Por: Redacción Pares. Con información de JEP. La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP citó para aportes tempranos a la verdad a siete comparecientes de la exguerrilla de las Farc-Ep por el homicidio del líder político Álvaro Gómez Hurtado y por otros cinco crímenes. Los comparecientes son Rodrigo Londoño Echeverry (10 de febrero de 2021, a las 8 a.m.),      Julián Gallo Cubillos para una nueva diligencia de aporte temprano de la verdad (29 de marzo de 2021, a las 8 a.m.), Pastor Lisandro Alape, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Alberto Martínez, Jaime Alberto Parra y Reinel Guzmán Flórez. Asimismo, la Sala de Reconocimiento de la JEP citó para el 22 de febrero, a las 8 a.m., a la excongresista Piedad Córdoba Ruíz para que entregue testimonio sobre su conocimiento frente a los responsables del homicidio agravado del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y de su escolta, José del Cristo Huertas, ocurrido el 2 de noviembre de 1995. Las diligencias de Aporte Temprano a la Verdad (ATV) buscan establecer el contexto de lo ocurrido para determinar la competencia de la JEP y avocar conocimiento en el caso. Estas diligencias tienen como objetivo principal recibir el aporte a la verdad y el reconocimiento de responsabilidad individual y colectiva de los comparecientes respecto a los casos descritos en la carta que desde el antiguo secretariado de las Farc-Ep enviaron a la JEP y se hizo pública el 3 de octubre de 2020, donde se refieren a los crímenes cometidos contra: Álvaro Gómez Hurtado, Hernando Pizarro Leóngómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano, el general (r) Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín. El pasado 10 de diciembre de 2020, la Sala de Reconocimiento presidió la primera audiencia de aporte a la verdad, a la que fue citado el compareciente Julián Gallo Cubillos. Dentro de esta diligencia de ATV, sus abogados mencionaron que contaban con elementos de prueba y manifestaron el posible conocimiento que la excongresista Piedad Córdoba tenía de los hechos, así como la existencia de un informe de las Farc-EP sobre el caso de José Fedor Rey y Hernando Pizarro Leóngómez, y los nombres de los integrantes de la Red Urbana Antonio Nariño y los de la red Joselo Lozada.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Este lunes el diario El Tiempo informó que el embajador de Cuba en Bogotá, José Luis Ponce envió una carta a la Cancillería de Colombia mencionando que se tuvo acceso a información sobre un supuesto ataque o acción militar del Frente de Guerra Oriental del ELN, el cual está al mando de Carlos Emilio Marín, conocido con el alias de Pablito, integrante del Comando Central del ELN, quien además lleva más de 40 años dentro de esta guerrilla, y a quien se le ha implicado en la planeación del atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes General Santander. “Nuestra Embajada en Colombia recibió una información, cuya verosimilitud no podemos evaluar, acerca de un supuesto ataque militar por parte del Frente Oriental de Guerra del ELN para los próximos días en Bogotá. Hemos advertido de dicha información a la Delegación de paz del ELN en La Habana, la cual expresó total desconocimiento y reiteró la garantía de que no tiene ningún involucramiento en las decisiones militares u operaciones de la organización”, se lee en la carta enviada el pasado 06 de febrero. Esta información además de ser entregada a la Cancillería, también habría sido enviada a Carlos Ruiz Massieu, representante y jefe de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia y a dos miembros de la Iglesia Católica. Adicionalmente, se indicó que también alertó a la delegación de paz del ELN en La Habana sobre la posible acción militar, a lo que dijeron que no sabían acerca de esta intención ni tenían injerencia con las decisiones militares. En este contexto vale la pena traer a colación que el pasado 11 de enero el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que dicho país había tomado la decisión de agregar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo del gobierno de EE.UU. “Cuba regresa a la lista luego de que incumpliera su compromiso de dejar de apoyar el terrorismo, como condición para su eliminación por parte de la administración anterior en 2015. El 13 de mayo de 2020, el Departamento de Estado notificó al Congreso que había certificado a Cuba bajo la Sección 40A(a) de la Ley de Control de Exportación de Armas por ‘no cooperar plenamente’ con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos en 2019”, detalló Pompeo. Hay que mencionar que esto se ha argumentado en reiteradas ocasiones en la supuesta negativa de Cuba de extraditar a miembros del ELN a Colombia tras el atentado en la Escuela de Cadetes General Santander, ocurrido el 17 de enero de 2019. Una de las respuestas de funcionarios del Gobierno Nacional y políticos simpatizantes del partido de Gobierno, como el comisionado de Paz Miguel Ceballos, fue que se “esperaría que se extradite a los miembros del ELN que están en la isla. Esa extradición sí sería un hecho concreto de que Cuba quiere cumplir con sus responsabilidades internacionales”. No obstante, de nuevo, como ha sucedido por lo menos desde mayo del año pasado, se sigue desconociendo que uno de los puntos a los que se llegó siendo Cuba el país que ha apoyado los diálogos que se venían realizando con el ELN desde el 07 de febrero de 2017, y que fueron suspendidos el 17 de enero de 2019, fue la creación y puesta en marcha de un protocolo en el que se dictaba que en caso de romperse los diálogos, como ocurrió, el regreso de la delegación guerrillera a Colombia debía ser seguro, este documento ha estado respaldado internacionalmente por su injerencia con la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado colombiano. Pares habló con Luis Eduardo Celis, analista del conflicto armado, quien también es asesor de la Redprodepaz y columnista de la Fundación Paz y Reconciliación. Pares: ¿Cómo esta situación cambia o no el panorama de paz con el ELN? Luis Eduardo Celis: Esto lo que hace es mantener ese panorama; mantiene las distancias entre el Gobierno y el ELN, las distancias para pensar en un proceso de paz. Esto no cambia sustancialmente nada, sino que profundiza ese escenario de distancia en el cual el Gobierno pide condicionamientos, entre ellos el cese de las acciones armadas por parte del ELN y la guerrilla mantiene su postura de bilateralidad, de que están dispuestos a discutir todo en una mesa. De esta forma, esto sigue acentuando esa desconfianza mutua. Pares: Se ha mencionado la decisión de hace ya casi un año, y ratificada hace poco, de que Estados Unidos incluyó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, ¿cómo este reciente hecho ayuda a interpretar también dicha decisión de Estados Unidos? L.E.C: Lo que pasó ayer fue un hecho inédito, es decir; el Gobierno cubano le dice a otro gobierno que va a ser atacado, eso es algo que yo no creo que haya pasado antes en toda la historia, por lo menos de América Latina. Esta información fue recibida en Colombia, por lo que entiendo, y demuestra una situación muy complicada en la cual Cuba ha actuado de manera correcta anunciándole al Gobierno colombiano la situación. Esto, además, denota la seriedad y compromiso de Cuba con un esfuerzo de legalidad. Pares: ¿Qué se puede decir del Frente Oriental de Guerra del ELN al que se implica con este anuncio? L.E.C: Este es un frente muy importante, además siendo de Arauca esto le imprime una fuerza muy importante, con mucho poder. Además, todas las investigaciones dicen que ellos fueron los responsables del ataque a la Escuela General Santander. Así que eso hace que esta sea una situación muy delicada, y muy delicado que el ELN busque tensionar el conflicto en lugar de buscar la distensión. Pares: La respuesta del Gobierno Nacional, entre otras cosas, fue seguir insistiendo en que sean extraditados los miembros del ELN que se encuentren en La Habana, ¿qué lectura se puede hacer de esta posición y petición, en la que además han sido insistentes? L.E.C: Lo principal es que el protocolo hay que cumplirlo, pues este es un elemento central en ese esfuerzo de negociación. No solamente Cuba exige su cumplimiento, sino también Noruega y Alemania, porque sin esto ninguna negociación en el futuro podría ser viable, pues si los negociadores son extraditados, ¿cuál negociación va a ser creíble? Pares: En una última lectura. Se ha hablado de una crisis en la que podría estar el ELN, atravesada además por un crítico escenario de violencia y degradación de la seguridad en el país. De ser esta información real, ¿qué implicaciones tendría este ataque terrorista en el contexto actual de esta guerrilla y del país? L. E.C: Si es cierto lo del atentado es muy grave que el ELN siga tensionando el conflicto, además esa tensión vía terrorismo no es ninguna buena noticia. Segundo, le corresponde al Gobierno tomar las medidas de prevención y precaución ante una situación que es muy difícil, pues un ataque en una ciudad es muy complicado de controlar. Tercero, afortunadamente el Gobierno cubano se enteró, lo cual de ser verídico se puede estimar que el ELN tiene fugas en sus dinámicas internas. Si es cierta esta información sobre que el ELN está preparando un ataque en la ciudad de Bogotá la pregunta es ¿por qué este tipo de acciones? Yo no tengo la respuesta, pero lo que se puede ver es esa filtración de la información afortunadamente. Esperemos que ese ataque no se dé. Lo segundo es que hay un conflicto en curso, no resuelto, y todo lo que signifique tensionarlo no ayuda.

