Por: Ariel Ávila y Esteban Salazar. Pares. De acuerdo con una investigación realizada por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), se estableció que el Gobierno Nacional habría creado un sólido mecanismo para evadir la contratación pública, la transparencia y el acceso a la información de los recursos para el manejo de la pandemia; con graves consecuencias como presuntos sobrecostos en kits de mercados, clientelismo y una absoluta opacidad en medio de la crisis sanitaria que azota al país. Descargue aquí la investigación completa: En los hallazgos preliminares de esta investigación se observa que la estrategia del Gobierno se fundamentó en el abuso del “estado de emergencia” para la emisión de decretos con fuerza de ley para, entre muchas otras irregularidades, la creación de dos fondos con duplicidad de funciones, sometidos al derecho privado artificialmente; la modificación de manuales de contratación de entidades públicas; así como acuerdos de confidencialidad entre entidades para eliminar el control ciudadano y la transparencia en la compra de mercados, ventiladores y actualmente la vacuna. Si bien en 2020 hubo alertas sobre la hipertrofia del Gobierno en la emisión de decretos con fuerza de ley, y a pesar de que la Corte Constitucional realizó controles sobre la exequibilidad sobre estos, la realidad es que hoy este entramado ha puesto en riesgo la estabilidad institucional del país. A continuación, los puntos más importantes. Mediante decreto 444 de marzo de 2020, se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), a cargo del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de atender la pandemia, el cual se rige por el derecho privado (artículo 6). Un artificio o “mico” sobre el cual nadie prestó atención en su momento. #InvestigaciónPares l #ATENCIÓN ⁦@estebanalitic⁩ explica los graves hallazgos de lo que sería la ‘mermelada’ millonaria de ⁦@IvanDuque⁩ con los recursos para atender el Covid-19 en Colombia pic.twitter.com/TtqqKjZJxa — Paz & Reconciliación (@parescolombia) January 26, 2021 A menos de un mes, salió el decreto 559 de abril de 2020, mediante el cual se creó la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias Covid-19, en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), administrado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad a su vez adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en cabeza de Diego Molano; también con el objetivo de atender la pandemia y contratar en el régimen privado (artículo 4). Todo esto parece agravarse con los hallazgos realizados por Pares en función de los acuerdos de confidencialidad por fuera de los lineamientos de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la contratación por régimen privado creada de forma artificiosa por el Gobierno nacional en el FOME y la Subcuenta Covid-19; y la inexplicable gestión de la UNGRD y el FNGRD en la administración y ejecución de más de un billón de pesos haciendo todo tipo de contrataciones, a las que se sumaron recientemente la reconstrucción de San Andrés y Providencia por el desastre ambiental y la compra de la vacuna. Pares seguirá investigando estas presuntas irregularidades en un informe más amplio con relación a los contratistas de la Subcuenta Covid-19, el FNGRD, la UNGRD y el FOME, así como la responsabilidad de los directores y funcionarios de las entidades encargadas. ⚠️ #InvestigaciónPares | GRAVE ESCÁNDALO SE CORRUPCIÓN: Así se manejan los recursos públicos en el Gobierno de @IvanDuque para gestionar la pandemia. Por: @parescolombia Véalo completo en: https://t.co/WwnwyY8MVX pic.twitter.com/Tez96C0wNu — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) January 26, 2021

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Recientemente se informó desde la Defensoría del Pueblo que en lo que va del 2021 se han dado más de 200 desplazamientos interurbanos forzados en Buenaventura, motivo por el que solicitó pronta intervención interinstitucional integral inmediata, pues además en los últimos meses la situación de violencia se ha empeorado en esta zona de la costa pacífica. Se informa desde la entidad que más de 10 familias abandonaron sus viviendas ubicadas en los barrios Pampalinda, San Luis, Bellavista, San Francisco, Camilo Torres y Jorge Eliécer Gaitán, en las comunas 10, 12 y 7 de Buenaventura, Valle de Cauca, tras presentarse varios enfrentamientos armados que han puesto el riesgo la vida de los/as habitantes de esta comunidad. “La Defensoría del Pueblo está realizando un constante acompañamiento a las familias, y adelanta gestiones para que se garantice la protección de la vida e integridad de los habitantes. Ayer, la Entidad asistió al comité de la Subcomisión del Ministerio Público para la Justicia Transicional, para hacerle seguimiento a la problemática, en compañía de la Procuraduría Provincial y la Personería, donde quedó como compromiso agilizar la toma de declaraciones de las personas que están en situación de desplazamiento”, se agrega en el comunicado. Sobre este caso hay varios puntos por señalar, entre ellos que esta situación se ha mantenido así, por lo menos, desde finales de 2020, contexto en el que hay que nombrar que específicamente el 30 de diciembre, se denunció que siete personas habían sido asesinadas casi simultáneamente en varios barrios de la zona. Asimismo, durante este día se alertó que hombres en moto patrullaron varios puntos de la Comuna 8 con armas de largo alcance. Juan Manuel Torres, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, afirmó que “este hecho marcó un nuevo momento de una violencia que no ha cesado. Eso ha venido causando que en varios barrios de Buenaventura se estén denunciado constantes desplazamientos internos y abandonos de casas, pues los enfrentamientos entre fracciones de La Local no han permitió vivir en algunos barrios”. Ese mismo día, es decir el 30 de diciembre, ocurrió un intento de asesinato contra alias Fidel, quien es un jefe de La Local, una estructura criminal con importante control en Buenaventura. Él sobrevivió y como represalia decidió asesinar a estas siete personas, además de mandar integrantes armados de la organización a patrullar distintos barrios. En relación con este punto vale la pena mencionar que luego de una acentuada violencia en el primer semestre de 2020, en el que fueron cometidos solo entre abril y mayo 24 de los 78 homicidios que se reportaron durante el año pasado, las dos fracciones de La Local que están en una mayor disputa; los comandados por alias ‘Fidel’ y los de alias ‘Pepo’ habían llegado a un pacto de no agresión, que al parecer terminó con lo ocurrido en diciembre. Como lo indicaba hace algunas semanas Ariel Ávila a través de El Espectador; “Fidel es el que tiene la ruta de droga hacia Chile, los otros manejan las rutas hacia Centroamérica”. Una de las más graves consecuencias con todo esto, es que al romper el pacto la comunidad ha sido la que ha quedado entre el fuego cruzado. Escribía el analista que “como en el resto del país, en Buenaventura nadie entiende qué pasa con la Fuerza Pública, su inoperancia es increíble. En la zona rural la situación es peor: hay un avance de la disidencia de Gentil Duarte con el Frente 30 desde el sur, apoyados por la Columna Móvil Jaime Martínez. Además, hay constantes incursiones del ELN en varias cuencas de ríos, atacando poblaciones y cometiendo asesinatos selectivos”. El 31 de diciembre de 2020 se desarrolló un consejo de seguridad, al que asistieron el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la administración distrital y departamental y autoridades militares y de Policía. En este una de las soluciones dadas desde el Ministerio fue ofrecer una recompensa para quienes permitieran la desarticulación de La Local. Además, las autoridades encargadas establecieron que esta situación se debió a la disputa entre fracciones de La Local por lograr el control del microtráfico, el narcotráfico y la extorsión en Buenaventura. Por otra parte, y siguiendo lo analizado por Ariel Ávila, el investigador Juan Manuel Torres aseveró que a todo esto se suma que hay una situación que preocupa: “Hay un desplazamiento silencioso por las amenazas, y enfrentamientos entre otros grupos como el ELN y el Frente 30 – Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Además, las condiciones de Buenaventura no son las ideales; por