Por: Fredy Alexánder Chaverra Colorado. Colaborador Pares. A pesar de que todavía es prematuro para hacer cábalas o anticiparse a una contienda que estará atravesada por el voto de opinión, en cada candidato hay una serie de fortalezas y debilidades que orientarán sus movimientos de cara a la primera vuelta. Con la irrupción de Romero en el abanico de precandidatos presidenciales se mueve el tablero en la Alianza Verde y empieza a configurarse el principal temor de Sergio Fajardo: ser derrotado en una consulta antes de la primera vuelta. Aunque entre los verdes hay varios precandidatos; incluyendo al exgobernador Carlos Amaya y los senadores Antonio Sanguino, Iván Marulanda y Sandra Ortíz, desde ya se da por descontado que el candidato en propiedad será Romero y que podría hacerse con la candidatura del “centro” en una eventual consulta en la que derrote a Fajardo. A pesar de que todavía es prematuro para hacer cábalas o anticiparse a una contienda que estará atravesada por el voto de opinión, en cada candidato hay una serie de fortalezas y debilidades que orientarán sus movimientos de cara a la primera vuelta. A continuación, presento los que considero los principales pros y contras de cada uno. Romero, entre la renovación ciudadana y el retorno a la política nacional Desde su origen en el movimiento ciudadano Tienen Huevo a su pasó por la gobernación de Nariño, Romero se ha caracterizado por su discurso ciudadano, serenidad y capacidad de articulación. Al llegar el Senado en 2010 se trazó la meta de convertirse en una figura de orden nacional y lo logró promoviendo un referendo insólito: el que buscaba la revocatoria del Congreso. La odisea fue suficiente para alcanzar un reconocimiento que revalidó en la consulta verde del 2014 en la que sacó más de 700 mil votos. Luego llegó a la Gobernación de Nariño donde continúo marcando un fuerte pulso con Santos y luego con Duque. El video donde “regaña” al presidente se ha convertido en un clásico del reclamo de la provincia al centralismo bogotano. Al concluir su mandato, se dedicó a recorrer el país, acercarse a las bases del Partido Verde y ambientar su aspiración. Solo lo detuvo la pandemia. A diferencia del exgobernador de Antioquia, Romero es un excelente comunicador y tiene todas las condiciones para convertirse en un fenómeno de opinión. Su agenda conecta íntegramente con las inquietudes de los electores urbanos, pero también con la realidad de la Colombia olvidada en temas como protección a líderes sociales o sustitución de cultivos ilícitos. Asimismo, no desestima las bases de su partido y desde que salió de la Gobernación se empeñó en promover espacios como la Escuela de Innovación Política y una serie de diálogos (presenciales y luego virtuales). Algo que le ha funcionado porque muchos de los líderes, ediles y concejales que en 2018 apoyaron a Fajardo se han ido sumando progresivamente a su aspiración (al igual que sectores que apoyaron a Petro). De Romero se resalta que sí toma posición; no se percibe arrogante; promueve un discurso de unidad y no carga con el desgaste que ya pesa sobre los hombros de Fajardo ad portas de su tercera aspiración. Por el contrario, entre sus debilidades se encuentran su poco reconocimiento nacional y las sombras que recaen sobre algunas de sus decisiones mientras fue gobernador (especialmente asociadas al escándalo de la empresa de licores del departamento); sin embargo, cada vez queda más claro que ese proceso obedeció a una estrategia de presión orquestada por Néstor Humberto Martínez. Desde Nariño (donde conserva una corriente opositora) se cuestiona su poca capacidad de inversión en el litoral pacifico; el deterioro en las condiciones de seguridad (con la expansión de grupos armados) y las tensiones con su padre, el exalcalde de Ipiales “Cayo” Romero. Asuntos domésticos que conforme vaya tomando fuerza serán amplificados por sus detractores. Tampoco se debe pasar por alto que en 2015 fue excesivamente pragmático y no dudo en aliarse con la clase política tradicional nariñense (incluyendo congresistas que buscó revocar) para llegar a la Gobernación. ¿Acaso, esos politiqueros ya no tenían huevo? Con Romero también terminó una experiencia histórica de gobiernos alternativos en Nariño, ¿por qué? Fajardo, el desgaste de un falso profesor Ya pocos creen que Fajardo sea el candidato “profesor” o en su teflón de “incorruptible”. Desde que perdió en primera vuelta, se fue a ver ballenas, afirmó que no volvería a participar en elecciones y cambio de opinión (a los pocos días), su imagen se ha desteñido. Con muchísima fuerza. Tal vez su peor enemigo sea él mismo y su habitual torpeza como comunicador, algo que encubre afirmando que no es político, aunque gobernó en Antioquia por más de 10 años. Buena parte de sus equipos de voluntarios se han dispersado o sumado a otros proyectos; es frecuente escuchar entre sus antiguos electores que no le volverán a votar y muchos manifiestan decepción por sus posiciones. Durante el último año su participación en la debacle de Hidroituango alcanzó una resonancia que no tuvo en la elección presidencial y será un peso con el cual deberá cargar de cara al 2022. Fajardo se le debe a la opinión y el problema es que está es volátil e imprevisible. En Fajardo el factor de opinión es tan importante que en 2018 alcanzó la mayor votación en Bogotá, una ciudad que conocía poco y de la que poco habló en campaña. Su potencial electoral se concentró en las grandes urbes, centros poblados (ciudades capitales e intermedias) y el apoyo en la Colombia periférica no fue determinante. Se le debe a electores que se mueven por incentivos ideales y que fueron arrastrados por el fenómeno de opinión que encarnó a la perfección a pocas semanas de la primera vuelta. El respaldo de Claudia López, Angélica Lozano, Robledo y Mockus también fue clave en sus resultados, pero ese fenómeno de opinión se disipó y no se reeditó en las pasadas elecciones regionales, todos sus candidatos fracasaron y en Antioquia quedaron en los últimos lugares. El caso de Claudia López es diferente porque su victoria obedeció a su propio capital. A partir del 2019 se confirmó el declive de Fajardo y el hundimiento del fajardismo. Ahora, estoy seguro de que en Fajardo hay más debilidades que fortalezas. Tal vez los únicos puntos a su favor son los que marca en las encuestas y su amistad con Claudia López. Tras 20 años en la vida pública y dos aspiraciones presidenciales, su perfil se percibe desteñido y ya solo es un pálido recuerdo de esa opción “descontaminada y descontaminante” que en 2002 liquidó las maquinarias de la política tradicional en Medellín. Así en las encuestas siga marcando bien, en las redes sociales es tendencia frecuente por sus desaciertos y son más las críticas que los apoyos. Al igual que Petro, los tiempos de la política van evidenciando que debería pensar en un retiro (Petro ya lo anunció si no gana en 2022). Volver a su vida de profesor, la cual abandonó para dedicarse a la política (así en la vida política insista en que es profesor). ¿Y el cara a cara de la consulta? Todavía no es claro en qué condiciones se realizará o el papel que tendrá Ángela María Robledo (un peso pesado que llegó a los verdes); sin embargo, no me cabe la menor duda que Romero y Fajardo estarán en el tarjetón. Para el exgobernador de Antioquia podría ser la última oportunidad para medirse en una elección nacional: será un todo o nada. Al igual que le pasó a Carlos Gaviria cuando fue derrotado por Petro en la consulta del Polo Democrático en 2010. Por el contrario, Romero es un líder joven y en ascenso, pero en 2022 se podría convertir en un auténtico palo electoral y un fenómeno de opinión. La forma como ha venido asumiendo su aspiración es un indicador de su prudencia y carácter convocante. Sin anticiparse a un resultado incierto, no dudo en que Romero tiene todo para derrotar a Fajardo y ser decisivo en la próxima elección presidencial.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Una y otra vez Darío Acevedo sigue demostrando que su dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica pone en riesgo el papel de esta institución en la construcción de memorias plurales, no negacionistas y donde las víctimas sean el eje principal. Ante eso diversas organizaciones e instituciones han insistido en rodear al CNMH e instar que se garanticen los procesos que por años se han construido con las víctimas hacia la reparación integral. Una de las acciones en esa vía fue la que comunicó recientemente la JEP, quienes dejaron en firme una decisión tomada en mayo del 2020 sobre la protección a la colección ‘Voces para transformar a Colombia’. Los pasos retrocedidos en el CNMH por Darío Acevedo Darío Acevedo se posicionó en este cargo el 19 de febrero de 2019, aun cuando decenas de colectivos y agrupaciones de víctimas venían advirtiendo y oponiéndose a que fuera él quien llegara a ese cargo, entre muchas otras cosas, porque desde cuando su nombre sonaba para la dirección del CNMH se temía que se pasara por encima de la ley 1448, la cual prohíbe a “las instituciones del Estado impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial”. Justamente eso es lo que ha venido pasando. Basta con traer a colación que Acevedo no ha encontrado problema en negar el conflicto armado colombiano, ni en exaltar la labor de las Fuerzas Militares, aun cundo a estas se les implica con varias victimizaciones, –recordando que esta semana la JEP reconoció que eran 6.402 ejecuciones extrajudiciales que luego serían presentadas como bajas en combate; 4.154 casos más de los que habla la Fiscalía-. Esto ha llevado a varias cosas, por ejemplo, a que organizaciones y procesos de víctimas hayan decidido a lo largo de este tiempo retirar sus archivos y participación del CNMH, también a que no se haya renovado la membresía del CNMH en la Coalición Internacional de Sitios de Consciencia y a que las víctimas, parte fundamental del trabajo de la institución, hayan perdido la confianza en el CNMH con actos tan graves como el que se conoció hace poco, cuando se supo que Acevedo había entregado un listado de víctimas sin proteger la identidad de las mismas. El Museo Nacional de la Memoria, ¿una piedra en el zapato para Acevedo? Pues bien, en medio de todo esto también ha sido una constante la oposición y las acciones en contra del Museo Nacional de la Memoria, que hace parte de lo estipulado en la ley 1448 de 2011, donde se establece que este tiene como objetivo fortalecer la memoria colectiva de lo que ocurrió en el marco del conflicto armado en Colombia. Por lo que desde el 2014 se adelantaron diálogos con las víctimas para construir y llegar a acuerdos sobre lo que será dicho Museo, el cual se planea sea entregado en 2022. Pero, aun con lo que significa este espacio, desde el acto conmemorativo que se hizo para la instalación del predio donde se levantará el Museo fue evidente que pareciera ser una piedra en el zapato esta idea para el actual director. Ese día, en febrero de 2020, lo que quiso destacar Acevedo fue la presencia de personajes como José Obdulio Gaviria, quien ha defendido que en Colombia no existe el conflicto armado, sin dejar de nombrar que fue preponderante la presencia de la cúpula militar. No siendo esto poco, por esos días también se conoció que Fabio Enrique Bernal sería el director del Museo, de quien en su hoja de vida resalta, sobre todo, su experiencia como museólogo de las Fuerzas Armadas, entre ellas, el Ejército, la Policía y la Escuela Superior de Guerra. En relación con esta oposición al Museo y al guión museológico de éste, desde Pares en mayo de 2020 se habló con Martha Nubia Bello, quien fue investigadora del CNMH y allí participó en la creación y coordinación de varios informes y procesos de memoria, así como en la construcción de los lineamientos conceptuales de lo que se pretende desde un inicio con el Museo Nacional de la Memoria, ella en ese momento expresaba que: “Yo lamento mucho lo que está pasando con el Museo, lo veo con mucha preocupación porque realmente se hizo un proceso muy riguroso y de mucho esfuerzo. Fue escuchar muchas voces, muchas propuestas, afrontar debates complejos, escuchar posturas diversas, asumir temas distintos desde lo arquitectónica, museológico e institucional, y a todo eso se le puso tiempo, esfuerzo y recursos.