Por: Laura Cano. Periodista Pares. En Antioquia las alertas siguen encendidas. Recientemente desde la Organización Indígena de Antioquia –OIA- se advirtió que cerca de 2000 personas de los resguardos indígenas Río Murindó y Río Chageradó estaban confinadas, pues les habían anunciado que en el camino que conectaba a ambas comunidades grupos armados ilegales habían puesto minas antipersonales. Desde la organización se advirtió que estas minas habían sido puestas cerca de los cultivos de pan coger, y a los alrededores de las escuelas de estos resguardos, por lo que esta situación significa un riesgo inminente para los pobladores de esta zona, que además se encuentran en uno de los departamentos con mayores índices de violencia, donde solo en este año ha sido uno de los puntos del país con mayores casos de desplazamientos forzados, amenazas, enfrentamientos armados, masacres y asesinatos de líderes/as sociales. En el comunicado enviado el 06 de febrero desde la OIA se instaba al Gobierno Nacional y Departamental para que se convocara a una misión de acompañamiento permanente y de carácter civil que atendiera la situación, pues además del riesgo a la vida e integridad física de estas comunidades, también hay una alerta por un posible desplazamiento masivo forzado y por el desabastecimiento, pues las minas están siendo instaladas cerca de cultivos y además se tiene miedo a transitar estos caminos. Tras esto, hace poco, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, señaló que “se tendrá un avance en el desminado militar, porque el llamado desminado humanitario actualmente no podría desarrollarse, puesto que sólo se autoriza cuando se haya confirmado la no presencia de grupos armados en el territorio”. Un recuento de la violencia No obstante, hay que señalar que estas alertas no son nuevas. Por un lado, desde la OIA se resaltó que desde el 2019 se ha avisado sobre la incursión de miembros de grupos armados ilegales en los resguardos indígenas de Murindó, Urrao, Dabeida, Frontino, Vigía del Fuerte y en el Bajo Cauca. Por otra parte, en abril de 2020 desde la Defensoría del Pueblo se emitió la Alerta Temprana 014 “debido al elevado riesgo que afrontan las once comunidades indígenas de los resguardos Río Murindó y Río Chageradó en el municipio Murindó, Antioquia, ocasionado por la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el grupo armado posdesmovilización de las AUC autodenominado AGC, y la contaminación de sus territorios con MAP/MUSE/AEI”. – Artefacto Explosivo Improvisado (AEI), Mina antipersonal (MAP), Munición sin explotar (MUSE)-. Hay que nombrar que Murindó –donde los recientes hechos se le atribuyen al ELN- , es un municipio ribereño del río Atrato, el cual limita al norte con el Carmen del Darién, Chocó; por el oriente con Dabeiba y Frontino, Antioquia; y por el occidente con Vigía del Fuerte, Antioquia. Además, la mayoría de su territorio está altamente poblado por comunidades indígenas y afrodescendientes (97.7%), pertenecientes a los resguardos Río Murindó, Río Chageradó y de los Consejos Comunitarios COCOMACIA y PDI. Además, la economía de dichos resguardos se sustenta del aprovechamiento de madera, la agricultura, la cría de especies menores, la caza y la pesca. Pero como se menciona desde la Defensoría del Pueblo: “existe una seria preocupación por el incremento de cultivos de uso ilícito, que paulatinamente se convierten en el renglón más importante de ingresos en el municipio”, en donde, como se mencionaba más arriba, hay constantes enfrentamientos entre el ELN y las AGC, quienes ejercen control social en este sector, restricciones a la movilidad y el involucramiento en dinámicas relacionadas con el proceso de producción de pasta base de coca. Adicionalmente, desde 2019, año en el que tanto la Defensoría como la OIA alertaron a las autoridades locales y nacionales de los riesgos en esta zona, se reportaron varios hechos, como el incidente con un artefacto explosivo, el 27 de agosto, en el camino que comunica la comunidad de Llano con Chibugadó, en el resguardo Chageradó. Mientras que en noviembre de ese mismo año. Maykel Edwardo Medina Riasco, un poblador de esta comunidad, fue víctima de un accidente con mina antipersonal en límites entre Murindó y Carmen del Darién. Solo un mes después se alertó sobre el avistamiento de artefactos explosivos en la comunidad de Islas (resguardo Murindó) y la activación de artefactos en Chageradó. Iniciando 2020, el 24 de febrero, se denunció un ataque con explosivos a miembros del Ejército Nacional que se encontraban patrullando en la vereda Turriquitadó al sur de Murindó. En este caso, en el que fue implicado el ELN, tres soldados resultaron heridos, quienes posteriormente fueron trasladados para las respectivas atenciones. Hay que señalar que pocos días antes, en el Resguardo Río Murindó fue asesinado Otoniel Cuñapa Domingo, un joven de 17 años que pertenecía a la comunidad de Alto Guayabal del Resguardo Indígena Urada Jiguamiandó, jurisdicción del municipio de Carmen del Darién, Chocó. En marzo se intensificaron los combates entre las AGC y el ELN en el resguardo Río Murindó , en los que se le impidió a la comunidad salir de sus casas, se detonaron artefactos explosivos, igualmente, a la población civil se le señalaba por ambos grupos de ser colaboradora del bando contrario, generando situaciones de zozobra y peligro inminente. En ese mismo mes dos menores de 12 y 17 años fallecieron tras ser víctimas de una mina antipersonal, en hechos ocurridos en el resguardo indígena Murrí Pantano del municipio de Frontino. Abril llegó con el confinamiento de 475 familias, aproximadamente 2.129 personas, pertenecientes a la comunidad indígena en Murindó; esto tras la amenaza y alerta de artefactos explosivos en el territorio. Poco después, también en esta zona, una joven indígena de 16 años fue reclutada por el ELN y obligada a instalar una mina antipersonal que le detonó en las manos. Desde agosto, – cuando parte de una familia Embera cayó en un campo minado en zona rural del municipio de Dabeiba, causando la muerte del padre y heridas graves a su esposa e hija-, y hasta noviembre, fueron constantes los confinamientos en las zonas aledañas a Murindó, además en esos meses se continuaron registrando personas heridas a causa de detonaciones. Todo esto llevó, como nombraba desde la Defensoría, a que se generara “una exacerbación de las condiciones de emergencia humanitaria declarada por las comunidades indígenas del municipio de Murindó, caracterizada por deficiencias en el acceso a insumos básicos para su alimentación, toda vez que los enfrentamientos armados y la contaminación de sus territorios con MAP/MUSE/AEI les impide la libre movilidad, el acceso a sus cultivos y el desarrollo de prácticas tradicionales como la caza y la pesca”. En estrecha relación con la situación actual, hay que trae a colación que ante este panorama de violencia y ante la solución de llevar Fuerza Pública para desminar y evitar el desplazamiento de las comunidades, las autoridades étnicas advirtieron en el 2019 que solicitaban que el Ejército Nacional de Colombia no ingresara a sus territorios a adelantar estas labores, “toda vez que consideran que la presencia de cualquier grupo armado exacerbaría su condición de riesgo y amenazaría gravemente sus derechos fundamentales, concretamente su derecho a la vida, a un ambiente sano y a la autonomía del territorio”. Las acciones de ahora Como se mostró esta situación no es nueva, y sin embargo, a pesar de las distintas advertencias el panorama no parece cambiar ni estar recibiendo la suficiente atención, incluso pareciese que las alertas y solicitudes hechas estuvieran cayendo en oídos sordos. Pues la solución a lo recientemente denunciado no está en relación con lo que hace pocos días se pidió, cuando desde la OIA fueron enfáticos/as aseverando que: “los pueblos y territorios indígenas deben ser escenarios de paz y rechazamos la presencia de actores armados de todo orden, legales e ilegales”. Así, la acción desde las comunidades indígenas de Guagua, Isla, Coredó, Bachidubi, Ñarangue, Chageradó, Turriquitado Llano, Turriquitado Bajo, Turriquitado Alto, Chibugadó y Chimiadó del pueblo Embera Eyábida , fue declararse en minga permanente para exigir la armonización territorial, y continuar su lucha por el derecho a la vida y el respeto a sus territorios y costumbres. Por lo que se comunicó que entre el 11 y 16 de febrero se hará un recorrido general por las comunidades del resguardo Rio Murindó y Rio Chageradó. Pues, como se indicó desde la OIA, “como pueblos indígenas elevamos nuestra voz de protesta y rechazo por el abandono no estatal con las comunidades del Atrato Medio. (…)Salimos a Minga por la Armonización Territorial, como un ejercicio ancestral que siempre hemos realizado, en uso de nuestras facultades legales y de nuestros principios rectores, Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía y convencidos de que la paz es el camino hacia la construcción de mayores garantías para la conservación de la vida y los ecosistemas presentes en nuestros territorios”.