Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. La Defensoría del Pueblo alertó sobre el confinamiento de 157 familias y el desplazamiento de 28 familias de San Antoñito, en el Consejo Comunitario del Río Yurumanguí. Sin embargo, sobre esta situación, tanto el Consejo como la Asociación Popular de Negros Unidos del Río Yurumanguí (APONURY); expidieron un comunicado a los medios locales buscan desmentir “información que circula por redes sociales frente a un desplazamiento masivo de comunidades de la parte alta de nuestro territorio hacia la parte urbana (…) importante aclarar que estas comunidades no han contemplado la posibilidad de salir del territorio”. Asimismo, se refirieron a los hechos ocurridos en los últimos días cuando —aproximadamente— 25 familias tuvieron que desplazarse de manera interna. Según el Consejo y la Asociación fue una acción que hicieron éstas por la autoprotección y de cara a salvaguardarse. Mantienen, por supuesto, la alerta sobre la situación de la comunidad de Juntas que “se encuentra en incertidumbre y zozobra por posibles enfrentamientos armados (…) nos reafirmamos en continuar en resistencia por derecho al uso, goce efectivo de nuestro territorio de vida, alegría, esperanza y libertad”, señalan en el comunicado. En la cuenca del río Yurumanguí viven cerca de 3.000 habitantes en trece veredas; El Encanto, Barranco; Primavera, Veneral, Papayo, San Miguel, San Jerónimo, El Queso, San José, San Antonio, Águila, San Antoñito y Juntas. Allí conviven las comunidades organizadas mediante la autoridad territorial del Consejo Comunitario de la Cuenca del río Yurumanguí. Sus comunidades se han visto fuertemente victimizadas por cuenta la labor que ejerce el Consejo Comunitario porque sea un territorio libre de cultivos de uso ilícito. La Oficina de Pares Pacífico ha venido denunciando, por lo menos hace un año, la situación que ocurre sobre la situación humanitaria en Buenaventura y la violación de derechos contra las comunidades asentadas en los ríos, zona carreteable, playas y zona urbana. Precisamente, hace un año se llevó a cabo la Misión Humanitaria en Buenaventura en el que el mensaje es y sigue siendo ‘Las cuencas de los ríos también somos Buenaventura’. Llamado hecho por las comunidades de las comunidades de las cuencas del Naya, Yurumanguí, Cajambre y Raposo. El Estado sigue sin cumplir el mandato de la Corte El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) desde hace dos meses alertó sobre las situaciones de riesgo de las comunidades del río Yurumanguí en zona rural de Buenaventura, por cuenta de los enfrentamientos entre el Grupos Armado PostFarc (GAPF) Columna Móvil Jaime Martínez y el ELN. Para ese momento, el CONPA advertía que las comunidades se encontraban con serias restricciones de movilidad pues el ELN les habían advertido que era una zona altamente minada. El CONPA también se refirió a una serie de presiones que ha cargado el Consejo Comunitario del río Yurumanguí que no sólo se circunscriben a los combates entre los grupos armados que hacen presencia en la región. Es importante señalar que en el auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional, a través de la Sala Segunda de Revisión, ha resaltado que los territorios colectivos en el río Yurumanguí hace parte de un grupo al que se le deben garantizar planes específicos de prevención, atención y protección. Planes que el CONPA recuerda que no han sido ni formulados ni ejecutados por parte del Estado colombiano a pesar de ser una orden por la protección de estas comunidades, por parte de la Corte Constitucional. En dicho auto la Corte precisa que bajo “fundamentos constitucionales, de derechos humanos y de derecho internacional humanitario de la protección prioritaria que deben recibir las comunidades afrodescendientes y sus miembros como sujetos de especial protección, en el marco de la política pública de atención al desplazamiento forzado interno” Específicamente frente al caso del Consejo Comunitario del río Yurumanguí en el que la Corte Constitucional suscribió que “Se legitima al Consejo Comunitario como única autoridad territorial”. Una soberanía a pesar de la sombra armada y la ausencia del Estado De acuerdo con el CONPA el territorio colectivo “debe permanecer libre de monocultivos y cultivos con fines ilícitos, de minería destructora y contaminante, y de pesca con químicos y dinamita. Estas decisiones se mantienen pese a las presiones externas y a la falta de apoyo gubernamental al Consejo Comunitario.” Esta soberanía que ejerce el Consejo Comunitario históricamente se ha visto amenazada por el abandono del Estado y de la acción violenta de los grupos armados. Según el CONPA en el último tiempo la disputa entre la Jaime Martínez de FARC y el ELN continúa extendiéndose por varias cuencas del distrito de Buenaventura. El lastre de esta disputa se ve en riesgo de la vida de las comunidades, el ejercicio de los liderazgos, derechos y manifestaciones culturales en el territorio. El confinamiento no es un tema de hoy, según insiste el CONPA. No sólo por cuenta de las minas sino —a su vez— por ataques a pobladores, pescadores artesanales por hombres armados en la bahía de Buenaventura, hecho alertado desde enero de 2021. Cabe señalar que según el índice de pobreza multidimensional (IPM) tiene un 53,6% de pobreza Buenaventura y un 70,2% en los centros poblados y rural disperso y un Índice de Riesgo Victimización (IRV) Medio Alto del 49,7%. Las incursiones han ido alertando Para Juan Manuel Torres Erazo, coordinador de la Oficina de Pares Pacífico, es importante dejar claro que la crisis de derechos humanos en Buenaventura no se reduce a los hechos ocurridos en los primeros tres meses del año; sino que se ha agudizado por cuenta de la desatención del Gobierno Nacional. Justamente, las advertencias han sido múltiples sobre el riesgo que ha significado el fortalecimiento de las estructuras del ELN en las cuencas. Para el investigador de Pares es importante seguir dejando constancia de que las comunidades han denunciado las incursiones y los enfrentamientos. Por ejemplo, en el sector de Bajo Calima el ELN con el Clan del Golfo se están enfrentando. O en la zona de los ríos —Sabaleta, Raposo, Yurumanguí— existe el enfrentamiento de la Jaime Martínez con el ELN. O en el Naya entre el ELN y el Frente 30. Lo que están volviendo a vivir las comunidades del río Yurumanguí; lo vivieron ya el año pasado los habitantes del río Raposo. Para noviembre de 2020, Pares Pacífico advirtió que el ELN incursionó desde Raposo y Mayorquín, donde ejercen control territorial, para hurtar los motores desde las lanchas de los pescadores que se desplazan por los esteros del río. Similar a la situación de Yurumanguí las comunidades se negaron a desplazarse. Para dicha incursión por el río Raposo la presión del ELN era ejercida a “las personas que brindan servicio en la comunidad están siendo blanco de la violencia, se trata de un atentando en contra del gobierno propio”. Cabe recordar que en cuenca del río Raposo dividido en habitan 13 veredas: Santa Ana, Murillo, Bello Horizonte, Cocalito, Guadualito, Tigre, Bella Vista, Auca, Peña Blanca, Calle Honda, San Antonio, San Francisco, Caimito y Cacoli, donde habitan 2.500 personas. Finalmente, Bajo Calima, que compone el Corregimiento numero 1 de Buenaventura y cuenta con una población aproximada de 7.000 habitantes. En la cuenca del Río Raposo se han registrado enfrentamientos entre Grupos Armados PostFARC y el ELN. Sumado a la amenaza latente de Clan del Golfo por la disputa del territorio. Ese mismo noviembre de 2020, Pares Pacifico denunciaba la victimización sufrida por las comunidades ribereñas de Sabaletas y Anchicayá por cuenta de la incursión un grupo de encapuchados, que se movilizaba en dos lanchas. En esa ocasión, los hombres dispararon contra las viviendas de manera indiscriminada, saqueando los establecimientos comerciales y hurtando lanchas, motores y gasolina. Los silencios en cuencas y ríos Juan Manuel hace un llamado para que se tomen las medidas integrales para atender lo que ha venido ocurriendo en las cuencas. “Son territorios que vienen pidiendo protecciones colectivas. Que solucionen el tema de tierras. Hay, en estas zonas, intereses corporativos, los narcotraficantes tienen un interés en hacerse al control de las rutas, los grupos armados quieren el dominio territorial. Esto ha generado que se registren casos de reclutamiento forzado, se han configurado desplazamientos silenciosos, confinamientos.” Una trinchera soberana “El Consejo Comunitario del Río Yurumanguí hace un proceso de resistencia tan valioso desde este jueves 4 de marzo iniciará encuentro de jóvenes que, a pesar de la situación, no ha sido suspendido”, precisa Juan Manuel. El investigador de Pares insiste en que es necesario hacer la claridad que los desplazamientos que están teniendo lugar en esta cuenca son de carácter interno. Es decir, que “las veredas que se sienten más amenazadas, por la presencia de los grupos armados y los combates entre éstos, se han movido a otras veredas. Es una comunidad muy unida, sin embargo, hay unas que no han podido moverse y continúan confinadas. Las comunidades no han salido a la zona urbana de Buenaventura porque ellos resisten lo que más pueden.” Además, explica Juan Manuel que el no salir de sus territorios también tiene que ver con que, por un lado, no hay una atención integral de parte de la institucionalidad. Por el otro lado, porque el salir es un riesgo de no poder retornar. ¿Qué viene? La Defensoría del Pueblo participó durante este miércoles 3 de marzo en un Consejo de Seguridad que llevó a cabo en Buenaventura. De éste se conoció que se va a llevar a cabo una nueva misión humanitaria que pretender verificar y atender a las familias. Esta se llevará a cabo el próximo viernes 5 de enero y contará con el acompañamiento de la Personería, la Procuraduría General de la Nación y Autoridades locales.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Era cerca del mediodía del sábado 13 de febrero, cuando Leonel Antonio Restrepo Arenas se movilizaba en su motocicleta junto a Alexander Mejía Arenas, su familiar. Ellos recorrían la carretera que de Medellín conduce a Frontino, Antioquia, y para ese momento iban a la altura del municipio de Cañasgordas. Allí fueron interceptados por hombres armados que los abalearon a ambos, Leonel Antonio murió en el lugar de los hechos y su acompañante horas más tarde en el centro asistencial al que fue trasladado. Leonel Antonio hacía parte de la Nueva Área de Reincorporación (NAR) del corregimiento La Blanquita, en el municipio de Frontino, donde permanecen alrededor de 50 firmantes, que en su mayoría llegaron provenientes del antiguo espacio territorial de reincorporación de Vidrí, en Vigía del Fuerte, Antioquia), el cual el 7 de junio de 2018 el Gobierno Nacional decidió suprimir. El asesinato de Leonel Antonio Restrepo fue conocido tan solo dos días después que se informara que había sido encontrado en una vereda del municipio de San Andrés de Cuerquia, el cuerpo sin vida del firmante Juan Carlos Correa, desaparecido desde el pasado 23 de enero. Y seis días antes del asesinato de José Paiva Virguez, quien pertenecía al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Jaime Pardo Leal, ubicado en Colinas, en la jurisdicción de San José del Guaviare. Así como estos tres casos han ocurrido 256 más; 259 vidas, familias que han perdido su ser querido, 259 personas que le apostaron a dejar las armas y construir un proyecto distinto, proyectos que se han visto afectados, muchos de ellos estancados, ante una oleada de violencia que pasa ante los ojos del Gobierno Nacional sin que esté a la fecha, más de cuatro años después del Acuerdo de Paz, haya creado verdaderas herramientas y rutas de protección para quienes firmaron y han cumplido con el Acuerdo de Paz. El llamado de la JEP Solo en 2021 han sido asesinados/as 10 firmantes de paz: Yolanda Zabala Mazo, Duvan Arled Galíndez Navia, Diego María Yule Rivera, Giovany Claro García, Juan Carlos Correa, José Alexander Quiñones Estancio, Leonel Antonio Restrepo Arenas, José Paiva Virguez, Brayan Javier Secue Ipia y Antonio Ricaurte Solarte. El panorama deja ver, entre otras muchas cosas, que el Gobierno Nacional no tiene medidas eficaces para proteger la vida de los excombatientes, y justamente sobre esto recientemente la Justicia Especial para la Paz –JEP- hizo referencia, asegurando que no existe articulación entre entidades del Gobierno para evitar los asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz. A lo anterior se llegó luego de realizar una Audiencia Pública Nacional el pasado 25 de noviembre, donde los magistrados escucharon rendir cuentas a distintas instituciones del Gobierno y a la Fiscalía sobre su gestión para evitar y prevenir el asesinato, y asimismo actuar sobre las amenazas de firmantes del Acuerdo Final de Paz. A su vez esta se dio luego de tres diligencias que se realizaron en 2020 en Antioquia, Meta y el suroccidente del país con población desmovilizada en riesgo. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP exigió que el Gobierno adopte las acciones necesarias para proteger de manera integral a más de 9 mil personas que se encuentran en proceso de reincorporación, esto como parte del compromiso del Estado con quienes dejaron las armas, pero también con quienes fueron víctimas del conflicto armado y ven en los procesos comparecencias de quienes pertenecieron a las Farc una manera de materializar sus derechos a la verdad plena. Imagen: Pares. Así las cosas se estableció que se cumplen con los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad para impartir órdenes a distintas autoridades, como a los ministerios de Defensa y del Interior, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, así como exhortar a la Procuraduría General para que se fortalezca el monitoreo y seguimiento de los resultados, eficacia y el cumplimiento de las Alertas Tempranas. De esta forma el tribunal a través de la Sección de Ausencia de Reconocimiento llegó a siete órdenes dirigidas a distintas instancias, entre ellas al Ministerio de Defensa, organismo al que se instó a apoyar a la Fiscalía General de la Nación para que pueda avanzar con las investigaciones judiciales en las zonas donde no se le ha permitido trabajar porque son de alto riesgo en materia de seguridad. Sobre lo anterior, hay que traer a colación que la JEP logró establecer que la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía sobre los hechos relacionados con homicidios, tentativas de homicidios y desapariciones forzadas de personas reincorporadas de las Farc, solo ha emitido 33 sentencias proferidas en los 280 procesos iniciados. Mientras que en relación con las amenazas solo se han proferido 7 sentencias en las 251 investigaciones realizadas. Con relación a esto hay que señalar que una vez se conoció este comunicado Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, expresó, a pesar de las cifras anteriormente nombradas y de las distintas alertas que se han hecho desde comunidades, firmantes y sectores sociales y políticos sobre la ineficacia del Gobierno nacional sobre esta problemática, que: “en esto no hay sino un solo enemigo común, enemigo de la JEP, del Gobierno, del proceso: los narcotraficantes, los criminales que han sido identificados por la Fiscalía como los autores de estos delitos”. Por otra parte, se solicitó que el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en los próximos 15 días envíe a la JEP los lineamientos y el plan de acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales. Y se requirió que la Defensoría del Pueblo, entre otras cosas, fortalezca el Sistema de Alertas Tempranas, y que el Ministerio del Interior implemente indicadores de seguimiento a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas para la Reacción Rápida. Esto, pues otro de los hallazgos de la Sección de Ausencia de Reconocimiento fue que la no ha establecido una dependencia que coordine de manera general los temas de garantías de derechos de los/as firmante. Lo que se agrava con que hay un bajo nivel de acatamiento de las recomendaciones que hace el organismo sobre distintas problemáticas por parte del Ministerio del Interior. Asimismo, y ante la constante denuncia que muchos de los firmantes asesinados estaban en espera de una respuesta de la Unidad Nacional de Protección, a lo que se suma que otros/as siguen esperando les sea dispuesto un esquema de seguridad, otra de las ordenes fue a esta entidad, sobre la que se insistió que deberá ejecutar la totalidad de medidas para la protección de la vida de las personas en proceso de reincorporación. Por otra parte respecto a las investigaciones y seguimiento a estos hechos, se pidió, por un lado a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía informar sobre los avances en las investigaciones de 19 excombatientes de las Farc asesinados y que denunciaron previamente amenazas, así como de los resultados o indicar en qué va el esclarecimiento de lo que ha sucedido con los 259 firmantes asesinados. Mientras que se instó al Consejo Superior de la Judicatura informar mensualmente sobre los procesos que reposan en sus bases de datos relacionados contra delitos cometidos contra los excombatientes después del primero de diciembre de 2016.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado le entregó los resultados del proyecto por la búsqueda de víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en Medellín (Antioquia) a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. De acuerdo con el proyecto “se presume la existencia de al menos 906 cuerpos inhumados de personas no identificadas y que pueden corresponder a víctimas desaparición forzada y/o ejecuciones extrajudiciales.” En ese sentido, estas acciones evidencian cómo las organizaciones de víctimas trabajan de manera conjunta con el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SVJRN). En este caso esta información resulta clave para UBPD y su Plan Nacional de Búsqueda (PNB) que presentó en mayo de 2020. Por su parte, Luz Marina Monzón Cifuentes, directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, indicó en entrevista exclusiva con la cadena teleSUR que el departamento de Antioquia es la región que registra mayor número de desaparecidos. «Solo en el departamento de Antioquia, en el período de 1997-2005 nosotros manejamos las lamentables cifras de 20.279 personas desaparecidas, 2.710 reclutadas y 7.618 secuestradas para un total de 30.000 desaparecidas. Y estamos haciendo una proyección de 120.000 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado», reveló la funcionaria. La importancia de las medidas cautelares Es importante recordar que el 29 de agosto de 2018, nueve (9) peticionarios —dos (2) representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete (7) familiares de desaparecidos— le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales «se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado». Este hecho, hoy por hoy, se reviste de importancia porque se consolidan los procesos que están adelantando las organizaciones de víctimas con el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SVJRN). Dicho de otra forma, estos hechos son victorias que nacieron con estos esfuerzos conjuntos. MOVICE pidió medidas cautelares en Antioquia (Comuna 13, Hidroituango, Puerto Berrio, Betulia y Dadeiba); Sucre (San Onofre, Corozal, San Marcos y Sincelejo); Caldas (Samaná, Victoria, San Lorenzo, Norcasia); Cesar (Aguachica) y Santander (San Rafael de Lebrija), San Vicente de Chucurrí y Cimitarra). Para el caso de Antioquia los lugares de implementación de medidas cautelares de protección: El cementerio El lugar señalado por el MOVICE es el Jardín Cementerio Universal de Medellín, que es el primer cementerio municipal de carácter civil para la capital antioqueña. Antes de su inauguración —1943— era un sitio conocido como “tiradero de cuerpos” y durante los años se le ha conocido como “el cementerio de los pobres”. Un espacio que alberga las memorias de las víctimas de los hechos más macabros de la violencia, sobretodo, de aquellas poblaciones más marginalizadas y excluidas de ‘la capital de la montaña’; un lugar a donde arribaron, por ejemplo, miles de personas desplazadas. “La radiografía del cementerio Jardín El Universal de Medellín y la revisión y sistematización de más de 2.000 documentos, aportados por las entidades responsables de los procesos de búsqueda y las medidas cautelares ordenadas por la JEP en cementerios en Antioquia, se constituyen como una contribución de absoluta relevancia para la elaboración del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas, y se convierte en una posibilidad de restitución de los derechos de las personas, tanto de las personas dadas por desaparecidas y su derecho a ser buscadas y a su identificación, como de sus familiares a que se les devuelva el cuerpo de su ser querido y, finalmente, a la misma sociedad, en el marco de la necesidad de sus ciudadanos para que se conozca la verdad de lo sucedido con estas personas”, de acuerdo con MOVICE. Uno de los aspectos que resalta el informe tiene que ver con “dificultades en la gestión de información existente, así como el “estado crítico” de dicho cementerio. Entre ellos, se destaca la falta de un archivo organizado con toda la información sobre cuerpos no identificados y cuerpos identificados sin entregar, exhumaciones y personas entregadas a las familias.” Asimismo, “se evidenciaron también vacíos en licencias de inhumación e inconsistencias en información sobre zonas, datos y cifras, revelando la necesidad de contar con protocolos claros para la presentación de estos importantes elementos”. Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, se refirió con preocupación sobre dicho “estado crítico” al precisar que las personas que nos han sido identificadas en el Jardín Cementerio Universal han sido tratadas como “si estas personas no tuvieran un vínculo con sus familias”. Por estas razones, MOVICE ha hecho un especial llamado para que se garantice “la protección de cuerpos cada vez más expuestos”. Sobre los retos de la búsqueda Uno de los elementos que ha consagrado la UBPD ha sido valorar las situaciones de potencial riesgo de los lugares de disposición y promover las acciones pertinentes de protección, a efectos de garantizar la integridad de futuras acciones de prospección y recuperación arqueológica forense de los cuerpos. Como, por ejemplo, en fosas, cementerios y sepulturas. Para ello diseñó las siguientes herramientas: i) el conocimiento de la ubicación geográfica con coordenadas exactas del sitio donde fue recuperado un cuerpo ii) el sitio en que existen elementos de juicio para presumir que allí puede localizarse un cuerpo iii) sitios prospectados por entidades estatales en los que a pesar de agotar criterios técnicos no se encontró el cuerpo. Estas tres situaciones pueden darse en fosas, cementerios ilegales y sepulturas, entre otros. La UBPD busca garantizar el acceso en tiempo real a la información geográfica digital de sitios prospectados y sitios excavados, con resultados positivos o negativos de hallazgo, es decir, con presencia o ausencia de cuerpos, en sitios intervenidos por las entidades del Estado que participan en acciones de búsqueda y, en diversas oportunidades, entidades humanitarias internacionales. Esto generará que expertos interpreten la información allí contenida para construir hipótesis sobre patrones de enterramiento, así como conductas o modus operandi de ocultamiento de cuerpos por actores del conflicto armado. Resulta importante hacer hincapié en esta situación debido a que, por los repertorios de violencia de los grupos armados, en el caso de los paramilitares en el departamento de Norte de Santander usaban hornos crematorios para la desaparición de cuerpos, por ejemplo, la tarea de búsqueda de personas dadas por desaparecidas se complejiza. Por ello, la inclusión de este tipo de categorías en esta herramienta hará posible incluir lugares “no convencionales” o “complejos”, por ejemplo, los hornos crematorios utilizados por algunos actores del conflicto para, literalmente, desaparecer a sus víctimas; medios acuáticos como ríos, aljibes o incluso cuerpos no identificados fueron enviados a cementerios, y facultades de medicina para efectos de docencia, entre otros. Ejes del Plan Nacional de Búsqueda (PNB) Es importante señalar que el PNB, como proceso articulado con múltiples actores y visiones, permitió tiene tres (3) ejes estratégicos de trabajo: 1. Información: obtener, centralizar, actualizar, analizar, interpretar y utilizarla para la búsqueda. 