(…) Con el tiempo todo esto se ha censurado y en parte, se ha detenido. (…)Eso preocupa y duele, porque no sabemos en el marco de la actual administración qué museo se pueda construir, cuando ya las víctimas no confían en ese espacio y se sienten traicionadas, y si estas iniciativas no cuentan con la confianza, credibilidad y participación de las víctimas deja de ser reparador y pierde su contribución a los procesos de esclarecimiento y reconciliación”. Y es que justamente por esas fechas la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos y Conductas (SARV), de la JEP, mediante auto AT-058, avocó conocimiento de una solicitud de medidas cautelares en relación con el Centro Nacional de Memoria Histórica y adoptó una medida temporal – 90 días- de protección sobre la colección ‘Voces para transformar a Colombia’, el primer ejercicio de construcción del guion museológico del Museo Nacional de la Memoria, el cual se dio mediante la participación y procesos de construcción colectivos con las víctimas. La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró que la colección tendrá una medida de protección de seis meses, esto mientras se resuelve si en efecto la creación ha sufrido cambios sin ser consultado antes con las víctimas del conflicto armado. Estableciendo así que la obra ‘Voces para transformar a Colombia’ debe permanecer “en su estado original y de conformidad con lo acordado con las víctimas”. Así que como se había dicho en enero en el Auto 714, se ratificó que se prohíbe “cualquier sustracción, modificación, alteración o eliminación de su metodología y contenido”. Imagen: Pares. Esta decisión se tomó luego que la SARV considerara que era necesario adoptar medidas cautelares temporales sobre esta colección como una forma provisional para preservarla y conservarla en su totalidad, argumentando que “hubo incumplimiento de los acuerdos realizados entre el CNMH y las víctimas que participaron en la creación de la mencionada colección». Así las cosas se prohibía a la institución sustraer, modificar, alterar o eliminar el material y la metodología de la creación. Esta decisión llegó luego que el senador Iván Cepeda alertara en 2019 sobre una posible afectación a los derechos de las víctimas por «la vulneración a la verdad histórica, la memoria colectiva y la reparación simbólica». Tras lo decidido por la JEP el CNMH interpuso un recurso contra la medida cautelar de la JEP, en el que se leía que «la urgencia, riesgo o amenaza que se menciona en el auto que se impugna, no existe, esto por cuanto los bienes y contenidos materiales de la exposición, se encuentran debidamente almacenados, conservados y salvaguardados; así como también, que se adelantan continuamente acciones administrativas para valorar los riesgos a los que cualquier objeto se expone y la manera como se le hace frente a ellos”. Pero es que además de lo expuesto por Cepeda, también se había conocido por medio de Pacifista que “hubo guías de sala que pasaron por el ojo y la mano de Acevedo. Es decir, fueron editadas por él”. Exactamente se hacía referencia al documento titulado ‘Guía de visita – Cali. Septiembre 26 a Octubre 27 de 2019. EXPOSICIÓN VOCES PARA TRANSFORMAR A COLOMBIA’, el cual tiene 17 páginas, de las cuales 5 fueron editadas por Acevedo, como denunciaba el medio. Estos son algunos de los cambios que se citaba la publicación de Pacifista: Original: “Esta nueva versión de la exposición Voces para transformar a Colombia es la continuación del proceso dinámico del Museo de Memoria de Colombia en la construcción de una memoria colectiva sobre la historia reciente del país. Historia marcada por un conflicto armado que ha afectado a miles de personas en todas las regiones”. Editado: “Esta nueva versión de la exposición Voces para transformar a Colombia es la continuación del proceso de construcción del Museo de la Memoria de Colombia que está dedicado a honrar y visibilizar las memorias de los colombianos”. Original: “Desde hace décadas, las víctimas, sus organizaciones y comunidades han trabajado para que los hechos de violencia y sus resiliencias sean conocidos por la sociedad nacional y no se repitan. El Museo de Memoria de Colombia nace como una de las medidas de reparación simbólica establecidas por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”. Editado: “El Museo de Memoria de Colombia nace como una de las medidas de reparación simbólica establecidas por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”. Original: “Por décadas, ha sido frecuente y extendida la privatización del uso de la fuerza y la justicia mediante grupos armados ilegales en nuestro país. En la década de 1950 surgieron las guerrillas liberales y comunistas. Tiempo después se crearon grupos armados como respuesta a la acción guerrillera y en las últimas décadas se han consolidado otras agrupaciones alrededor de prácticas ilegales como el narcotráfico y la minería”. Editado: “Por décadas, ha sido frecuente y extendida la privatización del uso de la fuerza y la justicia mediante grupos armados ilegales en nuestro país. El Estado colombiano ha intentado adelantar negociaciones de paz con grupos guerrilleros y paramilitares desde 1985”. El ahora de la decisión de la JEP Hay que señalar que entre el 3 al 6 de noviembre de 2020, organizaciones de víctimas, expertos en museos, exfuncionarios y excontratistas del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) fueron escuchados por la JEP , donde dieron sus testimonios sobre qué se planeó y qué sucedió con la obra ‘Voces para transformar Colombia’. Ahora, se conoció que la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró que la colección tendrá una medida de protección de seis meses, esto mientras se resuelve si en efecto la creación ha sufrido cambios sin ser consultado antes con las víctimas del conflicto armado. Estableciendo así que la obra debe permanecer “en su estado original y de conformidad con lo acordado con las víctimas”. Así que como se había dicho en enero en el Auto 714, se ratificó que se prohíbe “cualquier sustracción, modificación, alteración o eliminación de su metodología y contenido”. Adicionalmente se menciona que de haber sido eliminado o alterado algo de la exposición, el CNMH deberá realizar las acciones para devolver la colección a su estado inicial, pues “para la Sección de Apelación la protección de esta información no se limita a su preservación como colección material, sino que, a través de dicha preservación, se salvaguardan los procesos de participación y concertación con las víctimas que trabajaron en su elaboración y que eran tan importantes como los documentos mismos”, agregó la JEP. Hay que aclarar que la Sección de Apelación explicó que esta decisión debe estar relacionada con algunos de los casos que lleva la Jurisdicción, por lo que decidió relacionarla con el Caso 06: Victimización de miembros de la Unión Patriótica, esto dado que fue el senador Iván Cepeda quien expuso ejemplos concretos con las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica. No obstante, se aclara que se espera que esta determinación beneficie a un universo ampliado de víctimas del conflicto armado. Por último, y con todo este panorama, vale la pena citar lo escrito por la JEP: “Para la Sección de Apelación, los ejercicios de memoria mantienen vivos los legítimos reclamos de justicia de quienes sufrieron los vejámenes del conflicto, amenazar su conservación perjudica gravemente el trabajo de la JEP y mina la confianza de la sociedad en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.

Por: Línea Conflicto Paz y Posconflicto. Pares. Hoy inicia la conmemoración de los cincuenta años de existencia del Consejo Regional Indígena del Cauca, con un encuentro en el que se hará memoria de esta historia de lucha y se rendirá homenaje a quienes han construido este referente nacional e internacional de organización popular y étnica. La conmemoración finaliza con un concierto por la vida y por la paz, el territorio y la democracia, programado en la tarde del martes 24 de febrero, fecha en la que hace cincuenta años “en Toribío, siete Cabildos e igual número de resguardos indígenas crean el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC – nombrando el primer Comité Ejecutivo [que] no pudo funcionar debido a la represión de los terratenientes y la poca organización en la época” (CRIC). Desde su fundación, el 24 de febrero de 1971, el Consejo Regional indigena del Cauca ha fortalecido las luchas indígenas, inicialmente con una estructura gremial y luego a través de sus estructuras de autoridades étnicas, con Gobernadores de Cabildos, Autoridades espirituales, Consejeros de Asociaciones de Cabildos, y Consejeros de las 10 zonas que conforman actualmente el CRIC. Este proceso organizativo ha sido objeto de represión y múltiples violencias a lo largo del tiempo, pero han resistido y construido desde la colectividad, a partir de los principios de Unidad, Tierra y Cultura, a los cuales posteriormente se sumó el de Autonomía. Sin duda, uno de los aspectos que se han fortalecido desde el proceso organizativo del CRIC es el de la autoprotección colectiva, pues a partir de distintas estrategias como el monitoreo constante de situaciones de riesgo, la generación de rutas de protección diferencial, la jurisdicción especial y la guardia indígena, el CRIC ha construido, con la orientación de los mayores y las comunidades, una dinámica que permite responder desde la construcción de paz y defensa de la vida y el territorio a los contextos de violencia que históricamente enfrentan pueblos indígenas del Cauca y que según SIPARES, durante 2020 generaron 7 asesinatos de líderes indígenas, así como múltiples amenazas y atentados a autoridades, médicos tradicionales, guardias y comuneros. Algunas de estas estrategias de autoprotección colectiva de las poblaciones indígenas se han consolidado en el Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRIC, con enfoque en el cuidado de los territorios, los saberes tradicionales y la educación propia, donde la colectividad es fundamental y ha posibilitado enfrentar distintas situaciones de violencia; “gracias a nuestra organización el movimiento indígena del Cauca es un ejemplo de resistencia, supervivencia y dignidad” (CRIC). Otro programa de gran relevancia en las actuales dinámicas del CRIC está dado por la fuerza y la agencia de las mujeres indígenas que reivindican el lugar, los aportes y la importancia de la mujer para el movimiento indígena, con un rol fundamental en el cuidado de la vida y el territorio. Se constituyó entonces el Programa Mujer “por mandato en el Noveno Congreso del CRIC en Corinto Cauca en el año 1993, obedeciendo a criterios y objetivos definidos por las mujeres indígenas del Cauca y ratificados por nuestras Autoridades” (CRIC). El Movimiento de la Mujer Nasa Hilando Pensamiento de Toribío, Proyecto Nasa, envía «un mensaje a las mujeres del Cauca y del mundo a seguir organizándonos, a mantener viva la lucha de las mujeres en nuestro diario vivir, la lucha de esas mayoras, pero también a que este camino de organización no nos deje caer en la institucionalidad, porque nuestro camino siempre va a ser la autonomía”. En este proceso de consolidación de los diferentes programas del CRIC ha sido fundamental la plataforma de lucha, que con el pasar de los años se ha ido adecuando según se transforman los contextos y a partir de las reflexiones de los Congresos del CRIC, que hoy permiten afirmar con claridad “somos semillas de quienes lucharon frente al invasor, somos caminos que no tienen fin, somos el grito de libertad frente al opresor, somos pueblos de vida, somos pueblos de resistencia, somos pueblos originarios, 50 años del Consejo Regional indígena del Cauca CRIC”. Plataforma de lucha del CRIC 1. Recuperar la tierra de los resguardos y realizar la defensa del territorio ancestral y de los espacios de vida de las comunidades indígenas. 2. Ampliar los resguardos 3. Fortalecer los cabildos Indígenas. 4. No pagar terraje. 5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación. 6. Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas. 7. Formar profesores indígenas 8. Fortalecer las empresas económicas y comunitarias. 9. Recuperar, defender, proteger los espacios de vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 10. Defensa de la Familia (CRIC) Con estas guías de su proyecto político, el CRIC ha logrado conformar una estructura para hacer cumplir los mandatos comunitarios de asambleas y congresos, ajustándose a las problemáticas que se renuevan en el Cauca con respecto a la tierra, la economía, la justicia, la violencia y el medio ambiente. 127 autoridades tradicionales y 10 pueblos indígenas se asocian hoy en el Consejo Regional Indígena del Cauca e invitan a unirse a la conmemoración de 50 años de lucha guiados por las construcciones de los pueblos indígenas del Cauca, con el apoyo de otros sectores como el campesino, afrodescendiente, estudiantil y sindical, que convergen bajo la Minga del suroccidente e históricamente han compartido diversos escenarios. La Fundación PARES también saluda esta conmemoración por la vida y la defensa de los territorios que se celebra en el Cauca.

