Por: Laura Cano. Periodista Pares. El panorama de seguridad negativo del país sigue acentuándose. A la fecha se ha advertido que este inicio de año ha sido el más violento desde la firma del Acuerdo de Paz, realidad que es muy difícil de ocultar o no recocer si se tiene presente que en promedio cada dos días es asesinado un líder o lideresa social; durante lo que ha sido el 2021, al menos 21 han sido asesinados/as, asimismo 08 firmantes de paz. Mientras que se han reportado cerca de 16 masacres. Conjuntamente, hay que señalar que casi diariamente se están conociendo graves hechos de vulneraciones de Derechos Humanos, por ejemplo, en las últimas horas se conoció que en Argelia, Cauca, 135 familias permanecen confinadas tras acciones violentas que han tenido lugar en la zona, que además está en uno de los departamentos con mayores índices de violencia, Justamente, en los últimos días la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, presentó un informe en el que se advierte que el Cauca (entre otros departamentos) es una de las zonas que durante el 2020 tuvieron mayor número de hechos violentos. La funcionaria mencionaba que “(…) muchas de estas poblaciones han compartido con la oficina su sentimiento de zozobra y miedo frente a esta situación. La ausencia de una presencia integral del Estado, en algunas regiones del país, limita la capacidad del Estado para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación de las personas y grupos más vulnerables”. Lo anterior también se ve evidenciado en que al día de hoy y solo en el 2021 en el Cauca se hayan presentado 03 masacres; una en Argelia, otra en Inzá y una más en Popayán, en cada una de estas fueron asesinadas tres personas. Además, el pasado 03 de febrero en Corinto, Cauca, fue asesinado Jordán Eduardo Guetio, quien era líder social y hacía parte de la Asociación de Trabajadores Campesinos del municipio. Él fue interceptado por hombres armados mientras se movilizaba en una motocicleta junto con su padre en el sector de El Descanso, estos le pidieron acompañarlo y a su padre lo obligaron a retirarse del lugar. Se emprendieron las labores de búsqueda por parte de la guardia campesina, pero su cuerpo fue encontrado sin vida horas más tarde. Desplazamientos y confinamientos: otro leño al fuego Además de lo anterior preocupa que ante una violencia sin tregua en el departamento muchas familias y comunidades se han tenido que desplazar forzadamente de sus territorios o permanecer confinadas ante los constantes combates entre grupos armados. Justamente el día de ayer en el Comité Departamental de Justicia Transicional, Dan Harry Sánchez Cobo, director de la Unidad para las Víctimas en Cauca, comunicó que por medio de información entregada por la Alcaldía se conoció que 135 familias de las veredas La Ceiba, El Pinche y Las Vegas permanecen confinadas. “Desde la Unidad se ha solicitado un censo específico del número de personas afectadas y/o en situación de desplazamiento para lograr con la Gobernación del Cauca y el equipo de Coordinación de Cooperantes, brindar el apoyo humanitario inmediato”, aseveró el funcionario en el encuentro, en el que además la Unidad para las Víctimas junto con entidades pertenecientes al Sistema de Atención y Reparación Integral a las Víctimas ( SNARIV), activaron el Plan de Contingencia Departamental para el municipio de Argelia. Igualmente, se indicó que la Unidad para las Víctimas tiene destinado un fondo de apoyo subsidiario para casos individuales por valor de 347 millones de pesos, y así mismo se han brindado materiales de construcción para infraestructura social y comunitaria por un valor de 194 millones de pesos. Aunque esta es una medida hay que mencionar que la gravedad de lo que está sucediendo en cuanto a familias desplazadas y confinadas es crítica. Por ejemplo, desde la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, entrega cifras que indican que durante estos primeros meses del 2021 ya son 4.835 las víctimas por este tipo de hechos a nivel nacional. Incluso el panorama es tan alarmante que la misma Oficina informó que durante 2020 25.300 personas fueron víctimas de este tipo de vulneración, es decir más de 7.300 familias desplazadas en 94 eventos masivos, nombrando que una de las principales razones que desencadenaron esta situación fueron los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales, los cuales durante el año pasado demostraron estar fortalecidos y además ganando territorio en el país. En ese sentido hay que señalar que estos enfrentamientos entre grupos armados organizados y delictivos produjeron el 57% de los casos, mientras que por amenazas directas contra la población civil se reportó un 37%. Los departamentos más afectados por estos hechos fueron Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Cauca. Asimismo, hay que indicar que al menos 14.400, es decir el 57% de las víctimas, regresaron a sus hogares. A esto se suma que, según información del Sistema de Información de la Fundación Paz y Reconciliación, SIPARES, se han identificado 05 hechos de desplazamiento forzado durante el mes de enero, y dos casos en febrero, mismo mes en el que Voceros del Consejo Comunitario Unión Río Chaguí, denunciaron ante las autoridades una delicada situación de constreñimiento en Tumaco que, obligó a que algunas familias de este consejo se confinaran por temor ante la llegada de un nuevo GAPF, cuyo nombre no mencionan, pero el cual les está presionando a realizar marchas en contra de la erradicación forzada que se viene ejecutando en territorios de este consejo. Una situación crítica Asimismo, hay que recordar que el pasado 26 de enero desde la Defensoría del Pueblo alertaron que 11 concejales de Argelia, Cauca, se vieron obligados a desplazarse de manera forzosa por problemas de seguridad desde el municipio hacia Popayán, pues como se había informado, estos líderes políticos temían que las amenazas en su contra por parte de grupos armados ilegales se hicieran efectivas. En este mismo contexto días atrás, el 16 de enero, había sido asesinado el concejal Fermiliano Meneses, de quien además el cuerpo permaneció desparecido por 11 días. En su momento, sobre el caso de desplazamiento de los/as concejales, el Secretario de Gobierno, Luis Cornelio Angulo dijo que “el municipio de Argelia es una población que el 80% es rural y en sus corregimientos no hay esa presencia institucional adecuada, permanente y de gran cantidad para que esto avance. Si bien es cierto que está la fuerza pública, también se necesita que ese componente social esté presente”. Por otra parte, y en relación con lo anterior, vale la pena señalar que, según el SIPARES, se reporta que, al menos, tres hechos de desplazamiento forzado se registraron en el 2020 en esta zona y sus alrededores. El primero ocurrió el 07 de marzo tras presentarse enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc, lo que causó que cerca de 270 personas tuvieran que desplazarse hacia el casco urbano. Luego, en el mes de abril, tras amenazas del Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, cinco (5) líderes y lideresas del Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay y 20 campesinos y campesinas de las comunidades de San Juan de Micay, El Plateado, Sinaí, Playa Rica y Huisitó, tuvieron que dejar forzadamente su territorio. Adicionalmente, el 25 de noviembre se alertó desde la Defensoría del Pueblo que después de la circulación de panfletos firmados por el frente José María Becerra del ELN, ciudadanos venezolanos y habitantes de zonas rurales del municipio de Argelia abandonaron el municipio. En este hecho más de 170 personas salieron de la zona. Asimismo, se conoció que en las últimas horas en Guapi, municipio cercano a Argelia, se denunció que al menos 35 personas de las veredas Calle Larga, San Agustín y Belén, se deplazarob forzosamente ante el temor generado por las disputas entre grupos armados ilegales. Esta información, según las autoridades locales, está siendo verificada para así poder activar rutas de atención. ¿Qué pasa en Argelia, Cauca? Una de las tantas advertencias que se ha hecho sobre la situación en Argelia, se hizo a través de la Alerta Temprana 047-20 de la Defensoría del Pueblo, entidad que identificó una serie de contextos que ponía a esta zona y a sus habitante en un riesgo constantes. Esto motivado por varias razones, iniciando con que históricamente ha sido un corredor de distintos grupos armados no estatales, cuyas dinámicas violentas se han transformado sobre el territorio, en el hay intereses por el control de las economías ilegales que se desarrollan allí como las relacionadas con la circulación de armas y también de insumos para la transformación de coca para su comercialización. A esto se suma que este punto conecta hacia el Océano Pacífico, el departamento de Nariño, el norte del departamento del Cauca y con la vía Panamericana que interconecta todo el sistema de tránsito del país. “Este factor, aunado a las brechas de oferta social en las zonas rurales de este y los otros municipios del sur del Cauca, posibilita la siembra de extensas plantaciones de coca, que pueden alcanzar hasta las 12.000 hectáreas (Ha). La hoja de coca posteriormente se procesa como única fuente de ingresos para las comunidades que habitan en territorio. Adicionalmente, los laboratorios de cristalización de la base de coca y por supuesto los canales de venta que emergen de forma paralela y conforman un gran clúster de producción y comercialización del producto”, se lee en el documento de la Defensoría. La confluencia de estos factores, acentuado con la falta de políticas efectivas de seguridad, ha provocado que sean constantes los enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial y sus economías, a lo que se suma la imposición de mecanismos violentos de regulación social sobre la población. Este municipio hace parte del sur del Cauca, subregión que ha sido afectada por el conflicto armado inicialmente por la presencia de las FARC-EP con sus frentes 60, 8 y 29 y posteriormente por la llegada de las AUC con el Bloque Calima. Aunque la comunidad esperaba que este panorama cambiara en algo con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la realidad es que el contexto de amenaza se ha venido complejizado. Una vez las FARC-EP abandonaron las zonas que controlaban y se dirigieron a los espacios definidos para iniciar su desarme y reincorporación a la vida civil, otros actores armados ilegales buscaron fortalecerse, posicionarse y expandirse hacia estos sectores. Así, al momento se alerta de presencia de grupos disidentes de la extinta guerrilla Farc-ep, quienes retornaron para retomar el control territorial a través del Frente Carlos Patiño, el cual fue respaldado inicialmente por la Columna Móvil Jaime Martínez. Igualmente, hay presencia del ELN a través del frente José María Becerra. Expone la Defensoría del Pueblo que “con el fortalecimiento de la presencia y control territorial de las facciones disidentes de las FARC-EP en el actual escenario, el ELN se ha replegado hacia territorios del Pacífico caucano; sin embargo, constantemente hacen presencia en las zonas que estaban bajo su control, generando escenarios de riesgo adicionales en el marco de posibles combates con interposición de población en general, en un claro desconocimiento del principio de precaución establecido en el DIH”. A todo esto se suma, como contaba el investigador de Pares Juan Manuel Torres que, “en Argelia, precisamente, lanzaron un operativo para la retoma del Cañón del Micay con más de 2000 soldados. Además los combates alrededor de esta zona ya llevan muchas semanas, casi dos meses de combate entre los distintos actores legales e ilegales, en los que es la población civil la que queda en medio del fuego cruzado”.