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. La situación de las veredas que componen el Cañón de Santa Lucía y del 90% de Ituango es, por un lado, tener a las disidencias de FARC ordenando el desplazamiento forzado y, por el otro, a los paramilitares de las AGC amenazando a las comunidades para que no abandonen sus casas a riesgo de prenderles fuego a éstas. Mientras el presidente de la República, Iván Duque, celebra y se adjudica haberle ‘cumplido’ al país con la traída de 50 mil vacunas de Pfizer ante los noticiaros; en el municipio de Ituango las comunidades, las autoridades, las organizaciones de Derechos Humanos claman por la atención pues el 90% de su población —que viven en la zona rural— se encuentra secuestrada en sus casas. Las comunidades campesinas se encuentran prácticamente incomunicadas por las restricciones que están imponiendo las disidencias de las Farc y los paramilitares en las zonas rurales. Asimismo, La Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia (REDOSC) advierte un inminente riesgo de desplazamiento forzado en los corregimientos de Santa Rita y La Granja. Esto se suma a que en el municipio de Sabanalarga —al occidente de Antioquia— tanto en las zona urbana y rural del municipio amanecieron las fachadas de las casas con las siglas de las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia). L En el norte del departamento de Antioquia —a 1550 metros sobre el nivel del mar— recostado sobre la cordillera occidental colombiana, bañado por el río Cauca, en lo alto de la región montañosa; no llegó la paz prometida. Lejos de eso continúan reproduciéndose de la manera más impune las escenas más dolorosas de la guerra. Para el Gobierno Nacional se “volvió paisaje” ver escenas que demuestran que la paz le fue negada al municipio. Escenas como las de hace una semana cuando, por ejemplo, 121 docentes y directivos docentes que ganaron el concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil para ocupar distintos cargos en la zona. O como las del pasado 15 de julio de 2020; cuando 82 hombres y mujeres firmantes de paz tuvieron que huir del ETCR Román Ruíz de Santa Lucía a Mutatá. Sin inmutarse el Gobierno Nacional ve como este 2021 cerca de 15.000 campesinos entre niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores quienes se encuentran atrapados por la violencia. Sin transporte público de entrada y salida de las zonas rurales; bajo la amenaza de que el bus que se mueve será incinerado. Es importante insistir que en Ituango se disputa uno de los lugares en donde se adelantan de los procesos de memoria más fuerte en contra de cierta clase política. Hidroituango, el ‘megaproyecto’ paisa en el que —por ejemplo— son 17 municipios que rodean el río Cauca en Antioquia y donde se han perpetrado alrededor de 110 masacres y se registran 2.345 víctimas de desaparición forzada. Tan larga como lamentable es la lista de escenas *** De acuerdo con Mauricio Mira, alcalde de Ituango, señaló que son 101 familias desplazadas del Cañón de Santa Lucía, 70 familias de Quebrada del Medio, 22 familias del Alto Limón y nueve (9) familias de El Quindío. En el caso urbano hay 54 personas siendo atendidas por la administración, el resto decidió ir con sus familias, según señaló Mira. Una situación que cada vez puede ser peor La Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia (REDOSC), ha alertado que la “situación de orden público es cada vez más compleja en el municipio de Ituango. A esta hora La totalidad de las veredas están aisladas del casco urbano mientras las comunidades son desplazadas y confinadas. Hay temor de que esta situación se extienda al Cañón del Inglés.” Asimismo, a través de la comunicación que ha podido establecer Pares durante el fin de semana en el sector; la orden de las disidencias del Frente 18 habrían amenazado al sector del transporte en busca de evitar que ingresen personas. “Que nadie entre, sólo que salgan”. Incluso, Pedro Rivera — asesor comercial de la empresa Coonorte en Ituango— dijo en los micrófonos de Caracol Radio que han llegado “llamadas diciendo que no se podían despachar vehículos. Todas las veredas del municipio están sin transporte prácticamente, Santa Rita, La Granja, Pascuitá, Quebrada del Medio, Santa Lucía, El Inglés, El Cedral, el Tinto, Florida, Guacharaquero, todas.” De acuerdo con información que ha podido establecer el Proceso Social de Garantías para la labor de las y los defensores de Derechos Humanos en Antioquia (PSG-GarantiasDDHH); un grupo de paramilitares, provenientes del departamento de Córdoba, han arribado al Alto de San Agustín Leones, mientras tanto, un considerable número de hombres del Grupo Armado PostFARC (GAPF) Frente 18 han cruzado hacia el Cañón del inglés y Santa Lucía de Ituango. Alrededor del medio día el PSG-Garantias DDHH señaló: “Exhortamos a las autoridades para que se prevenga la posible ocurrencia de una masacre y otros hechos de violencia contra la población.” Comunicado de la REDOSC La REDOSC ha alertado a las autoridades sobre la situación que hoy por hoy tiene a las comunidades de la zona rural de Ituango entre el desplazamiento y el confinamiento. Según lo expresado por la Red durante los primeros días de febrero los grupos armados se estaban concentrando en el Cañón de Santa Lucía y el Cañón del Inglés. En cercanías a la vereda de Singo, Las Cuatro, Miranda, Los Sauces, Quebrada del Medio, Candelaria Alta, Santa Lucía, El Río y El Quindío. Esta información fue advertida días antes por la REDOSC en la que se resaltaba el grave riesgo que corría la población. Hoy es un hecho y no se sabe con claridad cuáles son las posibles medidas del Gobierno para atender la situación en Ituango. Conforme a lo expresado por la REDOSC “Lo que actualmente ocurre en Ituango, especialmente en la frontera occidente del Nudo del paramillo es lo siguiente: la Guerra por el control de este Municipio y Parte del nudo del paramillo podría definirse en los próximos meses en la frontera occidente. Por ello Mientras las AGC refuerza sus posiciones para intentar recuperar el cañón de Santa Lucía, las FARC concentran sus hombres para impedir el avance de los mismos. 20 veredas se encuentran en alto grado de vulnerabilidad y cerca de 1.200 campesinos en riesgo por la siembra de minas antipersona, señalamiento, presiones, asesinatos selectivos, desplazamientos y el riesgo que representa la confrontación armada cerca a las veredas o en las mismas.” Asimismo, la REDOSC ha señalado que “todo apunta a que los hechos mas violentos que podría traer consigo la perdida de la guerra por uno de los actores armados en el municipio de Ituango van a concentrarse en la frontera occidente del nudo del paramillo. Durante casi 6 meses el control territorial por parte de las disidencias lo había asumido estructuras dé milicias, ahora son propiamente estructuras de las FARC que se han denominado comisiones de orden público quienes están asumiendo el control social y territorial en Ituango y por ende han aumentado los hechos de violencia y de confrontación con las AGC. Al punto que las principales entradas del municipio de Ituango están marcadas con siglas de “FARC-EP””. Por su parte, “las AGC al parecer estarían intentando adelantarse a una posible ofensiva de las disidencias en la frontera occidente del Paramillo buscando alejarlos lo mas posible de la misma con acciones de guerra en las zonas de operación de ellos por ello entraría en disputa nuevamente el Cañón de Santa Lucía”, precisan. Sobre la disputa en Ituango Como se ha venido advirtiendo con Pares, para la REDOSC es importante que las autoridades tengan en cuenta los hechos que continúan sucediendo en Ituango analizando las dinámicas de violencia en la gran región del Nudo del Paramillo. Ituango tiene el 52% de su territorio entre el Paramillo. Esta gran región es una de las zonas de reserva natural más importante del país y cuenta con el Parque Natural Paramillo que tiene una extensión aproximada de 504.014 hectáreas y —según Parques Naturales— tiene “ecosistemas de selva húmeda tropical, planos inundables, bosques andinos y subandinos, humedales y páramos.” Precisamente, entre los actores que se disputan el Nudo de Paramillo se calcula que pueden haber cerca de 4.000 hombres, incluyendo la Fuerza Pública. Apuestas de disidentes y paramilitares en el Nudo de Paramillo Es una guerra para hacerse control del Nudo de Paramillo. Tal como lo ha advertido la REDOSC, para las AGC lograr el control significaría una hegemonía militar en Antioquia, con la posibilidad de expandir nuevos territorios. Asimismo, ya que las AGC están en guerra en el Bajo Cauca y en el departamento del Chocó; consolidar su poder en el Nudo de Paramillo los ubicaría estratégicamente en un lugar que les da capacidad de maniobra entre los dos frentes de guerra. Por su parte, de acuerdo con la REDOSC, para los GAPF que operan en esta región; hacerse al control del Paramillo significaría “el inicio de la reconstrucción del antiguo Bloque Efraín Guzmán y el inicio de la retoma de las subregiones del Norte, Occidente, Nordeste, Urabá, parte del Bajo Cauca y el Chocó.” *Las fuentes consultadas en este artículo son protegidas bajo el anonimato por el riesgo que corren en la región*

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. La mayoría lo vio por televisión, otros tuvimos la fortuna de conocerlo personalmente y hablar con él. Esta maldita pandemia se llevó a Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización nacional indígena de Colombia – ONIC-. En Chemesquemena, corregimiento de Valledupar territorio natal de Luis Fernando, su pueblo congregado en la organización indígena kankuama ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, expidió un bello comunicado donde expresa: que “La Sierra nevada de Gonawindùa, corazón del mundo, llora la partida de su hijo Luis Fernando Arias Arias”. Dice que “unos minutos antes de su muerte, en la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo, que forjo al gran ser humano y dirigente que fue Luis Fernando, la madre tierra lloró a su hijo con un aguacero fuerte”. Desde su responsabilidad de consejero mayor de la organización que agrupa 120 pueblos indígenas en Colombia, fueron entre otras sus tareas las de consolidar la guardia indígena en todo el territorio patrio, hacer seguimiento a los acuerdos pactados entre comunidades y gobiernos nacional, departamental y municipal, aporto a la creación del movimiento político MAIS, así como la implementación de medidas para proteger, recuperar y reproducir la historia de las luchas de los pueblos indígenas. Un hombre pausado, conciliador, un dirigente y líder claro en sus posturas políticas y de exigibilidad de derechos, un mayor respetado y admirado por los jóvenes de los pueblos originarios. La ONIC igualmente expreso: “como casa grande a la que nuestro consejero llegó hace más de 15 años, en su memoria y honor, seguirá caminando con la esperanza y temple para la defensa de los derechos y la pervivencia de los pueblos indígenas, y para alcanzar la paz con justicia social para todos y todas”. Los 120 pueblos indígenas están por toda la geografía patria, pensar en sembrarlo en algún territorio no es posible, quizás por ello en el comunicado del sábado 13 de febrero de 2021, su pueblo Kankuama, le dice… “Vuela alto, querido Luis Fernando Arias Arias”.