Por: Ximena Sierra. Investigadora Pares. Las subregiones del Bajo Cauca antioqueño y el Sur de Córdoba, hacen parte de la región del Nudo del Paramillo, territorio que históricamente ha estado en disputa por los diferentes actores armados ilegales en Colombia. Esto debido a que es un área estratégica para quien controle dicho territorio, pues esto le garantizaría una retaguardia que le permite incursionar en Urabá, Chocó, la Costa Atlántica, Antioquia y transitar hacia el sur de Bolívar. Los grupos armados ilegales han usado la gran riqueza de la fauna y flora de esta región para el desarrollo de actividades delictivas, como el narcotráfico y la minería ilegal. En la actualidad en esta región hacen presencia las AGC más conocidas como Clan del Golfo, Caparros, ELN y disidencias de los frentes 36 y 18. Actores armados ilegales con los que las comunidades ubicadas en estos municipios se ven obligados a convivir y quienes se han convertido en la principal fuente de violencia contra la población civil, especialmente la ubicada en las zonas rurales de estos municipios. La violencia en Cáceres y Tarazá Los municipios que componen estas subregiones se han convertido en el epicentro de múltiples violaciones a los DDHH y al DIH, es así como en el año 2020 cuando a nivel nacional en Colombia se alcanzó la tasa más baja de homicidios de los últimos 46 años (23.79) cuatro de los municipios de Bajo Cauca tuvieron tasas mayores que las registradas en el año 2019 (Cáceres, El Bagre, Zaragozá y Nechí), también el municipio de Ituango en el Norte de Antioquia; al igual que los municipios de Puerto Libertador y Tierralta en el Sur de Córdoba. Los casos más alarmantes en 2020 los registran los municipios de Cáceres y Tarazá en Bajo Cauca. Registraron tasas ocho y nueve veces más altas que la tasa de homicidios nacional. Ituango por su parte presentó un aumento de 29.49% respecto al año 2019. Este municipio del norte de Antioquia representa un alto valor estratégico por los actores armados ilegales y viene siendo el epicentro de una lucha entre el Clan del Golfo y los GAPF Frente 18 y 36 que buscan controlar desde allí la región del Nudo del Paramillo. Una estrategia de seguridad que centra su lucha contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico, como la causa de la violencia en el país y que no ha sido efectiva en territorios como Bajo Cauca, Sur de Córdoba y Norte de Antioquia, donde los constantes consejos de seguridad y el aumento del pie de fuerza han fracasado. Imagen: Pares. Mientras a nivel nacional desde el Ministerio de Defensa y el Gobierno Nacional la disminución de la tasa de homicidios en 2020 se ha mostrado como el resultado de la implementación de una buena estrategia de seguridad, en estas regiones, 8 municipios registraron masacres en 2020. De las 22 masacres registradas por la OCHA para el departamento de Antioquia, 11 de estas ocurrieron en Bajo Cauca, dejando un total de 39 muertos. En el Sur de Córdoba se registraron tres masacres, dos en San José de Ure y una en Tierralta, donde fueron asesinados seis (6) personas. En el municipio de Ituango se presentó una masacre que dejó tres (3) víctimas, dos (2) de ellas menores de edad. Comunidades amenazadas La violencia en 2020 no le dio tregua a los campesinos y campesinas en Bajo Cauca, Sur de Córdoba y Norte de Antioquia. Entre enero y octubre de 2020 fueron desplazados según el Registro Único de víctimas -RUV 3340 personas en los seis (6) municipios del Bajo Cauca, 1244 en el municipio de Ituango y 801 personas en los cinco (5) municipios del sur de Córdoba. La mayoría de estos desplazamientos ocurrieron a causa de los constantes enfrentamientos que sostiene el Clan del Golfo y los Caparros en Bajo Cauca y Sur de Córdoba y los combates registrados entre las disidencias de los frentes 18 y 36 de las FARC y el Clan del Golfo en el Norte de Antioquia. Las constantes amenazas a las que son sometidos los ciudadanos de estos municipios por alguno de los actores armados ilegales, también han contribuido a que las personas se vean obligadas a abandonar sus hogares. Para nadie es un secreto que, en estos municipios de Colombia, los gremios de comerciantes, ganaderos, mineros, campesinos, entre otros son extorsionados y obligados a pagar un porcentaje de sus ingresos a estos grupos ilegales. En esta zona del país negarse a pagar una extorsión es colocarse una lápida en el cuello o en su defecto, tener que salir del territorio. Líderes sociales: la esperanza que se desvanece En el Bajo Cauca, Sur de Córdoba y Norte de Antioquia los grupos alzados en armas como el Clan del Golfo, Caparros, ELN y disidencias de los frentes 18 y 36, de manera punzante, han cuantificado preocupantemente su accionar bélico en contra de los líderes y lideresas que han denunciado las múltiples violaciones a los derechos humanos de las cuales han sido víctimas sus comunidades y que han defendido los derechos a permanecer en sus tierras, estas que son de alto valor para las economías ilegales de los grupos armados ilegales. En el año 2020 Pares registró el asesinato de 12 líderes y lideresas sociales en la subregión del Bajo Cauca, la mayoría líderes comunales y pertenecientes al programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos- PNIS, el 83.3% de los asesinatos ocurrieron en zonas rurales. También registró el asesinato de un líder social en Ituango. En el sur de Córdoba las cifras también fueron desalentadoras. Según datos de INDEPAZ 13 líderes y lideresas sociales fueron asesinados, la mayoría de estos eran líderes y lideresas comunales. En varios de estos asesinatos la Fuerza Pública ha relacionado como posibles perpetradores a los grupos ilegales del Clan del Golfo, Caparros, ELN y disidencias de los frentes 18 y 36. Un pronóstico poco esperanzador El 2021 inicio con una ola de violencia desesperanzadora para todas las comunidades afectadas por el conflicto armado interno, personas que no pierden la esperanza de que, al iniciar un nuevo año, la situación de seguridad en sus territorios mejore. En Antioquia ha habido cuatro (4) masacres, que han dejado un saldo de 15 muertos, dos de estas masacres se perpetraron en el municipio de Tarazá. El asesinato de líderes y lideresas sociales no para, han sido asesinados siete (7) líderes y lideresas en Antioquía[1], cinco (5) de estos asesinatos ocurrieron en los municipios de Cáceres (4) y Tarazá (1), todos ellos lideraban procesos desde sus juntas de acción comunal u otras organizaciones sociales campesinas. Al asesinato de líderes y lideresas y defensores de DDHH se suma el asesinato de personas en proceso de reincorporación. En enero de este año fueron asesinados 2 firmantes de la paz en el departamento de Antioquia[2], cifra desalentadora, para aquellos que le apostaron a la paz, pues en 2020 en este departamento fueron asesinados cinco (5) ex combatientes[3]. Además de la violencia homicida, que no cesa, Pares ha registrado cuatro casos de desplazamiento forzado en los municipios de Ituango y Cáceres en Antioquia. La misma estrategia de seguridad que no funciona El pasado 2 de febrero el discurso de posicionamiento del nuevo ministro de defensa Diego Molano, designado por el presidente Duque para liderar los temas de seguridad del país, tras la muerte del ministro Carlos Holmes Trujillo el pasado 26 de enero, dejo un sin sabor en los municipios donde hoy arrecia la violencia, pues todo parece indicar que para el año 2021 la estrategia de seguridad que se viene implementado desde el gobierno Duque, continuara. Una estrategia de seguridad que centra su lucha contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico, como la causa de la violencia en el país y que no ha sido efectiva en territorios como Bajo Cauca, Sur de Córdoba y Norte de Antioquía, donde los constantes consejos de seguridad y el aumento del pie de fuerza han fracasado. La Fuerza de Tarea conjunta Aquiles que se desarrolla desde 2019 con alrededor de 5.000 soldados entre Ejército Nacional y Policía, y que fue creada para brindar seguridad en las regiones del Bajo Cauca y Sur de Córdoba, no ha podido frenar las constantes violaciones a los DDHH y al DIH de la población ubicada en estas zonas del país. Hacemos un llamado al gobierno del presidente Duque, para que cumpla los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz, con las comunidades de estas regiones del país, que hoy se desangran a causa de la violencia. Estas regiones, requieren una intervención integral, que logre mejorar la calidad de vida de los habitantes y que les permita el acceso a derechos que por años se les ha sido negados. Esto es, inversión en salud, educación, infraestructura y generación de empleo. [1] El 8 de enero en el municipio de Cáceres fueron asesinados los líderes comunales Edwin Antonio Indaburo y Jhon Jairo Estrada. El 15 de enero fue asesinado en el municipio de Yondo el líder comunal Robinson Quino Bonilla. El 19 de enero fue asesinada la lideresa social y campesina Linda Patricia Díaz en el municipio de Cáceres. El 29 de enero en Yarumal fue asesinado el líder comunal José Miguel Barrientos, su cabeza fue dejada en el centro poblado al lado de la parroquia en el corregimiento Ochalí. El 31 de enero en Tarazá fue asesinado el líder comunal de PNIS Remberto Arrieta. [2] El 1 de enero asesinaron a Yolanda Mazo en el municipio de Briceño y el 23 de enero fue asesinado Juan Carlos Correa en el municipio de San Andrés de Cuerquia. [3] El 15 de enero fue asesinado en Dabeiba Hober Giraldo. El 24 de enero fue asesinado en Ituango Cesar Darío Herrera. El 17 de abril fue asesinado Rigoberto García en el municipio de Urrao. El 7 de mayo en el municipio de Bello fue asesinado Wilder Daniel Marín y el 27 de julio Unaldo de Jesús Castillo en el municipio de Urrao.

Por: Julián Martínez Vallejo. Periodista Asociado Pares. El 4 de marzo de 2009, apareció un ex escolta del DAS, adscrito al programa de protección de testigos de la Fiscalía General de la Nación, declarando que el abogado Abelardo De La Espriella era uno de los beneficiarios del trabajo sucio, siniestro y criminal que el organismo de inteligencia ejecutaba ilícitamente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El testigo se llama Orlando Sastoque Ángel, con grado de instrucción de la Escuela Militar de Cadetes, y había trabajado como escolta del DAS entre los años 2003 y 2006, antes de irse como mercenario a Irak. En su paso por la agencia de inteligencia, conformó el esquema de protección de congresistas como Jesús Bernal Amorocho y Jairo Clopatofsky. Tras su arribo a Colombia, fue contratado en junio de 2007 como guardaespaldas del penalista Abelardo Gabriel De La Espriella Otero, director general del bufete de abogados “De La Espriella Lawyers Enterprise”, una compañía que se encuentra dentro de las 15 empresas de la industria legal con más ingresos operacionales, llegando a 17.919 millones de pesos en 2019. “Como a los tres meses, el doctor Abelardo me preguntó que si en el DAS le podían hacer un trabajo”, le dijo el ex funcionario del DAS a los investigadores de las chuzadas. Sastoque, de acuerdo con su versión, le preguntó a De La Espriella “¿cuál era la clase de trabajo que necesitaba?”. “Él me respondió que averiguara quiénes hablaban con la novia de él, una muchacha de Medellín, direcciones de la persona que la estaba llamando y nombres completos. Yo le respondí que le iba a averiguar, él me entregó recibos de Comcel, para que le realizara esta diligencia”, dijo el ex DAS. Entonces, Sastoque Ángel se fue para el Ministerio del Interior en donde se encontró con un contacto del DAS que conformaban la unidad secreta de espionaje que hacia estos trabajos sucios a particulares porque en el DAS no solo ejecutaban la cacería que les pedían desde la Presidencia de la República. “Yo llamé a ‘Sandoval’ (…) y le comenté el trabajo que quería el doctor Abelardo y ‘Sandoval’ me contestó que ese trabajo no se necesitaba realizar desde el DAS, porque él tenía fuentes de Comcel para trabajar esa línea por fuera, desde Comcel”. ‘Sandoval’ era uno de los cuatro agentes del DAS que, según Sastoque, consiguieron la información de inteligencia ilegal que necesitaba Abelardo De La Espriella sobre las comunicaciones de su novia en 2007. “Como a los ocho días, nos encontramos con ‘Sandoval’ y me entregó los resultados, es decir, nombre completo de la persona que llamaba a la novia del doctor Abelardo, dirección, teléfono, esto se le entregó por escrito, porque así lo pedía el doctor Abelardo”. Una de las revelaciones que trae el libro “ChuzaDAS”, es que, en octubre de 2006, durante la dirección de Andrés Peñate Giraldo, el gobierno de Uribe firmó un convenio secreto entre el DAS y las empresas de telefonía celular Movistar y Comcel, hoy llamada Claro, para conseguir información de cualquier abonado telefónico. Esta asociación les permitió fortalecer las actividades ilícitas para lograr la interceptación de más de 183 millones de llamadas con la ayuda, colaboración y aquiescencia del sector privado. “La veracidad de esta información se puede constatar con la información documental que yo le entregué a la investigadora Gladys de derechos humanos, en frente del doctor Erik, porque esto fue en su oficina, en el Búnker, Torre T, piso 1”. Doce años después de esta declaración, la investigadora de policía judicial Gladys Urrego, confirmó que el testigo Orlando Sastoque sí existe y que sí entregó pruebas a la justicia sobre este caso. “Sí, él entregó un poco de documentos, no lo niego”, dijo la funcionaria en una llamada telefónica. “Mire el señor Orlando Sastoque sí fue a la Fiscalía a rendir una declaración, pidió protección, pero toda esa documentación, que uno recoge como policía judicial, la entrega en el almacén de evidencias y eso queda dentro de la investigación que la