Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. En 35 días que han transcurrido de 2021 han sido asesinadas 50 personas en las 12 masacres que se han perpetrado en siete (7) departamentos en Colombia. Este es el panorama en materia de Derechos Humanos de acuerdo con las cifras de la Fundación Paz y Reconciliación. Según estos datos, en febrero se está cometiendo una masacre diaria. La más reciente fue la que tuvo ocurrencia en el municipio de Argelia, en Cauca. De acuerdo con información preliminar, los tres (3) cuerpos sin vida y con heridas de arma de fuego fueron encontrados en el sector conocido como La Balastrera, vía que conduce del corregimiento de El Plateado hacia la cabecera municipal de Argelia. Al lado de uno de los cuerpos yace un mensaje firmado, presuntamente, por el Grupo Armado PostFarc (GAPF) Frente Carlos Patiño quienes acusaban a estas personas de haber sido pertenecientes del ELN. Para Juan Manuel Torres Erazo, coordinador de la Oficina de Pares Pacífico, las comunidades del municipio de Argelia y, especialmente, las que se encuentran las que se encuentran en el eje que se conforma entre el corregimiento del El Plateado y San Juan de Mechengue; están a la suerte de paros armados, asesinatos selectivos, masacres y desplazamientos a manos de las disidencias del frente Carlos Patiño y el frente José María Becerra del ELN. Torres Erazo ha señalado que se han conocido denuncias sobre el accionar del Frente Carlos Patiño que, casa a casa, está amedrentando a la comunidad para que se dirija a la zona de San Juan de Mechengue para sacar los soldados del Ejército de este sector. Ni la caravana humanitaria dejaron llegar Asimismo, por ejemplo, la caravana humanitaria —que se realizó entre finales de octubre y principios de noviembre de 2020— quiso llegar hasta la zona del San Juan de Mechengue y no la dejaron. Después de ello, se perpetraron dos masacres en el municipio de Argelia. “Se han hecho múltiples consejos de seguridad no han servido para nada. Es gente campesina, empobrecida que lo único que quiere es poder trabajar«, señala Torres Erazo. Además, se conocen declaraciones del comandante de la Tercera División ha dicho que la población civil se ha organizado para proteger a los integrantes de la estructura Carlos Patiño. Es decir, adicionalmente a victimizaciones se ha creado un ambiente de zozobra, precisa el investigador Pares. Esta situación pone en mayor riesgo a la población con la carga de estigmatización. Además, porque el Ejército también ha sido un actor que ha violado los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la región. El investigador de Pares señala hay un grupo que se llama “Argelia duele” del cuál no se ha podido establecer quienes lideran. Ellos organizan marchas que, inicialmente, buscan hablar con el frente José María Becerra y hacer lo propio con el Carlos Patiño. Sin embargo, son instigados y son instrumentalizados para que saquen al Ejército. Las comunidades salen por el miedo de que las vayan a matar, miedo ser sacadas de sus territorios. Sin embargo, hace hincapié en que es información preliminar. *** Las masacres de 2021 De acuerdo con la información de la línea de investigación de Conflicto, Paz y Postconflicto de Pares, son 12 municipios en los que se han registrado las masacres: En Antioquia se han perpetrado tres (3) masacres; una (1) en el municipio de Betania, al suroeste del departamento, que dejó tres (3) víctimas. En Tarazá, subregión del Bajo Cauca Antioqueño, se han cometido dos (2) con 7 víctimas. En Nariño se han registrado tres (3) en el municipio de Policarpa (4 víctimas), Roberto Payán (5) y Tumaco (8); en el Valle del Cauca: dos (2) masacres en Buga (5 víctimas) y Cali (3 víctimas); en Caquetá una (1) masacre en Florencia (3 víctimas); en Putumayo una (1) en Valle del Guamuez (3 víctimas); en Norte de Santander una (1) en Tibú (3 víctimas) y Cauca: dos (2) masacres en Popayán (3 víctimas) y la reciente en Argelia (3 víctimas). Situación de Argelia Es importante remontarse a marzo y abril de 2020. En dicho momento se desarrolló la segunda incursión del Grupo Armado PostFarc Frente Carlos Patiño al municipio de Argelia, apoyado por la Columna Móvil Jaime Martínez. Según Juan Manuel Torres, este momento fue clave debido a que las estructuras del ELN estaban debilitadas y eso permitía que dicho frente arremetiera de forma tan violenta en el municipio. “El Frente Carlos Patiño bajó hasta el corregimiento conocido como San Juan de Mechengue que hace parte del Cañón del Micay, pero que pertenece al municipio de El Tambo. Allí hay un eje que se conforma entre el corregimiento del El Plateado y San Juan de Mechengue que es el que controla, especialmente, el frente Carlos Patiño.” Precisa Torres Erazo. Este Frente, por ejemplo, para mayo de 2020 realizó incursiones en El Sinaí cuando buscaban reclutarlos y de oponerse; la amenaza denunciada era que los iban a asesinar. En este sentido, el repertorio de violencia del Frente Carlos Patiño ha sido asesinatos selectivos, patrullajes, matando supuestos “colaboradores. No es la primera vez que aparecen este tipo de panfletos dejados al lado de los cuerpos. Persecución a muerte de supuestos “colaboradores” Sobre el papel y la injerencia del Ejército Nacional en la región, según el investigador de Pares, es que en muchos de los ingresos realizados por los uniformados del Ejército se han reducido a operativos antinarcóticos. Tanto en San Juan de Mechengue como de El Plateado los han sacado. Incluso, en diciembre de 2020 las estructuras instigaron a la gente, supuestamente, para sacar el Ejército; con el fin de que el Frente Carlos Patiño y con el Frente José María Becerra del ELN se pudiera enfrentar hasta que alguno ganara. Eso ocurrió el 30 de diciembre y desde ese momento no para el enfrentamiento y el derramamiento de sangre. “El ELN ya no tiene esa fuerza de grupo militar que se puede observar en camuflados y patrullaje. La presencia principal la está haciendo el Carlos Patiño. El José María Becerra, por su parte, ha cambiado de táctica de “guerra de guerrillas”, resalta Torres Erazo. De acuerdo con el investigador de Pares, el ELN lleva en la región cerca de 14 años y sumado al vacío que dejó las FARC-EP —cuando se trasladaron a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización—; fueron fortaleciendo sus redes de apoyo o personas que han estado cercanas a ellos, en muchos casos por coerción. Esta situación ha hecho que el Frente Carlos Patiño emprenda una persecución a estos supuestos colaboradores para asesinarlos. De igual forma, el Frente José María Becerra del ELN hace lo propio con quienes suponen son colaboradores del otro bando. Estos enfrentamientos se han dado, por ejemplo, en esa misma vereda conocida como El Pinche; en donde se registro el asesinato de Fermiliano Meneses, concejal del municipio de Argelia, en la noche del pasado 15 de enero. La zozobra no se disipa Esta semana se anunció un gran operativo de retoma del Cañón del Micay —conformado por El Tambo, Argelia y López de Micay— por parte de las Fuerzas Militares con un despliegue de más de 2.000 soldados. Torres Erazo señala que “este operativo que lanzaron de esta manera tan agresiva, evidentemente, iba a poner en riesgo a la población. En la región han sido protagonistas las denuncias de violación a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.” Este anuncio de “la retoma” del Cañón de Micay no es cierto; debido a que el Ejército ha tenido presencia en los últimos años y eso no ha derivado en mejorar las condiciones de seguridad. Asimismo, esto ha desencadenado que en los últimos días se registraran enfrentamientos en caseríos de la Vereda El Pinche. Incluso, se habla de la muerte de un disidente de las FARC y un soldado herido. De igual forma, los combates han afectado viviendas. En los últimos días se ha conocido la denuncia de que, casa a casa, pasa el Frente Carlos Patiño amenazando a las personas para que fueran a una reunión. Allí, con miedo y zozobra la gente asiste y terminan sacando al Ejército de la zona. Incluso, este 4 de febrero, también casa a casa, el Frente Carlos Patiño está instigando a la comunidad para que se dirija a la zona de San Juan de Mechengue para sacar los soldados del Ejército de este sector. En lo que se puede denominar una instrumentalización de la población. Una vez los sacan; los montan en camionetas y los llevan hasta la cabecera municipal. Comunidades azotadas históricamente En la región de López de Micay hay una violencia que se resiente de los factores externos. Es decir, por ejemplo, de la fracasada lucha contra las drogas, la política de Seguridad Democrática, la llegada del paramilitarismo. Para este momento, mucha de la violencia obedece a la llegada de un Grupo Armado PostFarc, el Comando Coordinador de Occidente en los últimos dos años y, fuertemente, el año pasado con la llegada de frente Carlos Patiño. Tal como lo señala el investigador de Pares, el Cañón del Micay es un corredor estratégico. En noviembre y diciembre de 2020 el ELN decretó paro armado con grandes afectaciones a la economía. Se han registrado desplazamientos masivos a causa de amenazas y combates. Por ejemplo, el ELN sacó un panfleto que hizo salir forzadamente a 1.500 personas venezolanas. “Allá hay grupos locales de narcotraficantes que se han empezado a defender y esto los convierte en una suerte de tercer actor armado. Aunque últimamente se han replegado y escondido. Es probable que al grupo se imponga, no les importa quién esté, la gente quiere trabajar”, precisa Torres Erazo. El Cañón del Micay se está desangrando en una guerra De acuerdo con Ariel Ávila, subdirector de Pares, se ha desatado una guerra que lleva dos años de manera intensa. “No sólo por cuenta de las disputas entre las disidencias y el ELN; sino porque es una de las zonas en donde más se registran asesinatos a líderes y lideresas sociales.” Para el analista político, el Ejército casi que ha sido un actor ajeno a esta guerra y las acciones que emprende, como esta ultima de desplegar más de 2000 hombres, lo que hace es acrecentar la crisis. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea».