Por: Lina Gaitán Mateus. Investigadora Pares. A diario se conoce información sobre las masacres cometidas a lo largo y ancho del territorio colombiano a través de los medios de comunicación y organizaciones dedicadas a hacer el seguimiento de estas cifras; paralelo a ello, surge la interrogante sobre el número de hechos de este tipo que han ocurrido en lo que va de 2021. Por esto, mediante la triangulación de Organismos no Gubernamentales, prensa y los testimonios de las personas en las regiones donde la fundación Paz & Reconciliación tiene presencia, presentamos este consolidado de las masacres cometidas en 2021. Una tragedia que parece no tener fin La contrastación de fuentes indica que, durante el primer mes de 2021, se cometieron ocho masacres que dejaron un saldo de 34 víctimas mortales. Este panorama no parece mejorar para el mes de febrero, pues al día hoy se reporta la ocurrencia de ocho masacres; estos hechos suman un total de 66 víctimas mortales durante este año. Esta forma de violencia se ha presentado en lugares que, en el imaginario nacional, se relacionan con el largo conflicto armado vivido en el país. Este es el caso de Caquetá, en donde se registró la primera masacre de 2021 el domingo 10 de enero: en el hecho ocurrido en el sector de Tres Esquinas, jurisdicción de Florencia, resultaron heridas siete personas y el saldo de víctimas mortales fue de tres. Ese mismo día, en el otro extremo del país, se registró la masacre de tres personas en el sector conocido como La Cuarenta, en Betania, Antioquia. Este departamento al día de hoy suma la perpetración de cuatro masacres, dos de ellos ocurridos en el mes de enero. En el municipio de Tarazá, ubicado en el Bajo Cauca Antioqueño; la violencia se ha focalizado en la población joven, como evidencia el asesinato de cuatro menores de edad en el barrio Las Palmas el día 18 de enero; pero también ha estado concentrada en los campesinos y habitantes que buscan sobrevivir a la coyuntura generada por la pandemia y al continuo abandono estatal, haciendo frente a las escasas oportunidades laborales. Aunque en el caso de Tarazá algunos organismos internacionales como la OCHA registran tres masacres en este territorio para el mes de enero, la información recopilada mediante diálogos con la administración municipal y la Policía local por Ximena Sierra, enlace territorial de PARES en el Bajo Cauca Antioqueño, confirma la ejecución de dos hechos que han cobrado la vida de siete personas a lo largo de 2021. La profundización del olvido A finales de enero las masacres se concentraron en la costa pacífica nariñense. Muestra de ello fueron el hallazgo de cinco (5) cuerpos en tres (3) fosas comunes ubicadas en la vereda Fátima, en los límites entre Roberto Payán y Olaya Herrera, y el hallazgo de los cuerpos de cuatro (4) jóvenes caucanos desaparecidos desde el viernes 29 de enero en una camioneta ubicada en el corregimiento Los Naranjos, del municipio de Policarpa. Aunque se presume que estos jóvenes fueron asesinados en los últimos días de enero, debido a que sus cuerpos se encontraron el lunes 1 de febrero, este hecho se reporta como la primera masacre de febrero. A estos hechos se suma la desaparición de once (11) personas que se dirigían al municipio de Mosquera, a quienes se vio por última vez el miércoles 13 de enero; los cuerpos de cinco (5) de ellas fueron encontrados en los días posteriores al 20 de enero en el distrito de Tumaco y, dado el tiempo que ha transcurrido desde que se tuvo noticias de ellos, sus familiares asumen que la totalidad del grupo fue asesinado y que sus cuerpos fueron arrojados a una de las múltiples vertientes hídricas que alimentan al departamento de Nariño. Al respecto la plataforma Verdad Abierta registra ocho (8) víctimas mortales en Tumaco relacionadas con este crimen, lo que corresponde con la información del Observatorio de Derechos Humanos de la diócesis de Tumaco. La situación en esta región refleja el panorama crítico al que se enfrentan sus habitantes al ser uno de los lugares que más afectados por el abandono estatal y la nula presencia institucional, en conjunción con la presencia y fortalecimiento de estructuras armadas que utilizan al departamento como fortín de guerra: según la información recopilada por PARES, en Nariño hacen presencia más de 13 GAO. Por su parte, los acontecimientos en el nororiente del país evidencian el mantenimiento de una confrontación en la que los principales afectados son los civiles y a la que, hasta el momento, el Estado ha sido incapaz de responder. El pasado viernes 29 de enero la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la masacre de tres campesinos en la vereda Totumito-Carbonera de Tibú, Norte de Santander, mientras trabajaban en una finca en inmediaciones de la frontera con Venezuela; sin embargo, días después, dicha entidad confirmó que estas personas estaban desaparecidas y dos de ellas aparecieron con el transcurso de las horas. Este crimen, que generó el desplazamiento de 80 familias compuestas por aproximadamente 400 personas, es una alerta de la crisis humanitaria que se vive en esta zona debido a la disputa entre el ELN, Los Rastrojos y las AGC. Pero también evidencia la dificultad de tener un registro claro de este tipo de violencia debido a la multiplicidad de violaciones de Derechos Humanos que se viven en el país. Las poblaciones afectadas y el poder del lenguaje Una de las dificultades en registrar esta violencia es que en ocasiones algunos de estos hechos son registrados como producto de confrontaciones entre bandas criminales y como fruto de ataques sicariales. La denominación de estos crímenes bajo esos rótulos, combinada con los señalamientos de que las víctimas eran integrantes de grupos u organizaciones criminales, da pie a la generación de relacionamientos de las víctimas con economías o actividades ilegales y desvirtúa a estos crímenes en su condición de masacres. Ello genera la reducción de estos hechos a un problema de seguridad vinculado con la delincuencia común, desconectando su análisis de la situación de posconflicto que atravesamos actualmente y del contexto de violencia que nos ha desangrado como sociedad durante gran parte del siglo XX y lo corrido del siglo XXI. Y es que dicho vinculo es innegable si se mira el recrudecimiento de la violencia en todo el país durante los últimos tres años. El incumplimiento del Acuerdo Final de Paz, la estrategia militarista como respuesta a las vulneraciones contra personas líderes y defensoras de Derechos Humanos, la proliferación de estructuras armadas y grupos organizados, y la política de seguridad enfocada de manera miope en el problema del narcotráfico son el precedente del aumento de los asesinatos selectivos, las desapariciones, los desplazamientos forzados y las masacres que hoy vivimos. Por su parte, el fortalecimiento de los GAO en los territorios se evidencia en el amplio repertorio de su actuación armada, pero también en los grupos poblacionales a los que se está atacando actualmente pues de los ocho hechos reportados para el mes de enero, en tres de ellos todas las víctimas eran menores de edad o jóvenes, y en otros tres hechos al menos una de las víctimas mortales pertenecía al rango de edad de los 14 a los 28 años. Adicionalmente, los pobladores y trabajadores de las zonas rurales son otra de las poblaciones que se han visto mayormente atacadas por este tipo de violencia. Los presuntos responsables detrás de estos hechos Las masacres cometidas en el mes de enero, además de la temporalidad, tienen otro elemento en común: la falta de esclarecimiento respecto a los responsables de estos delitos. Solo en uno de los casos se ha identificado alguna conexión con un GAO: la masacre en Tarazá del lunes 18 de enero se relaciona con el Clan del Golfo y los Caparros. También se aprecia un accionar común en estas masacres: los atacantes irrumpen en establecimientos comerciales, residencias o lugares de trabajo en los que se encuentra la población civil, les retienen bajo amenazas y abren fuego indiscriminadamente. En algunos casos preguntan por una persona en particular, como ocurrió en Buga; pero en la mayoría de estos sucesos la violencia no parece estar dirigida contra alguien específico. Por el contrario, en varios de los lugares donde se han cometido las masacres, los hechos se asocian a las disputas por el control territorial entre diversos actores armados. Lo anterior puede ser una evidencia de la manera como el confinamiento ha intervenido en las dinámicas de violencia de Colombia: No sólo ha modificado nuestra cotidianidad, sino también los métodos de acción de los actores armados llevando estos hechos, que estaban asociados al ámbito de lo público, a los lugares relacionados con la privacidad y la intimidad. En esta medida es posible asegurar que las masacres se asocian a la presencia, fortalecimiento y multiplicidad de actores que tienen injerencia en el territorio nacional. Tal como mencionó PARES mediante el informe Seguridad en tiempos de