Fiscalía lleva”, añadió la investigadora que conoció estas evidencias. En febrero de 2008, Sastoque le entregó a la Fiscalía los nombres y teléfonos de los funcionarios del DAS que desarrollaban estas actividades ilícitas y que eran conocidos con los alias de ‘Sandoval’, ‘El Gato’, ‘Chaguala’ y ‘Joaquín Puerto’ y copia de las facturas de la empresa Comcel sobre la línea celular que De La Espriella Otero les pidió espiar. Y señaló que la tarifa por estos servicios ilegales era de un millón de pesos al día y entregaban a cambio grabaciones, videos y seguimientos del ‘blanco’. En su declaración también mencionó al subdirector de esta firma de abogados Daniel Peñarredonda. Peñarredonda es aliado de Abelardo De La Espriella desde cuando trabajaron juntos en Fipaz, una oenegé que le hacía proselitismo político a los narco-paramilitares que se suscribieron en el acuerdo de paz de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con el gobierno de Álvaro Uribe. Para la época de la denuncia, el fiscal general era Mario Iguarán Arana, quien afirmó nunca haber conocido esta declaración en contra de Abelardo De La Espriella. “Tengo que decir que no conocimos, no conocí, un documento, o una denuncia, o una declaración, que señalara que algún abogado o algún particular hubiese estado utilizando los servicios del DAS para efectos de este tipo de interceptaciones”, sostuvo. Mario Iguarán es amigo personal de Abelardo De La Espriella desde hace más de una década. De hecho, los dos fueron padrinos de matrimonio del ex ministro del Interior Sabas Pretlet de la Vega, amistad que el ex fiscal general no niega, pero dice que nunca intentó favorecerlo. “Todo mi aprecio hacia a Abelardo. Abelardo es la persona más respetuosa y yo creo que si se miran las estadísticas, pudo haber tenido más éxito profesional en otras administraciones, en otras Fiscalías, que en la de Mario Iguarán. Por circunstancias, no porque yo quisiera que se le afectara o se le privilegiara”, agregó Iguarán Arana. Paradójicamente, mientras el abogado Abelardo De La Espriella le pedía al DAS chuzar el teléfono de su novia, este presentaba una tutela el 3 de agosto de 2007 contra el Ministerio de Defensa y la Fiscalía reclamando la protección a su derecho a la intimidad, al aparecer en un listado de personalidades interceptadas por la Policía Nacional. De hecho, en los archivos secretos del DAS están los datos personales de Abelardo De La Espriella y su movimiento migratorio entre 2001 y 2008 justificados en que el DAS investigaba las actividades delictivas de la pirámide DMG. De acuerdo con el agente Orlando Sastoque Ángel, el trabajo ilegal sobre la línea telefónica de la novia de Abelardo De La Espriella no habría sido el único que pidió el abogado a los detectives secretos. El escándalo de las famosas prepago ocurrió en 2007 por la publicación del libro ‘¿Las prepago?’ del prestigioso periodista y autor de exitosas obras en Netflix, Alfredo Serrano Zabala, y que fue editado por Oveja Negra. “Este libro fue una gran sorpresa porque aquí lo que descubrimos era que detrás del tema de las prepago, de las mujeres presentadoras de televisión, reinas de belleza, mujeres que salían en los horarios triple A, a darnos las noticias en los canales de televisión a los colombianos, era un eslabón más de la mafia colombiana”, argumentó el escritor Serrano. El texto se fundamentaba en el testimonio de una proxeneta que bajo el seudónimo de ‘Madame Rochy’ le contaba al reportero las historias de modelos, reinas, periodistas, actrices y presentadoras de televisión que tenían relaciones intimas con narcotraficantes a cambio de altas sumas de dinero. ‘Madame Rochy’ trabajó como relacionista para el jefe de prensa del Cartel de Cali durante 25 años. “La contacta el periodista Alberto Giraldo y se la lleva, se la lleva porque ella manejaba una agenda, un catálogo de mujeres y los ponía al servicio digamos de estas grandes mafias. Ella era como una pues, por supuesto que proxeneta, de la alta, digamos, mafia en Colombia y le llevaba las mejores muchachas a los Rodríguez Orejuela en Cali”, relató el periodista. ‘Madame Rochy’ dice en ‘¿Las prepago?’ que Natalia París fue una de las 25 mil mujeres que relacionó con narcotraficantes al señalarla de haber tenido una cita con Alfredo Tascón Aguirre, alias ‘Alfredito’, líder del Cartel del Norte del Valle, hechos que negaba la modelo paisa. Según el ex detective del DAS “El doctor Abelardo empezó a trabajar con ella y empezó a preguntar quién era ‘Madame Rochy’, esta conversación la escuché yo, porque ellos iban en el vehículo en el que yo transportaba al doctor Abelardo”. Si bien la modelo paisa Natalia París Gaviria fue la esposa del asesinado jefe de la Oficina de Envigado Julio César Correa Valdés, conocido en el mundo del crimen organizado como ‘Julio Fierro’, ella negaba cualquier otro vinculo con la mafia y por eso denunció a ‘Madame Rochy’ por calumnia e injuria, argumentando que no tuvo ninguna relación con Alfredo Tascón, quien fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. En ese momento, nadie identificada el nombre real de la proxeneta. En el libro “La pasión del defensor”, que es una entrevista del publicista Ángel Beccassino al abogado Abelardo De La Espriella sobre su vida, el penalista comenta que cuando asumió la defensa de Natalia París llevó a la modelo al despacho del entonces fiscal general Mario Iguarán. En la página 92 De La Espriella dice: “Yo simplemente fui a presentar la denuncia con Natalia y el Fiscal General se enteró y llamó para que fuésemos a su despacho, porque quería conocer a Natalia París (…) Y el Fiscal me dijo: usted no se puede ir de aquí, joven, sin presentarme a esta mujer tan linda, vengan y se toman un café conmigo”. El caso es que, supuestamente, De La Espriella Otero le pidió otro encargo clandestino a los funcionarios del DAS. “Pasaron unos días y el doctor Abelardo De La Espriella, me dijo que hablara con gente en el DAS para que le averiguara sobre esta señora, que le hicieran un seguimiento, le interceptaran sus teléfonos y que cuánto cobraban”. Orlando Sastoque fue hasta el DAS a encontrase con alias ‘Puerto Joaquín’, en la calle 18 con carrera 28, a una cuadra de la otrora sede central del organismo de inteligencia en Bogotá en donde se encuentran estas cafeterías. Aquí entregó la razón de Abelardo De La Espriella. “Yo y ‘Puerto Joaquín’ nos subimos a la camioneta del doctor Abelardo, él me preguntó qué negocio había, yo le dije que el doctor Abelardo De La Espriella necesitaba que le averiguaran por la señora ‘Madame Rochy’, y Puerto me dijo que de qué manera, yo le respondió que él necesitaba que le chuzaran el teléfono, que le hicieran un seguimiento, le averiguaran la residencia de la señora y nombre real de ella”. Según el testigo, pasaron unos días y la información que el DAS le entregó a Abelardo De La Espriella, como la información de la identidad de la proxeneta ‘Madame Rochy’, comenzó a aparecer en los medios de comunicación. En efecto, el 23 de diciembre de 2007 el periódico El Espectador publicó un artículo del periodista Norbey Quevedo en el cual relataba los pormenores del proceso judicial de Natalia París contra el libro “¿Las Prepago?”. En ese artículo, la modelo dice que quiere que “a ‘Madame Rochy’ la metan a la cárcel”. En esa edición se revela que Consuelo García González es el nombre real de la proxeneta que Alfredo Serrano tenía como fuente para su libro. El periodista Alfredo Serrano le dijo a La Nueva Prensa que ‘Madame Rochy’ se sentía perseguida en la época de los hechos. “Todo lo que ella contó yo lo grabé, ella en un par de ocasiones me manifestó que sentía mucho miedo y que ella estaba durmiendo en pensiones, en moteles, o sea ella no se quedaba en su casa, vivía sola, ella tiene un hijo pero el hijo no estaba con ella. Y ella se quedaba en moteles y en distintos lugares porque sentía una zozobra muy grande porque ella sentía que la estaban interceptando, que la estaban persiguiendo, que su vida corría peligro”, contó el periodista. Curiosamente, también en el libro de Beccassino, Abelardo De La Espriella cuenta cómo fue su estrategia jurídica en el caso de Natalia París para lograr que el Juzgado Trece Civil de Bogotá ordenara sacar del mercado el libro ‘¿Las Prepago?’ en 2008 y desenmascarar a ‘Madame Rochy’. Entre otras cosas, De La Espriella dijo que había contratado investigadores privados. En la página 90 dice: “Entonces desenmascaré a esta madame, le puse unas investigadoras y descubrí quién era, se armó un escándalo del carajo, saqué adelante el proceso y presenté una tutela, que fallaron a favor, y que ordenó retirar del mercado ese infame pasquín, con una argumentación jurídica irrefutable: la honra y el buen nombre de una persona son derechos fundamentales inalienables”. Un año después, la propia Natalia Paris y su abogado desistieron de la denuncia por injuria y calumnia y el caso contra ‘Madame Rochy’ fue archivado por la Fiscalía en 2009. De hecho, un documento de la Fiscalía rotulado como “reservado” con fecha de junio de 2010, ya cuando Iguarán había dejado el cargo, reconoce que el ex escolta del DAS Orlando Sastoque entregó evidencias en el marco del escándalo de las interceptaciones ilegales. Además, hay otra constancia en la Procuraduría del 14 agosto de 2009 en la cual repitió que había aportado esas evidencias de las chuzadas del DAS ante la Fiscalía. “Me sorprende mucho, yo creo que ni siquiera ‘Madame Rochy’ conoció esto, yo creo que para ‘Madame Rochy’ también es nuevo que se conozca que hubo, digamos, esa encomienda de Abelardo De La Espriella en contra de Madame Rochy y de las personas, digamos, que estábamos en ese momento vinculados con esa demanda (…) Pero lo cierto es que eso es lo que ha pasado y muy sorprendido por esta noticia que conozco de ese ex integrante del DAS que sostiene el doctor Abelardo De La Espriella estaba digamos en este trabajo”, relató Serrano. Las evidencias que Sastoque entregó en contra de Abelardo De La Espriella se enmohecen en almacén de evidencias de la Fiscalía desde hace trece años, porque, aunque investigaron y judicializaron algunos en el DAS, este caso en específico no tuvo la atención de ningún fiscal general. Ni Mario Iguarán, ni Guillermo Mendoza Diago, ni Viviane Morales, ni Eduardo Montealegre, ni Jorge Perdomo, ni Néstor Humberto Martínez, ni Fabio Espitia avanzaron en esta línea investigativa. La fiscalía general de Francisco Barbosa confirmó que el proceso se encuentra “activo” y a cargo de la fiscal 8 delegada ante la Corte Suprema de Justicia Elba Beatriz Silva, quien tiene como jefe coordinador a Gabriel Ramón Jaimes Durán, el cuestionado fiscal que está encargado del proceso por manipulación de testigos y fraude procesal en contra del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Abelardo De La Espriella sigue siendo el abogado de Natalia París. Ahora la representa en el proceso que le abrió la Superintendencia de Industria y Comercio por haber difundido un mensaje por redes sociales recomendando el consumo de Dióxido de Cloro como tratamiento para el COVID-19. El abogado De La Espriella no ofreció su punto de vista, a pesar de ser contactado desde hace más de una semana.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. “Desde MAFAPO nos encantaría que estos militares que siguen dando sus versiones, y quienes las darán, realmente puedan aportar a que se conozcan otros casos, a que sepamos dónde están sepultados los muchachos, dónde los reclutaban, pues finalmente lo que siempre ha atravesado estos hechos es que lo que se quería es que nunca supiéramos dónde estaban, qué había pasado. Entonces, hoy, nadie más que los militares implicados son los que realmente saben en cuántos casos participaron”, Jacqueline Castillo, integrante de MAFAPO. Hoy se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP- reconocía que durante el periodo de 2002 y 2008 fueron cometidas, al menos, 6.402 ejecuciones extrajudiciales que luego serían presentadas como bajas en combate. Lo que incluso significa , aun con la crítica cifra presentada por la Fiscalía, la cual exponía que eran cerca de 2.248 víctimas, que ésta más reciente casi que la triplica, más exactamente se está hablando 4.154 casos más. También hay que mencionar que el 78% de los hechos que se han presentado históricamente se concentran durante los años de mandato de Álvaro Uribe Vélez. Además, el 66% de los casos que hoy se conoce ha identificado la JEP, ocurrieron en diez zonas del país, entre las que están Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, que a su vez son territorios priorizados por donde comenzará la primera fase de investigación del Caso 03: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. A la fecha la Jurisdicción ha dado varios pasos sobre estos hechos, por ejemplo, se han acreditado 720 víctimas y se han desarrollado 419 versiones con 330 comparecientes. Asimismo, se han identificado más de 2.000 comparecientes presuntamente responsables. Además, se han recibido más de 20 informes de organizaciones sociales y de víctimas de estos hechos, entre ellas de MAFAPO. A la par de esto también han sido innumerables los pasos dados por las organizaciones sociales que han estado haciendo pulso ante una institucionalidad negacionista, que ha querido por años defender y legitimar acciones que a toda luz y con el pasar de los años han demostrado ser de lesa humanidad, y que ahora, además, se enfrentan a esa misma institucionalidad que ha hecho esfuerzos por acabar con la JEP, la misma Jurisdicción que hoy demuestra que las víctimas de estos hechos son más de las que registran otras entidades estatales, que incluso, como han insistido organizaciones como MAFAPO, pueden ser más de 10.000, pues si por algo estuvieron marcados estos periodos fue por el miedo que