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El año 2020 significó en muchos territorios el aumento de la violencia, incluso cuando desde marzo se entró en aislamiento preventivo obligatorio este panorama no se redujo ni en ese momento ni en los meses entrantes. En ese año se registraron cerca de 90 masacres, el asesinato de más de 300 líderes/as sociales, y de 64 firmantes de paz, y aunque durante el inicio de 2021 el panorama no parece cambiar mucho, es necesario continuar haciendo una radiografía de lo sucedido en el año pasado para seguir instando a que se tomen medidas de forma urgente. Recientemente desde la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU en Colombia (OCHA), se presentó un informe que da cuenta de la situación de desplazamiento forzado y confinamiento durante el 2020, lo cual, entre otras cosas, sigue demostrando como se ha acentuado el deterioro de la seguridad en el país, afectando mayormente a zonas que históricamente han estado atravesadas por el olvido estatal. Así, hay que señalar que los desplazamientos masivos dejaron más de 25.300 personas víctimas de este tipo de vulneración, es decir más de 7.300 familias desplazadas en 94 eventos masivos, nombrando que una de las principales razones que desencadenaron esta crítica situación fueron los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales, los cuales durante el año pasado demostraron estar fortalecidos y además ganando territorio en el país. La Fundación Paz y Reconciliación logró establecer que durante 2020 los Grupos PostFarc o Disidencias, el ELN y los Grupos Armados Organizados, doblaron su presencia armada territorial en los últimos dos años. Los Grupos Armados PostFarc pasaron de operar en 56 municipios en 2018, a 113 a agosto de 2020. El ELN pasó de estar en 99 municipios a más de 160 en 2020, y el Clan del Golfo opera en algo más de 200 municipios actualmente. Imagen: Pares. En ese sentido hay que señalar que estos enfrentamientos entre grupos armados organizados y delictivos produjeron el 57% de los casos, mientras que por amenazas directas contra la población civil se reportó un 37%. Los departamentos más afectados por estos hechos fueron Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Cauca. Asimismo, hay que indicar que al menos 14.400, es decir el 57% de las víctimas, regresaron a sus hogares. Las cifras del drama Recientemente se informó desde la Defensoría del Pueblo que en lo que va del 2021 se han dado más de 200 desplazamientos interurbanos forzados en Buenaventura, Nariño, de donde 10 familias abandonaron sus viviendas ubicadas en los barrios Pampalinda, San Luis, Bellavista, San Francisco, Camilo Torres y Jorge Eliécer Gaitán, en las comunas 10, 12 y 7 de Buenaventura, Valle de Cauca, tras presentarse varios enfrentamientos armados que han puesto en riesgo la vida de los/as habitantes de esta comunidad. Adicionalmente, desde el sistema de información SIPARES se indica que en Antioquia durante el año pasado se reportaron 15 hechos de desplazamiento forzado, los cuales tuvieron lugar en Tarazá (6), Yarumal (1), Ituango (4), Cáceres (3) y Caucasia (1). Sobre éstos el mayor responsable fue el Clan del Golfo, grupo que estuvo involucrado en el 35.7% de los casos, seguido de Los Caparros, quienes tuvieron responsabilidad en el 14.3% de los mismos. Por su parte, en el Chocó se tiene el reporte de tres hechos: dos en Bojayá, uno en Alto Baudó y uno más en Bahía Solano. El primero ocurrido en el Alto Baudó en marzo, allí hubo 2025 personas desplazadas, de 462 Familias y 10 comunidades. Igualmente, en abril en Bojayá durante los días 4 y 7 del mismo mes, 393 personas pertenecientes a la comunidad indígena Emberá se desplazaron forzosamente desde la vereda Nueva Jerusalén y Guayabal del Resguardo Pichicora Chicué-Punto Alegre, hacia la vereda Las Peñitas, en zona rural del municipio de Bojayá, Chocó producto de enfrentamientos que se presentaban en la zona entre el ELN y las AGC/Clan del Golfo. Además, finalizando año y tras el asesinato del líder indígena Miguel Tapí Rito en Bahía Solano, Chocó a manos de integrantes del Clan del Golfo y tras la incursión armada de este grupo, se generó el desplazamiento forzado masivo de 906 personas de las comunidades de Posa Mansa, el Brazo, Bakuru Purru y Boroboro, quienes se movilizaron hacia el casco urbano del corregimiento El Valle. En Nariño, este escenario no cambió mucho, hubo 15 casos de desplazamiento forzado, los cuales ocurrieron en Roberto Payán (7), Santa Bárbara (1), Cumbitara (1), Barbacoas (2), Olaya Herrera (1) y Tumaco (3). Sobre estos casos los mayores responsables son el ELN con el 20% y el Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las Farc con otro 20%. Por su parte en Norte de Santander el Sipares reportó seis (6) hechos en Ábrego (2), Puerto Santander, Sardinata, Tibú y Los Patios. En esta zona los principales actores determinadores fueron el ELN 27.3%, Los Rastrojos 18.2, Los Pelusos 18.2%. Mientras que en el Cauca hubo, al menos, 8 casos que se concentraron en Argelia (3) y El Tambo (5), donde el grupo que causó mayores victimizaciones fue el Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, quienes cometieron y causaron un poco más del 50% de los hechos. “El 73% de las personas que se desplazaron en 2020 pertenecen a grupos étnicos (indígenas y afrodescendientes). Llama la atención departamentos como Huila y Bolívar donde no se registraban este tipo de eventos desde hace varios años, evidenciando la expansión y deterioro de la situación en zonas del país donde se percibía aparente calma”, se informa desde la OCHA. Otras advertencias de la OCHA A lo anterior se suma que se alertó sobre el índice de confinamientos en el 2020, pues durante el año pasado fueron, al menos, 74.300 personas confinadas a causa de la violencia, lo que representó un incremento del 163% respecto al año anterior. De estas personas solo el 52% pudieron retomar el acceso a sus bienes básicos y derechos fundamentales. Además, de nuevo, los departamentos más afectados por estos casos fueron Chocó, Nariño y Antioquia, donde habitan cerca de 42.100 de las víctimas, todas pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas, las cuales en general representan el 58% del total. Hay que recordar que hace justamente un año la Organización Indígena de Antioquia Mesa Interétnica de Paz de Blanquita-Murrí denunció que los/as habitantes de Amparradó Alto, Amparradó Medio, Amoladora, Cañaveral, Antadó Guabina,Cañaveral Arenera y Genaturadó (Dabeiba), cumplían 10 días de confinamiento debido a los enfrentamientos entre actores armados desconocidos. Adicionalmente, durante los meses de enero, marzo y abril en Chocó hubo un recrudecimiento de la violencia que llevó a que en este periodo se concentraran los casos de confinamiento en el departamento; solo durante tres meses se reportaron 7 casos en Bojayá, el Litoral del San Juan, Alto Baudó y Riosucio. Esta situación de cierta forma se repitió en Nariño, pues solo entre febrero y abril se denunciaron tres casos de confinamiento en Tumaco, Barbacoas y Magüí Payán, en este último, además, otro caso se presentó en el mes de junio. Por otra parte desde la OCHA se afirmó que “las víctimas de minas antipersonal aumentaron un 49% en relación con el 2019. El 85% de las víctimas son hombres y un 11.6% del total corresponde a niños y niñas. Los departamentos con más víctimas de minas antipersonal y municiones usadas sin explotar son Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Putumayo y Guaviare. Los principales ataques contra infraestructura y bienes civiles que afectan la supervivencia de las poblaciones, incluyendo misiones médicas, se concentran en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Antioquia, los dos primeros con presencia de cultivos ilícitos y gran afectación de víctimas por minas antipersonales”. Con este panorama vale la pena señalar que en lo que va del 2021 muchos de los escenarios de violencia de 2020 se están repitiendo. A la fecha y desde el 01 de enero, la OCHA registra que 411 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado, reportándose un hecho en Buenaventura, Valle del Cauca ocurrido el 06 de enero que obligó a 70 personas a desplazarse forzosamente; otro en Tibú que el 10 de enero dejó 67 víctimas; mientras que en Barbacoas, Nariño ya son 243 personas que se han tenido que ir de sus territorios; 11 personas dejaron obligadamente por amenazas el municipio de Argelia, Cauca y 20 más fueron víctimas de estos hechos en Antioquia en dos casos ocurrido en Yarumal e Ituango.

Por: Isaac Morales. Coordinador de Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado. Pares. Diego Molano, quien, hasta el pasado lunes había sido el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), fue designado esta semana por el presidente Duque como nuevo Ministro de Defensa de Colombia. Molano ocupó la dirección general del ICBF, fue concejal de Bogotá y ha ocupado otros cargos públicos, sin embargo su aproximación a los temas del sector defensa y seguridad son mínimas o inexistentes, seguramente como concejal revisó reportes y estadísticas de seguridad para algún debate en el Concejo y por lo que presenta la página del Comando General de las fuerzas militares, “Desde la Dirección General del ICBF, donde ejecutó un presupuesto de 5 billones de pesos y tuvo a su cargo 11 mil personas, el nuevo Ministro de Defensa coordinó con la Policía Nacional los esfuerzos para la protección de la infancia y adolescencia.” Ese esfuerzo y lo que mencionó el presidente Duque durante su posesión como ministro, parecen ser su mayor mérito para dirigir la cartera de defensa. Siguiendo la tradicional rotación en los altos cargos del gobierno, no olvidemos que Carlos Holmes Trujillo había sido primero Canciller y muchos ejemplos se han visto, como el vaivén de Alicia Arango. Molano se convierte en el tercer, y muy seguramente último ministro de Defensa en la administración Duque. Primero fue Guillermo Botero, quien al igual que Molano poca o nula experiencia en defensa y seguridad tenía. Salió del ministerio tras varios escándalos relacionados con el retorno de los mal llamados falsos positivos y el bombardeo donde murieron ocho (8) menores en zona rural de San Vicente del Caguán. El segundo fue Carlos Holmes Trujillo, quien era muy cercano al presidente y como mencioné, había dirigido las relaciones internacionales de Colombia. Digo que Molano será el último ministro porque le queda un año y medio a Duque en el poder, además seguramente el uribismo buscó a alguien que no tuviese pretensiones presidenciales (que sí tenía Trujillo) y que durara en el cargo. Independientemente de su inexperiencia y de su futuro estable o no en el ministerio, Molano debe asumir diversos retos que trae consigo este cargo. Podría decir que sus principales retos o desafíos se dividen en dos componentes: unos aspectos muy generales de la gestión como ministro y aquellos en términos operativos propios de la Fuerza Pública, en su totalidad a cargo del MinDefensa. En cuanto a los desafíos generales resaltaría cinco grandes retos. En primer lugar debe apropiarse y priorizar acciones para mitigar la sistematicidad en los asesinatos a lideres y lideresas sociales a lo largo y ancho del país, aunque al gobierno no parece preocuparle, es uno de los temas que mas cala a nivel internacional. De igual forma debe asumir el papel que tiene el ministerio en el proceso de estabilización y consolidación para el desarrollo real del acuerdo de paz. En tercer lugar y que le ocupa realmente, será la forma en la que los miembros de la fuerza pública serán vacunados contra el COVID para así poder garantizar el acompañamiento de las fuerzas a este proceso complejo de llevar las vacunas a zonas tradicionalmente olvidadas por el Estado. Un cuarto reto será recuperar la confianza de la ciudadanía en las fuerzas, especialmente de la Policía cuya imagen se vio muy desprestigiada después del asesinato de Ordoñez y las jornadas de protesta en septiembre de 2020; en quinto lugar, la relación con la nueva administración de Biden en los Estados Unidos, será un gran reto pues esta se ha visto muy alejada de la posición del Gobierno colombiano. En términos más operativos y puntuales, Molano deberá enfrentar varios desafíos. En primer lugar la reconfiguración tanto estructural y orgánica, como de presencia en los territorios de los GAO y GDO, incluso de la importación de conflictos en cabeza de organizaciones delincuenciales de origen venezolano; la defensa de la soberanía nacional a través del control de fronteras porosas como la venezolana que enfrenta expresiones de violencia cada vez mas graves muy bien documentado por PARES. En tercer lugar, se ubica la reconfiguración general de los fenómenos delictivos tras la pandemia expresados de forma atípica en varios territorios del país, especialmente en el surgimiento de nuevas formas de operar por parte de estas organizaciones, que al parecer han migrado a nuevos escenarios como el ciberespacio. Molano también debe enfrentar el fenómeno de las economías ilegales y los mercados criminales, la explotación ilegal del oro cada vez más en auge por el alto precio en los mercados internacionales, así como todas las fases de la cadena del narcotráfico, desde la siembra hasta su comercialización en pequeñas o grandes cantidades. Así mismo deberá asumir otros hechos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana y que persistente como los feminicidios, los casos de violencia intrafamiliar, el aumento de los hurtos a personas en varias ciudades capitales del país, en general se enfrenta a una gran cantidad de desafíos que deben ser atendidos con prontitud. Finalmente, podría a atreverme a decir que la gestión del nuevo ministro Molano no será significativa, no parece tener intenciones ni experiencia en la posibilidad de generar un cambio estructural en un órgano del estado como lo es las Fuerzas Militares y de Policía, seguramente será el último ministro de defensa de Duque y solo por eso pasará a la historia.