un lado, porque toda la estructura institucional de atención para las personas desplazadas ha venido debilitándose en los últimos dos años y no tiene mucho que ofrecer, por otro lado, tampoco se dan las condiciones en materia de seguridad para la comunidad”. Imagen: Pares. Insistentes llamados al Gobierno Como se ha venido insistiendo, esta situación no es nueva, es una de las consecuencias de una serie de hechos que se han mantenido en los últimos meses. Por esto, justamente desde la Alcaldía de Buenaventura se instó al Gobierno Nacional a tener medidas efectivas e integrales para atender esta situación, pues, como se menciona, tras lo sucedido el 30 de diciembre, aunque se tomaron ciertas acciones como las más arriba nombradas, “los esfuerzos desplegados por los cuerpos de seguridad del estado no han sido suficientes”, se lee en la carta enviada al presidente Iván Duque por Víctor Vidal, alcalde del Buenaventura. El pasado 16 de enero se comunicó desde la Fiscalía General de la Nación que se había capturado 42 presuntos integrantes La Local, a través de 30 diligencias de allanamiento y 5 intervenciones en las comunas 8, 9, 10, 11 y 12 de Buenaventura. En estas, a su vez, se habría incautado 332 kilogramos de cocaína y armamento como pistolas, revólveres, fusiles, granadas de fragmentación, lanza granadas, escopetas y subametralladoras. Vale la pena resaltar que, aunque desde la administración local se reconocen estos pasos, se resalta que más allá de estas acciones en Buenaventura urge una Estrategia Integral de Intervención, pues por ejemplo, una de las causas del alto índice de desplazamiento tiene que ver, como lo advierte Torres con “el reclutamiento a niños, niñas y adolescentes, el cual está desbordado tanto por grupos guerrilleros, como por grupos delincuenciales, por eso en las zonas rurales como en las urbanas familias deciden desplazarse para que no se lleven a sus hijos/as. Esta es una de las razones por las que se resalta que estos desplazamientos no son nuevos, sino que han permanecido en los últimos meses de forma silenciosa”. Con esto, y siguiendo lo señalado por el investigador, vale la pena traer a colación que “todo esto tiene estrecha relación en que hay muchos jóvenes sin oportunidades, constantemente señalados, en una zona donde no hay programas claros de educación ni empleo, lo que termina generando que sea entre ellos mismos que se asesinen, pues terminan entrando como única opción a esta guerra, es decir, son victimarios, pero también víctimas del abandono y racismo institucional. Allá piensan que por poner un coordinador de juventud ya se está trabajando el tema de jóvenes, pero es algo que va mucho más allá”. Igualmente, hay que advertir que otra de las razones que han llevado a este desplazamiento silencioso son las constantes amenazas a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Con esto hay que nombrar que durante el mes de diciembre fue asesinado Joaquín Antonio Ramírez, líder de comunidades afro y negras e integrante del Consejo Comunitario Pacífico Cimarrones. El hecho se dio en la casa del líder, ubicada en la vereda El Cedro, jurisdicción del corregimiento Cisneros en Buenaventura. Adicionalmente, en ese mismo año, pero en el mes de febrero se atentó contra la vida del líder Orlando Castillo, quien adelanta procesos de defensa de los derechos de la comunidad a través del Espacio Humanitario Puente Nayero y del Comité Interorganizacional por la Defensa de los Territorios Ganados al Mar. Todas estas advertencias, en un panorama en el que ya se tiene la crítica realidad de cerca de 200 desplazamientos forzados, van dirigidas a hacer un llamado para que, como se ha solicitado, se creen estrategias eficaces de seguridad y protección a las comunidades, pues la violencia en esta zona no puede continuar en un bucle histórico.

Por: Redacción Pares. Hoy llega a Colombia Hernán Giraldo o el Patrón o Taladro, deportado desde estados Unidos tras cumplir de manera oficial su sentencia de 12 años en Estados Unidos por el delito de narcotráfico.»El ex jefe paramilitar que tiene mucho por contar y quién violó a decenas de niñas. (se cree que más de 300) paraeconomía, violencia sexual su gran deuda con la verdad y los parapolíticos de La Guajira» señala el analista Ariel Ávila. En el país tiene orden de captura vigente por los delitos de acceso carnal violento contra menores de edad, secuestro y homicidio, entre otros. Por ahora, las cientos de víctimas de Giraldo lo esperan para exigir verdad y justicia. “Una vez cumpla su pena en los Estados Unidos de América, sea puesto a disposición de este Tribunal. La Sala impuso tres medidas de aseguramiento dada su autoría en 339 crímenes de guerra, actualizados entre 1982 y 1995, que corresponden a los delitos de homicidio en persona protegida (artículo 135 del CP), desplazamiento forzado (artículo 159 del CP), desaparición forzada (artículo 165 del CP), acceso carnal violento en persona protegida (artículo 138 del CP), entre otros”, señaló la Sala de Justicia y Paz a mediados de diciembre ante la inminencia de su libertad. Es el año 2000 y una intensa ola de violencia azota Santa Marta. “El Patrón” como se conoce a Hernán Giraldo, comandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena y la Guajira -ACMG- entabla una disputa a sangre y fuego por el control del narcotráfico en la zona contra sus antiguos aliados El Clan de lo Rojas. Estos no contaban con el poder militar necesario para la confrontación armada, la guerra la tenían perdida. Ante esto los Rojas buscan el respaldo de las AUC, a cambio de apoyarlas en su fin: controlar la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta guerra sin cuartel dejó una estela de civiles muertos y heridos y a causa de ello se llegó a un acuerdo entre las AUC y las ACMG que dio como resultado la creación del Bloque de Resistencia Tayrona –BRT- adscrito a la las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- con Giraldo como su comandante y Rodrigo Tovar alias “Jorge 40” como jefe máximo del Bloque Norte. Para 2006 Giraldo se desmovilizó junto con su grupo en la vereda Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca en la ciudad de Santa Marta y en julio de 2008 es extraditado a los Estados Unidos. Giraldo es pieza clave en procesos de la parapolítica local, así como de la paraeconomía lo que puede “prender las alarmas” entre personas que podrían verse afectadas por su llegada pues aún no han sido vinculadas a procesos judiciales. El ex jefe de los grupos paramilitares que operaron en la Sierra Nevada de Santa Marta, había dicho ante la fiscalía, en la audiencia correspondiente al procedimiento previsto en la ley de Justicia y paz, que trece de los políticos más destacados del departamento del Magdalena hicieron acuerdos con él para lograr su apoyo en los procesos electorales.

Por: Redacción Pares. Con información de ONU. Las restricciones impuestas en todo el mundo para contener la pandemia de COVID-19 hicieron que el pasado fuera el peor año en materia de comercio exterior para América Latina y el Caribe desde la crisis financiera mundial de 2008-2009, reveló este viernes un nuevo informe de la Comisión Económica para la región (CEPAL). El documento detalla que las exportaciones regionales se contrajeron un 13%, mientras que las importaciones cayeron un 20%, aunque aclara que estas cifras fueron menores a las proyecciones hechas en agosto, gracias a que hubo un repunte de la demanda en los países socios de la región, especialmente en China. La Comisión Económica para América Latina afirmó que el camino para remontar la crisis e impulsar la recuperación es la integración regional, junto con la reducción de las desigualdades de género. Al presentar el informe en una conferencia de prensa virtual desde Santiago de Chile, la titular de la Comisión advirtió que, desde mediados de la década pasada, la región se ha “desintegrado” comercial y productivamente y que esto ha coincidido con su menor crecimiento en siete décadas. “Esto es muy preocupante, porque el comercio intrarregional es el más conducente a la diversificación productiva, la internacionalización de empresas (principalmente las PYMES) y la igualdad de género”, agregó. El estudio platea que para revertir esta desintegración, es necesaria una agenda compartida en materia de facilitación del comercio, infraestructura de transporte y logística, y cooperación digital para generar sinergias regionales en sectores clave. Bárcena explicó que urge establecer mecanismos para superar la fragmentación del mercado regional y apoyar un repunte sostenible e inclusivo. Arguyó que los beneficios de la integración están a la vista aún en el contexto de la emergencia que se está viviendo. “La pandemia nos ha enseñado, por ejemplo en el turismo, que la gente opta por destinos o servicios más cercanos. Todos queremos sentirnos más seguros y preferimos no hacer desplazamientos a lugares lejanos”, citó y reiteró que si se amplía la integración, se puede aprovechar esta coyuntura para echar a andar una recuperación viable.