pandemia: legados de guerra y crimen organizado en Colombia, para agosto de 2020 se reportaba que los Grupos Armados PostFarc (GAPF) operaban en 113 municipios, el ELN tenía presencia en 160 municipios y el Clan del Golfo en 211 municipios. En Antioquia se registra la presencia de diversos frentes del Clan del Golfo y el GAO los Caparros, también llamados Caparrapos, junto a los GAPF Frente 36 y Frente 18; a ello se suma la disputa del ELN por mantenerse en este territorio. Por su parte, de la multiplicidad de actores que tienen injerencia en Nariño cabe destacar al Clan del Golfo, el GAO Los Contadores y Los Marihuanos, junto a los GAPF Frente Stiven González, Columna Móvil Jaime Martínez, Frente 30 – Columna Rafael Aguilera, y las Guerrillas Unidas del Pacífico. Finalmente, en el Valle del Cauca se registra la presencia de los GAO La Empresa y La Local, quienes se mantienen en constantes disputas y alianzas estrategias con el Clan del Golfo y el GAPF Gente del Orden. Además, para este territorio sobresale la presencia de la banda delincuencial Los 300. El panorama que no mejora para este mes Durante el mes de febrero se han confirmado seis masacres en el país. Como se mencionó unas líneas atrás, el hallazgo de los cuerpos de cuatro jóvenes caucanos en Policarpa se registra como el primer crimen de este tipo en el mes. A este hecho le siguió el asesinato de tres (3) personas en el municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, en la tarde del día lunes 1 de febrero. A medida que transcurrieron los días esta cifra fue aumentando, ocurriendo una masacre cada dos días: el martes 2 de febrero en la vereda Tamaco, en Tarazá, fueron asesinados tres (3) mineros; presuntamente, ese crimen se dio después de que las víctimas se negaran a pagar extorsión a uno de los Grupos Armados Organizados (GAO) que operan en la región. En la mañana del 4 de febrero fue confirmada la masacre de tres (3) personas en el sector de La Balastrera, corregimiento El Plateado, en el municipio de Argelia; cabe señalar que el GAPF Frente Carlos Patiño ha asumido la responsabilidad de este hecho. Y el sábado 6 de febrero tres (3) personas fueron asesinadas tras la incursión armada en el corregimiento El Pedregal de un grupo que oscilaba entre 12 y 15 hombres armados. Las víctimas, identificadas como Octavio Muñoz Salazar, de 40 años, y sus hijos Octavio y Bertulfo Muñoz Salazar, de 15 y 17 años respectivamente, fueron atacadas en la vivienda en la que se hospedaban, a 10 km de la cabecera municipal; sus cuerpos evidenciaban múltiples señales de tortura. Posterior a esa secuencia de crímenes, se conoció la masacre de cinco (5) campesinos en una finca cafetera en el corregimiento Tapartó, ubicado en el municipio de Andes, Antioquia en la madrugada del miércoles 17 de febrero. Presuntamente un grupo de hombres armados ingresó a la finca en la que se encontraban y les disparó indiscriminadamente. El fin de semana del 20 y el 21 de febrero se denunciaron nuevamente masacres en distintos puntos del país: la tarde del sábado 20 tres personas de la comunidad wayuu fueron asesinadas mientras construían un osario en el cementerio de la comunidad de Cuera, en la vía que conecta a Riohacha y Maicao. Otras cuatro personas resultaron heridas, y la comunidad junto a ONG como Nación Wayuu vinculan este delito con los conflictos territoriales generados por empresas como Enel Green Power. El hecho más reciente ha sido la masacre en el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, ubicado en la zona rural de Tumaco, cometida el 21 de febrero. Los acontecimientos se enmarcan en la incursión de un grupo armado denominado Iván Ríos, identificado por las comunidades como una disidencia del GAO Los Contadores, el cual aún está en el territorio; esto ha impedido determinar si se cometió una o más masacres, pero se estima que el número de personas afectadas es de ocho (8). Estos crímenes no solo develan la espiral en aumento de las masacres durante el 2021, sino también el ensañamiento de éstas y otras formas de violencia en los territorios que históricamente han sido afectados por la guerra, pero donde a la par se han tejido formas de resistencia ante la violencia que cada día parece normalizarse con mayor fuerza. Este, junto a los múltiples esfuerzos de otras organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación alternativos, es un llamado y una exigencia al gobierno para que impida el silenciamiento y exterminio de esas otras formas de vida.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. Distintos parches y organizaciones se dieron cita este miércoles 24 de febrero en varios puntos de Bogotá con dos banderas claras: el desmonte del ESMAD y una reforma inminente de la Policía Nacional. Considero importante, a la luz de esta fecha, presentar grosso modo lo que ha significado en términos de victimización el papel del ESMAD y la Policía Nacional. Para ello traigo a colación el trabajo investigativo de Temblores ONG que encontrará a continuación. Los lastres del Escuadrón Hay que hacer hincapié en que este 24 de febrero se cumplen 22 años de la creación de lo que en Colombia se conoce como Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Del cual, por ejemplo, durante las más de dos decadas de funcionamiento han registrado al menos 35 asesinatos perpetrados a manos de integrantes de esta dependencia de la Policía Nacional. Temblores ONG ha venido advirtiendo que la impunidad para el ESMAD es alarmante. Un ejemplo de ello se puede evidenciar en que entre 2017 y 2019 la Fiscalía General de la Nación “solamente abrió una (1) investigación a un agente del ESMAD en 2019”. Ésta, según el documento, fue por el delito de lesiones personales culposas (artículo 111 del código penal). Según el informe de ‘Silencio Oficial’ hubo 3 asesinatos a manos del ESMAD en el periodo presidencial de Andrés Pastrana. Se perpetraron 11 en los dos gobiernos del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Los periodos presidenciales de Juan Manuel Santos fueron los años en los que el ESMAD mató más personas con 18 asesinatos. En lo que va corrido del gobierno de Duque han asesinado tres (3) personas. Las personas más victimizadas por parte del ESMAD son campesinos con un 26,5% de los casos, estudiantes (26,5%), indígenas (26,5%), niños y niñas (8,8%), habitante de calle (2,9%) obrero (2,9%) y (2,9%) vendedor ambulante. Ahora bien, las edades más victimizadas son entre 18 y 26 años pues concentran el 35,5% de los casos y entre los 27 y 35 años con el 11%. Cómo nació el Escuadrón De acuerdo a cómo se autodefinen en la página de la Policía Nacional; el ESMAD “es la dependencia del Comando de Unidades Operativas Especiales, integrada por personal entrenado y capacitado, encargado del control de disturbios, multitudes, bloqueos acompañamiento a desalojos de espacios públicos o privados, que se presenten en zona urbana o rural del territorio nacional, con la eventual materialización de hechos terroristas y delincuenciales, para restablecer el ejercicio de los derechos y libertades públicas.” Desde 1999, bajo el Gobierno de Andrés Pastrana, se creó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), como una medida transitoria durante el marco de las marchas cocaleras que se realizaban en el sur del país. Dos meses después se convirtió en una Fuerza Pública y permanente. Desde ese momento, la historia de este organismo ha estado atravesada por asesinatos, uso desmedido de la fuerza, detenciones arbitrarias, y una constante petición por parte de muchos sectores por la regulación o desmonte del Escuadrón. Ahora bien, mediante resolución # 01363 del 14 de abril de 1999, el Director General de la Policía formalizó el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Para de julio de 2007, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se aprobó la Resolución #02467 por la cual se creó el distintivo del Curso de Control de Multitudes de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional. Por otro lado, el Esmad ha registrado un notable incremento en el número de agentes que han integrado el organismo, además de un aumento en las cifras de las inversiones que el Estado hace al Escuadrón. Haciendo referencia a lo nombrado anteriormente, en el año 1999 el Esmad era integrado por seis (6) oficiales, ocho (8) suboficiales y 200 patrulleros. Hoy por hoy, según la página de la Policía Nacional; al organismo pertenecen 3.580 hombres y mujeres, ubicados en los departamentos de Huila, Tolima, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Santander, Magdalena Medio, Córdoba, Antioquia, Meta, Casanare, Atlántico, Cesar, Bolívar, La Guajira, Bogotá y Cúcuta. Detrás del orgullo de la Policía Asimismo, de acuerdo con el más reciente informe de TEMBLORES ONG; en los primeros tres años de implementación del último código de Policía se han registrado 289 personas asesinadas, 39.613 personas lesionadas y se 102 hechos de violencia sexual; a manos de uniformados de la Policía. Tan sólo para 2020, de acuerdo