada por varios sectores sociales y políticos como una acción ejemplar. No obstante, si bien la medida puede ser celebrada, pues se presenta como una oportunidad para mejorar las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos en Colombia, aún existen varios detalles para analizar sobre su impacto en el flujo migratorio en la frontera, entre los cuales se cuenta, según fuentes consultadas por Pares en zonas fronterizas de La Guajira y Norte de Santander, que el Estatuto parece estar dirigido a quien no debería. Para empezar, es menester llamar la atención sobre las condiciones específicas sobre las cuales se desarrolla la migración desde Venezuela hacia Colombia. En primer lugar, Colombia es un país con una gran desigualdad, unos significativos niveles de pobreza y desempleo y con amplias limitaciones para la garantía de los derechos humanos como la seguridad, la vivienda, la salud o la educación. La crisis migratoria Por esto, esta crisis migratoria se caracteriza por la movilidad de migrantes desde un país donde existe una crisis política, económica y social, hacia otro en el que las condiciones de vida siguen siendo precarias y en el que las capacidades institucionales son limitadas para responder a las demandas de sus mismos ciudadanos y consiguientemente, a las de quienes llegan de fuera. Este tipo de migración se conoce como Sur-Sur, y se diferencia de otros flujos (como el Sur-Norte, para el que el caso de los migrantes centroamericanos que llegan a Estados Unidos es un buen ejemplo) porque el Estado receptor también pertenece al sur global. En este tipo de flujos migratorios la proximidad geográfica entre el Estado emisor y el Estado receptor se vuelve un factor relevante en la explicación del fenómeno, junto con otros elementos, como lo son la oportunidad de obtener un sustento tangencialmente mejor en el país receptor, o la necesidad de los migrantes por buscar protección ante una crisis política ocurrida en el país emisor. Ahora bien, dos características transversales al tipo de migración que se da entre países del sur global son la falta de información y datos sobre los migrantes, y las dinámicas de informalidad en las que se da dicha movilidad interestatal. Situación que no es ajena al caso de la frontera colombo-venezolana, en la cual, ante las dificultades que encuentra la institucionalidad para responder al problema migratorio, muchos ciudadanos venezolanos optan por cruzar la frontera de forma ilegal, acentuando con esto el problema, dado que la vulnerabilidad del migrante se profundiza cuando pululan condiciones de irregularidad en lo que respecta a su situación legal, pues este no encuentra mecanismos ni rutas claras para acceder a servicios que materialicen derechos como la salud, la educación, el empleo y la vivienda. En función de lo anterior, cabe mencionar que, según cifras oficiales de Migración Colombia, residen en territorio colombiano alrededor de un millón 729 mil migrantes venezolanos, de los cuales cerca del 56% se encuentra en condición irregular. De acuerdo con esta entidad, en los últimos dos meses de 2020, y aunque los pasos fronterizos legales se encuentran cerrados, se identificaron más de 18 mil migrantes venezolanos en carreteras del país y se estima que a diario, solo por Norte de Santander, más de 300 migrantes intentan ingresar de manera irregular al territorio nacional. Esta irregularidad tiene efectos en doble vía, tanto para el migrante como para el Estado receptor; para el primero, porque lo pone en una situación de altísimo riesgo en lo que respecta a sus derechos humanos; y para el segundo, porque la recolección de información es escasa y, por lo tanto, se dificulta la identificación y caracterización del migrante, junto con el proceso de creación de políticas públicas adecuadas para atender el fenómeno. Herramientas de protección Es en este punto donde el ETPV cobra relevancia, pues al ofrecer regularización (no nacionalización, valga aclarar, lo que excluye de ese marco todo derecho político a elegir y ser elegido) se abre un abanico de posibilidades para que el migrante pueda acceder a la oferta institucional que existe en términos de Derechos Humanos. Así pues, este mecanismo es complementario al régimen de protección internacional de refugiados (en el caso de Colombia ya se aplicaban las figuras de solicitud de condición de refugiado y de asilo) y otorga un lapso de 10 años a los migrantes para que obtengan una visa de residentes. El objetivo general ETPV es, por lo tanto, establecer un marco jurídico que le permita el acceso legal a servicios sociales -en general deficientes, como ya se dijo- a los migrantes. Según cifras oficiales de Migración Colombia, residen en territorio colombiano alrededor de un millón 729 mil migrantes venezolanos, de los cuales cerca del 56% se encuentra en condición irregular. De acuerdo con esta entidad, en los últimos dos meses de 2020, y aunque los pasos fronterizos legales se encuentran cerrados, se identificaron más de 18 mil migrantes venezolanos