Por: Valentina Jiménez. Asistente de Investigación. Jaime Palma. Investigador Nacional Pares. A casi un año de haber iniciado la pandemia, la situación de los detenidos continúa degradándose en todo el país. Han pasado 10 meses de pandemia desde que la Corte Constitucional determinara, al evaluar 10 tutelas, que el hacinamiento en las estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URIs) era del 132,12% y recientemente la Defensoría del Pueblo encontró que el hacinamiento asciende a un 194% con un total de 19.293 personas en los espacios mencionados. En marzo del año pasado, la Corte también ordenó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y al Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad la adopción de protocolos en atención en salud en los centros de detención transitoria con el propósito de prevenir el contagio al interior de estos lugares y, en últimas, dentro de las cárceles. En consecuencia, el hacinamiento ha incrementado en los centros transitorios porque los traslados hacia los centros de reclusión se retrasan con el objetivo de disminuir los riesgos de contagio, mientras que se producen mayores vulneraciones a las garantías de trato digno que deberían existir en los primeros, que se encontrarían iniciando este año, peores de lo que ya están las cárceles. La pandemia ha afectado de forma desigual a las poblaciones más vulnerables y la de los detenidos y privados de la libertad no se quedan atrás. De hecho, serían también una de las más afectadas por cuanto la situación ya era demasiado crítica e inconstitucional desde mucho antes de la emergencia sanitaria y ha empeorado desde el inicio de los confinamientos en marzo de 2020. Imagen: Cortesía. El alto grado de hacinamiento también es una explicación, en conjunto con la carga impuesta a la policía para hacer cumplir las medidas sanitarias, de la reducción en el número de capturas que ejecutó la Policía Nacional en todo el territorio y que según los datos más recientes del SIEDCO corresponderían a un total de 172.900 para el año pasado, frente a 234.481 en 2019; es decir, un 26% de capturas menos. Los hechos que han sido monitoreados por la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado en los últimos meses, además del recorrido que ha hecho el virus por centros de reclusión y detención, se relacionan con varios intentos de fuga y motines que se han tornado más violentos y suelen terminar con heridos o muertos, como el de septiembre en el que nueve jóvenes murieron en un incendio en el CAI de San Mateo, mientras la policía no hacía nada para evitarlo y las madres suplicaban por las vidas de sus hijos. Caso en el que además Pares reveló la presunta existencia de una fuente que asegura que habrían sido los mismos uniformados quienes con manos criminales habrían propagado dolosamente la conflagración. A finales del mismo mes, también en Bogotá, en la estación de policía de Ciudad Bolívar, en Sierra Morena, ocurrió una protesta en la que hubo enfrentamientos con el ESMAD y varios heridos tuvieron que ser trasladados en ambulancias. En los centros de reclusión del país los motines y las vulneraciones fueron inmediatos al inicio del confinamiento. El resultado no ha sido otro que un alto número de homicidios de presos, casos que se incrementan en un 150% según el SIEDCO. En los últimos 5 años, habrían ocurrido un total de 119, pero solo en Bogotá, en la noche del 21 de marzo, durante el primer fin de semana de Simulacro Vital, se produjeron 23 casos, o el 51% del total de 45 para 2020, frente a 18 en 2019. En los demás años los casos no suelen superar la veintena. Algunas cifras del drama carcelario Las lesiones personales en las cárceles se habrían reducido apenas un 5%, pasando de 1.797 registros en el SIEDCO para 2019, a 1.706 en 2020. Para los totales mensuales de todos los casos del país, las reducciones son significativas desde junio (alrededor del 30%), con la excepción del último trimestre del año donde la reducción fue de tan solo el 4% en octubre, 12% en noviembre y sin variación para diciembre. Por el contrario, los casos estuvieron en una tendencia general al incremento pasando de un 10% de incremento en enero, al 13% en febrero, 29% en marzo, 30% en abril y 3% en mayo, en comparación con el total de cada mes en 2019. Por su parte, mientras la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana establecía desde diciembre de 2019 que las entidades territoriales deberían dar prioridad a la construcción de cárceles y pabellones de detención preventiva, así como a la asociatividad entre municipios y en esquemas de alianzas público-privadas para contar con mayores cupos, y que el Gobierno Nacional promovería con las entidades territoriales la creación de centros de detención temporal, se requeriría de un extraordinario esfuerzo de inversión para descongestionar este tipo de lugares. Algo que no va a suceder tampoco en este gobierno. De cualquier manera, lo cierto es que el hacinamiento podría ser del orden del 218% si se tiene en cuenta que entre estaciones de policía y Centros de Atención Inmediata solo habría cupo para 5.942 personas y a enero de este año se calculaba que en estos lugares habrían 17.478; 2.528 condenados y 14.950 imputados. Para el profesor y jurista Rodrigo Uprimny, es necesario que las acciones institucionales frente al hacinamiento carcelario se construyan a partir de la vinculación sistémica entre la política criminal y el sistema penitenciario colombiano. Es decir, es necesario que la legislación alrededor de las conductas punibles esté pensada de manera orgánica con respecto a la realidad de las instituciones penitenciarias. Esto significa que una política criminal centrada en el punitivismo posee unas implicaciones concretas en la gestión del crimen, en este sentido, dicha posición debe estar acompañada de un equipamiento de infraestructura y presupuesto que permita el funcionamiento digno de las instituciones penitenciarias. De igual manera, debido a la persistencia de la pandemia en un país que tardará aún mucho tiempo en lograr la vacunación masiva, se requiere un plan de acción efectivo y coordinación a corto plazo que permita superar las condiciones de violación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que se generan producto del hacinamiento tanto en cárceles como en centros de reclusión transitorios. La pregunta que surge, entonces, es ¿quién debería liderar este rol de coordinación? ¿es el sistema penitenciario nacional quién debe centralizar las acciones para mitigar este fenómeno? Según la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil (2019), la estrategia del Gobierno en términos de implementación del ‘Plan Nacional de Transformación y Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario’ y ‘el Plan Nacional de Política Criminal’, que buscan hacer frente a la crisis de hacinamiento carcelario en el país, posee al menos dos grandes falencias: el primero tiene que ver con la falta de claridad en las rutas concretas de implementación de acciones que mitiguen este fenómeno en los centros de reclusión; y la segunda, la no reconstrucción de un diagnóstico concreto de la situación de derechos humanos en centros de reclusión y de detención transitoria. Es necesario pasar de enunciados abstractos a rutas concretas de gestión por parte del sistema penitenciario nacional y de las entidades territoriales, en los que se logre efectivamente disminuir los riesgos de contagio por COVID-19 en la población privada de la libertad, como erradicar las condiciones de hacinamiento y trato indigno prioritariamente en estaciones de policía y URI, en el entendido de que estos espacios no son hoy los adecuados para cumplir estas funciones. De igual forma, en el segundo año de pandemia será necesario que las políticas de seguridad prioricen tanto adoptar mayores enfoques de prevención en la comisión de delitos, como fortalecer las políticas de juventud y niñez que permitan reducir la deserción escolar para el indefinido retorno generalizado a las clases presenciales, y para adoptar todas las medidas necesarias para frenar el inicio de carreras delictivas a temprana edad.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Libertad para Francisco Alvarado, secuestrado en Arauca en julio de 2020. En la mañana del jueves 6 de octubre de 1981, cuando un falso agente de tránsito y tres civiles que dijeron ser del F-2 -igualmente falsos-, que era una dependencia de la Policía Nacional, secuestraron a Zuleika, Yidid y Xouix, de 7, 6 y 5 años, hijos de José Jáder Alvarez, en el norte de Bogotá cuando se dirigían a sus colegios, se inició una de las tragedias de las muchas que se han dado con esta repudiable práctica, que desafortunadamente sigue presente en la sociedad colombiana. Los tres niños permanecieron algunos días en Bogotá, luego fueron trasladados a Gachalá. Los secuestradores entraron en contacto con Jáder Álvarez y le exigieron un rescate a lo cual este se negó. Jáder era hijo de una familia del Caquetá con negocios de ganadería. Él se vinculó al narcotráfico y tomó el camino de buscar la liberación de sus hijos con la participación de personas vinculadas al MAS -Muerte a Secuestradores- una organización que había surgido luego del secuestro de Marta Nieves Ochoa, en el mes de noviembre del mismo año 81, en asocio con integrantes del F-2, esta vez sí, auténticos. Entre las exigencias de los secuestradores y la negativa del padre, se dio la tragedia. Los niños fueron encontrados muertos el 18 de septiembre de 1982, y en su búsqueda por parte de agentes del F-2, en activa coordinación con integrantes del MAS, fueron detenidos, torturados y asesinadas 14 personas: la mayoría jóvenes universitarios de las universidades Nacional y Distrital, algunos campesinos, un sastre y un latonero. Hasta el presente no hay plena certeza de quiénes fueron los responsables del secuestro de los tres niños Álvarez. En un trabajo de Frank Molano, hay un análisis del contexto y circunstancias de este caso, en el se establece como responsables al Frente Revolucionario Unido del Pueblo -FRUP- una organización armada de izquierda que luego de estos hechos desapareció. Aquí pueden consultar el trabajo. Las guerrillas al inicio no secuestraron, lo veían como una práctica de bandidos, pero luego vieron cómo las guerrillas del Cono Sur, Montoneros en Argentina y Tupamaros en el Uruguay recurrían a estas prácticas, bien para conseguir dinero o para hacer denuncias, las guerrillas colombianas entraron a fondo en esta modalidad criminal. Una investigación de Cifras&Conceptos para el Centro Nacional de Memoria estableció que hubo 30.058 personas secuestradas entre 1970-2010 y de los casos en los que se determinó la autoría, 37% son responsabilidad de las FARC, el 30% al ELN, el 20% a redes criminales y el 4% a paramilitares. El secuestro fue uno de los medios de las guerrillas para conseguir recursos, presionar a enemigos, controlar poblaciones y territorios, fue una práctica ampliamente utilizada y la que junto a la extorsión le granjeo el repudio en los territorios donde lo ejercía y un amplio rechazo en la sociedad, de las movilizaciones ciudadanas más concurridas y diversas esta las que lideró Francisco Santos con el Movimiento No Mas. Desafortunadamente, el secuestro no es un tema superado. Aunque ya no se da en las magnitudes que tuvo en la década de los noventa cuando las cifras anuales llegaron por encima de tres mil y se llego al año 2000 con 3545 personas privadas de la libertad, el secuestro se sigue ejerciendo: Tulio Mosquera Asprilla, exalcalde del Alto Baudó está secuestrado por el ELN desde agosto de 2019 y Francisco Alvarado Bestene, secuestrado en Arauca, presuntamente por disidentes de las FARC desde julio del año 2020. En la última década hay un promedio de 50 secuestros al año. Esta semana la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, acaba de pronunciarse sobre las responsabilidades de las FARC frente a lo que en términos legales es toma de rehenes y graves privaciones de la libertad y lo hace en referencia al antiguo Secretariado de las FARC. En un documento de más de trecientas paginas, hace un recorrido por el sufrimiento y las graves responsabilidades por las que debe asumir responsabilidad la dirigencia de esta organización que practicó, por décadas, de manera sistemática y sostenida esta repudiable práctica. Avanzar a una sociedad en paz y reconciliada pasa por el reconocimiento de responsabilidades y por construir un país donde estas prácticas tan degradantes de la dignidad humana no se presenten. El secuestro es un crimen contra el amor, le escuché a Otty Patiño, fundador del M-19 e integrante de la Asamblea Nacional Constituyente del 91.