Por: Julián Martínez y Gonzalo Guillén. El 16 julio de 2020, el Grupo Aval, del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo y su familia, descapitalizó en más de 92 mil millones de pesos a la Casa Editorial El Tiempo S.A. con el objeto de quitarle un bloque de su patrimonio con el que constituyó la Sociedad Inmuebles El Dorado S.A. La descapitalización de Casa Editorial El Tiempo S.A. y la consiguiente creación de Inmuebles El Dorado S.A. está ilustrada en 268 folios de la correspondiente escritura pública del traspaso de los bienes. Es la 2066, del 16 de julio de 2020, sentada en la Notaria 73 de Bogotá. Entre los bienes que le fueron quitados a Casa Editorial El Tiempo S.A. figuran el lote de terreno y el edificio de la Avenida Eldorado en el que hoy funcionan el periódico El Tiempo y algunas de las empresas periodísticas que todavía posee, incluido un pequeño canal de televisión llamado City-TV. Entre los artífices de la nueva empresa está también Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Este movimiento empresarial pone todos los valiosos inmuebles de El Tiempo a salvo de la crisis económica y la decadencia general de los medios de comunicación tradicionales en Colombia. El gerente de la nueva empresa es Mauricio Cárdenas Muller, también asesor de la presidencia de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y miembro de la junta directiva de El Tiempo. Hace parte de la junta directiva del grupo empresarial y de otras empresas de ese conglomerado: Seguros Alfa, Gas Natural, Porvenir y Colfuturo. En el acta de registro de la escritura mencionada, se lee respecto de Casa Editorial El Tiempo: “En virtud de la escisión de la sociedad de la referencia (escindente) transfiere en bloque parte de su patrimonio para la constitución de la sociedad Inmuebles El Dorado S.A. (escindida), disminución de capital suscrito y pagado. Aumenta capital autorizado, modifica valor nominal de las acciones”. Escritura que da vida a la empresa Inmobiliaria El Dorado con los bienes de El Tiempo. Imagen: Cortesía La Nueva Prensa. La firma Inmuebles El Dorado tiene como ocupación económica principal “Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata” y “Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”, como secundaria y se inscribió el 16 de julio del año pasado ante la Cámara de Comercio de Bogotá. La sociedad se inscribió con un patrimonio neto de más de 92 mil millones de pesos ($ 92.393.275.000) y recibió los cuatro predios urbanos que le pertenecían a la Casa Editorial El Tiempo S.A., ubicados en la localidad bogotana de Fontibón. Son ellos el edificio situado en el sector de Salitre en la Avenida Eldorado con calle 68B, que se denomina como “Planta Avenida El Dorado” y el terreno del barrio Brisas Aldea, en la calle 22D con carrera 120 llamado “Club de Empleados”, con matriculas inmobiliarias 50C-243299 y 50C-497689, respectivamente. Los otros dos inmuebles son el lote número 1 del Club de Empleados y la bodega de almacenamiento de papel. La escritura 2066 dice en uno de sus apartes: “De acuerdo con el Proyecto de Escisión Parcial por Creación de Casa Editorial El Tiempo S.A. aprobado por Asamblea General de Accionistas, a partir de la fecha de este instrumento público, por parte del patrimonio de la mencionada sociedad resulta en la creación de una nueva sociedad denominada Inmuebles El Dorado S.A. cuyos estatutos forman parte integrante del presente instrumento público para efectos de su registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá”. Y añade: “La transferencia de activos a Inmuebles El Dorado S.A. se realiza con sujeción a las reglas previstas en el artículo 319-4 del Estatuto Tributario, esto es con la misma naturaleza que dichos activos y pasivos tenían en la sociedad escindente, como unidad de negocio, al costo fiscal registrado en los libros de la Casa Editorial El Tiempo S.A. no experimentarán ingreso gravable que dicha transferencia constituye enajenación para efectos fiscales, y con el cumplimiento de las demás reglas del mismo artículo”. Otros movimientos El Tiempo, además, acaba de anunciar el retiro de su director, Roberto Pombo Holguín, entre cientos de renuncias y despidos que ha revelado durante el último año. Versiones sin confirmar indican que entre los posibles sucesores de Pombo Holguín estarían Juan Lozano (actual director de RCN Televisión) y el controvertido ex fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez Neira, quien, además, se acaba de incorporar cono editorialista central de la edición del domingo.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Desde la Fundación Paz y Reconciliación se conoció la denuncia de la comunidad del corregimiento Las Palmitas, en el municipio sucreño de Majagual, donde un policía habría asesinado el pasado viernes 05 de febrero a Arley Povea Ramos, un joven de 24 años, quien pertenecía a esta zona y se desempeñaba como pescador. Reinaldo Galvis, un habitante del sector, narró a través de un video que Arley junto con otros jóvenes “estaban en la orilla del caño pescando con un ‘tubito’. Yo estaba en la casa sacando agua de un tanque, cuando escuché que uno de ellos dijo, -se devolvió-. (…) Cuando veo al policía que va más atrás. Entonces le dije: -no le hagan nada, que ellos pasan jugando con esos tubos, quítenle eso, pero no le hagan nada-, y salí detrás del Policía, él tenía la pistola y me la señaló. El joven estaba escondido detrás de unas matas de plátano, cuando escuchó al policía preguntando qué dónde estaba él (Arley), ahí salió con las manos en alto, el policía se le acercó y le disparó cuatro veces en el pecho”, relató en habitante de la comunidad. En ese momento, siguiendo este relato, Reinaldo le reclamó a uno de los uniformados por lo que había pasado; el uniformado cargó algunos metros a Arley pero luego lo tiró al piso, incluso cuando Arley todavía estaba consciente y pidiendo ayuda. “Corra, colabore, que herimos a este muchacho”, le habría dicho uno de los policías a Reinaldo, a lo que él respondió: “¿Ustedes por qué mataron a ese muchacho? Hicieron muy mal”. El campesino levantó a Arley, se lo subió al hombro y buscó ayuda, pues como lo afirmó, los policías se fueron e incluso dejaron los cascos en el lugar de los hechos. A la víctima la llevaron en una motocicleta hacia el Centro de Salud de Majagual, de donde fue remitido a Guaranda, no obstante, el joven falleció mientras era trasladado. Lo que dice la Policía Luego de este hecho Juan Carlos Ramírez Chávez, comandante de la policía de Sucre, quien, hay que señalar, a inicios de febrero fue nombrado en este cargo, comunicó que siendo cerca de la 1:40 p.m. “se desplazaba una patrulla motorizada cuando los uniformados se encontraron con cuatro sujetos quienes, según las informaciones iniciales, portaban igual número de armas de fuego tipo escopeta”. Según el uniformado con dichas escopetas los jóvenes iban supuestamente a disparar contra los policías, por lo que uno de ellos tomó la decisión de disparar contra el joven. Según el comandante se dieron primeros auxilios, y siguiendo esa comunicación, los cascos quedaron allí porque la comunidad los abordó y les habrían impedido la atención a la víctima. En este punto es necesario señalar que el ‘tubito’ al que hacía referencia Reinaldo, y el que la policía estaría calificando como una escopeta, es, como se informó en el medio regional El Meridiano, “un tubo de pvc, con un envase plástico, al que le echan alcohol, le alojan un balín y con una mechera lo accionan, últimamente está de moda en la Mojana, utilizado en su mayoría por niños y jóvenes para cazar peces. Se desconoce si estas son las mismas armas de fuego a las que se refiere el coronel en su versión”. Las acciones de la comunidad Tras el asesinato de Arley la comunidad, por su parte, bloqueó a manera de protesta por lo ocurrido la vía San Marcos-Majagual. Mientras que en la noche del sábado se dieron cita en la plaza principal de la zona en una velatón, y el domingo se movilizaron por las calles de Majagual bajo la consigna de exigir justicia en este caso. Además, una vez ocurrieron los hechos los habitantes del municipio se reunieron en la Estación de Policía, por un parte, para rechazar lo sucedido, y además, porque como le afirmaron fuentes a Pares, estas vulneraciones son constantes, incluso cuando el recién posesionado como comandante de la Policía de Sucre aseguró velar por la protección de los derechos de la comunidad, a lo que suma que durante este acto la concentración fue dispersada por gases lacrimógenos. Adicionalmente, se advirtió que ha sido muy complicado que periodistas de la zona accedan a información de lo sucedido. A esto suma que la zona donde ocurrieron los hechos, la vereda Ajingible, es un sector de muy difícil acceso. Además, la comunidad aseguró que Arley pertenecía a una familia tradicional campesina del territorio. Es necesario nombrar que en lo que va del año desde Pares se han