en carreteras del país y se estima que a diario, solo por Norte de Santander, más de 300 migrantes intentan ingresar de manera irregular al territorio nacional. Imagen: Pares. Esta nueva normativa propone la creación de dos herramientas jurídicas: (1) el Registro Único de Migrantes Venezolanos, el cual busca recolectar información biográfica y biométrica que sirva de insumo para las políticas públicas de migración en el futuro, y que permita identificar a los solicitantes del Permiso por Protección Temporal; y (2) el Permiso por Protección Temporal, el cual funcionará como mecanismo de regularización migratoria y documento de identificación, permitiendo al migrante ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país (como un empleo formal); además de acreditar su permanencia en Colombia para los efectos de la acumulación del tiempo requerido para aplicar a una Visa Tipo R. En relación con esto, se espera que el ETPV impacte en las condiciones de los venezolanos en materia laboral, de salud y educación. Niños y niñas, quienes componen alrededor del 24% de la población migrante venezolana en el país, podrán acceder a servicios de educación sin las trabas institucionales que actualmente se imponen. También, se busca promover el acceso a servicios de salud, dado que con el ETPV se pretende fortalecer la inscripción de los migrantes al Sistema General de Seguridad Social, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, según sea su situación laboral; garantías que, en el marco de la crisis de salud pública más profunda en la historia reciente, son imprescindibles. Por último, la condición laboral del migrante igualmente se va a ver impactada, pues el ETPV exige a las empresas pagar salarios con todas las condiciones legales, además de afiliación a la ARL. En palabras de estos migrantes, el ETPV ofrece estabilidad de diversa índole: social, económica y hasta psicológica. Estas reflexiones cobran aún más relevancia al apuntar los cambios que ya se están dando en el flujo migratorio. En cuanto a esto, según estudios realizados por Pares, la migración no iba, ni va a parar, con o sin Estatuto. La población en situación de movilidad humana es, hasta cierto punto, indiferente a la regularización: si esta no ocurre, no va a ser frenada (en el marco de una emergencia humanitaria compleja), y lo único a lo que esto podría conducir sería a problemas más graves de seguridad humana. Aun con esto, se argumenta que las características de la migración están cambiando: muchos de los migrantes que regresaron por la contingencia impuesta por la Covid-19 están volviendo a ingresar, pero ya no solos: regresan con sus núcleos familiares completos, lo que constituye una migración mucho más heterogénea, con más adultos mayores y niños, con vocación de permanencia. Los mismos expertos también manifiestan que el efecto del ETPV es beneficioso para la sociedad colombiana y no genera el denominado ‘efecto llamada’, pues su objetivo es precisamente atacar la migración irregular. En orden con lo que establece el ETPV, y en correspondencia con lo enunciado por los analistas, este cobija a tres tipos de migrantes: (a) el migrante regular; (b) el migrante irregular que hubiese estado en territorio colombiano antes del 31 de enero del 2021; y (c) las personas que estén en Venezuela y decidan migrar durante los 2 años siguientes al momento de aplicación de la medida. Sobre este asunto, migrantes consultados por Pares resaltaron una debilidad que puede llegar a tener el ETPV: que esté dirigido a quien no debe. Esta consiste en que el requisito de ingreso formal (legal) para quienes lleguen después del 31 de enero de 2021-con pasaporte sellado en palabras simples- para acceder a esta figura jurídica, deja por fuera a la gran mayoría de migrantes para los que acceder a un pasaporte, u otro tipo de documento oficial en Venezuela, es casi imposible. No obstante, cabe agregar que aún queda bajo la responsabilidad del Estado colombiano, como Estado receptor, avanzar en la creación de políticas públicas acordes con las condiciones y necesidades actuales de la población migrante. Para lo cual necesitará, además de la creación del marco legal eficiente y la adecuada puesta en marcha de las dos etapas contempladas en el ETPV, la articulación con los gobiernos locales, junto con un plan de financiación y de apoyo jurídico para todo el proceso de regularización. Sobre este punto los alcaldes de Ocaña y Pamplona consideran que la efectividad del ETPV dependerá de la complementación de la medida con un plan de inversión social por parte del Gobierno Nacional, enfocado principalmente a los departamentos fronterizos. Con todo esto, el ETPV, aun sin decreto reglamentario, constituiría un soporte fundamental para la garantía de derechos de los migrantes, en el marco de un flujo migratorio Sur-Sur. No obstante, permanecen las dudas sobre su futura efectividad para combatir la migración irregular y los fenómenos fronterizos de agudización de la pobreza, reclutamiento de migrantes por parte de grupos armados ilegales, desempleo e informalidad, permanecen y no son menores.