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. La fundación “Salvemos a Colombia”, de la iglesia misionera embajadores de cristo, cuyo fin es el de “garantizar la protección integral del creyente y fortalecer a la iglesia en el cumplimiento de la gran comisión”, se encontraron en su misión con el uribismo desde hace ya tiempo. Y “coherentes” con los postulados de los unos y los otros, convocaron el pasado 20 de Enero del presente año, bajo el programa de conversatorios 2020, y con el sugestivo título de ¡IMPERDIBLE! a escuchar al presidiario Andrés Felipe Arias (economista y ex ministro de agricultura), tristemente recordado y odiado por ¡Agro ingreso seguro¡ Dice el volante de la invitación que: “conoceremos sus perspectivas con respecto a la actualidad del campo y la agricultura en el país, en su calidad de ex ministro, algo así de: “vean cómo ayudé a quebrar el agro y a los pequeños y medianos campesinos”. Como en Colombia somos de recuerdos débiles y olvidamos fácilmente, va una ayuda de memoria: Ministro faldero de su mentor, este “uribito” desarrolló una línea de Finagro con el nombre de Agro Ingreso Seguro, y el noble objetivo de entregar créditos a baja tasa de interés para pequeños agricultores colombianos. La Procuraduría comunicó hallazgos de contratación sin los debidos estudios, irregularidades en el método o forma de contratar el programa y beneficio a familias terratenientes, incluida una reina de belleza; de ellos, 45 aportaron a la campaña de Uribe de 2002 y 10 a la campaña del referendo reeleccionista que perdieron. Imagino que en su “honesta” disertación, evadió como cuando se voló a EEUU, comentar sobre los 184 mil millones de pesos desembolsados a los amigos y amigas políticos o aportantes. De esta fundación y su iglesia habla muy mal el tipo de invitados para lograr garantizar la protección integral del creyente y fortalecer a la iglesia en el cumplimiento de la gran comisión. Terminaremos por obra y gracia del partido de gobierno y sus “espirituales” aliados convocados en el inmediato futuro a la conferencia “Cómo cuidar los niños” dictada desde la cárcel por el especialista Garavito.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. En Colombia el inicio del 2021 ha significado que asesinen a tres (3) líderes y lideresas sociales por semana. Janeth Zapata es el nombre de la lideresa social del municipio de Dosquebradas, en el departamento de Risaralda, que fue asesinada el pasado jueves 21 de enero. Paralelamente, el Gobierno Nacional —a falta de 18 meses para que Iván Duque abandone la Casa de Nariño— continúa infructuoso para atender la grave crisis de Derechos Humanos que ha sido protagonista desde el retorno del uribismo al poder. *** De acuerdo con la comunidad, la lideresa durante años dedicó su empeño al trabajo comunitario en el barrio conocido como ‘Bombay’ de la comuna 13 en el municipio de Dosquebradas. Según lo dicho por Jaime Gutiérrez, defensor de Derechos Humanos en Risaralda y asesor de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, Janeth —además de su trabajo como lideresa— era madre de un menor con discapacidades diferentes. Hombres armados arribaron al lugar en donde se encontraba la lideresa y abrieron fuego. La situación de Dosquebradas y Risaralda Resulta importante señalar que en menos de cuatro meses ya se han registrado dos asesinatos en el municipio de Dosquebradas. Antes del asesinato de Janeth, el pasado 28 de septiembre de 2020, fue asesinado Jorge Luis Quintero Villada; un líder social, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Sabanitas y trabajaba como guardabosques. Dos sicarios en motocicleta lo asesinaron. Con Janeth son nueve (9) los líderes y lideresas que han sido asesinados en el departamento de Risaralda, según las cifras de Pares. Ninguno de los agentes perpetradores ha sido identificado por las autoridades. Asimismo, Dosquebradas es uno de los municipios que más ha sido victimizado junto con Pueblo Rico y Santuario. Sin respuesta ante la violencia a líderes y lideresas sociales Siguiendo con las investigaciones de Pares, más de la mitad de los asesinatos a líderes y lideresas sociales —desde la firma del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016— han ocurrido durante los dos (2) años y cinco (5) meses del gobierno de Iván Duque. Uno de los hechos que más preocupa es que la inmensa mayoría de los presuntos perpetradores no han sido identificados por los órganos investigativos. Por otra parte, según Pares, la sistematicidad que no hay podido establecer el Gobierno Nacional desde el perpetrador de los asesinatos; si lo dan —trágicamente— el perfil de líderes y lideresas que ejercen su liderazgo bajo fuego. Es el caso de los liderazgos de presidentes o miembros de Juntas de Acción Comunal (JAC), liderazgos indígenas, campesinos, afrodescendientes. Además de Colombia ubicarse como el país más peligroso para líderes y lideresas ambientales, según la organización Global Witness. Situación que para 2021 continúa igual, pues el pasado 11 de enero, por ejemplo, fue asesinado Gonzalo Cardona Molina quien era líder ambiental y ejercía como guardián del Loro Orejiamarillo. Recomendaciones del informe de Verificación de la ONU En el más reciente informe trimestral de expedido por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia —periodo comprendido entre el 26 de septiembre y el 28 de diciembre de 2020—; se señala que se debe fortalecer la labor de la Unidad Especial de Investigaciones (UIE) de la Fiscalía. De hecho, una de las acciones llamadas a priorizar debe ser el apoyo a la UEI por parte de la Fuerza Pública para contribuir en la ejecución de órdenes de captura y acceso a escenas en dónde se perpetran asesinatos a líderes, lideresas y firmantes de la paz. Asimismo, António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, instó a los actores “a responder de manera oportuna y efectiva a los riesgos identificados en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, en particular a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT).” Debido a que, en el periodo comprendido por el informe, “la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre 42 homicidios de líderes(as) sociales y defensores(as) de derechos humanos”. De igual forma, Guterres hizo un llamado a a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para que haga cumplimiento de su mandato consagrado en el Acuerdo de paz. De esta forma, contribuir al “desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que son los principales responsables de esta violencia. Señala además la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la sociedad civil en este sentido.” El informe de la Misión de Verificación resalta que, entre otras tantas cosas, los ataques a lideresas y defensoras de DDHH dificultan la participación integral de éstas en la implementación del Acuerdo de Paz. Según el informe el 78 % de los asesinatos de líderes sociales y defensores y defensores de los derechos humanos tuvieron lugar en zonas rurales, el 98 % en municipios con economías ilícitas, en especial producción de drogas y minería ilegal, y el 45 % en municipios PDET. En municipios con características similares, actores humanitarios reportaron que la violencia de los grupos armados ilegales está afectando a las comunidades, como atestigua el aumento de los indicadores de desplazamiento, confinamiento, reclutamiento forzado y violencia sexual. Geográficamente, según el informe, la violencia letal en contra de líderes y lideresas sociales se ha recrudecido especialmente en las siguientes zonas: Cauca (12), Norte de Santander (9), el Putumayo (8), el Valle del Cauca (5) y el Chocó (4).