Por: Redacción Pares. Este jueves se conoció que el gobierno del presidente Iván Duque y algunos de los órganos de control como la Procuraduría General en cabeza de Margarita Cabello, la Defensoría del Pueblo bajo la dirección del cuestionado Carlos Camargo y el fiscal general Francisco Barbosa le han dado un golpe brutal a la democracia colombiana, tal y como lo denuncia Ariel Ávila, subdirector de Pares. La decisión del gobierno se hizo pública a través de la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía General de la Nación. A través de un mensaje publicado hace unas horas, la Fiscalía General indica que, de ahora en adelante, esa oficina «es la única entidad de Colombia que puede poner a sus investigadores inmediatamente en terreno, para determinar sin especulaciones quién es y cuáles fueron las consideraciones de un determinado crimen en el país.» #ATENCIÓN | La Fiscalía General de la Nación, la @PGN_COL, la @DefensoriaCol, el @mindefensa y la Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República suman esfuerzos para unificar la información relacionada con los crímenes de líderes sociales en el país. pic.twitter.com/drxYL1PtTW — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 3, 2021 Esta es una decisión muy peligrosa, señala Ávila. El analista explica que, bajo el argumento de unificar las cifras sobre asesinatos y victimización a líderes y lideresas sociales, el poder absoluto del manejo de cifras correspondientes a la violencia y victimización sobre líderes y lideresas sociales en el país, queda en manos de la Fiscalía en cabeza de Francisco Barbosa. En palabras de Ávila «Le quitan ese trabajo otra vez a la Defensoría del Pueblo y a otras instituciones que hacen seguimiento al tema de derechos humanos y de protección de líderes y lideresas sociales. ¿Por qué? seguramente porque eso significa que van a reducir la cifra y van a comenzar a escrutar quién era y quién no era un líder social.« Eso significa que la Defensoría del Pueblo, entidad que hasta el momento era que tenía la responsabilidad de la verificación de las cifras de acciones criminales contra líderes y lideresas en los territorios. ya no será la encargada de realizar esa función. «Quiere decir que hacen a un lado a la Defensoría del Pueblo y desde ahora lo que diga el fiscal Barbosa sobre victimización es lo que se va a tomar como cifras oficiales. De esa manera se van a reducir, seguramente, estos indicadores y nos quedaremos sin saber la verdad, la realidad sobre esta violencia que carcome al país», puntualiza Ávila. Quitarle estas funciones a la Defensoría del Pueblo y minar la independencia de los órganos de control al nombrar en ellos a miembros de la coalición de gobierno, es una amenaza directa contra la democracia colombiana. «Para esto se prestó Carlos Camargo, el mismo que entregó contratos a diestra y siniestra cuando estaba en la Federación Nacional de Departamentos, y advertimos que su elección iba a ser muy cuestionada. Igual que Margarita Cabello, que logró aplazar por cuarta vez la audiencia de Eduardo Pulgar (…) Para eso la coalición de gobierno eligió a los órganos de control, para darle un golpe a la democracia«, concluyó Ávila. Esos son golpes duros a la democracia, son golpes duros para la separación de poderes. Nos avocamos a más de una año de un gran sesgo al control de la vida pública, un gran sesgo en la vigilancia de las actuaciones del Gobierno Nacional, y esas cosas tendrán que recaer en organizaciones de la sociedad civil. «La sociedad civil tiene una responsabilidad enorme en los próximos dos años para vigilar el poder desde abajo, con todas las limitaciones y dificultades, pero hay que hacerlo, lo vamos a hacer”, enfatizó León Valencia, director de Pares.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Recientemente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- presentó los resultados de la tasa de desempleo para el 2020, el año en el que las alarmas desde muy temprano se prendieron, pues las restricciones de movilidad ponían en riesgo la estabilidad laboral de muchos/as, sumado a que las personas con empleos informales (que para octubre de 2020 el porcentaje era 48,5%) fueron las primeras en verse afectadas, pues en la mayoría de los casos el no poder salir significaba no tener una fuente de ingresos para gastos básicos. Así, al cumplirse casi un año de decretadas las primeras medidas restrictivas a causa del Covid-19 se conoce que durante el año pasado la tasa de desempleo llegó al 15,9% en 2020, lo que significa un aumento de 5,4 puntos porcentuales más frente al 10,5 % de 2019. Hay que resaltar que este indicador para las 13 principales ciudades del país fue de 18,2%, en las que a diciembre se habían perdido más de 900.000 empleos. Adicionalmente, un de los factores que finalizando año demostró ser uno de los que mayor atención requiere es la brecha de género en términos laborales, pues para el 2020 las mujeres sufrieron más el golpe del desempleo que los hombres, pues la brecha entre hombres y mujeres pasó de 5,4 puntos a 7.7% en un año, a lo que se agregó que para muchas en este periodo se duplicaron las labores, pues además de responder por sus trabajos, también debieron asumir labores de cuidado en el hogar, que a su vez en muchas familias se multiplicaron. A este panorama se suma que otros de los grupos poblacionales más afectados fueron los jóvenes, pues de la casi 3.75 millones de personas que están en desempleo, 1.1 millones tienen menos de 25 años. Asimismo, uno de los sectores con mayores efectos negativos fue el comercio, donde durante la pandemia hubo una pérdida de cerca de 5.000 empleos. Todo este escenario se ha visto agudizado, además, con las constantes medidas restrictivas que se realizaron en los últimos meses del año, que además continuaron en varias ciudades del país durante enero de 2021, lo que además se ve atravesado por la falta de mecanismos que ayuden a mitigar eficazmente las consecuencias económicas que deben asumir a quienes se les impide salir a sus diversas labores formales o informales. Lo anterior ha llevado, por ejemplo, a que en algunas ciudades la gente salga a las calles ante la imposibilidad de quedarse en casa, ya sea a realizar algunas labores informales, o a manifestarse ante la falta de ayudas que garanticen que los aislamientos se puedan cumplir con los mínimos de bienestar. Hoy todo esto no parece ser muy diferente, aún no hay establecida una renta básica, aunque en ella se viene insistiendo por lo menos desde marzo de 2020, y aunque se entregan algunas ayudas económicas como el Ingreso Solidario de $160.000 mensuales por familia, estas han demostrado ser insuficientes ante el gasto mensual que se debe asumir mes a mes en un hogar. Así, al cumplirse casi un año de decretadas las primeras medidas restrictivas a causa del Covid-19 se conoce que durante el año pasado la tasa de desempleo llegó al 15,9% en 2020, lo que significa un aumento de 5,4 puntos porcentuales más frente al 10,5 % de 2019. Hay que resaltar que este indicador para las 13 principales ciudades del país fue de 18,2%, en las que a diciembre se habían perdido más de 900.000 empleos. Imagen: Pares. A esto se suma que entre un y venir las vacunas todavía no han iniciado a ser puestas, mientras que en el país hay a la fecha 82.654 casos activos de Covid-19 y el número de muertes a causa del virus ya superó las 54.000. Con esto el cuestionamiento de muchos/as es cuál será el panorama laboral para este año, pues si bien el virus es una preocupación, para un amplio número de la población colombiana el saber cómo solventar un arriendo, la alimentación, los servicios públicos también lo es. Ante este contexto y los informado recientemente por el DANE desde Pares hablamos con Iván Jaramillo, abogado egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, quien también es docente de la Universidad del Rosario e integrante del Observatorio Laboral de la misma institución. Pares: Respecto a las recientes cifras presentadas por el DANE, ¿cuál es la lectura que se hace desde el Observatorio? Iván Jaramillo: Entre junio y julio los índices de desempleo ya habían llegado a índices muy preocupantes, en ese momento se habían alcanzado 20 puntos de desempleo oficial. A pesar de que las cifras, sobre todo en diciembre que es un periodo de especial análisis, mostraron una reducción de desempleo, se sigue estando en un nivel preocupante porque se ha probado que definitivamente esto depende mucho de las políticas sanitarias y económicas y del éxito de reactivación en materia de empleabilidad. A esto se suma que si se ven los resultados con detenimiento se encuentra una fuerte presión hacia la informalidad para la recuperación de empleos perdidos. Luego, hay todo un desafío por recuperar la ocupación, pero garantizando el trabajo digno. Pares: Desde que iniciaron las medidas restrictivas se advirtió que los/as trabajadores informales iban a ser uno de los sectores más afectados. Con este panorama de desempleo, ¿se podría decir que hubo un aumento de quienes debieron emplearse de esta manera? I.J: Aumentaron dos indicadores que no son de fácil lectura: la informalidad y la inactividad, donde están muchos grupos poblacionales especialmente vulnerables como jóvenes, quienes duplican la tasa nacional; mujeres y personas con alguna condición de discapacidad. Para estas personas se encontró que aumentaron las barreras al momento de encontrar un empleo. Así que definitivamente hay una presión hacía la informalidad que debería estar siendo corregida con rutas que garanticen la formalidad y ojalá una intervención de las políticas activas para favorecer la adscripción hacia el trabajo con derechos. Pares: ¿Los datos dados por el DANE se acercan a lo que se tenía previsto en materia laboral para el 2020? Teniendo en cuenta el contexto del Covid-19. I.J: Técnicamente cuando inició el cuatrienio del presidente Iván Duque se tenía como meta reducir el desempleo en digito para nuestro país y llevarlo al promedio regional de 7.8% que era en lo que estaba para ese momento. Sin embargo, entendiendo que estamos en un periodo de crisis económica y sanitaria, está muy por encima de lo previsto, aunado al crecimiento negativo de la economía, del PIB, lo que pone sobre la mesa la urgencia de implementar estrategias de reactivación y de recuperación en el escenario de la pospandemia, después de periodos de cierres muy fuertes, sobre todo de marzo a julio en donde el aislamiento fue obligatorio. Pares: Desde que inició la pandemia se estableció la necesidad de una renta básica para mitigar los efectos sociales que el virus trajo consigo, pero también para una reactivación económica. Al momento no hay renta básica. ¿Desde el observatorio cuáles son esos mecanismos que consideran urgentes implementarse para buscar salidas a esta crisis? I.J: Las principales consideraciones que nosotros tenemos son, por un lado, completar el Programa de Apoyo de Empleos Formales – PAEF –. Segundo, tener un complemento de todas las medidas de protección del empleo con amortiguadores sociales que permitan tener tanto respuestas ante situaciones de crisis, como a altos índices de desempleo; de eso Colombia carece, en el país no hay un seguro de desempleo completo, que favorezca la reincorporación del trabajador al empleo formal. Esa carencia es histórica. Adicionalmente, creemos que hay que pensar una renta básica de emergencia, pues es la única medida que puede garantizar el éxito de las medidas de distanciamiento para la contención del virus. Ojalá esta llegara a ser vitalicia y universal que son las características de una verdadera renta básica. Pares: Teniendo en cuenta lo sucedido durante el año pasado, ¿qué se puede prever en materia laboral para el 2021? I.J: Es una pregunta compleja porque esto está ligado al crecimiento económico. Por ejemplo, todas las previsiones indican que vamos a estar en un 3 y 5% de crecimiento este año. Queremos ver eso porque esas cifras a depender mucho de la recuperación de los niveles de empleabilidad, de la ampliación del PAEF y de la implementación de garantías e incentivos hacia el trabajo formal. Ojalá cualquier tipo de reforma no busque la formalización a la baja, es decir, deteriorando derechos para que más gente entre, sino que sea buscando las formas para la protección laboral se extienda a un mayor número de personas, pues lamentablemente nuestro país es caracterizado por la informalidad; tenemos una formalidad sobre el 35%. Entonces, ojalá, en este escenario de la reactivación haya un contexto propicio para las medidas de corrección de las disfuncionalidades históricas. Pares: Por otra parte, ¿cuáles fueron las afectaciones principales durante el año pasado para las personas con contratos laborales u otro tipo de relaciones contractuales? I.J: La medición que tenemos indica fundamentalmente dos cosas. Primero, que hubo un deterioro de los ingresos para los trabajadores porque la totalidad de derechos en el trabajo fueron reorientados a dar vacaciones durante el tiempo de aislamiento preventivo obligatorio, reducciones de salarios, todo eso significó un golpe fuerte para los ingresos de los trabajadores, lo que ha repercutido y va a repercutir en la dificultad en la reactivación. Hay una situación de afectación muy fuerte por vía de reducción de contratos, de suspensiones de contratos; que fueron luego utilizados para la terminación de estos y baja de monto de indemnización, por ejemplo. Pares: Ustedes identificaron una población mayormente afectada laboralmente por la pandemia. ¿Qué medidas urgen para reducir estos efectos? IJ: Ahí hay todo un desafío para recomponer la poca atención que se le ha dado a las labores de cuidado. Ya hay en el PAEF una visión de género, que además estimula la contratación de mujeres haciendo más bondadoso el subsidio para la nómina. Además, debería estarse pensando tramitar seriamente todas las políticas que se están impulsando en el Congreso, así como se debería estar analizando como se implementan rutas preferenciales a partir de las políticas activas que tiene el país para que las mujeres rompan el techo de cristal, pues esa desigualdad que ha habido históricamente afecta ampliamente los escenarios laborales. La pandemia demostró que independientemente de la tendencia de los Gobiernos, el papel del Estado ahora tiene una nueva demanda de redescubrimiento del bienestar. A nadie se le debería ocurrir en un periodo como en el que estamos no financiar ni subsidiar la oferta de empleo, pues esto es indispensable en la búsqueda de los factores económicos, laborales y sociales. El bienestar común debe ser el eje rector de todas las políticas económicas y de salubridad.