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. “Queremos trabajar”: esa fue ayer la consigna de los/as habitantes de Suba, Tibabuyes. Esto luego que recientemente desde la Alcaldía de Bogotá se informara que esta zona de nuevo entrará en cuarentena general por 14 días, desde el 30 de enero hasta el 12 de febrero. Esto llevó a que de nuevo las calles fueran punto de encuentro de trabajadores informales, comerciantes y empleados/as, quienes en un plantón pacífico exigieron que se les garantizara el derecho a trabajar o a permanecer en casa, pero en condiciones dignas. Esta situación es una radiografía de lo que ha estado pasando tanto en la capital del país, como en otras zonas de Colombia, donde las cuarentenas y toques de queda se volvieron la principal herramienta para la mitigación de contagio del Covid-19. Estas medidas que se han quedado cortas, pues, por un lado, el número de personas fallecidas llega casi a las 53.000 -52.913 al 28 de enero-, y, por otro lado, las políticas sociales han sido mínimas, provocando que a la fecha, casi un año después, no se hayan implementado soluciones eficaces para que las personas se puedan confinar sin que el qué comer o cómo solventar un arriendo sean las preocupaciones más relevantes. Ahora, que vuelven las protestas a las calles ante una crisis social y económica que muchas familias ya no aguantan más, vale la pena recodar que, durante el 2020, y por lo menos desde marzo, se realizaron varias movilizaciones, incluso en el marco del Paro Nacional, en las que una de las solicitudes era que se implementara la renta básica. El DANE estableció que finalizando el 2020 los mayores porcentajes de muertes a causa del Covid-19 estaban en los estratos 1, 2 y 3 con el 31.50%, 35.80% y 22.10%, respectivamente, lo que lleva a cuestionarse quiénes están siendo los más afectados por la pandemia de manera letal, tanto en temas de acceso a servicios de salud. Pero también, en cuanto a quiénes son los/as que han tenido que salir a las calles, pues sin una renta básica que realmente pueda suplir los ingresos de las personas que trabajan, por ejemplo, informalmente, va a ser muy difícil, incluso con toques de queda y cuarentenas sectorizadas, que la gente deje de salir a la calle a exponerse al virus. Esto partiendo que como se informó este viernes por varios/as congresistas, el 60% de la población en Colombia está en situación de vulnerabilidad y pobreza. Renta básica ya: la petición de la gente Con el panorama atravesado por protestas y plantones, específicamente en Bogotá, donde por un lado la respuesta inmediata fue mandar al Esmad, mientras que la alcaldesa decía a través de Twitter que “Sin vacunación dependemos exclusivamente de nuestro propio cuidado. Reducir las interacciones al mínimo en UPZ de alto contagio para evitar más fallecimientos allí y volver a expandir virus hacia otras zonas de la ciudad”, lo que se evidencia es una profunda crisis que afecta especialmente a quienes depende del “rebusque” diario. El DANE estableció que finalizando el 2020 los mayores porcentajes de muertes a causa del Covid-19 estaban en los estratos 1, 2 y 3 con el 31.50%, 35.80% y 22.10%, respectivamente, lo que lleva a cuestionarse quiénes están siendo los más afectados por la pandemia de manera letal, tanto en temas de acceso a servicios de salud. Imagen: Pares. Lo anterior además también relacionado con lo recientemente informado por el DANE, institución que advirtió que para el 2020 la tasa de desempleo fue 15,9%, lo que representó un aumento de 5,4 puntos porcentuales frente al año 2019 (10,5%). A esto se suma que en lo observado durante el año pasado por la Cámara de Comercio se evidenció que, al menos, el 70% de las microempresas se han visto afectadas por el Covid-19. De nuevo volvió a ser parte del debate nacional la urgencia de una renta básica para la población más afectada y vulnerable ante la situación actual donde de otra vez hay un pico de contagio de Covid-19, demostrando que en el país no se actuó eficientemente durante casi todo un año para ampliar la capacidad de atención hospitalaria y número de camas UCI, pero tampoco para atender a la población que ha sido insistente reclamando que no todos/as pueden acogerse a aislamientos cuando no se han dado otro tipo de garantías. Pues bien, el senador Iván Marulanda, y tras hundirse el año pasado en la Comisión Tercera de Senado la iniciativa de renta básica que se había estado moviendo por meses, el congresista volvió a poner sobre la mesa la implementación de ésta. La propuesta inicial es que a 7.46 millones de hogares, es decir, a cerca de 30 millones de personas llegue una renta básica permanente, la cual sería de $320.000 para hogares compuestos por una persona, $360.000 cuando estén constituidos por 2 personas, $400.000 cuando son 3, $440.000 en el caso en el que haya 4 personas, y $470.000 cuando sean 5, 6 o más. Lo anterior requeriría que se haga una inversión mensual de $3.119.345.994.498 y de $37.432.152.013.973 anualmente. Esto último significa que por año estas transferencias representarían el 3.7% del PIB, pero como en estas se incluirían las actuales ayudas que son entregadas como el ingreso solidario o familias en acción, que rondan el 1.4% del PIB, lo que se debería aumentar sería un 2.3% del PIB. Escribe el senador en un comunicado enviado a Iván Duque que esta “cuantía es susceptible de alcanzarse si, entre otras medidas, se utilizan recursos públicos disponibles en el Fondo de Emergencia FOME, se reordena el gasto público de acuerdo con las prioridades del país y se tramita cuanto antes una reforma tributaria, que es inaplazable y que damos por descontado que deberá estar dirigida a gravar las altas rentas y los altos patrimonios, sin afectar las clases medias y de bajos ingresos, así como a desmontar los beneficios que lastran de manera injusta el sistema tributario”. Hay que señalar que en el documento se indica que, si bien durante varios meses se ha venido entregando el Ingreso Solidario de $160.000, que representa cerca de $48.500 por persona del núcleo familiar, éste es precario para sostener mensualmente a hogares con sus gastos básicos. “Aquí hay una confrontación de poderes políticos, no hemos podido tener las mayorías necesarias para convertir en leyes estas iniciativas, pues la voluntad del Gobierno no ha permitido que avancen, pero esa voluntad es inferior a la voluntad popular y eso debe ser un precedente siempre”, aseveró Iván Marulanda. La propuesta inicial es que a 7.46 millones de hogares, es decir, a cerca de 30 millones de personas llegue una renta básica permanente, la cual sería de $320.000 para hogares compuestos por una persona, $360.000 cuando estén constituidos por 2 personas, $400.000 cuando son 3, $440.000 en el caso en el que haya 4 personas, y $470.000 cuando sean 5, 6 o más. Imagen: Pares 49 congresistas insisten en la renta básica A lo anterior se sumó que 49 congresistas, 174 organizaciones sociales y 1800 ciudadanas/os desde la campaña Renta Básica Ya, reiteraron el llamado al presidente Duque para que adopte un programa de Renta Básica permanente para propender por el bienestar de la población desfavorecida y contribuir a la reactivación económica. Como parte de esto se realizó una rueda de prensa en la que se establecieron varios puntos por parte de los congresistas que se han acogido a la propuesta, quienes, vale la pena señalar, pertenecen a diversos sectores políticos. Entre los factores adicionales nombrados en este espacio, Ángela María Robledo resaltó que hay una crítica situación de “pérdida de trabajo de las mujeres. Los datos son preocupantes, y por regiones la brecha es mucho peor en cuanto a empleo, salarios, seguridad social, a lo que se le suma las cargas adicionales de cuidado. Por eso esta renta básica tiene una urgencia desde la perspectiva de género también”. Respecto a lo anterior vale la pena traer a colación que según datos del DANE en el último trimestre del 2020 la tasa de desempleo para las mujeres fue 19,6%, mientras que para los hombres fue del 10,9%. A lo que se agrega que para muchas el teletrabajo y las distintas medidas tomadas multiplicaron las labores de cuidado en los hogares. Por su parte, el congresista Jorge Eduardo Londoño trajo a la mesa la necesidad de incluir en este debate que la renta básica debería ser pensada como un derecho fundamental del siglo XXI, pues argumentó que el virus dejó ver que éste, a diferencia de lo que se ha dicho, “sí conoce de estratos y fronteras; el 89.6% de los/as muertos han sido de estratos 1.2 y 3. Desde lo cuantitativo este virus sí conoce estratos. (…) Por eso la renta básica va dirigida hacia estos estratos sociales”. Hay que nombrar que los/as congresistas aseveraron que esta medida tendría políticas que permitan que también se atiendan los requerimientos diferenciales de los sectores campesinos, afros e indígenas. Sobre esto la senadora Aída Avella señaló que “las comunidades negras, del río Anchicaya han denunciado que necesitan con urgencia una renta y un auxilio que los/as incluya”. Con todo esto se espera que Iván Duque atienda el llamado que durante el 2020 fue ignorado, pues como lo nombró en la carta Iván Marulanda, “la recuperación económica no será como se había estimado”, y mientras se buscan soluciones y se espera por una vacuna que cada vez está más en la incertidumbre, más personas siguen sorteando el no poder comer, no tener dónde vivir, no contar con empleo, sometiéndose, además, a confinamientos que ni siquiera son avisados con tiempo, viéndose doblemente expuestos: al virus y a la falta de medidas responsables.«

Por: Por: Fredy Alexánder Chaverra Colorado. Colaborador Pares. En los días más oscuros del plebiscito por la paz, el Centro Democrático decidió profundizar su estrategia de desinformación y repetir hasta el cansancio que la Jurisdicción Especial para la paz, contenida en el punto cinco del Acuerdo de La Habana, estaba diseñada a la medida de los intereses de los excomandantes de la guerrilla de las Farc, que era un “monumento a la impunidad”, la “partera de nuevas violencias” y una serie de improperios enfocados en restarle legitimidad y sembrar cizaña. En algunos sectores ese temor infundado y reforzado con la mentira de que los guerrilleros elegirían los jueces, resultó efectiva ya que miles de ingenuos salieron a votar verracos contra una jurisdicción que tal vez no entendían en su complejidad. Afortunadamente, en la renegociación el punto cinco no sufrió modificaciones estructurales y en la implementación por fast track el Congreso conservó gran parte de lo acordado; sin embargo, por el lado de la Corte Constitucional llegaría una sentencia que sí desvertebró gran parte del modelo de justicia transicional diseñado en La Habana. En una sentencia de revisión del acto legislativo que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (del cual la JEP es el componente judicial), la Corte optó por excluir a los terceros civiles (empresarios y agentes estatales que podrían clasificar como primeros determinadores) de la justicia transicional, es decir, el tribunal constitucional limitó la acción directa de la JEP solo a los exguerrilleros y militares. Tras el enorme daño que el uribismo le ha buscado infringir a su mandato, con fortuna la JEP ha salido avante y sigue avanzando en la tarea de esclarecer lo que ocurrió en medio del conflicto y asignar las responsabilidades a los máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, crímenes que no fueron ni serán amnistiados. Imagen: Pares. Con esa decisión la Corte desvertebró la JEP creada tras intensos meses de negociación en Cuba e indirectamente reforzó la narrativa de reducir el conflicto a una cuestión de guerrilleros y militares. Protegió a los empresarios involucrados en la guerra y de paso le restó importancia a la enorme e histórica impunidad que sobre los terceros hay en la justicia ordinaria. Así también tranquilizó a políticos del ‘establishment’ de derecha (como Vargas Lleras) que nunca vieron con buenos ojos su eventual inclusión en la justicia diseñada con la guerrilla. A