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. El próximo año se cumple medio siglo de la publicación de la novela: “Condores no entierran todos los días”, obra en la que Gustavo Álvarez Gardeazábal, narra la vida de León María Lozano ‘El Cóndor’, personaje de mediados de siglo que en la mañana asistía aplicadamente a misa y en las noches dirigía violencia contra liberales, con la participación de la policía, esos pájaros fueron famosos en la terrible violencia de mediados de siglo. Guido Piccoli, un italiano que vivió en los años ochenta en Colombia, escribió un libro sobre nuestras dinámicas de violencia y lo tituló “El Sistema del Pájaro”. El Presidente Alberto Lleras Restrepo, luego de un conato de golpe militar, pronunció un célebre discurso en el Teatro Patria, en el Cantón Norte de Bogotá, fue el 9 de mayo de 1958 y les dijo a los militares: “Yo no quiero que las Fuerzas Armadas decidan cómo se debe gobernar a la Nación, en vez de que lo decida el pueblo; pero no quiero, en manera alguna, que los políticos decidan cómo se deben manejar las Fuerzas Armadas en su función, su disciplina, en sus reglamentos, en su personal…». Con el Decreto 3398 de 1965 y la posterior Ley 48 del 68, se le dieron facultades a las Fuerzas Armadas para armar, dar adiestramiento militar, coordinar labores de seguridad y control territorial con civiles, todo esto en el marco de la Doctrina de seguridad nacional, hija aventajada de la guerra fría que tenía su fundamento en el ‘enemigo interno’ quienes eran los comunistas, los opositores, los que exigían y reclamaban derechos. El Frente Nacional hizo las pases entre liberales y conservadores, se consolidó una estabilidad para la competencia política entre ellos y se dio mano libre para que los militares se encargaran del “enemigo interno” y siguiendo la directriz dada por el Presidente Alberto Lleras Camargo, los políticos no se metían en los asuntos de los militares y los militares no darían golpes militares, era una coexistencia más o menos pacífica entre estos dos mundos. Esta línea de actuación política: guerra fría, enemigo interno y mano libre a los militares para que trataran a los opositores políticos y sociales como gente peligrosa e indeseable a la que se le podía echar bala, fue configurando año tras año una dinámica de criminalidad que se puede rastrear en la prensa, en el debate político, en los cables diplomáticos, es un permanente rio de sangre, que poco a poco fue creciendo hasta configurar genocidios como el que sufrió la Unión Patriótica. Pero antes esa violencia la habían sufrido la Unión Nacional de Oposición -UNO-, una confluencia liderada por el Partido Comunista en los años setenta, igualmente los lideres de este agrupamiento, sus concejales, diputados, sufrieron la persecución y la criminalidad y de ella participaron militares, policías, agentes políticos locales y nada de eso se contuvo desde el poder central, solo se veía desde la línea trazada en el Teatro Patria en el año 58. Todo se va a complejizar con la instalación del narcotráfico, dinámica económica que se instaló sobre el histórico conflicto agrario y sobre una sociedad que no contaba con un estado en todo el territorio y cruzada por la ‘guerra fría‘, con este nuevo actor de la economía y la política vamos a tener una expansión y mayores complejidades de las confrontaciones que se vivían y se siguen viviendo en la sociedad Colombiana, el narco llegó para ser parte nuestra realidad y nuestra realidad estaba cruzada por una competencia política que se vivía en parte por ejercicios sistemáticos de violencia. El narco fue combustible para el alzamiento armado y el narco fue refuerzo para el latifundio y lo fue para meterse con los políticos y todo esto fue vislumbrado de manera lucida por Luis Carlos Galán, el más importante político que se opuso de manera decidida a esta nueva fuerza criminal y dio la batalla y la perdió y como ya lo sabemos en su agresión y crimen estuvieron vinculados importantes políticos y agentes estatales, en asoció con las mafias. El Estado colombiano es híbrido: hay la gente mas civilista, respetuosa de la legalidad, personas honorables y entregadas a sus responsabilidades y los hay ligados con mafias y criminales, esa es nuestra dura realidad. Los que han liderado el ejercicio de los gobiernos desde la tradición política, se ciñeron a la línea del Teatro Patria, así ha sido hasta nuestros días donde la guerra fría mantiene vestigios en nuestra realidad, aquí se sigue viendo a los comunistas y a la izquierda como gente indeseable y peligrosa, eso es lo que se expresa como el Castro-Chavismo, y a esos indeseables se les puede echar bala y la que si sigue plenamente activa es la guerra contra el narcotráfico, que aunque fracasada desde hace mucho tiempo, se sigue implementando para reforzar el interés de que nada cambie en el desigual mundo rural. Cuando se piense en las responsabilidades del presidente Virgilio Barco tengamos presente la directriz del presidente Alberto Lleras Camargo un 9 de mayo de 1958 a los militares en el Teatro Patria.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Luego de un año en el que fue constante la exigencia al ministro del Interior, de Defensa al Gobierno Nacional, y las instancias nacionales e internacionales para que se pusieran los ojos sobre la situación de violencia que se vivió a lo largo del 2020 en el país, llegó un nuevo año y el panorama no pareció cambiar mucho, por el contrario, varias de las advertencias que hicieron cayeron en oídos sordos, y hoy muchos de esos escenarios violentos que se alertaron están en auge. “El año pasado se anunció el deterioro sustancial de la seguridad durante la administración del presidente Iván Duque. (…) Estamos en la tormenta perfecta: una explosión de economías ilegales; el precio de la pasta base de cocaína está en $3.000, el del oro también está arriba. Dos, estamos en un empate técnico criminal; ningún actor le gana el otro, y en eso hay una degradación de la violencia. Tercero, hay una ausencia de política de seguridad. Pasaron estos años y el Gobierno no ha entendido lo que significa una política de seguridad en medio del posconflicto. Todo esto en medio de 2021 que es un año preelectoral, y los años preelectorales tienden a ser muy violentos en Colombia”, aseveró Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Solo se va terminando el primer mes del 2021, y lo cierto es los hechos para alertar sobre las advertencias que se han venido haciendo son del día a día: masacres, asesinatos selectivos, secuestro, atentados, desplazamientos, entre otros, ha sido el panorama y lo que ha dejado la falta de acciones efectivas de un Gobierno al que los reclamos se le han hecho de una y otra forma. Afirmó Ariel Ávila que: “Vamos a prepararnos para un río de sangre porque parece ser que la política pública no da y el presidente Duque escogió llevar a cabo los objetivos de alto valor, el plan burbuja, coger uno de un grupo criminal, coger otro de otro, hacer ruedas de prensa, dar de baja y con eso pretender llegar a final de año con cierta popularidad, pero eso no soluciona los problemas de criminalidad que tiene Colombia, lo hemos anunciado. Parece ser que este 2021 va a estar pasado por sangre”. Sobre la estrategia de seguridad que está siendo implementada por el Gobierno Nacional, tanto comunidades, analistas, políticos, gobernantes locales han dicho que no está dando resultados. Tal fue el caso del alcalde de Tarazá, Ferney Álvarez, quien luego de la masacre cometida en el municipio durante esta semana, aseveró que “en cuatro años no ha cambiado nada con la Fuerza Militar, entonces hay que cambiar acción por una que realmente disminuya los niveles de violencia en el municipio”. Pues bien, a pesar de estas observaciones a las acciones, que como lo indicaba el subdirector de Pares, son fallidas, con los hechos victimizantes cometidos en este año pareciera que se va a seguir por la misma vía, pues, por ejemplo, tras lo ocurrido en el municipio del Bajo Cauca antioqueño, la respuesta después de con consejo de seguridad, en el que participaron varias entidades territoriales, fue seguir bajo los lineamientos del fortalecimiento de la capacidad operativa conjunta por medio de la Fuerza de Tarea Aquiles, constituida por el Ejército y la Policía Nacional; en el caso específico de Tarazá. A poco más de una semana de terminarse el primer mes del año se podría pintar un panorama de lo que significa iniciar un año sin una estrategia de seguridad eficaz, año que además se ve atravesado por ser un periodo preelectoral, lo que pone un agravante adicional, pues como lo indicó Ariel Ávila, “los años preelectorales tienden a ser muy violentos en Colombia”. Imagen: Pares. Asimismo, y siguiendo bajo la premisa que se está continuando con un plan fallido, hay que señalar que durante todo el mes de enero han sido múltiples los hechos de violencia. Pero ante estos los llamados resultados que se han dado, por ejemplo, solo durante esta semana, han tenido que ver con la incautación de armamento del ELN, así como la dada de baja de alias el Indio, integrante del grupo armado, en hechos que se presentaron