2. Localización, prospección, recuperación e identificación de las PDD. 3. Participación: garantizar las condiciones para la participación. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), a corte del 1 de junio de 2019, hay 124.859 víctimas de desaparición forzada. A propósito, el Comité Internacional de la Cruz Roja, para junio de 2019, señaló que este no es un flagelo del pasado y que después de la firma del Acuerdo de Paz —24 de noviembre de 2016—; en Colombia se registra una desaparición cada cuatro días por razón de conflicto armado y la violencia.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. En la mañana de este martes el senador Gustavo Petro informó a través de su cuenta de Twitter que Jaime Basilio, líder indígena del corregimiento La Libertad, en San Onofre, Sucre, había sido asesinado el pasado lunes, 01 de marzo. Aunque se desconocen detalles del caso, se ha logrado establecer que los hechos habrían ocurrido siendo cerca de las 8 de la noche en el lugar de residencia del líder. Sobre este hecho hay varios puntos que nombrar. Uno de esos es la alerta que se ha hecho sobre la violencia sistemática en contra de personas indígenas. Justamente durante la semana pasada desde la ONIC se envió un comunicado en el que se alertaba “sobre la grave crisis humanitaria que se cierne sobre los Pueblos Indígenas a causa de la reconfiguración del conflicto armado a nivel nacional. Sólo en el último mes la ONIC, junto con las organizaciones filiales de carácter territorial, han emitido al menos 15 denuncias y alertas tempranas advirtiendo sobre los hechos victimizantes que viene sufriendo la población indígena de manera sistemática durante los últimos meses en los diferentes puntos de la geografía colombiana”. Justamente, desde la organización indígena se referenció como muestra de la profundización de la grave situación humanitaria, que el domingo 21 de febrero fueron asesinadas cuatro personas en el sector de La Variante, municipio de Tumaco por incumplir las restricciones a la movilidad impuestas por un grupo armado ilegal; las víctimas hacían parte del Resguardo La Brava, siendo uno de ellos ex gobernador del Resguardo. Por otra parte, el pasado 19 de febrero el Gobierno Mayor de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, denunció que una mujer Embera identificada como Luz Ayda Amágara Lana, de 26 años, había sido asesinada y dos más resultaron heridas en enfrentamientos entre el Eln y el Clan del Golfo. Los hechos ocurrieron en inmediaciones a la comunidad de Miácora, en el Alto Baudó, lo que además generó el desplazamiento de 85 familias. Además, el 17 de febrero en el Alto Andágueda, en Bagadó, Chocó, la comunidad señaló que el líder indígena Alejandro Manugama Cheche había sido asesinado por integrantes del ELN que tiene presencia en esa región del departamento chocoano. El hecho habría ocurrido cuando Manugama, médico tradicional, se encontraba realizando labores. Adicionalmente, dos días antes del hecho anterior, desde el Proceso Social de Garantías se informó que en Cáceres, Antioquia, había sido asesinado Orlando Manuel Chimá, de 22 años, quien pertenecía al resguardo indígena de Los Almendros, en el corregimiento Piamonte. Esto se dio en medio de enfrentamientos entre tropas del Ejército e integrantes de ‘Los Caparros’. La violencia que se ensaña contra los líderes sociales Según datos del sistema de información de la Fundación Paz y Reconciliación – SIPARES – durante el 2021 se han podido confirmar 18 casos de asesinatos a líderes y lideresas sociales. Incluso el panorama es tan crítico que desde el 01 de enero se empezó a tener registro de este tipo de victimizaciones. Para ese día ya se conocían los casos de Gerardo León, etnoeducador, líder comunitario e integrante de FECODE, quien fue asesinado en el resguardo El Tigre por desconocidos en la tarde del 1 de enero en Puerto Gaitán; Meta. Y también el de Diego Betancourt, quien igualmente era docente, e integrante de FECODE y del Sindicato de Maestros del Casanare. Él, quien fue encontrado sin vida en Yopal el primer día del año, trabajaba en la Institución Educativa El Triunfo Tacarimena. Hay que mencionar que durante estos primeros dos meses han sido 11 los departamentos donde se han presentado este tipo de hechos, no obstante, en zonas como Antioquia y Valle del Cauca se concentran la mayoría de casos. Asimismo, hay que mencionar que del total de los casos el 27.8%, es decir 5 hechos, fueron cometidos en contra de líderes/as comunales; miembros de juntas de acción comunal. Asimismo, solo en el último mes se han registrado, por lo menos, 08 asesinatos de líderes y lideresas sociales: Yordan Eduardo Guetio (Corinto, cauca -02 de febrero), Ovidio de Jesús Salazar (Herveo, Tolima – 02 de febrero), Yecid Bolaño (Barranquilla, Atlántico – 07 de febrero), Orlando Manuel Chimá (Cáceres, Antioquia – 14 de febrero), Alejandro Manugama (Bagadó, Chocó – 17 de febrero), Luz Ayda Conchave (Alto Baudó – 19 de febrero), Marcos Pai (Tumaco, Valle del Cauca – 21 de febrero), y ahora, Jaime Basilio. Hay que recordar que iniciando febrero la Jurisdicción Especial para la Paz alertó que el inicio de 2021 ha sido el más violento desde la firma del Acuerdo de Paz, esto en materia de número de masacres, enfrentamientos armados y amenazas de muerte a líderes sociales. El monitoreo sostiene que las afectaciones a personas que ejercen un rol de liderazgo en los territorios persisten y que cada 41 horas es asesinado un líder social. Además, hay que mencionar que estas afectaciones tienen mucho que ver con los hostigamientos y amenazas a las que se ven sometidos/as quienes ejercen algún tipo de liderazgo en algunas zonas de país. Justamente en el informe de la JEP se hacía referencia que, al menos, 13 líderes sociales en Cauca, Valle del Cauca, Cesar, Magdalena, Antioquia, Santander, Bolívar y Caquetá, habían recibido amenazas hasta ese momento. A lo que se suma el caso de líderes y lideresas de El Salado, en el Carmen de Bolívar, Bolívar, donde circularon panfletos bajo el nombre ‘Águilas Negras’ y mensajes de texto en los que se leía: “O se van o se mueren. Están ubicados”. Una radiografía de la situación en San Onofre Hay que iniciar indicando que entidades como la Defensoría del Pueblo han venido insistiendo en el escenario de riesgo para este municipio, donde el día de ayer fue asesinado el líder indígena José Basilio, lo anterior atravesado por el fortalecimiento y crecimiento que han tenido las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en este territorio, donde hacen presencia con el interés –entre otros- de aprovechar las ventajas de la ubicación geográfica del municipio para la extracción de rentas derivadas de las actividades económicas ilegales que se realizan en la región. Vale la pena mencionar que la consolidación de esta estructura en San Onofre viene, por lo menos, desde el 2015. Se señala desde la Defensoría del Pueblo que: “La hegemonía de las AGC en esta zona, impone sobre la población un orden social basado en la sumisión y la exigencia de lealtades a través de mecanismos violentos y coercitivos, que se expresan: en el cobro de exacciones a docentes y comerciantes; amenazas directas e indirectas a líderes y lideresas sociales, cabildantes y defensores de derechos humanos; controles de movilidad a pasajeros y moto-taxistas que se transportan entre la cabecera municipal y Chichimán y Alto de Julio; el involucramiento de algunos pobladores en actividades propias de la economía ilegal. La inducción a la drogadicción de adolescentes y jóvenes; el fomento y apoyo a las pandillas barriales y actos delincuenciales; la utilización ilegal de niños, niñas y adolescentes como informantes, correos humanos o “campaneros”; el reclutamiento de jóvenes para labores de sicariato y transporte; y, la utilización forzada de las lanchas de los pescadores para el transporte de drogas. También el control de la cotidianidad en las comunidades de Chichimán y Alto de Julio en la zona rural y en los barrios El Porvenir, Palito, Madre Bernarda y Alto Julio del casco urbano de San Onofre”. A esto se suma, que así como la posición geográfica ha sido una ventaja para la estructura armada ilegal, también lo ha sido las condiciones estructurales de inequidad social, desempleo y pobreza de las comunidades, lo que ha llevado a un alto nivel de necesidades básicas insatisfechas, por lo que algunas personas residentes en el municipio se ven abocadas a participar de las actividades que ofrece la economía ilegal como opción para sobrevivir, lo que a su vez ha facilitado la subordinación de las comunidades y la exposición y afectación de sus derechos fundamentales. Sobre la posición geográfica de San Onofre, hay que indicar que se encuentra frente al Golfo de Morrosquillo y de espaldas a los Montes de María. Limita al norte con los municipios del departamento de Bolívar: Cartagena de Indias, Arjona y María La Baja; al Este con el municipio de El Carmen de Bolívar; por el Oeste con el Mar Caribe y con El Archipiélago de San Bernardo; y por el sur con Santiago de Tolú, Toluviejo y Colosó (Sucre). Lo anterior permite que tenga conexión por vía terrestre con las principales ciudades del norte del país, además a través de la Troncal del Caribe también conecta con Antioquia y el Urabá. Este panorama ha sido utilizado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia para realizar actividades relacionadas con la importación y exportación ilegal de mercancías ilícitas (drogas, armas y otro tipo de mercancías de contrabando). Esto ha llevado a que sean constantes las vulneraciones hacia los habitantes de San Onofre. Por ejemplo, y en relación con el hecho hoy conocido, los procesos sociales organizativos de las comunidades se han visto amenazados directamente, lo que ha puesto en mayor riesgo a quienes ejercen algún tipo de liderazgo en el municipio, representando amenazas para la seguridad e integridad de estas personas. Se advierte desde la Defensoría que: “las comunidades perciben que las acciones de las AGC tienen altos niveles de tolerancia de las autoridades y agencias del Estado, especialmente cuando se suscitan amenazas contra los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos y sus procesos sociales. En consecuencia, debido a la escasa capacidad institucional para protegerles en los corregimientos donde habitan o ejercen sus actividades sociales y productivas, son expuestas a sufrir atentados contra su vida y sus bienes. Esta situación se agrava, como ya se mencionó anteriormente, por la constante estigmatización de la que son objeto por los actores armados ilegales e incluso de algunas autoridades locales”.