Por: León Valencia. Diversos grupos de izquierda entre los que se encuentran Colombia Humana, Polo Democrático, Unión Patriótica y Mais, junto a otros líderes políticos y de opinión como Armando Benedetti, Roy Barreras y Margarita Rosa De Francisco, encabezados por Gustavo Petro, formaron una coalición para realizar una consulta y definir un candidato presidencial en marzo de 2022 y también tomaron la decisión de ir con listas únicas a Congreso de la Republica. Al mismo tiempo el Partido Alianza Verde en reunión de sus directivas nacionales llegó a las siguientes conclusiones: Realizar en el mes de mayo una encuesta o encuestas para definir su precandidato presidencial, resultado que se entregará el primero de junio de 2021. Participar con este precandidato en la consulta que las llamadas “Fuerzas de Centro”, es decir, las representadas en Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Humberto de la Calle, Los hermanos Galán, Juan Fernando Cristo, Ángela María Robledo, y otros, realizarán en marzo de 2022 para escoger un candidato presidencial. Poner el Partido a disposición de esta coalición para conformar una lista única a Senado y listas a Cámara en todos los departamentos. Establecer una delegación para realizar acercamientos con Gustavo Petro y su coalición con miras a mantener relaciones fraternales entre las dos coaliciones. En el transcurso de la semana se mencionó con insistencia la posibilidad de que Alejandro Gaviria, exministro y rector de la Universidad de los Andes, se lance como candidato presidencial, ya sea para participar en la consulta de las “Fuerzas de Centro” o para fungir como candidato del Partido Liberal que ha sido un propósito expresado por Cesar Gaviria Trujillo jefe de esa colectividad. De otro lado Dilian Francisca Toro, presidente del Partido de la U, le dijo a El Tiempo que está hablando con líderes nacionales de todos los partidos con miras a buscar una coalición para las elecciones presidenciales y señaló que en ese plan ha conversado con César Gaviria y Germán Vargas Lleras. Estas noticias se suman, desde luego, a la que produjo el uribismo hace varias semanas en boca de su máximo líder el expresidente Álvaro Uribe Vélez: la búsqueda de una coalición en la que estarían el Centro Democrático, El Partido Conservador en cabeza de Martha Lucía Ramírez y varios líderes de los clanes políticos regionales entre los que se destaca el Clan Char con gran poder en la Costa Atlántica. Algo especial tienen estas noticias. El panorama parece más despejado en las izquierdas que en las derechas. Si las cosas siguen el curso anunciado, la izquierda y la centro izquierda llegarían a la primera vuelta de las elecciones presidenciales con dos candidatos escogidos en sendas consultas que se realizarán en medio de las elecciones parlamentarias. Otra novedad es que se ha abierto la posibilidad de que la final de este proceso las dos coaliciones terminen convertidas en Partidos Políticos. En la coalición de las “Fuerzas de Centro” ya se habla de esta eventualidad como quiera que van a utilizar la personería de la Alianza Verde para cobijar sus listas a Congreso. En el otro lado faltan muchas cosas por definir. El Partido Liberal que tiene, además de su larga tradición, 14 senadores y 35 representantes a la cámara, no ha definido aún su camino. Lo mismo ocurre en Cambio Radical que tiene 16 senadores y 30 representantes a la Cámara. Este agrupamiento padece una aguda división y es probable que el Clan Char acompañe el uribismo, pero en cualquier momento su líder natural, Germán Vargas Lleras, entrará a jugar en la campaña electoral y definirá un rumbo propio. Lo mismo que ocurre con el Partido de La U, con mayores fracturas. En poco tiempo tendrán que definir hacia cual o hacia cuales coaliciones se inclinan, por lo pronto dos de sus líderes: Armando Benedetti y Roy Barreras han optado por acercarse a Gustavo Petro y a la izquierda. Falta mucho trecho por recorrer. Pero al arrancar febrero podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que a la primera vuelta presidencial de 2022 concurrirán cuatro o cinco candidatos con opciones de pasar a segunda vuelta y la competencia entre la izquierda y la derecha será más reñida que nunca.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. “Despertó nuevamente la protesta social con reivindicaciones tan básicas —pero tan violentadas— como la vida y la paz. Esto es una muestra del que el Gobierno Nacional desangró el Proceso de Paz. De lo contrario las comunidades no tendrían que estar exigiendo que se respete la vida y la paz en el Pacífico. Este fue el llamado en la movilización en Cali que viene haciendo eco desde Buenaventura”, señala Juan Manuel Torres Erazo, coordinador de la Oficina de Pares Pacífico. De acuerdo con el investigador de Pares, para aproximarse a la connotación de las movilizaciones que han tenido lugar en las últimas semanas en Buenaventura y en Cali es necesario señalar que, por ejemplo; “las migraciones del Pacífico son Cali. Es decir, después de Buenaventura la otra capital para la gente del Pacífico es Cali. No van a Popayán, ni el Pacífico Nariñense va a Pasto. No, la gente desde Tumaco, toda la Costa Nariñense, Costa Caucana y en Buenaventura; tienen como sitio de llega a Cali. En Cali hay más de 800 mil afrodescendientes”, precisó Juan Manuel. Según Juan Manuel las movilizaciones del jueves 11 de febrero se congregaron más de 800 personas. “No importó necesariamente quien citaba, sino que la gente se fue sumando con la convicción de que es necesario que se atienda la situación que vive Buenaventura. Para las personas fue necesario sumar sus voces en el llamado al Gobierno Nacional y al Gobierno Regional por el rechazo a las múltiples violencias que han sido desatendidas. Sumadas al abandono histórico en la región”, insiste el investigador de Pares. Los jóvenes son los protagonistas de la No Repetición son los jóvenes Uno de los movimientos que más fuerza han tomado es el de ‘La Resistencia AntiRascista’. Que, entre otras cosas, ha venido exigiendo los derechos bajo la premisa de que ‘las vidas negras importan’ frente a lo ocurrido en la masacre de ‘Llano Verde’, con los jóvenes asesinados a manos de la policía como el hecho perpetrado en Puerto Tejada. Sin embargo, es muy lamentable para el territorio es que se están registrando el desplazamiento de líderes y lideresas afro e Buenaventura a Cali. Esto por cuenta de que no hay garantías para sus ejercicios de liderazgo en Buenaventura. Sin embargo, continúan su agencia en Cali y en espacios como las de las movilizaciones de estos días se puede evidenciar. Ahora bien, resalta que desde la movilización que “se espera es que continúe el efecto en las otras ciudades del país. Las cosas siguen sin mejorar en Buenaventura. Hay un respaldo a que la vocería de ahora sean los jóvenes quienes no se quieren absorber por los movimientos grandes como por ejemplo el Comité del Paro Cívico. No, ellos sienten que tienen una propuesta reivindicativa propia. Los jóvenes son los protagonistas de la No Repetición son los jóvenes.” Apoyo de la Sistema de Justicia Transicional Mediante un comunicado, expedido el 12 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), señalaron que se suman “a ese clamor por el derecho a la vida y solicitamos al Estado a hacer presencia de manera integral en el suroccidente del país.” Además, resaltaron que “en 2021 se ha presentado un incremento de la violencia en Buenaventura con más de 112 familias víctimas de desplazamientos forzados, 20 asesinatos y siete personas se presumen desaparecidas”, según la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). La JEP, la CEV y la UBPD aprovechó para enviar un mensaje al Gobierno Nacional. Por un lado, que la presencia militar en la región es insuficiente en aras de garantizar una “paz territorial.” Por el contrario, insta a que se tomen medidas integrales “como garantizar trabajo digno, educación, salud y los demás derechos económicos, sociales y culturales de Buenaventura y el suroccidente del país.” Finalmente, hizo un llamado por la “implementación del Acuerdo de Paz en su totalidad, ya que sus distintos puntos contienen mecanismos y procesos necesarios para superar las condiciones de exclusión y abandono de distintos territorios del país que permiten avanzar en la consolidación de la paz.”

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Esta semana nuevamente se ha discutido la barbarie en curso sobre liderazgos sociales y los reincorporados de las FARC, a propósito de un informe presentado por Human Rights Watch, que inicia con esta tremenda constatación: “Desde 2016, más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, el número más alto en América Latina, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).” Lo que estamos viviendo no es nada nuevo, es una vieja barbarie incorporada como instrumento de acción política por quienes defienden sus espurios intereses a sangre y fuego, son intereses ligados al poder político, a la defensa del narcotráfico, al despojo de tierras, a la degradación ambiental, a un control autoritario y criminal de muchos territorios y esta demostrado que no hay decisión por parte de este gobierno de enfrentar estas dinámicas, que semana a semana cobran vidas de la gente que se les opone de manera valiente y digna. Superar esta barbarie es un enorme desafío que requiere un nuevo poder político, las raíces de esta barbarie están en un poder mafioso y autoritario con vocación por la acción violenta, que no cree en los ejercicios democráticos, sus convicciones están en la fuerza y la imposición y quienes se les opongan sufrirán el rigor de su acción. Dejar atrás esta historia de sangre implica transformar las políticas donde se asientan las dinámicas que promueven las violencias, hay que insistir y persistir en las transformaciones pendientes para construir una sociedad de derechos, en paz y con equidad. La primera y sustancial transformación está en construir un orden rural equitativo, superando este orden de exclusiones, esa es la principal transformación y donde se podrá construir un estado democrático y de derecho que rija en el 100% del territorio colombiano. Transformar el mundo rural es un desafío histórico, este orden de exclusiones se ha construido desde nuestra vieja historia colonial y se ha reforzado en nuestra vida republicana y se sigue construyendo con la variable concentración de la tierra y ejerciendo violencias abiertas o soterradas y es sobre este excluyente reparto de tierras que se asentó hace medio siglo la economía de narcotráfico que no es causa sino efecto: efecto de las exclusiones y falta de derechos a la tierra para millones de familias campesinas que han sido empujadas a nuevos ciclos de colonización con los enormes efectos sociales y ambientales que ya conocemos. Cumplir con el punto de la Reforma Rural Integral acordada con la antigua guerrilla de las FARC hoy partido de los comunes es prioridad e ir mucho más allá, por que así se cumpla el 100% de lo pactado, aún quedara tarea para lograr un campo democrático y con equidad que supere el actual orden donde el 1.5% de los propietarios concentran casi el 35% del territorio y tenemos un millón de familias campesinas con poca tierra y otro millón sin tierras, para no hablar de los otros dos millones que sufrieron la barbarie paramilitar y perdieron sus tierras, despojo que hay que seguir trabajando por revertir. Junto a la política de transformación del mundo rural, hay que cerrar la fracasada guerra contra las drogas, debemos persistir en buscar un camino con la comunidad internacional para que se cierre esa nefasta política que tanto daño nos sigue haciendo y pasemos a una nueva política de regulaciones y control de los diversos productos que hoy están en la ilegalidad y que siguen siendo parte de circuitos económicos y de practicas sociales y culturales que hay que sacarlas de la ilegalidad y darles su lugar en nuevas políticas más humanas y éticas con la diversidad que se relaciona con ellas, si no nos zafamos de la fracasada guerra contra las drogas, no vamos a tener posibilidades de parar esta barbarie. En todo este contexto de transformaciones y de cambios de políticas, seguiremos teniendo el desafío de construir estado de derecho, economías legales y potenciar la participación social y ciudadana en los doscientos cincuenta municipios donde hoy es critica la vulneración de derechos, solo con una presencia integral del estado, en permanente dialogo y concertación con las comunidades, es que lograremos ganar la lucha contra los barbaros que hoy ultrajan y agreden la vida. En este conjunto de transformaciones se requiere una fuerza pública respetuosa y aconductada plenamente con la constitución del 91, lejos de la doctrina del enemigo interno que aún hoy se mantiene en nuestras instituciones de seguridad y defensa, alejada de los ilegales y de los cruces de corrupción. La seguridad de las comunidades y de sus líderes no se va a lograr con mas alertas tempranas, concejos de seguridad, exclamaciones de políticos y militares de que hay compromiso con investigar crímenes, con más carros blindados y chalecos antibalas y mas escoltas, todo ello puede ser importante, pero no va a la raíz de la problemática. Cambiemos el chip, seguridad para comunidades y líderes es transformar nefastas políticas que elites de poder quieren mantener. De este gobierno no vendrán las transformaciones, se requiere nuevo poder, un poder comprometido con la equidad, la democracia de calidad y una Colombia en paz, en el 2022 se juega mucho, o hay nuevo poder para avanzar o seguiremos en esta barbarie que tanto nos ha golpeado en nuestra vida republicana.