en el municipio de Bolívar, Valle del Cauca. Por otra parte, recientemente desde el Ejército se informó que tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, lograron la ubicación en zona rural del municipio de Simití, sur de Bolívar, de un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca que pertenecería al ELN, frente Héroes y Mártires de Santa Rosa. Vale la pena cuestionarse, con todo el contexto actual, hasta qué punto este tipo de acciones realmente mitigan los riesgos de la población en relación con la presencia de grupos armados ilegales. Hay que señalar que éstos han doblado su presencia armada territorial en los últimos dos años; los Grupos Armados PostFarc pasaron de operar en 56 municipios en 2018, a 113 a agosto de 2020. El ELN pasó de estar en 99 municipios a más de 160 en 2020, y el Clan del Golfo opera en algo más de 200 municipios actualmente. Realidad que pone de nuevo sobre la mesa si estas acciones que se adelantan realmente están causando un impacto real en la fortaleza que han ganado estos grupos. Enero: las alertas se encienden A poco más de una semana de terminarse el primer mes del año se podría pintar un panorama de lo que significa iniciar un año sin una estrategia de seguridad eficaz, año que además se ve atravesado por ser un periodo preelectoral, lo que pone un agravante adicional, pues como lo indicó Ariel Ávila, “los años preelectorales tienden a ser muy violentos en Colombia”. Hay que recordar que previo a las elecciones regionales de 2019, y como parte de un ejercicio de veeduría de Pares, se encontró que, en un periodo de 349 días de época preelectoral, la Fundación había registrado en relación con la violencia electoral 230 víctimas de 177 hechos ocurridos en 28 departamentos y 136 municipios. Se señalaba en ese momento que “la magnitud del problema es tal que, en poco menos de un año, puede decirse que se ha producido una víctima de violencia electoral cada 1,5 días”. Pues bien, siguiendo esto hay que traer a colación que durante este mes se han presentado hechos como el asesinato del líder político Carlos Erlid González Cortés, exconcejal por el Partido Cambio Radical en el periodo 2016-2019, quien fue interceptado el 10 de enero por hombres desconocidos en la finca de su propiedad, ubicada en la vereda Cerro Rico, jurisdicción del municipio de Buga, Valle. Adicionalmente, el 16 del mismo mes, en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, fue asesinado Fermiliano Meneses Hoyos, líder social y concejal del municipio, misma zona en la que el año pasado la concejal Nancy Santacruz fue amenazada y tuvo que abandonar esa localidad junto con su esposo Norbey Antonio Rivera, quien el 30 de diciembre del 2020 fue asesinado en el barrio La Ladera, en Popayán. Asimismo, y durante esta semana, fue asesinada Linda Díaz Romero, quien era una reconocida líder social y política en Guarumo, Cáceres, Antioquia. Además, quien había sido aspirante al Concejo de Cáceres en el 2015 por el Partido de la U. Hay que recordar que previo a las elecciones regionales de 2019, y como parte de un ejercicio de veeduría de Pares, se encontró que, en un periodo de 349 días de época preelectoral, la Fundación había registrado en relación con la violencia electoral 230 víctimas de 177 hechos ocurridos en 28 departamentos y 136 municipios. Por otro lado, el 15 de enero se reportó la desaparición de María Camila de la Barrera Núñez, en Montelíbano, ubicado al sur de Córdoba, María Camila, de 25 años, fue hallada sin vida en la mañana del 16 de enero al costado de la carretera que comunica a ese municipio con San José de Uré. Las investigaciones de las autoridades señalan que, presuntamente, María Camila fue sacada de su casa por hombres armados desde el domingo 09 de enero. La joven era hija del actual concejal de Montelíbano, Jhony Jaime de la Barrera Torres. A todo esto se suma, que además de este tipo de violencia, durante este mes se han cometido, al menos, 12 asesinatos contra líderes y lideresas sociales, 04 contra firmantes de paz y 04 masacres. Igualmente, en lo que va del 2021 desde el sistema de información de la Fundación Paz y Reconciliación Sipares se han registrado tres casos de amenaza contra líderes/as de El Carmen De Bolívar, Ciénaga y Arauca, así como los atentados a una lideresa ambiental de Barrancabermeja y contra un grupo de líderes de Tame, Arauca. Sin dejar de lado, que se han presentados hechos de amenaza directa contra la población civil como lo ocurrido durante esta semana en El Salado (Bolívar), Remedios y Segovia (Antioquia), a donde han llegado panfletos amenazantes, en los que se ponen como objetivo militar a habitantes de estas zonas, o se obliga al abandono de los territorios. Con esto, y como lo proponía Ariel Ávila en su análisis, vale la pena cuestionarse si ante las faltas de acciones desde el Gobierno Nacional, ¿el 2021 también será un año pasado por sangre?

Por: Fredy Alexánder Chaverra Colorado. Colaborador Pares. En medio de la pandemia el partido heredero de la lucha histórica de la extinta guerrilla de las Farc-ep celebrará su segunda asamblea. Con más pinta de asamblea “constitutiva”, los 230 delegados que representan parte de la militancia fariana, discutirán el futuro inmediato del partido; atravesado por tensiones y divisiones crónicas. Entre el 22 y 24 enero se discutirá la agenda ideológica y programática de un partido que nació en situación crítica tras su desastroso debut electoral y que a cuatro años de su fundación resiste tres facturas: una disidencia armada en cabeza de Iván Márquez (antiguo consejero político nacional y quien reclama el nombre); la ruptura en el componente de reincorporación liderada por Andrés París en contravía de Pastor Alape; y, el distanciamiento de dos senadores, Victoria Sandino e Israel Zúñiga. Al parecer, la asamblea extraordinaria no será el espacio para dirimir esas tensiones; inclusive, antes de empezar ya se han tomado decisiones. Por ejemplo, Farc no seguirá siendo la sigla del partido y será rebautizado. La sigla Farc, ¿un mal de origen? En términos de comunicación política y estrategia electoral conservar la sigla fue un desacierto. Para un observador externo denotaba cierta arrogancia y poca empatía con las víctimas; sin embargo, la cuestión del “nombrecito” va más allá de identificar al Partido de la Rosa como aquella organización heredera de la lucha guerrilla. El nombre fue más el resultado de mirar hacia adentro y reforzar un conjunto de códigos que forman parte de la identidad fariana, es decir, la narrativa que la guerrilla construyó sobre sí misma a lo largo de medio siglo; constituyendo el sentido ideal de una comunidad vinculada a partir de una visión común y dinámica de la historia. Similar al mito fundacional de la resistencia insurgente tras el bombardeo a Marquetalia o Casa Verde. No es una novedad, gran parte de las guerrillas que se desarmaron en los 90 conservaron la sigla en la continuidad de su accionar político, el caso más conocido y patético es de la Alianza Democrática M-19, partido que irrumpió con fuerza entre 1990 y 1992, pero que sucumbió al sistema político a solo tres años de su fundación. El lío con el nombre está es cuando se mira hacia afuera. El grueso de la población colombiana no está familiarizada con la identidad histórica de la comunidad fariana o siquiera valora la sigla desde una dimensión antropológica, eso es cuestión de académicos e investigadores. Imagen: Pares. Para los colombianos el nombre remite a los momentos más sombríos del conflicto armado; al pesimismo del Caguán; a la tragedia del secuestro y hasta a crímenes que erróneamente se le achacan a las Farc como lo del collar bomba. A partir de una potente matriz mediática (que la guerrilla nunca pudo igualar o confrontar en los grandes centros urbanos) en el inconsciente colectivo de la sociedad colombiana quedó instalada la visión de las Farc como el principal responsable de la barbarie en medio del conflicto armado. El negativo de la sigla es muy alto y el énfasis en el “común” se pierde en medio de la polarización que azota al país. Hacia adentro la sigla refuerza el sentido simbólico de unidad y continuidad de la lucha revolucionaria, pero hacia afuera genera malestar y resulta problemática. ¿Qué se viene después del cambio de nombre? Superada la incómoda discusión del nombre (más cuando se encuentra activa una disidencia que lo reivindica como propio), sigue encontrar una solución equilibrada a los problemas estructurales que amenazan al partido y su continuidad al concluir la transición. A continuación, presento los puntos que considero importantes en esa discusión. -Programa e ideología Desde su creación el partido ha sido ubicado por analistas y expertos en la izquierda o la extrema izquierda. Dada su enérgica defensa del régimen dictatorial de Maduro (el único sector que lo hace abiertamente) también se ha considerado como una expresión interna del programa chavista clásico (el de la revolución bolivariana). No obstante, al revisar con detalle la actuación de su bancada o su estrategia electoral, se podría concluir que es un movimiento alineado a la izquierda y pragmático en cuestiones