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. Temblores ONG dio a conocer al país las delicadas cifras de violencia policial registradas en los primeros dos meses del año, en la tarde de este lunes 1 de marzo de 2021. De acuerdo con los datos que han sistematizado en la Plataforma GRITA —de esta organización—; son 70 casos de violencia policial dentro de los que se encuentran cinco (5) asesinatos a manos de uniformados de la Policía Nacional. Las personas asesinadas son Martín Elías Manjarrés Mora de 17 años; Jerson Stiven Vela Vega de 23 años; Yilber Alos Cardona de 28 años; Brayan Esteban Arrubla Chica de 24 años y Arley Povea Ramos de 24 años. *** Para Alejandro Rodríguez, investigador de Temblores ONG, una de las cosas más preocupantes del reporte bimensual tiene que ver con que “no se están tomando medidas por parte de las instituciones para frenar los hechos de violencia policial. Esto se evidencia por el aumento en los casos. Mientras que en enero hubo 29 casos registrados; en febrero la cifra de casos subió a 41.” El investigador resalta que los datos del reporte aún no están contrastados por las bases oficiales y estatales por lo cual; la cifra puede ser mayor. Uno de los llamados que hace Temblores, a través de Alejandro, es que “para el caso de Bogotá la Alcaldía tome medidas. Porque lo que se evidencia es que la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá l se están pasando la bola; en términos de quién fue y quién dio la orden de intervenir. Esto no permite claridad de cómo se están funcionando las decisiones de intervención por parte del ESMAD y la Policía.” De acuerdo con Alejandro las preguntas ¿Quién toma la decisión? ¿Por qué se toma la decisión? Continúan sin responderse mientras aumentan los hechos de victimización. La violencia policía que se ensaña La violencia policial, de acuerdo con Temblores, se ha perpetrado especialmente de la siguiente manera; 20 casos en los que las víctimas han sido jóvenes; 12 casos que se perpetraron en el marco de la protesta social; siete (7) casos que incluyen a vendedores ambulantes; seis (6) casos en los que las víctimas fueron niños y niñas; cuatro (4) en contra de adultos mayores; cuatro (4) personas recicladoras y cocoteras y dos (2) que incluyen personas Trans. Alejandro llama la atención sobre el perfilamiento que se está desarrolando en casos de violencia policial como el ocurrido con el joven Gareth Silva, en las pasadas movilizaciones del 24 de febrero, quien fue brutalmente herido en su ojo por agentes del ESMAD. “En este caso se evidencia que desde el día anterior —23 de febrero— había sido perfilado y en el desarrollo de la protesta le disparan en uno de sus ojos”. Para el investigador es necesario que se haga seguimiento a esta serie de sistematicidades. Temblores continúa insistiendo en que es necesario un debate sobre el papel de la Fuerza Pública. “Hay una necesidad de reformar a la Policía Nacional y que los entes —que dicen— reconocer este problema, como lo ha sido el distrito de Bogotá, tomen verdaderas acciones para atender esta grave situación de Derechos Humanos”, sostiene Alejandro. La impunidad Una de las grandes problemáticas que permiten que la violencia policial continúe ocurriendo tiene que ver con que; mientras en la Inspección General de la Policía abren una investigación los uniformados continúan en el ejercicio de sus funciones. De hecho, en muchas ocasiones son trasladados y siguen trabajando sin ningún tipo de acción inmediata. En este sentido es importante comenzar por suspender temporalmente mientras se adelantan las investigaciones a los agentes que comenten actos de violencia en contra de la ciudadanía. A su vez, que las investigaciones sean más veloces y eficaces. Lo que suele ocurrir es que se abren, pero pasan los meses mientras que no hay ningún tipo de avance. Generalmente se abre investigación interna y, también, de la Fiscalía General de la Nación si fue un crimen penal,” precisa el investigador quien insiste que allí radica un cuello de botella que auspicia la impunidad.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Desde el pasado 11 de febrero varios sectores y organizaciones han venido alertando del riesgo en el que están las comunidades indígenas Río Murindó y Río Chageradó, donde cerca de 2000 familias habían denunciado estar confinadas a causa de amenazas que habían recibido de no poder transitar, puesto que en el camino que conecta a ambas comunidades grupos armados ilegales habían puesto minas antipersonales. Solo algunos días antes desde la Organización Indígena de Antioquia –OIA- publicó un comunicado en el que se instaba al Gobierno Nacional y Departamental para que se convocara a una misión de acompañamiento permanente y de carácter civil que atendiera la situación, pues además del riesgo a la vida e integridad física de estas comunidades, también había alerta por un posible desplazamiento masivo forzado y de desabastecimiento, pues las minas estaban –están- siendo instaladas cerca de cultivos. Pues bien, aunque desde la Gobernación de Antioquia se ha informado que se han adelantado acciones como misiones de verificación en Murindó para constatar los riesgos existentes, en la que participó la Gobernación de Antioquia, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal y de la que surgieron acciones a corto plazo relacionadas con alimentación, atención en salud y educación en el riesgo, y a pesar que además se comunicó que el Ejército que ha venido adelantando labores de desminado militar en áreas de la zona, este fin de semana quedó en evidencia la gravedad de los hechos que se han venido alertando, y de la poco que han mitigado los riesgos las acciones institucionalmente tomadas. Este domingo desde la OIA se denunció que el menor de edad Plinio Dogaría Eyábida de 13 años, cayó en una de las minas que han sido instaladas en los resguardos Río Murindó y Río Chageradó. Plinio Dogaría Eyábida, quien pertenece a la comunidad Isla, iba en compañía de uno de los docentes del resguardo cuando se registró el hecho. Hasta allí llegó la Guardia Indígena y los/as familiares de estas dos personas que quedaron afectadas por el impacto, quienes los trasladaron hasta el hospital del municipio, sin embargo, el menor tuvo que ser remitido a un centro asistencial de mayor complejidad, donde permanece, y desde donde se ha dado a conocer que Plinio Dogaría Eyábida perdió una de sus piernas. Con esto desde la OIA asegura que la mina de la que fue víctima Plinio y su docente “agrava la situación que vienen denunciando”, con lo que reiteraron que es necesario hacer un desminado humanitario de forma urgente. Solicitudes y alertas no escuchadas Justamente en relación con lo anterior hay que decir que desde 2019 se viene alertando que esta situación no es nueva, pues autoridades indígenas vienen denunciando que grupos armados están intentando “romper el proceso organizativo de las comunidades” desde mediados de dicho año. Situación que también se presenta en los municipios de Dabeiba, Urrao, Frontino y Vigía del Fuerte. Por otra parte, en abril de 2020 desde la Defensoría del Pueblo se emitió la Alerta Temprana 014 “debido al elevado riesgo que afrontan las once comunidades indígenas de los resguardos Río Murindó y Río Chageradó en el municipio Murindó, Antioquia, ocasionado por la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el grupo armado posdesmovilización de las AUC autodenominado AGC, y la contaminación de sus territorios con MAP/MUSE/AEI”. – Artefacto Explosivo Improvisado (AEI), Mina antipersonal (MAP), Munición sin explotar (MUSE)-. Hay que nombrar que Murindó –donde los recientes hechos se le atribuyen al ELN- , es un municipio ribereño del río Atrato, el cual limita al norte con el Carmen del Darién, Chocó; por el oriente con Dabeiba y Frontino, Antioquia; y por el occidente con Vigía del Fuerte, Antioquia. Además, la mayoría de su territorio está altamente poblado por comunidades indígenas y afrodescendientes (97.7%), pertenecientes a los resguardos Río Murindó, Río Chageradó y de los Consejos Comunitarios COCOMACIA y PDI. Hechos constantes Iniciando 2020, el 24 de febrero, se denunció un ataque con explosivos a miembros del Ejército Nacional que se encontraban patrullando en la vereda Turriquitadó al sur de Murindó. En este caso, en el que fue implicado el ELN, tres soldados resultaron heridos, quienes posteriormente fueron trasladados para las respectivas atenciones. Hay que señalar que pocos días antes, en el Resguardo Río Murindó fue asesinado Otoniel Cuñapa Domingo, un joven de 17 años que pertenecía a la comunidad de Alto Guayabal del Resguardo Indígena Urada Jiguamiandó, jurisdicción del municipio de Carmen del Darién, Chocó. En marzo se intensificaron los combates entre las AGC y el ELN en el resguardo Río Murindó , en los que se le impidió a la comunidad salir de sus casas, se detonaron artefactos explosivos, igualmente, a la población civil se le señalaba por ambos grupos de ser colaboradora del bando contrario, generando situaciones de zozobra y peligro inminente. En ese mismo mes dos menores de 12 y 17 años fallecieron tras ser víctimas de una mina antipersonal, en hechos ocurridos en el resguardo indígena Murrí Pantano del municipio de Frontino. Abril llegó con el confinamiento de 475 familias, aproximadamente 2.129 personas, pertenecientes a la comunidad indígena en Murindó; esto tras la amenaza y alerta de artefactos explosivos en el territorio. Poco después, también en esta zona, una joven indígena de 16 años fue reclutada por el ELN y obligada a instalar una mina antipersonal que le detonó en las manos. Desde agosto, – cuando parte de una familia Embera cayó en un campo minado en zona rural del municipio de Dabeiba, causando la muerte del padre y heridas graves a su esposa e hija-, y hasta noviembre, fueron constantes los confinamientos en las zonas aledañas a Murindó, además en esos meses se continuaron registrando personas heridas a causa de detonaciones. El riesgo inminente de las comunidades indígenas Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC- se advirtió que junto a otras organizaciones de carácter territorial, solo en el último mes se han emitido al menos 15 denuncias y alertas tempranas advirtiendo sobre los hechos victimizantes que viene sufriendo la población indígena. Aunque se identifican varios hechos en distintos departamentos, sobre lo ocurrido recientemente vale la pena traer a colación lo referente a Antioquia, donde el 29 de enero en el municipio Cáceres, se presentaron enfrentamientos armados que pusieron en riesgo la vida y la integridad de la población perteneciente al pueblo Senú. La situación de riesgo se ha extendido a las comunidades José de los Santos, Isla de la Dulzura, Guarumo Balay, Puerto Santo Manantial y Jardín La Esperanza que se encuentran confinadas y sin poder solventar necesidades básicas, pues los grupos armados al margen de la ley han impuesto restricciones a la movilidad y toques de queda que impiden las labores de cultivo y pesca. A esto se suma que desde septiembre de 2020, 59 familias de Isla la Dulzura están en situación de desplazamiento en la comunidad Guarumo; a la fecha son 231 familias en situación de confinamiento y desabastecimiento. Asimismo, que el pasado 17 de febrero la población del Resguardo Jaidukamá del pueblo Embera Eyábida fue víctima de un desplazamiento forzado de carácter masivo hacia el corregimiento La Granja en el municipio de Ituango. Esto luego de un enfrentamiento armado entre las AGC y disidencias de las FARC en el marco de la disputa por el control territorial del Nudo del Paramillo que se viene desarrollando desde hace seis meses aproximadamente. Adicionalmente, en dicho documento que fue publicado desde la ONIC el 25 de febrero se seguía insistiendo en la situación de los resguardos de Río Murindó y Río Chageradó. Señalaban que: “la situación no es, en ningún caso, nueva; desde el año 2019 la OIA viene advirtiendo sobre la presencia de actores armados en los resguardos de Murindó, Urrao, Dabeiba, Frontino, Vigía del Fuerte y en el Bajo Cauca. La nula acción del Estado ante las reiteradas alertas llevó a las comunidades del pueblo Embera Eyábida a declararse en Minga Permanente”. Con lo anterior hay que recordar que