quienes más impactó la sentencia de la Corte fue a los exnegociadores Márquez y Santrich, ambos consideraron que con esa decisión se había arrasado con el espíritu del Acuerdo. Una de las motivaciones para justificar su posterior alzamiento armado se encuentra en la perfidia del Estado que condenó el Acuerdo al “fracaso”; modificando desde las Altas Cortes y el Congreso sus componentes esenciales (algo similar le pasó a Uribe con su primera propuesta de Justicia y Paz). El acuerdo se convirtió en materia maleable debido a que en su proceso de implementación (proyectado a 15 años tras su firma) concurren una serie de actores con intereses de todo tipo (que no se vieron reflejados por las partes que negociaron), en plata blanca, negocian dos partes, pero en la materialización de lo acordado concluyen muchas. En lo relativo a la JEP, fue la Corte Constitucional la responsable de su mayor modificación. Al sustentar que los terceros ya tenían un “juez natural”, desestimó el papel que muchas de estas personas jugaron al atizar y financiar la guerra, obviando que Justicia y Paz no fue un buen ejemplo para que reconocieran responsabilidades o repararan a las víctimas. Con la deserción de un sector importante de comparecientes y el avance en los macrocasos, la JEP va dando sus más importantes pasos. Con la reciente asignación de responsabilidades a la exdirigencia militar fariana en uno de los casos más simbólicos en relación a esa guerrilla como lo fue el secuestro, va caminando firme para acentuar su legitimidad como un Tribunal de cierre en el marco del conflicto armado; sin sesgos y con la plena convicción de impartir justicia a partir de los criterios consignados en el Acuerdo de Paz, donde el resarcimiento a los derechos de las víctimas es central. Es claro que las Farc y los militares tendrán que responder y ante la JEP solo se presentan dos caminos: aceptan su responsabilidad asumiendo las sanciones propias con carácter reparador en comunidades victimizadas o avanzan en un juicio con el riesgo de terminar recluidos en una cárcel (bajo las sanciones alternativas y ordinarias). A pocos días de conocer la resolución de conclusiones del macrocaso sobre secuestro ya se demostró lo que muchos sabíamos: la JEP no es un tribunal confeccionado a la medida de las extintas Farc. Tanto sus excomandantes más visibles como antiguos mandos medios, tendrán que responder por crímenes atroces. Es destacable el compromiso de los exguerrilleros con la JEP y esto es tal vez el factor más importante para reforzar su legitimidad. Compromiso que no se ha visto en otros comparecientes, siendo un ejemplo infame el del “general de la seguridad democrática” Mario Montoya (compareciente en el macrocaso sobre ejecuciones extrajudiciales) quien, al parecer, vio la JEP como una forma para burlarse de las víctimas y con un halo de arrogancia no reconocer responsabilidad. Aunque también hay militares que han manifestado gran compromiso con la resolución de ese macrocaso y expresan mayor empatía con las víctimas. Seguro la resolución de ese macrocaso también generará muchas reacciones y moverá el país político. Todavía es prematuro para evaluar los impactos de estas primeras decisiones de la JEP, por el momento, la única certeza es que confirmar su autonomía e independencia. El uribismo se va quedando sin ningún argumento para atacarla y seguro continuará con su estrategia de desinformación, al parecer, es lo único que les funciona pues sienten que atacar la JEP es algo electoralmente rentable. Así ocultan el temor a que la sociedad colombiana empiece a conocer la verdad del conflicto y el valor del modelo de justicia transicional más novedoso que se ha diseñado en la historia reciente.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Recientemente, desde Transparencia Internacional, se presentó un informe en el que se evidenció cuál fue el índice de Percepción de Corrupción (IPC) durante el año 2020 en 180 países. Uno de los puntos que se estableció fue que en la mayoría de los países analizados no se registró ningún avance en la lucha contra la corrupción, lo que se terminó demostrando en que más de dos tercios puntúan por debajo de los 50 puntos, señalando que la calificación es de 0 a 100, siendo este último puntaje el que indica que hay ausencia de corrupción. Hay que resaltar que este escenario a diferencia de años anteriores estuvo marcado por los efectos que trajo el virus Covid-19, que como deja ver el documento “2020 ha resultado ser uno de los peores años de la historia reciente debido al estallido de la pandemia de la covid-19 y sus devastadoras consecuencias. Su impacto en la salud y la economía de las personas y comunidades ha sido catastrófico en todo el mundo”. La corrupción fue una de las causas, como lo plantea el informe, de que la respuesta al virus fuera poco justa e inequitativa, causando un número incalculable de víctimas mortales, y a su vez la agudización de problemáticas sociales, que terminaron afectando más críticamente a los sectores más vulnerables. Esto sin dejar de nombrar que una de las problemáticas que se identificó más constantemente fue la corrupción con los recursos destinados para la atención de esta emergencia, donde se identificaron hechos de soborno hasta la malversación de fondos, pasando por la inflación de precios y el favoritismo. “En medio de una crisis es difícil imponer la transparencia presupuestaria, especialmente en el caso de emergencias —como la de la covid-19— que requieren una reacción rápida y eficiente. (…) La corrupción continúa socavando la democracia incluso en plena pandemia. Los países con altos niveles de corrupción suelen ser los principales culpables de acciones contra la democracia y el estado de derecho en la gestión de la crisis de la covid-19”, se agrega. Con esto vale la pena señalar que en Latinoamérica el panorama no es el más alentador, teniendo un puntaje promedio de corrupción de 43 puntos en los 32 países evaluados, siendo Canadá y Uruguay los países con menores índices de corrupción, con 77 y 71 puntos, respectivamente. Mientras que dentro de los países más corruptos están Nicaragua, Haití y Venezuela, con 22, 18 y 15 puntos respectivamente. “En una región ya caracterizada por unas instituciones de gobierno débiles, la covid-19 ha puesto de relieve unas profundas desigualdades sociales y económicas, que afectan de forma desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población, como las mujeres, las niñas, las personas mayores, las poblaciones indígenas, los inmigrantes y la población afroamericana. Al igual que en otras partes del mundo, los gobiernos americanos tomaron medidas extraordinarias ante la covid-19, con estados de alarma que restringían los derechos civiles. Las restricciones coartaron la libertad de expresión y de reunión, debilitaron los controles y contrapesos institucionales y redujeron el espacio de la sociedad civil”, se analiza. ¿Cómo le fue a Colombia? Hay que iniciar señalando que todo lo advertido anteriormente se aplica en su totalidad al caso colombiano. Por un lado, la puntuación del país en el IPC fue de 39 puntos sobre 100, y ocupa la posición 92 entre 180 países evaluados. Adicionalmente, se asevera que desde el 2012 y 2020 se ha estado entre los 36 y los 39 puntos, y aunque durante el año pasado hubo un ligero aumento -2 puntos-, éste realmente no representa un avance significativo. Vale la pena traer a colación que desde Transparencia Internacional se indica que “en Colombia, la atención a la pandemia demostró una vez más los graves riesgos de corrupción que sigue enfrentando el país en materia de contratación pública y, junto a otros factores, contribuyó a generar un escenario de alta concentración del poder en el Ejecutivo”. Con esto hay recordar que el pasado 06 de mayo de 2020 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 637 mediante el cual se declaraba el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. Esto significa que el Presidente de la República podía expedir normas mediante un decreto legislativo, sin necesidad de ser tramitadas por el Congreso de la República, éstas solo podían estar relacionadas con la emergencia. Si bien, esta medida estaba en el marco constitucional y de la crisis, sí alertó, pues el poder se centró en el Ejecutivo, y lo que hoy se puede demostrar es que no fue lo suficientemente eficiente. A todo esto, se sumó que hubo una serie de irregularidades en el manejo de los recursos dispuestos para la atención de la pandemia y los sectores más afectados. Esto fue analizado por la Fundación Paz y Reconciliación y la línea de Democracia y Gobernabilidad en el informe El cuestionado manejo de recursos públicos en medio de la pandemia, por medio del que se advirtió que a septiembre de 2020 se encontraron 313 casos de contratos en los que habría irregularidades, estos se celebraron en 29 de los 32 departamentos de Colombia y su Distrito Capital. En relación con esto se alertó que, a través de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, entidad por la cual se planeó la entrega de más de un millón ochocientos mil mercados, se habían otorgado cuestionados contratos con empresas que por años han estado relacionadas con hechos irregulares. Adicionalmente, en abril la Contraloría General de la Nación prendió las alertas por situaciones de sobrecostos en contratos para atender la emergencia que habían sido celebrados por los organismos territoriales de Acacías y Puerto Gaitán (Meta), Sincelejo y Coveñas (Sucre), Chía, Guaduas y Tabio (Cundinamarca), y Guaitarilla (Nariño). Desde Pares, en el mes de mayo, se advirtió que otros entes territoriales estaban incurriendo en faltas graves en el manejo de recursos frente a esta problemática. Por ejemplo, se avisó sobre presuntos sobrecostos en los kits de salud y de alimentos que se debían entregar a las familias más vulnerables. También se encontraron dobles contabilidades, es decir, se contrataban kits de salud o alimentos que incluyen productos que están, además, contratados en otros procesos. Se halló, en dicho momento, que se estaban firmando contratos con algunas ONG y entidades privadas cuya actividad comercial no tenía ninguna relación con el servicio contratado. En total, se hallaron nueve (9) contratos en esta categoría. Por otro lado, otra de las alertas fue que en al menos 16 contratos la declaración de emergencia fue utilizada por muchos entes territoriales para contratar posibles dobles nóminas y/o contratar terceros “amigos”, es decir, contratos posiblemente mediados por influencias en las administraciones municipales y departamentales. No siendo poco, también se encontraron contratos que a pesar de estar justificados en la pandemia no tenían ninguna relación con esta. En ese mismo mes, en el que más se movió el tema de las ayudas, la Procuraduría informó que se adelantaban 512 procesos disciplinarios por presuntas irregularidades en 26 gobernaciones y 272 alcaldías, todas relacionadas con el manejo de recursos en la pandemia. A esto se sumó que eran casi diarias las noticias de gobernantes locales que habían sido sancionado por alguno de estos hechos. Por otra parte, hay que recordar que en octubre la Fiscalía General de la Nación reveló que investigaba a 24 alcaldes del país implicados en diferentes hechos de corrupción; dos de estos estaban bajo detención domiciliaria, cinco con medidas no privativas de la libertad y otros quince se encontraban todavía definiendo su situación. A esto se agregaba que la mayor cantidad de investigaciones estaban relacionadas con irregularidades detectadas en medio de la emergencia sanitaria. Por su parte, finalizando año la Procuraduría adelantaba investigaciones disciplinarias contra 16 de los 32 alcaldes y alcaldesas electas para el periodo 2020 – 2023. A pesar de lo preocupante de esto, iniciando este año desde Pares se dio a conocer que el Gobierno Nacional habría creado un sólido mecanismo para evadir la contratación pública, la transparencia y el acceso a la información de los recursos para el manejo de la pandemia; lo que habría afectado todo lo anteriormente nombrado. “Se observa que la estrategia del Gobierno se fundamentó en el abuso del “estado de emergencia” para la emisión de decretos con fuerza de ley para, entre muchas otras irregularidades, la creación de dos fondos con duplicidad de funciones, sometidos al derecho privado artificialmente; la modificación de manuales de contratación de entidades públicas; así como acuerdos de confidencialidad entre entidades para eliminar el control ciudadano y la transparencia en la compra de mercados, ventiladores y actualmente la vacuna”. Todo esto sigue demostrando porqué durante ya casi diez años el país no avanza en temas de erradicación de la corrupción, pues pareciese que en Colombia todo es un “caldo de cultivo” para favorecer a quienes se quieren enriquecer con recursos públicos. Así, desde Transparencia Internacional ante este panorama se concluye que: “Para atacar la corrupción y continuar dando respuesta a la crisis global, Transparencia Internacional recomienda fortalecer los órganos de control con suficientes recursos e independencia; asegurar una contratación pública abierta y transparente, libre de conflictos de interés y bajo precios justos; defender la democracia y facilitar el control ciudadano; y garantizar el acceso a información pública. Además, Colombia debe abordar de manera más decidida reformas de fondo como país, incluyendo una reforma política que fortalezca la transparencia en la financiación de partidos y campañas políticas; mayor eficacia y transparencia en el poder judicial; fortalecimiento de canales internos de denuncia y protección a denunciantes; y la garantía de la protección a la vida, el acceso a la información pública, la libertad de expresión y el acceso a la justicia”.