electorales, solo hay que recordar la alianza que se fraguó con el Centro Democrático en el municipio de Frontino. Algo impensable en otras organizaciones de izquierda como el Polo o la UP. Su bancada en el Congreso se encuentra insertada a las dinámicas de la coalición opositora o pro-paz y no ha destacado. En su estructura interna el partido conserva la organización de un partido marxista-leninista (desde las comunas), pero en su relacionamiento con otros sectores esa intención se desdibuja. Todavía no es clara la ideología o el programa (más allá del acuerdo de paz) que los comunes le proponen al país. ¿Son marxistas-leninistas?, ¿Chavistas criollos?, ¿Socialdemócratas? –Elecciones del 2022 y el papel de la JEP Para las próximas elecciones legislativas el partido contará nuevamente y por última vez con diez escaños, cinco en Cámara y cinco en Senado. Probablemente, algunos de sus actuales congresistas salgan y otros busquen dar el salto de la Cámara al Senado, pues en este periodo ya han adquirido experiencia en las lides del Congreso. Pero un factor importante a tener en cuenta es que se espera que pronto la JEP empiece a proferir las sanciones en cada uno de los macrocasos, ya sean sanciones propias (que no implican cárcel) o alternativas (con cárcel), algunos de los actuales congresistas serán condenados y si continúan en el Congreso deberán equilibrar su sentencia (con enfoque reparador) con su labor en el Congreso. Eso de entrada resulta problemático; negativo ante la opinión pública y poco empático con las víctimas. Se ha propuesto que las sentencias propias se cumplan en el marco de los proyectos PDET, tanto en lo rural como en lo urbano. ¿Quiénes serán los próximos congresistas?, ¿Qué tipo de responsabilidad tendrán ante la JEP?, ¿Si la sanción no es propia y sí implica cárcel que pasaría con esa curul? -Crecimiento electoral El desempeño electoral de Farc en las legislativas de 2018 y las regionales de 2019 ha sido marginal e intrascendente. No se tiene claro cuáles son los sectores que representan o por qué estos no les han votado. El decir es que es un partido sin votos y que no sobrevivirá a las elecciones de 2028 (cuando deberá superar el umbral para conservar la personería); sin embargo, esas afirmaciones no son del todo ciertas. En las elecciones legislativas de 2018 el incentivo ideal para apoyar las listas de Farc resultaba mínimo porque el partido ya tenía, al menos, diez curules aseguradas, solo podía sumar más si superaba el umbral (algo imposible), esto generó una dispersión entre sus electores hacia listas o candidatos que sí necesitaba los votos. Ahí resulta importante trabajar en estrategias para que sus listas sean apoyadas a pesar de las curules fijas; asimismo, incentivar a los sectores favorecidos por el acuerdo (por ejemplo, el programa de sustitución cobija a 100 mil familias) para que los apoyen, pues un partido sin votos solo es una ONG. Esos son algunos de los puntos (desde el plano meramente partidista) que considero importantes sean abordados en la segunda asamblea del Partido de la Rosa. Farc es un partido sui generis, único en el mundo y en cualquier sistema de partidos, pues además de preocuparse por la mecánica electoral, debe velar por la implementación de un acuerdo de paz; garantizar la reincorporación efectiva de los exguerrilleros (en medio de un genocidio). Parte de su dirigencia deberá responder ante la JEP y hacerle frente a una sociedad que apenas los está aceptado. Todo en Farc es único y no hay fórmula previa, por eso, considero que las tensiones son naturales. La clave está en saber abordarlas para que no sigan acabando con el partido y sus posibilidades de permanencia como un proyecto político sólido. Esperemos que la asamblea sea un espacio para avanzar en ese sentido porque en muy poco tiempo la rosa se está marchitando.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. El Gobierno Nacional anuncia lo que sería la fecha de inicio de vacunación en territorio colombiano: primera semana de febrero. Sin embargo, Fernando Ruiz —el ministro de Salud— no pudo dar cuenta de la cantidad de vacunas que Covax le entregaría a Colombia. Además, el ministro, en su intento por atajar la polémica por el hecho de que en la región ya inició la vacunación; resolvió decir que “en este momento no hay una relación entre la reducción de esta y el proceso de vacunación”. Todo esto, mientras en Colombia hay 1.972.345 casos activos y el país superó las 50 mil muertes. Las clases más empobrecidas están poniendo los muertos. De acuerdo con el más reciente informe de ‘Estadísticas Vitales de Defunciones por Covid- 19 del (DANE); los estratos 1, 2 y 3 representan el 89,4% de muertes. De los cuales el 67,3% están concentrados en el 1 y 2. *** El Ministerio de Salud y Protección Social, en cabeza del ministro Fernando Ruiz, anuncia que, supuestamente, Colombia hará parte de la lista de países de América que recibirán la vacuna para la primera semana de febrero (a partir del lunes 1ro de febrero de 2021). Sin embargo, la estela de incertidumbre que el mismo Gobierno Nacional ha generado —con anuncios reversados y salidas en falso— sumado a que Colombia es el país con mayor número de contagios y muertes en el continente sin empezar la vacunación; no vislumbran un panorama alentador. El Ministerio de Salud publicó dos (2) boletines de prensa en horas de la tarde de este 21 de enero de 2021. Llama la atención que en el No 063 de 2021, la misiva se refiera al caso de Colombia frente a los países en la región sobre el tema de la vacunación. En respuesta a la preocupación del pueblo colombiano el ministerio señala: <>. Habría fecha, pero no se sabe las cantidades Según el boletín de prensa No 062 de 2021, esta medida es “producto de negociaciones del Fondo Rotatorio para la Adquisición de Vacunas y a través del mecanismo COVAX”. En la memoria de los y las colombianas está cuando de la voz del presidente Iván Duque se escuchó decir que Colombia había cerrado acuerdos para “adquirir 40 millones de dosis de vacunas contra el Covid 19; Pfizer, 10 millones; AstraZeneca, 10 millones, y estrategia Covax, 20 millones.” El jefe de la cartera ministerial agregó que “el Gobierno Nacional, se reunió el día de ayer con el presidente de laboratorio Pfizer-BioNTech, el doctor Albert Bourla, y este se comprometió a realizar las entregas de los biológicos de manera trimestral». Además, Ruiz manifestó una preocupación que suscita en el Ministerio de Salud y Protección Socia frenta a una “posible carga de tutelas que puede generar afectación al Plan Nacional de Vacunación.” Ruiz precisó que «bajo el consenso de expertos, la vacuna de Pfizer tiene una inmunización completa, en Colombia se vacunará a los grupos priorizados con la primera dosis, esperando que las personas sean muy juiciosas y regresen a la segunda aplicación a los 21 días, completando así el esquema de vacunación». La angustia de las familias colombianas Mientras aumentan los fallecimientos por contagio de Covid-19, el pueblo colombiano sigue viendo como llegó un lote de vacunas a Ecuador este miércoles 20 de enero. Sumado a que países como México, Argentina, Chile, Costa Rica ya han empezados el proceso de vacunación. Para Ariel Ávila, subdirector de Pares, la situación se puede retratar en dos preguntas: ¿Qué hizo mal Colombia para estar en esta situación? Y ¿Por qué el gobierno de Iván Duque no dice nada? “Hoy en Colombia hay 50 mil muertes y 2 millones de contagios y para finales de febrero pueden ser 60 mil los muertos”, señala Ávila. El problema en este momento, para el analista político, tiene que ver con la falta de transparencia sobre el proceso de vacunación que encabeza el Gobierno Nacional. Ariel insiste en que el panorama no mejora, entre otras cosas, porque Carlos Felipe Córdoba (Contralor General) y Margarita Cabello (Procuradora General) son cercanos a la Casa de Nariño y no permiten un control para los y las ciudadanas. “La gente se está muriendo, en la mayoría de las ciudades la situación es más que compleja con respecto a la Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Yo le digo al presidente de la República que el sueldo suyo y de sus funcionarios depende de nuestros impuestos. Debe dar claridad sobre el estado del proceso de vacunación. No puede ser presidente que debido a su ineptitud la gente muera de esta forma y no hayamos comenzado con el proceso de vacunación. De los 11 países que más muertos de casos de Covid-19 tiene está Colombia. De ese grupo, sólo dos no han empezado la vacunación. Sí, uno de ellos es Colombia” sentencia Ariel.