Por: Esteban Salazar. Coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Pares. Cambio Radical es el ejemplo de una maquinaria electoral, capaz de combinar todas las formas de competencia política para hacerse al poder en lo nacional y lo local. Como partido, poco, y aunque su ideología, según manifiestan en su historia, es liberal, se trata de una amalgama de gamonales y políticos articulados en una fábrica de avales servil al poder tradicional. Ante el ascenso de la insatisfacción ciudadana con los políticos tradicionales, la implosión de Cambio Radical es inminente. A tal punto que de diversos sectores piden que su máximo jefe, Germán Vargas Lleras los salve, sin siquiera apelar a modificar sus funestas prácticas electorales. Estas y otras razones han llevado a que muchos oportunistas salten del barco para camuflarse de alternativos o pelechar impunemente en el uribismo. Y claman a que el salvador sea Vargas Lleras, tal vez el político y otrora candidato presidencial más quemado en la historia del país -solo superado por el difunto Horacio Serpa en sus innumerables aspiraciones presidenciales-. Como si esto no fuera suficiente, poco o nada ha hecho este partido por la ciudadanía. En cambio, han generado un auténtico daño a la democracia y el sistema de partidos políticos, por avalar en diversas oportunidades a personajes enredados con problemas judiciales e incluso aliados con grupos armados ilegales. Casos hay muchos. Pero el eje de esta columna se centra en el futuro del partido, en manos de quien claman como salvador. La realidad es más compleja si se observan detalladamente las tendencias electorales y los resultados, se trata de un hueso duro de roer. Es innegable que Cambio Radical ha tenido un éxito en cada elección desde 2002, cuando acompañaron a Uribe en su primera aspiración presidencial y eligieron 5 senadores y 10 representantes. Luego, para las elecciones locales de 2003 obtuvieron 2 gobernaciones y 95 alcaldías. Para el 2006 subieron a 16 senadores y 21 en representantes a la Cámara. Esta elección fue especialmente importante porque Vargas Lleras obtuvo más de 230 mil votos en el Senado, siendo el congresista más votado de la historia -apenas superado en 2018 por Antanas Mockus, quien alcanzó más de 500 mil votos-. Desde este momento, a nivel electoral Cambio Radical se alineó con cada gobierno de forma simbiótica a sus intereses burocráticos, que iban desde ministerios, agencias y embajadas hasta las partidas presupuestales estratégicas de proyectos de alto impacto para el país. Para 2010 el partido obtuvo 8 senadores y 28 representantes, cuando Vargas Lleras como candidato presidencial en primera vuelta obtuvo 1.473.627 votos. En segunda vuelta se alinearon con Juan Manuel Santos y lograron uno que otro ministerio. Apenas un año después, en las locales de 2011, el partido obtuvo una gobernación y 155 alcaldías. En esa misma línea, para 2014, cuando Vargas Lleras fue fórmula vicepresidencial de Santos, Cambio Radical obtuvo 9 senadores y 16 representantes; y en 2015 obtuvo 8 gobernaciones, entre avales propios y coalición, y 105 alcaldías. Sin inmutarse, a pesar de los diversos cuestionamientos, investigaciones e incluso condenas contra varios de sus funcionarios de elección popular hasta ese momento, en 2018 Cambio Radical tuvo de candidato presidencial a Vargas Lleras y alcanzó 16 senadores y 30 representantes a la Cámara, con 2.155.487 votos, muy superior a la votación que obtuvo Vargas Lleras a la presidencia: 1.403.933 votos. Un hecho similar al de Humberto de la Calle, quien obtuvo 398.138 votos, muy inferior a los 1.901.133 votos que sacó su partido -Liberal- en la lista al Congreso. En 2019 Cambio Radical obtuvo 5 gobernadores y 88 alcaldes propios y en coalición. Una demostración más de su poder electoral, a pesar del ascenso de los partidos alternativos y el uribismo. Sin embargo, Vargas Lleras desapareció desde su frustrada aspiración en 2018 y se amotinó en sus columnas de opinión en El Tiempo. Nunca se le volvió a ver en una entrevista ni en un debate público. Tampoco en los pasillos del Congreso o de los ministerios donde amasó tanto poder, pero al parecer no para él, sino para los Clanes que le dieron la espalda en su candidatura presidencial. Y sí, ahora quienes reclaman su liderazgo, son los mismos responsables de sepultar su poderío y trasladarlo al uribismo. Hoy se ve, por ejemplo, al Clan Char recibir los beneficios del Gobierno Nacional e incluso presiden con el senador Arturo Char el Congreso de la República. Las cuotas que acostumbraba Vargas Lleras en la Procuraduría, en la Fiscalía y en la Contraloría General y de Bogotá son historia del pasado. Ahora los Char son los que mandan. ¿Y a nivel electoral? La realidad es que, al parecer, los votos nunca fueron de Vargas Lleras. Incluso, pretender que regrese al Congreso luego de 15 años de ocupar por última vez una curul allí es arriesgado. Los votos como candidato presidencial no son los mismos para el Congreso. Ha pasado de moda la votación por maquinaria y, en el mejor escenario, la apuesta de Vargas Lleras sería la de compensar los 274 mil votos de Rodrigo Lara (92.000), quien se va del partido; los de su ahijado político, Germán Varón Cotrino (64.457) y los de Luis Eduardo Díaz-Granados (117.000), quienes no volverán a aspirar. Sin duda, Vargas Lleras hoy no cuenta con la fuerza, ni la maquinaria, ni el poder que, incluso en su mejor momento, no le alcanzaron para lograr los votos de su partido en 2018. Esto, en medio del crecimiento de los partidos alternativos y la desbandada de las figuras propias de Cambio Radical. Según se ha conocido recientemente, Vargas Lleras buscaría que David Luna haga parte de la lista al Senado -quien cuenta con su propia estructura con un representante a la Cámara y un concejal en Bogotá-, tratando de mantener algunas de sus fórmulas a nivel territorial con el gran reto de superar el umbral y mantener, al menos, la mitad de las curules actualmente. Necesario, pero insuficiente. Finalmente, a su favor juega el hecho de que Uribe no pueda liderar la lista de su partido; no obstante, se desconoce cuál será el candidato a la presidencia que apoyará Cambio Radical, la cual se encuentra entre los planes de los Char y el uribismo, y las coaliciones alternativas cada vez más en crecimiento.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Cada vez es más notorio que aunque la pandemia afectó a gran parte de la población, sus efectos se acentuaron y fueron mucho más graves en ciertos sectores. Uno de estos fueron las mujeres, quienes desde que se comenzaron a implementar las medidas para mitigar los índices de contagio de Covid-19, vieron cómo se afectaron sus cotidianidades. Una de las primeras alertas encendidas tenía y tiene que ver con las mujeres que quedaron conviviendo 24/7 con su agresor. Solo en el caso colombiano, más específicamente en Bogotá, desde Sisma Mujer se informó sobre el incremento de las violencias contra las mujeres durante la cuarentena, evidenciándose, entre muchas otras cosas, en el mayor número de llamadas registradas desde el inicio del Aislamiento Preventivo Obligatorio a la línea 155 de atención a mujeres víctimas de violencias, en la cual hubo un aumento de 169,75% en las atenciones realizadas por violencia intrafamiliar. Por otra parte, otra problemática en la que se ha venido insistiendo es en las consecuencias que se preveían en el panorama laboral para las mujeres. Hoy esos pronósticos toman forma, demostrando que las políticas públicas para garantizar el bienestar de las mujeres fracasaron, aun cuando desde hace casi un año se venía advirtiendo sobre sobre la necesidad de prevenir estos impactos. Este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó su más reciente informe sobre la autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad, en el que se presenta un mapeo de lo que fue el 2020 en cuanto al escenario laboral de las mujeres. Los resultados: críticos; aumento de la pobreza, brecha de acceso a servicios financieros; mayor porcentaje de mujeres desempleadas, aumento del índice de mujeres concentradas en el trabajo informal, etc. Sin dejar de nombrar que para muchas las medidas de restricción de movilidad, además, significaron una sobre carga laboral en actividades de cuidado. Señala la CEPAL que: “la fuerte contracción económica está afectando negativamente la ocupación y aumentando la precarización de las condiciones laborales en la región, lo que en el caso de las mujeres representa un retroceso de más de diez años en su participación en el mercado laboral”. Mientras que en Colombia, como afirmó la economista e investigadora Cecilia López quien se encuentra estudiando este tema, “la tasa de participación de las mujeres en el país hoy está como estaba a finales del siglo XX –rondando poco más del 40%-. Hemos perdido en términos de autonomía económica todo lo que se ha hecho en 20 años. Lo peor de todo es que al Gobierno no le importa y no ha hecho