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. Después de tres años de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el país conoce una de las decisiones más trascendentales que ha hecho este tribunal especial de paz. Con la participación de más de 2.000 víctimas de secuestro, la Sala de Reconocimiento de la JEP imputó, a ocho miembros del antiguo Secretariado de la otrora guerrilla de las FARC-EP, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del Caso 01, ahora denominado “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad.” Siguiendo con el mandato de la JEP, los ocho (8) hombres del antiguo secretariado de las FARC-EP que “no reconozcan su responsabilidad individual podrán ser condenados hasta a 20 años de cárcel”. La JEP resaltó que los comparecientes tienen 30 días para hacer el reconocimiento de sus responsabilidades. Posteriormente, se realizará una audiencia en el que estarán presentes las víctimas. Mismo plazo que tendrán las víctimas acreditadas y el Ministerio Público para poder reaccionar a lo determinado por el Auto 19 de 2021. «Este es el primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción, que es la antesala a la Resolución de Conclusiones y los juicios ante el Tribunal para la Paz», sentenció la relatora para este caso y magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Julieta Lemaitre. Los comparecientes La magistrada Lemaitre señaló que se hallaron como responsables a Rodrigo Londoño Echeverri (Timochenko), Julián Gallo Cubillos (Carlos Antonio Lozada), Rodrigo Granda Escobar, Pastor Alape Lascarro, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Milton de Jesús Toncel Redondo (Joaquín Gómez), Jaime Alberto Parra (Mauricio Jaramillo) y Juan Hermilo Cabrera (Bertulfo Álvarez), quien falleció este miércoles 27 de enero. De acuerdo con la magistrada Lemaitre las responsabilidades que pesan sobre estos excomandantes de las FARC-EP son: · Crimen de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad. · Crimen de guerra de toma de rehenes. · También de otros crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en relación con los secuestros como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado. Asimismo, la magistrada precisó que las responsabilidades no son iguales para los ocho (8) nombres del secretariado. Ésta variará dependiendo “los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado.” Cabe recordar que los miembros del Estado Mayor, en su momento, fueron llamados a rendir versiones individuales ante el Tribunal Especial. Según la JEP, esto como resultado de haber sido comprometidos en los informes como “los máximos responsables y autores determinantes”. Adicionalmente, Lemaitre insistió en que «a esta decisión sobre el Secretariado se sumarán en el año otras decisiones en las que se determinará la responsabilidad de los mandos medios y los ejecutores directos” El proceso Según el documento de 322 páginas que fue presentado este jueves 28 de enero —con fecha de 26 de enero de 2021— el proceso del Caso 01 que fue abierto el 6 de julio de 2018 para llegar a el primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción; se dio de la siguiente manera: La JEP asumió el reto de investigar más de 20.000 secuestros que habrían sido presuntamente perpetrados por la otrora guerrilla de las FARC-EP, de acuerdo con bases de datos de Estado colombiano y reportes adelantados por organizaciones de víctimas. La JEP investigó hechos que tuvieron ocurrencia entre 1993 y 2012. Además, la JEP contempló los casos de personas de las cuales se desconoce su paradero y que presuntamente fueron secuestrados por las FARC-EP. Además de la participación de más de 2.000 víctimas, las versiones individuales de los integrantes del Estado Mayor de las antiguas FARC-EP; también comparecieron —a versión individual o colectiva, escrita u oral— 350 firmantes de la paz. Cabe recordar que hay 1.200 condenados o imputados por estos crímenes en la justicia ordinaria. La Sala de Reconocimiento que adelantó el Caso 01 decidió realizar versiones colectivas para cada uno de los Bloques que constituían a esta guerrilla. De tal suerte se contó con los testimonios del Bloque Magdalena Medio (audiencia en Barrancabermeja, Santander), Bloque Noroccidental (Dabeiba, Antioquia), Bloque Oriental (Icononzo, Tolima), Bloque Occidental (Popayán, Cauca), Bloque Caribe (Pondores, La Guajira), Bloque Sur y Columna Teófilo Forero (Miravalle, Caquetá). Asimismo, la JEP destacó que se llevaron a cabo 192 jornadas territoriales para la escucha a las organizaciones de víctimas, en compañía de la Unidad de Víctimas y la Procuraduría General de la Nación. Proceso que acreditó a 2.456 víctimas de las cuales 394 son de la Fuerza Pública. Privaciones graves de la libertad La JEP no sólo cambió de manera enunciativa el nombre del Caso 01 a Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad» —con las consideraciones que ello trae para las víctimas— sino que detalló el proceso en compañía de las organizaciones de víctimas sobre los estatutos de las FARC-EP que contenían una disposición de “buen trato”; al punto de que la Sala de Reconocimiento concluyó “que la orden de “buen trato» concernía solo a la preservación de la vida del cautivo y no de su dignidad humana.” Esto debido a hechos que la Sala de Reconocimiento encontró con especial gravedad durante el cautiverio de las victimas, entre los que se encuentran delitos de lesa humanidad. Por ejemplo: “Aislamiento forzado, golpizas durante los interrogatorios, violencia sexual y desplazamiento forzado como castigo. También, se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los cautivos, la venta de cadáver, doble pago de rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas, insultos y otras formas de vulneración emocional que se emplearon sin consideración del sufrimiento experimentado.« Por otra parte, La Sala de Reconocimiento determinó la existencia de un patrón de malos tratos de todos los Bloques de las FARC- EP en cuestión. Las narraciones de las víctimas concuerdan en que fueron objeto de: “Encadenamientos y amarres como forma de castigo y humillación; marchas forzadas sin consideración de sus circunstancias de vulnerabilidad; agresiones físicas y psicológicas con golpes, gritos, burlas, empujones; vulneración total de la intimidad, incluso durante las deposiciones corporales mientras debían ser observadas por guerrilleros armados; la existencia de campamentos donde los encierros eran tales que causaban sufrimiento adicional por hacinamiento, falta de luz, aire e higiene básica; falta de atención en salud, incluso cuando podían brindarla; comida insuficiente y en mal estado.” La mayor parte de los secuestros se realizaron entre 1998 y 2001 Conforme al documento entregado por la JEP, el Tribunal Especial llama la atención sobre el mayor pico de secuestros y su coincidencia con el periodo de la Zona de Distención (1998 y 2001), periodo que corresponde al gobierno del expresidente Andrés Pastrana. Asimismo, la JEP —tras el contraste de cifras con bases de la Fiscalía General de la Nación, FONDELIBERTAD, País Libre y del Centro Nacional de Memoria Histórica— determinó que las cifras que pesan sobre el accionar en el conflicto armado arrojan, por ejemplo, que hay identificadas con nombre y cédula 21.896 víctimas de secuestro. El Bloque Oriental es el que habría cometido más este delito pues los departamentos más afectados fueron Guaviare, Vaupés, Caquetá, Meta, Vichada, Arauca y Casanare. De las víctimas identificadas, según el informe, sólo el 55% de los datos reportan la edad de la víctimas; el 5% eran niños, niñas y adolecentes, de las cuales el 47% eran niñas. Frente al tema de desaparición, según el tribunal, “al contrastar este listado con el listado de reportados como muertos y desaparecidos en el RUV (Registro Único de Víctimas), la Sala identificó que el 8,7% de las víctimas de secuestro fueron desaparecidas y el 2,9% asesinadas con entrega de cuerpo”. Respuesta del antiguo secretariado El partido COMUNES —anteriormente conocido como Fuerza Alternativa Revolucionarias del Común— señaló que “el secuestro fue una práctica de la que no podemos sino arrepentirnos, sabemos que no hay razón, ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona.” Además, resaltaron que reiteran “su compromiso para rendir cuentas ante la justicia.” A medio día se dio a conocer un comunicado ante la opinión pública firmado por Rodrigo Londoño Echeverri, Jaime Alberto Parra, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Llama la atención que falta la firma de Milton de Jesús Toncel Redondo (Joaquín Gómez). En la misiva señalaron que los firmantes de la paz están comprometidos con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR). En este sentido y habiendo recibido el Auto 19 de 2021 el 26 de enero; señalaron que “nos encontramos con nuestro equipo de defensa en el estudio de éste y nos pronunciaremos cuando ese estudio haya concluido y definamos nuestra posición ante el mismo en el tiempo destinado jurídicamente para ello”. Se refirieron a que tal como lo hicieron en sus comparecencias relación al caso de secuestro, a través de aportar verdad y la contribución al esclarecimiento de los hechos en el marco de las demandas de las víctimas, mantendrán las mismas conductas de cara al SIVJRNR. Concluyeron saludando los avances de paz “que demuestra la solidez de los instrumentos creados por el Acuerdo Final de Paz y pedimos que se respeten las rutas establecidas en estos procedimientos”. Algunas reacciones El expresidente Juan Manuel Santos señaló desde su cuenta de Twitter que: La @JEP_Colombia da un paso trascendental para consolidar la paz en Colombia. «La decisión hoy de la JEP es trascendental.» Así la calificó desde su cuenta de Twitter Humberto de la Calle Lombana, quién presidió el equipo negociador de paz con las Farc.