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. “Linda adelantaba un importante trabajo político. Estaba pendiente de la comunidad; estaba muy enfocada con las personas adultas, venía trabajando con los adultos mayores de la cabecera municipal. Era alguien que promovía el acercamiento colectivo de los demás líderes y lideresas del territorio”, cuenta sobre la Linda Díaz Romero Luisa Fernanda Peñate, presidenta de la JAC de Guarumo, Cáceres, Antioquia. El Bajo Cauca antioqueño es una de las radiografías más graves de la situación de seguridad a nivel nacional. Días atrás a través de Pares se retrataba el panorama de Tarazá, donde hace pocos días fue cometida la primera masacre del año; la primera en un conteo que no se quisiera iniciar, pero que ante la incesante violencia se hace necesario narrar, pues se parte de la visibilización como un acto de reconocimiento que inste a que se atienda estas situaciones. Hay que iniciar señalando que en esta región desde principios de 2017 hubo una reconfiguración de las Estructuras Armadas Ilegales (EAI), que como lo identificaban hace algunos meses la y el investigador (a) de Pares Ximena Sierra y Sebastián Mora, la situación obedecía a tres razones: “(i) Los espacios vacíos dejados por la guerrilla de las FARC que posibilitó el acceso y control de las cadenas productivas de las economías ilegales. (ii) La desconexión entre la comandancia de las AGC en el Urabá con las franquicias que tenía negociadas con los herederos de los extintos Bloques Central Bolívar y Mineros de las AUC, representados principalmente por el Bloque Virgilio Peral Arenas (BVPA) o como se conocen ahora ´Caparrapos´ (iii) Por último, por la entrada de un nuevo oferente en el mercado del narcotráfico en la subregión, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que rompió con la hegemonía de las AGC apoyadas por el Cartel de Sinaloa”. Esto, como se analizaba, llevó a la declaratoria de una guerra que continúa incesante en la región, y que hoy ha dejado a su paso graves hechos victimizantes contra la población civil, casos como la más reciente masacre en Tarazá; desplazamientos forzados; secuestros; amenazas; al menos, diez líderes/as sociales asesinados en lo corrido de 2021, entre ellos/as dos mujeres Mabel Sandra Meneses y Mary Luz Pérez, lideresas sociales y campesinas de Tarazá y El Bagre, respectivamente; entre otros. A pesar que estos casos han sido denunciados por organizaciones sociales, comunidades, medios de comunicación regionales y nacionales, las acciones han sido escasas o poco efectivas, incluso hace tan solo unos días, tras lo ocurrido en Tarazá, el alcalde del municipio, Ferney Álvarez, – como se han hecho desde distintas instancias-, aseveraba a través de medios regionales, que “en cuatro años no ha cambiado nada con la Fuerza Militar, entonces hay que cambiar acción por una que realmente disminuya los niveles de violencia en el municipio”. Lo cierto es que iniciando 2021, y tras cuatro años de firmado el Acuerdo de Paz, la estrategia para atender los problemas de seguridad es igual; se militariza algunos días, se dice que se investigara, se trata de asumir que en la mayoría de los casos -sobre todo cuando de masacres se trata- es por ajustes de cuentas por el narcotráfico, mientras que las personas siguen siendo asesinadas, y el tejido social en los territorios se ve afectado. “Estamos en la tormenta perfecta: una explosión de economías ilegales; el precio de la pasta base de cocaína está en $3.000, el del oro también está arriba. Dos, estamos en un empate técnico criminal; ningún actor le gana el otro, y en eso hay una degradación de la violencia. Tercero, hay una ausencia de política de seguridad. Pasaron estos años y el Gobierno no ha entendido lo que significa una política de seguridad en medio del posconflicto. Todo esto en medio de 2021 que es un año preelectoral, y los años preelectorales tienden a ser muy violentos en Colombia”, advirtió Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Linda Díaz, una líder que trabajaba por la comunidad Este panorama no deja de lado que más allá de lo que digan los análisis, las cifras, estas notas periodísticas, lo que hay detrás de todo esto son vidas, familias, comunidades, procesos organizativos. Por eso, las acciones de las instituciones no solo se requieren para dar reportes o “resultados”, se requieren porque siguen siendo más las personas a las que defender causas comunes les ha costado la vida. El pasado martes, siendo cerca de las 9 de la noche en el barrio Villa San Roque de Guarumo hombres armados llegaron hasta la vivienda de la lideresa social y política Linda Patricia Díaz Romero, estando allí dispararon en repetidas ocasiones contra Díaz Romero, quien fue trasladada al Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia, a donde llegó sin signos vitales. Sobre el caso, a través del diario El Tiempo, el coronel Jorge Miguel Cabra Díaz, comandante del Departamento de Policía Antioquia, indicó que «de inmediato, un cuerpo élite de la Policía Nacional conforma un equipo interdisciplinario en coordinación la Fiscalía General para asumir de manera prioritaria la investigación por estos hechos. De forma muy rápida y propositiva se va a dar con los responsables de este hecho». “Linda adelantaba un importante trabajo político. Estaba pendiente de la comunidad; estaba muy enfocada con las personas adultas, venía trabajando con los adultos mayores de la cabecera municipal. Era alguien que promovía el acercamiento colectivo de los demás líderes y lideresas del territorio”, contó sobre la Linda Díaz Romero Luisa Fernanda Peñate, presidenta de la JAC de Guarumo, Cáceres, Antioquia. Díaz Romero fue aspirante al Concejo de Cáceres en el 2015 por el Partido de la U, y, así como lo afirmó Peñate, era reconocida por su trabajo comunitario, el cual realizaba de diversas formas, entre ellas como parte de la Asociación de Campesinos y Agricultores de Villa San Roque, en zona rural de Cáceres. “Por ser líderes nos tienen como un foco estos grupos armados. En lo que hemos vivido en este año, en el que vamos menos de un mes, es una muerte tras otra. Aquí todos los días es algo nuevo, y no se entiende porqué las autoridades no toman medidas reales; no se sabe si es que no lo ven, o no lo quieren ver. (…) En el municipio se han presentado muchas dificultades y una ve que la guerra se está perpetuando sin que se haga nada. Los grupos como Los Caparros y el Clan del Golfo tienen atemorizada a la comunidad. Diarias son las denuncias sobre amenazas. Los y las lideresas nos encontramos entre la espada y la pared, pues lo que quieren los grupos armados ilegales es demostrar por medio de este tipo de hechos que pueden hacer lo que quieran con nosotros/as”

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Históricamente ha sido una realidad que parte de las victimizaciones cometidas en el marco del conflicto armado han sido dirigidas específicamente dirigidas contra jóvenes. Solo un escenario por el cual se puede denotar esto es el reclutamiento forzado a niños, niñas y adolescentes; según el informe ‘Una guerra sin edad’ del Centro Nacional de Memoria Histórica publicado en el 2017, se registran 16.879 casos concentrados principalmente en el Meta, Tolima, Cauca, Urabá, Santa Marta, Medellín, Montería y Bogotá. Además, se estableció que en la mayoría de los casos los menores fueron reclutados a los 14 años, sin embargo, 910 de estos fueron menores de esta edad. Ahora bien, a la fecha el panorama en general no ha cambiado mucho, pues varios de los hechos violentos en los últimos años han sido cometidos directamente contra menores. Esta es una realidad que se sigue demostrando, y la que se puede evidenciar incluso sin ir mucho tiempo atrás. El pasado martes a través de Pares y distintos medios de comunicación se informó que en el casco urbano del municipio de Tazará, más exactamente en el barrio Palmas Altas, habían sido asesinadas tres personas en medio de una masacre cometida en la zona luego que hombres armados llegaran hasta este punto y comenzaran a disparar indiscriminadamente. Las víctimas: Deibinson Jarmillo, de 17 años; Jhon Cuello Jaramillo, de 18, y Brayan Duván Tapias, de quien todavía no se ha establecido la edad. Solo un día pasó desde este hecho para que también en Antioquia -uno de los departamentos con mayores índices de violencia en lo corrido del 2020-, más exactamente en Segovia y Remedios, comenzara a circular un panfleto que ponía como objetivo militar del frente Virgilio Peralta Arenas de Los Caparros a 19 jóvenes, a quienes señalan de ser colaboradores del Clan del Golfo, grupo con el que libran una disputa, que ha venido afectando especialmente a varios de los municipios del nordeste antioqueño. En el panfleto se lee: “Este comunicado es con el fin de advertir a todo el comercio en general y a las minas que se le están cobrando por extorsiones en nombre de nuestra organización frente Virgilio Peralta Arenas Caparrapos, se hace un llamado a los individuos los cuales tenemos identificados, entre ellos unos del famoso Clan del Golfo, que a partir de la fecha enero 16 del 2021 desde las 00:00 horas son declarados objetivo militar de nuestra organización a los siguientes individuos y otros más que están plenamente identificados. Todos los informantes y colaboradores del Clan (del Golfo) y Libertadores están plenamente identificados. Llega la hora de la verdad, porque están desangrando el pueblo, les pagan y siguen mandando a los bandidos a las minas y al comercio a nombre de nuestra organización”. Según se informó, el panfleto está siendo investigado para conocer la veracidad de este. No obstante, desde la Defensoría del Pueblo de Antioquia, una vez se conoció que uno de los