Por: Redacción Pares. En la mañana de este viernes, y tras conocerse la solicitud de preclusión que presentó el fiscal Gabriel Jaimes en el caso en el que se investiga al expresidente Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos, el senador Iván Cepeda y el exfiscal general Eduardo Montealgre anunciaron a través de rueda de prensa que presentarán denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el fiscal Gabriel Ramón Jaimes, por haber incurrido -presuntamente- en prevaricato por acción y omisión. Algunas de las conductas contrarias al ordenamiento jurídico del fiscal Jaimes, son las siguientes: i) favorecer los intereses del procesado, al punto que, apartándose de su deber legal y constitucional, ha fungido de facto, como abogado defensor de Álvaro Uribe; ii) las posiciones de la Fiscalía, son un espejo de las argumentaciones del imputado y su defensa; iii) ha pretendido invalidar, de facto, lo actuado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al repetir la práctica de pruebas; retrotrayendo el proceso, a fases superadas por ese Alto Tribunal; beneficiando con estas irregularidades a la parte imputada del proceso, el exsenador Álvaro Uribe. El senador Cepeda señaló durante la rueda de prensa que esta acción, aun cuando procesados por el mismo caso como Diego Cadena y Álvaro Hernán Prada están siendo llamados a responder ante la justicia, es un premio para Álvaro Uribe Vélez, quien a pesar de ser implicado en este caso como uno de los autores más relevantes, ha logrado evadir la justicia. Por otra parte, recordó que durante los años en el que se ha llevado este caso el expresidente ha presentado, por lo menos, 24 falsos testigos en contra de Cepeda, de los cuales dos se han retractado, uno de ellos Carlos Enrique Areiza, quien luego de su retractación en el 2018 fue asesinado en Bello, Antioquia. Por otra parte, contra diez de estos presuntos falsos testigos se ha compulsado copias del acto inhibitorio de la Corte Suprema de Justicia del 16 de febrero de 2016. A esto se suman otra serie de cuestionamiento sobre el proceso que se le ha adelantado a Uribe, sin que, como denuncia Cepeda, el fiscal Gabriel Jaimes haya iniciado alguna investigación al respecto, “por el contrario, este ha llevado y utilizado testigos falsos al proceso como Hilda Niño y Juan Carlos ‘el tuso` Sierra, quienes han sido traídos para mentir también en contra de Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo”. Por su parte, el abogadoReinaldo Villalba, quien ha llevado la defensa de Iván Cepeda, aseguró que: “la decisión de dar preclusión la tengo que calificar de temeraria; el camino de la impunidad sigue su curso, pero el cual puede ser frenado, como esperamos, por los jueces de la república”. A esto, se sumó que durante la rueda de prensa también participó el exfiscal Eduardo Montealgre, quien, hay que recordar, interpuso en julio del año pasado junto al exvicefiscal, Jorge Perdomo, una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por la responsabilidad que Álvaro Uribe Vélez tendría respecto a las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato de Jesús María Valle. El exfuncionario afirmó que la decisión tomada hoy por el fiscal Gabriel Jaimes es un claro desafio y afrenta al Estado de derecho, además indicó, como lo hicieron Cepeda y Villalba, que esta constituye una conducta que podría ser considerada como prevaricato, pues se desconocieron elementos probatorios y evidencias que se han destapado en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. “Además de que existen más de 30 elementos probatorios y evidencias contra el expresidente, también Gabriel Jaimes desconoce la prueba practicada por la Corte Suprema de Justicia, lo que es un claro desvío de sus funciones durante la investigación que le correspondió a la Fiscalía General, pues el trabajo se enfocó en recoger evidencias que solo favorecían, supuestamente, al expresidente, habiendo un claro sesgo político”, concluyó el exfiscal. Una decisión de solicitar preclusión en el presente caso, indicó la defensa del senador Cepeda, equivale a un cínico desconocimiento de la realidad procesal, en la que figura, entre otros muchos elementos, la circunstancias de que el representante Álvaro Hernán Prada, y el abogado de reconocidos narcotraficantes, Diego Cadena, están el uno ad portas de un juicio y el otro siendo enjuiciado. Mientras estos presuntos cómplices de quien figura como el presunto determinador de graves delitos, están siendo llamados a responder ante la justicia, al autor principal se le busca premiar con un intento de preclusión, enfatizaron los abogados.