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. Tras una semana en la que la Fuerza Pública ha hecho presencia en la región de los Montes de María, especialmente en el corregimiento de El Salado, desplegando una fuerte presencia de uniformados de la Armada Nacional, Gaula Militar y Policía Nacional; las comunidades enfrentan la noticia de que Blas Herrera Arias, un campesino oriundo de El Salado, fue asesinado y calcinado. Su cuerpo fue hallado en cercanías al corregimiento de Hato Nuevo, en zona rural de El Carmen de Bolívar. Una semana después de que paramilitares enviaran un mensaje en la región “YA SABEN DE LO QUE SOMOS CAPACES”, evocando el horror de la masacre de 21 de febrero del 2000 perpetrada paramilitares del Bloque Norte de las AUC. *** De acuerdo con las versiones que han entregado los familiares de Blas Herrera a los medios de comunicación, del campesino —de 58 años— no se volvió a saber cuando emprendió camino de su casa en el casco urbano de El Carmen de Bolívar hacia su parcela, en cercanías de una vereda conocida como La Negra. Frente a esta situación, sumada con las amenazas a nombre de las ‘Águilas Negras’ de la semana pasada, las autoridades resolvieron convocar un consejo de seguridad extraordinario; del cuál surgió el ofrecimiento de hasta 40 millones de pesos por quien brinde información que permita establecer los hechos. El Consejo de Seguridad lo presidió Vicente Blel, gobernador de Bolívar, quién señaló que se encuentran a disposición 48 hombres de una patrulla militar que controlan los seis puntos de acceso que tiene el corregimiento de El Salado. ¿Qué ha pasado con la Fiscalía frente a las amenazas a líderes en El Salado? El pasado 19 de marzo, el fiscal Francisco Barbosa designó una fiscal especial para que atienda de lleno la situación de riesgo que vive el corregimiento y sus líderes y lideresas sociales. Ocho (8) días después de este anuncio, Barbosa ha señalado que la Fiscalía ha priorizado “acciones investigativas para esclarecer los hechos”. Además, se refirió a que han “intensificado el desarrollo de diferentes labores de la policía judicial”. Sin embargo, no han entregado resultados concretos sobre la situación de El Salado y de la región de El Carmen de Bolívar.« Por otro lado, se concretó una reunión entre el fiscal Barbosa con el defensor del Pueblo Carlos Ernesto Camargo. Esto, después de la polémica respuesta del fiscal Barbosa al defensor Camargo; cuando Camargo le solicitó a la Fiscalía investigar las amenazas registradas en el corregimiento de El Salado y Barbosa le respondió: “Le recuerdo que la función de la Defensoría no es la de atribuirle responsabilidades y nuevas funciones constitucionales a la Fiscalía” y “lo invito a que antes de emitir este tipo de comunicaciones, se informe del rol acusador de la Fiscalía”. De la reunión entre Barbosa y Camargo surgió la propuesta de una mesa técnica de seguimiento y acompañamiento a las comunidades de El Salado. Mesa que estaría integrada por la unidad Nacional de Protección (UNP), el Ejército Nacional, La Policía Nacional. Mesa que será liderada por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación. Denuncias desatendidas por el Gobierno Nacional La situación de El Carmen de Bolívar fue advertida por la Defensoría del Pueblo a través de la Alerta Temprana Nº 006 de 2020. En el documento se había advertido de la presencia del Clan del Golfo y sus repertorios de violencia. La consolidación del Clan del Golfo en 2015 se dio, por un lado, por cuenta del infructuoso proceso de desmovilización del Bloque Héroes Montes de María de las AUC. Por otro, tras imponerse en la disputa que venían adelantando en contra de grupos como ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Paisas’. El riesgo que implica el Clan del Golfo en la región ha venido aumentando por cuenta de que su control se ha expandido de las zonas rurales a zonas urbanas. Por ejemplo, el casco urbano del municipio. Geográficamente el municipio de El Carmen de Bolívar ha resultado clave para los intereses ilegales de los grupos armados que han hecho de las suyas por estas tierras. De acuerdo con la Defensoría, resulta una salida estratégica hacia el Mar Caribe por el golfo de Morrosquillo, en la zona montañosa de El Carmen de Bolívar. Asimismo, en la zona norte del departamento de Bolívar por el municipio de María la Baja. De igual forma, el documento resalta que el municipio permite la comunicación de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Montería, Sincelejo y la subregión del Urabá antioqueño. Para el caso del Clan del Golfo, hacerse al control de esta región pues su principal fuente de financiación es el narcotráfico. Sin embargo, no es la única fuente de financiación puesto que, desde 2019, han ejercido control a través de economías ilegales conocidas como ‘gota a gota’ o ‘paga diario’. La extorsión en este sentido es otro de los repertorios de violencia del Clan del Golfo. Los profundos problemas derivados de la ausencia integral del Estado acrecientan la situación; pues vía coacción o por medio del dinero se da el reclutamiento de jóvenes desempleados del municipio, de acuerdo con la Defensoría. Según la Defensoría, durante estos años el Clan del Golfo ha representado riesgo a personas que hacen parte de la Mesa de Participación Efectiva de El Carmen de Bolívar, Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOCOMUNAL), 116 JAC del municipio, el Movimiento Pacífico de la Alta Montaña, organizaciones de base, organizaciones de campesinos, mujeres víctimas, defensores/as de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales. Respuesta frente al Clan del Golfo En entrevista con El Tiempo, el Contralmirante Juan Ricardo Rozo Obregón desatacó que las labores de la Fuerza Naval del Caribe se han concentrado en los Montes de María para combatir al Clan del Golfo. Reconoce que la apuesta del grupo paramilitar es hacerse con el corredor estratégico para tráfico de droga con salida al mar Caribe. Según Rozo Obregón en El Salado, hoy por hoy, hay 48 uniformados de la Armada y 35 de la Policía Nacional. Frente a resultados, señaló ante los micrófonos de este medio, que se encuentran en reserva de inteligencia. Una sombra armada persigue los procesos de restitución de tierras De acuerdo con la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo en El Carmen de Bolívar “la presencia de actores armados, la materialización de la violencia representada en amenazas y atentados en contra la población campesina en procesos de retorno o incursos en procesos de restitución de tierras, la persistencia en la vulnerabilidad económica de la población campesina, la poca efectividad de las medidas judiciales y extrajudiciales derivadas de la en la política pública de víctimas para incidir en la recuperación económica y social de las víctimas y la falta de acceso a la reparación integral, han llevado a un escenario de reproducción y repetición de la victimización de la población campesina del municipio.” Es necesario recordar que uno de los temas que tienen que ver con el paramilitarismo es el despojo de la tierra. De hecho, en el más reciente informe que entregó la Fundación Forjando Futuros a la Comisión de la Verdad; el 83% de los casos de despojo tuvo a los paramilitares como perpetradores. Frente a esta victimización, las organizaciones de victimas solicitan Verdad y Garantías de No Repetición para continuar con su proceso de reclamación. Incluso, la Defensoría ha venido advirtiendo de la revictimización a manos de quienes retornaron a la libertad tras la ley 975 de 2005 y que operaron en armas en la región de los Montes de María. Según el documento de la Defensoría, El Carmen de Bolívar es “el municipio con más solicitudes de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas en el departamento de Bolívar; 2.450 en total que cobijan más de 46.265 hectáreas.”

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado martes en horas de la noche se prendieron las alarmas. Desde la Defensoría del Pueblo alertaron que 12 concejales de Argelia, Cauca, se vieron obligados a desplazarse de manera forzosa por problemas de seguridad desde el municipio, pues como se ha informado, estos líderes políticos temen que las amenazas en su contra por parte de grupos armados ilegales se hagan efectivas. Hay que señalar que como lo informó el Secretario de Gobierno, Luis Cornelio Angulo a través de RCN Radio, 11 de los concejales llegaron hasta Popayán, allí presentaron denuncias ante la Fiscalía – lugar en el que pasaron la noche- y la Personería de la capital caucana. “Ellos están haciendo las denuncias, pero también se requiere que por parte de la Unidad de Protección se establezcan esquemas de protección colectiva e individual para que pueda haber cierta normalidad en el Concejo del municipio de Argelia. (…) Hoy hay una situación crítica en el municipio con los concejales y así debemos actuar desde las instituciones; la UNP tiene que hacer el estudio de riesgo lo más pronto posible, la Defensoría debe seguir acompañando y desde la Gobernación tenemos que atender con urgencia y proveer las ayudas humanitarias que se requieren”, aseveró Luis Cornelio Angulo. Asimismo, y en medio de un contexto en el que ha sido una constante los hechos violentos, se instó a una mayor presencia del Gobierno Nacional: “El municipio de Argelia es una población que el 80% es rural y en sus corregimientos no hay esa presencia institucional adecuada, permanente y de gran cantidad para que esto avance. Si bien es cierto que está la fuerza pública, también se necesita que ese componente social esté presente”. Vale la pena señalar que, según el sistema de información de la Fundación Paz y Reconciliación, Sipares, se reporta que, al menos, tres hechos de desplazamiento forzado se registraron en el 2020. El primero ocurrió el 07 de marzo tras presentarse enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc, lo que causó que cerca de 270 personas tuvieran que desplazarse hacia el casco urbano. Luego, en el mes de abril, tras amenazas del Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, cinco (5) líderes y lideresas del Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay y 20 campesinos y campesinas de las comunidades de San Juan de Micay, El Plateado, Sinaí, Playa Rica y Huisitó, tuvieron que dejar forzadamente su territorio. Adicionalmente, el 25 de noviembre se alertó desde la Defensoría del Pueblo que después de la circulación de panfletos firmados por el frente José María Becerra del ELN, ciudadanos venezolanos y habitantes de zonas rurales del municipio de Argelia abandonaron el municipio. En este hecho más de 170 personas salieron de la zona. Ahora, iniciando este año, ya se registra un nuevo hecho, que además de poner sobre la mesa la crítica situación de violencia en el Cauca, también insta a que se preste atención a las amenazas e intimidaciones que son cometidas contra líderes políticos, pues como lo advirtió hace algunos días Ariel Ávila, “el 2021 que es un año preelectoral, y los años preelectorales tienden a ser muy violentos en Colombia”. Una mirada al contexto actual Hay que iniciar señalando que el desplazamiento de los 12 concejales tuvo como uno de sus motivos el asesinato de Fermiliano Meneses Hoyos, líder social y concejal del municipio, presuntamente cometido por el ELN el pasado 16 de enero en el corregimiento de El Plateado, luego que llegara a la zona para atender el llamado de auxilio de su comunidad por los combates que se registraron entre las disidencias de las Farc y el frente José María Becerra del ELN, los cuales, como había sido denunciado, completaban más de siete días. Asimismo, no hay que olvidar que en esa misma zona en el mes de agosto del año pasado la concejal Nancy Santacruz fue amenazada y tuvo que abandonar forzadamente el territorio junto con su esposo Norbey Antonio Rivera, quien el 30 de diciembre del 2020 fue asesinado en el barrio La Ladera, en Popayán. A esto se suma que solo durante este año en otras zonas del país han sido asesinados otros líderes políticos. Por un lado, Carlos Erlid González Cortés, exconcejal por el Partido Cambio Radical en el periodo 2016-2019, fue interceptado el 10 de enero por hombres desconocidos en la finca de su propiedad, ubicada en la vereda Cerro Rico, jurisdicción del municipio de Buga, Valle, donde fue asesinado. Y, el 19 de enero en Cáceres, siendo cerca de las 9 de la noche en el barrio Villa San Roque de Guarumo, hombres armados llegaron hasta la vivienda de la lideresa social y política Linda Patricia Díaz Romero, estando allí dispararon en repetidas ocasiones contra ella, quien fue trasladada al Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia, a donde llegó sin signos vitales. Díaz Romero fue aspirante al Concejo de Cáceres en el 2015 por el Partido de la U, además, era reconocida por su trabajo comunitario. Hay que recordar que previo a las elecciones regionales de 2019, y como parte de un ejercicio de veeduría de Pares, se encontró que, en un periodo de 349 días de época preelectoral, la Fundación había registrado en relación con la violencia electoral 230 víctimas de 177 hechos ocurridos en 28 departamentos y 136 municipios. Se señalaba en ese momento que “la magnitud del problema es tal que, en poco menos de un año, puede decirse que se ha producido una víctima de violencia electoral cada 1,5 días”. Además, como lo escribió Ariel Ávila, “durante la campaña, entre el 27 julio y el 27 octubre de 2019, un total de 142 