amenazados/as era un líder comunitario del municipio de Segovia, el defensor Yesid Zapata, indicó a través de Caracol Radio que “Por medio de esta denuncia solicitarles a todas las autoridades activar todas las rutas y mecanismos para proteger a este líder, sobre todo en este momento que viene atravesando el país. Este líder y al igual que muchos otros en el municipio de Segovia lamentablemente siguen siendo objeto de graves amenazas por el fortalecimiento de estos grupos ilegales en la zona”. Fuentes en esta zona de Antioquia afirmaron que es inminente el riesgo en el que están los jóvenes en este punto de Antioquia, pues a través del reclutamiento forzado estos grupos armados ilegales se han ido fortaleciendo, a tal punto que estas estructuras están siendo altamente formadas por menores, lo cual la comunidad ha podido evidenciar en incursiones armadas, en las cuales, como se narra, “es gente muy joven la que llega armada”. Por otra parte, es necesario señalar que se ha denunciado que este no es el primer panfleto o amenaza que llega a los municipios, por el contrario, se ha vuelto una constante que circulen audios, documentos, mensajes, señalando a la población civil, sin embargo, la poca investigación sobre éstos y acciones concretas para mitigar los riesgos, lo que ha terminado provocando es que sea muy poca la atención y relevancia de estas amenazas, incluso desde la misma comunidad. Asimismo, hay que señalar, en esta zona de Antioquia una de las principales actividades económicas es la minería, la cual se realiza a pequeña escala como parte de una labor tradicional de los habitantes de los municipios, pero también se han dado licencias a grandes proyectos mineros lo que ha afectado a los primeros, y a su vez ha generado otra clase de conflictos ambientales y sociales, e intereses como lo son las rentas a quienes realizan estas labores por parte de los grupos armados ilegales. Con este primer panorama desde Pares se habló con Carlos Morales, dirigente campesino y representante legal de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño -Cahucopana-. Pares: Se nombraba que esta situación de amenaza, bajo esta dinámica, es recurrente en los municipios. ¿Es así? ¿A qué obedece que no cesen estos hechos? Carlos Morales: Es así. Hace poco circuló un audio, pero realmente después de analizarlo lo primero que se puede decir es que era un audio irresponsable porque no da temor realmente. Ese es un ejemplo, porque así que nos la pasamos; entre amenaza y amenaza que sacan varios grupos para atemorizar principalmente al comercio y a la minería. Por otro lado, también pasa que hay personas que se hacen pasar como miembros de estos grupos para cobrar impuestos y por eso es que se asesinan entre ellos. Pares: Actualmente, tras lo sucedido, se ha enunciado que se iniciará verificando la veracidad de este panfleto por parte de las autoridades. Sin embargo, como se enfatiza, esta no es la primera amenaza. ¿Se ha hecho algo o se ha tomado alguna acción por anteriormente? C.M: Esto que te voy a decir lo hemos venido diciendo también ante agentes institucionales. En Remedios y Segovia hay varias bases militares, hay un batallón, está la Policía, y lo que hay que decir es que tanto la Policía como el Ejército saben dónde se mantienen estas estructuras delinquiendo. Eso es descarado porque se le da el lujo a los paramilitares de patrullar las calles de Remedios y Segovia, especialmente, con fusil en mano, quemando tierra por todas las calles y nadie dice nada; no hay ni siquiera capturas, o algún operativo, para neutralizar o tomar alguna acción sobre estas estructuras. Ya estamos cansados de los discursos de las autoridades, que siempre salen a decir que están investigando, pero mientras dicen eso hay más asesinados/as, y los grupos se la pasan por los territorios haciendo lo que quieran, cobrando impuestos. Mientras esto sí pasa no hay ningún resultado de esas investigaciones que dicen hacer. Es un actuar descarado porque no se está haciendo nada. En Segovia, por ejemplo, reina la ley del silencio; matan a la gente delante de todo el mundo y nadie puede decir nada, ni siquiera para que levanten a quienes asesinan, ni para avisarle a sus familiares. Pares: En los últimos días, como una radiografía de lo que viene pasando en Antioquia, se conoció que había sido cometida una masacre en Tarazá, anteriormente una en Betania y además en solo este año se han registrado cerca de 05 asesinatos de líderes sociales y una firmante de paz en el departamento, además de dos secuestros que terminaron en asesinatos. ¿En Remedios y Segovia qué hecho victimizantes están siendo cometidos y qué acciones están siendo cometidas contra la población civil por parte de Los Caparros y el Clan del Golfo? C.M: En esta región una de las consecuencias ha sido el desplazamiento forzado, pero un desplazamiento silencioso porque las victimas no tienen garantías de que el Gobierno las escuche. También se han vivido múltiples asesinatos; unos de población civil, y otros por retaliaciones entre miembros de estos dos grupos. Si nos enfocamos en lo que pasa en las zonas rurales de Remedios y Segovia la mayor problemática son los asesinatos, donde hay que decir hay guerrilla, paramilitares, Ejército. Cuando pasan estos casos le toca a la misma comunidad gestionar ambulancias y atención porque por parte de las autoridades no se hace mucho; lo que dicen siempre es que no hay seguridad para que la policía judicial entré a hacer el levantamiento de los cuerpos. Ese siempre es el argumento. A eso se suma el abandono estatal histórico, nunca se han dado garantías para que la gente permanezca en el territorio. Hay que nombrar que en lo que va luego de la firma del Acuerdo de Paz no han parado los asesinatos, los desplazamientos, lo que ha terminado acentuando el desgaste político y social de nuestras comunidades, que incluso, con todo esto, le siguen apostando a la organización y a los propios mecanismos de protección y autoprotección, los cuales han permitido que se siga resistiendo de una forma pacífica y organizada. Pares: A pesar de que estas amenazas son constantes, en esta ocasión hubo un especial cubrimiento mediático. ¿A qué puede responder que este panfleto haya tenido tal atención? C.M: Desde las organizaciones hemos estado constantemente denunciando todo el tiempo lo que ha venido pasando, algunas no con la misma insistencia por el tema de seguridad que se está viviendo en la zona. Creo que lo de ahora se debe precisamente a eso, a ese trabajo organizativo que ha logrado que, por ejemplo, ahora, los medios vuelquen el interés hacia estos casos, incluso cuando pareciera que desde el Gobierno el tema pasa sin relevancia. Porque si realmente hubiera ese interés del Gobierno en lo primero que se vería reflejado sería en la pronta implementación de lo acordado en la Habana, si eso fuera así el contexto de Antioquia sería distinto. Pares: Una de las razones por las que los grupos armados ilegales se disputan estos territorios es, como se ha venido advirtiendo, el interés minero y las rentas que obtienen de allí. Sabiendo esto, ¿qué se ha hecho al respecto? ¿O cómo esa inacción ha acentuado la situación de violencia en la región? C.M: Hay que iniciar diciendo que esto no es minería ilegal, pues lo que se ha vivido acá es que se ha dado ese discurso para estigmatizar y criminalizar la minería ancestral y la pequeña y mediana minería. Las comunidades mineras y los mineros a pequeña escala han hecho varias acciones, como el Paro Agrario en el 2013, que llamó la atención frente al tema minero y permitió que se llegara a algunos acuerdos e interlocuciones frente a las peticiones. En nuestra región están las comunidades mineras organizadas por comités mineros; es decir, allí están quienes hacen minería ancestral, la minería tradicional, la minería que no está formalizada, de allí ha salido una mesa minera, que es desde donde hacen su propuesta reivindicativa. Con esto claro hay que decir que hay un problema grave: no va a haber nunca una formalización porque el Estado colombiano con las leyes que tiene sobre el tema de la minería no fomenta para nada esa formalización. Hasta que no saquen la multinacional que está ahí y hasta que no se reforme código minero esto va a seguir igual; porque el código minero que está actualmente lo que hace es entregarles la minería tradicional a las multinacionales. Ese es un tema que debe tratar el Senado, pero también tenemos que hablar con más fuerza en todo el territorio colombiano, porque hay que defender es el bien de la gente, de las comunidades, del medio ambiente, generando que se instalen otras leyes. Pares: Por último, ¿hoy cuál es la situación en Remedios y Segovia? C.M: Por ejemplo, desde Cahucopana estamos en constantes reuniones para analizar este contexto. También vamos a insistir en reuniones con las instituciones encargadas para que se generen mecanismo que realmente sí sean efectivos. Pero, más que eso, lo que se sabe es que hay que priorizar nuestros mecanismos de protección y autoprotección con la comunidad. Hay mucho temor, aun así, creemos en el sentido organizativo que históricamente ha tenido esta región.