recibido las denuncias sobre tres hechos de presunta violencia policial; el asesinato de Jerson Stiven Vega Vela, un joven de 23 años, ocurrido en la ciudad de Ibagué. Así como del ataque físico del que fue víctima Edgar Olmedo Gómez García en el barrio El Chagualo de Medellín, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, pues su vida estaba en riesgo luego que fuera agredido por un uniformado. Igualmente, vale la pena traer a colación que desde que fue implementado el Código de Policía (2017), con el cual se pretendía, entre otras cosas, impulsar la solución pacífica de los conflictos y hacer uso de la fuerza como último recurso, se han registrado hasta 2019, al menos, y como se informó desde la ONG Temblores en su informe ‘Bolillo, Dios y Patria’, 289 asesinatos, 39.613 personas lesionadas y 102 hechos de violencia sexual. Nombraba este mismo documento que “(…) en los últimos tres años, el mundo ha sido testigo del recrudecimiento de la letalidad en la interacción cotidiana de la Policía con la ciudadanía”. De la misma forma, de los 32 departamentos del país solo en siete no hay registro de estos casos: Guainía, Guaviare, Putumayo, Quindío, San Andrés y Providencia, Vaupés, Cundinamarca –haciendo la claridad que en Bogotá se tiene el reporte de 23-. Además, en relación con la denuncia Sucre está entre los diez departamentos con más hechos de asesinatos presuntamente cometidos por policías en el periodo anteriormente nombrado, con un total de 10 casos. Hoy, de nuevo, se sigue confirmando la urgencia de una reforma policial, de que la justicia actúe eficazmente en estos hechos, atendiendo -así como se asumen las versiones oficiales- las denuncias de las comunidades, de la sociedad civil que presenció los hechos, pues este caso vuelve a poner sobre la mesa que este tipo de vulneraciones no son aisladas, por el contario son constantes. Es alarmante que con tan solo un mes corrido del 2021 ya hayan, al menos, dos denuncias sobre asesinatos que habrían sido cometidos a manos de la Policía Nacional.

Por: Juan Mateo Arango. Asistente de Investigación. Jaime Palma. Investigador Nacional Pares. El pasado 6 de enero, en su columna de El Espectador, Ariel Ávila advertía de la situación de inseguridad en la comuna 6 de Buenaventura, por cuenta de disputas internas de ‘La Local’ que habrían iniciado hacia finales de diciembre, después del intento de asesinato de alias ‘Fidel’. Un mes después, las confrontaciones se desplazaron hacia la comuna 7, a causa de la guerra entre dos estructuras de ‘La Local’, que según la Policía Nacional estarían encabezadas por ‘Diego Optra’ y ‘Fidel’ quien se habría asociado con ‘Los Espartanos’ desencadenando una guerra contra ‘Los Shotas’. Si bien dentro de las pocas cartas que pudo mostrar la institucionalidad, en el más reciente Consejo Extraordinario de Seguridad del pasado 7 de febrero, se cuentan las más de 90 capturas en enero de 2021, las cifras contrastan con los totales de 2020 que, según el SIEDCO, correspondieron a 50 capturas en el mismo mes, y a 96 en enero de 2019. Es decir, la operatividad relacionada con las capturas se asemeja a totales mensuales que ya se han presentado en otras vigencias de 2019, sin el anuncio de un plan especial de intervención de la Fuerza Pública. Conclusiones del Consejo de Seguridad El pasado 31 de diciembre el entonces Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo comunicaba las conclusiones del Consejo de Seguridad que se desarrolló después del asesinato de seis (6) personas en una sola noche en la ciudad: 1. Recompensa de 100 millones para el cartel de los más buscados y desmantelamiento de ‘La Local’, para lograr las capturas de ‘Fidel’ ‘Negro Menor’, ‘El Titi’, ‘El Negro’ ‘Shuma’ y ‘Yemmil’. 2. La Policía Nacional adelantaría un plan especial de intervención contra el crimen organizado con apoyo de las Fuerzas militares. Apoyo de un grupo especial de investigación de la DIJIN e Inteligencia. 3. Centro integrado de inteligencia operacional para establecer estrategias de intervención directa a estructuras criminales. 4. La Fiscalía designó a dos fiscales especializados para investigaciones contra autores de homicidios y desmantelamiento de organizaciones. 5. Ejército Nacional enviará un destacamento de fuerzas especiales para adelantar operaciones coordinadas en apoyo a la Policía y a la Fiscalía Seccional. 6. Instalación de comando situacional a cargo del comandante de policía de Departamento. 7. Mantenimiento del componente de Policía Nacional de 130 policías asignado para el plan de navidad, hasta finalizar enero de 2021 y envío de dos drones para apoyar actividades de vigilancia e inteligencia. 8. Incremento de las operaciones de inteligencia de la Fuerza Aérea, como apoyo a las operaciones de Policía, Armada, y Ejército en Buenaventura. 9. La Armada actualizará y reforzará el Plan Centinela para mejorar capacidades de vigilancia y control marítimo y fluvial. 10. La Gobernación aportará recursos para mantenimiento y reparación del parque automotor de la Policía Nacional asignado a Buenaventura. 11. La Armada realizará el estudio para instalación de un batallón de policía militar en la ciudad. 12. Dotación de más cámaras de vigilancia y seguridad para Buenaventura. Se puede afirmar, en consecuencia, que después de un mes de recrudecimiento de la violencia en el puerto, las determinaciones fueron insuficientes para frenar el grado de control social y de desarrollo organizacional que han adquirido los grupos criminales en la búsqueda de control sobre las rentas ilegales del puerto. El grado de violencia fue tal que según datos del SIEDCO en enero de 2019 el total de homicidios fue 9, en el del año pasado fue 7, y en este enero se habrían triplicado a 21. Una cifra mensual bastante alta si se tiene en cuenta que los casos totales de Buenaventura del año pasado habrían sido 111; es decir, cerca del 19% de casos en un solo mes con respecto al total de 2020. A esto se suma la tragedia humanitaria que, en conjunto con un destacado ejercicio de resistencia juvenil, logró llamar la atención de todo el país durante este fin de semana por la situación en Buenaventura. Mientras que para finales de enero se registraban ya 200 casos de desplazamiento forzado, el viernes de la semana pasada el personero Edwin Patiño afirmaba que “en los últimos días se nos está presentando un desplazamiento de familias especialmente en la comuna 7 de Juan 23, tenemos a 17 familias que han tenido que salir por el miedo y la incertidumbre”. La Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado, sin embargo, recibió reporte durante el fin de semana de líderes que no lo habían logrado y que no les quedó otra que resistir encerrados en sus casas mientras soportaban angustiados las balaceras que se produjeron en la noche del sábado después de un recorrido encabezado por el Alcalde y la Fuerza Pública. Al tiempo, el presidente Iván Duque posesionaba al novato Ministro de Defensa, Diego Molano, y le encargaba como principal tarea el desmantelamiento de las organizaciones criminales en Buenaventura. Sin embargo, quien tubo que presidir el Consejo de Seguridad del domingo fue el Ministro del Interior Daniel Palacios, y las nuevas determinaciones se relacionan más con acciones de seguridad y fortalecimiento de capacidades de la fuerza pública, que con un plan integral claro para dar solución a los múltiples problemas estructurales y de abandono que vive el puerto. Eran precisamente este tipo de propuestas las que esperaban quienes se manifestaban en Buenaventura de parte de esta cartera, ya que el Ministro de Defensa no iba. Mientras Palacios anunció las acciones de seguridad y defensa, la Gobernadora del Valle destacó que los compromisos de inversión social del Paro Cívico se seguirían cumpliendo, con un monto de hasta 6 billones que aportarían entre todas las instituciones. A pesar del anuncio, resulta claro que la situación de derechos humanos en el puerto después del Paro no ha mejorado, por el contrario, se ha deteriorado. Capturas y recompensas Así como ocurrió con la situación de seguridad después de las determinaciones de diciembre. En primer lugar, Palacios anunció el incremento a $200 millones del plan de recompensas, pero incluyó en la lista a ‘Mapaya’, y ‘Pepo’, que no estaban en el reporte de diciembre del Ministro de Defensa, y los incrementos serán cubiertos por la Alcaldía y la Gobernación. De hecho, si bien en el marco del plan intervención se ha producido varias capturas, solo se habría capturado a alias ‘El Negro’ de los que están en el cartel de diciembre. Debe observarse también que ni siquiera las capturas de los cabecillas más importantes serán garantía para frenar a la delincuencia en Buenaventura. Por ejemplo, no se puede pasar por alto que, aunque la fuerza pública ha logrado a afectar estructuras como las de ‘Julito’ y ‘Optra’, en la cárcel desde abril y octubre de 2020, los cabecillas han logrado mantener