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El general Nayro Martínez, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, declaró que inicialmente la denuncia había sido puesta por un miembro de la comunidad, quien le aseguró a las autoridades haber escapado de un ataque armado en esa zona de Nariño. Las autoridades están investigando la información preliminar que indica que el sábado 30 de enero habría ocurrido una masacre en el Río Patía vereda Cande. Imagen: Pares. Según el sistema de información Sipares, durante el 2020 fueron nueve (9) las masacres cometidas en Nariño, que, a su vez junto con Antioquia y Cauca, fue uno de los departamentos con mayores índices de violencia y mayores registros de este tipo de hechos. En Nariño las masacres durante el 2020 comenzaron a denunciarse desde marzo, reportándose de ahí en adelante casi una por mes hasta septiembre. En estos casos fueron, al menos, 44 las víctimas mortales, en hechos que ocurrieron en Leiva, Tumaco, Samaniego, Barbacoas, Buesaco y Mosquera. Hoy, tan solo con un mes trascurrido del 2021, el panorama no parece cambiar, por el contrario, pinta ser más crítico, incluso cuando durante el 2020 fueron emitidas 04 alertas tempranas por la Defensoría del Pueblo alertando el riesgo para los habitantes de algunas zonas de Nariño ante la presencia de grupos armados ilegales. A la fecha, en esta zona del país se han reportado dos masacres, además de la desaparición de 11 personas; nueve provenientes de Tumaco, una de Buenaventura y otra de Nariño (municipio), quienes se movilizaban desde el municipio de Tumaco hacia Mosquera. Sobre este caso, 10 días después de denunciada la desaparición, se informó que habían sido hallados 02 cuerpos de las once personas, quienes fueron identificados como Alberto Mesa y Vladimir Torres Micolta. Adicionalmente, el 24 de enero a través de Noticias Uno, el Obispo de Tumaco el Monseñor Orlando Lave aseguró que recibieron información del Observatorio de Derechos Humanos de la diócesis, quienes habrían reportado el hallazgo de 8 cuerpos cerca al mar, de los cuales se manejaba la hipótesis que también fueran de los jóvenes desaparecidos. Dos masacres: el retrato de la violencia en Nariño Como se indicaba más arriba a este grave hecho se suman dos masacres cometidas en el departamento, las cuales fueron denunciadas en las últimas horas. Por una parte, desde el pasado 29 de enero se había denunciado la desaparición de Julián David Ortiz Hoyos, Daniel Felipe Paz, Fabio Alejandro Navia y Yulieth Mellizo, quienes habían decidido salir de El Bordo en el Cauca hacia el departamento de Nariño en busca de mejores oportunidades de trabajo. Los jóvenes, quienes se movilizaban en una camioneta tipo campero, se movilizaban por una de las vías del municipio caucano del Patía, cuando habrían sido interceptados por desconocidos y llevados con rumbo desconocido. Sobre este caso Orlando Muñoz, alcalde de El Patía, Cauca, aseveró a Blu Radio que los jóvenes tenían entre 22 y 30 años, dos de ellos se desempeñaban como estudiantes y uno era agricultor. En relación con el hecho el día de ayer se informó que se habían hallado los cuerpos de cuatro personas en el municipio de Policarpa, Nariño, en una zona rural del sector conocido como El Ejido, corregimiento de Los Naranjos, los cuales, al parecer serían de estas cuatro personas desaparecidas. Los cuerpos fueron trasladados desde el corregimiento de El Ejido hasta la cabecera de este municipio localizado al norte del departamento, y aunque las autoridades han dicho que se desconocen las causas de la muerte, se tiene la hipótesis que el asesinato fue producto de varios impactos de arma de fuego que recibieron las víctimas. Como se advirtió por medio de RCN Radio “con los jóvenes también fue encontrado el carro en el que se transportaban. Al parecer el vehículo fue lanzado a un abismo con los cuatro cuerpos. Los jóvenes ya habrían sido asesinados al momento de estos hechos”. Poco después de alertado este hecho desde el comando de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules, se comunicó que la Brigada de Infantería de Marina en coordinación con la Policía Judicial realizaron en la vereda Fátima del municipio de Roberto Payán las respectivas diligencias para verificar la ubicación de tres fosas comunes de las que había entregado información la comunidad. Tras iniciar labores en la zona fueron halladas las fosas comunes, en las cuales las autoridades comunicaron se encontraban cinco cuerpos que fueron exhumados para dar paso a los respectivos procesos de reconocimiento por medio de Medicina Legal. Con este panorama hay que señalar que como se indicaba hace algunos días desde Pares, en la subregión de la Costa Pacífica Nariñense el Clan del Golfo hace presencia en siete (7) de los 10 municipios de esta subregión: Tumaco, Olaya Herrera, Mosquera, La Tola, Francisco Pizarro, El Charco y Barbacoas. Por otro lado, también los Grupos Armados PostFARC hacen presencia en la subregión a través de cuatro (4) frentes. El Frente Oliver Sinisterra opera en seis (6) municipios de la subregión, el Bloque Occidental Alfonso Cano en cuatro (4), Guerrillas Unidas del Pacífico en siete (7) municipios. También, la guerrilla del ELN en siete (7) municipios. “Estas masacres se deben a una disputa. Aproximadamente 14 grupos armados ilegales se está disputando milímetro a milímetro del Pacífico Nariñense por razones del narcotráfico. Entre ellos mismos tienen una especie de paranoia y las comunidades campesinas están siendo el foco de toda la violencia. El solo hecho de que en menos de dos kilómetros haya cerca de cinco fronteras invisibles provoca que la gente sea señalada, pues les imponen con quién pueden y con quién no, es una situación de horror”, señaló Ivonne Quiñonez, lideresa de Tumaco e investigadora regional de Pares. A esto hay que agregar que, de acuerdo con el informe Pares,»Conflictos socio-ambientales en el Pacífico», los municipios que conforman la subregión del Pacífico Nariñense poseen una tasa de pobreza multidimensional que supera el 90% la situación de marginalidad y ausencia total del Estado. Además, la investigadora explicó que aunque en el territorio hay una militarización completamente fuerte, tenemos más 9000 uniformados, no ha sido posible que esta situación de violencia cambie porque aquí, además del narcotráfico, subyace una problemática principalmente social. «Se puede decir que la Costa Pacífica Nariñense es la despensa humana de la guerra en Colombia por las condiciones miserables en las que viven la mayoría de la población. Aquí se puede decir que la mayoría de los miembros de estos grupos no es reclutada, sino que la mayoría decide unirse a estos grupos porque no tienen más opción ni económica, ni laboral, ni educativa. Antes la guerra nos llegaba, ahora estamos viendo que son nuestros mismos jóvenes matándose entre ellos”, concluye.

Por: Julián Martínez Vallejo. Columnista Pares. Dagoberto Riascos Micolta cumplirá el próximo 19 de febrero dos años como rector encargado de la Universidad del Pacífico en Buenaventura. En esta institución pública de educación superior llevan años intentando elegir una persona en la rectoría en propiedad que no resulte destituida ni vinculada a manejos irregulares de los recursos de la educación, como ha sucedido en administraciones pasadas como la del ex rector Félix Suárez. Riascos Micolta ha ocupado esta plaza en interinidad incluso más tiempo que rectores elegidos por el Consejo Superior Universitario. El año pasado, cuando se iban a desarrollar las elecciones para elegir al rector en propiedad, la emergencia sanitaria del Covid 19 suspendió este proceso, por lo que este profesional en Finanzas y Negocios Internacionales, extendió su periodo como encargado, beneficiándose y acomodando una zona de confort. El rector Riascos Micolta es aliado político, socio y amigo del congresista del Centro Democrático Milton Angulo Viveros. El 11 de diciembre del año pasado, Riascos rindió un homenaje a Angulo Viveros por “su abnegado compromiso con la educación, en el que reconoce que los docentes tienen un sitial importante en la preparación de las actuales y futuras generaciones que, sin fudamento contribuirán a la transformación de la realidad del Pacífico colombiano y del país”. El evento se llevó a cabo en el auditorio del Hotel Torre Mar, bajo la fachada de condecorar a los “mejores maestros de 2020” en Buenaventura. Desde que llegó al rectoría, Riascos se ha encargado de hacer distintos nombramientos a cuotas políticas del representante a la Cámara uribista en una fórmula que consiste en despedir a los docentes que se oponen a sus ideas e incorporar a las personas que Angulo Viveros le ordena. Es el caso de Elvia Lucy Abonce, ex candidata del Centro Democrático a la alcaldía de Buenaventura en 2019 que, tras ser derrotada en las elecciones de octubre de 2019, ahora es miembro del Consejo Superior de la Universidad por cuenta de la gestión de Milton Angulo. Abonce es aliada política del representante Milton Angulo. Ella aparece con él en una fotografía del 20 de julio de 2018, fecha en la que se posesionan los Congresistas en Colombia, en la que el líder bonaerense del Centro Democrático asegura de forma tergiversada que le está imponiendo “la medalla insignia como representante a la Cámara”, cuando en realidad se trata de un prendedor común y corriente que le está acomodando en su traje. También es el caso de la ahora profesora de la Universidad del Pacífico Irma Payán, que fue candidata al Concejo de Buenaventura en 2019 pero también se quemó, como Abonce. Su premio de consolación fue un contrato con la institución educativa. La rectoría de Riascos no ha estado ajena a los escándalos de corrupción. Una auditoria de la Contraloría Delegada para el sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte evidenció problemas fiscales con incidencia penal en la Universidad del Pacífico. Por ejemplo, durante el año 2019 la institución universitaria expidió certificados de disponibilidad para respaldar gastos que se generaran de dos tarjetas de crédito Visa y Máster Card del Banco de Occidente omitiendo las normas de austeridad, evidenciando el despilfarro de recursos utilizándolos para gastos que no tenían que ver con la misión de la Universidad del Pacífico. La Contraloría reveló que presuntamente se robaron 177 millones 235 mil pesos “situación que genera detrimento al patrimonio del Estado y reducción de los recursos destinados a atender las necesidades prioritarias de la Universidad”. La madre de familia Esmeralda Quiñonez, que tiene a su hijo estudiante en la Universidad del Pacífico, envió una carta al Ministerio de Educación el pasado 11 de enero, en la que solicita que le prohiban al rector despedir a más de 70 docentes que no son de los afectos del rector Riascos ni del congresista Milton Angulo. La señora asegura que siendo el 2021 un año pre-electoral “todo lo anterior, lo ha venido haciendo el señor Dagoberto Riascos con el ánimo de continuar con el control de la Universidad al precio que sea necesario. Siendo éste, un año netamente político, el señor Dagoberto desea garantizarle cuotas burocráticas y demás arandelas al representante Milton Angulo Riveros, por ello, piensa tumbar el proceso de designación de rector en propiedad para de esta manera continuar con el poder”. Veintiun estudiantes del programa de Hotelería y Turismo manifestaron en otra carta su rechazo a la decisión del rector de no renovar el contrato de las docentes Magda del Rocío Gonzáles