nada por las mujeres. Ni siquiera se ha comenzado a vacunar y quienes están pagando todo esto son las mujeres”. Conjuntamente se adicionó desde la CEPAL que la desocupación de las mujeres en Latinoamérica y alcanzó un 22,2% en 2020, lo que significó una variación de 12,6 puntos porcentuales de variación interanual. Por su parte, se indicó un reporte de un aumento del desempleo de 10,4 puntos porcentuales, también respecto al 2019. Esto ha llevado, entre otras cosas, a que la cantidad de mujeres latinoamericanas en situación de pobreza sean cerca de 118 millones. Cecilia López, aseveró que “hay una gran contradicción: la actividad más importante durante la pandemia ha sido el cuidado y el cuidado no remunerado; las mujeres –en Bogotá- están cuidando entre el 80 y el 85% de los/as contagiados/as que permanecen en los hogares. Además, el 70% de los/as trabajadores de la salud en Colombia son mujeres. El trabajo del cuidado, que ha sido subestimado toda la vida, ha sido el gran protagonista de la pandemia, pues son las mujeres las que están en la primera línea de cuidado, y son ellas las que están pagando los costos más altos”. Los sectores más afectados La CEPAL, asimismo, estableció cuáles han sido los sectores que se han visto mayormente afectados por la contracción económica, además preocupa que en éstos trabaja un 56,9% de las mujeres en América Latina. Por una parte está el sector del turismo, en el que solo en actividades de alojamiento y de servicio de comidas 61.5% de los puestos de trabajo eran ocupados por mujeres en 2019. Adicionalmente, también se ubica todo lo relacionado con manufactura, donde se vieron afectados por el cierre de fábricas, principalmente, lo que también implicó consecuencias en el comercio al por mayor y menor. A esto se suma que otro de los sectores más fuertemente golpeados, además no solo por la pandemia, son las mujeres dedicadas al trabajo doméstico remunerado, que como se expone en el documento: “Es otro de los sectores fuertemente golpeados por la crisis, ya que, además de estar altamente precarizado, es un tipo de trabajo que no puede ser realizado de forma remota. Muchas mujeres empleadas en este sector experimentan incertidumbre acerca de su remuneración, sobre todo en el caso de aquellas que no cuentan con un contrato formal. Quienes han continuado asistiendo a su lugar de trabajo han visto aumentadas sus responsabilidades al tener que atender, por ejemplo, actividades relacionadas con el cierre de escuelas en los hogares donde viven niños y niñas. También han tenido que incrementar los estándares de higiene para prevenir contagios e incluso hacerse cargo de la demanda de cuidados de la salud de los miembros del hogar en que trabajan. Esto último, además de exponerlas al contagio de la enfermedad, les impone la realización de actividades para las cuales no están necesariamente capacitadas. En casos extremos, muchas trabajadoras están incluso siendo despedidas”. Hay que señalar que en Colombia, en el trimestre comprendido entre mayo y julio hubo una reducción del 44% de las mujeres ocupadas en estas labores en comparación con 2019 – haciendo la claridad de ser trabajo doméstico remunerado -, mientras que en otros países de la región como Brasil fue del 24,7% y en Chile del 46,3%. “Las mujeres que no pudieron seguir trabajando porque les cerraron sus sectores, están ahora o sin emplearse o en lugares donde reciben mucho menos de lo que ganaban antes. A eso se suma la carga de cuidado muy grande. En Bogotá las mujeres están asumiendo entre 6 y 10 horas diarias de cuidado, pero además, en los trabajos remunerados también se les están exigiendo más horas, sin que esto signifique una mayor remuneración”, agregó la economista. A todo esto se suma que estos sectores que son los que mayor número de mujeres emplean, son a su vez los que mayormente se caracterizan por altas tasas de informalidad y bajas remuneraciones. Por ejemplo, “En cuanto a acceso a la protección social, un bajo porcentaje de mujeres en estos sectores están afiliadas o cotizan a un sistema de seguridad social: un 35,8% en el sector del comercio, un 45,4% en el sector de las manufacturas, un 25,9% en el sector del turismo y un 24,0% en el sector de los hogares como empleadores. Además, al menos 1 de cada 3 mujeres en estos sectores es una trabajadora por cuenta propia, ocupación asociada generalmente a una menor calidad del empleo”, se lee en el documento. Por otra parte, se proyecta que cerrarían casi 2,7 millones de microempresas formales en la región, lo que acentúa toda esta problemática pues en el sector del comercio se concentra una proporción importante del empleo femenino (un 21,6% de las ocupadas); un 69,0% de estas mujeres se concentran en empresas de menos de 5 personas y un 41,1% son trabajadoras por cuenta propia. “No hay que romantizar el cuidado” Por otra parte, los otros sectores donde hay una mayor participación de las mujeres es en la salud y la educación, y aunque en éstos las tasas de desempleo son menores, la pandemia sí hay implicado en otros factores. Por ejemplo, en el sector salud donde las mujeres son cerca del 73,2% del total de las personas empleadas, se ven afectadas por una baja inversión en toda Latinoamérica; en 2018 el gasto público en salud era de 2,2% del PIB, lo que es muy inferior al 6,0% que recomienda la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esto tiene unas implicaciones directas en las condiciones de trabajo de quienes laboran en este sector, pues para muchas ha representado que las jornadas laborales se intensifiquen, también que ante la actual crisis sanitaria no cuentan con equipos de protección suficientes, lo que aumenta las posibilidades de contagio y también agudiza el estrés del personal. No siendo poco, además, las mujeres que trabajan en estas actividades evidencian una mayor brecha salarial respecto a los hombres. Solo en Colombia ésta está replantada por una diferencia del 24,6%. Asimismo, las educadoras en Latinoamérica, que son quienes ocupan el 70,4% de los puestos de trabajo en el sector, se han tenido que enfrentar “a las nuevas formas de educación en muchos casos sin la posibilidad de formación o capacitación previa y sin las competencias o los recursos suficientes para poder adaptar su trabajo a las exigencias de la enseñanza a distancia y el uso de plataformas. Además de las tareas tradicionales, el personal educativo ha debido colaborar en actividades dirigidas a asegurar condiciones de seguridad material de las y los estudiantes y sus familias, como la distribución de alimentos, productos sanitarios y materiales escolares, entre otras.(…) Por otra parte, cuando las actividades presenciales sean nuevamente viables, el personal ocupado en este sector asumirá nuevas responsabilidades asociadas al cuidado y la prevención del contagio, la aplicación de protocolos de higiene y distanciamiento físico y la complementariedad con el proceso educativo en las plataformas”. Con todo esto, hay dos aspectos importantes que nombrar, por una parte, la CEPAL identificó que la aceleración de la digitalización en prácticamente todas las actividades de la vida afectó también la autonomía económica de las mujeres, pues, con todo esto están teniendo que destinar cerca del 14 y 12% de sus ingreso a los servicios de internet –resaltando que la situación empeora cuando no se cuentan con ingresos propios- . Aunque se estima que solo el 21,3% de las personas ocupadas podrían teletrabajar, la CEPAL advierte que “las mujeres de menores ingresos enfrentan un doble obstáculo: la falta de autonomía económica y la brecha de acceso a Internet para el teletrabajo. (…) La revolución digital está generando distintas disrupciones en el mundo laboral que, en algunos casos, pueden redundar en condiciones laborales más precarias y que podrían afectar en mayor medida a las mujeres”. Por otro lado y atravesando todo esto, hay que resaltar que además, y como se inició señalando, las mujeres han tenido que enfrentar una mayor sobrecarga laboral respecto a las necesidades de cuidados de los familiares en el marco de las actuales restricciones de movilidad y de los requerimientos para evitar la propagación del virus, nombrando que esto ha afectado mayormente a las mujeres trabajadoras que no tienen la posibilidad de tercerizar las labores de cuidado. “Toda la política de equidad de género fracasó con la pandemia. Se perdió todo lo que habíamos hecho. ¿Cómo es posible que todos estos años luchando para que las mujeres tuviéramos una mejor situación en el mercado laboral, y llega la crisis y a las primeras que sacan son a las mujeres? Por otra parte, hace cuánto estamos resaltando la importancia del trabajo de cuidado no remunerado, y no pasa nada, se sigue recargando en las mujeres. Resalto: esto es el fracaso absoluto de toda una estrategia, pues respecto a las problemáticas estructurales de equidad de género no se toca ni se actúa sobre lo esencial. No hay que romantizar el cuidado”, concluyó López.