actividades ilegales aun estando recluidos. Como resultado del Plan, sin embargo, se han producido capturas de otros miembros que, si bien ejecutaban funciones dentro de ‘La Local’ en materia de microtráfico y extorsiones, no formaban parte del Cartel de los más buscados. Entre ellos, se pueden contar las capturas reportadas por la Fiscalía de un presunto cabecilla ‘Himpo’, ‘Chinga’ (su jefe de escoltas), ‘Osama’, ‘Monirri’, ‘Mono Pato’, ‘El Viejo’ y otros miembros acusados de ser extorsionistas como Jonathan Gamboa Rentería, Ronald Mosquera Rodríguez y Edwin Harley Banguera. Asimismo, recientemente ocurrió la baja de Juan David Ortiz ‘Chuky’, quien se presume era miembro de gran importancia de ‘La Local’ y hombre de confianza de ‘Mapaya’. El general Rodríguez comunicó este resultado después de un enfrentamiento entre la Fuerza Pública y ‘Los Espartanos’, como parte del esfuerzo de la Policía en el marco del Plan, en el que además de 93 capturas se han registrado 11 allanamientos, dos neutralizaciones y la incautación de 71 armas de fuego, equipos de comunicación y 324 kilos de clorhidrato de cocaína y 2.890 gramos de marihuana. En las capturas suelen ocurrir, además, incautaciones de armas pesadas, municiones y explosivos, lo que es reflejo de la sofisticación de armamento que tienen organizaciones como ‘La Local’, y arroja pistas sobre la magnitud del tráfico de estos elementos en la ciudad. Los logros dentro del Plan de Intervención, sin embargo, resultan ser limitados si se observa el grado de control del puerto por parte de los grupos criminales. Al respecto, no se puede obviar que las denuncias de la comunidad Bonaverense frente a diferentes situaciones de despojo, desplazamientos, homicidios y amenazas son casi diarias y existe todavía un largo camino a recorrer para poder hablar de desmantelamiento de las principales estructuras. En segundo lugar, el total de incremento de 250 hombres de la policía, corresponden, en realidad, a la prolongación de los 130 que están en Buenaventura desde el plan de navidad, más 120 que se sumarían en conjunto con 2 destacamentos de Fuerzas Especiales del Ejército, un pelotón de reconocimiento especial de la Armada y drones, para un total de 1.200 hombres. Adicionalmente, el Ministerio de Justicia y el INPEC asumen desde el domingo el traslado de 100 reclusos detenidos en Buenaventura y en definitiva continúa el Plan de Intervención de diciembre. Con estas decisiones lo que ha quedado en evidencia es que las capacidades de la Fuerza Pública se encuentran en duda frente al poder que han adquirido los diferentes actores criminales en el puerto, y las evidentes sofisticaciones en armamento con las que cuentan. Las conclusiones del Consejo de Seguridad del 7 de febrero solo son más de lo mismo, y tomará todavía tiempo evaluar si los refuerzos para la Fuerza Pública lograrán garantizar el control territorial en todas las comunas de Buenaventura y desmantelar la criminalidad, como base para el cumplimiento de los compromisos del Paro y para la solución de los problemas estructurales que seguirán afectando, por larga data, la vida de los bonaverenses.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. Este lunes 8 de febrero se llevó a cabo la primera de las cuatro jornadas de la histórica audiencia ante Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el genocidio político de la Unión Patriótica (UP). El caso ‘Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia’ se desarrollará hasta el viernes 12 de febrero. Conforme a la participación de Aída Avella, senadora por la UP, con dichas jornadas se busca que la Corte IDH condene al Estado colombiano por dicho genocidio. Uno de los hechos que resalta Corte IDH en un documento sobre el caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia’ es que: la Unión Patriótica señala que las investigaciones adelantadas por el Estado habrían sido “incipientes e insuficientes”. Hecho que generó que el Estado colombiano no le haya podido proveer un “verdadero esclarecimiento de la verdad” sobre las responsabilidades del exterminio de integrantes y militantes de la Unión Patriótica. Es decir, que el Estado colombiano habría violado las garantías judiciales y protección judicial a los y las sobrevivientes, familiares de asesinados, ni a la sociedad colombiana en su conjunto. *** ¿De que manera se desarrollarán las audiencias? De acuerdo con la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar, en la audiencia pública continuará de la sigueinte forma: La Corte IDH escuchará diferentes argumentos, alegatos y observaciones orales de todas las partes. También escuchará a las víctimas, a personas expertas (peritos y peritas) y otros declarantes presentados por el Estado, los y las representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ¿Qué vendría tras las audiencias? Antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay un periodo durante los 31 días de marzo para que que las partes —como último recurso— presenten alegatos y observaciones a lugar de manera escrita. Si bien no hay fecha específica sobre la decisión de la Corte IDH, la Corporación Reiniciar aspira que se dé a finales de 2021. De esta forma, esperan comenzar la estapa “implementación de la sentencia” en el marco de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Primera Audiencia y el hito por la memoria de las víctimas Un espacio de incalculable importancia por lo procesos de memoria en Colombia. Por ejemplo, María Eugenia Guzmán después de 32 años del asesinato de su esposo José Antequera, dirigente político de la UP, declaró ante la Corte IDH. Asimismo, hizo presencia la senadora Aida Avella que por medio de un sentido discurso narró paso a paso la forma en que fue ejecutado el genocidio en contra de los y las integrantes de la UP. Se refirió a los candidatos presidenciales asesinados y también de la sistematicidad de la violencia que desplegó el Estado Colombiano a lo largo y ancho del país. De acuerdo con la UP, son 6.532 víctimas entre las que se encuentran más de 4.000 asesinatos. La bandera de memoria de la UP es que el caso sea revisado como genocidio por razones políticas. Según los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), durante el periodo comprendido entre mayo de 1984 y diciembre de 2002, se pudieron documentar 4.153 víctimas de la UP asesinadas, desaparecidas o secuestradas, 3.122 fueron víctimas de asesinatos selectivos, 544 lo fueron de desaparición forzada, 478 fueron víctimas de asesinatos en masacres, 4 secuestradas y 3 más en otras modalidades de violencia. Tal como lo anunció la Unión Patriótica este momento, entre otras cosas, tiene que ver con “Tres décadas de trabajo por el derecho de las víctimas a Justicia, Verdad y no repetición de la persecución política contra la Unión Patriótica.” Cabe recordar que, además del genocidio político sufrido por la UP, esta colectividad política perdió su personería jurídica en septiembre de 2002 y la recuperó en el 2013 con una sentencia del Consejo de Estado que tuvo en cuenta la violencia sistemática contra los miembros de la UP. Información del Caso Conforme a la información entregada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al caso ‘Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia’ los antecedentes remiten al 13 de junio de 2018 cuando el Estado de Colombia “sometió este caso ante el Tribunal, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, el 29 de junio de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también sometió este caso ante el Tribunal.” Según la Corte IDH, el caso consagra hechos cometidos en contra de integrantes de la UP como “desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio en contra de integrantes y militantes de la UP, perpetrados presuntamente tanto por agentes estatales como por actores no estatales con la alegada tolerancia y aquiescencia de aquellos.” En la información brindada a la opinión pública por parte de la Corte IDH, también se consagran los alegados de “se alega que ciertas presuntas víctimas del caso habrían sido sometidas a criminalización infundada o uso arbitrario del derecho penal y torturas en el marco de varios casos, por lo que concluyó que el Estado habría violado los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad y a la protección judicial.” Adicionalmente, en el caso la Corte IDH determinará, entre otras cosas, el accionar de Estado frente a las denuncias sobre violación de derechos políticos, la libertad de pensamiento y libertad de expresión, libertad de asosiación y el principio de igualdad y no discriminación. Pero no de manera aislada sino determinará si el móvil “de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de las presuntas víctimas habría sido su pertenencia a un partido político y la expresión de sus ideas a través del mismo”, precisa la Corte IDH en el documento. De igual forma, hay un alegato por parte de las víctimas del caso quienes señalan que han sido objeto de peligrosas estigmatizaciones por parte del Estado colombiano. Es decir, se habría violado su derecho a la honra y dignidad por cuenta de declaraciones de funcionarios públicos y actores no estatales, incluyendo calificativos como terroristas, o brazo político de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), estigmatización que habría tenido un efecto en la grave violencia desatada en su contra. 