representaba -y representa todavía- poner una denuncia, y por las represalias de las que muchos/as temían ser víctimas. Lo cierto es que con todo esto la defensa para conocer la verdad y para que se haga justicia siempre ha estado en millones de familiares de las víctimas de los crímenes cometidos por la Fuerza Pública, y por eso es necesario destacar los avances de la JEP, que aunque dolorosos son necesarios, así como la incansable lucha e insistencia de quienes se han enfrentado a un sistema y a unos intereses que se han opuesto a la verdad. Por esto desde Pares hablamos con Jacqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo Peña, una de las víctimas de los casos de ejecuciones extrajudiciales en el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Jacqueline Castillo, hace parte y es representante legal de MAFAPO, la organización que por 12 años ha levantado la bandera de la lucha de millones de madres, hermanas, tías, para que haya justicia en cada uno de los casos de quienes fueron asesinados para que militares mostraran “resultados”. Pares: Desde MAFAPO, que por años han insistido que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales son muchas más de las que registra la Fiscalía, ¿cómo se recibe esta información dada por la JEP? Jacqueline Castillo: Realmente no nos aterra mucho la cifra, pero en cierta manera nos da una gratificación porque con esto que está documentando hoy la JEP afirma que definitivamente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se incrementaron estos casos de falsos positivos, señalando que en ese periodo estarían casi el 70% de los hechos. Así, sigue dejando ver que su política de seguridad democrática y los “beneficios” que se brindaron en ese momento a los militares; ascensos, medallas, vacaciones, aumentaron estas ejecuciones extrajudiciales. Nosotras sabemos que con esto de hoy nos estamos acercando a la cifra que hemos afirmado, porque son más de 10.000 víctimas. Igualmente, hay que reconocer que hasta los mismos magistrados nos han dicho que ellos no van a poder documentar caso por caso de todos los que ocurrieron en Colombia porque eso llevaría una eternidad, pero esto sí permite estar más cerca de la verdad. Pares: A esto conocido hoy también se suma que hace algunos días la JEP le pidió a la Fiscalía General y a la Procuraduría investigar una presunta manipulación de militares sometidos a esa justicia desde el Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública –FONDETEC-. ¿Han evidenciado ustedes de alguna forma esto, que además no es la primera vez que se alerta? J.C: Esto lo hemos evidenciado con las versiones que los militares han dado; ellos llegan condicionados con documentos a contar una verdad que está queriendo ser manejada y acomodada, pareciera que se estableciera qué es lo que deben hablar, callar, hasta dónde deben hablar y hasta dónde pueden contar. Nosotras tuvimos contacto directo con un militar que estaba pagando condena por estos casos, y él nos decía que aun ya estando en esos puntos los presionaban para que “supieran contar las cosas”. Entonces, sabemos que están condicionados y eso finalmente se nota en las versiones que son escuchadas en la JEP. Ellos se limitan a contar lo sucedido, pero no van más a profundidad involucrando a los altos mandos. Lo que se escucha es como un: “yo hice”, “yo disparé” y “esa es mi versión”. Pares: A pesar de lo anterior, ¿la gravedad de lo que hoy informa la JEP podría ser un paso para que esos altos mandos dentro de las Fuerzas Militares y miembros del gobierno de ese momento sean implicados formalmente? ¿Ustedes lo ven posible? J.C: Con toda seguridad creemos y seguiremos insistiendo en que ellos deben ser investigados. Juan Manuel Santos era el ministro de Defensa en ese momento, y era la cabeza mayor de las Fuerzas Militares, así que él no puede lavarse las manos, ni decir que no tenía conocimiento de lo que el Ejército estaba haciendo. Más aún, tampoco lo puede hacer Álvaro Uribe Vélez, que fue quien impulsó principalmente su política de seguridad democrática, y que además bajo esta misma se le implica con otros graves hechos de violaciones a los derechos humanos. Él sabía y sabe porqué en ese momento hubo ese aumento en los casos. Personajes como Mario Montoya, que era quien directamente estaba comandando las Fuerzas Militares, con mayor seguridad afirmamos que él sabía lo que estaba pasando, las ordenes que se daban, y quiénes las estaban dando. Sin dejar de nombrar que probablemente él hizo y ha estado haciendo presión sobre los militares, por un lado, para que la verdad siga sin conocerse, y por otro lado, porque en ese momento lo que a él le interesaba era contar muertos. Pares: Hoy personajes como Paloma Valencia salieron a decir que la JEP tenía un sesgo político; esta es solo una de muchas presiones y estimaciones que se han hecho sobre la JEP desde sectores como el Centro Democrático. ¿Cómo desde MAFAPO se interpreta y se actúa respecto a esto? J.C: Nosotras nos paramos desde el reconocimiento que el Estado mismo no quiere que la JEP funcione, y quiere que se acabe. Recuerdo que en 2019 yo estuve en un evento en Washington, donde después de este evento el pronunciamiento de Estados Unidos a Colombia fue decir que de las ayudas dadas de ese país al nuestro un porcentaje era para el funcionamiento de la JEP, pero pareciera todo queda ahí, en pronunciamientos, pues el Estado ha actuado bajo el interés de interrumpir y poner barreras al trabajo de la JEP: Pares: Siguiendo lo anterior, ¿cuáles son los principales pasos que ustedes reconocen se han dado a través JEP en este caso de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado? J.C: Se han dado varios, pero reconocemos como de vital importancia el reconocimiento de fosas comunes en algunas zonas del país, lo que ha permitido que muchas familias sigan guardando la esperanza de saber qué pasó con sus hijos, sobrinos, primos. También se ha logrado poner sobre la mesa y confirmar que no fueron casos aislados, como históricamente se ha querido insistir. Además, la JEP también ha ayudado a publicar los casos que han encontrado, por ejemplo, en Dabeiba, en los Llanos Orientales, lo que, por otro lado, nos ha permitido reconocernos entre quienes hemos sufrido este flagelo. Todo esto también nos ha dejado la fuerza para seguir insistiendo en justicia, y en saber en la JEP una organización que seguirá buscando verdad, recorriendo el país conociendo más de lo ocurrido, y escuchando a quienes se han visto implicados con estos casos. Nosotras sabemos que con esto de hoy nos estamos acercando a la cifra que hemos afirmado, porque son más de 10.000 víctimas. Igualmente, hay que reconocer que hasta los mismos magistrados nos han dicho que ellos no van a poder documentar caso por caso de todos los que ocurrieron en Colombia porque eso llevaría una eternidad, pero esto sí permite estar más cerca de la verdad. Imagen: Pares. Pares: Por último, la JEP aclara que estos asesinatos de los que hoy habla son los cometidos precisamente entre 2002 y 2008. ¿Qué hacer y qué urge reconocer de los casos que no fueron cometidos en este periodo? J.C: Esto lo hemos evidenciado con las versiones que los militares han dado; ellos llegan condicionados con documentos a contar una verdad que está queriendo ser manejada y acomodada, pareciera que se estableciera qué es lo que deben hablar, callar, hasta dónde deben hablar y hasta dónde pueden contar. Nosotras sabemos con seguridad que esto no venía desde el 2002, esto venía de mucho más tiempo atrás, lo que pasa es que en ese periodo de la presidencia de Álvaro Uribe hubo un crítico aumento de los casos. Realmente lo que nos queda es esperar a que la JEP siga realizando su trabajo como nosotros esperamos que lo haga, pues finalmente ninguno de los hechos puede quedar en el olvido, ni sin justicia, y el Estado debe ser condenado por lo sucedido. Claro, entendemos, y como la misma JEP ha dicho, que no se podrá investigar caso por caso, pero sí como macrocasos estamos convencidos que todavía a través de esta justicia hay mucho por hacer para que sean reconocidos y vinculados cada uno de los responsables.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio a conocer a la opinión publica su estrategia sobre la priorización dentro del Caso 03, conocido como “Falsos Positivos”. Dentro de su comunicado precisa que son al menos 6.402 víctimas de asesinato presentadas como “muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”. De esta forma, continúa el papel histórico del Tribunal Especial en uno de los capítulos más crueles de la historia colombiana que tuvo ocurrencia en los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. De hecho, el 78% del total de la victimización histórica se concentran cuando el país se encontraba bajo la bandera de la Seguridad Democrática de Uribe. Madres de Víctimas de Falsos Positivos (MAFAPO) señalaron en su cuenta de Twitter, frente esta decisión señaló que este es el momento para que digan la verdad personas como los exministros de Defensa de la era Uribe; Camilo Ospina y Juan Manuel Santos. El excomandante del Ejército Nacional General Mario Montoya y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy resuenan palabras dichas por el entonces presidente de la República, Uribe, el 8 de octubre de 2008: “los jóvenes desaparecidos de Soacha que fueron dados de baja en combate no fueron a recoger café; iban con propósitos delincuenciales”. Por su parte, León Valencia, director de Pares sobre el tema de los ‘Falsos Positivos’ ha señalado que «Los coletazos pueden seguir si el uribismo y el gobierno siguen cerrando los ojos ante las nuevas realidades del país, y se empeñan en volver atrás la rueda de la historia. Tienen que entender que, lo que ayer les dio resultado, ahora es un enorme lastre que puede sepultar una administración que prometía mirar hacia adelante y construir una nueva agenda para Colombia.« *** Con el comunicado de la JEP se devela el insuficiente registro del que hablaba la Fiscalía General de la Nación a través de su informe en el que señalaba que eran 2.248 víctimas. De acuerdo con la JEP, como también, lo han señalado organizaciones de víctimas; el universo de víctimas puede ser mayor. Frente a esta situación lo expresado en el comunicado 019 de 2021 del 18 de febrero señala: “Las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP. Sin embargo, las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica.” Además, puntualizó que las fuentes coinciden “en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009.” Acá les presentamos de qué va la primera fase de investigación del Caso 03 bajo el nombre de ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’. De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad la investigación va “de abajo hacia arriba”. Es decir, que “primero se identifican los partícipes determinantes y máximos responsables a nivel local. Posteriormente se determinará si hay y quiénes son los máximos responsables a nivel regional y nacional.» Precedentes Cabe señalar que el Caso 03 fue abierto por la JEP el pasado 23 de julio de 2018 ha estudiado los hechos victimizantes ocurridos entre 1984 y 2014. En este, según la JEP, se identificado más de 2.000 comparecientes presuntamente responsables de los hechos. Además del informe entregado por la Fiscalía la JEP ha recibido más de 20 informes de organizaciones sociales y de víctimas como los de Madres de Víctimas de Falsos Positivos (MAFAPO), el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, la Corporación Jurídica Yira Castro, La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), entre otras. Asimismo, la JEP dio a conocer que bajo el Caso 03 hay seis (6) subcasos en los departamentos Meta, Casanare, Huila, Norte de Santander, Costa Caribe, Antioquia. Los batallones implicados Meta: el Batallón de Infantería no. 21 “Batalla Pantano de Vargas» (BIVAR) presentó el incremento más significativo en la cantidad de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre los años 2002 y 2005. En consecuencia, se priorizará el esclarecimiento de los hechos ocurridos en este periodo. Casanare: la Cuarta División ocupó el segundo puesto en resultados operacionales de todo el país y en 2007 alcanzó el primer puesto. Con el análisis de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por 100.000 habitantes, se pudo determinar que, para el periodo entre 2002 y 2008, la tasa para este departamento fue la más alta en todo el país con casi 12 por 100.000 habitantes. En esta zona la JEP priorizará la investigación por los hechos ocurridos entre enero de 2005 y diciembre de 2008 que correspondieron a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Brigada XVI. Huila: la Quinta División del Ejército, que tiene jurisdicción sobre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, se caracterizó por un incremento sustancial de casos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2005 y 2008, en comparación con el número de casos que se registran antes y después de ese lapso. De un total de 327 muertes reportadas como resultados operacionales se tiene que la mayoría se concentraron en el sur y el centro del departamento del Huila, particularmente en el municipio de Pitalito con 39 víctimas, correspondiente al 26.9% del total de las muertes, seguido del municipio de Garzón en donde se registraron 19 víctimas, es decir el 13.1% del total presentado. Norte de Santander: Dentro de la información con la que cuenta la JEP, se tiene conocimiento de 420 víctimas reportadas en el período 1985-2016. Norte de Santander ocupa el sexto lugar a nivel nacional. El 82% de las víctimas se concentran entre 1999 y 2008. La mayor cantidad de víctimas reportadas se concentra en El Catatumbo. La Segunda División, con jurisdicción en el Norte de Santander y Boyacá, se encuentra dentro de las cuatro divisiones del Ejército Nacional que concentran cerca del 60% de los casos. Con base en este panorama cuantitativo, la JEP decidió concentrarse en el esclarecimiento detallado de los casos que ocurrieron entre 2007 y 2008 en El Catatumbo. Allí la JEP ha identificado por lo menos dos patrones representativos del Caso 03. Costa Caribe: El 7,3% del universo de víctimas, para el periodo comprendido entre 2002 y 2008, se encuentra en el departamento del Cesar, el tercer departamento con mayor nivel de victimización en el país. La Guajira reporta el noveno lugar de incidencia en la victimización del país con 90 muertes, equivalentes a un 4%. La Sala priorizará en un primer momento la investigación de los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del Cesar y el sur de la Guajira que correspondieron a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa». Antioquia: registró el 25% del total de víctimas ocurridas a nivel nacional entre 2002 y 2008, es decir, una cuarta parte del total. El año de mayor victimización de la región fue 2004. La IV Brigada, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013. Se priorizarán los hechos ocurridos entre enero de 2003 y diciembre de 2005 en el oriente antioqueño. Uno de los casos emblemáticos es el del cementerio Las Mercedes en Dabeiba del que han entregado información ante la JEP 14 miembros de la fuerza pública, de distinto rango. La mayoría de ellos no habían sido investigados por la justicia ordinaria y quienes sí lo fueron, confesaron ante la JEP la comisión de crímenes nunca antes judicializados.