Por: Redacción Pares. «En la mañana de hoy asistimos al espectáculo más vergonzoso que se haya presentado en la historia de la Fiscalía General de la Nación: la claudicación de la investigación penal ante un poder descompuesto y sin escrúpulos. Nuestra dignidad y fuerza moral es superior a esta infamia. Con la templanza de nuestras convicciones derrotaremos la mentira y la injusticia». Este es la respuesta del senador Iván Cepeda frente a la decisión que se conoció este viernes, en la que el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Gabriel Jaimes Durán presentó una solicitud de preclusión en el caso contra el expresidente Uribe Vélez investigado por soborno y fraude procesal. «A Uribe le digo hoy: triste historia la suya, al final de su vida pública, intenta torcer y mancillar por todos los medios la justicia. Pero eso ha sido inútil. El país sabe de su culpabilidad, la juventud conoce su verdadero rostro. Para usted no habrá luz al final del túnel». señaló el senador Cepeda a través de su cuenta de Twitter. En ese sentido, el senador Cepeda había advertido que desde que llegó el proceso a la Fiscalía, no ha habido ninguna clase de garantías para las víctimas y sus abogados. Cepeda ha señalado que el fiscal Jaimes, ha desviado el proceso y ha reorientado investigar a las víctimas, al testigo principal del caso Juan Guillermo Monsalve, y no al imputado: el exsenador Álvaro Uribe. «No creo en la imparcialidad de la Fiscalía» Estos y otros cuestionamientos surgen frente a la manera como el fiscal Gabriel Jaimes está orientando dicha investigación. “De manera fundada debo expresarle que no creo en su imparcialidad, no creo en su independencia, creo que en sus manos la justicia para las víctimas y la verdad que necesita la sociedad, están muy distantes” se lee en la comunicación. Reynaldo Villalba, abogado defensor de Cepeda, dejó constancia del `empeño´ de la Fiscalía en eliminar o desacreditar las labores investigativas llevadas a cabo por la Corte Suprema de Justicia durante más de 8 años, que culminó con la orden de detención contra Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y manipulación de testigos. Además, llama la atención acerca de que el despacho de Jaimes ha desconocido decisiones de los jueces en las que se reconoce la validez de las pruebas obtenidas por la Corte; que no ha contrastado las declaraciones de Diego Cadena y el exsenador Uribe, las cuales se contradicen. Al igual que, no ha hecho ningún esfuerzo en examinar el `modus operandi´que demuestra la práctica de acudir a testigos falsos para favorecer a los hermanos Uribe Vélez, en las investigaciones que se adelantan en su contra. En este sentido, Villalba alude que la Fiscalía prescindió de las declaraciones del exfiscal Eduardo Montealegre y de su exvicefiscal Jorge Perdomo, en las que se desvirtua el montaje contra Álvaro y Santiago Uribe denunciado por la exfiscal Hilda Niño -hoy condenada por hacer arreglos millonarios para favorecer a narcoparamilitares en su cargo como Fiscal de Justicia y Paz-. Otro de los puntos de la constancia advierte cómo Jaimes pidió copias del proceso disciplinario contra el senador Cepeda relacionado con visitas a centros carcelarios, sobre las cuales, la Procuradurìa ya reconoció que fueron realizadas en el marco de la función de control político que tiene como congresista. Contrario a esto, el fiscal no estuvo alerta para buscar en qué estado se encuentran las investigaciones de los falsos testigos presentados contra Iván Cepeda. ¿Dichas investigaciones sólo se encuentran con el oficio de la compulsa sin ningún avance, o los necesitan para insistir en tenerlos como testigos fraudulentos? preguntó Reinaldo Villalba. Asimismo, sostiene que la Fiscalía no ha hecho uso de las conversaciones interceptadas por la Corte Suprema de Justicia en las que se evidencia que el exsenador Uribe autorizó u ordenó a Diego Cadena presentar una acción de revisión de la condena que pesa contra el testigo Juan Guillermo Monsalve a cambio de su retractación. De igual forma, no ha hecho uso de las pruebas donde se indica que el exsenador Uribe estuvo enterado de los beneficios que ofreció y brindó Cadena al testigo Carlos Enrique Vélez, quien confesó recibir dinero para declarar falsamente ante la Corte Suprema a favor de Uribe y en contra de Cepeda. Con relación al testigo Monsalve, dice el representante de la víctima, la Fiscalía tampoco ha hecho uso de los elementos que dan cuenta de las fechas de las visitas de Cadena a Monsalve en la Picota para obtener su retractación; ni de las grabaciones que hizo Monsalve a Diego Cadena y a Enrique Pardo Hasche que demuestran las presiones y ofrecimientos para que se retractara a favor de Uribe. Del mismo modo, el fiscal Jaimes no ha tenido en cuenta como elementos probatorios, los incontrovertibles chats y audios recolectados por la Corte, donde alias Caliche acepta que actuó por mandato de los congresistas Álvaro Hernán Prada y Álvaro Uribe. En estas conversaciones alias Caliche dice haber escuchado a Uribe a través del celular de Prada pidiendo la retractación de Monsalve. Por último, el abogado Villalba dejó constancia de que el fiscal Gabriel Jaimes trajo de nuevo a la investigación, falsos testigos usados en contra del senador Cepeda, los cuales ya han sido desvirtuados por la Corte después de interrogarlos: ¿Por qué la acuciosidad ha llevado a su despacho a ordenar las declaraciones de las personas que le colaboraron al exsenador Uribe a conseguir las declaraciones del narcotraficante el “Tuso Sierra”? y, a cambio, ¿Por qué no rescata las piezas procesales que indican que el ‘Tuso Sierra” fue objeto de un incesante acoso y presión durante largos meses para que dirigiera escritos a la Corte Suprema de Justicia en favor de Álvaro Uribe y en contra del senador Iván Cepeda? ¿Por qué no se investiga sobre la entrevista que rindieron en conjunto el “Tuso Sierra” y su abogado Manuel Retureta a Vicky Dávila de la revista Semana en agosto del año pasado, en la cual, el abogado fue enfático en afirmar que en la visita de Cepeda y los demás parlamentarios “no hubo ningún ofrecimiento al “Tuso” para que declarara de tal o cual manera, que de haberlo escuchado, lo hubiera dado a conocer de inmediato a la Fiscalía de EEUU”? ¿Por qué la Fiscalía ha venido actuando abiertamente en defensa de los intereses del imputado Álvaro Uribe Vélez, apegada estrictamente a todas las peticiones de la defensa; mientras se desechan de plano las peticiones de las víctimas, con el claro objetivo de eliminar la validez de lo actuado en la Corte Suprema de Justicia? concluyó el apoderado del senador Iván Cepeda. El analista y director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, expresó su apoyo al trabajo del senador Cepeda en este proceso judicial, al que llamó La batalla memorable del senador Iván Cepeda. La respuesta de Uribe Vélez Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez al conocer la decisión de la Fiscalía, se mostró agradecido con Dios y con sus seguidores que lo han cobijado con oraciones.

Por: Julián Martínez Vallejo. Periodista Pares. Luz Marina Bernal es la madre de Fair Leonardo Porras, una de las 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fue asesinada el 12 de enero de 2008. Bernal fue escuchada el 17 de octubre de 2019, junto con otros catorce familiares de los jóvenes desaparecidos de Soacha que fueron presentados como guerrilleros muertos en combates con el Ejército en Norte de Santander, durante una audiencia pública de la Justicia Especial para la Paz, JEP. Para conmemorar la memoria de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales reproduzco la intervención de Bernal que muestra que estas mujeres que un día perdieron a sus hijos, para después encontrarlos muertos en supuestos combates a cientos de kilómetros de sus hogares, sufren las fatales consecuencias de vivir en un país en guerra. La audiencia tuvo una duración de siete horas y cuarenta y un minutos y se puede ver en el canal de Youtube de la JEP. Intervención de Luz Marina Bernal «Mi nombre es Luz Marina Bernal, madre de Fair Leonardo Porras Bernal, joven de 26 años de educación especial. Muchos miran la foto de mi hijo y dicen ¿cuál es su discapacidad? En sí, tendría que contar que cuando yo tenía 5 meses de embarazo un carro me atropelló y desprendió el cerebro de mi bebé. Él fue una persona que una personita que yo creo que él tenía una misión en este mundo él a pesar de ese accidente Dios le dio la oportunidad de nacer seismesuno y a los 3 meses de nacido le diagnosticaron una meningitis que lo dejó 7 meses en estado vegetal y, de esta manera es que mi hijo queda con una discapacidad, una dificultad de aprendizaje donde lamentablemente nunca pudo aprender a leer, ni escribir, ni a identificar el valor del dinero y le quedó una discapacidad en su brazo y pierna derecha. Dios me regaló 4 hermosos hijos, los dos mayores eran hombres John Smith y Fair Leonardo y dos mujeres Toly Katherine y Liz Caroline. Para mí la discapacidad de mi hijo nunca se habló en la casa porque para nosotros él era una persona que la tratábamos normalmente porque no quería que mi hijo se sintiera menos que mis otros 3 hijos. Así es que, él a pesar de su discapacidad, era una persona muy sociable, persona que él ayudaba a todo el mundo, él tenía 26 años y como me dijo el especialista: su hijo puede llegar hasta los 100 años, pero con la misma mentalidad de un niño de 8 años. Desafortunadamente mi hijo no tuvo la posibilidad de entrar en colegios de educación especial, así es que en las pocas instituciones que él estuvo eran de niños con síndrome de Down, donde allí no era el colegio o el sitio adecuado para una discapacidad como la que tenía a mi hijo. Él fue una persona que, a pesar de su discapacidad, le ayudó a una comunidad de muchas formas y debido a ser con una gran inocencia, abusaron de él laboralmente donde muchas veces lo llevaban a trabajar desde las 5:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde por 500 pesos, pero el solo hecho de que mi hijo no conociera el valor del dinero creo que esos 500 pesos, él sentía que era lo que él se merecía de su trabajo. Muchas veces le pagaron con moneda falsa donde eso sí me dolía mucho, era preferible que no le hubieran pagado nada, pero a pesar de eso ocultaba ese billete falso y le daba uno de verdad. Muchas veces