28 años del Caso de la Unión Patriótica ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Para llegar a esta la audiciencia pública ante la Corte IDH; la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar señala que han luchado por la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición durante 28 años. Para 1993 fue presentada la petición sobre el caso de la UP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 1997 la CIDH emitió un informe de admisibilidad del caso. Para 1998, se llevó a cabo la intalación de una “mesa de solución amistosa” entre el Gobierno de la época —Andrés Pastrana— y la UP en busca de la reparación de las víctimas. Para 2000 se lleva a cabo un acuerdo de búsqueda de una “solución amistosa”. Sin embargo, para 2006 —durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez— se da la ruptura de la etapa de “Búsqueda de Solución Amistosa”. En 2007, se da apertura de la “etapa de fondo” a través de audiencias, testimonios, alegatos escritos y orales. Ya en 2014 el gobierno de Juan Manuel Santos propone retomar la “Búsqueda de una Solución Amistosa; la cuál es rechazada por las víctimas. En 2017, por su parte, la CIDH aprueba el informe de Fondo del caso de la Unión Patriótica. De esta forma, para 2018, se da inicio del trámite ante la Corte Interamericana de Derechos (Corte IDH). En 2019, la Corporación Reiniciar presenta el Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas llamado “Demanda contra el Estado”. Así las cosas, con el camino andado, los sobrevivientes y familiares de víctimas aguardarán la decisión de la Corte IDH.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Ya comienzan a conocerse algunos análisis de lo que podría pasar en el país en materia económica, luego de un año con importantes impactos económicos y sociales dadas las medidas restrictivas a causa de la propagación de virus Covid-19. Por ejemplo, recientemente el DANE informó que durante el tercer trimestre de 2020 el Producto Interno Bruto – PIB- decreció un 9,0% respecto al mismo periodo de 2019. En este sentido se indicó que la actividad económica que más contribuyó al decrecimiento del tercer trimestre de 2020 fue el comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; y alojamiento y servicios de comida, que en su totalidad decrecieron un 20,1%. Asimismo, hubo una tendencia a la baja de las labores de construcción, las cuales decrecieron un e 26,2%. Adicionalmente, esta tendencia general también se explica por los siguientes por los siguientes comportamientos, pues se reportó un decrecimiento del 7.0% del gasto en consumo final -valor de los bienes y servicios utilizados para la satisfacción directa de las necesidades humanas, individuales o colectivas de las administraciones públicas e instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares- , del 18,3% de la formación bruta de capital, del 24,1% en las exportaciones y del 21,1% en las importaciones. Una de las razones de estos decrecimientos fueron las cuarentenas y aislamientos, especialmente los impuestos desde finales de diciembre, en donde en algunas ciudades hubo confinamientos sectorizados, toques de queda y restricciones a los compradores. Imagen: Pares. Por otra parte, vale la pena mencionar que durante el primer trimestre de 2020 hubo un crecimiento del PIB del 1,1%, mientras que el segundo semestre del mismo año cayó un 15,7% en comparación con el mismo lapso de 2019. Lo que se prevé para el 2021 En este sentido hay que señalar que se han comunicado dos aproximaciones en relación con esto. Por una parte, el Banco de la República redujo sus proyecciones de crecimiento económico, indicando que la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2021 será, probablemente, del 4.5%. “La estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este 2021 estaba en un rango de entre 2% y 6%, con un 4,5% como cifra más probable, desde una proyección previa de entre 3% y 7%», se afirmó por medio del más reciente informe del organismo. Adicionalmente, se comunicó que el pronóstico de crecimiento para el 2022 será del 3,5 %, lo que significa que los niveles del PIB de 2019 se alcanzarían solo a finales del próximo año. Por su parte, sobre el comportamiento de la inflación para este año, se inicia aclarando que para el 2020 fue de 1,61 % y la inflación sin alimentos ni regulados fue de 1,11 %, estos porcentajes, como se afirmó, descendieron más de lo esperado, por lo que los pronósticos para finales de 2021 se redujeron y se situaron en 2,3 % y 2,1 %, respectivamente, y 2,7% en 2022. Sobre el resto de las variables, el equipo técnico del Banco de la República pronostica que los crecimientos proyectados de la demanda externa para 2021, los cuales estrían 4,4 % por encima de lo que fue en el 2020. Sobre los precios del petróleo, en 2021 el valor se situaría en US$52,8 (entre US$38 y US$64) por barril, y en US$56,4 (entre US$41 y US$70) por barril en 2022. Por otro lado, el equipo de investigaciones económicas de Bancolombia publicó el más reciente índice Nowcast, en el cual proyecta que la economía colombiana bajó 5,8 % en enero de 2021, esto en comparación con lo reportado para el mismo mes, pero de 2020, esta caída sería la más pronunciada desde septiembre del 2020. Asimismo, el NowCast proyecta que el PIB de Colombia caiga entre 3,5 % y 7 % durante el primer trimestre del presente año. Pero también se prevé que, de ahí en adelante, los indicadores podrían comenzar a ascender positivamente. No obstante, esta última afirmación estaría atravesada por las restricciones que se implementen en los próximos meses, pues como se indicó en ambos informes una de las razones de estos decrecimientos fueron las cuarentenas y aislamientos, especialmente los impuestos desde finales de diciembre, en donde en algunas ciudades hubo confinamientos sectorizados, toques de queda y restricciones a los compradores.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. Lo conocemos en el interior del país por el clásico de salsa llamado “Buenaventura y caney”, sabemos que es un puerto en el litoral pacífico, inmortalizado por Jairo Varela director del grupo Niche. Y que este “bello puerto del mar, mi Buenaventura….” interpretado por Petronio Álvarez por allá en los años 30, es el epicentro del ingreso y partida de productos para la economía mundial desde Colombia. Desde que Nixon ejerció la presidencia de Estados Unidos, las relaciones comerciales de nuestro país se desarrollarían por el Pacifico y ahí cobró importancia el puerto de Buenaventura. Sin embargo, este aporte al crecimiento de la economía nacional no ha sido retribuido con inversión social, aquello de que “también somos pacífico” es tan solo un slogan institucional gubernamental. Los compromisos firmados en el paro cívico “para vivir en paz y con dignidad en Buenaventura” realizado en junio del 2017 y ratificado en dos decretos y una ley, siguen desconocidos por el Gobierno Nacional, mientras que desarrolla 17 acuerdos comerciales con varios países en el mundo. A la firma del Acuerdo entre las Farc y el Gobierno, diversos grupos se disputan este territorio. La Defensoría del Pueblo ha emitido dos alertas tempranas la #003 y #007 sobre esta situación de conflicto armado. Y en los últimos días las comunidades confinadas en sus propios barrios o desplazadas ha aumentado. Razón tiene Leonard Rentería al responder en entrevista radial, cuando increpa a la periodista, ante una aseveración de que “taponar el puente del Piñal sería una pérdida irreparable para 50 millones de Colombianos”. El líder social dice: “ la gente de Buenaventura está cansada de esta situación, la gente de Buenaventura quiere vivir tranquila, pero no hay garantías… te parece poco 80% de pobreza en la que vive la gente, 63% de desempleo, ustedes lo único que les interesa por lo que acabo de escuchar es que la mercancía entre y salga, quien piensa en los negros, en las negras, en los indígenas y mestizos que están acá trabajando para que ustedes vivan en la comodidad de sus hogares”. Y concluyó, con un tanto de sabiduría: “Debería darles vergüenza, deberían sentir empatía por un pueblo que le ha dado tanto a este país, y este país no hace más que desconocerlo y comportarse de forma racista y tratarnos como nos trata”. Bloqueo a la vía en el puente Piñal, misión de verificación, declaraciones del obispo, plantones; estas son algunas acciones de visibilización de una problemática que ahoga a la región pacifico, pero que demuestra igualmente que ¡el puerto no se rinde, carajo!