Por: Juan Sebastián Hernández. Investigador Pares. En 2020 en Tolú, así como en todos los municipios del país, inició un nuevo ciclo de mandatos locales. El primero de enero tomaron posesión alcaldes, gobernadores, diputados y concejales; sin embargo, en marzo fue declarado el estado de emergencia por el Covid-19, por lo que los municipios y departamentos se dedicaron de lleno a atender dicha situación. La pandemia se convirtió en la ventana de oportunidad para que se presentaran diferentes casos de corrupción al interior de los entes territoriales. El 15 de julio de 2020, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) denunció presuntas irregularidades en materia de contratación en la alcaldía de Santiago de Tolú y, recientemente, se recibió otra denuncia donde existen presuntas irregularidades asociadas a la formulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM). El 20 de marzo de 2020 la alcaldía de Tolú realizó los estudios previos cuyo objeto de contrato tenía como fin: “la contratación por prestación de servicios profesionales para la asesoría, acompañamiento, orientación y capacitación al despacho del alcalde, a secretarios de despacho y demás empleados del municipio involucrados en el proceso en asuntos relacionados con la formulación, preparación, socialización y aprobación del plan de desarrollo municipal.” Para ello se plasmó en dicho documento que la empresa seleccionada para desarrollar esto, mediante la modalidad de contratación directa, sería GESTARPRO S.A.S. Sobre este contrato, se cargaron dos documentos a la plataforma SECOP I, titulados “Análisis del Sector” e “Invitación Pública”. En el primero de ellos, se consignó la posibilidad de celebrar el contrato con una persona natural o jurídica que se relacionara con el objeto a contratar: “entendiendo por idoneidad para la persona natural la profesión y experiencia relacionada y de la persona jurídica que su razón social sea acorde y proporcional al objeto contractual, además que ésta contenga en su planta de personal profesionales expertos ligados al historial contractual de la organización en contratos similares con resultados satisfactorios”. Mientras que, en el segundo, se hizo explícito como requisito que la empresa contratada debía “Haber ejecutado por lo menos un contrato de igual o similar objeto. Para tal efecto deberá acreditar copia del contrato o en su defecto certificación emanada de la empresa contratante, donde conste el cumplimiento del contrato a satisfacción”. Posteriormente, el 24 de marzo, fue firmado el contrato por prestación de servicios No. ST-CPS-044-2020 con el contratista GESTAR PRO S.A.S, cuyo representante legal es Pavel Daniel Charris Guerrero, por un valor de $107.100.000 pesos, por un plazo de ejecución de 6 meses. Sin embargo, desde la firma del contrato se hallaron varias irregularidades. La primera de ellas tiene que ver con el valor total. Luego de realizar la suma del total de los ítems a contratar en los estudios previos, se encontró que el valor real no era por $107.100.00 (valor por el que fue firmado el contrato) sino por $109.777.500. Hay que resaltar que este contrato tiene 3 componentes, los cuales son: 1) Profesional; 2) Logístico y3) Herramientas publicitarias; sobre lo cual se detallará el componente número 2 (en el presupuestan el alquiler de un espacio físico, y demás elementos para congregar personas), que tiene un valor de $12.384.000, a pesar de que el 17 de marzo el presidente de la República emitió el decreto 417 de 2020 en el que declaraba el Estado de Emergencia. Imagen abajo: valor contratado. Imagen derecha: valor arriba. Adicionalmente, el 15 de abril de 2020 se hizo una modificación a este contrato donde cambió la cuantía del mismo, pasando a ser de $101.454.640. En el contrato se realizaron varias modificaciones en varios ítems para su desarrollo, entre ellas el componente 1 o “Componente técnico”, que incluye los honorarios de los profesionales. A pesar de los ajustes, el valor total de este rubro es de $53.100.000 pesos; sin embargo, el valor de este debería ser de $46.334.000. Imagen izquierda: valores iniciales Componente Profesional. Imagen derecha: valores finales modificación #1. Como se puede ver en las tablas anteriores, el componente 1 (componente técnico) tiene cinco columnas: “Profesional”, “Dedicación”, “Valor de Honorario”, “Duración” y “Valor Total”. En esta modificación se propuso contratar a tres profesionales de distintas áreas; para dos de los profesionales su sueldo es de $2.500.000 y la duración de estos es por cuatro meses; no obstante, el contrato muestra que el valor total de lo que se gasta en este período de tiempo es de $10.000.000. Ahora bien, el valor del honorario por la duración da un total de $10.500.000. Además, la columna de “dedicación” dice que es del 66,67%, que si se aplica al valor total, este ya no es por $10.500.000 pesos, sino por $6.667.000 pesos. Al igual que el componente profesional, también se modificaron los otros dos ítems: Logístico y Herramientas publicitarias; y tras la revisión del total de los ítems, el valor neto del contrato no debió ser de $101.454.640 pesos sino de $93. 403.100 pesos. Como se mencionó en párrafos anteriores, en los estudios previos se plasmó la necesidad de que la persona natural o jurídica que se contratara para llevar a cabo el acompañamiento en la formulación del PDM debía contar con la idoneidad y la experiencia, un hecho que no se comprueba para el caso de GESTARPRO S.A.S., empresa matriculada el 30 de enero de 2020 en la Cámara de Comercio de Sincelejo, conformada por dos socios: Pavel Daniel Charris Guerrero y Rogelio de Jesús González; organización que para ese entonces no había ejecutado un contrato de esa índole. Pares pudo acceder a un vídeo realizado por la alcaldía de Santiago de Tolú donde se promocionaba el PDM, llamado “La Conversación más Grande por el Desarrollo y Progreso de Tolú”, material que fue difundido el día 7 de marzo (2 semanas antes de que se firmara el contrato con GESTARPRO S.A.S.) y donde se ve al alcalde del municipio Jesús Chadid, promoviendo la instalación de la primera mesa de concertación con los pescadores, manifestando que así daba inicio a la estructuración del PMD. Sobre este vídeo se destaca la aparición de Rogelio de Jesús González, quien pareciera fungir como asesor de la alcaldía, previo a la firma del contrato con su empresa (ver minuto 1:35). Imagen izquierda: RUT GESTARPRO S.A.S. Imagen derecha: Cámara de Comercio GESTARPRO S.A.S. A pesar de las posibles irregularidades en la etapa contractual, en la denuncia que recibió Pares se observó que en la ejecución habría presuntamente otra serie de inconsistencias en la conformación del Consejo Territorial de Planeación (CTP). De acuerdo con la denuncia, desde el correo tolupdm@gmail.comfueron enviados una serie de formularios virtuales de participación a miembros del CTP y de diversas organizaciones sociales. Sin embargo, estos correos fueron enviados el 29 de abril de 2020. Dicho de otra manera, un mes después de que se firmara el contrato con GESTARPRO S.A.S. fueron notificados los miembros del CTP sobre la metodología para la participación del PDM, faltando a la ley 152 de 1994 donde se establece que el CTP debió tener un documento preliminar para emitir un concepto. Dicha notificación debió realizarse entre el 1 de enero y el 29 de febrero de 2020. Una vez publicada por la alcaldía municipal la estructura del CTP, aprobada por el Concejo Municipal, aparecen otras presuntas irregularidades. Según las pruebas a las que tuvo acceso Pares, María Horta, quien figuraba como representante de las Juntas de Acción Comunal, y Doris Esther Mendoza, quien aparecía como representante de las Comunidades Indígenas, no representaban a dichas organizaciones; así como Francisco Buelvas, a quien ponen como representante de las Instituciones Educativas, y quien afirmó en un documento respondiendo a un derecho de petición no haber participado como miembro del CTP (ver Anexo 1). Para corroborar que Horta y Mendoza no ocupan dichos cargos de representación, se enviaron derechos de petición a: Joel Hernández, representante de ASOCOMUNAL Tolú, quien expresó que María Horta no representaba a la organización (ver Anexo 2); a Zuleyma Conde, capitana del cabildo menor de Puerto Viejo; y a Isnelda Cabrera, capitana del cabildo Isla Gallinazo con asentamiento en El Palmar, donde ambas manifestaron que Doris Mendoza no pertenecía a ninguno de esos dos cabildos (ver Anexos 3 y 4 respectivamente). ANEXOS

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. Esta semana se conoció que el Centro Nacional de Memoria Histórica, en cabeza de Darío Acevedo, entregó el listado de víctimas sin proteger la identidad de las mismas. Este episodio se suma a lo que parece la interminable lista de afrentas de Acevedo en contra de las víctimas en Colombia. Esto sucede en un momento en el que las víctimas están adelantando sus exigencias por la reparación integral, procesos de restitución de tierra, en el que el Sistema de Verdad Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición adelantan comparecencias como la histórica imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz a ocho miembros del antiguo Secretariado de la otrora guerrilla de las FARC-EP. También, cuando Colombia atraviesa el año más violento desde la firma del Acuerdo de Paz, con 515 líderes sociales asesinados y 255 firmantes de la paz. Un recrudecimiento de la violencia en las regiones con un 2021 en donde ya se han registrado 13 masacres. Un momento en que las zonas que vivieron los peores años de la violencia—ejemplo de El Salado— están reviviendo el horror por cuenta de las amenazas y desplazamiento. Un momento en que exjefes paramilitares están regresando al país, en donde la implementación integral del Acuerdo de Paz ha sido abandonada por parte del Gobierno Nacional y continúa existiendo una andada en contra de la Justicia Transicional por parte del partido de Gobierno; Centro Democrático. La ruptura de la confianza entre las organizaciones de víctimas al CNMH se evidencia en el desconocimiento de Acevedo sobre el conflicto armado en el país. O, también en el interés de convenios con Fedegán. Cuyo presidente ejecutivo es José Félix Lafaurie; esposo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal quien ha tratado de pasar un proyecto para legalizarle tierra a los ‘Terceros de Buena Fe’. Personas que aleguen no haber sabido que la tierra que la tierra que ocupan estuviese manchada de sangre. El mismo Fedegán cuyo expresidente (1991-2004) no solo promovió, sino que asesoró a las Autodefensas Unidas de Colombia. Todo esto para decir que los riesgos que representa Colombia a las víctimas o familiares de víctimas no son cosa menor. Sin duda, son hechos que continúan enrareciendo más la atmósfera de la gestión de Acevedo. *** Pares quiso ahondar en las implicaciones que esto tiene no sólo por cuenta de los derechos de las víctimas y las familias de las víctimas sino también en el ejercicio político que le continúa dando Acevedo al CNMH. Acevedo pone en riesgo inminente a las víctimas Para Ana María Rodríguez, historiadora con maestría en Derechos Humanos y Democratización de América Latina y El Caribe, frente al tema de la protección de datos señala que “una institución como el CNMH no pude revelar la información de las víctimas, especialmente, bajo el entendido de que el conflicto armado no ha terminado”. Además, porque señala que el ejercicio por la reclamación integral de derechos de las víctimas y de sus familiares continúa. “Mostrar datos de personas víctimas es un grave riesgo para la seguridad en un momento en el que el conflicto más bien