decía madre quiero unas zapatillas voy a trabajar duro, él trabajaba, pero con esos billetes que le pagaban nunca pudo reunir esa plata así es que de mi bolsillo sacaba, le compraban las zapatillas y en la tarde llegaba con unos zapatos rotos y le decía: mi amor ¿qué pasó con las zapatillas? y él decía: madre es que mi amigo no tenía zapatos buenos, en cambio yo sí tengo más. Yo creo que ninguno de nosotros haríamos una cosa de esas con unas zapatillas recién compradas. Mi hijo sí lo hacía porque a él no le importaba compartir lo que tenía. Él desapareció el 8 de enero del 2008, yo no me encontraba en la casa. Hubo una llamada telefónica de mi hijo John contestó y lo hizo pasar y él solamente escuchó que dijo: patroncito ya voy para allá. Mi hijo tenía un respeto digamos con todas las personas que lo rodeaban y así es que almorzaron los dos, se despidieron a la 1:30 en la esquina de la casa. Mi hijo mayor manejaba servicio público y le dijo: Leonardo acompáñeme, le dijo: no, voy a ir a una cita con un patrón y ya vengo, vaya haga la primera vuelta y viene y me recoge. Así es que nunca más se volvió a saber nada de él. Creo que la desaparición de un hijo es muy fuerte, ya que el solo hecho de que pasen los primeros días, uno se pregunta: ¿estarán comiendo, tendrán hambre, tendrán frío?”. Es una zozobra diaria y donde, lamentablemente tenemos que decir, que ningún servidor público nos quiso recibir las denuncias. En el caso de mi hijo era: déjelo debe estar con la novia en Girardot y usted aquí chillando por él. Después nos interponen 72 horas para poderlos buscar. A las 72 horas uno va nuevamente y dice: y usted aquí chillando, ¿acaso usted tuvo a su hijo para usted o es que quiere tenerlo debajo de sus naguas? eso fue lo que me contestó la fiscal en el municipio de Soacha. Así es que tuvimos que hacer una ruta de búsqueda en clínicas, hospitales, casas de albergue, incluso fui al INPEC, que allá me atendieron mucho mejor que cualquier institución, donde me dijeron: mamá ¿que viene a hacer acá?, yo le decía: es que se me perdió mi hijo, se desapareció y de pronto puede estar detenido en cualquier cárcel y me decía: díganos el documento de su hijo, yo les decía: pues 8000000721070. Ellos digitaban, dijo: vamos a hacer un rastreo nacional. Después me decía: no mamá váyase para la casa que su hijo no está detenido. Luego de buscarlo palmo a palmo por calles, carreras en la ciudad de Bogotá, pensando que estaba durmiendo en la calle. Como no sabía leer ni escribir, de pronto se le pudo haber dificultado el regreso a casa. Así pasaron 8 largos meses, luego identificar a mi hijo en Medicina Legal, donde me leyeron la lista de 30 jóvenes y mi hijo era el número 1, allí se encontraba mi hijo con varios chicos de Soacha. «Yo no entendía, no podía imaginar cómo mi hijo podía ser terrorista si lo desaparecieron el 8 de enero y lo asesinaron el 12 de enero. Cómo un joven con discapacidad en su más en su mano y pierna derecha pudo haber manipulado un arma atacando el Ejército. De esta manera creí que el solo hecho de llegar a Ocaña y hacer una exhumación donde fue entorpecida por 24 militares enviados por Álvaro Uribe Vélez y no me permitieron identificar a mi hijo si era o no era.» Fotografía: Pares. El 23 de septiembre tuve la posibilidad de conocer a 3 familias más: la familia Oviedo, la familia Hernández y la familia Castro con las que viajamos a Ocaña, Norte de Santander a hacer la exhumación de los 4 muchachos que son los que destapan toda una política sistemática con el mismo modus operandi a lo largo y ancho del país. Y allí llegando a la Fiscalía de Ocaña, llegué a las 9:00 de la mañana y el fiscal me pregunta que por quién voy. Yo dije que por Fair Leonardo Porras Bernal. Soltó la risa y dijo: ¡ah! usted la madre del jefe de la organización narcoterrorista. Yo no entendía, no podía imaginar cómo mi hijo podía ser terrorista si lo desaparecieron el 8 de enero y lo asesinaron el 12 de enero. Cómo un joven con discapacidad en su más en su mano y pierna derecha pudo haber manipulado un arma atacando el Ejército. De esta manera creí que el solo hecho de llegar a Ocaña y hacer una exhumación donde fue entorpecida por 24 militares enviados por Álvaro Uribe Vélez y no me permitieron identificar a mi hijo si era o no era. Cuando me di cuenta que me entregaron unos restos totalmente avanzados de descomposición y mi hijo había sido asesinado solamente 8 meses, donde a todas las madres de Soacha le entregaron a sus hijos completamente enteros ¿por qué el mío estaba incompleto? sin brazos, sin piernas y mi pregunta es: ¿es verdad que esos restos sean realmente los de mi hijo? Esto causa un daño físico y psicológico, no solamente en una madre, sino a un núcleo familiar, pero también a una comunidad porque nuestros hijos vivieron en una comunidad. Lamentablemente hoy veo que solamente se habla del caso Soacha y yo he tenido que representar a más de 10.000 familias por crímenes de Estado, sin pretender quitarle la voz a nadie, porque lamentablemente tenemos