Por: Juan Manuel Torres, Coordinador de la Estrategia Pares-Pacífico. Fotografía: Lorna Alomía. Desde mediados de diciembre del año pasado, una nueva disputa interna entre facciones de ‘La Local’ desató una ola de violencia que postró la capacidad de respuesta institucional para atender la situación humanitaria y de seguridad en las comunas 7, 10, 11 y 12 y el corregimiento 8, vulnerando los derechos de más de la mitad de los habitantes del Distrito, según la Alerta Temprana N°. 003 de la Defensoría del Pueblo, y esparciendo el miedo en casi la totalidad de los hogares de Buenaventura con una lluvia de balas. Son seis semanas en las que en promedio han asesinado una persona por día. Todas las noches y hasta a plena luz del día han ocurrido balaceras en las calles de los barrios. También son constantes los patrullajes de hombres con armas largas intimidando la población, se ha presentado el fenómeno de ocupación por parte de los bandidos de viviendas de las familias que salen huyendo, hay sectores confinados y dejados a la suerte del negacionismo de las autoridades, la imagen de los desplazamientos intraurbanos ha sido recurrente y también está ocurriendo un desplazamiento silencioso de líderes y lideresas sociales. La realidad es dramática y en el relato se busca hacia atrás en el tiempo, comparando la coyuntura actual con los años en los que se vivió lo peor del conflicto expresando un temor creciente, casi que desesperanzador. Ante esta situación es la juventud la que ha convocado a toda la sociedad exigiendo paz, una vida tranquila, no más violencia y dejando claro que no se van a dejar vencer por el miedo. Imagen: Cortesía Lorna Alomía. Se está marcando un punto de quiebre Así el alcalde y varios analistas insistan en decir que lo que está pasando es más de lo mismo y por lo mismo, lo cierto es que ocurrió un punto de quiebre en la seguridad local y en la esperanza de los pobladores, lo segundo con impactos sociales inesperados y que minan el sustento moral para poder avanzar en la lucha para vencer el miedo. En tal sentido, la representatividad del Comité del Paro Cívico y el Gobierno de la Dignidad se han agotado dejando espacios que, a buena hora, han sido llenados por los diferentes procesos juveniles, y hasta espontáneos, que han planteado la agenda de lucha para no dejarse vencer por el miedo. El llamado es a unir fuerzas y a que desde la administración local en cabeza de Víctor Hugo Vidal se conecten más con las realidades, en especial las de la juventud. Más allá de las cifras crecientes en los delitos de alto impacto y en las nuevas victimizaciones por las peleas entre Shotas y Espartanos, el quiebre se hace palpable es en las expresiones y en los testimonios de las personas de los barrios más afectados con las que he tenido la oportunidad de conversar por estos días en Buenaventura o en Cali, a donde han llegado muchos de los liderazgos desplazados. Son historias llenas de dolor y desesperanza con señalamientos recurrentes hacia la administración local, que es la del pueblo, la del proceso, pero que luce sin respuestas, desconectada y a la defensiva. Para superar el desengaño, a Vidal le tocará dar un giro en su propuesta política y conectar con las exigencias de la juventud y ganar el respaldo que necesita para tomar las medidas dentro de la administración distrital. A nivel regional y nacional el llamado es a que los reclamos liderados por la juventud sean escuchados y que demuestren voluntad para superar las diferencias entre sociedad y Estado, por supuesto que la voluntad pasa por la financiación masiva de política pública. Con el presidente Duque no hay ninguna garantía pues su gobierno está llevando al país al fracaso económico, sanitario y social. ¿Es un problema estructural o de dinámica? En apariencia la situación de Buenaventura está sobre diagnosticada, incluso por estos días de posicionamiento en lo mediático del #SOSBuenaventura saltan expertos y expertas a lanzar análisis genéricos propios del sentido común que exageran los problemas estructurales o que se quedan en el detalle de los hechos. Aunque hay un llamado inmediato a la solidaridad y que se dirijan las miradas hacia Buenaventura, en términos analíticos sí vale la pena ahondar en el juego de lo estructural, lo estructurante y lo estructurado. Hay un acuerdo en varios puntos estructurales: deuda histórica, racismo institucional, pobreza y marginalidad, riqueza portuaria, visiones encontradas de desarrollo, extractivismo e impactos ambientales, apropiación cultural, poblamientos ancestrales, impactos del conflicto, narcotráfico, entre otras. En los análisis de la violencia ya se encuentran algunos matices respecto a que es una violencia importada en los últimos 25 años y que por lo tanto la de ahora en una violencia heredada que encontró un caldo de cultivo en la situación de pobreza y de condiciones de vida para perpetuarse, lo anterior con impactos enormes sobre la tranquilidad y el anhelo de paz. Mientras tanto, nadie se detiene a pensar en lo cotidiano, en cómo se vive la pobreza, la falta de oportunidades, el andar contracorriente, la estigmatización de la juventud, el acceso a la justicia, la movilidad, el pagar la comida más cara del país, por qué expresan el dolor con arte y la palabra, pocos saben lo que es padecer la extorsión por cada acción y emprendimiento productivo, las dificultades para el diálogo con las instituciones, el negacionismo de realidades y el no tener unas voces que generen confianza. Así que no basta decir que la violencia es importada, heredada y que encontró el mejor caldo de cultivo en Buenaventura, hay que comprender es la manera en que se reproduce y cómo se cuela en la vida cotidiana: las raíces de esta complejidad son muy profundas y se enmarañan más con cada desencanto. No es solo que los bandidos hacen en el mandado de poderosos intereses, sino que hay formas de vida que pasan por el accionar violento y que ese espacio se lo disputan los referentes juveniles que aman su territorio y están dispuestos a cambiar el futuro del mismo sin más violencia. La juventud es la protagonista de la NO repetición El reciente movimiento de activistas de las redes sociales que posicionó en #SOSBuenaventura en la agenda mediática del país hay que leerlo en clave juvenil. Que se sumen los que quieran, pero nadie va a borrar la historia de que fueron las juventudes las que no se dejaron vencer por el miedo que causan las lluvias de balas sobre sus casas de madera en los terrenos ganados al mar. Este llamado de atención debe llegar hasta el Comité de Paro Cívico que se había configurado como el abanderado de la lucha popular, pero no tanto para que llenen el espacio político perdido, sino para que apoyen la renovación de las exigencias impetuosas de la juventud, que es la protagonista de esta lucha y que se debe reconocer como la protagonista de la NO repetición. Imagen: Pares. De pedir la implementación del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y una paz estable y duradera”, se pasó a la gestión del “Acuerdo del Paro Cívico de Buenaventura para vivir con dignidad y en paz en el territorio” y ahora se grita en las calles que se haga un pacto por Buenaventura que lleve a establecer un acuerdo complementario de carácter humanitario. Sobre el actuar de la alcaldía de Vidal y el Comité de Paro Cívico todavía, en lo profundo, se confía en que van a recomponer el camino y que van a volver a hacer el gobierno del pueblo, el que derrotó a las maquinarias electoreras, el que le quitó el poder a los grupos criminales que disponían de los recursos públicos. La crítica ha sido fuerte porque el anhelo de cambio también es muy fuerte, además que para llegar a la alcaldía movilizó algo que no existía en Buenaventura y es el voto de opinión, un sector que también se indigna y que está vigilante. La mayoría de personas asesinadas han sido jóvenes y tampoco hay que negar que las armas fueron disparadas por otros jóvenes: “nos estamos matando entre nosotros mismos” es algo que se repite, así que las víctimas y los victimarios son de este grupo poblacional, pero es con la juventud con la que se debe ir de la mano para cambiar este estado de cosas: deben ser el centro de la política pública para que no sigan siendo usados, instrumentalizados y reclutados, para que no sigan sufriendo hambre y falta de oportunidades. Si algo he descubierto en estos más de dos años de trabajo en Buenaventura, y gracias a que en PARES somos acompañantes de la Mesa Intersectorial Uramba por la Juventud de Buenaventura, es que la juventud tiene la energía y las respuestas, solo falta que la escuchen como ha pasado por estos días en que las palabras de nombres como Leonard, Brayan, Karen, Lorna, Yessid, Jonathan, Yurany, Nia, Cristian, Álvaro y muchos más, están retumbando en redes y en medios de comunicación nacional dando lecciones de dignidad a todo el país.