candidatos sufrieron de violencia política: siete (7) candidatos fueron asesinados (4 al concejo y 3 a la alcaldía), 113 fueron amenazados y 20 sufrieron atentados”. ¿Qué pasa en el Cauca? Recientemente el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila hizo a través del diario El Nuevo Liberal, un análisis de la situación en Argelia, Cauca, zona en la que además, siguiendo lo denunciado el día de ayer por la Defensoría, desde 07 de octubre se emitió una alerta temprana por parte de esta institución en la que se hacían algunas recomendaciones a partir de la situación de violencia, en la que se identificó el riesgo inminente de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, la presencia y fortalecimiento de grupos armados ilegales en el municipio, además de otras problemáticas sociales resultado de este panorama. Asimismo, bajo este contexto no se puede perder de vista respecto a la violencia política que las alarmas se encendieron desde el 2020 por el asesinato de seis (6) concejales, el ataque que sufrió el senador indígena Feliciano Valencia en el norte del Cauca y las denuncias de varios asesinatos y atentados contra líderes políticos locales. Con esto, además del notorio deterioro de la seguridad nacional desde la posesión de Iván Duque como presidente que ha afectado especialmente a departamentos como el Cauca, Ávila indicó que en esta zona “se escurrió la paz de entre las manos, la “ventana de oportunidades” que abrieron las negociaciones y la firma de la paz nunca se aprovechó, hubo algo de tranquilidad por unos dos años, entre el 2016 y 2017. Pero todo se fue escurriendo. No basta con implementar PDET, PNIS, etc., ya no será suficiente para la situación vivida, es más, nadie tiene una fórmula mágica que le dé solución a la actual ola de violencia que vive el sur occidente del país”. Esto, entre otras cosas, terminó acentuándose ante una ausencia institucional y estatal, que incluso una vez dejado este territorio por el Frente 60 de las Farc -uno de los de mayor importancia en la zona durante el conflicto armado- tras la firma del Acuerdo de Paz, nunca se hizo nada para copar este gran vacío, lo que permitió la entrada a otras estructuras armadas ilegales que hoy se disputan a sangre y fuego el dominio del Cauca. “Hace dos años el recién creado Frente Carlos Patiño del Comando Coordinador de Occidente de las disidencias de las FARC realizó un primer intento de ingreso en el que se enfrentó muy fuerte con ELN entre marzo y mayo del 2018. Después de una arremetida muy fuerte “Los Patiños”, como les llaman en la zona, este grupo perdió esa batalla y se vio disminuido. (…) Para inicios del año 2020 el Frente Carlos Patiño hace un nuevo ingreso a la zona con más hombres, acompañado con la columna Jaime Martínez y comandados por Jonier y en esta oportunidad muy rápido hicieron control del Cañón del Micay, con el botín del cobro de impuestos al cultivo de coca y la producción de cocaína. Aprovecharon un mal momento que estaba pasando el ELN”, afirmó Ariel Ávila en su artículo. Lo que ha dejado esta disputa por el poder es una comunidad completamente afectada por un número de muertes alarmante, que solo en el 2020, según datos de Medicina Legal se reportaron, al menos, 77 homicidios. De estos, siguiendo lo registrado en el Sipares, 05 fueron cometidos contra líderes sociales y firmantes de paz. Además, en lo corrido de esta guerra la comunidad ha sido afectada por los constantes señalamientos, paros armados continuados, impedimentos para trabajar la coca, desplazamientos masivos y amenazas; las cuales se volvieron parte del paisaje entre panfletos firmados por el ELN o las disidencias. “El fenómeno más grave en este territorio es que es uno de los enclaves cocaleros más importantes y productivos del país con más de 10 mil hectáreas sembradas y con toda una estructura económica volcada a la producción de hoja de coca y cocaína. Según el último informe del SIMCI, la productividad por hectárea en el Cañón del Micay triplica a lo que se puede alcanzar en el Pacífico Nariñense”, expone Arel Ávila. Adicionalmente, en la Alerta Temprana, la Defensoría del Pueblo enfatizó que la constitución geográfica y topográfica de los municipios como Argelia, permite la configuración de diversas estrategias de movilidad y comercialización de sustancias relacionadas con la cadena del narcotráfico De un lado, aunque en condiciones precarias, se encuentra una red vial de bastas dimensiones, que posibilita la movilidad de miembros de los grupos armados ilegales. Por estos corredores, además del tránsito de hombres, circulan armas e de insumos para la transformación de coca para su comercialización. Existen también redes de comunicación que se extienden en dirección hacia el Océano Pacífico, el departamento de Nariño, el norte del departamento del Cauca y, por supuesto, hacia la vía Panamericana que interconecta todo el sistema de tránsito del país”. Todo esto lo que demuestra es que el desplazamiento de estos concejales, que además afecta el tejido social y la actividad política en Argelia, donde es primordial contar con este tipo de acciones, responde a las consecuencias del abandono estatal y a las inexistentes medidas eficientes para atender esta ola de violencia, que incluso con las advertencias hechas desde distintos sectores no están siendo atendidas con la responsabilidad y efectividad que urge.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. Tras el encuentro de quienes encabezan el Sistema de Justicia Transicional colombiano con el Parlamento Europeo, los y las integrantes de esta Cámara manifestaron una gran preocupación por cuenta del recrudecimiento de la violencia y violaciones a los Derechos Humanos que atraviesa Colombia, tal y como lo ha señalado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): el 2021 ha sido el inicio de año más violento desde la firma del Acuerdo de Paz: 14 enfrentamientos armados entre estructuras criminales y Fuerza Pública, 14 líderes sociales asesinados, 6 masacres y 5 asesinatos de excombatientes de las Farc-Ep. Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, y Francisco De Roux, presidente de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad expusieron este miércoles ante el Parlamento Europeo las funciones que adelanta conjuntamente el Sistema de Justicia Transicional y la urgencia porque el Gobierno Nacional implemente el Acuerdo de Paz. Imagen: Pares. Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, y Francisco De Roux, presidente de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad expusieron este miércoles ante el Parlamento Europeo las funciones que adelanta conjuntamente el Sistema de Justicia Transicional y la urgencia porque el Gobierno Nacional implemente el Acuerdo de Paz. Dentro de las propuestas de los diputados y parlamentarios emergió una para realizar una Resolución Plenaria en relación con la situación actual del Proceso de Paz. Preocupados por un panorama nacional que arroja el asesinato de un líder o lideresa social asesinado cada 41 horas. “No existe democracia desde la inseguridad Pública” Por ejemplo, Jordi Solé, parlamentario señaló que «Estamos ante un crecimiento de la violencia, el 2020 fue el año con más asesinatos desde la firma de los Acuerdos. Nos preocupa la persistencia de grupos paramilitares. También los asesinatos de defensores de derechos humanos y del medioambiente». Además, insistió que a pesar de que Emilio Archila diga que existía el paramilitarismo, es verdaderamente preocupante la victimización que está ejerciendo. Javi López, parlamentario, manifestó que existe un compromiso absoluto por la implementación integral del Acuerdo de Paz. Resaltó la preocupación por la inseguridad de líderes y lideresas sociales y la dificultad en el proceso de reincorporación debido al elevado número de asesinatos a firmantes de la paz. Asimismo, precisó que “no existe democracia desde la inseguridad Pública y que por eso tenemos que hacer un esfuerzo todos, también haciendo uso de fondos europeos para hacer frente a esta realidad que es inaceptable.” Marie Arena, integrante del Parlamento Europeo se refirió a las cifras preocupantes que componen la ciris de Derechos Humanos en Colombia. «Después de la firma del Acuerdo de paz se redujo la violencia, pero en los últimos 4 años más de 570 asesinatos de defensores de derechos humanos se produjeron en Colombia», insistió Arena. “La situación en Colombia es suficientemente grave para proponer una urgencia de Derechos Humanos en el próximo pleno y reiterar todo mi apoyo a quienes en Colombia apuestan por la construcción de un país en paz porque siempre nos tendrán de su lado en esa lucha”. Frente al trabajo realizado por el Sistema Integral de Justicia, Veronique Lorenzo, de la Unión Europea declaró que “reconocemos que ustedes hacen un trabajo especialmente difícil en reincorporar a los excombatientes y en proteger el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Realizan un trabajo valioso en un contexto complicado”. UBPD solicitó un llamado del Parlamento Europeo al Gobierno Nacional Luz Marina Monzón —directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)— abrió ante el Parlamento Europeo las intervenciones de quienes presiden en Colombia el sistema de Justicia, Verdad, Reparación y Garantías de No Repetición. Monzón habló por las miles de víctimas y señaló que la UBPD es un mecanismo para construir paz en Colombia. Precisó que como mecanismo que fue creado en el marco del Acuerdo de Paz con la otrora guerrilla de las FARC -EP; tiene como objeto dar cuenta de más de 120.000 personas desparecidas durante el conflicto armado colombiano. Asimismo, garantizar el derecho de los familiares a conocer “cuál fue la suerte y el paradero de sus familias que fueron desaparecidas de manera forzada”. La directora de la entidad presentó el caso de una madre a la que la UBPD pudo darle cuenta de su hijo tras 18 años de incertidumbre, al momento de ser entregado su cuerpo. Con ello, la directora de la UBPD hizo hincapié en que “la desaparición en Colombia continúa siendo un riesgo. Para 2020 —a corte de 1ro de Octubre— se contabilizaba por el Instituto de Medicina Legal más de 2.000 personas desaparecidas.” La UBPD, que comenzó funciones el 6 de agosto de 2018, en compañía de la Fiscalía General de la Nación, el Instituto de Medicina Legal y el propio sistema de Justica, Verdad, Reparación y Garantías de No Repetición, ha podido hallar con vida a tres (3) personas desaparecidas con vida que se reencontraron con sus familiares. “La Unidad ha podido dar con los cuerpos de los desaparecidos que durante años sus familias los estaban buscando, personas que no habían podido ser identificadas, pudo encontrar y recuperar cuerpos que se encontraban en distintas partes del país, entre otras, con el aporte de entregado de manera confidencial a la UBPD por los actores del conflicto”, precisó. Solicitudes al Parlamento Europeo Ante el Parlamento Europeo, Luz Marina Monzón realizó una serie de llamados al gobierno del presidente Iván Duque para que haya mayor compromiso en la implementación integral el Acuerdo de Paz. “¿Qué requiere la UBPD para cumplir con su mandato y continuar con su trabajo por la paz? Tener un respaldo decidido del Gobierno Nacional, un mensaje permanente de respaldo a todo el sistema integral y el cumplimiento al Acuerdo de Paz. Porque solamente de esa manera podrá avanzarse y superarse las desigualdades, la discriminación y las contantes violaciones de Derechos Humanos”, sostuvo Monzón. La UBPD pidió a la comunidad internacional unirse al pacto por la búsqueda de los desaparecidos para construir paz, espera que la comunidad internacional mantenga el interés, el apoyo y seguimiento al Acuerdo de Paz en Colombia que puede contribuir a procesos similares en el mundo. También realizó un llamado al gobierno para que apoye, respalde y articule acciones efectivas y permanentes para garantizar que los mecanismos del sistema puedan cumplir adecuadamente con su misión de satisfacer los derechos de las víctimas, y hacer un seguimiento a la situación de asesinatos de cientos de líderes, lideresas, jóvenes, niños y niñas, pueblos étnicos y campesinos; que siguen sufriendo graves violaciones a sus derechos y libertades. La histórica oportunidad de los comparecientes y su papel en el conflicto Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, precisó