con esta ONG, la Policía Nacional habría asesinado a 86 personas. Ahora bien, de acuerdo con el informe ‘Bolillo, Dios y Patria’ de Temblores ONG; la violencia homicida de la Policía Nacional se concentró especialmente en estas cinco (5) regiones: Antioquia (56), Atlántico (46), Bolívar (37), Bogotá (23) y Cesar (19). De igual forma, en el informe se resalta que la calle es un escenario de victimización a manos de la policía. Pues del total de asesinatos, 192 tuvieron ocurrencia en el espacio público. Según el informe son 241 hechos de violencia sexual perpetrados por la Fuerza Pública en Colombia, entre 2017 y 2019. De los cuales el 42% fueron cometidos a manos de miembros de la Policía Nacional (139). Cabe aclarar que estas cifras están sujetas a la dificultad que le supone a las mujeres. Bien sea por el sistema judicial o por las represalias que pueden tomar en su contra. Con todo y subregistro se puede decir que cada 10 días “ocurre un hecho de violencia sexual en el que el victimario es un miembro de la Policía”, precisa el informe. Temblores también señala la violencia física por parte de los miembros de la Policía. Son, entre 2017 y 2019, 26.465 hechos de violencia física en la vía pública. Siendo la capital de la República la ciudad en donde más se cometieron casos con 10.271. De acuerdo con el informe la violencia física infringida por la Policía Nacional a las mujeres fue de la siguiente forma: 916 casos en contra de estudiantes, 344 en contra de usuarias de drogas, 307 en contra de vendedoras ambulantes, 176 en contra de mujeres negras, 128 en contra de mujeres bajo custodia, 60 contra mujeres indígenas, 51 en contra de trabajadoras sexuales, 50 en contra de mujeres habitantes de calle, 37 de LGBTIQ y 12 mujeres campesinas y 1 Mujer ROM. Temblores en su informe detalla que la violencia física a manos de la Policía se ejerce según factores de vulnerabilidad. Por ello, precisa que las cinco (5) poblaciones más afectadas fueron; usuarios/as de drogas con 3.214 casos; Negros, palenqueras y raizales (1.492 casos), personas bajo custodia (1.396) e indígenas (265). En términos de justicia Temblores advierte que de los 39.613 casos de violencia cometidos por la Policía Nacional sólo el 2,2% de esos casos han terminado en investigación penal. Ahora, de los 8.167 casos que reportó la Procuraduría General de la Nación; sólo el 1% concluyó en una condena disciplinaria.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Recientemente la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, presentó su informe anual sobre Colombia, en el que da cuenta de varios de los escenarios de violencia que durante lo largo del año pasado desde distintos sectores se venían alertando. Este será presentado ante el consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza) el próximo 25 de febrero, y en él se hace un mapeo de lo que fue el 2020 en cuanto a seguridad en el país, un año además atravesado por la pandemia Covid-19. Este panorama se da en cuanto a temas relacionados con asesinatos a líderes/as sociales, masacres, desplazamientos forzados y amenazas. El balance: crítico. Pero además evidencia que aunque se han creado mecanismos desde el Gobierno Nacional para atender esta alarmante situación, estos se han quedado cortos, y poco se ha avanzado realmente en cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz, y por esa vía en una reforma rural integral que permita avanzar con la transformación territorial, lo que es urgente si se tiene en cuenta la situación de violencia que viene acentuándose. Pues bien, según lo informado por la funcionaria de la organización, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, en Colombia ocurrieron al menos 76 masacres, en las que fueron asesinadas 292 personas, entre ellas 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 personas afrodescendientes. Hay que señalar que un panorama similar no se registraba desde 2014, e incluso en comparación con 2019 estos hechos tuvieron un aumento del 111%, siendo este año, además, en el que más masacres han ocurrido desde la firma del Acuerdo de Paz (2016), momento en el que hubo un disminución de hechos, reportándose en 2017 11 masacres. Empero, hay que nombrar, que desde 2018 este tipo de vulneraciones han venido en aumento. No hay que olvidar que sobre los casos de 2020 otros cinco están en verificación por parte de esa oficina. Adicionalmente, el organismo también presentó un balance, desde el trabajo que han adelantado, sobre los líderes y lideresas sociales que fueron asesinados/as durante el año pasado. Según esto, se dio a conocer que la Oficina recibió información de 133 casos, de estos se han logrado verificar 90 hechos, y otros 25 están en verificación, mientras que 18 de ellos no se pudieron verificar. Sobre esto, se detalló que 7 de estos asesinatos fueron cometidos contra mujeres, 82 contra hombres, además, de estas personas 18 eran indígenas, 03 afrodescendientes y una 1 pertenecía a la comunidad LGBTIQ. A esto se suma, que durante lo que va del 2021 se han podido identificar 21 casos de asesinatos a líderes/as, de los cuales 1 se ha podido documentar y 20 siguen en seguimiento. Como se ha venido insistiendo esto dos tipos de vulneraciones se han concentrado en zonas específicas del país, una de ellas es Antioquia y otras es el Cauca, principalmente, lo que no significa que estos sean los únicos departamentos con altos índices de violencia de este tipo, pues el 81% de esos asesinatos ocurrió, además de los puntos anteriormente nombrados, también en el Chocó, Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. Según lo expresado por Juliette de Rivero en El Espectador, esto tiene que ver con que “hay algunas regiones que están particularmente afectadas por esta violencia, y esto corresponde a regiones donde la presencia del Estado es bastante débil. También son regiones donde los índices de pobreza multidimensional son muy altos. Nosotros pensamos que son contextos que favorecen la violencia y la presencia de estos actores armados”. Por otro lado, se indicó que también se pudo hacer seguimiento de los hechos de desplazamiento forzado durante el 2020: se registraron 94 eventos, los cuales llevaron a dejar sus territorios a 25.366 personas. De nuevo, estos ocurrieron en su mayoría (76%) en zonas como Antioquia, Chocó y Nariño. Por su parte, 74.312 personas sufrieron confinamiento por las restricciones, no relacionadas con la pandemia, impuestas a la población por parte de actores armados no estatales y grupos criminales. “En las misiones realizadas por la oficina se observó el estado de desprotección de las poblaciones y de sus liderazgos en estas localidades. Muchos de estas poblaciones han compartido con la oficina su sentimiento de zozobra y miedo frente a esta situación. La ausencia de una presencia integral del Estado, en algunas regiones del país, limita la capacidad del Estado para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación de las personas y grupos más vulnerables”, se lee en el documento de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Respecto a lo anterior vale la pena recordar y traer a colación que el año pasado la Fundación Paz y Reconciliación a través del informe ‘Un balance de la guerra y el crimen en Colombia’, analizó que esta violencia en ascenso durante el 2020 estaría relacionada con lo que fue el crecimiento durante ese año de los Grupos PostFarc o Disidencias, el ELN y los Grupos Armados Organizados, los que han casi que doblado su presencia armada territorial en los últimos dos años. Los Grupos Armados PostFarc pasaron de operar en 56 municipios en 2018, a 113 a agosto de 2020. El ELN pasó de estar en 99 municipios a más de 160 en 2020, y el Clan del Golfo opera en algo más de 200 municipios actualmente. Volviendo a la comunicación de la ONU, por último, la Alta Comisionada también afirmó que durante el año pasado también se recibió información acerca de 795 amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos; de estas, 67% de las víctimas fueron hombres, 26% mujeres, además, el 2% informó ser parte de la comunidad LGBTIQ. Sobre estos hechos se conoce que el 44% de los casos ocurrió en áreas rurales; el 14% en Bogotá; y el 42% en otras zonas urbanas. El mayor número de casos fue reportado en Bogotá y Cauca. Adicionalmente, se indica que la Fundación para la Libertad de Prensa registró 449 violaciones contra periodistas, incluyendo 152 amenazas, asimismo la Oficina documentó dos casos de homicidios de periodistas.