durante el 11 y 16 de febrero las comunidades indígenas de Guagua, Isla, Coredó, Bachidubi, Ñarangue, Chageradó, Turriquitado Llano, Turriquitado Bajo, Turriquitado Alto, Chibugadó y Chimiadó del pueblo Embera Eyábida, se declararon en minga permanente para exigir la armonización territorial, y continuar su lucha por el derecho a la vida y el respeto a sus territorios y costumbres. Lo anterior también atravesado con que a pesar que desde las comunidades indígenas se ha insistido en no permitir la presencia de actores armados de todo orden, legales e ilegales, pues como se aseveró, estas acciones están lejos de la armonización y respeto del territorio, por lo que se sigue insistiendo en un desminado humanitario, institucionalmente se dice que la posibilidad por el momento es el desminado militar, esto argumentándose en la presencia de estructuras armadas ilegales en la zona. El horror para los/as menores con las minas antipersonal Por otra parte, vale la pena mencionar que siguiendo datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios durante el 2021 se han reportado 47 hechos relacionados con Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), Minas antipersonal (MAP), Municiones sin explotar (MUSE). Esto se han registrado en Antioquia (5 casos), Arauca (5), Cauca (18), Chocó (3), Córdoba (3), Nariño (4), Norte de Santander (2), Putumayo (1), y Valle del Cauca (6). En estos casos, al menos, 10 menores de edad, como Plinio Dogaría Eyábida, han sido víctimas de este tipo de estos hechos. Uno de los casos se presentó el 11 de enero en zona rural del municipio de Policarpa, al norte de Nariño. Allí dos niños de 14 años perdieron la vida luego de manipular y activar de forma involuntaria un artefacto explosivo que estaba abandonado en un camino veredal. Por otra parte, iniciando febrero se denunció que un artefacto cayó cerca de una vivienda en la vereda El Damián, Resguardo de Tacueyó, en el municipio de Toribío. En este hecho, Mabel Alejandra Ipia Noscué de 7 años sufrió una herida en su pierna derecha. Más recientemente las autoridades en Buenaventura confirmaron que seis menores de edad resultaron heridos tras la explosión de un elemento en ese distrito. El artefacto fue hallado por los niños en zona boscosa de Bajamar, lo recogieron y llevaron hacia sus viviendas. Minutos después salieron a jugar con él y cuando lo arrojaron, se registró la explosión.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. […] “Al contrario de lo que se cree, en Macayepo no hubo una masacre al estilo de la de El Salado o la de Chengue, ejecutadas en la plaza principal y al son de tamboras y vallenatos. Fue una matazón que dejaba cuerpos destrozados con motosierra en los caminos a medida que Cadena amasaba su capital con ganado robado. Todo amparado. Todo desfigurado.” […] Las anteriores líneas hacen parte de una crónica escrita por Alfredo Molano Bravo en uno de sus viajes al corregimiento de Macayepo, en el municipio de Carmen de Bolívar (Bolívar). Precisamente, entre el 12 y 16 de octubre del año 2000 arribó un grupo de más de ochenta paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) quienes con macanas, piedras y motosierras asesinaron a 16 campesinos, según cifras del informe ‘¡Basta Ya!’ del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNHM). Hecho que generó a su vez un desplazamiento forzado de las comunidades. El pasado 25 de febrero de 2021 el país conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó al exsenador Álvaro Alfonso García Romero —conocido como ‘Gordo García’— quien se encuentra condenado a 40 años de cárcel, entre otras cosas, por hacer uso de dineros públicos para la conformación de grupos paramilitares y por su responsabilidad como uno de los determinadores de la masacre de Macayepo. De acuerdo con el comunicado 023 del Tribunal Especial; el papel del Gordo García “será clave para ayudar a desmontar las estructuras de poder que se han encontrado detrás del paramilitarismo.” El Gordo García, en 1997, participó de una reunión en la que se unificaron grupos paramilitares para darle vida al Bloque Héroes de los Montes de María. El encuentro se dio en una finca conocida como ‘Las Canarias’, propiedad de Miguel Nule Amín quien fue gobernador del departamento de Sucre y padre de los condenados Miguel y Guido Nule. Miguel Amín también fue condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a 28 años de cárcel por la planeación de la masacre de Macayepo. ¿Qué puede venir con este caso? La decisión de la JEP —de aceptar a García Romero— se reviste de importancia bajo el panorama colombiano en el que la profundidad de las heridas del paramilitarismo no sólo continúa haciendo mella por los hechos perpetrados a lo largo y ancho del territorio nacional; sino, también, por cuenta de la impunidad. Este escenario de impunidad ha sido el lastre del proceso de Justicia y Paz que impidió que el país conociera cuáles fueron los grandes responsables detrás de las acciones del paramilitarismo. Personalidades de la política nacional, del empresariado y de la Fuerza Pública que continúan bajo la sombra del silencio. Así las cosas, al país no le queda más confiar en el ofrecimiento del ‘Gordo Romero’ en aportar verdad detallada, exhaustiva y extraordinaria ante la JEP. De acuerdo con el comunicado el Tribunal Especial: “García Romero está en condición de entregar verdad sobre “los acuerdos que se dieron para apoyar candidaturas a diferentes cargos de elección popular; el nombramiento de miembros de las AUC en la administración pública; la operación de las Convivir en Sucre y los atentados contra funcionarios públicos». A este plan, además, se suma el programa de reparación a las víctimas con el que también deberá cumplir el compareciente que ahora será escuchado por la Jurisdicción. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas aceptó a García Romero debido a que éste “se valió de su condición de Senador para consolidar el proyecto de las AUC en el ámbito nacional. Se trata de un paramilitar que no participó en las hostilidades pero que desde su condición de Agente de Estado desempeñó el rol de promoción, sustento y auspicio de la organización criminal.” Asimismo, según lo expresado por el Tribunal Especial “el congresista obtuvo un favorecimiento electoral de las AUC y después, una vez alcanzó la curul respectiva, se convirtió en tributario del grupo, aprovechando su investidura en dirección a la subsistencia, promoción, auspicio y consolidación del proyecto paramilitar.” *** De acuerdo con Esteban Salazar, coordinador de la línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación— PARES, hay mucho detrás del papel del Gordo García en lo que se configuró como un pacto criminal entre gamonales de Sucre y los paramilitares. Según el investigador, el García Romero tuvo un claro impacto nacional a través de su papel legislativo pues fue representante a la Cámara desde 1978 hasta 1998 y senador entre el 98 y 2006. En su paso por el Congreso, por ejemplo, es recordado su papel para el favorecimiento a grandes terratenientes. García Romero votó más de una vez —indebidamente— para hundir la aplicación de la reforma agraria del entonces presidente Virgilio Barco. La JEP señala esta noticia como una avanzada por las Garantías de No Repetición. Precisamente, detrás de la acción paramilitar hay quienes se beneficiaron del despojo de la tierra y hoy continúan acaparándola y sacando provecho de su uso. Según el informe que le entregó la Fundación Forjando Futuros a la Comisión de la Verdad; el 83% de los casos de despojo tuvo a los paramilitares como perpetradores. A su vez, es importante señalar que el Gordo García fungió como senador en el periodo de 2002 a 2006 bajo las banderas del entonces ‘Partido Colombia Democrática’. Partido surgido en 1985 y que fue liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su primo Miguel Uribe, condenado por concierto para delinquir en lo que se denominó parapolítica. De ese partido, también, es recordado William Vélez —excongresista cercano a Uribe— quien se dice apoyó a Pablo Escobar en su carrera política. De él se recuerda cuando presentaba a Escobar como “el futuro del Partido Liberal”. Para Esteban Salazar, la clave en el comunicado de la JEP radica en que el Tribunal Especial “no va a interferir en las sanciones, sentencias o procesos que estén activos en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el ingreso de García Romero a la JEP va a ser bajo la condición de Agente de Estado para aportar Verdad y No Repetición, pero no podrá salir de la cárcel. García Romero, según Salazar, estuvo gobernando en cuerpo ajeno a través de su hermana Teresita García Romero y sus dos periodos en el senado desde 2010 a 2018. Teresita perdió su curul en 2018 tras graves irregularidades en su reelección en 2014. Incluso, según lo advierte el investigador querían continuar en el Capitolio; esta vez a través de Juliana María Escalante, quien aspiró al senado de la República por el Partido Cambio Radical en las pasadas elecciones. Dentro del prontuario criminal del ‘Gordo García’ se encuentra el asesinato de la maestra de San Onofre, Georgina Narváez. El exparamilitar alias ‘Pitirri’ ha señalado la alianza de García con el paramilitar Alias ‘08’ para matar a la maestra. Georgina fue testigo del fraude electoral que le permitió a Erick Morris —candidato del Gordo García— ser elegido. *** <> Se trató de una sangrienta encomienda la que le hicieron al Bloque Héroes de los Montes de María, comandado por Rodrigo Mercado conocido con el alias de ‘Cadena’. A través de una conversación sostenida vía telefónica entre Álvaro Alfonso García Romero ‘El Gordo García’ y Joaquín García Rodríguez —captada incidentalmente por la Policía Nacional –SIPOL- el 6 de octubre de 2000— se conoció la prueba reina que develó los determinadores de la masacre de Macayepo. García Rodríguez, reconocido ganadero de la región y también financiador de grupos paramilitares, le solicitó al Gordo García el ingreso de grupos paramilitares a los corregimientos de Pajonalito y El Aguacate con la intención de ‘recuperar unos animales hurtados’. La conversación que también salpicó al entonces gobernador de Sucre Miguel Nule Amín se dio diez días antes de ser perpetrada la masacre. Aquí esa conversación que descansa en el documento SP709-2019: Álvaro García: Ah, mira, eso sí puedo hacer lo siguiente, Joaco: yo me puedo ir mañana a las ocho a la brigada y puedo pedirle incluso al gobernador que me colabore para eso, oye. Joaquín García: O sea, la idea… yo no sé si Nule [Miguel Nule Amín] ha hablado contigo -pausa-, pero lo que pasa es que Nule quiere meter la tropa a la finca y la idea no es meter la tropa a la finca, la idea es meter la tropa por la parte de atrás, que es por donde sacan el ganado, que es por los lados del Aguacate, por el lado de Pajonalito, por esos sectores, ¿me entiendes? Álvaro García: Yo considero que esa decisión es una decisión que no es fácil tomarla hoy, pero es fácil tomarla en diez días. Joaquín García: Bueno, la verdad lo que interesa es que la tropa la metan pa´ allá, no es que la estén metiendo dos días y la saquen pa´ acá afuera. Álvaro García: Esa propuesta la puede hacer el gobernador, ¿oyes? Joaquín García: Ojalá me ayudes tú en eso, viejo, porque es que… Álvaro García: Eso dalo por un hecho, yo mañana estoy con el coronel» (…) Joaquín García: …estos míos y me dicen que, ellos siempre con la disculpa de los manes esos verdes, yo no se ese man verde, será que no hay forma de tocarlo como para que se abra pa… Álvaro García: de todas maneras, ese man se va dentro de un mes. Joaquín García: yo le estoy diciendo que den un nombre para ver a quien se pone allí, pa que. Álvaro García: yo le dije a él. Joaquín García: No pa´ que ayude. Yo le dije: ‘Mira, nosotros no necesitamos aquí un tipo que nos ayude, pero sí que no joda, o sea, que se haga el loco, para ver