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. Pares. Desde que el congresista del Centro Democrático Milton Angulo Viveros, elegido para el periodo 2018-2022, tomó el control de la Universidad del Pacífico (UniPacífico) en Buenaventura, a través de su amigo personal y socio político Dagoberto Riascos, está manejando aproximadamente el 60% de la nómina de la entidad para ubicar a sus cuotas burocráticas. Riascos está próximo a cumplir dos años en la rectoría encargada de esa institución universitaria. La pandemia del Covid-19 fue aprovechada por el rector y el congresista para dilatar el proceso de elección que busca designar en este cargo a una persona en propiedad para darle fin a los malos manejos administrativos y financieros de Dagoberto Riascos. Dichos malos manejos fueron denunciados en una auditoría que hizo la Contraloría General en la cual encontró, entre otros hallazgos, que se perdieron casi 200 millones de pesos con las tarjetas de crédito de la Universidad y se trasladaron recursos sin autorización del Consejo Superior Universitario. Angulo Viveros es socio político de a millonaria cacique vallecaucana y política, Susana Correa, actual directora del Departamento de Prosperidad Social, a quien el presidente Duque designó a finales de 2020 como gerente para la reconstrucción de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) presenta este informe titulado “El saqueo del Centro Democrático a la UniPacífico en Buenaventura” en el revela los vínculos directos entre familiares del congresista y la UniPacífico, y la contratación irregular con corporaciones y empresas fachadas con las que han tenido intereses los mismos personajes que hoy se declaran amos y dueños de la institución de educación superior. Descargue el informe completo aquí:

Por: Laura Cano. Periodista Pares. De nuevo el departamento del Amazonas vuelve a estar en la lupa mediática y en las discusiones gubernamentales. Como en la mayoría de las veces porque una vez más el abandono estatal se ha hecho sentir. El día de ayer, en medio de la socialización sobre cuál iba a ser el orden por ciudades para poner las 50.000 vacunas que llegaron el pasado lunes de la compañía Pfizer, llamó la atención que dentro de dicho plan no se incluían ni a Leticia, ni a Mitú, lo que en un primer momento llevó a inferir que a esta zonas no llegarían dosis. Tras esto, Iván Duque salió a decir que todo se trataba de “error involuntario”, y que en efecto en estas zonas iban a llegar parte de estas vacunas. Lo anterior sustentado también en que la Resolución 161, expedida el pasado 13 de febrero desde el Ministerio de Salud, estableció, entre otras cosas, que la primera tanda de vacunas de Pfizer será distribuida en todos los departamentos. Así, luego se aclaró que sí iban a haber dosis para estas zonas, pero luego se conoció que para Vaupés la cantidad será de 12 vacunas, y para el Amazonas de 54. Nombrando, igualmente, que estas no son las únicas zonas con este bajo índice, pues en Vichada serán 24 y en San Andrés y Providencia llegarán 42 dosis. Vale la pena mencionar que en el caso de Vaupés se han reportado 1.152 casos de Covid-19, 4.458 en el Amazonas, 1.336 en Vichada y 2.687 en San Andrés y Providencia, los cuales no son pocos teniendo en cuenta que las poblaciones es estas zonas, a finales de 2018 según datos del DANE, eran de 40,797, 76,589, 107,808 y 61,280, respectivamente. Además, departamentos como el Amazonas y Vaupés han estado altamente expuestos a la cepa brasilera del Coronavirus: la variante P.1, linaje B.1.1.28, detectada en Manaos (Brasil) el pasado diciembre, y que finalizando enero ya se conocían dos casos en el Amazonas. Según detalló en su momento el INS, se trataba de una mujer de 39 años, residente en Leticia, quien presentó síntomas el 10 de enero, y un hombre de 79 años, con síntomas desde el pasado 2 de enero. Es decir, aunque hasta hace poco se comunicó sobre estos casos en el país, es probable que la variante P.1 esté circulando en el Amazonas desde, al menos, finales de diciembre o comienzos de enero. Siguiendo esto, no hay que perder de vista que durante enero y febrero en el Amazonas se presentó lo que fue un segundo pico de contagio de Covid-19, superando incluso lo ocurrido durante mayo y julio de 2020, periodo en el que esta zona fue una de las que mayores cifras de contagio tuvo. Esta vez, solo en enero, el departamento reportó 445 casos de Covid-19, muy por encima de lo reportado un mes antes, pues en diciembre fueron 96 los contagios informados. “Prácticamente lo que se está viendo es que la soberanía ejercida por el nivel institucional, sobre todo en lo relacionado con salud, es un desastre que no se resolvió ni a pesar de todas las denuncias que se hicieron el año pasado y este año. Incluso, la llegada de la cepa brasilera a este territorio tiene mucho que ver que en el paso fronterizo no hay ningún control de nada, solo hay un policía acostado. Esto es una seguidilla de torpezas institucionales”, explicó Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares. Así las cosas hay que señalar que a la fecha hay 91 casos activos de Covid-19 en el Amazonas, 4.458 casos positivos durante la pandemia, y, aunque el departamento es uno donde se ha hecho mayor alerta de fallecimientos bajo sospecha – pues ante la ausencia de unidades de cuidados intensivos muchos pacientes críticos están siendo remitidos a Bogotá y otras capitales-, en este punto del país se tiene registro de 149 fallecimientos a causa del virus. Un panorama social que no favorece Lo anterior es solo una parte de lo que afecta, sobre todo en tiempo de crisis sanitaria, al departamento que se configura como el más grande a nivel de extensión territorial -109.665km2-: el Amazonas. Ante el “error involuntario”, otra de las cosas que se anunciaron fue que se evaluará desde el Ministerio de Salud la posibilidad de vacunar a toda la población de Leticia con las 192.000 dosis de la vacuna Sinovac que llegarán al país este fin de semana. “Estamos analizando con la Instancia Intersectorial de Vacunas la posibilidad de hacer un bloque especial en la ciudad de Leticia. (…) Sería una oportunidad interesante para vacunar a la población de Leticia y terminar esta situación y darle un respiro a la ciudad, así como proteger al resto del país frente a la posibilidad de la llegada esta nueva cepa», dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz. No obstante, esta nueva cepa está lejos de ser la única problemática que acentúa la crisis sanitaria en el departamento. Por una parte, vale la pena traer a colación la denuncia hecha por Pares en abril de 2020, cuando se advirtió que la capital del Amazonas estaba al borde de una crisis humanitaria; hoy se ve que dicha afirmación era una realidad. Uno de los puntos a resaltar es la poca cobertura hospitalaria; pues apenas se cuenta con 10 centros de atención de salud, de los cuales, solo hay un hospital -E.S.E. San Rafael- y una clínica -Leticia-, que además en pleno primer pico de contagio se vieron afectados por una renuncia masiva de personal de salud, pues como se argumentaba no se les estaba garantizando el acceso a elementos de protección para que atendieran a pacientes infectados. A esto se sumaba que según la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, todo el departamento hace parte de las Zonas No Interconectadas (ZNI) de energía del país. Todo esto agravado con que el Amazonas comparte la mayor proporción fronteriza con Brasil, y “al otro lado de la frontera, con 62.346 habitantes, Tabatinga –ciudad brasilera fronteriza- solo cuenta con apenas dos centros de salud: la Unidad de Primeros Auxilios -UPA- y el Hospital militar; insuficientes para toda la población que deben atender. Por otro lado, cabe recordar que esta frontera es una conurbación, es decir, un mismo casco urbano dividido por un semicaudal -quebrada contaminada-, que tiene como control para pasar de un territorio a otro un policía acostado”, se leía en el artículo. Ante la situación de abandono y olvido, y todo el panorama actual, recientemente Octavio Benjumea, representante del gremio turístico del departamento expresó a medios de comunicación que empresarios, estudiantes y juntas de acción comunal tomaron la determinación de “no aguantar más y buscar definitivamente a qué país nosotros pertenecemos. ¿O pertenecemos a Perú? ¿O pertenecemos a Brasil? Comenzamos con paz, porque amazonas es un territorio de paz, pero ya ni siquiera estamos subsistiendo, nos estamos autoconsumiendo; el 80% de la fuerza económica del país radicada en Leticia está totalmente acabada”. Y es que además, siguiendo lo anterior, desde el pasado 28 de enero está cerrado el aeropuerto internacional General Alfredo Vásquez Cobo de Leticia por decisión del Gobierno Nacional, y como se plantea esta medida iría hasta el 02 de marzo, lo que ha intensificado la desconexión con el departamento, y además, la crisis económica por la que pasa el país. “Parece absurdo que la decisión haya sido cerrar el aeropuerto y condenarlos a morir encerrados en una muralla biológica con la que se está generando una estigmatización sobre la población del Amazonas, que, además, bloquea cualquier tipo de relación comercial y hace una violación de los Derechos Humanos. Además se le está dejando incomunicados, no se les está dando asistencia alimentaria y el Gobierno Nacional ha dado la espalda. Entonces, esto lleva a cuestionarse, ¿si en estos contextos las decisiones del Gobierno y el precedente que se deja con esto es encerrar a los territorios fronterizos cuando alguna cepa entre? ¿Esa es la política fronteriza del Gobierno? Esa no es la manera en la que se deben manejar estas crisis”, aseveró Salazar. Hoy con todo esto debería ser un hecho que la vacunación general en el Amazonas fuera una realidad cercana, pues muchos aspectos y problemáticas históricas se han agudizado con la crisis sanitaria, y lo mínimo que puede hacer el Gobierno Nacional es reconocer esto y brindar soluciones efectivas. Citando de nuevo a Esteban Salazar, desde el principio “era más factible hacer primero, antes que en todo el país, una vacunación de las 355 personas de la primera línea de salud del Amazonas, y luego un plan general de vacunación en el departamento, pues con eso se pudo haber generado una inmunidad de esta nueva cepa que, por un lado, fuera una garantía para poder reabrir, y además, no se generara el riesgo de un nuevo pico de contagio”. ______________ Nota: Como se recalcó más arriba, una situación similar viven los departamentos de Vichada, Vaupés y San Andrés y Providencia, por lo que también urge que estas zonas sean priorizadas en los siguientes planes de vacunación.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. Las autoridades departamentales confirmaron la masacre de al menos cinco (5) personas en el corregimiento de Tapartó, en el municipio de Andes al Suroeste antioqueño. De acuerdo con la información otorgada a los medios de comunicación hombres encapuchados, con prendas oscuras y armados; arribaron hasta la vereda La Vela, en una finca cafetera conocida como La Ilusión. Allí sacaron a las personas que dormían en un cambuche para posteriormente asesinarlos. Asimismo, se informó que los cuerpos —que inicialmente corresponderían a mayores de edad— presentan heridas de bala y, al parecer, de machete. Una persona que resultó herida fue trasladada al E.S.E Hospital de San Rafael, en el casco urbano de Andes. Con las dos (2) masacres —una el 18 de enero y otra el 2 de febrero de 2021— en el municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca Antioqueño, que dejaron siete (7) víctimas; con la masacre de Betania, el 10 de enero, que en la que asesinaron tres (3) personas y con las —hasta ahora— cinco (5) víctimas; Antioquia se convierte en el departamento en donde más masacres se han perpetrado en 2021. En suelo antioqueño han sido asesinadas 13 personas en poco más de un mes. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fundación Paz & Reconciliación son 14 las masacres que se han perpetrado en Colombia en 2021. Son seis (6) los departamentos en los que han tenido ocurrencia en 14 municipios. Ocho (8) en el mes de enero y seis (6) en los 17 días que lleva el mes de febrero. En Cauca se han registrado tres (3) masacres: una en Argelia, Inzá y Popayán. En Nariño tres (3) en los municipios de Policarpa, Roberto Payán y Tumaco. Dos (2) en el Valle del Cauca: Cali y Buga. Una en Caquetá y una en Putumayo. En este sentido, en Colombia han sido asesinadas 55 personas en las 14 masacres perpetradas. Más Consejos de Seguridad De acuerdo con Aníbal Gaviria Correa, gobernador del departamento de Antioquia, se realizará —como se volvió costumbre por parte del Gobierno Nacional tras la ocurrencia de una masacre— un consejo de seguridad en el municipio de Andes, en compañía del ministro de Defensa Diego Molano. Según el gobernador éste buscará entender la situación del —cómo el lo denominó— “homicidio múltiple”. Por su parte, el jefe de la cartera ministerial de Defensa dio a conocer que, a eso de las 11:30 de la mañana, ya se encontraba en Andes en compañía del gobernador Gaviria. Molano parece señalar que detrás de la masacre estarían, a su juicio, “narcocriminales”. Así les llamó luego de anunciar que su “misión es capturar a los responsables y garantizar seguridad a la comunidad”; bajo lo que parece ser su bandera como ministro que ha denominado: “Sin Tregua”. Tal como lo ha comunicado la Gobernación de Antioquia se adelantó el Consejo de Seguridad Extraordinario en compañía del Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa. Sin embargo, las distintas organizaciones de defensores/as de Derechos Humanos o líderes y lideresas sociales han insistido en que estos “Consejos de Seguridad Extraordinarios” no están representando necesariamente una mejoría en las condiciones para las comunidades que se ven afectadas. La grave crisis de DDHH en Antioquia La crisis en el municipio de Ituango continúa profundizándose. De acuerdo con la Unidad de Víctimas, a 17 de febrero de 2021, son 596 campesinos los que han sido víctimas de desplazamiento forzado. Asimismo, la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia; ha resaltado que durante cuatro (4) días las condiciones no mejoran. Son más de 15.000 campesinos que se encuentran aislados del casco urbano. Cabe señalar que la situación además del desplazamiento en las zonas rurales de Ituango, por cuenta de las disidencias. No hay transporte público. El mensaje es «bus que se mueva se quema». Las familias campesinas se van a riesgo de perderlo todo. Los paramilitares dicen que si se van les queman las casas. El Brigadier General Fredy Marlon Coy Villamil este martes 16 de febrero anunció “que Como comandante de la Cuarta Brigada y en atención prioritaria a las diversas eventualidades ocurridas recientemente en Ituango Antioquia, me desplacé inmediatamente al municipio para realizar un consejo de seguridad extraordinario con las autoridades locales de Ituango”. Con esta determinación de retomar el control de la zona se prevé más situaciones de riesgo para las comunidades. Por ejemplo, esta tarde continúan siendo desplazadas las comunidades indígenas Emberá de Jaidukamá. Por otra parte, Antioquia no es el sólo el departamento en donde más se han registrado más masacres; sino también en donde más han asesinado firmantes de la paz en 2021. De los nueve (9) asesinatos de personas en proceso de reincorporación; tres (3) han sido perpetrados en suelo antioqueño. El 1 de enero fue asesinada Yolanda Zabala en el municipio de Briceño; Juan Carlos Correa, 23 de enero, en San Andrés de Cuerquia; mismo municipio en donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Carlos Correa el 13 de febrero y el asesinato de Leonel Antonio Restrepo, en Cañasgordas, este domingo 14 de febrero.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El panorama económico del país ha estado en la lupa de muchos sectores, pues desde iniciadas las medidas para mitigar el contagio de Covid-19 se alertaron sobre los impactos que la emergencia sanitaria podría llegar a tener en el desenvolvimiento económico del país. Hoy todas esas advertencias se ven reflejadas en los análisis sobre cómo le fue al país en esta materia durante el 2020. De nuevo, no son alentadoras las cifras. Esta vez fue el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-, el encargado de presentar una radiografía sobre cómo cayó en Producto Interno Bruto –PIB- durante el año pasado, el cual fue contrastado con el crecimiento del 3.3% reportado para 2019. Así las cosas, se informó que la contracción fue histórica, incluso se asevera que es la mayor caída del PIB desde 1975, año en el que comenzaron a haber series de crecimiento. Siguiendo esto, la cifra de este desplome del PIB en Colombia fue de 6,8% en 2020; lo que sería el resultado de las afectaciones de la pandemia, los confinamientos y las restricciones a la actividad económica del país. Situación acentuada, además, con políticas de reactivación que se han quedado cortas. Esta cifra incluso es peor que la crisis económica de 1999, a la que se hizo constante referencia desde el año pasado. En dicha crisis el descenso del PIB fue del 4,5 %. Hay que mencionar que hubo un grupo de sectores que se vieron mayormente afectados. Estos fueron los de explotación de minas y canteras, que tuvieron un decrecimiento del 15.7%; el de industrias manufactureras con el 7,7%; los dedicados a la construcción donde la contracción fue del 27,7%, el comercio con el 15,1% y las actividades artísticas que registraron una caída del 11,7%. Por el contrario, según la entidad, las actividades con mayor crecimiento fueron las de agricultura (2,8%), financieras (2,1%), inmobiliarias (1,9%) y administración pública y defensa, educación y salud (1%). Por otra parte, desde el DANE se señaló que la demanda final interna cayó un 7,6% en 2020 (en 2019 fue de un 4.1%), igualmente el consumo final cayó 4,1%, la formación bruta de capital se redujo 21,2%, frente al 3,6% del año pasado, y, además, las exportaciones tuvieron una afectación negativa del 17,4% y las importaciones cayeron un 18%. De esta forma, y trayéndolo a otros términos, el PIB en pesos corrientes bajó de $1.061 billones a $1.002 billones. Y el PIB per cápita anual pasó de $21,4 millones a $19,9 millones. Además, hay un aspecto importante que resaltar: el consumo de los hogares decreció un 5,8 %. Para entender este panorama de manera más aterrizada desde Pares se habló con la economista Cecilia López, quien además ha sido directora del Departamento Nacional de Planeación, Embajadora de Colombia en Holanda, ministra de agricultura, ministra de medio ambiente y senadora. Pares: ¿Qué significa que el Producto Interior Bruto (PIB) de Colombia haya registrado una contracción del 6,8% en el año 2020? Cecilia López: El descenso fue supremamente duro, y están tratando de decir que la recuperación de diciembre impidió que esto fuera mayor. Eso es cierto. Pero la recuperación de diciembre venía precedida de un descenso mucho más acentuado durante los primeros meses de la pandemia. Si el PIB no cayó tanto, o incluso más, como se tenía previsto, fue porque en diciembre se reactivó la economía. Pero hay un costo, y es que no se hizo de una manera más organizada. Y eso se va a ver en que en el 2021 haya unos meses críticos. En este momento el Gobierno debe ser claro asumiendo la crisis en la que estamos y actuando al respecto, partiendo, desde algo que se está ignorando, y es que las consecuencias que no están siendo iguales para toda la población. Pares: Justamente con lo que termina diciendo. ¿Cuáles son esos sectores que más se ven afectados con esta contracción? C.L: Debemos entender lo que significa estar en una crisis. Hay que empezar por decir que más de la mitad de la población está en niveles de vulnerabilidad; para algunos está población es cercana al 60%, pero ¿qué pasa con esto? Que a ellos/as el Gobierno no los está atendiendo con apoyos reales. El desempleo es tal que los índices de informalidad son los que han venido creciendo, lo que muestra una crisis social de unas dimensiones que no se han querido reconocer. Si a más del 50% de la población le están llegando muy pocos recursos, y además el Gobierno incentiva la entrega de subsidios que no llegan a la cantidad de familias que lo requieren, y que a las que les llega realmente representa una miseria; $160.000 no alcanza a cubrir ni una pequeña parte de los gastos de un núcleo familiar, esto lo que lleva es que la gente tenga que salir a buscar informalmente cómo solventar estos vacíos. Es muy grave porque esta situación está recayendo sobre los sectores más vulnerables, inclusive, tampoco se ha medido el impacto en las clases medias, que también puede ser muy fuerte. El costo social es el que ahora es necesario que el Gobierno voltee a mirar. Aquí es necesario señalar que una de las pocas medidas que pueden contribuir a una reactivación real son las vacunas, pero hoy hay casi doce países en la región donde ya se comenzó a vacunar, mientras que en Colombia apenas se va a empezar con una cobertura mínima. Así que se puede decir que el Gobierno es uno de los principales responsables de que la crisis sea de esta profundidad, porque no se ha movido en este aspecto, tampoco hizo mucho para generar nominas a las empresas que estaban generando empleo para estos sectores de los que hemos venido hablando. Pares: De esta forma, ¿este panorama cómo afecta puntualmente al colombiano/a promedio? C.L: Esta contracción se ha traducido en que no hay empleo decente, y en que tampoco hay demanda. Hay un punto que me parece neurálgico; el país lo que produce es lo que demandan las poblaciones pobres y de clase media, este grupo es casi 2/3 del país, porque los ricos compran las cosas que se venden en el exterior, que son las cosas más de lujo, a través de plataformas como Amazon. Entonces lo que pasa es que tener 2/3 de la población en estas situaciones es generar que justamente en ellos recaigan las consecuencias más graves, además, esto también impide que se reactive la economía. Por ejemplo, si se vacuna a la gente, y se comienza a salir, queda el cuestionamiento sobre cómo se les va a compensar la pérdida de ingresos en este tiempo. Aquí no hay que frenar la demanda, y sobre todo cuando esa demanda depende de estos sectores, porque como lo dije, lo que se produce aquí muy difícilmente es consumido por lo ricos, que son quienes sí han podido ahorrar durante la crisis, quienes en su mayoría no vieron afectados gravemente sus ingresos. De esta forma es urgente comenzar a pensar mecanismos más eficaces de protección del trabajo de las clases medias y más vulnerables, para que, entre otras cosas no se estanque la demanda. Imagen: Pares. Pares: Con este contexto colombiano, ¿cómo pensar una reactivación efectiva? C.L: Hemos insistido que el Gobierno se equivocó, pues creyó que la economía se iba a reactivar a través de la oferta. Pero no se dio cuenta que las empresas producen lo que demandan la gente de ingresos bajos y medios, y esa gente, que fue la que se vio más afectada, recibió apoyos del Gobierno muchísimos menores en comparación con el resto de países de América Latina. Es la tercera parte de lo que han dado países como Chile, Brasil y Argentina. Así se puede decir que el Gobierno no se preocupó por mantener la demanda, y en este momento lo que hay que hacer es dar ingresos a la gente que los ha perdido para que demanden y eso se hace generando empleos de emergencia y fomentando ingresos de apoyo. Aunque en lo anterior hemos sido insistentes, lo que pareciese querer hacer el Gobierno es financiarse con un IVA a la canasta familiar, cuando está probado que el Gobierno no está en la capacidad de devolver el IVA ni a los 2/3 de la población que es la que más ha perdido. Puede que se lo devuelva a los más pobres, pero al grueso de esos 2/3 no se los van a devolver, Mientras se insiste en incentivar la demanda lo que van hacer con esta reforma tributaria es frenar la economía porque además les quitan ingresos a los que pueden demandar. Pares: Uno de los sectores que según el DANE creció fue el agrario, sin embargo, en un artículo de La República Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), afirmaba que más allá de tener un PIB positivo, los agricultores tuvieron pérdidas y poca rentabilidad. ¿Cómo analizar esto? C.L: Lo que pasó con el agro fue una cosa que se venía advirtiendo al Ministro de Agricultura. Cuando la pandemia empezó los/as agricultores comenzaron a producir alimentos sin apoyo de nadie y por eso no hubo falta de alimento perecedero, pero el Gobierno no se dio cuenta que al contraerse la demanda urbana iba a comenzar a perderse parte de esos productos. Entonces, sí, el sector agropecuario se mantuvo, como afortunadamente se mantuvo el sector financiero, pero lo que pasó fue que aquí no se dieron cuenta que la caída de la demanda; la caída de los restaurantes, de todos los que demandan alimentos, iba a caerle principalmente a los productores; ahora una de las muestras de eso es que a la fecha se han perdido y se siguen perdiendo cosechas. Lo que se acentúa en que el Gobierno no se ha preocupado por estimular la producción, sino, por el contrario, se estimuló fue la importación de productos agrarios. Ahora, esto a lo que lleva es que la crisis vaya a afectar de manera diferencial a las poblaciones campesinas y de agricultores, pues si no estimulan la demanda interna se van a seguir perdiendo cosechas y la rentabilidad de ese sector va a seguir cayendo, mientras las cifras presentan otra cosa.