Gutiérrez, Waldis Natalia Conrado Gamboa y Erika Ibargüen Angulo. “No estamos de acuerdo con la manera en la cual están sacando a dichas docentes del programa y despidiéndola de la universidad sin darse a conocer una justa causa y clara razón. Es por eso que hoy los estudiantes nos ponemos en pie de lucha para abogar por nuestras docentes, ya que es mucho lo aprendido por por ellas. Hoy los estudiantes aclaramos ante usted por estas profesoras”. De acuerdo con Rómulo Caicedo Riascos, el rector elaboró una estrategia suspicaz para evitar que los docentes que se oponen a su gestión no aspiraran a ser candidatos a rector, inscripción que tuvo plazo hasta el 25 de enero. Como el país entró en pandemia en marzo del año pasado, la Universidad del Pacífico extendió el segundo semestre de 2020 hasta marzo de 2021 pero la contratación de docentes del año pasado estaba pactada entre enero y diciembre porque nadie sabía que mundo entraría en una crisis por la Emergencia del Covid 19. Por lo tanto, la rectoría debió renovarle por treses meses, con un otrosí o cláusula en el contrato, a los docentes de los programas. Pero esto no fue así. En su declaración Caicedo agrega que “para poder inscribirse como candidato a dicha representación estamentaria, los docentes tienen que estar contratados por la Universidad a partir de 2021, es decir, lo que aquí está pretendiendo el rector con su actuar desleal, no es otra cosa que dejar expirar deliberada y malintencionadamente el plazo de inscripción de candidaturas, el cual según el cronograma electoral establecido en el Acuerdo No. 090 de 2019, tiene su fecha límite el próximo 25 de enero, dicho en otras palabras se trata de la estrategia macabra y perfecta para impedir que haya competencia para sus candidatos, lo que en últimos significaría que si una vez cerradas las inscripciones solo se presentó una sola plancha, esta automáticamente ocupa el escaño como representante de los docentes ante el Consejo Superior Universitario conforme a lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo Superior No. 070 de 2019 en su parágrafo”. En algunos casos, se prescindió de los servicios profesionales de los docentes que el rector ve como una amenaza y que la facultad de Obras Civiles, Cine y Hotelería y Turismo se han quedado sin sus profesores principales. “No hay ninguna explicación parea que hasta el momento de escribir estas líneas, no hayan sido contratados la gran mayoría de docentes universitarios, quienes una vez contratados quedan habilitados para elegir y, por qué no decirlo, para postularse como candidatos a la representación por el estamento docente, si alguno de ellos lo considera pertinente, situación esta que resulta demasiado curiosa y suspicaz, pero menos explicación tiene el hecho de enterrarnos por fuentes extraoficiales que en este momento los candidatos que respalda abiertamente y quiere imponer la administración para la representación de los docentes, es decir, la plancha conformada por los profesores Lides Leonardo Lerma (principal) y Juan Ricardo Buenaventura (Suplente), es hasta el momento, la única plancha inscrita ante la Secretaría General de la Universidad”, dice la denuncia de Caicedo Riascos.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. De acuerdo con la rendición de cuentas del Ministerio de Defensa, supuestamente, para 2020; Colombia alcanzó la cifra más alta de erradicación de cultivos ilícitos con más de 130 mil hectáreas. Para la Fundación Paz y Reconciliación las cuentas del Gobierno Nacional no cuadran. Incluso, que las cifras estarían siendo infladas. Para Pares, si las cifras presentadas por el Gobierno Nacional cuadraran, prácticamente, se habría acabado con las siembras de coca en el territorio nacional. Por el contrario, la reducción es mucho inferior. Esta advertencia la ha venido haciendo Pares desde 2018, 2019 y, en este caso 2020, hay preocupación por cuenta de una estrategia que está resultando ineficiente con un mayúsculo problema de cifras. Por ejemplo, en 2019 la reducción fue tan solo de 8.000 hectáreas aproximadamente. Uno de los aspectos a resaltar bajo la lectura de Pares sobre la reducción de coca en Colombia tiene que ver con que ésta obedece más a los impactos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que del despliegue de operativos de erradicación forzada a manos del Ejército Nacional. Lo anterior, según Pares, es debido a que en los municipios que se erradica, pero no hay PNIS aumentaron en área sembrada, mientras que en los municipios donde más hectáreas se erradicaron vía PNIS ocurrieron las disminuciones más pronunciadas. Los errores o la causa del desfase en los datos hay que buscarlos en las cifras reportadas por erradicación forzada que lucen desproporcionadas, en la metodología para estimar el número de hectáreas por territorio, en la focalización espacial y en la efectividad de la política de erradicación. Uno de los nefastos efectos que ha traído consigo la insistencia de la erradicación forzada en los territorios por parte del Gobierno Nacional ha sido las violaciones a los Derechos Humanos por parte del Ejército Nacional. De hecho, para 2020, en las subregiones con más concentración de cultivo de coca —Catatumbo y Pacífico Nariñense— se registraron seis (6) ejecuciones extrajudiciales en 2020. Imagen: Pares. Con menos hectáreas se está produciendo más coca Para Ariel Ávila, subdirector de Pares, frente a la situación en la que se estarían inflando las cifras de erradicación forzosa por parte de la fuerza pública colombiana existen cuatro (4) aspectos a resaltar: I. Si se analiza la cantidad de contingentes militares que hay para la erradicación frente a las hectáreas erradicadas las cuentas no dan. En dicho caso, habría zonas en las que los contingentes militares tendrán que trabajar 24 horas, no dormir, no comer; para poderse acercar a esa cifra. II. Hay departamentos con erradicación muy alta, además sustitución voluntaria a través del PNIS y, a pesar de ello, a finalizar el periodo las hectáreas de cultivo de hoja de coca aumentan. Este escenario lleva a que: “O se está mintiendo en las cifras o que es un rotundo fracaso la política, porque la resiembra sería brutal”. III. Este escenario obedece a que no hay auditorias sobre las cifras. Es muy baja la auditoria que dejan hacer las Fuerzas Militares y la Policía. IV. Con menos hectáreas se está produciendo más cocaína. En gran parte esto tiene que ver con los precios del mercado internacional. El precio de la droga está muy alto. “Un fracaso total de la política antidrogas” De acuerdo con la investigación adelantada por la Oficina de Pares Pacífico y la Línea de Investigación de Conflicto Paz y Postconflicto de Pares; hay un aumento en la producción de toneladas métricas de cocaína. Lo que está ocurriendo en Colombia es que hay un fortalecimiento en las regiones cocaleras, mientras la coca no se expande a lo largo y ancho del país. Según el Gobierno Nacional, se erradicaron manualmente 94.000 ha. y a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) otras 40.000 ha., para un total de 134.000 ha. aproximadamente. Un ejemplo que muestra que las cuentas del Gobierno Nacional no cuadran tiene que ver con el municipio de Tumaco, en Nariño. Éste, es el segundo municipio con mayor concentración de Cultivos de Uso Ilícito. Ahora bien, en Tumaco supuestamente se erradicaron 21mil ha, sin embargo, la reducción resultó ser de 5mil ha. Acercamiento a Tumaco Para Ivonne Quiñónez, lideresa social y enlace territorial de Pares para el Pacífico Nariñense, “en Tumaco, como en otros municipios de la Costa Pacífica Nariñense, los erradicadores por simples razones de sobrevivencia han tenido que limitar sus tareas ya sea de manera regular o irregular.» Esto, debido a que la gran mayoría de cultivos de uso ilícito, están custodiados por minas antipersonales y otros artefactos explosivos colocados estratégicamente por las estructuras armadas organizadas dedicas al narcotráfico y en términos generales a las precarias medidas de protección para el desarrollo de esta labor. Además de lo anterior, las comunidades cocaleras, viven en permanente resiembra. Por otro lado, de acuerdo con Quiñónez, “el Pacífico Nariñense es un indicador que las cifras del gobierno Duque en torno a la erradicación forzada, están infladas; en sólo dos años, el número de estructuras armadas organizadas dedicas al narcotráfico, se ha triplicado en este territorio. Estas, unidas o solas, se disputan a sangre y fuego el control territorial debido a la alta presencia de cultivos de uso ilícito y acceso a corredores estratégicos para el narcotráfico”. Un ejemplo que muestra que las cuentas del Gobierno Nacional no cuadran tiene que ver con el municipio de Tumaco, en Nariño. Éste, es el segundo municipio con mayor concentración de Cultivos de Uso Ilícito. Ahora bien, en Tumaco supuestamente se erradicaron 21mil ha, sin embargo, la reducción resultó ser de 5mil ha. Foto: Pares. Municipios más cocaleros De acuerdo con las proyecciones expuestas por Pares, hay un grave problema de cifras, no cuadran para estos 20 municipios, pues en los últimos 2018 y 2019 se erradicaron 109.981 Ha, sea mediante PNIS (13.123 Ha.) o erradicación manual (96.858 Ha.), pero en total apenas disminuyeron 1.487 Ha. Un fracaso total de la política antidrogas. Ahora bien, detrás de las declaraciones del Gobierno Nacional Pares hace hincapié en que “la mayoría de los municipios cocaleros aumentaron los cultivos de coca, dentro de los diez primeros en ocho hubo variaciones positivas significativas.” Asimismo, según lo expuesto por Pares, los veinte municipios con más coca de Colombia concentran “el 67,1% de toda el área sembrada en 2019 pero apenas representan el 36,5% de las hectáreas erradicadas por PNIS. Esto quiere decir que hubo una focalización desbalanceada y que donde no hay PNIS o es insignificante el número de hectáreas entonces aumentó en área sembrada.” Errores y desfases De acuerdo con esta tabla, Pares advierte que “las cifras de reducción de hectáreas sembradas por coca entre 2017 a 2019 (17.019 Ha) no se corresponde con la cantidad de hectáreas que se reportan como erradicadas vía PNIS hasta el 31 de diciembre de 2019 (35.997) o de manera forzada entre 2018 y 2019 (154.584). O, dicho de otra manera: las 190.000 Ha erradicadas en los últimos dos años apenas se reflejan en una disminución de 17.019 Ha de área sembrada por cultivos de coca en el periodo analizado.” Mentiras y presiones Esta situación se suma al reportaje realizado por Noticias Caracol en la que se conocieron declaraciones como las de un erradicador contratista de la Policía Nacional, que lleva trabajando más de 10 años. Según el informe, durante sus años como erradicador señala haber realizado informes falsos en los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Antioquia. La fuente entrevistada por el medio señaló: “Si el reporte es de cuatro hectáreas por cada grupo, y hay veinte grupos, son 80 hectáreas que tiene que reportar todos esos grupos. De esas 80 hectáreas que se haya erradicado supuestamente 40, 30, de resto es pura falsedad”. Por otra parte, en el reportaje de Caracol Noticias alertan sobre una denominada “cascada de presión” sobre resultados de erradicación forzada. De acuerdo con una denuncia que reposa en la Procuraduría General de la Nación y que fue interpuesta por un sargento del Ejército contra un coronel del Batallón de Operaciones Terrestres No 10 del departamento de Norte de Santander; existieron presiones para la “realización de erradicaciones falsas de cultivos de mata de hoja coca”. Incluso, en el documento el sargento precisó que “mandaron a dos soldados para presionarme y que me incitaran a realizar esta actividad ilícita”. Precisamente, los municipios que conforman la región del Catatumbo, en donde opera este batallón, `son de los que más aumentaron se áreas sembradas de coca para 2020. Esta situación no se supedita al Ejército, según las denuncias en la Policía también está sucediendo este fenómeno. Tal como lo dio a conocer un erradicador contratista de la Policía a Noticias Caracol; “Un mayor tuvo problemas con un grupo de erradicadores porque él dijo: el grupo que me reporte las 300 hectáreas en los 75 lo saco y lo mando a descansar (…) un grupo por allá imagínese que en 35 días le reportó más de 300 hectáreas. 