que decir que, por un lado, somos afortunadas porque fue un caso emblemático en su momento y de esta manera destapamos lo que dicen algunas madres ‘una olla podrida’ que había dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia o que hay, porque lamentablemente esto no ha parado, aún continúa. Y fuimos emblemáticas por esto porque nosotros no le tuvimos miedo a las amenazas, a pesar de que hubo una gran persecución a muchas familias. En el caso mío, mi hijo mayor fue perseguido por dos años. El último panfleto era: lástima que usted se tiene que morir, pero es de la única manera que su mamá se tiene que callar. Desde este momento hay una ruptura familiar, sueños y proyectos de todo lo que se construye dentro de un hogar. Hoy en día de 4 hijos, no tengo ninguno, tenía 36 años de matrimonio, no tengo un matrimonio, pero lo que me impulsa a seguir frente de esto, no es solamente el caso de Fair Leonardo, es el cúmulo de familias que se encuentran en el país”. Nosotras tuvimos la oportunidad de ser escuchadas, pero ¿qué pasa con este cúmulo de víctimas que se encuentran todo el país y que no han sido escuchadas por miedo, porque han sido amenazadas, porque ningún servidor público ha tenido la delicadeza de escuchar a estas víctimas o porque no conocen sus derechos?. Yo sí he tenido que ir a las regiones de todo el país a compartir con ellas, a brindarle mi hombro a aquellas familias y hoy me pregunto ¿será que algún día ellas serán escuchadas por una institución como esta? A nuestros hijos les robaron su rostro, les robaron su nombre y su identidad completa porque en el momento que los desaparecieron fueron indocumentados y quedaron como NN’s. Si nosotros no hubiésemos sido persistentes en la búsqueda, este era el momento que era un número más en aquellas personas, que son más de 120.000 personas que están desaparecidas. Hoy quiero invitar a la JEP a una investigación ardua, a una responsabilidad institucional como es el Ejercito Nacional de Colombia. No es solamente los que tuvieron que sentarse en una silla de acusados, donde tuvimos que mirar aquellos audios donde supuestamente ellos están diciendo la verdad. Es como si hubieran hecho una lección similar para decir las cosas. Unos pueden de pronto decir algo más, otros no. Pero yo creo que a mí esos audios realmente no me convencieron y aquí estamos hablando solamente de verdad y ¿qué pasa con la justicia?. En el caso mío, fueron cinco años casi de proceso y hubieron dos instancias. En la primera instancias, fueron condenados el mayor Marco Wilson Quijano a 53 años; el teniente Diego Aldair Vargas Cortés, el cabo segundo y 3 soldados profesionales a 35 años y los absolvieron del concierto para delinquir que porque no estaba demostrado que dentro de las Fuerzas Armadas existiera una agencia o un grupo criminal. Claro, en ese entonces hablábamos de 3.800 personas asesinadas gente campesina, afro, indígena, raizal, palenquera. Claro que ya era una sistematicidad, una política sistemática que ya se hablaba de ella. Apelamos a esa primera instancia y, en la segunda instancia, fueron condenados el teniente Diego Aldair Vargas Cortes, el cabo segundo y los 3 soldados profesionales a 54 años y el mayor Marco Wilson Quijano a 53 años, pero él fue evadido dos años, dos años que no se sabía aparentemente dónde estaba, pero él vivía en Cúcuta y fue detenido después de 2 años porque él golpeó a su esposa y su esposa lo demandó y lo capturaron, pero ya tenía orden de captura. En los videos nos dice que esto lo hizo fue por su familia. Cuando uno ama a una familia lo mínimo que tiene que hacer es no torturarla, no golpearla. Entonces está contradiciendo lo que él dijo en el video. Pienso yo que muchos piensan que nosotros estamos luchando por buscar dinero. Yo creo que un hijo es el ser invaluable, ni todo el oro, ni toda la plata del mundo no los trae a la vida, así es que no es dinero, nosotros no luchamos por dinero, luchamos es porque no se sumen más familias a este dolor que ya tenemos. En esta universal de víctimas que tenemos en el país, que muchos dicen que es mentiras, que simplemente las madres de Soacha nos encargamos de dañar la imagen, el uniforme y la institución. No es eso, porque nosotros no parimos hijos ni para una guerra, ni para venderle a nadie, pero ellos siguen negando: que fueron cosas que sucedieron a sus espaldas, que solamente fue un solo caso. Y yo sí creo que a ellos les falta entender un poco el dolor de una madre. Hay viudas, hay huérfanos, pero cómo se le dice a una madre cuando ha perdido un hijo o cuando se lo han asesinado. No hay calificativo para eso. Entonces yo sí pediría que ustedes tengan en cuenta la responsabilidad de toda una institución, el señor Marco Wilson Quijano, él dice que desde 1998 había escuchado la práctica de legalizaciones y asesinatos, incluso usaba la palabra ‘matar gamines’, ‘eran vuelteros’. Nuestros hijos nuestros hijos fueron señalados como vuelteros, como extorsionistas y pienso yo que al señor Marco Wilson Quijano que él mismo entregó