ante el parlamento europeo que la JEP tiene como objeto “investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los delitos más graves y representativos que tuvieron ocurrencia durante más de 50 años, en donde no sólo participaron quienes hacían parte de las filas de las FARC-EP; sino también quienes integraban las Fuerzas Armadas u otras entidades públicas y aquellos terceros civiles que financiaron de alguna u otra forma”. Cifuentes explicó que la JEP sobre ellos emitirá sus sentencias condenatorias. Además, sostuvo que “por primera vez en la historia del país, quizá del mundo, los antiguos combatientes se han enfrentado al dolor causado, a sus relatos iniciales que justificaban sus acciones por los ideales de la lucha revolucionaria”. El presidente de la JEP señaló que durante los primeros tres (3) años de funcionamiento del tribunal especial —a parte de decisiones trascendentales con el objeto de establecer el universo de los comparecientes y de los hechos victimizantes— se abrieron, por parte de la Sala de Reconocimiento, siete (7) macro casos. Caso 1: retención ilegal de personas por parte de las FARC, con 2.444 víctimas acreditadas. Caso 2: situación en los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas con un estimado de 105 mil víctimas. Caso 3: muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado en el que hay cerca de 1.179 víctimas. Caso 4: situación territorial de la región de Urabá: 787 mil víctimas. Caso 5: situación territorial en el Norte del Cauca con 164.301 víctimas. Caso 6: investigación del exterminio del partido político por parte de la Fuerza Pública en asociación con miembros del paramilitarismo: hay 8.196 hechos victimizantes. Caso 7: reclutamiento forzado de menores en el que hay un estimado de 17.000 víctimas. Comisión de la Verdad señala impunidad Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad (CV), le dijo al Parlamento Europeo, que en el marco del funcionamiento del CV han sido escuchadas más de 18.200 víctimas, comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas y a las comunidades campesinas. La justicia penal, indicó, no resolvió el problema de la impunidad en Colombia que alcanza un 90% de impunidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El director del organismo señaló que, en su ultimo año, la Comisión de la Verdad está preparando el informe final concentrado en una narrativa con base en los testimonios de las víctimas y a más de 190 documentos entregados por las organizaciones de Derechos Humanos. Añadió que la CV está en la tarea de establecer, junto con ese relato que conlleva a los hallazgos y muy particularmente el sufrimiento de las mujeres, de género y étnicos. «Hay una especie de entusiasmo por la verdad en Colombia, empezando por las FARC que han empezado a reconocer públicamente sus crímenes de guerra, sus magnicidios», indicó. En ese sentido, la Comisión también está recibiendo testimonios de empresarios y miembros de las Fuerzas Armadas. Asuntos como el paramilitarismo y el asesinato de personas inocentes tratadas en Colombia como ‘falsos positivos’. La situación es muy delicada por cuenta de los asesinatos a líderes y lideresas sociales, así como contra firmantes de la paz. Hay una pérdida de confianza del Acuerdo de Paz por la gravedad de estos hechos.

Por: Julián Martínez Vallejo. Columnista Pares. En la Comisión Quinta del Senado de la República se realizó la audiencia pública de “Vigilancia y seguimiento a la vacunación del Covid-19” a la que fue citada el ministro de Salud para que explicara la estrategia del gobierno y el cronograma de vacunación pero este envió una carta en la que dice que no tenía tiempo en su agenda para ir. “¿Cuándo va a empezar la vacunación? ¿Cuándo piensa el gobierno que Colombia tendrá inmunidad de rebaño?”, fueron algunas de las preguntas que no tienen respuesta por parte del gobierno. “El secreto es la primera decisión que se toma cuando se van a hacer cosas mal hechas”. Con estas palabras, el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo describió lo que para él ha sido el manejo de la negociación del gobierno de Iván Duque para conseguir las vacunas contra el Covid-19, durante la audiencia de vigilancia y seguimiento a la vacunación que mitigue los efectos de la pandemia desarrollada en la Comisión Quinta que paradójicamente se encarga de asuntos energéticos y no de salud. A la audiencia fue citado el ministro de Salud Fernando Ruiz, quien envió una misiva en la que argumentó no poder asistir porque no tenía espacio en su agenda. “A esa hora estoy convocado por el señor presidente de la República a una reunión sobre asuntos relacionados con la atención de la pandemia. Espero acompañarlos en otra oportunidad, espero acompañarlos en nueva oportunidad, estaré atento a las conclusiones y recomendaciones derivadas de la audiencia”, dice la carta. Robledo criticó que el gobierno ha creado un misterio en torno a la compra de las vacunas y no se sabe cuándo se empezará a inmunizar a los colombianos, a pesar de que el presidente Duque se comprometió a finales del año pasado a comenzar el plan nacional de vacunación las primeras semanas de febrero. “Acá hay un pleito entre quienes creemos que las vacunas para este ejercicio particularmente deben ser un bien público y quienes creen que lo único que importa es el negocio y ya veremos las malas consecuencias de eso”, puntualizó ante la opinión pública. “Unos contratos que empezaron por ser secretos. Yo quiero rechazar el secretismo como criterio de contratación de este gobierno”, agregó. Como Jorge Robledo, más de 15 congresistas, entre los que se encontraban María José Pizarro, Gustavo Petro, Juan Luis Castro, Rodrigo Lara, entre otros, manifestaron su rechazo al sigilo y la ambigüedad con la que el gobierno ha manejado la contratación de la vacuna. Pizarro denunció que “no hay acceso a la información ni siquiera para los congresistas que estamos en el deber de hacer control político y ni siquiera a la ciudadanía”, recordando que han tenido que recurrir a la tutela, como fórmula de presión para que el gobierno respete el derecho al acceso a la información pública. El senador del Partido Verde, Jorge Londoño, señaló que al 26 de enero de 2021 Colombia ha superado los 51.274 muertos, ocupando el puesto 12 en la lista de países con más fallecidos en el mundo. Según el DANE, los estratos 1, 2 y 3 tienen al 89% de la población contagiada por Covid, mientras que los estratos altos 5 y 6 el 2.4%. Una investigación de la Fundación Pares descubrió la opacidad del gobierno en el manejo de los dineros públicos en la pandemia. “Nos dimos cuenta que hay un acuerdo de confidencialidad entre el Ministerio de Salud, que le cede todas las funciones de compra a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que no está preparada para comprar nada de temas de salud y que le prohíbe revelar cualquier dato, precio, cosa en el tema de compra para gestionar la pandemia”, señaló Ariel Ávila, subdirector de Pares. Imágen: Pares. Colombia está esperando que las vacunas lleguen mientras nuestros vecinos como Brasil ya tiene el 64% de las vacunas contratadas, Argentina el 70%, México el 119% y nosotros 33%, siendo los peores de Latinoamérica. Durante la jornada que duró cinco horas y cuarenta minutos comenzando a las 9 de la mañana y extendiéndose hasta el final de la tarde, también participaron autoridades médicas, miembros del Ministerio Público e investigadores independientes. La contralora delegada para el Sector Salud, Lina María Aldana, reveló que el gobierno le está enviando, supuestamente, dos informes mensuales que tienen la información completa de la contratación de la Subcuenta. “Maneja unos acuerdos de confidencialidad que nosotros como Contraloría pues debemos respetar, desde la Constitución se establece que nosotros debemos recibir la información, si la solicitamos, pero desde ese punto de vista debemos guardar la confidencialidad, pues para no perturbar la ejecución de esos contrarios que se van dando”, dijo la funcionaria del Ministerio Público. Sin embargo, una investigación de la Fundación Pares descubrió la opacidad del gobierno en el manejo de los dineros públicos en la pandemia. “Nos dimos cuenta que hay un acuerdo de confidencialidad entre el Ministerio de Salud, que le cede todas las funciones de compra a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que no está preparada para comprar nada de temas de salud y que le prohíbe revelar cualquier dato, precio, cosa en el tema de compra para gestionar la pandemia”, señaló Ariel Ávila, subdirector de Pares. Esteban Salazar, coordinador de la línea de Democracia de la Fundación Pares, resaltó que la UNGRD se está convirtiendo en el gobierno de Duque en una entidad “supremamente poderosa, toda vez que no solamente contrataba los asuntos relacionados con el tema de salud sino también la asistencia alimentaria sobre los cuales Pares el año pasado hizo una advertencia en más de 330 contratos respecto de kit alimenticios que tendrían presuntamente sobrecostos”. La audiencia pública fue organizada por los senadores Guillermo García Realpe, del partido Liberal; Maritza Martínez, del partido de la U; Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático y Jorge Enrique Londoño de los verdes.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Esta vez ocurrió en el barrio El Chagualo de la ciudad de Medellín. Si se conocieran todas las arbitrariedades que son cometidas por miembros de la Policía seguramente este tipo de artículos serían diarios. No obstante, es un hecho que muchos de estos casos no son denunciados por la presión que significa involucrar a alguien de una institución como esta, y porque, como ha quedado demostrado una y otra vez, la justicia es en ocasiones es improcedente para atender este tipo de denuncias. A pesar de esto tanto las redes sociales, como organizaciones de Derechos Humanos han permitido poner sobre la mesa que estos casos no son aislados, y que por el contrario son sistemáticos y han dejado una y otra vez en riesgo la vida de quienes deberían proteger. Según información presentada en El Tiempo, solo en Bogotá la Policía entre 2019 y septiembre de 2020 había perpetrado 45 violaciones sexuales y 10.071 agresiones físicas. En este contexto no hay que dejar de nombrar que desde el pasado el 30 de enero de 2017 entró en vigencia el nuevo Código de Policía y Convivencia, y aunque con este se pretendía que la institución debía siempre impulsar la solución pacífica de los conflictos y hacer uso de la fuerza como último recurso, la realidad es que los abusos policiales no han parado, y parecieran estar lejos de parar, pues como lo informó recientemente Temblores ONG en su informe ‘Bolillo, Dios y Patria’, en los tres primeros años de implementación de este instrumento se han registrado, al menos. 