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El dinero fue a parar en las cuentas de Carlos Sarmiento Ángulo; Casa Editorial El Tiempo, el Hotel Estelar y la Concesionaria Vial Andina, Coviandina. También de Jaime Gilinski Bacal, y algunas de las empresas de su grupo empresarial tales como Productos Yupi, Plásticos Rimax, Hoteles Charleston Bogotá y Publicaciones Semana. Carlos Ardila Lulle, a través de Gaseosas Postobón, Ingenio Incauca, Cristalería Peldar, Los Coches, Atlético Nacional, RCN Televisión, RCN Radio y Win Sports. Asimismo, también los beneficios de este programa los evidenció Alejandro Santo Domingo por medio de las ayudas que recibieron Cine Colombia, Caracol Televisión y hoteles Decamerón. Imagen: Pares. De la pandemia, y de los primeros meses de confinamiento quedan muchas imágenes en la cabeza. Por ejemplo, durante ese periodo los trapos rojos colgados en muchas casas hicieron que muchos/as voltearan sus ojos hacia la periferia, donde para muchos/as el temor a no tener qué comer era mayor que al de contraer el virus. Esto lleva a otras de las imágenes de esos días; aunque lo decretado era permanecer en casa, muchas calles se llenaron de personas en plantones exigiendo que se dieran garantías para que la gente no tuviera que salir a las calles, pues muchas familias solventaban sus gastos a través del empleo informal, uno de los primeros sectores más gravemente afectados por el aislamiento preventivo obligatorio. Además, quienes representan un grueso de la población, pues hay que recordar que el DANE informó que para el último trimestre del año pasado la tasa de empleo informal llegó al 49 %, cerca de 1,4 puntos porcentuales por encima del mismo periodo de 2019. Así, durante ese tiempo parte del paisaje eran estos actos de protesta en los que se pedían ayudas del Gobierno Nacional y gobiernos locales en cuanto a alimentación, vivienda y subsidios para otras necesidades básicas. Las respuestas: por un lado, el Gobierno, que además ha mostrado esto como uno de sus grandes logros, ha entregado mensualmente a cerca de 3 millones de familias el llamado Ingreso Solidario, no obstante, este solo es de $160.000, que no varía si la familia tiene 2, 3, 6 integrantes, lo que insistentemente se ha advertido que es insuficiente para atender la crisis económica por la que pasan muchas personas, pues, por ejemplo, si en la familia hay 3 integrantes este apoyo financiero significa tan solo cerca de $1.700 diarios por cada persona durante los 30 días del mes, lo que no representa ni siquiera lo que vale un pasaje diario en el sistema público de transporte. Por otra parte, durante algunos meses fueron entregados algunos mercados, sin embargo, lo que se hizo con muchos de los recursos para la entrega de estos fue un botín político y de corrupción, situación que en su momento fue alertada por la Fundación Paz y Reconciliación, así como por la Contraloría General de la Nación, quienes demostraron situaciones de sobrecostos y entrega de contratos a empresas que muy poco tenían que ver con los servicios por los que estaban siendo contratadas. Adicionalmente, sin ser poco lo anterior, en muchas de las manifestaciones y plantones donde se reclamaba por lo anterior, lo que se envió y la respuesta dada fue la presencia de ESMAD, que incluso en muchas ocasiones generó graves afectaciones contra los/as manifestantes. Lo anterior además se vio acentuado con que el Gobierno Nacional, incluso en medio de la crisis económica dada la pandemia y con todas las afectaciones sociales que esto trajo, decidió, por lo menos en tres ocasiones, destinar recursos para el fortalecimiento del ESMAD; en abril fueron dados 7.900 millones de pesos para adquirir tanquetas, en mayo fueron invertidos cerca de dos millones 200 mil dólares, es decir, más de $9.500 millones para la adquisición de municiones menos letales para el Escuadrón, y en diciembre se destinaron más de $7.000 millones para la compra de otras tanquetas que serían distribuidas en regiones como Arauca, Norte de Santander, Cauca y César. Todo mientras las personas siguen exigiendo que les sean entregadas ayudas reales, que realmente mitiguen los efectos económicos que han dejado las restricciones que se han implementado con la pandemia. No obstante, a la fecha no ha pasado mayor cosa. Mientras que se muestran cifras tan críticas como que la tasa de desempleo en Colombia durante el 2020 se ubicó en el 15,9%, que al menos 10,1 millones de colombianos reportaron haber tenido una reducción en su actividad económica o ingresos durante la pandemia. Además, de las 41,2 millones de personas en edad de trabajar, un promedio de 7,4 millones (18,1%) no ha podido pagar sus facturas, y 6 millones (14,6%) manifestaron tener problemas para conseguir alimentos o productos de limpieza durante 2020. –Información del DANE-. Imagen: Pares. El dinero se fue para los más millonarios del país Como una realidad alterna, mientras todo esto pasaba quienes sí estaban recibiendo apoyos económicos significativos eran los ricos del país, los de las grandes empresas. Esto a través del Programa de Apoyo al Empleo Formal –PAEF-, uno de los programas creados por el Gobierno nacional para atender la crisis que afectó a muchos sectores, entre ellos el empresarial, en donde muchos/as debieron cerrar definitiva o temporalmente sus empresas a causa del estancamiento económico que produjo las medidas restrictivas para mitigar el riesgo y niveles de contagio de Covid-19. Pues bien, este programa lo que buscaba era financiar la nómina de los/as empleados/as de las empresas que se postularan al subsidio, esta ayuda representa el 40% de un salario mínimo, es decir, $351.000 por cada empleado que tuviera la empresa. Para acceder a éste se debía estar registrado como persona jurídica, cumplir con requisitos tales como haber constituido la empresa antes del 1 de enero de 2020, contar con una inscripción en registro mercantil y demostrar la necesidad del aporte estatal certificando la disminución del 20% de sus ingresos. Esto permitió que entre junio y noviembre, según los datos entregados por la UGPP, fueran en total 3.648.193 trabajadores a los que se les pudo pagar la nómina con la ayuda del Gobierno, con una inversión de 5 billones de pesos. No obstante, sobre esto hay varios puntos que cuestionar. Recientemente, Paola Herrera, periodista de La W Radio, presentó a través de este medio comunicación una investigación que permite analizar varias cosas de lo que pasó durante esos meses con el PAEF. Por un lado, hay que mencionar que de las 1.503.363 empresas formales que hay en el país, 139.032 accedieron a esta ayuda, a la que se postularon 152.000 empresas, quedando seleccionadas cerca del 91%, pues estas cumplían con los requisitos. De estas 3.012 están constituidas como grandes y muy grandes empresas con más de 200 empleados y 136.000 como micro, pequeñas y medianas empresas. Aunque con esto el panorama parece favorable, basta con mencionar que, como se informó en el medio de comunicación, Confecámaras reporta que en el país hay 3.851 grandes compañías, lo que significa que el 80% de estas obtuvieron el beneficio. Mientras que de las 1.5 millones empresas de entre 10 y 200 empleados (mipymes), solo el 9% recibieron el apoyo. Esto representado en el dinero que se destinó para el PAEF, deja ver que de los 5 billones destinados, $2.3 billones terminaron en manos del 80% de las empresas grandes y muy grandes, y $2.6 billones para el 9% de las mipymes. Más exactamente parte de este dinero fue a parar en las cuentas de Carlos Sarmiento Ángulo; Casa Editorial El Tiempo, el Hotel Estelar y la Concesionaria Vial Andina, Coviandina. También de Jaime Gilinski Bacal, y algunas de las empresas de su grupo empresarial tales como Productos Yupi, Plásticos Rimax, Hoteles Charleston Bogotá y Publicaciones Semana. Carlos Ardila Lulle, a través de Gaseosas Postobón, Ingenio Incauca, Cristalería Peldar, Los Coches, Atlético Nacional, RCN Televisión, RCN Radio y Win Sports. Asimismo, también los beneficios de este programa los evidenció Alejandro Santo Domingo por medio de las ayudas que recibieron Cine Colombia, Caracol Televisión y hoteles Decamerón. Con todo esto, Iván Jaramillo, abogado Especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, quien también es docente de la Universidad del Rosario e integrante del Observatorio Laboral de la misma institución, analiza que: “Esto demuestra que aquí no se tiene en cuenta que en este país prevalecen las pequeñas y medianas empresas, lo que hace que el PAEF como fue pensado no tuviera en cuenta este contexto, y menos que se pensara en los emprendimientos que no se han formalizado, lo que provocó que estas ayudas no llegaran a quienes debían prioritariamente llegar. Esto acentuado con que la priorización intencionalmente o no, no fue lo suficientemente idónea y terminó llegando a quienes realmente no tenían la necesidad de estas ayudas”. Así vale la pena cuestionar, si realmente dar esta cantidad de dinero a estos empresarios ayuda en algo al panorama nacional, en el que son millones las familias que ni siquiera reciben el Ingreso Solidario porque no se tenía registro de estas, o porque no se encontraban en la población priorizada. Asimismo, urge conocer cuáles fueron los motivos que llevaron a entregar estos recursos a estos empresarios, ¿quién hace veeduría de esto?, ¿será este dinero otra de las tantas inversiones que se han hecho ignorando las verdaderas prioridades que debería tener en este momento el Gobierno Nacional?

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. “Es una verdadera matanza en la zona de Llorente, en sus veredas y en zona de resguardos indígenas que lo rodean”. Son las palabras de algunas de las palabras a las que Pares ha podido contactar para intentar establecer cuál es la magnitud de los hechos ocurridos en la zona rural de Tumaco. Mientras los medios hablan de una masacre de mínimo cinco (5) víctimas; el ministerio de la Defensa ya habla de cuatro (4) hechos diferentes. Sin dar cuenta de qué sucede frente al asesinato de por lo menos 11 personas en menos de 24 horas. De acuerdo con lo expresado por líderes de Consejos Comunitarios, hay un claro desconocimiento de las dinámicas de violencia que hay en Alto Mira y Frontera. Principalmente porque a estos líderes que viven en medio de dichas dinámicas no son invitados a hacer parte de estos Consejos de Seguridad. Para algunos de los líderes de estos consejos; la verdad es que el ministro de Defensa, Diego Molano; éste no hizo alusión a “los hechos de ayer en Alto Mira y Frontera, sino, a hechos que lamentablemente se volvieron cotidianos en los corregimientos de Llorente y Guayacana”. ¿Qué dijo el ministro? Conforme a las conclusiones del Consejo de Seguridad, realizado este 22 de febrero en Tumaco, entregadas por el ministerio de Defensa —Diego Molano—; “Lo ocurrido el fin de semana en Tumaco, Nariño, corresponde a cuatro hechos diferentes de homicidios que presuntamente están relacionados con el intento de control territorial de Grupos Armados Organizados ‘Contadores’ y ‘Oliver Sinisterra’”. Como suele ocurrir en los distintos Consejos de Seguridad de este Gobierno y que se desarrollan tras una masacre o desplazamiento en el país; el ministerio de Defensa ofreció recompensa para dar por “alias ‘El Gringo’ cabecilla del Oliver Sinisterra, por alias ‘Mario 40’ cabecilla de ‘Los Contadores’. También por alias ‘Albeiro’ del Oliver y ‘Uriel’ de ‘Los Contadores’.” Quedan interrogantes A pesar de que con las conclusiones del Consejo de Seguridad se hable de “descartar una masacre”; lo cierto es que lo que ha venido ocurriendo en zona rural del municipio de Tumaco es una escalada de violencia a la que el Gobierno Nacional debe atender sin reparo. De hecho, según el mismo ministerio de Defensa el sábado 20 de febrero fueron encontrados dos (2) cuerpos sin vida en el corregimiento de Caunapi. A su vez, fue hallado —ese mismo día— un (1) cuerpo sin vida en la vereda Villarica. El domingo 21 de febrero fueron encontrados otros tres (3) cuerpos sin vida en el corregimiento de Llorente. También, este mismo domingo, fueron encontrados cinco (5) cuerpos sin vida en la vereda conocida como “Puerto Rico”. Llama la atención la precaria información para dar cuenta de por qué los hechos estarían desvinculados unos de los otros. Dadas las condiciones del espacio tiempo en donde se perpetraron los asesinatos. Es decir, los lugares y ubicaciones y los tiempos en que fueron encontrándose los cadáveres. Paramilitares bajo la fachada de disidentes En Alto Mira y Frontera se le adjudica la masacre perpetrada en este territorio al Grupo Armado PostFARC Frente Iván Ríos. Sin embargo, de acuerdo con las versiones que se manejan en la zona; éstos están usando la fachada de ‘Frente Iván Ríos’ cuando en realidad está integrado por hombres del grupo conocido como ‘Los Contadores’. Un grupo aliado con estructuras paramilitares. De acuerdo con lo dicho por líderes y lideresas en la región la situación para las comunidades de Alto Mira y Frontera es la siguiente: “están cercadas por estos dos grupos enemigos supremamente sanguinarios y cualquier situación del campesinado que lo habita puede ser entendida por el grupo contrario como hecho de amistad o simpatía con el rival, entonces se dan estos lamentables hechos de sangre.” Asimismo, según los habitantes de las veredas de Alto Mira y Frontera habían sido amenazados de muerte de no salir de manera forzada de sus territorios. Según un panfleto —presuntamente del Frente Iván Ríos— se hacía un llamado a las comunidades para no abandonar sus casas. Pues según el panfleto; el GAPF Oliver Sinisterra había amenazado a la población de un desplazamiento, en un lapso de 48 horas para hacerlo. También, hacían manifiesto la disputa que se está adelantando en contra de la estructura ‘Oliver Sinisterra’. En el panfleto también se insiste en que las comunidades no se metan en “este conflicto (…) no queremos tener que realizar acciones de las cuales se tengan que lamente”, finaliza el mensaje amenazante. De cuál ya las autoridades se encuentran estableciendo a qué grupo pertenece y su veracidad. Por otra parte, a Pares le advierten un hecho sobre este panfleto que tiene que ver con que “este grupo armado ilegal, hace su aparición en Tumaco, con este panfleto adjunto, justamente un día antes en que habitantes de algunas veredas del Alto Mira y Frontera, informaran que, les habían dado 48 para salir del territorio y que esta orden vendría del GAPF Oliver Sinisterra”. ¿Qué se sabe sobre la masacre? Según la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS) los hechos habrían ocurrido de la siguiente manera: En las primeras horas de la mañana del domingo 21 de febrero de 2021 hombres armados, que vestían uniformes de camuflado, ingresaron a la vereda Puerto Rico. Allí arremetieron indiscriminadamente contra un grupo de habitantes que se encontraban en una cancha de microfútbol. Según las versiones del lugar, los hombres se habrían identificado ante la comunidad como integrantes del Frente Iván Ríos. Alrededor de las 11 de la mañana del domingo 21 de febrero de 2021 la situación habría sido puesta en conocimiento de los hechos. A pesar de ello, según ANDAS; pasadas las 2:20 p.m. las comunidades resaltaron la ausencia de presencia militar en la zona. Incluso, muy a pesar que la BADRA del Ejército se encontraba en la vereda La Balsa y cerca de la vereda Brisas de Mataje. Es decir, cerca de la zona en donde se reportaron los hechos victimizantes. *La identidad de las fuentes consultadas se mantienen bajo el anonimato por su seguridad*

Por: Cristian Mauricio Peña Acosta. Investigador Pares. En lo corrido del 2021 se identifican en Norte de Santander dos zonas que exhiben el escalonamiento de los conflictos armados; la zona de frontera entre Colombia y Venezuela, específicamente entre el área rural de Cúcuta, Puerto Santander y Tibú; y la zona alta de la subregión del Catatumbo. Ello, registró para el año en mención una incursión armada de AGC, más de 20 homicidios, desplazamientos colectivos permanentes, cinco (5) secuestros, atentados, enfrentamientos entre grupos armados y combates con Fuerza Pública, entre otros. El cíclico duelo en la frontera Para la zona de frontera del departamento de Norte de Santander, durante lo corrido del año 2021, entre los meses de enero a la segunda semana de febrero, PARES ha registrado 16 homicidios en trochas, donde han sido implementadas armas de fuego para cometer estos delitos. Los casos se concentran para el mes de enero en el municipio de Villa del Rosario, veredas La Parada, Bocono y El Palmar. En las últimas dos semanas, estos hechos se vienen presentando en mayor número sobre la zona rural de Cúcuta, específicamente en el Corregimiento de Banco de Arena, veredas Puerto León y El Infierno, donde se registra el homicidio de William Antonio Rodríguez Martínez, ex edil y líder comunal. En dicha zona fronteriza, donde limitan la zona rural de Cúcuta y Tibú, desde 14 de diciembre del 2020, se manifiestan denuncias por parte de organizaciones sociales y la comunidad en general, sobre una incursión armada, inicialmente compuesta por alrededor de 150 hombres que, el 16 de diciembre, se presentan como Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC o el Clan del Golfo, e indican que su objetivo es establecer el control territorial de manera armada. Desde la presencia de las AGC, se han aumentado los enfrentamientos entre los grupos armados allí presentes. El suceso de mayor impacto, partiendo de dicha incursión armada, sucede el 29 de diciembre del 2020 en la zona rural de Tibú, vereda La Silla, surgiendo un fuerte y prolongado combate entre las AGC y el ELN. Allí, se denuncia un riesgo inminente contra aproximadamente 40 familias, causando el desplazamiento inicial de 80 personas hacia el sector del Ambato, refugiadas en una escuela, manteniendo desde dicho desplazamiento una salida de personas de manera permanente. A finales del mes de diciembre, hasta la última semana de enero, se intensifico el desplazamiento forzado de 250 personas. La incertidumbre en la región es tal, que durante el mes de enero se propagó el suceso de una masacre de tres personas en la vereda Totumito-Carboneras, manifestando la presencia de 17 hombres armados que ingresan a una finca y realizan disparos contra un finquero y algunos trabajadores, generando así el desplazamiento colectivo de familias. Este supuesto hecho de masacre fue investigado y desmentido por la Defensoría del Pueblo, exponiendo que, según testimonios, el grupo armado no realizó el cometido, pero si el intento de perpetrarlo. Imagen: Pares. Desplazamientos forzados Entre los meses de diciembre del 2020 a enero del 2021 son registrados dos picos de desplazamientos forzados colectivos en el corregimiento de Palmarito y las veredas La Silla, Tutumito-Carboneras, presentando de la misma manera el desplazamiento perenne de manera individual y colectiva, alcanzando un número aproximado de 400 personas desplazadas (salen de los las veredas de Palmarito, Banco de Arena, Buena Esperanza, Agua Clara y Guaramito). El conflicto que allí se vivencia se ha caracterizado por mantener alto nivel de riesgo, siendo emitidas para el año 2020 tres alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo3, 011 de marzo, 035 de agosto y 050 de noviembre. Estas alertas hacen referencia al permanente enfrentamiento que se presenta entre los grupos armados a causa del control territorial y las nefastas consecuencias que esto ha dejado; así como también presenta recomendaciones a las instituciones que al momento no han sido acatadas. Con lo anterior, concurren diferentes hipótesis; alianza entre la AGC con Los Rastrojos para combatir el ELN y que los grupos de origen paramilitar vuelvan a tomar el control de este territorio; las AGC quieren tomar el control total del territorio aprovechando el debilitamiento de Los Rastrojos y combatir el ELN; o, fortalecer el grupo armado de Los Rastrojos para dar continuidad al control que allí se establecía por mas de diez años. Sobre dichos hechos, es importante resaltar las diferentes posiciones de las instituciones locales de gobierno y Estado, llegando a la negación durante el mes de diciembre por la Fuerza Pública y la alcaldía municipal de Cúcuta, anunciando la existencia de los mismos actores armados que venían haciendo presencia durante el 2020 (ELN y Los Rastrojos). Las primeras instituciones en hacer presencia y corroborar las denuncias de la incursión de las AGC fue la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía municipal de Tibú, quienes entran en controversia con las instituciones anteriores. Las acciones de la Fuerza Pública se despliegan en la primera semana de febrero; comunicando la incautación de material bélico y un combate contra la AGC en el corregimiento de Banco de Arena, ciudad de Cúcuta. También se registró la captura a un presunto miembro de este grupo armado, señalado como el segundo cabecilla al mando en esta zona, conocido con el seudónimo de “Samuel”, y se conoce una identificación irrisoria del máximo cabecilla de las AGC que viene dirigiendo las acciones armadas en esta zona de frontera. El conflicto armado en el Catatumbo, un drama que no acaba Entre Convención, Teorama, El Tarra y Ocaña, para el mes de enero se presentaron seis (6) homicidios con arma de fuego. De estos, uno cometido contra el excombatiente, firmante del acuerdo de paz, Geovanny Claro García. Según versiones de medios locales, este quedo en medio de un enfrentamiento entre hombres armados, presuntamente del EPL, y un grupo armado posFARC, los hechos generan disputas entre estos, reveladas por medio de comunicados, donde el GAPF señala al ELN de realizar acciones violentas en contra de las comunidades, mientras el EPL se defiende pronunciando su compromiso por la región y señalando a bandas criminales que usan su nombre para cometer delitos. Los homicidios también se caracterizan por la forma selectiva que han venido sucediendo. El uso de letreros que reposan sobre los cuerpos donde se “justifica” el asesinato, o el hallazgo de cuerpos con signos de ejecución. También es importante resaltar el modus operandi de los intentos de homicidio; la denuncia que realiza la fuerza pública sobre un posible “plan pistola” en el municipio de Tibú, el cual ha dejado tres (3) policías heridos y cinco (5) ataques a ejército y policía, o el intento de homicidio contra Eliud Camargo, exalcalde de Teorama y notario de este municipio, siendo atacado por un grupo amado al margen de la ley en medio de un retén ilegal. En dicha zona del Catatumbo se han cometido cuatro (4) secuestros, sumando otro más, ocurrido en la parte alta del municipio de Tibú. Los registros sobre estas acciones se presentan en mayor medida contra soldados del Ejercito Nacional y uno contra el líder social, excandidato a la alcaldía y maestro Johan Vargas Sánchez, secuestrado en el municipio de El Tarra. Estos hechos se atribuyen principalmente al ELN y al GAPF presente en la zona, destacando que, en los últimos dos meses, dichos grupos han realizado entregas humanitarias de secuestrados a la Defensoría del Pueblo. Imagen: Cortesía. Los combates entre el Ejército Nacional y los grupos armados (principalmente el ELN y los Grupos Armados PostFARC) se han agudizado en lo corrido del último mes, resaltando acciones por estos últimos que se identifican como ataques sorpresa, utilizando presuntamente cilindros bomba y otros tipos de artefactos explosivos. En los hechos se ha realizado una presunta baja del ELN por parte del ejército y se pronuncia la intranquilidad por parte de las comunidades allí presentes. Sobre este escenario, la Defensoría del Pueblo emitió para el año 2020 la Alerta Temprana número 0344, que aborda el análisis y advertencia del riego presente en el municipio de Ocaña, relacionado al conflicto entre ELN, EPL y GAPF Frente 33, que se ha venido agudizando desde el año 2018 en la zona alta del Catatumbo. Sobre ello, se logra concluir la manifestación de constantes reconfiguraciones en las dinámicas del conflicto en la zona, que se siguen presentado y transformando rápidamente, señalando desatenciones por parte de los actores institucionales allí presentes a las recomendaciones de dichas alertas. En la actualidad, según los registros de violencia presentados en la parte alta del Catatumbo, se escucha el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo con una nueva alerta temprana para esta zona alta del Catatumbo, abordando El Carmen, Convención y Teorama.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. Publicado en la página del Centro Nacional de Memoria Histórica, encontramos un relato estremecedor: “Nosotras las madres de Soacha queremos justicia, no venganza para nuestros hijos, una justicia digna que ellos y nosotras las madres nos merecemos”, explica Carmenza Gómez Romero, a quien la Fuerza Pública le entregó muerto a su hijo Víctor Fernando Gómez bajo el argumento de ser “dado de baja como guerrillero en combate”, y otro de sus hijos, John Nilson Gómez, fue asesinado por sicarios después de varias amenazas. Nos dolía el alma cuando oficialmente la fiscalía tenía en sus cifras el número de 2.248 personas civiles asesinadas por la Fuerza Pública (en todo el territorio patrio) y presentadas como unidades guerrilleras “dadas de baja” en combate, lo que tristemente el país conoce como los ‘falsos positivos’. El pasado 18 de febrero la jurisdicción especial para la paz- JEP- en boca de su presidente magistrado Eduardo Cifuentes, indicó que entre los años 2002 y 2008 (mandato de Álvaro Uribe Vélez con un 78% de los registros totales), se identificaron 6.402 casos, cuatro mil ciento cincuenta y cuatro más que lo que decía la fiscalía. Entre el 2003 y 2004 una directiva del comandante general del ejército, Martín Orlando Carreño, que indica que: “para recibir una condecoración de servicios distinguidos”, Por ejemplo los comandantes de brigadas debían reportar al menos 150 combatientes enemigos muertos y otros 500 capturados. Otra directiva, ejemplo de perversión de esta política oficial, fue denunciada en su momento por la ONG Human Rights Watch donde decía que: “las bajas no es lo más importante, es lo único que importa”. Dicho documento fue expedido en época de la comandancia general del ejército por parte de Mario Montoya Uribe, quien asumió esa responsabilidad durante los años dos mil seis, siete y ocho, época donde ocurrió el mayor número de ‘falsos positivos’. Narra un artículo de la revista Semana fechado el 26 de febrero de 2020, que ante la JEP el general Mario Montoya, en una desafortunada visión de los hombres a su mando, expresó en rendición de indagatoria el día 12 de febrero de 2020 que “la verdad, aunque fuera dolorosa, es que los soldados que prestaban servicio militar eran de estrato 1 y 2, pues ‘esos muchachos ni siquiera sabían cómo coger cubiertos ni cómo ir al baño», haciendo una referencia a que eran ignorantes, que no tenían valores, que no entendieron la diferencia entre resultados y bajas, y por eso cometieron estos hechos, reveló a El Espectador un asistente a la diligencia. La narrativa de las manzanas podridas se cae de su peso, cada día es más evidente que ante el desarrollo de prácticas criminales los mandos de la Fuerza Pública se cubren entre sí, para ello tienen la justicia penal militar, el vencimiento de términos, las instalaciones de brigadas para purgar penas y los estímulos en días de descanso, dinero o ascensos, todo con el fin de presentar supuestos resultados favorables en la guerra que se libra en nuestra nación. No olviden que los afectados por los falsos positivos no son cifras, tienen nombres y apellidos como víctimas que son, así como nombre y apellido tienen los victimarios y con la JEP llegaremos a la … verdad verdadera.

Por: Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado. Pares. En materia de indicadores de seguridad ciudadana y convivencia, el año 2020 fue un año completamente atípico debido a las medidas de restricción a la movilidad emitidas por el Gobierno Nacional y las autoridades locales. Por ello, vale la pena advertir que la comparación de los datos que se presenta en este informe debe ser leída con cautela ya que la llegada del COVID-19 afectó las dinámicas sociales propias de un periodo de normalidad. Si bien, en muchos casos se evidencian obvias reducciones, en algunos municipios las variaciones fueron positivas, resultando en incrementos en ciertos hechos delictivos que deben ser tenidos en cuenta para la acción oportuna de las autoridades administrativas y de policía. El pasado mes de noviembre, la línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado publicó el informe Seguridad Ciudadana y Covid-19. Mutaciones del delito en las capitales de Colombia en el que se documentaron los efectos del confinamiento sobre el delito y se evidenció la atipicidad de los principales indicadores delictivos de 2020. En varios de ellos se registraban reducciones considerables en términos de denuncias, que terminaban por dificultar la comparación con los totales obtenidos en 2019. Por ello, se generaron 6 principales hipótesis explicativas: Se confirma el impacto que sobre las denuncias han tenido las disposiciones para atender la emergencia, inclusive desde antes del inicio del Simulacro Vital y la Cuarentena Nacional. De esta forma, de los delitos estudiados, las denuncias por lesiones personales, delitos sexuales, violencia intrafamiliar y hurtos a residencias logran la mayor reducción en la primera semana desde el inicio del Simulacro. Las correspondientes a los demás tipos de hurto (personas, comercio, automotores y motocicletas) y los homicidios lo hacen en la segunda semana cuando regían las disposiciones de la Cuarentena Nacional, pero la caída es pronunciada desde el 20 de marzo. Mientras que la violencia homicida y feminicida después del confinamiento estricto retornó rápidamente a los niveles de 2019, las lesiones personales siguen presentando meses con reducciones importantes. Es decir, las medidas de confinamiento impactan positivamente el último indicador por cuanto no todos los lugares donde suelen concentrarse se encuentran aún disponibles. Sin embargo, en algunos casos, como Cartagena, Barranquilla, Cúcuta, Quibdó, y San Andrés que registran incrementos en el número de homicidios frente a los totales del año pasado, las medidas no han logrado disuadir a los homicidas y a las organizaciones de ejecutarlos. De los tipos de hurto analizados, el que presenta la menor reducción en denuncias de este año corresponde al hurto de automotores. El hecho de que la gran mayoría de los delitos contra la propiedad mantengan reducciones significativas después de las medidas de aislamiento estricto se explica por la permanencia de un mayor número de personas en casa lo que desincentiva el hurto a residencias, y por la indisponibilidad de lugares y personas donde suelen concentrarse. Las denuncias por violencia intrafamiliar se reducen en los totales nacionales y en la mayoría de las capitales desde el inicio del confinamiento y a pesar de que esperaban mayores incrementos, tanto por la tendencia exponencial al alza de los casos que se registraba desde el año pasado hasta los primeros meses de 2020, como por los efectos que tendría sobre la convivencia la exigencia de pasar más tiempo en casa, la tendencia sigue siendo baja hasta agosto, aunque presentó un leve incremento en mayo. Los delitos sexuales también mantienen reducciones por menor presencia de personas en el espacio público. Sin embargo, se observa con preocupación que el confinamiento pudo haber incrementado el subregistro en relación con aquellos delitos sexuales que ocurren en el hogar, en tanto que opera una lógica similar a la de la violencia intrafamiliar. Mientras que este año se observa una tendencia generalizada a la reducción de las denuncias, la operatividad policial, en materia de capturas, también se redujo. La disminución es pronunciada desde la primera semana en la que se detectó el primer caso de infección por COVID-19, pero al 31 de agosto tampoco ha retornado a la media de 2019. Esto se explica por la delegación en la Policía Nacional de las medidas para hacer cumplir el asilamiento por medio de los comparendos, pero también por las estrategias implementadas al interior de la institución para frenar los contagios lo que ha significado un menor número de uniformados para el control del delito. Descargue el informe completo aquí:

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. El mundo indígena ha sido atropellado desde siempre, su cultura, sus territorios, su autonomía para definir su presente y su futuro, todo ello ha sido expoliado y agredido. Este febrero se cumplen cincuenta años de la primera y principal organización indígena del país, por su beligerancia, la diversidad en su interior, la lucha que han revindicado bajo tres pilares: territorio, cultura y autonomía. Y a fe que han cumplido con ese derrotero. Así narran su inicio: “El 24 de febrero de 1971, en Toribío, siete Cabildos e igual número de resguardos indígenas crean el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC nombrando el primer Comité Ejecutivo, pero no pudo funcionar debido a la represión de los terratenientes y la poca organización en la época. En septiembre del mismo año se realizó en Tacueyó el Segundo Congreso del CRIC, en donde se definieron los puntos del programa político cuyas exigencias constituyeron el eje de nuestro movimiento y se retomaron enseñanzas de líderes como La Gaitana, Juan Tama y Manuel Quintín Lame, con lo cual las comunidades indígenas fortalecimos nuestras luchas bajo la exigencia de lograr la aplicación de la ley 89 de 1890 a la luz de los puntos de la Plataforma de lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, expuesta en el año de su creación”. Han luchado contra el modelo terrateniente, que acumula mucha tierra en pocas manos, esa lucha sigue vigente hasta el día de hoy y ha costado sangre, cárcel y sufrimiento para los pueblos indígenas. A punta de violencia fueron empujados de las partes planas hacia las partes altas de la cordillera para implantar la industria de la caña de azúcar; eso ocurrió en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo pasado y, vaya paradoja, hoy el mundo empresarial cañero y el mundo indígena tienen un punto de convergencia: oponerse a la minería que trata de implantarse en las montañas donde se produce el agua, sin agua no hay azúcar, vueltas que da la vida. En estos cincuenta años, el mundo indígena del Cauca ha sido protagonista de primera línea en las luchas populares, han ido madurando poco a poco hasta convertirse quizás en el mundo social más beligerante, caracterizado y ejemplo de lucha, así lo mostraron en octubre pasado cuando vinieron en minga por el territorio, la vida y la paz, son ejemplo de dignidad y fuerza, y allí ha estado el CRIC. Han visto mucha violencia en sus territorios, son cientos los lideres que han muerto y siguen muriendo por sus tres pilares de actuación, donde al centro está la defensa del territorio, ante tanto atropello partes del mundo indígena caucano fueron amigos del M-19 y allí tuvo su resguardo Carlos Pizarro, y desde esas montañas condujo al primer acuerdo de paz a una fuerza rebelde, igualmente partes del mundo indígena caucano, se levantaron en rebeldía armada y constituyeron el Movimiento Armado Quintín Lame, una autodefensa ante tanto atropello de los terratenientes y también de las FARC, a quienes las autoridades indígenas siempre les recordaron que debían respetar sus territorios. Igualmente hay que decir que comunidades indígenas se sentían hermanadas con las FARC, las complejidades de unos procesos llenos de grises. Las mismas autoridades indígenas que vieron necesaria la defensa armada, le dijeron al Quintín Lame que era tiempo de dejar las armas y volver a las comunidades. La Constituyente del 91 tuvo la participación de Lorenzo Muelas, un indígena guambiano que estuvo en el liderazgo de las organización indígena del Cauca, con sus complejidades y conflictos internos, que los diversos pueblos han sabido tramitar, luego hemos visto cómo líderes indígenas caucanos han tenido protagonismo nacional: Jesús Piñacué fue formula vicepresidencial de Antonio Navarro Wolff en 1994 y Aida Quilcué fue la primera mujer consejera Mayor del CRIC y hoy el senador Feliciano Valencia, indígena Nasa, lucha en el Congreso junto a la bancada de la paz, por los derechos de los pueblos indígenas. Han pasado cincuenta años de la fundación del CRIC, un camino del cual han aprendido para defender sus derechos y ejemplo para la sociedad colombiana que anhela cambio y democracia de calidad.

Por: Redacción Pares. Con información de Contraloría General. La Contraloría General de la República, continúa realizando seguimiento a través del “Sistema de Control Fiscal Participativo” a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE, junto al Ministerio de Educación y su Unidad de Alimentación Escolar «Alimentos Para Aprender». En dicho ejercicio se ha identificad que, con corte al 12 de febrero de 2021, 48 entidades territoriales de las 95 que iniciaron calendario académico, aún no reportan inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE). De acuerdo a los reportes oficiales del Ministerio de Educación, 67 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) ya han contratado el equipo profesional completo conforme los perfiles establecidos por esta cartera (Resolución 29452 de 2017) y 29 ETC se encuentran en proceso de contratación de los mismos. “La Contraloría continúa realizando el seguimiento a la ejecución del PAE en el país, es por eso que reitera su llamado para que la totalidad de las entidades territoriales atiendan y dispongan los equipos para ejecutar el programa, siguiendo las indicaciones del Gobierno Nacional para que sean beneficiados los más de 5 millones 600 mil estudiantes que tiene como cobertura”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda. Según el reporte del Ministerio de Educación y su Unidad de Alimentación Escolar «Alimentos Para Aprender», las 48 entidades territoriales que no han reportado el inicio de la operación del PAE son: AMAZONAS APARTADÓ ARMENIA BOGOTÁ D.C. BUENAVENTURA CALI CAQUETÁ CAUCA CESAR CHÍA CHOCÓ CÓRDOBA CÚCUTA FACATATIVÁ FUSAGASUGÁ GIRARDOT GIRÓN GUADALAJARA DE BUGA GUAVIARE JAMUNDÍ LA GUAJIRA LORICA MAICAO MALAMBO MONTERÍA MOSQUERA NARIÑO NORTE DE SANTANDER PASTO PIEDECUESTA PITALITO POPAYÁN PUTUMAYO QUIBDÓ RIOHACHA SANTA MARTA SINCELEJO SOACHA SOGAMOSO SUCRE TULUÁ TUNJA URIBIA VALLE DEL CAUCA VALLEDUPAR VAUPÉS VILLAVICENCIO YOPAL De estas ETC se ha identificado que, a pesar de que las indicaciones del Programa especifican que las entidades territoriales tienen como tiempo máximo para iniciar la entrega del PAE la segunda semana, 38 ETC son las más rezagadas y no han reportado su inicio, aunque comenzaron su calendario entre el 11 de enero y el 1 de febrero de 2021, resaltando el retraso de Lorica, Pitalito y Quibdó. El PAE, en su gran mayoría, es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participación y el Sistema General de Regalías, que son objeto de vigilancia de la Contraloría General de la República y de la ciudadanía en general; es por eso que, desde el carácter preventivo y a través del Control Fiscal Participativo, este organismo realiza seguimiento a la ejecución del programa.

Por: Redacción Pares. Con información de ONU. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos celebró este viernes los progresos en la pesquisa sobre los “falsos positivos” en Colombia. Esta consideración se atribuye a los casos falsos de personas a las que se atribuyó su muerte en combate. La reacción se produce tras el anuncio realizado este jueves por la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP para enjuiciar crímenes cometidos durante el conflicto armado cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, en el que se comunicó la investigación de los homicidios de 6402 personas, una cifra totalmente alejada de los 2000 casos que inicialmente recibieron para investigar. La portavoz de la Oficina, Liz Throssell, explicó hoy en Ginebra que la noticia sirve para destacar la importante labor que han realizado los grupos de víctimas y las ONG luchando contra la impunidad en estos casos y obtener justicia. “Su contribución es esencial para la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación”, destacó la vocera quien también celebró la reciente decisión de la Jurisdicción Especial para “imputar al ex Secretariado de las FARC-EP por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, en particular la toma de rehenes”. Throssell destacó que la Jurisdicción Especial para la Paz está “tomando pasos importantes en la lucha contra la impunidad” que servirán para que el país sudamericano “aborde las graves violaciones al derecho internacional del pasado y la no repetición de estas violaciones” Del mismo modo, reiteró que la rendición de cuentas por estos crímenes y la protección de los derechos de las víctimas “es esencial para la consolidación de la paz y el fortalecimiento del estado de derecho en Colombia”.