que se ha reconfigurado y que se ha diversificado la cantidad de actores armados. En lo corrido del 2021 ya ha habido por lo menos 21 asesinatos a líderes/lideresas sociales o defensores/as de DDHH. Que se muestran las listas de víctimas puede generar un problema frente a los procesos que se están presentando y puede significar también una posibilidad de obstrucción de los procesos que se están llevando con la JEP o con la Comisión de la Verdad”, sentencia Rodríguez. En este sentido y continuando con la explicación de la experta “estas situaciones no se deben minimizar y resaltar que implican un problema serio de seguridad para las personas sobrevivientes que están en estas listas o de los familiares de las personas asesinadas o desaparecidas.” Memorias al servicio de los intereses políticos de Centro Democrático Asimismo, existen unas implicaciones políticas que bajo el entendido de que la memoria no es un asunto neutral ni objetivo; sino que obedece a tensiones y a disputas políticas. En este sentido, señala Rodríguez, la publicación de este listado obedece a estas intenciones políticas. El CNMH está obedeciendo a las lógicas de las memorias oficiales; de esas memorias que se construyen para proteger los discursos políticos de los gobiernos de turno, como lo es el gobierno de Iván Duque.” En este caso que la lista es compartida por una persona con mucha cercanía al Centro Democrático. Acevedo no lo está haciendo con los objetivos con los que funciona el CNMH que busca, por ejemplo, la reparación, la reconstrucción del Tejido Social, la posibilidad de que se escuchen memorias diversas, memorias plurales. No sólo estivo mal el hecho de difundir los datos; sino porque el mismo director Darío Acevedo le dio RT a la información de la persona que publicó la lista de víctimas, cercana al Centro Democrático. Un CNMH sin interés en los derechos de las víctimas Para Diego Alejandro Restrepo Osorio, coordinador de la Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto, no resulta una sorpresa conocer que el CNMH comparte estas informaciones. Sin embargo, manifiesta que esto no significa que no sea un hecho preocupante. Además, plantea un interrogante, ‘¿qué información tiene el Cd sobre las víctimas del conflicto armado? Y ¿para qué la han utilizado y la seguirán utilizando?’. Entre otras cosas, porque para el investigador de Pares “esto advierte que se puede estar compartiendo información — de organizaciones, informes confidenciales y entrevistas— en donde seguramente se señala la connivencia de estos sectores políticos con el paramilitarismo.” Asimismo, insiste en que estas acciones demuestran la poca importancia de las normativas que regulan los derechos de las víctimas. Darío Acevedo continúa demostrando que el CNMH está siendo utilizado para intereses políticos del Centro Democrático; como un aparato de contrapeso a la Comisión de la Verdad. Estos hechos, según Diego Alejandro, se evidencian en hechos como “la transformación del guion del Museo de la Memoria, desde privilegiar iniciativas de las Fuerzas Militares en detrimento al apoyo de iniciativas de memoria de la sociedad civil. Incluso, aún cuando los militares cuentan con recursos para desarrollar dichas labores. Deben ser escuchado, pero lo que se ha visto es que han sido privilegiados. «Una suerte de desequilibrio de recursos entre iniciativas. Asimismo, casos como la omisión sobre la participación del paramilitarismo.” En otras palabras, el CNMH está funcionando, precisamente, para estas labores de atacar el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Cabe recordar, que, a finales de enero de 2021, la Sala de Reconocimiento de la JEP imputó, a ocho miembros del antiguo Secretariado de la otrora guerrilla de las FARC-EP, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del Caso 01, ahora denominado “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”. Darío Acevedo es un riesgo impune para las víctimas Para Ana María Rodríguez resulta importante continuar preguntándose por quién está al mando de la institución que tiene que responder por derechos y garantías de las personas víctimas, como también la posibilidad de reconstruir esas memorias.» Hay una visión parcial de la memoria lo cual va en contra de los objetivos y de lo que venía haciendo el CNMH de la mano de Gonzalo Sánchez de generar un espacio en que el universo de víctimas sea escuchado.” Esta situación ha generado que las víctimas continúen alejándose del CNMH que hayan preferido retirar sus informes y archivos; por la inseguridad que les genera la gestión de Acevedo. “EL CNMH debería garantizar la protección y velar por la posibilidad qué es lo que ha pasado en el conflicto fuera de las dinámicas políticas de los actores armados y sí de las víctimas”, insiste. Darío Acevedo y el CNMH ha mostrado cercanía al gobierno y a sectores privados, como es el caso de Jose Félix Lafaurie, que el CNMH no esté teniendo en cuenta protocolos para el tratamiento de datos «nos deja a muchas personas con la duda y preocupación sobre si esta información ha sido compartida con más instituciones, empresas, o grupos que puedan estar generando amenazas, a las víctimas y a las organizaciones sociales.« Algunos antecedentes El riesgo que representaba Darío Acevedo para la memoria histórica del conflicto armado fue advertido por Pares desde el pasado del 30 de enero de 2019, cuando siendo las las 7:27 p.m. en la página de aspirantes a ocupar cargos públicos de la Presidencia, apareció la hoja de vida de un nuevo opcionado para dirigir el Centro Nacional de Memoria Histórica: Rubén Darío Acevedo Carmona. En ese momento, Acevedo aseguró que el presente del CNMH “(…) es fruto del interés político de las guerrillas por imponer una explicación justificadora de sus aventuras y crímenes en ropaje académico”. Cuando negó la existencia del conflicto armado; la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia señaló que el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia fue expulsado de la Red Internacional más grande e importante sobre memoria del mundo, esto como consecuencia de no reconocer la existencia de un conflicto armado. Una coalición conformada con siete (7) redes con más de 275 miembros en 65 países alrededor del mundo. Ahuyentar a las víctimas Son miles de víctimas que se han visto en la obligación de abandonar el CNMH. Por ejemplo, el pasado 3 de marzo de 2020 la Asociación Minga retiró 25 años de recopilación del conflicto que reposaban en 66 cajas, 427 carpetas y 31265 folios correspondientes a al archivo del conflicto armado en la región del Catatumbo. La solicitud de las organizaciones de víctimas es clara: cerrar de manera definitiva las relaciones con el CNMH, mientras Acevedo se mantenga a cargo del mismo. En las calles, las organizaciones han levantado la voz ‘Con la Memoria no se juega’ ha sido la consigna «Ante el riesgo que implica esta Dirección en cuanto a la objetividad de los informes, nos asalta la preocupación del buen uso de la información entregada y la revictimización a quiénes han padecido de primera mano el conflicto armado. La Dirección de Darío Acevedo conspira contra la recuperación y construcción de la memoria histórica del conflicto armado y de las violaciones de derechos humanos por parte del Estado, la Fuerza pública y otros actores que han afectado a nuestra sociedad.» Asociación Minga. O la del pasado 2 de junio a través de un comunicado, la Fundación Madres Falsos Positivos de Colombia (MAFAPO), publicara su renuncia a participar de los proyectos adelantados por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en su carta resaltaron que Acevedo “no da garantías al derecho a la verdad de las víctimas”. El pasado, señala Diego Alejandro Restrepo, es un sentido activo, construido y reconstruído constantemente por agentes sociales que se sitúan en escenarios de disputa frente a otras interpretaciones y sentidos, contra olvidos y silencios. La memoria es central en la agenda de movimientos sociales y colectivos que disputan estos significados a través de la activación de los recuerdos incómodos, dolorosos, descodificando las visiones dominantes que buscan consolidarse como hegemónicas, recodificando las interpretaciones a través de la resistencia. Es necesario tomar partido ante la cruzada por la memoria emprendida por el uribismo, ¡No pasarán!

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Se ha insistido constantemente en que, de no cambiarse la estrategia de seguridad nacional, este será un año críticamente violento. Hasta la fecha eso ha quedado evidenciado, por ejemplo, la JEP comunicó hace tan solo unos días que el 2021 ha sido el inicio de año más violento desde la firma del Acuerdo de Paz; lo que se ve evidenciado, entre otras, con que a la fecha se han registrado 14 masacres en el país, el asesinato de 22 líderes/as sociales y de 07 firmantes de paz. Además, desde Pares se ha hecho seguimiento a otro tipo de hechos victimizantes como desplazamientos forzados y amenazas. Justamente sobre esto último se conoció que el secretario de General y de Gobierno del municipio de Ituango en Antioquia, Jorge Elias Giraldo Restrepo, alertó sobre amenazas que estarían enviando el Frente 18 de las disidencias de las Farc a 121 docentes y directivos docentes que ganaron el concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil para ocupar distintos cargos en la zona. “El día 02 de febrero el secretario de Educación presentó la denuncia a la SIJIN sobre una presión que está recibiendo del Frente 18 por medio de un panfleto y por llamadas telefónicas, en las que se informa que los docentes que ganaron el concurso territorial y que sean foráneos, no pueden ingresar al municipio”, se lee en el documento enviado a la directora de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, María Fernanda Posada. El Proceso de Selección al que se hace referencia es el número 602 de 2018,mediante el cual a través de convocatoria pública se pretenden nombrar 1.049 docentes y directivos docentes en 19 municipios de Antioquia ubicados en zonas afectadas por el conflicto armado, del total 121 están dirigidos a Ituango. Igualmente, hay que mencionar, que desde el pasado 25 de diciembre se iniciaron las audiencias públicas de escogencia de plazas y actualmente la Secretaría de Educación avanza con los nombramientos de los docentes que pasaron el concurso de acuerdo con la normativa vigente. Desde la Secretaría de Educación de Antioquia se afirmó conocer la circunstancia, y se aseveró que se están ejecutando todos los protocolos para proteger la vida y la integridad de los docentes que comienzan su servicio. Adicionalmente en la comunicación emitida desde Ituango, también se advirtió que ”desde la comunidad indígena JAIDUKAMA tuvimos conocimiento por parte de los líderes indígenas, de la presencia en el resguardo de grupos armados que hacen tránsito por sus tierras y que además de poner en riesgo la población por la posible siembra de minas para controlar el territorio, acusan a los líderes de permitir el ingreso de los irregulares y los amenazan de que los líderes tienen que responder”. Vale la pena mencionar que este municipio se encuentra dividido actualmente en tres corregimientos y 101 veredas: corregimiento de La Granja; con 38 veredas, corregimiento de Santa Rita; con 25 veredas, corregimiento de El Aro; con 10 veredas y la cabecera municipal con 28 veredas. Dentro de esta división se halla inserto el Parque Nacional Natural Paramillo, que abarca más de la mitad del municipio (1.818,66 km2, 54% del territorio). Hace tan solo unas semanas a través de Pares, se denunciaron varios hechos que han ocurrido en esta zona de Antioquia en las últimas semanas