si esta gente funciona, porque ellos y´que van para Macayepo mañana». Álvaro García: Tú sabes que se lo he dicho. Tal como lo establecieron las autoridades competentes fue por El Aguacate por donde ingresaron los paramilitares para perpetrar la masacre. Además, de quedar el registro del lugar en el que iban a hacer el ingreso; cuando Álvaro y Joaquín hablaban de “un man verde” —de acuerdo con el portal de Verdad Abierta— se estaban refiriendo al entonces comandante de Policía de Sucre, Rodolfo Palomino. Según el portal, el coronel Palomino fue trasladado a los diez días de esta conversación. Hasta ese momento ejercía un papel de operativos en contra de paramilitares, según señala Verdad Abierta. De acuerdo con las investigaciones el Gordo García tenía fuertes influencias en la Armada Nacional. Eso lo sabía y lo usaba Joaquín García. Incluso, en su momento la Corte Suprema compulsó copias para abrirle una investigación en contra del coronel de la Armada, Hernando Alfonso Jama Arjona. De acuerdo con el fallo “[…] en su calidad de comandante (e) de la Primera Brigada de Infantería de Marina con asiento en la zona, pudo facilitar la incursión paramilitar mediante el desplazamiento de las tropas hacia otros sectores de la región, pese a contar con información oportuna y confiable a través de la cual se le avisó del plan criminal y de su desarrollo […]”. De acuerdo con el documento SP709-2019 de la Corte Suprema de Justica “se promovió una operación violenta a partir del hecho demostrado del hurto del ganado de propiedad de Joaquín García Rodríguez y del acusado MIGUEL ÁNGEL NULE AMIN.” “Según lo narraron Úber Enrique Bánquez Martínez, alias eJuancho Dique», Luis Francisco Robles Mendoza, alias «Amaurgy, Yairsitio Mesa Mercado, alias «El Gato» y el propio Edwar Cobos Téllez, alias «Diego Vecino», durante la cruzada paramilitar el grupo estuvo acompañado por un personaje apodado «El diablo», quien se encargó de señalar a los campesinos que hacían parte de la guerrilla y eran sus colaboradores, siendo ejecutados en el acto a garrote y piedra”, precisa el documento. Sala señaló que “ello confirma que existía, como siempre, una directriz fundamental encaminada al exterminio de todo aquel que de alguna manera se le vinculara con los grupos guerrilleros, lo que no obsta para que el motivo desencadenante de esa concreta acción lo fuera el hurto de ganado infligido a los ganaderos.” Macayepo hizo parte de las masacres para hacerse con el control de los Montes de María Este bloque operaba en los corregimientos del departamento de Bolívar y Sucre. Hecho que sucedió mientras los paramilitares continuaban su avanzada por hacerse al control de los Montes de María como corredor estratégico hacia la Costa Atlántica desde el sur del departamento de Bolívar. También, por supuesto, por el acaparamiento de la tierra de unos pocos. Según dejó constancia el portal Verdad Abierta, en esta zona hacían presencia “cerca de 300 guerrilleros de los frentes 35 y 37 de las Farc bajo el mando de ‘Martín Caballero’, quienes desde 1998 libran una guerra territorial” contra los paramilitares comandados por alias ‘Cadena’. Es preciso recordar que la región de los Montes de María fue escenario de las peores atrocidades cometidas por la mano paramilitar vinculada a la clase política, gamonales de la región, ganaderos y Fuerza Pública. Esta región está ubicada en la Serranía de San Jerónimo de la Cordillera Occidental, justo, entre los departamentos de Sucre y Bolívar. Compuesta por quince municipios: siete (7) de Bolívar (El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, El Guamo, María La Baja, Zambrano y Córdoba) y ocho (8) de Sucre (San Onofre, Toluviejo, Chalán, Coloso, Morroa, Los Palmitos y Ovejas). Mucho hay en juego hoy por hoy en los procesos de verdad. La restitución de tierras sigue siendo una lucha para el campesinado colombiano, con un especial énfasis en esta región. Tras las masacres desplegadas por los paramilitares por la región de los Montes de María; la tierra fue concentrándose en más contadas manos. La crueldad paramilitar llegó a unas tierras que vivían de cultivos de aguacate, plátano, ñame y ganadería. *** El horror, como lo relató Alfredo Molano que se evidenciaban en asesinato de un pastor de una Iglesia adventista ordenado por alias ‘Cadena’; “porque predicaba la resistencia e impedía que la gente huyera hacia El Carmen o hacia Sincelejo. Lo mataron con una maza de moler maíz y prohibieron llorarlo y enterrarlo. El cuerpo quedó tirado al lado del templo. Ese día mataron también, y de la misma manera, a dos campesinos.” Después de la ruta trazada por la violencia paramilitar, escribió Molano, “[…] El gobierno de Uribe creó las Zonas de Consolidación, mientras varias poderosas empresas compraban tierras a campesinos desplazados y, sobre todo, a campesinos endeudados con los bancos cuyas fincas estaban a punto de ser rematadas. Los registros de deudores fueron feriados entre negociantes inmobiliarios que redimían la deuda y se quedaban con el predio. (…) la gran mayoría han sido agregados para formar haciendas dedicadas a cultivos de palma, teca o pastos […]” Claridades La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP deja claro que “la decisión adoptada mediante esta resolución no modifica la competencia ni el control de las sentencias proferidas contra ÁLVARO ALFONSO GARCÍA ROMERO en cabeza de la jurisdicción penal ordinaria, esto es, siguen teniendo plena eficacia y validez. En consecuencia, su pena continúa siendo ejecutada por el juez encargado de la vigilancia del cumplimiento de la sentencia.”

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. El 24 de febrero de 1971 en Toribío, siete cabildos e igual número de resguardos crean el consejo regional indígena del Cauca- CRIC- Manuel Tránsito Sánchez mayor del pueblo Totoroez, fue definido como primer directivo y la persecución por parte de los terratenientes no se hizo esperar, acción que sigue hasta el día de hoy. Con Trino Morales, Juan Gregorio Palechor y Anatolio Quira, partían desde su natal Toribío para apoyar recuperación de tierras en Toribio y López adentro, así como en Corinto. Y es que no solo les ha tocado resistir a las denominadas “fuerzas oscuras”, grupos paramilitares e incluso a la fuerza pública legal, si no que en los cincuenta años de fortalecimiento organizativo han enfrentado estos pueblos; con el Quintín Lame primero como grupo armado indígena y posteriormente con la guardia indígena al acoso y abuso de grupos armados de derecha y de las guerrillas de las Farc- ep antes de la negociación en La Habana, sin desconocer que fue en Agosto de 1996 cuando el ELN asesino a Marden Betancourth alcalde municipal de Jámbalo. Desde Toribio y Tierradentro en sus inicios, los nativos hermanos de los afrodescendientes y del campesinado, con la presión de los terratenientes que les veían como salvajes, mostraron la casta de guerreros indomables. El legado del padre Álvaro Ulcué, de la Gaitana y Quintín, acompaña su esfuerzo por construir la nación indígena, en cuyo camino han conseguido al fragor de la movilización de carretera y la exigibilidad de derechos desde la esfera de la justicia, tanto nacional como internacionalmente reconocimiento al derecho propio, ley de origen, salud propia, educación propia, transferencias de dineros de la nación a las ETIS (entidades territoriales indígenas, reconocidas en la constitución del 91), etc. Su proyecto colectivo ha encontrado igualmente dificultades como obviamente era previsible sucediera; la capacidad de socializar su cosmovisión con otros sectores de la sociedad, fundamentalmente del mundo urbano, no ha logrado enfrentar el discurso racista y xenófobo auspiciado desde los grandes medios de comunicación que incluso ante la evidencia clara de su oposición a los grupos armados siempre pretenden asimilarlos con ellos. Y como en el Cauca el problema central está referido a la tenencia de la tierra y el uso de ella, muchos de sus esfuerzos inicialmente de recuperación frente a los latifundios del departamento, en la última década dio paso a los denominados conflictos interétnicos e interculturales, donde sus intereses se han encontrado en muchos casos traslapados con propiedades de afros y del campesinado, pretendiendo no solo el acceso a la tierra sino un ejercicio de poder a partir de asumirse en esos espacios su autoridad. Pretensiones normales de una comunidad que construye su nación, que debe hacer el esfuerzo por concertar con sus vecinos territorios interétnicos e interculturales de convivencia y reconocimiento de variadas cosmovisiones. Cincuenta años, caminando la palabra y avanzando con la paciencia del alfarero para construir su futuro, cincuenta años de dignidad, que les alcanzará para buscar entendimiento con los otros sectores de la sociedad, felicitaciones y… fuerza, fuerza.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. A la memoria de Tulio Olivera, quien participó de las luchas campesinas aquí narradas Febrero del 71 fue pródigo para la lucha popular: los estudiantes universitarios se movilizaron por una universidad abierta al mundo y al servicio del cambio social. En eso fueron destacadas las movilizaciones en la Universidad del Valle, que tuvieron su cuota de sangre. Durante este mes se conformó el Consejo Regional Indígena del Cauca, que en esta semana ha conmemorado ese medio siglo de luchas y de los logros, y han reafirmado que la acción continúa y que siguen en el camino de vida digna y democracia de calidad. La mayor cantidad de acciones colectivas por la tierra en un mismo día se dieron el 28 de febrero de 1971 y fueron promovidas por la organización campesina más importante en toda nuestra historia, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC y tuvieron como epicentro los departamentos del caribe colombiano. La ANUC era parte del diseño del presidente Carlos Lleras Restrepo, quien tuvo el propósito de adelantar reformas importantes en el desigual y atrasado mundo rural colombiano. Atrasado porque tenía, y tiene, una estructura tremendamente obsoleta donde la propiedad rural esta hiper concentrada y hay muchas regiones sin condiciones de infraestructura social en educación y salud adecuadas; y atrasado porque no cuenta con condiciones de infraestructura vial que hagan viable cualquier dinámica económica, por no hablar de la ausencia de políticas de fomento en ciencia y tecnología aplicadas a la producción rural o asistencia técnica, mercadeo y crédito. A todo ello, el presidente Lleras Restrepo trató de darle otra proyección y emprendió cambios importantes en las precarias o inexistentes políticas de desarrollo rural. Dentro de sus iniciativas, el presidente Lleras le dio fuerza al Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, creó el Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA, creó una institución para el estudio de temas relacionados con el mundo rural, el Instituto Colombia de Agricultura, ICA y le dio fuerza a la banca pensada para el Sector, la Caja Agraria. Todo ello lo pensaba para darle mayor dinámica al sector rural y como parte de ese esfuerzo de reformas, promovió la asociación nacional de usuarios campesinos, la ANUC. La ANUC fue una organización impulsada desde el Ministerio de Agricultura, llegó a conformar cerca de setecientas asociaciones municipales y logró presencia en más de veinte departamentos. Una organización que llegaba a la base campesina, ávida de tierra, crédito, mercadeo y asistencia técnica, todo lo que había prometido el presidente Lleras Restrepo. En el caribe colombiano la ANUC fue una organización que convocó a miles de campesinos y estos se lanzaron a la recuperación de tierras de manera simultánea, fueron cerca de doscientas “invasiones” en tierras no utilizadas por grandes terratenientes en los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar, Cesar y Magdalena y en menor medida en