289 asesinatos, 39.613 personas lesionadas y 102 hechos de violencia sexual. Según el informe presentado por la ONG de los 289 homicidios presuntamente cometidos por uniformados entre 2017 y 2019, 56 tuvieron lugar en el departamento de Antioquia, que a su vez es la zona con más de estos hechos. Asimismo, de los 32 departamentos del país solo en siete no hay registro de estos casos: Guainía, Guaviare, Putumayo, Quindío, San Andrés y Providencia, Vaupés, Cundinamarca –haciendo la claridad que en Bogotá se tiene el reporte de 23-. Hoy, a terminarse solo el primer mes de 2021, desde Pares hemos podido conocer dos relatos de violencia policial. Uno, sobre Jerson Stiven Vega Vela, un joven de 23 años, que el 01 de enero recibió un disparo, que como lo contaba su familia, vino por parte de un uniformado, quien hacía parte del CAI Jardín Santander, en Ibagué. Hasta el momento, aunque hay una investigación por este asesinato en la Fiscalía a donde fueron llevadas varias pruebas entre ellas videos de las cámaras de seguridad de la zona, la familia asegura que no tienen conocimiento de lo que ha sucedido con el uniformado, y a la fecha no han recibido ninguna comunicación sobre cómo avanza el caso en esta instancia. Por otra parte, como lo comentó Alejandro Pimiento, hermano de la víctima, por acciones disciplinarias hasta hoy se escuchará a la familia en una indagatoria juramentada en el Comando de la Policía Metropolitana de Ibagué. Las arbitrariedades policiales que pusieron en riesgo la vida de un ciudadano Asimismo, conocimos el testimonio de Andrea Gómez García, quien denunció que el pasado 19 de diciembre su hermano Edgar Olmedo Gómez García fue víctima de abuso policial en el barrio El Chagualo de Medellín. Los hechos, siguiendo lo narrado por Andrea, ocurrieron luego que dos uniformados de la Estación de Policía la Candelaria llegaran a la zona en donde algunas personas se encontraban departiendo con motivo a la despedida de fin de año. “Desde que se bajaron tomaron una actitud agresiva, a provocar a la gente. Les decían que se iban a llevar el bafle en el que estaban escuchando música. La dueña del local y del bafle fue hasta donde estaban ellos para que no le fueran a quitar su propiedad, pero en una de esas uno de los policías la tomó del cabello y la tiró al suelo, por lo que la comunidad reaccionó, entre ellos/as mi hermano. Ahí hubo un crucé de palabras. Otro muchacho también se levantó y en ese momento el policía le empezó a pegar, mi hermano intentó meterse para que no lo siguieran lastimando, pero recibió un puño en el labio. Al ver todo esto la gente comenzó a irse y la policía se los llevó a otra parte de la cuadra, pensamos nosotros que para que no lo vieran, con lo que no contaban es que justamente en este lugar había cámaras de seguridad captando lo que estaba pasando”, cuenta Andrea Gómez. A la zona llegaron varias personas a auxiliar a Edgar, mientras que el policía implicado se retiró de donde se presentaron los hechos. Incluso como parte de su testimonio, Andrea indica que las personas del establecimiento al que pertenecían las cámaras le decían al uniformado que lo auxiliara, que cómo lo iban a dejar ahí; solicitudes que cayeron en oídos sordos. Dado esto, y sin recibir ninguna atención de primeros auxilios, Edgar fue trasladado por una de sus conocidas en un taxi hacia el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, donde le tuvieron que realizar una cirugía en la cabeza, debido a que se le había formado un coágulo de sangre al recibir el golpe con el andén, el cual estaba creciendo y amenazaba con poner en riesgo la vida de Edgar, pues como una de las consecuencias de esta afectación física podía haber sufrido un paro cardiorrespiratorio. Además, tras lo ocurrido la víctima también sufrió fractura en su clavícula. “Mi hermano estaba muy desorientado cuando ingresó al hospital. Nosotros le peguntábamos que qué le había pasado, y él no recordaba lo que había pasado en esa noche; decía que lo había atropellado un carro. Entonces yo le dije que porqué decía eso, si a él le había pegado un policía. Él estaba como con miedo. (…) Nosotros esperamos a que él estuviera consciente y que nos dijera qué quería hacer. El 21 él despertó bien, ese día ya teníamos videos de lo que había pasado, se los mostré y decidimos denunciar”, agrega Andrea Gómez. Tras esto la familia de Edgar y él fueron a la Fiscalía para exponer oficialmente el caso. Allí se recepcionó la denuncia. Además, otra acción que querían adelantar era contar lo sucedido a través de medios de comunicación, específicamente en TeleAntioquia. “No sé cómo se enteró el comandante de la Policía de Antioquia y nos frenó. Dijo que él iba a mandar a investigar, pero hasta el sol de hoy ese señor no ha investigado nada. Solamente ha querido como tapar todo para que no sea pública la agresión de este policía”, advirtió la hermana de la víctima. Por otra parte, desde la Fiscalía se respondió a través de correo que Edgar Gómez García debía ir a Medicina Legal, y que sobre este caso había sido asignado otro fiscal. Con esto la familia decidió llevar el caso a través de un abogado e instaurar otra denuncia por intento de homicidio. Según el informe presentado por la ONG Temblores, de los 289 homicidios presuntamente cometidos por uniformados entre 2017 y 2019, 56 tuvieron lugar en el departamento de Antioquia, que a su vez es la zona con más de estos hechos. Asimismo, de los 32 departamentos del país solo en siete no hay registro de estos casos: Guainía, Guaviare, Putumayo, Quindío, San Andrés y Providencia, Vaupés, Cundinamarca –haciendo la claridad que en Bogotá se tiene el reporte de 23-. Imagen: Pares. A esto se suma que, como cuenta Andrea, las personas del establecimiento al que pertenecían las cámaras “estaban muy solidarios colaborándonos, pero cuando el comandante de la Policía dijo que iba mandar a investigar, mandó dos policías al taller donde mi hermano trabaja y también al restaurante donde los videos quedaron grabados. Luego de eso ha sido muy difícil y no sabemos si fue que los amenazaron o algo así, pues ellos dicen que no se quieren meter en problemas”. Edgar Olmedo Gómez García fue dado de alta el 21 de diciembre. Como se expresó anteriormente, la familia adelanta un proceso a través de la Fiscalía, no obstante, hasta el momento la víctima y su familia desconoce qué ha pasado y si en efecto se ha adelantado alguna investigación ya sea a través de este organismo o de la Policía – de la cual tampoco han recibido ningún acompañamiento ni comunicación-. Para Edgar, así como para cada una de las personas que han sufrido las arbitrariedades de miembros de esta institución se seguirá exigiendo justicia. Adicionalmente, este caso sigue poniendo sobre la mesa y resaltando la urgencia de una reforma policial.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. “Mientras en Colombia superamos más de 50.000 muertos a raíz del Covid- 19, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se convierte en la auténtica caja negra del manejo de los recursos de la pandemia”, señala Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares. De acuerdo con Salazar, el trabajo adelantado por Pares en el informe arrojó los siguientes resultados: 1. Se identificó que el Gobierno Nacional ideó una estrategia que le permitiera la evasión de los mecanismos de contratación pública y la Ley de Transparencia. Precisamente, este es uno de los hechos polémicos que resalta la investigación de Pares porque se evidencia cómo ‘artificiosamente’ se trasladaron las competencias del Ministerio de Salud a la UNGRD. Pares dio cuenta de un acuerdo— soportado en un documento del 11 de mayo de 2020—; en el que resalta una cláusula que reza de la siguiente manera: “DIFUSIÓN, RECIPROCIDAD Y CONFIDENCIALIDAD”, en el cual se obligan ambas entidades a “no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación reservada toda la información referente a la ejecución del presente convenio”, como consta en el artículo sexto”, sentencia la investigación Pares. Es decir, en palabras de Salazar, con esta clausula de confidencialidad “se prohíbe dar información pública de contratos y de los procesos contractuales a terceros.” El investigador de Pares resalta que este tipo de contratos está asociados a la compra de ventiladores, insumos biomédicos y medicamentos que han sido distribuidos a nivel nacional. Asimismo, el investigador de Pares precisa que, hoy por hoy, no existen referencias, documentos o investigaciones en el que haya “transparencia”. 2. Se identificó que la UNGRD se estaría convirtiendo en una entidad supremamente poderosa. Ahora la UNGRD está encargada de la contratación de la vacuna. De acuerdo con Salazar, durante el proceso de la investigación el equipo se percató que la UNGRD no sólo contrataba los asuntos relacionados con salud, sino que también contrataba la asistencia alimentaria. Como muestra, Pares en 2020 hizo una advertencia por más de 313 contratos referentes a kit de alimentos con posibles sobrecostos. Con estos antecedentes, la UNGRD no presenta garantías para ser —por decisión del Gobierno Nacional— la encargada de la contratación de las vacunas. 3. La UNGRD se está convirtiendo en un fortín político Detrás de la figura de la UNGRD como fortín político, la investigación de Pares encontró “serios indicios de participación de miembros de partidos políticos como el Centro Democrático, de sectores afines a Miguel Uribe Turbay o Enrique Peñalosa. Según denuncias hechas por Camilo Enciso y la veeduría que está haciendo sobre los recursos destinados para la pandemia”, señaló Salazar. 4. Se identificó que, si bien no existen los contratos, serían más de 1.2 billones de pesos que se estarían repartiendo dentro de la UNGRD. “Si esta es la mermelada del presidente Duque, que nos está costando más de 50 mil vidas, es importante de los órganos de control pongan un ojo a esta situación y, también, el Congreso de la República haga el debido control político”, concluyó Salazar. Un panorama poco alentador el que deja la investigación adelantada por Pares. En resumidas el gobierno de Iván Duque realizó acuerdos de confidencialidad “por fuera de los lineamientos de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”; que recrudece la incertidumbre por la forma en que el Gobierno Nacional está manejando la crisis provocada por el Covid-19. Como, por ejemplo, el aplazamiento de la llegada de las vacunas a Colombia no sombra por cuenta del entramado de silencios que han construido. El delicado manejo del Gobierno Duque a la pandemia Para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación, los resultados de la investigación preocupan al país. De acuerdo con Ávila, estar a expensas de entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es una auténtica tragedia. Ávila ha señalado que la UNGRD es “un antro de corrupción: sobre costos en mercados, contratos con privados metidos en escándalos de ilegalidad y ahora, opacidad en temas de vacunación.” Asimismo, el analista político insta al presidente Iván Duque y al ministro de Salud, Fernando Ruíz, pues —a su consideración— ha habido un aprovechamiento del Estado de Emergencia con el interés de “liquidar uno de los principios de la democracia. ¿Qué ocultan?” Incluso, el analista político fue más allá y sostuvo que la UNGRD “es un antro de corrupción y yo espero que su director me demande por injuria y calumnia para poder llevar todas las pruebas ante la justicia a ver si usted paga cárcel.« Ávila hace hincapié que a través de la investigación Pares encontró contratos con privados envueltos en escándalos de corrupción como, por ejemplo, en los Planes de Alimentación Escolar (PAE). Además, hace un llamado sobre la nula información alrededor de los cerca de 1.2 billones de pesos de los cuales no se sabe a quién se contrató. La estrategia del Gobierno Nacional En el más reciente informe de la Fundación Paz & Reconciliación llamado “Opacidad del Gobierno nacional ¿El mecanismo de corrupción en pandemia?”; Pares le advierte al país que el Gobierno Nacional ha desplegado una estrategia que el Gobierno Nacional “habría creado un sólido mecanismo para evadir la contratación pública, la transparencia y el acceso a la información de los recursos para el manejo de la pandemia; con graves consecuencias como presuntos sobrecostos en kits de mercados, clientelismo y una absoluta opacidad en medio de la crisis sanitaria que azota al país.” Pares le puso el ojo a dos instituciones públicas: la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia porque —en palabras de Ariel Ávila— estas dos instituciones se inventaron acuerdo de confidencialidad desde hace un año para tapar y evitar dar información sobre los billones de pesos para gestionar la pandemia. Se han aprovechado del “Estado de Emergencia” De acuerdo con la investigación de Pares, desde el Gobierno Nacional se ha gestado un entramado que representa, hoy por hoy, un riesgo a la estabilidad de Colombia. Esta situación, según el informe, tiene que ver con que el Gobierno Nacional ha estado abusando del “Estado de Emergencia”. Esta situación se puede observar en la creación de “dos fondos con duplicidad de funciones, sometidos al derecho privado artificialmente; la modificación de manuales de contratación de entidades públicas; así como acuerdos de confidencialidad entre entidades para eliminar el control ciudadano y la transparencia en la compra de mercados, ventiladores y actualmente la vacuna.” De esta forma, Pares, a través de su informe, alerta a la opinión Pública debido a que uno de los hechos más polémicos de los rezagos de la pandemia en Colombia; ha sido la falta de transparencia en la gestión del Gobierno Nacional. Esta situación se ve acrecentada debido a que, de acuerdo con Ariel Ávila, el país continúa en una completa “ausencia de control político por parte del Congreso y entes de control: todos controlados por amigos del gobierno. Nadie vigila, todos se tapan.”