300 no se sacan ni en los 75 días. En 35 días por mucho, mucho, 100 hectáreas.” Una política sin rumbo Pares habló con Juan Carlos Quintero, directivo de ASCAMCAT y coordinador del eje de paz, implementación y DD.HH., sobre cuál puede ser el rumbo al que está dirigiendo Duque a Colombia con la insistencia en esta política antidrogas. Para Quintero “esa política es un gran falso positivo que tiene varios propósitos. Por un lado, pretende brindarle resultados a Washington frente a la amenaza que tenía el expresidente Donald Trump de descertificación hacia Colombia y Duque, en su desespero y la incompetencia de este gobierno, presenta resultados que no son ciertos.” Por otro lado, según Quintero, tiene que ver con una intención de legitimar las medidas de fuerza. Con el objeto de presentarlas como “la única salida al problema estructural de los cultivos de coca.” El tercero, según el directivo de ASCAMCAT, también pretende desconocer la política pública del Acuerdo de Paz. Cuarto y último, para Quintero, “mantener el statu quo del narcotráfico”. Habría que averiguar hasta qué nivel están comprometidas ciertas unidades militares en relación al tráfico de drogas en los territorios más afectados por los cultivos de coca y de marihuana en Colombia.” Algunos casos de ejecuciones extrajudiciales en erradicación forzada Uno de los nefastos efectos que ha traído consigo la insistencia de la erradicación forzada en los territorios por parte del Gobierno Nacional ha sido las violaciones a los Derechos Humanos por parte del Ejército Nacional. De hecho, para 2020, en las subregiones con más concentración de cultivo de coca —Catatumbo y Pacífico Nariñense— se registraron seis (6) ejecuciones extrajudiciales en 2020. De acuerdo con investigaciones Pares, en 2020 —en el marco de los operativos de erradicación forzada adelantadas por el Ejército Nacional— se han presentado cuatro (4) ejecuciones extrajudiciales, en el Pacífico Nariñense. Por otra parte, se ha registrado la muerte de siete (7) personas por minas antipersonas y cuatro (4) miembros de la Fuerza Pública. Asimismo, el pasado 18 de mayo de 2020, Pares dio a conocer la denuncia ASCAMCAT sobre el asesinato Emérito Digno Buendía Martínez— miembro de la Guardia Campesina del Catatumbo de ASCAMCAT— a manos de uniformados del Ejército colombiano, batallón Hermógenes Maza. El hecho ocurrió en el asentamiento campesino ubicado en la vereda Tutumito, zona rural de Cúcuta. El pasado 26 de marzo, también fue asesinado Alejandro Carvajal, en la vereda Guayacanes en zona rural de Sardinata. *** Así las cosas, las comunidades continúan exigiéndole al Gobierno Nacional la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Todo ello mientras el Gobierno Nacional camina por la cornisa de unas cifras que no cuadran y le continúa apostando a una política que cada vez más se advierte obsoleta.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Como en los tiempos de mayor violencia en Colombia, así fue el fin de semana el Yarumal, luego que se conociera y fuera denunciado que había sido hallado el cuerpo de José Miguel Barrientos Uribe, quien había recibido impactos de arma de fuego y posteriormente había sido degollado en la vereda La Zorra, del corregimiento de Ochalí de este municipio ubicado al norte de Antioquia. Como se ha relatado, José Miguel, de 39 años, salió el pasado viernes desde su vivienda, ubicada en Ochalí, hacia una finca de la zona en donde trabajaba. En el camino fue interceptado por hombres armados, quienes lo asesinaron. “El cuerpo presentó heridas con arma de fuego en el abdomen que inicialmente le causaron la pérdida de su vida. Posteriormente los criminales lo decapitaron y arrojaron su cabeza en el centro poblado de Ochalí”, comentó a medios de comunicación Jorge Cabra, comandante de la Policía de Antioquia. De acuerdo con información oficial el cuerpo de Miguel Barrientos Uribe fue trasladado a la zona urbana del municipio para todas las diligencias de Medicina Legal, así como para determinar por medio de la investigación forense todos los actos primarios del modo, tiempo y lugar de los hechos. Si bien, hasta el momento no se ha establecido quiénes fueron los responsables de este asesinato, y tampoco sobre a qué grupo armado pertenecerían los implicados, la comunidad sí ha alertado de los constantes hechos victimizantes contra la comunidad, donde implantar miedo ha sido uno de los principales recursos de los grupos armados ilegales para ganar poder en estos territorios. Hay que traer a colación que el pasado 15 de junio de 2020 en el municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca Antioqueño, fue asesinado el líder social Edier Adán Lopera, presuntamente por Los Caparros, quienes decidieron dejar el cuerpo expuesto en una vía de la vereda Caracolí como un mensaje de intimidación para los habitantes. El cuerpo del líder, quien hacía parte del Programa Nacional Voluntario de Cultivos de Uso Ilícito y también del Movimiento Político Marcha Patriótica, fue dejado en dicha zona por 09 días, pues como se denunciaba en ese momento desde la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac), debido al régimen de terror que implantó el grupo criminal en Tarazá, ninguna persona se había acercado a levantar el cadáver. Fue hasta el 24 de junio que miembros de la Fuerza Pública pudieron acceder a la zona para rescatar el cuerpo y trasladarlo a Medicina Legal. Hay que indicar que solo en lo que va del año han sido asesinados/as cinco líderes/as sociales en Antioquia, uno de los departamentos que durante el 2020 tuvo mayores índices de violencia. Además, más precisamente en el municipio de Yarumal, Medicina Legal reportó que durante el 2020 hubo un total de 38 homicidios. Adicionalmente, durante el año pasado desde la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia (REDOSC) se denunciaron los asesinatos de los campesinos Edwin Felipe Posada Olarte de 15 años, y Jaider Erney Villa Vélez, ambos cometidos por el grupo armado posfarc -GAPF- Frente 36 en Yarumal, Antioquia el 19 y 16 de junio, respectivamente. Como se señalaba en el sistema de información Sipares: “este comando (Frente 36) han ocupado militarmente varias veredas en el marco de la operación especial que busca frenar la operación mil quelas AGC están llevado a cabo desde el mes de mayo para ocupar el municipio de Ituango”. La sombra del paramilitarismo que persigue a Yarumal Hay que iniciar señalando que en Yarumal hay cerca de 46.000 habitantes, de los cuales 9.874 están registrados como víctimas del conflicto armado. Esta zona históricamente ha estado bajo el control de Los Urabeños, el Clan Úsuga, hoy denominado Clan del Golfo, además tuvo incursiones por parte del Frente 36 de la antigua guerrilla Farc y también del ELN. Este municipio ha cobrado gran importancia dentro del departamento pues su ubicación geográfica permite que sea es un corredor de narcotráfico clave que conecta con zonas del Bajo Cauca antioqueño como Cáceres, Caucasia y Nechí. Asimismo, hay que nombrar que en este sector de Antioquia nació en 1992 el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, una estructura conformada por ganaderos y empresarios que contaron con el apoyo de la Policía y otras autoridades del departamento bajo el objetivo de la mal llamada “limpieza social” que a su paso dejó miles de víctimas, y donde ha estado implicado en las investigaciones Santiago Uribe Vélez, quien afronta un proceso con la justicia, que a hoy está en su etapa final. Adicionalmente, este municipio, y en especial el corregimiento donde se denunció el asesinato de Miguel Barrientos: Ochalí, fue, en uno de los periodos históricamente más violentos, el epicentro de una de las masacres más crueles que han ocurrido en el territorio; pues en esta zona finalizó el 17 de enero del 2000 un “recorrido de la muerte” en el que cerca de 150 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinaron a 16 personas en cuatro caseríos del municipio de Yarumal. Dejaron cuatro (4) víctimas mortales en su paso por La Quiebra, dos en el corregimiento El Llano, uno más en la vereda La Rivera y por último llegaron a Ochalí, donde luego de reunir a sus pobladores en el parque principal fusilaron a otras nueve personas públicamente. *** Hoy, con riesgo inminente de desplazamiento forzado por parte de los habitantes de Ochalí dados los más recientes hechos, hay que resaltar las palabras Yesid Zapata, del Proceso Social de Garantías para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en el departamento de Antioquia, con quien Pares pudo hablar en relación con este panorama. Pares: Desde el Proceso Social de Garantías ¿cuál es la lectura que se hace de lo que está ocurriendo en Yarumal? Yesid Zapata: El pasado fin de semana conocimos del homicidio contra un campesino, que luego de varias averiguaciones pudimos comprobar que se trataba de un líder social de nombre José Miguel Barrientos. El análisis que hacemos de esta situación tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, para nadie es un secreto que luego de la firma del Acuerdo de Paz varios territorios estratégicos los tuvieron en cuenta otros actores armados, en este caso como las AGC, para tratar copar y controlar esas zonas; uno de estos territorios en Yarumal, donde además también es muy probable que haya disidencias de las Farc del Frente 18. Lo que indica que seguramente hay una disputa por este sector, donde, además, entre otras cosas, hay mucha minería. Conjuntamente, en junio del año pasado, nosotros hicimos una alerta desde la sociedad civil advirtiendo que había un plan para expandir los territorios en control de las AGC, ese plan lo denominaban ellos mismos “el plan mil”, el cual consistía en llevar mil hombres armados a esta zona, especialmente a Ituango, para adueñarse totalmente de esta región, cosa que lograron. Gran parte del territorio de Ituango es controlado de manea total y parcial en algunas zonas por las AGC, lo que ha generado, por ejemplo, el desplazamiento de la zona veredal de Santa Lucía de los firmantes de paz que permanecían allí, asimismo, como el desplazamiento gota a gota de varias comunidades y graves vulneraciones contra la vida e integridad de líderes y lideresas sociales. Este año se presentó el primer homicidio en la vereda Las Cuatro muy cerca de la zona de la que estamos hablando. Probablemente este plan se quiere expandir a esta parte del norte de Antioquia que coincide con el municipio de Yarumal, y que lo que hacen es implementar estrategias y agresiones muy crueles contra la comunidad en general. En Ochalí, por ejemplo, no solo se ha presentado este hecho, sino que constantemente hay desplazamientos de líderes/as, amenazas y asesinatos que lamentablemente demuestran que hay un Estado que no está protegiendo a la población, no está brindando garantías de seguridad y de no repetición. Igualmente, a pesar de la situación ampliamente advertida tanto en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, como las denuncias que hemos hecho desde la sociedad civil, estos hechos parecieran que se volvieron parte del paisaje porque no hay respuestas contundentes. Pares: Teniendo en cuenta el ejercicio que se hace desde el Proceso Social de Garantías, ¿cuáles son los efectos que este tipo de intimidaciones trae para las y los defensores de Derechos Humanos en una zona como Yarumal donde son de vital importancia estos ejercicios de acompañamiento y veeduría, teniendo además en cuenta el contexto histórico de esta zona? Y.Z: Muchos hablan de que este hecho recuerda la llegada de Los 12 Apóstoles a este municipio. Para nosotros el paramilitarismo nunca ha dejado de existir Yarumal. De hecho, controlan gran parte de las zonas urbanas del municipio e inciden en dinámicas sociales, políticas, culturales y económicas. Con este nuevo hecho lo que nosotros creemos es que es una demostración no solo de poder, sino de que están ahí, de que quieren nuevamente controlar esta zona donde probablemente hay presencia de las disidencias, y donde posiblemente también haya algunos sectores o personas a quienes la presencia de líderes o lideresas les incomoda por intereses que tienen sobre el territorio. A esto se suma la falta de garantías para las y los defensores que de por sí ya hay, pues aquí también hay una intención de callar el movimiento social, pues es este el que ha sido por años víctima directa de toda esta violencia por parte de actores enemigos de los intereses comunes, por eso es muy probable que quieran someter las juntas de acción comunal, las personas líderes y lideresas, y también quieren imponer sus propias reglas en esta zona y eso va a tener graves repercusiones en términos de democracia y participación. Aquí es necesario mencionar que el primer responsable de que todo esto esté pasando es el Gobierno nacional y departamental, porque son zonas sobre las que se han hecho advertencias, son además puntos en los que la violencia sigue siendo una constante y no se encuentra una acción real del Estado por tratar de controlar esta situación que está en una crisis total, que quieren dejar en el negacionismo, lo que a nuestro modo de ver los convierte en cómplices. Pares: Hoy 01 de febrero, luego de lo ocurrido, ¿cuál es la situación precisa en Ochalí? Y.Z: La gente está con mucho miedo, con mucha zozobra, y a su vez esto ha generado un total repudio de la población. Nosotros tememos que después de eso se presenten desplazamientos masivos o individuales, y que de nuevo el papel del Estado quede nuevamente relegado a lo que los grupos armados quieran imponer. Adicionalmente, durante el fin de semana aparecieron unas pintas alusivas a las AGC en el sector conocido como Mina Vieja, esto queda a 10 minutos del casco urbano de Yarumal, lo que sigue demostrando que son ellos quienes están controlando la zona y de que no hay una institucionalidad interesada en el territorio.