Atlántico y La Guajira. Fueron miles de familias que buscaban de manera ávida una tierra para hacerse a una finca y trabajar por una vida digna. El 28 de febrero de 1971 fue un día histórico para la lucha campesina. Se mostró que con organización y decisión se podían lograr conquistan importantes. En este caso estas familias se hicieron a una tierra que no tenían, que estaba en manos de gente con mucha tierra y que no la hacìa producir. Esta realidad desafortunadamente sigue estando presente en un mundo rural que hoy es más concentrado que hace cincuenta años y las promesas del presidente Lleras Restrepo rápidamente fueron echadas para atrás por una arremetida terrateniente y de los poderosos del campo en el pacto de Chicoral durante el gobierno de Misael Pastrana en 1972. Buena parte de las fincas que ocuparon las familias campesinas fueron compradas por el Estado a sus dueños por el Incora, aun así en los años noventa sobre buena parte de estas comunidades campesinas se abalanzaron los paramilitares y les hicieron pagar esa decisión de lucha a punta de masacres. Si se coloca el mapa de las recuperaciones de tierras de los años setenta con las masacres de los años noventa, coincide de manera plena. Hoy el capitulo del Acuerdo de paz sobre reforma rural integral no se cumple, así el gobierno muestre cifras y hechos que no concuerdan con la realidad, nada sustancial se hace por transformar este desigual mundo rural, al cual el presidente Lleras Restrepo intentó darle algo de transformaciones, así como lo había intentado treinta años antes el presidente López Pumarejo. Ambos fracasaron en ese intento y acrecentó una rabia campesina, que luego se volvió conflicto armado. Hoy nuevamente hay barbarie y sangre en el campo colombiano, lo cual debe llamarnos a mantener presente que hay un mundo rural por transformar.

Por: Attila Lenti. Columnista Pares. A Gustavo Petro sus oponentes políticos, particularmente los que se autodefinen como centro, lo califican como un político extremista dentro de un escenario político “polarizado”. Lo hacen con frecuencia y con bastante resonancia en los diferentes medios de comunicación del país. Para averiguar si el programa político y la forma de hacer política de Petro y la Colombia Humana se pueden definir como extremo político, tenemos que recurrir a la ciencia política, y hacernos las siguientes preguntas: ¿Constituye el pasado guerrillero de Petro una formación política extremista? ¿Se puede sustentar que su programa o posturas lo clasifican como un político extremista a partir de las definiciones del extremo político? ¿Dónde se ubicaría Gustavo Petro en el espectro ideológico a nivel internacional? ¿Qué es el extremismo político? El extremismo político se asocia con los puntos terminales del espectro ideológico e implica una actitud hostil frente a la institucionalidad democrática y las reglas de juego establecidas. Según Rosario Jabardo (1998) el concepto hace referencia a “un rechazo de las reglas de juego de una comunidad política, al no reconocerse en los fines, en los valores, en los medios y en las instituciones vigentes en la vida pública” (p. 283). Cas Mudde (2005), estudioso holandés de los extremos políticos, define extremismo como una oposición ideológica y práctica a los valores y prácticas de la democracia. Cabe resaltar que hay diferencia entre “extremo” y “radical”. Mientras que los partidos que se ubican en la extrema izquierda o derecha tienden a ser antidemocráticos, los partidos radicales respetan las normas básicas de la democracia, pero se oponen a la democracia liberal existente y buscan una transformación de raíz de la sociedad y del sistema político. La izquierda radical rechaza los valores y la estructura socioeconómica del capitalismo y prefiere alguna modalidad del socialismo. En resumen, de manera explícita o disimulada, estas posturas tienen un carácter anti institucional. Los orígenes políticos de Petro: el programa del M-19 Los prejuicios asociados al concepto “guerrilla” automáticamente suelen situar al proyecto político del reincorporado a la extrema izquierda. La estrategia comunicativa uribista del período 2002-2010 pretendía borrar las diferencias entre las diferentes fuerzas guerrilleras históricas en el imaginario colectivo, juntándolas todas bajo la idea general de una narcoguerrilla criminal. Estas generalizaciones no permiten un análisis sensato de matices de pensamiento. Si bien tener antecedentes guerrilleros es un pecado mortal en la política colombiana, es pertinente aclarar que el M-19, donde se originó la carrera política de Petro, era de los pocos grupos guerrilleros del país que no se adherían a una ideología extremista, ni siquiera radical. El grupo no era marxista-leninista o maoísta y no tenía un ideal de sociedad rígido y predefinido. Desde su fundación el M-19 rechazaba el dogmatismo de la izquierda, promovía la concertación democrática y plural a través del “sancocho nacional” y fijaba la apertura democrática como condición para poder dejar las armas. Por otro lado, el M-19 tenía un proyecto político y económico reformista, de modernización del Estado, de ideas liberales y socialdemócratas, por lo que siempre se ganó las críticas de los miembros del Partido Comunista Colombiano que incluso lo tildaban de derecha. Carlos Pizarro en una conversación con Ángel Beccassino habla de la necesidad de implementar la socialdemocracia en América Latina para reducir la polarización social. Aclara que, si bien el M-19 es una organización armada, no está casado con tesis rígidas y está dispuesto a hacer una apuesta concreta a la paz y a la democracia para alcanzar cambios sociales duraderos. Jaime Bateman, fundador y comandante histórico del M-19, sostenía que el programa oficial del M-19 era el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue la afirmación programática más radical y ambiciosa del M-19 durante su existencia. La Alianza Democrática M-19, representó esta agenda en la Asamblea Constituyente de 1991, donde selló su compromiso con la democracia como fuerza mayoritaria. La mayoría de los políticos provenientes del M-19, incluido Petro, hablan de la Constitución de 1991 como su legado más importante. ¿Es Petro representante de un extremo? Por definición el extremismo político se relaciona con el “rechazo a la institucionalidad democrática” y “a los valores y prácticas de la democracia”. La carrera política de Petro se ha centrado en la defensa de los valores de la Constitución de 1991 y del Estado Social de Derecho planteado en ella, por lo que la posibilidad del extremismo se descarta de entrada. Por lo tanto, no solo no cumple con una condición básica del concepto, que es ser anti institucional, sino todo lo contrario: es defensor radical del espíritu de la Constitución vigente del país. Tampoco lo volverá anti institucional la crítica legítima que ejerce respecto a la implementación práctica de esta Constitución en perspectiva histórica, sobre todo si comparamos la realidad colombiana de hoy con el ideal proyectado de un Estado Social de Derecho. Su propuesta de una nueva Asamblea Constituyente, que luego abandonó, tampoco significó un giro antidemocrático, ya que, estuvo encaminada a la profundización de los valores fundamentales de la Constitución actual. Es igualmente problemático declarar que Petro es de la izquierda radical. Aproximadamente 40 años de crítica activa a la inflexibilidad y sectarismo de la izquierda tradicional, 30 años de actividad política legal en cargos de elección popular denunciando la corrupción y la reconfiguración cooptada del Estado, un programa de corte socialdemócrata, de fuerte inspiración keynesiana, y sus reiterados intentos de formalizar su movimiento como partido político y buscar alianzas alternativas, deben ser argumentos suficientes para comenzar a ponernos serios y no jugar más con adjetivos imposibles de sustentar. El programa de la Colombia Humana en el espectro ideológico internacional Ciertas tendencias confirman que la izquierda democrática internacional volvió a encontrar su voz después de décadas de timidez y crisis de legitimidad. Ante el evidente agotamiento del modelo neoliberal, la creciente desigualdad social y la crisis ambiental, se ha visto el surgimiento de soluciones innovadoras de política pública, antes inimaginables, tales como la renta básica general, la teoría monetaria moderna y la puesta en práctica de algunos principios de la economía ecológica. En la administración de Joe Biden veremos la implementación de lo grueso del Green New Deal, ambicioso paquete de reestructuración económica con transición verde, originalmente propuesto por la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez. Lo que ayer parecía radical, ya es mainstream. Propuestas recientes de política pública de gobiernos progresistas extranjeros en Colombia seguramente se calificarían como obras del diablo castrochavista, desde el ambicioso objetivo climático y el nuevo sistema tributario escandalosamente progresivo de Dinamarca, donde los ricos de verdad contribuyen, pasando por la mega inversión sueca en la red ferroviaria del país (Petro debió copiar la idea de ellos), hasta las propuestas para facilitar el acceso a la vivienda en España. En el programa de la Colombia Humana, encaminado a la construcción de paz, la economía productiva (capitalista) y una política agraria más equitativa y sostenible, por mencionar solo unos temas, ni los más férreos críticos de Petro encontrarán elementos que vayan más allá del ordenamiento básico de un país europeo que medio se haya topado con la modernidad. La propuesta quizás más polémica, que es la de la tributación rural diferencial que desestimule el latifundio y penalice el uso inadecuado del suelo, es apenas lógica en un país campeón en la especulación de tierras y en la distribución desigual de la propiedad rural. El candidato ha reiterado hasta el cansancio su desacuerdo con las economías extractivistas, criticando por igual al modelo venezolano y colombiano. Asimismo, sus explicaciones de los problemas del viejo modelo soviético permiten una fácil comprensión hasta para María Fernanda Cabal. Programáticamente la posición política de Petro en el espectro ideológico es una postura socialdemócrata, en el mapa del progresismo izquierdista mundial se califica como un político moderado. Cuatro conclusiones Si las posturas políticas de Petro no dan para calificarlo como extremista, ¿cuál será el motivo? 1. Para el autodenominado “centro”, en ausencia de un programa político claro que proponga soluciones para los problemas fundamentales del país, es difícil encontrar su identidad y hasta ahora ha resultado más fácil definirse marcando la distancia respecto a las dos figuras carismáticas de la vida política: Petro y Uribe. Llamarse centro (puro) solo es posible en medio de la indefinición y un lenguaje ambiguo: un programa claro inmediatamente permitiría precisar si se trata de centro izquierda o centro derecha, como es normal en otros países. 2. La oposición de la Colombia Humana en ciertos temas a la Alcaldía de Claudia López ha provocado malestares. No obstante, la democracia implica debate entre ideas y programas. Si el Partido Verde quiere renovar la política, debe recordar que el intercambio de favores es una práctica politiquera tradicional y el apoyo en el pasado no compromete al otro. 3. En medio de la guerra por dominar la agenda política, es rentable la repetición de determinadas expresiones para insertarlas en la opinión pública, en este caso para montar la imagen de “Petro, el extremista”. Así se recurriría al viejo método de la propaganda: una tradición de los peores extremos políticos de la historia. 4. Petro “no cae bien”. A algunos les parece arrogante, a otros no les gusta su voz. El autor, después de una lectura juiciosa, no ha encontrado mención alguna de estas irritaciones en la literatura sobre extremos políticos.