como que, presuntamente, un firmante de la paz y su familia tuvieron que salir desplazados de la vereda de Santa Lucía, en Ituango. Adicionalmente, el 22 de enero, se registró el desplazamiento del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Cedral. En compañía de su familia tuvieron que huir de Ituango. Asimismo, se alertó que en la madrugada de ese día un grupo armado, al parecer el Grupo Armado PostFarc (GAPF) Frente 18, atacó una base militar ubicada en el corregimiento de Santa Rita. Esto tras un combate que se registró en veredas aledañas con las AGC. En este contexto también es relevante indicar que durante lo que va del año se han registrado por medio de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 54 hechos de amenazas relacionadas con grupos armados ilegales en Antioquia, siendo, además, el departamento con más denuncias de este tipo de hechos. La sombra de la violencia hacia docentes en Ituango Hay que señalar que desde los años 80 esta zona ha sido un epicentro de la violencia en el país; desde esa década ingresaron los Frentes 18 y 36 de la extinta guerrilla FARC-EP. A finales de los 90 tomaron fuerza en el municipio las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) convirtiendo a la subregión norte de Antioquia en escenario de constantes disputas territoriales entre los Bloques Mineros y Metro de las AUC y las FARC-EP. No obstante, durante este periodo quienes generaron mayor control fue la otrora guerrilla. En esta disputa los docentes no han sido ajenos a la guerra que le ha tocado a esta zona y al país en general. Vale la pena mencionar que en un estudio del año 2019 de la Fundación Compartir se logró establecer que 1.579 maestros/as de las zonas rurales del país han sido víctimas del conflicto armado en los últimos 60 años; 1.063 docentes (67,3%) sufrieron asesinatos selectivos, siendo este el delito más frecuente para esta población; 201 (12,7%) sufrieron secuestros; 200 (12,6%) fueron desaparecidos/as. Esta situación no fue alejada a lo que se vivió en Ituango. La Defensoría del Pueblo publicaba un informe en el 2018 en el que se citaba que “en los meses de mayo y junio de 2013, las FARC-EP reiteró las amenazas contra las personas que no pertenezcan a la región, particularmente contra los profesores de seis veredas del corregimiento Santa Rita y de la vereda Los Sauces, generando el desplazamiento de tres (3) de ellos en mayo y de otros siete (7) hacia finales de junio de 2013, para quienes fue necesario un traslado preventivo por parte de la Secretaría de Educación Departamental. Así mismo, a mediados de agosto de 2013, se habrían extendido las amenazas contra directivos y profesores de la cabecera municipal de Ituango declarados objetivo militar”. Además, agregaban que: “se verificó que esta situación continuó ocurriendo, es decir, a pesar de la advertencia no se logró superar el riesgo de este grupo poblacional. Durante los años 2015 y 2016 se conoció que cuarenta y ocho (48) docentes fueron amenazados por la guerrilla de las FARC-EP en el mismo municipio”. Hay que recordar que en este municipio entre 1985 y 2005 fueron asesinados/as los/as docentes María Lourdes Montaño Peláez (26 de julio de 1991), quien laboraba en la escuela de la vereda La Florida, en límites con el municipio de Peque al sur; Robinson Taborda Tuberquia (05 de septiembre del 2000), profesor de la escuela rural La Manga y Edison de Jesús Toro Gaviria (08 de agosto de 2002), docente de la vereda Conguital, del corregimiento de Santa Rita. Asimismo, el 28 de septiembre de 2006 fue asesinado César Augusto Pareja López, quien laboraba en la escuela de El Cedral. Además, en relación con los recientes hechos y trayendo a colación el documento de la Defensoría del Pueblo, se hacía a referencia en éste que justamente “El Resguardo Jaidukamá en el municipio de Ituango, se vio afectado por la instalación de minas antipersonal por parte de las FARC en los alrededores del Centro Educativo Rural indígena San Matías, luego de que el Ejército en agosto de 2012 construyera un campamento en cercanías de esta escuela”. El presente: un vaivén de una guerra que continúa Hay que señalar que en este momento los grupos con mayor injerencia en los hechos victimizantes en este territorio son las disidencia de las Farc Frente 36 y Frente 18, así como de Los Caparros y las AGC, los cuales, una vez firmado el Acuerdo de Paz en 2016 y ante la falta de estrategia para garantizar la seguridad en la zona, llegaron al territorio ocupando el lugar dejado por las Farc, el cual sigue siendo disputado también por los frentes de las disidencias; haciendo la claridad que el Frente 18 ha ganado mayor control en el municipio, que históricamente ha tenido presencia allí. Este riesgo significa una particular afectación para los niños y niñas entre los 11 y 16 años de edad”. Hay que resaltar que la situación actual, además de figurar una afectación para los/as docentes de la zona, también implica unas consecuencias precisas en las garantías educativas para los/as menores, pues como se ha identificado el no poder acceder a espacios educativos es una de las razones que acentúa la problemática del reclutamiento forzado. Imagen: Pares. No obstante, el riesgo a la población civil sigue siendo generado por la mayoría de actores armados ilegales con presencia en Ituango, pues se registran disputas armadas dejando a la población civil en medio de estas, pero además, las masacres, los desplazamientos, las amenazas están siendo utilizadas contra la gente que habita este territorio para generar miedo, además, que son constantes los señalamientos de un grupo u otro implicando a los pobladores como colaboradores de las otras estructuras. Esta situación está dejando como foco principal de riesgo a algunas poblaciones, que además están relacionadas con la actual alerta –sin que esto signifique que no hay riesgos en general para los habitantes del municipio- ; una de estas son los/as indígenas del Resguardo Embera Jaidukamá, quienes están bajo una alta probabilidad de quedar interpuestos en el desarrollo de combates y hostigamientos en zonas de resguardo. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo identificó que también hay una alerta sobre “los niños, niñas y adolescentes (NNA), derivado del reclutamiento, utilización y/o vinculación de la cual son objeto por parte de los grupos armados ilegales en proceso de expansión y disputa territorial en Ituango. Hoy la situación en Ituango, como se ha insistido, preocupa. Este hecho demuestra la gravedad de lo que está sucediendo en el municipio, donde a la fecha, a pesar de haber una fuerte militarización durante los últimos días, los grupos armados siguen llevando la batuta de lo que ocurre, continuando además, con una fuerte disputa entre las disidencias y las AGC, dejando a cerca de 20 veredas en un alto riesgo de vulnerabilidad de que sus habitantes sigan siendo víctimas de desplazamientos, asesinatos selectivos, disputas armadas, minas antipersonal y amenazas.

Por: Redacción Pares. Con información de CGR. La Contraloría General de la República determinó que, de acuerdo a los reportes del Ministerio de Educación, al 29 de enero del presente año, tan solo 22 entidades territoriales, de las 96 que ejecutan el Programa de Alimentación Escolar (PAE), están entregando alimentación a sus estudiantes beneficiarios. Según esto, de los más de 5 millones 600 mil estudiantes que se benefician del PAE, al momento solo 1.202.644 reciben alimentación. Ante esta situación, el organismo de control realizó un llamado a las entidades territoriales a que atiendan, contraten y dispongan los equipos para ejecutar el PAE, siguiendo las indicaciones del Gobierno Nacional para que sean beneficiados los más de 5 millones 600 mil estudiantes que tiene como cobertura el programa. “A pesar que, de acuerdo a las indicaciones del Programa, las entidades territoriales tienen tiempo máximo de margen de iniciar la entrega en la segunda semana del calendario académico, hoy tan sólo 1 millón 200 mil estudiantes están recibiendo la alimentación escolar. Es por eso que hacemos el llamado a las 74 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), que no han iniciado a que lo hagan y no dejen a sus estudiantes sin la alimentación estipulada”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Educación y su Unidad de Alimentación Escolar «Alimentos Para Aprender», las 74 entidades territoriales que no han iniciado le operación del PAE son: AMAZONAS APARTADÓ ARMENIA BARRANCABERMEJA BARRANQUILLA BOGOTÁ D.C. BOLÍVAR BOYACÁ BUENAVENTURA CALI CAQUETÁ CARTAGENA CASANARE CAUCA CESAR CHÍA CHOCÓ CÓRDOBA CÚCUTA CUNDINAMARCA DOSQUEBRADAS DUITAMA FACATATIVÁ FLORENCIA FUNZA FUSAGASUGÁ GIRARDOT GIRÓN GUADALAJARA DE BUGA GUAINÍA GUAVIARE IBAGUÉ IPIALES JAMUNDÍ LA GUAJIRA LORICA MAGANGUÉ MAICAO MALAMBO META MONTERÍA MOSQUERA NARIÑO NEIVA NORTE DE SANTANDER PALMIRA PASTO PEREIRA PIEDECUESTA PITALITO POPAYÁN PUTUMAYO QUIBDÓ QUINDÍO RIOHACHA SAN ANDRÉS DE TUMACO SANTA MARTA SANTANDER SINCELEJO SOACHA SOGAMOSO SUCRE TULUÁ TUNJA TURBO URIBIA VALLE DEL CAUCA VALLEDUPAR VAUPÉS VICHADA VILLAVICENCIO YOPAL YUMBO ZIPAQUIRÁ Y las que ya vienen ejecutando el PAE: ANTIOQUIA ARAUCA ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, SANTA CATALINA Y PROVIDENCIA ATLÁNTICO BELLO BUCARAMANGA CALDAS CARTAGO CIÉNAGA ENVIGADO FLORIDABLANCA HUILA ITAGÜÍ MAGDALENA MANIZALES MEDELLÍN RIONEGRO RISARALDA SABANETA SAHAGÚN SOLEDAD TOLIMA Ejecución por fuera de los tiempos Se evidencia que algunas entidades territoriales, que han reportado al Ministerio de Educación el inicio de sus calendarios académicos, vienen desconociendo las indicaciones del programa sobre un margen máximo para iniciar la entrega de la alimentación, que es la segunda semana del calendario académico. En esta situación está Barrancabermeja (Santander), que arrancó su calendario el 25 de enero, beneficia 19.090 estudiantes y no ha reportado haber empezado la entrega de alimentación. Pasa lo mismo con Lorica (Córdoba), inició calendario académico el 11 de enero y tiene 22.081 beneficiarios; Neiva (Huila), empezó el 18 de enero y cuenta con 41.423 estudiantes; Pitalito (Huila), inició el 18 de enero, tiene 11.986 estudiantes; y Quibdó (Chocó), inició el 18 de enero y tiene 26.666 estudiantes. Y existen casos más complejos como el del departamento de Córdoba, que a pesar de haber iniciado su calendario académico el 25 de enero, ha indicado que solo comenzará la operación del PAE hasta el 1 de marzo, pues no cuenta con equipo contratado, por lo que ha retrasado la gestión con los alcaldes municipales con quienes se opera conjuntamente el programa. Menor cobertura contratada Se ha evidenciado, además, que las ETC no han venido contratando la cobertura proyectada del 2021 de acuerdo a los beneficiarios que se venían presentando en 2020 Hay casos como Tolima en donde, de acuerdo al Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media, en el año 2020 reportaba 102.099 beneficiarios y para este año se ha contratado PAE para 17.471 estudiantes (17%), De igual manera Arauca, que tuvo 38.449 estudiantes y se ha contratado para 18.036 (46,9%); Sahagún 11.796 estudiantes en 2020 y se ha contratado en 2021 para 5.871 (49,7%) y Cartago que tuvo 12.197 beneficiarios y ha contratado para 6.429 (52,7%). Este llamado de atención de la CGR a las ETC se da en el comienzo del retorno gradual de actividades en las instituciones educativa, que debe cumplirse de acuerdo a las observaciones y lineamientos realizados por los Ministerios de Educación y Salud, en los que se plantea que se debe asegurar el PAE en cumplimiento de las medidas sanitarias y de bioseguridad como componente de la oferta educativa.