Por: Lina Gaitán Mateus. Investigadora Pares. Como lo señaló la Jurisdicción Especial para la Paz, el inicio del año 2021 ha sido el más violento que se ha vivido en el país tras la firma del Acuerdo Final de Paz, hace ya cuatro años (JEP, 2021). La Sierra Nevada de Santa Marta no escapa a estas lógicas, pues desde mediados de 2020 las comunidades que habitan allí han denunciado el incremento de la presencia de grupos armados organizados (GAO) dentro del territorio, así como su injerencia en el fortalecimiento de economías ilegales en la región. Estas violencias se han focalizado en las personas líderes y defensoras de Derechos Humanos. La pandemia que se recrudece en el país La noche del domingo 24 de enero, un grupo de aproximadamente diez hombres fuertemente armados atacaron a cerca de 30 autoridades indígenas de la comunidad Kogui quienes planeaban reunirse en el corregimiento de El Palmor, ubicado en el municipio de Ciénaga, Magdalena. Tras preguntar por tres (3) líderes a quienes presuntamente querían llevarse, los desconocidos amenazaron y golpearon a los asistentes, instándolos a abandonar el territorio bajo la amenaza de agredirlos nuevamente. Al día siguiente, un grupo de indígenas y líderes entre quienes se cuenta al gobernador del cabildo Kogui para el departamento de Magdalena, Atanasio Moscote Gila, interpusieron las denuncias correspondientes para activar los mecanismos de respuesta necesarios para salvaguardar su vida e integridad. A esta crisis en cuanto a la atención que reciben los líderes y lideresas ante los ataques que se comenten en su contra, se suma la estrategia gubernamental para desmantelar los GAO en la región, la cual ha demostrado ser insuficiente hasta el momento. Imagen: Pares. A este hecho se suma el ataque hacia la lideresa Yubitza Robira Monsalve, directora de la fundación Tejiendo Cultura Caribe, ocurrido el pasado lunes 18 de enero, cuando cinco hombres armados la agredieron físicamente mientras ella se encontraba trabajando en su parcela ubicada en la vereda Sierra Morena, del corregimiento El Palmar, y la amenazaron para que dejara la región. Al día siguiente de este suceso, la seccional Atlántico de la fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP- denunció que Yubitza tuvo que desplazarse de Ciénaga con la ayuda de otras defensoras de la región ante la falta de respuesta institucional. Pero este no es el único acto de violencia cometido contra ella, quien es reconocida en la región por hacer parte de la oficina PDET de Ciénaga desde donde asesoraba proyectos de mujeres referentes a la implementación del Acuerdo de Paz en la Sierra Nevada: durante el mes de septiembre de 2020 su nombre apareció en un panfleto en el cual se la acusaba de ser colaboradora del GAO Los Pachenca. Un legado que azota a la Sierra Nevada Para los líderes y lideresas sociales que habitan la Sierra Nevada, a la incertidumbre generada por el panorama de vulneración contra ellos en el país, cuyo principal -pero no único- repertorio han sido los asesinatos selectivos que hoy alcanzan la cifra de 517 casos según el Sistema de Información SIPARES, se suma la preocupación por la posibilidad de que renazcan formas de violencia vividas en el pasado. Un día después del ataque a la comunidad Kogui, Hernán Giraldo Serna, cabecilla del bloque Resistencia Tayrona de las AUC conocido como “El Taladro”, fue deportado a Colombia tras pagar una condena de doce años en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. La llegada de Giraldo Serna, conocido por ejercer control territorial mediante el abuso sexual a menores de edad, ha generado zozobra entre la población civil, pues como indicó la defensora de Derechos Humanos Norma Vera Salazar al diario Infobae en días anteriores, este criminal “fue extraditado, pero nunca se fue del territorio” dado que sus familiares han estado involucrados con las estructuras armadas heredas del paramilitarismo que ejercen control en Santa Marta y por ello “hoy usted ve que en territorio la gente anhela la “llegada del Patrón, porque el Patrón si pone orden”. Muestra de ello son las palabras que los atacantes le dijeron a Yubitza ese 18 de enero, consignadas en la denuncia del CSPP: “5 hombres armados […] manifestaron la siguiente amenaza: que tenía que respetar pues ya volvía el “El patrón”. Esta mención de Girado Serna, en conjunción con los ataques que se están presentando contra mujeres líderes y defensoras en el departamento del Magdalena desde 2020, incrementa el escenario de preocupación para ellas dado que el accionar paramilitar en la costa atlántica tuvo unas afectaciones diferenciadas por condiciones de género, debido a la saña que esas estructuras tuvieron sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Las más recientes denuncias junto a los datos del SIPARES, según los cuales durante enero de 2020 y enero de este año se registraron seis casos de asesinatos selectivos y desplazamientos contra líderes y lideresas sociales de Santa Marta, demostrarían la configuración de un posible escenario de vulneración particular contra las mujeres. A esta conclusión se llega si se tiene en cuenta que, de esos seis casos, cuatro afectaron a mujeres; de esos hechos sobresalen el asesinato de la defensora Pierangelly Hugueth Henriquez, el 8 de junio, y el asesinato de la lideresa comunal Rita Rubiela, Bayona el 25 de agosto. Ante la llegada del exjefe paramilitar, autoridades locales y regionales solicitaron desde inicio de este año al gobierno nacional una atención especial a lo que sucedería en el departamento en medio de un consejo de seguridad que se realizó en Santa Marta que contó con la presencia del recientemente fallecido Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. En ese espacio se solicitó la implementación de un plan de contingencia que incluyera a diferentes actores y sectores para responder a las afectaciones que pudiesen cometerse contra la población, y para poder garantizar la protección del liderazgo social en la zona. Sin embargo, los compromisos adquiridos entonces no se tradujeron en acciones concretas que garantizaran dicha protección y bienestar. Las más recientes denuncias junto a los datos del SIPARES, según los cuales durante enero de 2020 y enero de este año se registraron seis casos de asesinatos selectivos y desplazamientos contra líderes y lideresas sociales de Santa Marta, demostrarían la configuración de un posible escenario de vulneración particular contra las mujeres. A esta conclusión se llega si se tiene en cuenta que, de esos seis casos, cuatro afectaron a mujeres; de esos hechos sobresalen el asesinato de la defensora Pierangelly Hugueth Henriquez, el 8 de junio, y el asesinato de la lideresa comunal Rita Rubiela, Bayona el 25 de agosto. Imagen: Pares. Las respuestas que se siguen mostrando ineficientes El incremento de estas vulneraciones había sido señalado por la Defensoría del Pueblo desde tiempo atrás mediante la Alerta temprana N°044 de 2020, en la que se especifican los riesgos que corren los y las defensoras y lideresas del departamento de Magdalena, haciendo especial énfasis los municipios de Ciénaga, Fundación, Aracataca, Zona Bananera y Santa Marta. La Defensora Regional del Pueblo, Nayara Vargas, aceptó el aumento de agresiones hacia las mujeres y la reactivación de denuncias ante las recientes amenazas que se han vivido en la región, y esta entidad publicó un comunicado en el que anuncia que activó la ruta de protección ante el ataque a las autoridades indígenas de la comunidad Kogui. Pese a ello, las denuncias de organizaciones de la sociedad civil que tienen presencia en la región sobre la falta de acompañamiento por parte del Estado, como ocurrió en el caso de Yubitza, evidencian la escasa operatividad de estas rutas. A esta crisis en cuanto a la atención que reciben los líderes y lideresas ante los ataques que se comenten en su contra, se suma la estrategia gubernamental para desmantelar los GAO en la región, la cual ha demostrado ser insuficiente hasta el momento. Todos los elementos están dados en la Sierra Nevada para que, si ambas políticas no tienen un viraje que focalice y priorice las realidades de las poblaciones civiles y de las personas defensoras de Derechos Humanos, haya una verdadera crisis de derechos en la región. Adicionalmente, el papel de las instituciones frente al juzgamiento y condena de Giraldo Serna por los crímenes cometidos en su rol de jefe paramilitar determinaran el clima social de la Sierra y el panorama de las conflictividades que vivirán quienes habitan este lugar.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. Los detractores del acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se quedaron viendo un chispero, creían que al igual que la justica transicional que “juzgó” a los paras, la JEP sería un canto a la impunidad. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, con sus tres salas (de reconocimiento de la verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas, la sala de amnistía e indulto y la última de definición de situaciones jurídicas), es la encargada de saber, investigar y definir jurídicamente la situación de miembros de la extinta guerrilla de las Farc, unidades de la Fuerza Pública, así como de terceros civiles, todo ello primando los derechos de las víctimas del conflicto armado Colombiano. La semana anterior culminó con la expectativa generada ante la imputación de cargos por parte de la sala de reconocimiento de la JEP, a 8 de los miembros del antiguo secretariado de las Farc, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del llamado caso 01. Además de “crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes”, tiene responsabilidad de otros crímenes cometidos en relación con el secuestro, tales como como “homicidio, desaparición forzada, tortura, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado”. “Con esta providencia que emitimos hoy comienza la producción de decisiones de fondo en la Jurisdicción Especial para la Paz”, expresó el caucano Eduardo Cifuentes presidente de la entidad. Si pasado 30 días, los imputados reconocen los cargos, se abre el camino de las sanciones propias, de lo contrario se exponen a sanciones de hasta 20 años de prisión. En el modelo de la JEP (Su fin es la justicia para la paz y la reconciliación), por primera vez se integra a las víctimas al proceso penal, además nace por que la justicia ordinaria es paquidérmica y permite la impunidad. En una de nuestras tertulias de la cuarentena humana, Gabriel Bustamante nos recordaba que Michel Foucault en su texto “vigilar y castigar”, dice: “la base del derecho penal es la venganza social”, en referencia a la justicia ordinaria. Los miembros del ex secretariado, firmaron el acuerdo, conocen el sistema de JEP, lo que quiere decir asumirán sus responsabilidades y penas determinadas por las mismas; no podrán ser décadas de privación de la libertad, un comandante de 60 años de edad no va a firmar un pacto para pagar 30 años de cárcel, preferirían morir en sus actividades insurgentes. La verdad es la base de este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, sobre la verdad se construye el sistema judicial para la reconciliación. El país quiere que reconozcan, expliquen las situaciones personales y colectivas, no para justificarlas, si para entenderlas y así poder avanzar a la reconciliación como nación, objetivo final de la negociación. Debemos igualmente esperar y “celebrar” el llamado a terceros civiles, aportantes a la guerra de más de 50 años.