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Como una paradoja, así fue lo que se vivió el pasado 24 de febrero, cuando varias personas se dieron cita en las calles de Bogotá en medio de la conmemoración de los 22 años del ESMAD. Aunque la jornada en su mayoría estuvo marcada por la tranquilidad, siendo cerca de las 3 de la tarde el Escuadrón, el mismo por el que se estaba marchando en contra de la violencia que ha ejercido desde su creación, arbitrariamente cerca de la 19 con 7 en la capital comenzó a atacar a los/as manifestantes con marcadoras y gases lacrimógenos. Hay que recordar que el día anterior circuló un comunicado emitido desde la DIJIN, en el que se afirmaba que el grupo Escudos Azules estaba convocando a una jornada de movilización violenta “a través de campañas de instigación a delinquir y a la materialización de conductas punibles. (…) A través de estas actividades de conducción de masas e instigación a la violencia, se buscaría la reactivación de la movilización violenta, generando escenarios de zozobra y alteración del orden público, buscando generar desestabilización”. Luego de esto, ese 23 de febrero, horas antes de la movilización que saldría desde las 10 am de la Universidad Pedagógica Nacional, Escudos Azules alertó de manera temprana el riesgo al que estaban expuestos ante esa comunicación de la Policía de convertirse en falsos positivos judiciales, ante los señalamientos y perfilamientos que se hicieron desde la institución, además resaltaron que la jornada de movilización convocada para ese #24F era de carácter simbólico y reivindicativo ante la brutalidad y violencia policial. Pues bien, como se mencionaba más arriba la jornada transcurrió de forma pacífica hasta el centro del Bogotá, donde, como se denunció desde Defender la Libertad, “ el ESMAD procedió a accionar sus armas directo a la cara de los integrantes del colectivo –Escudos Azules-, haciendo un mal uso de la armas de letalidad reducida, buscando causar un daño mayor”. https://twitter.com/RicardoMalagonS/status/1364923315991805954 Es paradójico que en medio de un acto de protesta contra las arbitrariedades de la Policía, este sea el actuar del Escuadrón, en medio de este accionar Gareth Steven Stella Forero, de 24 años e integrante de Escudos Azules , sufrió una grave lesión ocular producto de un impacto de marcadora propiciado por el ESMAD. Igualmente, hay que resaltar que en el balance de esa jornada también se denunció que en distintas ocasiones los/as manifestantes fueron provocados/as, y también, como se ha vuelto una constante, hubo personas infiltradas, quienes tomaban fotos a quienes estaban participando en este espacio, En este punto vale la pena cuestionar sobre los impactos que está teniendo el diálogo que debería primar con quienes protestan antes del accionar del Esmad, pues durante esta jornada y en la realizada el 23 de febrero por los/as trabajadores de los gastrobares de la ciudad lo quedó en evidencia fue el accionar violento del Escuadrón. Hay que traer a colación lo dicho por Óscar Gómez, comandante de la Policía de Bogotá, quien a través de El Espectador aseveró que establecieron que Gareth Stella iba con overol y la cara cubierta, lo que de entrada no justifica el accionar, y menos aún si se parte del hecho de la apuesta simbólica de Escudos Azules a través de lo corporal, que incluso también es una forma de protección y autoprotección de perfilamientos y abusos físicos en medio de las movilizaciones. Por otra parte, dijo el uniformado que Gareth luego de ser impactado entró a un establecimiento comercial, donde se cambió de ropa e intentó hacerse curación. Posterior a esto la víctima fue trasladada a la Clínica Santa Fe, y horas más tarde ante la gravedad de la agresión, fue remitido al Hospital San Ignacio. La organización T emblores a dvierte que de los 39.613 casos de violencia cometidos por la Policía Nacional sólo el 2,2% de esos casos han terminado en investigación penal. Ahora, de los 8.167 casos que reportó la Procuraduría General de la Nación; sólo el 1% concluyó en una condena disciplinaria. “Estas afirmaciones sobre Gareth lo que hacen es desviar el hecho de que él fue víctima de una lesión ocular por parte de un uniformado, hacia tergiversar la gravedad de lo sucedido argumentando que él se cambió de ropa, lo que en realidad ocurrió para poderlo llevar a un hospital. Superficialmente eso que salieron a decir mediáticamente pareciera inofensivo, pero sabemos que justamente ese es el tipo de discurso que la Policía utiliza para hacer parecer a Gareth como un vándalo. Asimismo, seguimos reiterando, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que nosotros/as nos tapamos la cara para proteger nuestra identidad”, se expuso desde Escudos Azules. En una comunicación pública Gareth Stella indicó que aunque se ha querido hacer una campaña de desprestigio contra su imagen “ no encontrarán más que un joven que salió protestar de manera pacífica”, y que durante su cotidianidad se dedica a la escritura y al cine. Asimismo, como acto de rechazo a lo ocurrido el 24 de febrero este jueves en la noche a las afueras del Hospital San Ignacio se realizó una velatón bajo la consigna: “que gritar las ideas no nos cueste los ojos”, además en apoyo a Gareth Stella, pues para ese momento ya se había confirmado que había perdido el 90% de visibilidad por su ojo izquierdo. No son hechos aislados Justamente se advirtió desde Escudos Azules que no fue aislado, ni fue coincidencia que luego de los señalamientos que se hicieron el 23 de febrero por parte de la Policía, fuera un integrante del colectivo quien se viera afectado por la violencia del Esmad: “estamos seguros que esto era un llamado y lo que quieren es generarnos miedo y daños para que no sigamos ejerciendo nuestro derecho a la protesta. Además, seguimos insistiendo que esto puede ser la antesala de un falso positivo judicial, pues si la Policía tuviera una prueba explicita en la que nuestro compañero esté lanzando una piedra u objeto contundente o dañando un bien público la mostraría, pero lo que están haciendo desviar la atención”. A esto se suma que desde otras organizaciones como Temblores ONG se ha insistido en la sistematicidad de estos hechos. Recientemente, a través del informe Bolillo, Dios y Patria, se informó que en los primeros tres años de implementación del último código de Policía se han registrado 289 personas asesinadas, 39.613 personas lesionadas y se 102 hechos de violencia sexual; a manos de uniformados de la Policía. Tan sólo para 2020, de acuerdo con esta ONG, la Policía Nacional habría asesinado a 86 personas. Adicionalmente, Temblores advierte que de los 39.613 casos de violencia cometidos por la Policía Nacional sólo el 2,2% de esos casos han terminado en investigación penal. Ahora, de los 8.167 casos que reportó la Procuraduría General de la Nación; sólo el 1% concluyó en una condena disciplinaria. Así, hoy, finalizando la semana contra la violencia policial, en la que hubo fue una constante demostración de las arbitrariedades de los uniformados, se hace urgente seguir insistiendo y abriendo el debate sobre la necesidad de una pronta y eficaz reforma policial.

Por: Julián Martínez Vallejo. Periodista Pares. El senador conservador David Barguil fue denunciado en la Corte Suprema de Justicia por parte de la activista política Catherine Juvinao por posibles delitos de falsedad y fraude en proceso de desinvestidura ante el Consejo de Estado. Se documentaron siete inasistencias con cuestionadas incapacidades médicas entre los años 2014 y 2017. Los congresistas que son servidores públicos en términos del artículo 123 de la Constitución Política, tienen el deber de “asistir a las sesiones del Congreso pleno, las Cámaras legislativas y las Comisiones de las cuales formen parte”. Barguil Assís fue elegido senador de la República en las elecciones de 2018 y tomó posesión del cargo el 20 de julio del mismo año. Durante el periodo 2014 y 2018, fungió como representante a la Cámara por el departamento de Córdoba. “Tanto en su época de representante como en la de senador, el congresista Barguil Assís se ausentó en diversas ocasiones de las sesiones plenarias del Congreso de la República, presentando supuestas excusas médicas que justificarían sus inasistencias”, explica Catherine Juvinao, que promueve la iniciativa “trabajen vagos”. Barguil presentó incapacidad médica expedida por el médico de la Cámara de Representantes Juan Saab Hernández por padecer “rinitis de origen alérgico”. Todos esos documentos presuntamente falsos, por lo menos ideológicamente, fueron presentados por el congresista Barguil Assís a la Mesa Directiva de las corporaciones correspondientes. Existen serias sospechas de que, no obstante lo consignado en hechos anteriores, todos los documentos firmados por el congresista Barguil Assís y las incapacidades físicas expedidas por el médico Juan Saab Hernández se elaboraron en un mismo espacio de tiempo, años después, para desvirtuar los hechos invocados en la demanda de pérdida de investidura. Fechas en las que presentó excusas médicas: 6 de agosto de 2014 “Según consta en la gaceta, la sesión abrió registro a las 3:01pm y se inició a las 3:13pm en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Si bien el congresista se registró en la sesión a través del sistema electrónico a las 4:09pm, para el momento de la primera votación a las 4:23pm, es decir, 14 minutos después, el congresista ya se había retirado de la sesión”. Al salir se fue para el programa Voces RCN. 30 de septiembre de 2014. “Según consta en la gaceta, la sesión abrió registro a las 2:50pm y se inició a las 3:51pm en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Si bien el congresista se registró en la plenaria a través del sistema electrónico a las 4:02pm, pata el momento de la primera votación realizada a las 5:04pm, el congresista ya se había retirado”. 7 de octubre de 2014 “Según consta en la gaceta, la sesión abrió registro a las 2:34pm e inició a las 3:39pm en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. El congresista se registró de manera manual, por lo que no se tiene hora exacta. No obstante, se sabe que para el momento de la primera votación a las 5:18pm, el señor Baguil ya se había retirado. 5 de noviembre de 2014, “Según consta en la gaceta, la sesión abrió registro a las 1:52pm y empezó a las 2:11pm en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. El congresista figura como ausente en el registro electrónico, pero aparece en que se registró de manual, por lo que no se tiene la hora exacta de su llegada a la sesión. Sin embargo, para el momento de la primera votación a las 3:12pm, el congresista ya se había retirado” 18 de marzo de 2015 “Según consta en la gaceta, la sesión abrió registro a las 9:17am y comenzó a las 10:16pm en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. El congresista se registró de manera electrónica a las 10:18am, y para la hora de la primera votación a las 11:56am ya se había retirado”. En la misma fecha, sobre las 6:18pm, el entonces representante a la Cámara público en su cuenta de Twitter un video en que parece gozar de perfectas condiciones de salud. 2 de junio de 2015 “Según consta en la gaceta, la sesión abre registro a las 3:30pm e inicia a las 3:52 en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. El congresista se registra de manera electrónica a las 3:42pm. Sin embargo, para el momento de la primera votación a las 4:18pm, el congresista ya se había retirado. La sesión se levanta a las 8:55pm”. Sin embargo, en esa fecha, el congresista estuvo en otros compromisos a pesar de los supuestos problemas de salud. 30 de agosto de 2017, “Se registró a las 2:08pm y la sesión plenaria se inició en el Salón Elíptico a las 2:37pm. El senador Barguil hizo llegar una incapacidad médica según consta en el acta 45 de 2017 en la Comisión de Acreditación Documental”.