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Recientemente se conoció que el ministro de Defensa, Diego Molano, había afirmado que en abril se daría de nuevo paso a la aspersión aérea con glifosato a cultivos ilícitos, esto a pesar de que desde distintos sectores y organizaciones se ha instado a que se dejé de lado esta herramienta, pues por años ha demostrado su poca efectividad en la lucha contra el narcotráfico, y por el contrario, su relación con enfermedades físicas y daños al suelo y los cultivos de las comunidades. Vale la pena recordar que durante septiembre del año pasado, cuando Carlos Holmes Trujillo aseveró que se estaba avanzando en la logística, pilotos, y protocolos para comprar glifosato y reanudar las aspersiones, diversas organizaciones de la sociedad civil y expertos realizaron un comunicado en enviado al Gobierno nacional, en el que especificaban las consecuencias que tendría la reanudación de la aspersión aérea con glifosato. Además, añadían que este procedimiento es muy costoso en términos sociales y ambientales. Resaltaban que la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica al glifosato como “probablemente carcinógeno en humanos”., asimismo se retomó que en julio de 2019 la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia recomendó la prohibición global absoluta del glifosato ante la probabilidad de sufrir abortos y/o problemas dermatológicos. “Volver a la aspersión aérea con este herbicida, además de tener implicaciones sobre el ambiente y la salud de las poblaciones, podría aumentar brechas de desarrollo y desigualdad social, considerando que la fumigación aérea no solo mata la hoja de coca, sino que erradica todo lo que se haya sembrado en un territorio, poniendo en riesgo la biodiversidad, el mínimo vital y los medios de vida de algunas poblaciones vulnerables”, se leía en el documento. Además, y como se ha hecho en reiteradas ocasiones, se advirtió que la fumigación aérea podría llegar a causar desplazamientos de las comunidades por los efectos químicos del herbicida en su salud, las operaciones militares que se llevan a cabo en sus territorios, y la pobreza en que se ven inmersos luego de que los cultivos de pancoger son fumigados. Es necesario señalar que este panorama ha ocasionado mayores riesgos en comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Justamente sobre lo anterior, hay que traer a colación que hace poco más de un mes el Tribunal Superior de Pasto ordenó la suspensión de la resolución 001 de 2020 correspondiente al tema de aspersiones aéreas y pueblos indígenas. Esta fue emitida por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Interior gracias a la acción de tutela interpuesta por Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense (REDHPANA) con el acompañamiento del Colectivo Fals Borda (OFB). Esta tutela había sido puesta por los resguardos indígenas y consejos comunitarios de la subregión del Pacífico Nariñense delos municipios de San Andrés de Tumaco, Mosquera, Maguí Payán, Santa Bárbara, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Barbacoas. En esta, entre otras cosas, denunciaban la vulneración de “los derechos fundamentales de consulta previa, consentimiento libre, previo e informado, salud, vida digna, mínimo vital, debido al proceso y al derecho de paz”. ¿Qué sigue según el Gobierno? Siguiendo lo informado por Diego Molano, en los siguientes 90 pretenden estar al día con los parámetros para reiniciar la aspersión aérea en el país, así como tener una respuesta del Consejo Nacional de Estupefacientes sobre si avala o no esta forma de erradicación, a la vez que se alistarían las condiciones exigidas por la Corte Constitucional. “Vamos a combinar todos los esfuerzos: primero, en erradicación manual; segundo, con desarrollo alternativo, pero también cumpliendo con los requisitos que establece la Corte Constitucional iniciaremos la aspersión en las zonas donde corresponde”, dijo el funcionario en el medio de comunicación. Igualmente, señaló el funcionario que buscan superar la cifra de erradicación de cultivos de uso ilícito, la cual para el 2020 fue de 130.000. Sobre esto hay que nombrar que hace poco desde Pares se advirtió que esa cifra y las cuentas del Gobierno Nacional no cuadran, y podrían estar siendo infladas, pues prácticamente de ser como afirmó el Gobierno y en ese momento Carlos Holmes Trujillo, se habría acabado con las siembras de coca en el territorio nacional. Haciendo énfasis en el seguimiento que se ha hecho desde Pares, hay preocupación por cuenta de una estrategia que está resultando ineficiente. Por ejemplo, en 2019 la reducción fue tan solo de 8.000 hectáreas aproximadamente. Sobre esto Ariel Ávila mencionaba que: “obedece a que no hay auditorias sobre las cifras. Es muy baja la auditoria que dejan hacer las Fuerzas Militares y la Policía. Además a que ”(…) Con menos hectáreas se está produciendo más cocaína. En gran parte esto tiene que ver con los precios del mercado internacional. El precio de la droga está muy alto”. Ante esta situación desde Pares se habló con Rosa María Mateus, defensora de Derechos Humanos y abogada Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organización desde donde ha venido haciendo acompañamiento integral a comunidades indígenas, afro y campesinas en procesos de exigibilidad de sus derechos en la defensa de su territorio, su autonomía y sus formas de vida. Pares: Desde distintos sectores se ha insistido en lo poco efectivas que son las aspersiones aéreas en esa lucha contra el narcotráfico que el Gobierno lleva. Ahora, con el nuevo ministro el camino que se quiere tomar es el mismo. ¿Desde el Cajar, con todo el trabajo que han adelantado al respecto, cuál es la lectura que se hace sobre que se quiera en abril retomar estas aspersiones? Rosa María Mateus: Realmente con el Gobierno Duque no es extraña una postura de este tipo por parte de un ministro. Ya son varios los que han pasado y han tenido como propósito este tipo de políticas. Entonces no es extraño para nosotros que este nuevo ministro también tenga esa postura irracional al respecto. Frente a esto hay mucha impotencia, hay mucha tensión, miedo y zozobra con este tipo de declaraciones en las comunidades que han sido afectadas y que se verían afectadas con las aspersiones aéreas con glifosato, que a su vez, también varias de estas son las que se están viendo afectadas por las aspersiones terrestres y por la erradicación forzada. Pares: Es un hecho que la implementación de Acuerdo de Paz ha sido insuficiente, y por esa vía la implementación del PNIS. ¿Esto cómo afecta o qué injerencia tiene en estas decisiones del Gobierno de continuar con las aspersiones aéreas? R.M.M: En efecto la implementación del Acuerdo de Paz no se está realizando de manera real, ni efectiva. El Gobierno no está cumpliendo con lo que allí se estableció, ni con las políticas públicas que deberían haberse generado. El Gobierno lo que hizo fue inventarse un tema paralelo, en el que está invirtiendo los recursos que deberían estar dirigidos a implementar el Acuerdo. No hay una implementación real, sobre todo del punto 4 y estas políticas antidrogas; se sigue persiguiendo al eslabón más débil de la cadena del narcotráfico que son los cultivadores, y se pretende seguir con el tema de los consumidores. Esto es lamentable. La Corte Constitucional fijo unos criterios, incluso en razón de las varias acciones de tutela que se han venido realizando, de la presión de las comunidades y de medios de comunicación, allí se establecían los pasos y todo lo que se debería primero hacer antes de llegar a la decisión de las aspersiones. Entonces, lo primero es intentar que vía sustitución voluntaria, pero por supuesto que esto no va a ser posible si la gente no tiene las garantías del cumplimiento de los acuerdos a los que se llegan con ellos/as. Ahí vemos una gran preocupación, hay una falta de veeduría y de observación muy grande frente a lo que está pasando con los programas de sustitución voluntaria, esto significa que la gente no pueda abandonar el cultivo de uso ilícito, pues porque básicamente quedarían sin sus necesidades básicas cubiertas, en términos también en que estos cultivos les ha dado todo lo que el Estado no. Es increíble cuando se llega a una comunidad y se pregunta qué les ha dado la coca y se encuentra en que la coca ha sido el Estado en muchos lugares de nuestro país. Pero también es muy triste cuando se les pregunta qué les ha quitado la coca, porque también las comunidades lo reconocen, están convencidas de que es necesario un cambio y una transformación, y por eso le apuntan a la sustitución voluntaria. No hay que olvidar que el punto 4 también contempla el rol de las políticas para perseguir a los verdaderos narcotraficantes y en ese sentido si el Gobierno no actúa, son actores que van a continuar en las regiones haciendo una presión muy grande frente a los cultivadores y los campesinos. Pares: Hace poco más de un mes se conoció que el Tribunal Superior de Pasto decidió admitir la tutela en la que las comunidades del Pacífico pedían que se suspendiera la resolución 001 de 2020 con la que se pretendía las aspersiones en algunos zonas de sus territorios. Con esto, y entre muchas otras acciones, ha resaltado la importancia de la organización. ¿Cómo fortalecer estas acciones? Asimismo, ¿cómo éstas han venido jugando un papel fundamental en la oposición a la aspersión aérea? R.M.M: Realmente este ha sido un trabajo muy complejo de organizaciones y procesos de base, y de organizaciones nacionales, sin embargo, en medio de todo lo que significa esto se ha podido abrir una grieta en esa gran roca, porque estos sistemas de justicia lamentablemente no son perfectos, pero sí se han tomado unas decisiones que han dejado ver cómo realmente el Gobierno no ha cumplido, y cómo deben darse unas garantías previas frente a cualquier acción que tome el Gobierno respecto a la aspersión forzada. Definitivamente hay que continuar fortaleciendo estas acciones. En este momento una de las maneras que nosotros/as vemos y que es muy importante, es que la sociedad en general esté pendiente de lo que la Corte Constitucional debe hacer en este momento, pues en este momento debe definir con rigurosidad todos los requisitos para la aspersión aérea. «Con este Gobierno está funcionando mucho el dicho de “confunde y reinarás”, pues estos informes que están presentando, es una cantidad de papel, pero en la filigrana y en la observación real nos encontramos con que todo eso es puro papel y que no se está cumpliendo de manera efectiva con ninguno de los programas que se han determinado» Imagen: Pares. Por otra parte, las organizaciones han jugado un papel fundamental, ese fortalecimiento organizativo es el que ha dado paso a la resistencia, el que ha dado paso a la denuncia, y el que seguirá abriendo pasos en el país. Definitivamente se depende mucho de esa fuerza que se busca en los territorios. Nosotros confiamos en esa fuerza de movilización, a pesar de lo difícil de las situaciones que se están presentando en estas zonas, de la criminalización y judicialización de líderes/as muy importantes para estas causas. Frente a eso hay que seguir organizándonos, seguir denunciando y seguir resistiendo a un Gobierno que no tiene ninguna voluntad de escuchar a las organizaciones sociales, ni a los/as expertos/as que se han pronunciado sobre el tema de daños del glifosato. Pares: Por último, el ministro dice que lo que se pretende es superar la meta de erradicación de 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos que se tuvo en 2020 y que en menos de 90 días estarían listas las condiciones establecidas por la Corte para la reanudación de la aspersión, así como la respuesta del Consejo Nacional de Estupefacientes. Esta es parte de la versión institucional. Con el trabajo que ustedes han venido realizando, ¿cuáles son las condiciones de muchas de las zonas y el contexto en el que se pretende retomar las aspersiones? ¿Hay condiciones reales para las comunidades? R.M.M: No hay condiciones de garantías de derechos de las comunidades que se verían afectadas con las aspersiones aéreas. Aquí en Colombia desde hace mucho tiempo todo este tema de las consultas han funcionado como relataba Eduardo Galeano, cuando señalaba que un cocinero en alguna ocasión reunió a todas las aves del mundo y les preguntó con qué salsa querían ser comidas, y entonces una gallina pasó al frente y le dijo que ellas no querían ser comidas, por lo que el cocinero le dijo que no, que eso estaba fuera de la cuestión. Así funciona mucho este papel de las consultas, de la participación de las comunidades, y así como el cocinero, el Gobierno colombiano no quiere escuchar a quienes se verían directamente afectados/as. Hay una preocupación enorme porque a pesar que se logran esos mecanismos, estos se diluyen y no se hacen de manera responsables y tampoco son efectivos. Por eso es que las comunidades han tenido que organizarse para resistir de otras maneras, las cuales son muy riesgosas, atravesadas por mucha violencia y persecución. Detrás de esto hay intereses muy oscuros con todo estos, que es todo el megaproyecto del narcotráfico. Lo anterior es solo un parte, porque también hay que hablar de cuando se dañan cultivos y luego no queda otra opción que sembrar a otros lados, porque tienen necesidades que suplir, pero además tienen actores armados respirándoles al lado. El Estado insiste en seguir cometiendo el mismo error que se ha venido cometiendo por años. Estas declaraciones vienen de un Gobierno que se podría catalogar como cínico. No sería para nada viable que un Gobierno como este continuara. Hay que pensar muy bien en lo que se viene. Si el Gobierno vuelve a realizar las aspersiones seguiremos poniendo la piedra en la rueda para que esto no funcione. Pero igual las comunidades deben prepararse para tener unos mecanismos de autoprotección, de no dejar que sus niños salgan mientras están asperjando, no consumir agua de esas fuentes. Esto es toda una tragedia, y nos resistimos a pensar que esto suceda nuevamente, pues el Estado ni siquiera ha parado a estudiar la cantidad de demandas que tiene pendientes alrededor de este tema.