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Este viernes 5 de febrero se cumplieron 30 años de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, elegida por voto directo el nueve de diciembre de 1990 y que sesionaría hasta el 4 de julio de 1991, promulgando la Constitución nacional vigente. La primera vez que escuché hablar de una Asamblea Nacional Constituyente fue en el año 85, leyendo el periódico Revolución del Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista, el PC d C ML, y empecé a leer el periódico Revolución porque bajando de mis clases de Francés de la Alianza Colombo Francesa de la 19 con 3, me lo encontré en una caseta de libros en la 19 abajo de la séptima, debió ser en el año 1981. Mis primeras impresiones de esa iniciativa de “Asamblea Nacional Constituyente”, eran lejanas, confusas y medio en chino. No casaban en una ruta de actuación política que estaba por la revolución y no por reformar el orden institucional establecido. El que lideró la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente desde el PC de C ML, fue Óscar William Calvo, fue su vocero público en el marco de unos diálogos de paz con el presidente Belisario Betancur, el PC de C ML, tenía una ligazón con la guerrilla del EPL, estos diálogos se frustraron y el mismo día en que Óscar William anunció en una rueda de prensa que terminaban los diálogos, fue asesinado, el 20 de noviembre de 1985. Los años 80 los viví entre los sueños de poder popular y una barbarie que cada día traía muertos y malas noticias, como este presente, ese discurrir de apuestas por las grandes rupturas y una barbarie creciente, tuvo su punto de ruptura con la decisión de Carlos Pizarro Leóngomez de salir de la violencia, dijo de manera profética, que mantenerse en la guerra era entrar en un camino de mayores degradaciones y barbaries, que eso no valía la pena y no llevaba a ningún logro de transformaciones, que de esa cancha estrecha de fuerzas y contrafuerzas había que salirse, y el acuerdo de paz del M-19, abrió una época: la de cambios institucionales y un reformismo incremental, en medio de grandes dificultades y con logros muy importantes, están a la vista, o que otra cosa es el impresionante espacio que han ganado Gustavo Petro y Sergio Fajardo en las elecciones del 2018. El año 90 tuvo su vértigo: acuerdo de paz firmado por el M-19 el 8 de marzo, los magnicidios de Bernardo Jaramillo en marzo y el de Carlos Pizarro Leóngomez en abril, ambos los lloré y a ambos los acompañé en las multitudinarias marchas que los despidió en el cementerio central, la enorme expectativa por el rumbo del acuerdo firmado por el M-19 y verlos persistir en su palabra empeñada, honrando la voluntad de Pizarro, días históricos, que presencie sin ser consciente de la magnitud de lo que se jugaba. Cuando se empezó a hablar de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, se abrió una importante discusión en el Movimiento Político A Luchar, en el que era un militante más, unas voces por la participación, otras voces por la abstención y la denuncia de esta iniciativa como una jugada más de la “manipulación y las apuestas burguesas”. Afortunadamente para nuestra historia política y personal de quienes fuimos parte de ese agrupamiento político, ganó la línea de participación y la valoración positiva de que se jugaba mucho con un proceso constituyente. A Luchar se articuló con la Unión Patriótica y se conformó la lista por la vida, la numero 48, encabezada por Alfredo Vásquez Carrizosa, quien siendo un destacado líder del Partido Conservador, se volvió amigo del Partido Comunista en los aciagos días de la tortura y las arbitrariedades en el duro periodo del estatuto de seguridad nacional, durante el gobierno del Presidente Julio César Turbay Ayala. Sin ninguna experiencia en la acción electoral, las elecciones del 9 de diciembre de 1990 para elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente fueron mi irrupción en el ejercicio del voto, la lista de la vida logró dos escaños: Alfredo Vásquez Carrizosa y Aída Avella. A Aída la había visto de refilón en la sede de la CUT y al señor Vásquez Carrizosa le tenía respeto por andar con los comunistas. Las sesiones de la Asamblea Constituyente supe que transcurrían en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quezada, que las oficinas de los constituyentes y las cuatro constituyentes estaban en el Hotel Tequendama y poco y nada participe del impresionante activismo que se dio tratando de influir en esta construcción de nuevo ordenamiento constitucional. Se dice que la Constitución del 91 fue un tratado de paz, que allí llegaron parte de los alzados en armas y que era un derrotero para persistir en la transformación democrática de Colombia, todo ello lo comparto y me siento parte de ese relato. A los pocos meses de promulgada la constitución del 91, mi amigo Camilo Castellanos escribió un ensayo que tituló: “A la nueva República le falta el sujeto” y allí afirmaba: “La constitución de 1991 no es el fruto de un cambio político real. En las elecciones de 1990 se expresó el país posible del futuro, no una nueva correlación de fuerzas consolidadas como hecho definitivo. Por ello, en oposición al viejo país, pero incapaz de derrotarlo, la nueva Carta propone las condiciones para que la nación colombiana se exprese políticamente de un modo diferente”. Mucha razón tenía Camilo Castellanos. La carta constitucional del 91 es una promesa en parte incumplida, en una Colombia donde se vulneran sistemáticamente muchos derechos, empezando por la vida, es una carta que es una promesa de derechos y de ciudadanía de calidad, pero hace falta un sujeto político y social que la haga plenamente real, porque la constitución del 91 no rige de manera plena en todo el territorio nacional ni para todas las comunidades. Hay mucho por analizar de estos 30 años de vigencia de esta carta constitucional, que sin duda nos dio un nuevo referente institucional y de acción ciudadana, con enormes logros y déficits.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Desde la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU en Colombia (OCHA), se presentó un informe que da cuenta de la situación de desplazamiento forzado durante el 2020. Pues bien, durante ese año 25.300 personas fueron víctimas de este tipo de vulneración, es decir más de 7.300 familias debieron desplazarse forzadamente en 94 eventos masivos. Aunque este panorama alerta hay algo que afirmar: la situación pareciera estar lejos de cambiar. Solo en lo que va del año en cinco departamentos se han reportado desplazamientos forzados, más exactamente en Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca, en los cuales 1.071 personas se han visto obligadas a dejar sus territorios; 730 en desplazamientos masivos intramunicipal, 310 en de desplazamiento masivo intermunicipal y 31 en desplazamientos individuales. Siguiendo lo anterior, una radiografía que sigue dando cuenta que este inicio de año ha sido uno de los más violentos desde la firma del Acuerdo de Paz, es que en las últimas dos semanas se han reportado, al menos, y siguiendo datos de la OCHA, 04 hechos de desplazamiento forzado. Uno, ocurrido el 26 de enero en Argelia, Cauca, de donde 11 dirigentes políticos tuvieron que salir y buscar refugio en Popayán por temor a las represalias de los grupos armados de la zona. Días después, a través del sistema de información de la Fundación Paz y Reconciliación SIPARES, la