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. El Gobierno Nacional está ignorando una guerra a sangre y fuego que durante los últimos tres (3) años se ha recrudecido en la gran región del Nudo de Paramillo, compuesta por Norte, Bajo Cauca, Occidente antioqueño y Sur de Córdoba. Guerra que ha dejado, entre otras tantas victimizaciones, cerca de 20.000 personas desplazadas de manera forzada, alrededor de 1.200 personas asesinadas y cerca de 60 líderes y lideresas asesinadas. Según la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia (REDOSC) —que alerta sobre el anterior panorama— para aproximarse a los recientes hechos que han ocurrido en el Norte de Antioquia y en Ituango; no se puede desligar, por ejemplo, a este municipio del Nudo de Paramillo y de sus dinámicas de violencia. De hecho, Ituango tiene el 52% de su territorio entre el Paramillo. Esta gran región es una de las zonas de reserva natural más importante del país y cuenta con el Parque Natural Paramillo que tiene una extensión aproximada de 504.014 hectáreas y —según Parques Naturales— tiene “ecosistemas de selva húmeda tropical, planos inundables, bosques andinos y subandinos, humedales y páramos.” Precisamente, entre los actores que se disputan el Nudo de Paramillo se calcula que pueden haber cerca de 4.000 hombres, incluyendo la Fuerza Pública. De acuerdo con la REDOSC, no se entiende porqué el Gobierno Nacional renunció al objetivo de paz en el Nudo de Paramillo. Recuperar esta región ha sido un tema de seguridad nacional durante años. La REDOSC insiste que es un territorio que lo han peleado todos los actores. Desde el EPL, ELN, las AUC, las FARC. Todos aquellos actores armados que se remontan, incluso, a la violencia conservadora y liberal. Además, porque la extensión del Nudo de Paramillo representa el 4% del territorio nacional. Ese objetivo, ha significado miles de militares que han perdido la vida o que resultan heridos en la guerra. Una autentica masacre, por ejemplo, en lo que fue la expulsión y el intento de retoma del Nudo del Paramillo por parte de los paramilitares y los combates con la entonces guerrilla de las FARC -EP. Para la REDOSC, las cosas que están ocurriendo no deberían haber vuelto a pasar jamás; el horror que parecía disparse nunca se fue. Estos fueron los vientos de una paz que no llegó, todo ello ante la desobligante mirada del Gobierno Nacional. De esta forma, la degradación de la violencia y el accionar de los grupos armados —explica la REDOSC— tienen a los procesos organizativos bajo amenaza, con restricciones de movilidad en los territorios, minados en sus procesos de denuncia. De hecho, según indican, incluso hay carnetización por veredas. Cabe señalar que la región del Norte de Antioquia representa disputas sobre los hechos ocurridos con la cierta clase política antioqueña. La guerra está volviendo a tapar hechos como los de la masacre de La Granja, la masacre de El Aro, todas las afectaciones medioambientales y en contra de los procesos de memoria —por ejemplo— de la desaparición forzada detrás del megaproyecto de Hidroituango, los 12 Apóstoles, entre otros tantos. *** Hechos de los últimos 15 días En la noche de este viernes 29 de enero de 2021 se encontró el cuerpo sin vida y degollado de Miguel Uribe, miembro de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Ochalí, en el municipio Yarumal (Norte de Antioquia). Asimismo, en horas de la mañana las comunidades denunciaron que, presuntamente, un firmante de la paz y su familia tuvieron que salir desplazados de la vereda de Santa Lucía, en Ituango. Por su parte, de acuerdo con información entregada en el territorio, tras escucharse disparos en el caso urbano de Ituango —el jueves 28 de enero— fue asesinado un joven. Según las autoridades, no ha podido dar con el cuerpo y lo mantienen registrado como desparecido. Ese mismo día las comunidades alertaron el desplazamiento de 11 personas, entre adultos y niños. Además, el pasado 23 de enero fue asesinado Juan Carlos Correa, firmante de la paz, mientras se dirigía en motocicleta del corregimiento de Valle de Toledo a San Andrés de Cuerquia. De acuerdo con la información brindada por la comunidad, en cercanías al sector conocido como Los Naranjos el firmante de paz fue retenido y posteriormente asesinado. El 22 de enero, se registró el desplazamiento del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Cedral. En compañía de su familia tuvieron que huir de Ituango. Asimismo, la REDOSC alertó que en la madrugada de ese día un grupo armado, al parecer el Grupo Armado PostFarc (GAPF) Frente 18, atacó una base militar ubicada en el corregimiento de SantaRita. Esto tras un combate que se registró en veredas aledañas con las AGC. El pasado 20 de enero fue asesinada la lideresa social Linda Díaz, en el sector conocido como Guarumo en el municipio de Cáceres, en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño. La lideresa hacía parte de la Asociación de Campesinos y Agricultores de Villa San Roque. Por esos días, se registraron combates entre GAPF Frente 5 y el Ejército Nacional en zona rural de Sabanalarga en límites con Ituango. En este hecho, según la Décima Séptima División del Ejército, fue asesinado alias ‘Dumas’ quien es señalado por las autoridades por ser el segundo al mando de dicho frente. De acuerdo con las autoridades, alias Dumas pertenecía al Frente 18 pero se había traslado a coordinar acciones del Frente 5. Asimismo, la Décima Séptima División señaló que habrían puesto a disposición del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) a una menor de edad que, presuntamente, había sido reclutada de manera forzada. Tras el hecho, se registró la quema de una lancha. Cabe señalar que se han registrado combates en la vereda Las Cuatro, durante días, a mediados de enero de 2021; entre las AGC y el Ejército Nacional, así como entre Frentes de los GAPF y uniformados del Ejército. Estos hechos afectaron la escuela de la vereda y amenazaron con el desplazamiento forzado de 200 personas. El horror que se repite En la región, las comunidades están enfrentadas al siguiente escenario: los embates de la violencia producto de la disputa entre los Grupos Armados PostFarc (GAPF) y las AGC o Clan del Golfo. Además, de acuerdo al seguimiento de los hechos de violencia; todo parecería advertir que la guerra la estarían ganando los GAPF, quienes se han fortalecido durante en este tiempo. Actualmente, hacen presencia los Frentes 18, 36 y, recientemente, los Frentes 52 y 5. A pesar que por parte de las autoridades haya cierto escepticismo por la presencia del Frente 52; lo cierto es que han circulado panfletos firmados por el Frente 18 y 52 de manera conjunta. Hecho ocurrido en los primeros días de 2021. Incluso, tras conocerse la denuncia por la circulación de este panfleto, desde la cuenta de Twitter de José Luis Bastidas Moreno Comandante de la Décima Séptima Brigada del Ejército de Colombia, los uniformados anunciaron acciones para mitigar las acciones de dicho grupo. De acuerdo con el seguimiento a los hechos por parte de Pares, se puede decir que las AGC están haciendo presencia pero no están logrando ejercer control. Esta situación ha generado, por ejemplo, que estos grupos paramilitares la estén emprendiendo en contra de las comunidades. Su repertorio de violencia va desde masacres, desplazamientos y asesinatos selectivos; que evocan una serie de masacres por parte de los paramilitares, entre 1997 y 2002, buscando expulsar a la otrora guerrilla de las FARC -EP. Justamente, en la actualidad se han registrado casos como la masacre perpetrada en la vereda Quebrada del Medio a manos de paramilitares en el municipio de Ituango. Ese 6 de junio de 2020, fueron asesinados Camilo Sucerquia de 15 años —hijo de la firmante de paz Nidia Sucerquia, Carlos Barrera que era un menor de 17 años y William Pérez de 48 años. Esta masacre, se dio cuando las AGC perdieron el control del Cañón de Santa Lucía. Fronteras del municipio de Ituango y el Nudo del Paramillo De acuerdo con el panorama que ha podido establecer Pares: La frontera Norte, en donde se encuentran Ituango y los municipios que hacen parte de la zona de amortiguamiento, actualmente es controlada por las disidencias de las FARC del Frente 36 y el 18 con el denominado ‘Comando Paramilitar’. La Frontera del Bajo Cauca, que va desde el municipio de Tarazá hasta San José de Uré, está siendo objeto de una disputa; en donde las AGC se han visto debilitadas. Allí opera el Bloque Virgilio Peralta o Caparrapos que advierten una alianza con las disidencias del Frente 18 para combatir a las AGC en dicha frontera. En Frontera del Sur de Córdoba hay fuerte presencia del Frente 18 de las disidencias, Los Caparrapos y la disputa con la AGC. La disputa se está concentrando en la frontera de occidente Ahora bien, es necesario llamar la atención sobre lo que viene sucediendo en la frontera de Occidente que comprende los municipios de Peque, Mutatá, una parte de Dabeiba y una parte del Urabá antioqueño. En esta frontera las AGC no tenían un enemigo claro. Allí llegaban muchas personas armadas de las AGC hacia Ituango. Hoy por hoy, esta es la frontera, del Nudo de Paramillo, que está más en disputa. La veredas que limitan con dicha frontera son las más propensas a las violaciones de Derechos Humanos, según la REDOSC. Es decir, las comunidades asentadas en las veredas de La Miranda, Santa Ana, Georgia, Las Cuatro, Bajo Ingles, El Cedral, Singo, Palo Blanco, El Naranjo, Cortaderla, La Hundida, El Amparo, San Luis, Peña, El Tinto, La Honda, Los Gaigos, El Río, La florida, Guacharaquero. El riesgo es latente de que ocurran más masacres, se han registrado combates como el ocurrido en la vereda ‘Los Cuatro’, se produjo el asesinato de un miembro de la asociación de campesinos, asesinato de mototaxistas. Ha habido patrullajes y reuniones de las disidencias de las FARC en dicha frontera. Por ejemplo, señala la REDOCS, en los límites del corregimiento que se llama ‘El Oro de Sabanalarga’, que limita con Ituango, fue en donde —hace ocho (8) días— se presentó un combate entre una de las estructuras de las disidencias que se denominan Frente 5. Tras Ituango Bajo la lectura de la REDOCS, los centros poblados para los grupos armados son vistos como posibilidades económicas y de logística. En este sentido, las disputas se han centrado no necesariamente a través del combate sino por medio de asesinatos selectivos. De tal suerte, lo que se está viviendo en la región es que los asesinatos son por cuenta de “unos acusando a los otros de apoyar al enemigo”. En este sentido, las comunidades están bajo un inminente riesgo; jóvenes, las personas que trabajan en transporte, comercio, cualquiera. De hecho, según la REDOCS, se han presentado situaciones muy complejas en donde se han detonado artefactos explosivos, de bajo poder, en los cascos urbanos cerca de las casas donde los grupos armados suponen residen las personas que trabajan con grupos enemigos. Se han escuchado disparos. Hay una desestabilización de la vida cotidiana por acciones de guerra. La REDCOS llama la atención en que hace un tiempo las disputas se centraban a las áreas rurales. Por ejemplo, a ocho horas del pueblo. Ahora son disputas que tienen lugar en cercanías o, incluso, al interior del pueblo. Apuestas de disidentes y paramilitares en el Nudo de Paramillo Es una guerra para hacerse control del Nudo de Paramillo. Tal como lo ha advertido la REDOSC, para las AGC lograr el control significaría una hegemonía militar en Antioquia, con la posibilidad de expandir nuevos territorios. Asimismo, ya que las AGC están en guerra en el Bajo Cauca y en el departamento del Chocó; consolidar su poder en el Nudo de Paramillo los ubicaría estratégicamente en un lugar que les da capacidad de maniobra entre los dos frentes de guerra. Por su parte, de acuerdo con la REDOSC, para los GAPF que operan en esta región; hacerse al control del Paramillo significaría “el inicio de la reconstrucción del antiguo Bloque Efraín Guzmán y el inicio de la retoma de las subregiones del Norte, Occidente, Nordeste, Urabá, parte del Bajo Cauca y el Chocó.” Hechos que anteceden De esta forma, de acuerdo con el recuento de los hechos en el último tiempo, los repertorios de violencia de los GAPF y las AGC se han desarrollado de la siguiente manera: La guerra entre las AGC y las ‘Disidencias’ de las FARC la empezaron a perder los paramilitares. Esto llevó a que las AGC reforzaran su gente y sus posiciones a través de la denominada ‘Operación Mil’. La cuál, básicamente, era la introducción de muchos hombres en el Nudo de Paramillo para hacerle frente a las ‘disidencias de las FARC’. La respuesta de las disidencias fue el despliegue de lo que ellos denominaron ‘Comando Anti paramilitar’ en una de las zonas de frontera en el Norte del Nudo de Paramillo. De esta forma, lograron el fortalecimiento y consolidación en estos territorios; lo que les permitió defenderse hasta los límites del occidente con el municipio de Ituango. Ahora bien, de acuerdo con la REDOSC, el pasado 23 de febrero de 2020 con el desplazamiento de 12 veredas en Ituango se configuró el reacomodamiento y ofensiva de los GAPF. Asimismo, según su análisis, los GAPF cambiaron significativamente su operatividad en el momento en que la Segunda Marquetalia asumió el control. Asimismo, la REDOSC alertó la llegada del autodenominado comando Anti Paramilitar cuando se conoció que fueron ejecutados los campesinos Jaider Erney Villa Vélez , Edwin Felipe Olarte Posada (menor de 15 años) y Nelson Cortez, a manos de dicho comando. No reducir la conflictividad a un tema de narcotráfico Por supuesto en la guerra el narcotráfico actúa como un tanque de oxígeno para lo grupos armados. Sin embargo, para la REDOCS esta situación es más compleja. Por ejemplo, porque el control que ejercen los grupos armados también es a través de las economías lícitas con delitos como la extorsión, amenaza. Es decir, hace parte de la guerra, pero no es el fin. Por otra parte, un ejemplo que resulta ilustrador y que pone en tensión la premisa de que la conflictividad se reduce al tema de drogas y que más bien obedece al interés de controlar el Nudo de Paramillo; tiene que ver con lo siguiente: Bajo la lectura de REDOCS, las AGC controlan todos los puertos del Urabá; hacia el Pacífico y al Chocó. También, por el Bajo Cauca que tiene salida por Córdoba hacia el Caribe. En este sentido, si fuera por las rutas de control del narcotráfico, las AGC no tendrían la necesidad de atravesar el Bajo Cauca y todo el Nudo de Paramillo para llegar al Urabá. Entre otras cosas, porque Ituango produce menos coca que la que se produce en el Bajo Cauca. Es decir, hacerse al control de las fronteras va más allá del interés por las rutas; tiene que ver con no dejarse sacar y hacerse a la retoma del Nudo de Paramillo, concluye la REDOCS.