parte de su hoja de vida que decía que: desde el 93 al 95 estuvo en el batallón Cazadores en San Vicente del Caguán como comandante de pelotón de infantería, 18 meses en el batallón de contraguerrilla número 21 de la Brigada móvil 1 en el Páramo de Sumapaz – Chingaza, 6 meses en la escuela de ingenierías área norte de Bogotá, en 1998 a julio del 2000 batallón de infantería número 7 en Popayán como oficial de inteligencia y comandante de la compañía de infantería, en la zona del Norte del Cauca 6 meses en la escuela de armas y servicios de Bogotá. De diciembre del 2000 al 2002 batallón de infantería número 21 en Antioquia como oficial de inteligencia 6 meses y el resto de comandante de una unidad de combate batallón contraguerrilla número 36 en Villavicencio, Meta. 6 meses en el batallón que fue asignado a la Brigada móvil 22 en Peñas Coloradas Caguán y Macarena en Meta, entre otros. Durante un año como comandante de compañía y operaciones de combate batallón de infantería número 13 en Pamplona, Norte de Santander. Del 2006 al 2007 escuela de armas y servicios para el ascenso a mayor durante 6 meses. De diciembre del 2006 hasta el 2008 plan vial meteoro como comandante y comandante de la brigada 5, división en Bogotá hasta diciembre del 2010 que sale de retiro. Yo quisiera pedirles un favor a ustedes, si él dice que solamente en su hoja de vida tiene que reconocer solo el caso de Fair Leonardo, yo quisiera que ustedes hicieran un rastreo de todos estos sitios donde él prestó su servicio, si realmente en estos batallones o en estas brigadas no tuvo nada que ver el señor marco Wilson Quijano. Ahora veo que el señor Sandro Pérez tiene una lista muy bien ubicada de días y fechas correctas. Dice que el 7 de diciembre fue el primer asesinato de Camilo Andrés, chico que su familia vivía en Pereira, pero se lo llevaron de Soacha. Luego sigue el caso de Fair Leonardo Porras, cómo lo asesinaron el 12 de enero del 2008. Luego el caso de Elkin Gustavo Verano Hernández y Joaquín Castro. Pero se le pasó algo por alto, que no nombraron el caso de Julio César Mesa Vargas y de Jonathan Soto Bermúdez que fue el 26 de enero del 2008 y luego nombra el caso de los 3 chicos de Jaime Estiven Valencia, de Diego y de Daniel. Él tiene un orden y la responsabilidad que él tenía. Ahora que ellos nos digan la munición, ¿cómo era el sistema de la munición dentro de estos combates? el armamento que sacaban para ponerle a los muchachos. Ahora, ¿un perdón? ¿con quién tengo yo que reconciliarme, a quién tengo yo que perdonar? ¿Al que disparó, al que se lo llevó, al señor Pérez que pudo haber detenido las muertes de todos nuestros hijos, a las instituciones que no nos quisieron atender?. Yo quisiera pedirles un favor de una investigación a servidores públicos, tanto el Ejército, como forenses, jueces, fiscales abogados de la defensa de los militares, porque en el momento de levantamiento de cadáver se cometieron muchos errores. Nos demoramos en conseguir a nuestros hijos porque un cotejo de huella dactilar no fue a tiempo, fueron 8 meses después porque era un guerrillero. Parece que hubiera víctimas de primera y segunda clase en este país. Pienso yo que el trato a la investigación forense estuvo muy mal practicada porque ahí faltaron muchas pruebas dentro de estos procesos. Nosotros como víctimas siempre nos interponen un tiempo mínimo para nuestras intervenciones ¿cómo vamos a hablar en 20 minutos de un cúmulo de víctimas que tiene el país y la forma en que ellos actuaron? pero ellos sí tuvieron 18, 6 horas para hablar, pero listo, será así. Yo sí pido la investigación de todas estas personas. Quería agregar algo: que el señor Álvaro Uribe Vélez es el pleno responsable y el señor Juan Manuel Santos y los altos mandos, no solo los que se sentaron en las audiencias o las pocas audiencias que hubieron en estos casos. En el 2015 el señor Álvaro Uribe Vélez dijo que en una reunión en la casa de Nariño con las madres de Soacha, sus madres confirmaron que sus hijos eran delincuentes. Yo lo demandé por injuria y calumnia para que me mostrara cuántas madres habían confirmado que sus hijos eran delincuentes porque aquí se meten con un hijo y se meten con un grupo, cúmulo de familias y, no sólo del caso Soacha, sino de cualquier parte del país. Como mi tiempo es limitado, quiero dejar constancia que radicaré en un documento en el tiempo permitido para ampliar mi intervención. Ahora yo quiero leer esta frase: las doctrinas políticas del Ejército no deben promover los homicidios y las desapariciones forzadas de los ciudadanos, exigimos auténticas garantías de no repetición. Como homenaje simbólico de Fair Leonardo Porras Bernal y de los jóvenes, quiero aportar la primera y la segunda instancia del proceso dónde el primer caso de falso positivo fue reconocido como crimen de lesa humanidad. Esto es lo que obliga a tener en cuenta que todos los crímenes de Estado cometidos por parte del Ejército Nacional de Colombia se tienen que declarar como crímenes de lesa humanidad, muchas gracias.«