Red de organizaciones Sociales y campesinas del Norte y Bajo Cauca denunció un desplazamiento forzado de una familia de una persona en proceso de reincorporación en la vereda Santa Lucía del municipio de Ituango, debido a amenazas por parte de un grupo armado. Además, en la noche del miércoles 3 de febrero se alertó que miembros de la comunidad del barrio Juan XXIII, de Buenaventura, Valle del Cauca, se vieron obligados a desplazarse forzosamente a causa de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, que ha desatado una crisis de seguridad en el Puerto, que precisamente en este hecho dejó a 30 familias por fuera de su territorio por el temor a quedar en medio del fuego cruzado. Cáceres, un epicentro de la violencia Más recientemente se alertó que un nuevo hecho desplazamiento estaba teniendo lugar en la vereda Río Man, en donde un grupo armado organizado –GAO- de los que hace presencia en la zona –Caparros y Clan del Golfo- habría ordenado a los habitantes del corregimiento desocupar el pueblo antes de hoy viernes. Durante las primeras horas del día en medios nacionales y regionales se informaba que era un hecho el desplazamiento de estas familias, no obstante, se aseveraba que autoridades locales indicaban que no había ninguna información sobré cuál grupo sería el responsable, y qué tipo de amenaza habían realizado. En lo que sí se coincide tanto desde la comunidad, las organizaciones sociales, la Fuerza Pública, y lo gobernantes locales es que los habitantes de Río Man temen por su vida. Pues bien, hay que señalar que luego de un consejo de seguridad realizado en la mañana del viernes se logró establecer, según fuentes de Pares, que fueron 128 familias las que se desplazaron desde la vereda. De estas hay 38 que se encuentran en el coliseo de Caucasia, el resto están dispersas entre este municipio y Cáceres. Los hechos se habrían dado luego que un trabajador de una mina fuera amenazado y obligado a dejar la zona. Esto lo supo gran parte de los habitantes de Río Man, por lo que el miedo y la zozobra de también ser intimidados por los grupos armados, o que se tomaran represalias, los llevó a dejar la zona. Hay que nombrar que tropas del Ejército ya hacen presencia en la vereda, con el fin de promover que más familias no se desplacen. Asimismo, es relevante informar que Rio Man geográficamente hace parte de Cáceres, pero también esta zona es cercana a Caucasia, además, como lo afirmaba Ximena Sierra, investigadora de la Fundación Pares y enlace regional en el Bajo Cauca, por este punto diariamente transita la Policía y el Ejército, pues a pocos metros de Río Man se encuentra el Batallón Rifles, en donde se concentra la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles para toda la región. “Llama la atención que manden a desocupar Rio Man, vale la pena cuestionarse ¿qué valor estratégico tiene esta vereda? Pues es muy difícil para cualquiera de los dos grupos –Caparros y Clan del Golfo- copar Río Man, pues allí hay constante presencia de la Fuerza Pública. Además, es una zona que queda sobre la vía que conecta con el norte de Antioquia, por lo que es muy fácil llegar hasta allí”, explica Ximena Sierra. Con esto sobre la mesa hay varias cosas que señalar. Por un lado, que en esta vía – a la altura de Río Man – en el mes de mayo del 2020 se registró un atentado a un camión militar, contra el cual fueron lanzadas granadas, al parecer, por integrantes del Clan del Golfo. Igualmente, hay que traer a colación que hace tan solo tres días en Río Man un reconocido habitante de la vereda identificado como Libardo Manuel, de 56 años, fue asesinado. Mientras que el 4 de enero se registró un ataque sicarial en este mismo punto, en el que fue asesinada otra persona de la vereda y una más quedó herida. Además, según la investigadora, en esta zona que conecta por un lado con el norte del departamento, y por el otro con la Costa Caribe, hay las mismas dinámicas que en general tiene el municipio de Cáceres, es decir, hay presencia particularmente del Clan del Golfo y Los Caparros, aunque este último grupo es el que tiene mayor impacto en la vereda. Allí –en Río Man- uno de los motivos por los que hacen presencia estas estructuras es por los recursos que mueven a través de extorciones a los comerciantes del sector, como a la población civil. Siguiendo lo anterior hay que resaltar que en Cáceres tiene presencia, además de los anteriores grupos nombrado, el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el ELN. Asimismo, solo en lo que va del año han sido asesinados tres líderes sociales en este municipio: Edwuin Antonio Indaburo, Jhon Jairo Estrada (8 de enero) y Linda Díaz Romero (19 de enero). Adicionalmente, la Policía informó que durante el primer mes del año en Cáceres se registraron 7 homicidios. Mientras que durante el 2020 desde Medicina Legal reportó 59 de estos casos, lo que representa una tasa de 196.36. Asimismo, durante ese mismo año en el municipio, siguiendo datos de Verdad Abierta, se presentaron 07 asesinatos a líderes/as.

Por: Redacción Pares. Con información de JEP. La Sala de Reconocimiento de la JEP llamó al general (r) de la Policía Nacional y exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, a rendir versión, el próximo 26 de marzo, en el caso 06 por su posible participación en crímenes cometidos contra miembros del partido Unión Patriótica. En su plan de contribución a la verdad ante la JEP, el general (r) Maza Márquez prometió, entre otros asuntos, ofrecer información sobre la posible infiltración del DAS por organizaciones criminales. y la “relación entre el estamento militar y los grupos paramilitares, [que] sirvió de plataforma no sólo para el magnicidio del Dr. [Luis Carlos Galán], sino también para la comisión de auténticos crímenes contra la humanidad, como el genocidio de la [UP]». Mediante el auto 028 de 2021, la Sala hizo este llamado teniendo en cuenta que el general (r) Maza Márquez fue mencionado en los informes de la Fiscalía General de la Nación y del Centro Nacional de Memoria Histórica, y en los informes presentados por las víctimas, y luego de recaudar numerosas pruebas y decisiones judiciales de la justicia ordinaria. Una de las piezas centrales tenidas en cuenta por la Sala de Reconocimiento fue la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de Galán, en la que el alto tribunal condenó al general (r) Maza Márquez no sólo como coautor de dicho magnicidio sino también como autor del delito de concierto para delinquir agravado “por promover el grupo armado ilegal que conformaron las autodefensas del Magdalena medio, [ya que] el proceso acredita con suficiencia que el acusado tejió estrechos vínculos con Henry de Jesús Pérez Durán, comandante de dicho grupo ilegal». Es importante tener en cuenta que, como ha sido probado en la justicia ordinaria, los grupos paramilitares del Magdalena Medio fueron responsables de múltiples asesinatos y masacres en contra de miembros de la Unión Patriótica. Asimismo, Maza Márquez deberá explicar lo relacionado con el asesinato de varios dirigentes nacionales y regionales de la Unión Patriótica que han sido documentados a través de informes oficiales y no gubernamentales allegados a la Sala de Reconocimiento. Estos crímenes ocurrieron durante su ejercicio como director del DAS (entre 1985 y 1991), en los que se vieron involucrados funcionarios de dicha institución, que era responsable de la seguridad y escolta de las víctimas. Dentro de los casos mencionados en los informes presentados a la Jurisdicción, se encuentran los asesinatos de los candidatos presidenciales de dicho partido: Jaime Hernando Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990), así como de los directivos nacionales y regionales, José de Jesús Antequera, Teófilo Forero, Diana Stella Cardona y Gabriel Jaime Santamaría, entre otros. A la fecha, 109 víctimas individuales se han acreditado en el caso 06 de la JEP, además del Partido político como sujeto colectivo víctima. En la versión que rendirá el general (r) Maza Márquez podrán participar las víctimas que manifiesten su interés en asistir a través de la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento.