Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. Todo parece indicar que lo que en principio fue una alerta de desplazamiento forzado de los once trabajadores en Mosquera (Nariño), se está convirtiendo en una escabrosa masacre. De acuerdo con la más reciente información a la que tuvo acceso Pares, se extinguen las esperanzas de encontrar con vida al grupo de agricultores y cortadores de madera. Según dicha información, inicialmente fueron masacrados cinco (5) personas y los seis (6) restantes fueron llevados con rumbo desconocido para asesinarlos. Además, al parecer, habría desmembramientos. “En la mayoría de los casos cuando los desaparecen personas, es para asesinarlos. Además es gente muy pobre donde no cabe la idea que sea un secuestro extorsivo o algo así, y si lo fuera, ya se sabría”. Estas fueron las palabras —en la mañana de este 20 de enero— de Ivonne Quiñonez, lideresa de Tumaco, frente a la situación de las once personas que fueron reportadas como desaparecidas de manera forzada. De acuerdo con otras fuentes consultadas por Pares, se habla de más cuerpos sin vida encontrados por el sector del Charco, a falta de que se determinen las identidades. De esta forma, ascendería la cifra que ya apuntaría a dos cuerpos identificados, de los once reportados como desaparecidos. Inicialmente, según las investigaciones adelantadas por las autoridades; las dos posibles víctimas fueron identificadas como Vladimir Torres Micolta y Alberto Mesa. Las condiciones geográficas han dificultado una comunicación que permita continuar estableciendo lo sucedido en la región. Porque, incluso, hay una versión extraoficial que hablaba de la posibilidad de al menos un sobreviviente. *** El Ejército dice no haber sido notificado de manera formal Llama la atención que en el Comunicado de Prensa de la Fuerza de Tarea Conjunra Hécules del Ejército Nacional, con fecha de 18 de enero, en el apartado 4to señala: “frente a la información que circula en medios digitales y redes sociales sobre la presunta desaparición y asesinato de 11 personas que provenían de diferentes partes del Pacífico, es importante aclarar que a la fecha no se han recibido denuncias formales sobre este hecho.” Sin embargo, Pares tuvo acceso a una denuncia por desaparición forzada interpuesta por las compañeras de los hombres identificados como Mario Mosquera, Ronal Vicente Mosquera y José Giovanny Orobio ante la Fiscalía y Gaula de Tumaco, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación. Según el relato de las mujeres: “nuestros esposos fueron contactados para ir a cortar madera en una finca, supuestamente, en la vereda La Pampa, que queda cerda del municipio de Mosquera. Ellos y otros seis hombres fueron contactados para ir a trabajar a un aserradero y a cortar madera.” Las mujeres además dejaron constancia en la misiva diciendo que los hombres salieron el día lunes 11 de enero salieron desde Tumaco. “Supuestamente comenzaban a trabajar el día martes (12) o miércoles (13 de enero), de allí no supimos nada más. Según dicen que porque la señal de celular allá es difícil. Sin embargo, el miércoles (13) —a eso de las cinco de la tarde— nos llamaron unos conocidos (…) según dicen en la vereda La Pampa había llegado un grupo con hombres armados y los había amarrado. Que habían hecho varios tiros y se los llevaron en una de las lanchas (…)”. Un panorama nada alentador Siete (7) días han trascurrido desde que la comunidad alertara a las autoridades y al Gobierno Nacional de la desaparición forzada de once (11) personas en el departamento de Nariño. De acuerdo con las versiones preliminares, estas personas se movilizaban desde el municipio de Tumaco hacia Mosquera. Según fuentes del territorio, el panorama no es muy alentador debido al tiempo en que llevan estas personas desaparecidas. Al parecer, hombres que arribaron en lancha a la vereda La Palma se llevaron a los once trabajadores. Ivonne Quiñonez señala que en esta zona opera una Estructura Armada Ilegal no identificada “caracterizada por su extrema crueldad”. Basta con señalar no sólo por los dos cuerpos sin vida habrían sido identificados este miércoles 20 de enero—tal como lo estableció Jair Parra personero de Tumaco—; sino porque los antecedentes no esperanzan. El 21 de septiembre de 2020, el Ejército Nacional confirmó la masacre de cuatro (4) personas identificadas como José Erney Miranda Valencia, Fabián Olave Estupiñán y Cristian Miranda, y Orlindo Cuero Castillo. Además, conforme a lo dicho por la lideresa “los grupos armados se están disputando milímetro a milímetro la Costa Pacifica Nariñense, y basta que usted como civil sea mínimamente relacionado con un grupo, para que el contrario, lo asesine”. Además, Ivonne hace hincapié que en el municipio de Llorente, la semana pasada, “hubo el asesinato de tres personas, incluidos el de una mujer y un menor. Esto es un verdadero desangre”. Pobreza y violencia, un lastre histórico De acuerdo con el informe Pares, «Conflictos socio-ambientales en el Pacífico», los municipios que conforman la subregión del Pacífico Nariñense poseen una tasa de pobreza multidimensional que supera el 90% la situación de marginalidad y ausencia total del Estado. Panorama sumado a la presencia y disputa, a sangre y fuego, de las Estructuras Armadas Ilegales que hacen presencia en los 10 municipios. De hecho, según cifras Pares, el Clan del Golfo hace presencia en siete (7) de los 10 municipios de esta subregión: Tumaco, Olaya Herrera, Mosquera, La Tola, Francisco Pizarro, El Charco y Barbacoas. Por otro lado, también los Grupos Armados PostFARC hacen presencia en la subregión a través de cuatro (4) frentes. El Frente Oliver Sinisterra opera en seis (6) municipios de la subregión, el Bloque Occidental Alfonso Cano en cuatro (4), Guerrillas Unidas del Pacífico en siete (7) municipios. También, la guerrilla del ELN en siete (7) municipios.

Por: Isaac Morales. Coordinador de Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado. Pares. Cada día se han vuelto más frecuentes los casos registrados de atracos individuales y masivo en los buses Articulados del Sistema Transmilenio, en los Alimentadores, en los Zonales del SITP e incluso en los de SITP provisional; estos hechos también se han convertido cada vez más crueles y sangrientos, los atracadores utilizan armas blancas y de fuego para atentar contra la integridad física y la vida de los pasajeros. El pasado 19 de enero se registró un hecho que dejó heridos graves a personas que viajaban en un Alimentador en la localidad de Rafael Uribe Uribe, incluso en el video registro de inspección del bus se notan los rastros de sangre de las víctimas. Por otra parte, en la mañana de este miércoles 20 de enero se registró otro hecho similar, en la localidad de Ciudad Bolívar, en este caso los victimarios atacaron a un pasajero y al conductor de un bus alimentador. Podríamos afirmar que estos hechos se han acentuado debido a las medidas de restricción a la movilidad para prevenir los contagios de COVID 19, resultando en menos personas en las calles y avenidas y concentrando a cierto número en el sistema de transporte masivo, esto puede ser cierto, sin embargo estos hechos han sido el dolor de cabeza de varias administraciones distritales, algunas veces demostrando la dificultad de tratar y prevenir estos casos, incluso un exalcalde de Bogotá sugirió en su momento “no usar el celular en la calle, deambulando. Usarlo en sitio no público”; se han instalado cámaras de seguridad en los buses y los conductores cuentan con un sistema de comunicación inmediato para reportar estos hechos, sin embargo, siguen ocurriendo. De hecho, Transmilenio ha sido uno de los temas que más le preocupa a la Secretaría de Seguridad de la capital colombiana, tanto así que iniciada su gestión el año pasado, el Secretario Hugo Acero compartió el modelo de vigilancia por cuadrantes dentro de las troncales del sistema de transporte masivo, pues identificaron que muchas veces los hurtos dentro del sistema no eran atendidos por la Policía ya que las troncales representaban el límite entre dos o mas cuadrantes, es decir, no se asumía una responsabilidad directa sobre ese espacio urbano, seguramente esto funcionó y permitió que la Policía en Transmilenio atendiera con prontitud el llamado de la ciudadanía. Al parecer existen dos grandes dificultades: en primer lugar la prevención de estos hechos. No se trata de llenar de cámaras los buses, aunque puede funcionar en algunos casos para persuadir a los delincuentes, quizá la solución más estructural a este problema se orienta hacia el fortalecimiento de los aparatos de justicia y al tratamiento riguroso de quienes cometen este delito ya que en muchas ocasiones suelen ser reincidentes. La segunda dificultad en el caso particular de Bogotá tiene que ver con la desarticulación de los buses zonales y alimentadores del sistema, pues son un factor propicio para la oportunidad de hurto dentro de los buses alejados del sistema como tal. Ahora bien, Bogotá D.C. registró una disminución del 36% de las denuncias de hurtos a personas, pasando de 127.846 en 2019 a 81.588 en 2020, según datos de la estadística delictiva de la Policía Nacional, consecuencia obvia de los aislamientos durante buena parte del año anterior. Sin embargo, este indicador puede variar según las dinámicas de la pandemia y las restricciones que se tomen o no; efectivamente no existe una fórmula mágica que permita acabar con este fenómeno delictivo, pero es recomendable que la administración distrital y la comandancia de la policía metropolitana se enfoquen en definir los patrones de comportamiento de estas organizaciones delincuenciales para determinar las zonas en las que recurrentemente se presentan estos hechos, esto permite identificar e individualizar a los delincuentes, se trata de un trabajo coordinado de microfocalización e inteligencia apuntado a la anticipación del riesgo de hurtos.

Por: Julián Martínez Vallejo. Columnista Pares. El gobierno nacional pretende quitarle el esquema de protección al ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez Gómez, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares, ordenándole al Estado colombiano garantizar el ejercicio de su profesión de abogado y defensor de derechos humanos. El pasado 13 de enero, la Unidad Nacional de Protección (UNP) -organismo gubernamental encargado de implementar las medidas de seguridad- le notificó una resolución del 21 de noviembre del año pasado, firmada por el director de la entidad Alfonso Campo, en la que dispone retirar el esquema de seguridad asignado. Este hecho fue revelado por el jurista en su cuenta de Twitter. Al parecer se trata de una venganza del gobierno de Iván Duque para cobrarle al magistrado los aciertos que tuvo en las investigaciones que desarrolló en la Corte Suprema de Justicia acerca de los nexos de legisladores colombianos con grupos al margen de la ley, cuando el presidente era Álvaro Uribe Vélez. Velásquez Gómez es célebre por haber dirigido la investigación judicial de la parapolítica que comprobó los nexos de al menos el 30% de los miembros del Congreso elegido para los años 2006 y 2010. La mayoría de estos políticos eran gobiernistas y llegaron a esos cargos con el apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Incluso, el trabajo de Velásquez logró probar las actividades ilícitas del ex presidente del Congreso Mario de Jesús Uribe Escobar, primo de Álvaro y Santiago Uribe Vélez, que fue condenado en 2011 a nueve años de prisión. Este expediente le costó una persecución por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, entre los años 2007 y 2010. Al ex magistrado no solo se le interceptaron ilegalmente sus comunicaciones, sino que fue víctima de seguimientos, espionaje, infiltración de su esquema de seguridad, elaboración de montajes judiciales con la participación de agentes estatales y de una campaña de desprestigio y de estigmatización que ha sido alimentada por el propio ex presidente Uribe. Estos operativos ilegales llegaron al punto de violar la intimidad de su círculo familiar. Memorando secreto del DAS de la Subdirección de Fuentes Humanas con datos de las EPS de Iván Velásquez, su esposa e hija Catalina, producto del trabajo de inteligencia ilegal descubierto y comprobado por la justicia. En una operación coordinada entre la Presidencia de la República, la Unidad de Investigación y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UIAF), la organización criminal Oficina de Envigado, en ese entonces al mando de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, y el DAS se trazó la estrategia de vincular al ex magistrado Velásquez con un presunto plan de fabricar pruebas y testigos para vincular al ex presidente Uribe con el paramilitarismo. Por estos ilícitos fueron condenados la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, recordada por haberse fugado a Panamá en noviembre de 2010, y el secretario general de la Presidencia, y mano derecha de Uribe, Bernardo Moreno Villegas, entre otros directivos de la política secreta que revelaron el trabajo sucio que desde la Presidencia se orquestó contra la Corte Suprema. Iván Velásquez fue magistrado auxiliar entre los años 2000 y 2012 hasta cuando renunció al alto tribunal con una carta dirigida al entonces presidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos, hoy prófugo de la justicia por el escándalo del Cartel de la Toga y señalado de dirigir una red de corrupción en la justicia, en la que le explicó que “ante la actitud mezquina y solapada de algunos compañeros que medraban en la oscuridad y que encontraron eco en algunos magistrados, se unió la desconfianza expresada ese día por mis superiores”. El pasado 8 de octubre, el mismo gobierno que hoy pretende quitarle el esquema de seguridad a Velásquez, tuvo que pedirle perdón a él y a su familia por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que condenó a la Presidencia y al DAS por el escándalo e las ‘chuzadas’ al encontrar que se vulneraron los derechos a la intimidad del excoordinador de la investigaciones por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia y su familia, durante la persecución que se tejió contra el alto tribunal mientras Álvaro Uribe era jefe de Estado. La orden del Tribunal se produjo en junio del año pasado cuando determinó que el DAS y la Presidencia adelantaron una actividad de inteligencia por fuera del marco legal y con fines de desprestigio. Las disculpas a Velásquez fueron ofrecidas por Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, y Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado. A pesar de que es verdad judicial toda la persecución que ha padecido Velásquez Gómez y de comprobarse que no confabuló contra Uribe fabricando testigos, el ex presidente lo estigmatiza en redes sociales de forma sistemática, circunstancia que poner en riesgo su vida y por ende el gobierno nacional debe continuar garantizando su protección. Trinos del ex presidente Uribe sobre Iván Velásquez. Uribe ha señalado al ex magistrado de poner la justicia al servicio del terrorismo.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Hace un año en medios circulaba la noticia de una masacre de cinco personas corregimiento El Guaimaro del municipio de Tarazá. La comunidad narraba que, en horas de la mañana de ese viernes, un grupo armado había incursionado en un caserío de la zona disparando indiscriminadamente contra la población. Esa fue la primera masacre en Tarazá, y la segunda en el Bajo Cauca –días antes se había registrado otra en Caucasia – en lo que fue un año en el que las masacres, como en los años más violentos de la historia del país, fueron una tras otra, en el que las comunidades hacían una denuncia, cuando ya en otras zonas se conocían más víctimas. Siguiendo datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en lo corrido de 2020 se habían cometido 88 masacres, las cuales dejaron 342 víctimas. Hay que señalar que durante ese año 21 de los 32 departamentos del país fueron afectados por este tipo de hechos, siendo Antioquia la zona más crítica, con 25 de estos casos y 95 víctimas. Hoy, con tan solo 19 días transcurridos del 2021 el panorama no parece cambiar. Incluso cuando en el año pasado fueron múltiples los llamados desde distintas instancias para que se atendiera esta situación de seguridad nacional, pereciera que los intentos y las medidas implementadas no funcionaron; una posible razón podría ser que a pesar de la insistencia de las comunidades y de las organizaciones sociales con trabajo territorial que enfatizaban en las diversas causas que estaban y siguen motivando las masacres, el Gobierno Nacional siguió centrándose en que la razón principal es el narcotráfico, dejando de lado que en muchas regiones esta ya no es la principal renta de los grupos armados ilegales, y tampoco la única problemática que acentúa la violencia. Con esto vale la pena resaltar que a la fecha han sido cometidas cuatro masacres, las cuales han dejado 12 víctimas, situación que con la misma fecha era igual en el 2020, lo que desde ya lanza una alerta para que las entidades nacionales e internacionales hagan veeduría, y el Gobierno sea más receptivo con las comunidades que son las que están viviendo las consecuencias del crítico estado de seguridad. Taraza: una radiografía de una estrategia fallida de seguridad La más reciente masacre tuvo lugar en el casco urbano del municipio de Tazará, barrio las Palmas Altas, luego que hombres armados llegaran disparando contra un grupo de personas que se encontraba departiendo en la zona. Tras el ataque tres personas fueron asesinadas, entre ellas un menor de edad, y otra más quedó herida. Sobre las víctimas se ha dado a conocer que fueron identificadas como Deibinson Jarmillo, de 17 años; Jhon Cuello Jaramillo, de 18 años, y Brayan Duván Tapias, de quien todavía no se ha establecido la edad. Hay que señalar que en este año es la segunda masacre que es cometida en el departamento, luego que el pasado 10 de enero en el municipio de Betania fueron asesinados tres miembros de una familia. Vale la pena recordar, y siguiendo la insistencia de la urgencia de parar esta ola de violencia en esta región, que en Tarazá el pasado 17 de septiembre fue cometida la última masacre del 2020 en el municipio, en la que tres personas fueron asesinadas en la vereda Matecañas, perteneciente al corregimiento El Guáimaro, a 30 minutos de la cabecera municipal. Con este primer panorama hay que enfatizar que en todas se relaciona a Los Caparros y el Clan del Golfo, ya sea a través de acciones directas y/o confrontaciones entre los dos grupos. ¿Qué pasa en Tarazá? Este municipio siendo, parte del Bajo Cauca Antioqueño no ha sido ajeno a las dinámicas de violencia que se concentran en la región, en la que, según la Unidad de Víctimas, desde el 2011 y hasta el 31 de diciembre del 2020 en los municipios de Cáceres, Tarazá, El Bagre, Caucasia, Zaragoza y Nechí se registraron 205.386 víctimas del conflicto armado; sobre esto hay que anotar que se incluyen hechos como desplazamiento forzado, reclutamiento forzado a niños, niñas y adolescente, desaparición forzada, asesinatos, entre otros. Así, desde la Sociedad Civil de Consumación de Riesgo en el municipio de Tarazá se estableció que durante el 2020 en esta zona fueron cometidos 8 eventos de desplazamiento y más de 700 desplazado/as (198 núcleos familiares), seis (6) enfrentamientos armados entre diferentes actores armados, dos (2) masacres y el homicidio de 09 defensores de derechos humanos. Además, en relación con datos de Medicina Legal, fueron cometidos 59 homicidios en el 2020 en Tarazá. “Esta situación sigue respondiendo a la confrontación entre Los Caparros y el Clan del Golfo, en la que ninguno de los dos grupos quiere ceder y lo que se genera es una agudización de la violencia y un constante señalamiento a la población civil relacionándolos como colaboradores ya sea de un grupo o del otro”, comentó Ximena Sierra, investigadora regional de Pares en el Bajo Cauca Antioqueño. Adicionalmente, en la mañana de este martes a través de TeleAntioquia el alcalde de Tarazá, Ferney Álvarez, advirtió que el más reciente hecho tendría relación con estos enfrentamientos referenciados por Ximena Sierra, asimismo el mandatario resaltó que “el año pasado se hicieron por parte de presidente Iván Duque y el Gobernador de Antioquia promesas de inversión económica en Tarazá, pero hoy no han sido cumplidas”. Por otra, parte se denunció que Álvarez ha sido víctima de constantes amenazas y que, aunque se ha puesto la alerta antes distintas instancias no se ha recibido ninguna respuesta sobre este caso específico, incluso cuando hace tres meses había sido aprobado a través de la Unidad Nacional de Protección e apoyo para su seguridad. Vale la pena anotar que una de las razones por las que Tarazá se ha convertido en un foco de violencia y de presencia de grupos armados ilegales -especialmente el Clan del Golfo- es por su ubicación geográfica que permite conectar a esta zona de Antioquia con el norte del departamento, punto que se ha convertido en un importante corredor para el narcotráfico -donde además se hacen posibles otras rentas-, que conecta con zonas como Ituango y el sur de Córdoba. Adicionalmente, aunque hay dinámicas de minería ilegal, estas pueden ser consideradas en mucho menor proporción en comparación con los otros municipios de la región, pero por el contario es el lugar con un número mayor de cultivos de hoja de coca (2.061.72 a 2019), donde la implementación del PNIS sigue siendo una prioridad y una exigencia de la comunidad, pero donde el programa solo ha sido implementado bajo un porcentaje cercano al 10%. Toda esta situación ha fomentado que sean emitidas varias solicitudes de acciones, entre ellas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo que aunque a través de éstas se han hecho diversas recomendaciones, parecieran estar cayendo en oídos sordos, pues todo lo que han advertido ha terminado ocurriendo en Tarazá, donde además hay que nombrar, se ha vuelto común que se hagan consejos de seguridad y militarice este punto de Antioquia luego que son cometidos estos hechos, pero después pareciera quedar olvidada la atención sobre este municipio. Vale la pena señalar que en la zona hace presencia la Fuerza de Tarea Aquiles -constituida por el Ejército y la Policía Nacional-, no obstante, se ha vuelto una constante solicitud que sean implementadas otro tipo de estrategias de seguridad, pues como lo nombró Ferney Álvarez, “en Tarazá se tiene que empezar a mirar con unos ojos diferentes lo que está pasando. Si en cuatro años la estrategia no ha cambiado nada con la Fuerza Militar, entonces hay que cambiar acción por una que realmente disminuya los niveles de violencia en el municipio”. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo a raíz de todo este panorama instó a que sea instalada una regional de la entidad con sede en Caucasia con jurisdicción en los distintos municipios del Bajo Cauca, entre ellos Tarazá. Señaló Ximena Sierra que “es importante que la fuerza pública y el Gobierno cambie la dinámica, porque, aunque se dice que hay resultados, la realidad es que la gente sigue siendo asesinada, y no se ve de forma clara cómo es que se quiere parar esta situación. Hay que preguntarnos si con la sede de la Defensoría del Pueblo en la región las alertas que se hagan sí van a ser atendidas, pues por años se vienen haciendo recomendaciones que terminan sin ser implementadas por las entidades encargadas de ello”. Con esto último, llama la atención que, una vez realizado en consejo de seguridad en la zona, en el que participaron el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Mayor General Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, el comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, Brigadier General Juvenal Díaz Mateus y el subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Gobernación de Antioquia, Jorge Ignacio Castaño Giraldo, entre otras autoridades, se concluyó que la ruta a seguir será el fortalecimiento de la capacidad operativa conjunta por medio de la Fuerza de Tarea Aquiles, continuando con la misma estrategia a la que se ha hecho constantemente el llamado a cambiar. Así, es necesario cuestionar si, de nuevo, este año se permitirá que las masacres se conviertan en una constante, incluso cuando desde las comunidades se ha instado a que se cambie el discurso y el modo de operar ante estas.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. Veintiún años han pasado desde que en el corregimiento de El Salado, en el municipio de Carmen de Bolívar (Bolívar), se perpetrara la atroz masacre a manos de paramilitares del Bloque Norte de las AUC comandados por Jorge 40, entre el 16 y el 21 de febrero del 2000. El horror de aquellos días en los que cerca de 450 paramilitares arribaron al corregimiento para masacrar 60 personas, la barbarie de 72 horas de tortura y violaciones, y el desplazamiento forzado de miles de personas; fueron los recuerdos usados de manera infame para amenazar —este 18 de enero— a cerca de once personas entre las que se encuentras líderes y lideresas sociales. Este es el inicio de 2021 en la región. Una tierra que espera que no asesinen a nadie y que no se configure un desplazamiento forzado de sus habitantes. Según información preliminar, además de las amenazas, en las últimas noches se han registrado cortes de luz —quizá provocados por grupos armados según el vicedefensor Luis Andrés Fajardo— que hacen las horas de la noche más largas y buscan amedrentar a la comunidad de El Salado. *** Tanto en los panfletos que han circulado por el corregimiento, firmado bajo el nombre ‘Águilas Negras’, como en los mensajes de texto que ha llegado a los celulares de los pobladores; la amenaza es “O se van o se mueren. Están ubicados”. Además, han extendido el riesgo a sus familiares. “Sí, así empezamos hace 21 años” y “ya sabemos donde viven cada miembro de la familia de los que tenemos fichados”; son algunas de las frases que muestran la grave situación que se vive en la región. Pares intentó contactar personas del corregimiento para que hablaran de la situación desde el anonimato; pero han manifestado que las circunstancias no les permite pronunciar palabra ante la incertidumbre. Situación en la región Para Ariel Ávila, el reto que tiene las autoridades es mayúsculo no sólo por la importancia de una zona como El Salado; sino porque en materia investigativa deben enfrentar que “las Águilas Negras no existen. Estos son personas, seguramente en la legalidad, que utilizan la chapa de las Águilas Negras para amenazar. Las autoridades, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, deben determinar la procedencia de las amenazas. El problema es que eso nunca se investiga.” Por otro lado, para el analista político, este caso resulta “muy dramático —entre otras cosas— porque esta zona de El Salado ha habido presencia de la institucionalidad y se encuentra avanzando el delicad proceso de Restitución de Tierras; no debería presentar este tipo de situaciones de Derechos Humanos.” Ahora bien, de acuerdo con las investigaciones de Pares, las AGC o Clan del Golfo operan en los municipios de Carmen de Bolívar, María la Baja y San Jacinto. Es decir, tres (3) de los (7) municipios que hacen parte de la Subregión de Montes de María para el caso del departamento de Bolívar. Tanto en los panfletos que han circulado por el corregimiento, firmado bajo el nombre ‘Águilas Negras’, como en los mensajes de texto que ha llegado a los celulares de los pobladores; la amenaza es “O se van o se mueren. Están ubicados”. Además, han extendido el riesgo a sus familiares. Imagen: Pares. Además, de la Defensoría de Pueblo en 2020 emitió una Alerta Temprana en la que, precisamente, señaló que dentro de los repertorios de violencia del Clan del Golfo que operan en Carmen de Bolívar; se encuentra restricciones de movilidad que, incluso, han desencadenado en confinamientos de la población. Precisamente, hechos victimizantes que se han registrado en horas de la noche. Entre la búsqueda de la verdad y las amenazas Una de las lideresas amenazadas es Yirley Velazco quien fue víctima de violencia sexual en la masacre de El Salado, cuando tenía 14 años. Tras la masacre, la lideresa ha trabajado por la verdad de las víctimas de este corregimiento a través de ‘Mujeres Sembrando Vida Sobrevivientes de Violencia Sexual’. Para Julio de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para la protección de Yirley y de su familia. Asimismo, con la llegada a Colombia —a finales de septiembre de 2020— de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’; Yirley ha liderado los reclamos para que se garantice la anhelada verdad y reparación de las victimas. Cabe recordar que de acuerdo con Ariel Ávila, subdirector de Pares, el Bloque Norte de las AUC cometieron 333 masacres en cuatro departamentos de Colombia, lo que significó 1.537 personas masacradas y miles de personas desplazadas. Precisamente, las organizaciones de víctimas del corregimiento de El Salado; exigen verdad del exjefe paramilitar. Tan solo en Bolívar, según la base de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, se registraron 149 masacres; dejando un saldo de 906 víctimas en suelo bolivarense. La sombra paramilitar no se fue de los Montes de María Otra de las personas amenazadas es el reconocido líder don Luis Torres quien es recordado por haber abanderado el retorno de un poco más 250 personas al corregimiento de El Salado dos años después de perpetrada la masacre. Con el riesgo que representaba organizarse en la región y reclamar por la tierra, don Luis, en compañía de compañeros y amigos; dio vida a la Asociación de Desplazados de Bolívar (ASDESBOL). Justamente, el corregimiento de El Salado desde sus inicios fue una tierra muy próspera, incluso, conocida en su momento como la capital tabacalera de la Costa Caribe. Una tierra de yuca, ñame, ahuyama, maíz y ajonjolí a la que la violencia no demoró en llegar. El Salado hace parte de la subregión de los Montes de María que está ubicada en la Serranía de San Jerónimo de la Cordillera Occidental, justo, entre los departamentos de Sucre y Bolívar. Compuesta por 15 municipios: siete (7) de Bolívar (El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, El Guamo, María La Baja, Zambrano y Córdoba) y ocho (8) de Sucre (San Onofre, Toluviejo, Chalán, Coloso, Morroa, Los Palmitos y Ovejas). Además, de las múltiples masacres, uno de los temas que tienen que ver con el paramilitarismo es el despojo de la tierra. De hecho, en el más reciente informe que entregó la Fundación Forjando Futuros a la Comisión de la Verdad; el 83% de los casos de despojo tuvo a los paramilitares como perpetradores. Frente a esta victimización, las organizaciones de victimas solicitan Verdad y Garantías de No Repetición para continuar con su proceso de reclamación. Ahora, cuatro meses después de la llegada de Jorge 40; se presentan estas amenazas. Medidas de las autoridades En horas de la mañana de este martes 19 de enero la Defensoría del Pueblo arribó a El Salado tras la insistencia de la comunidad y de organizaciones de Derechos Humanos por cuenta del riesgo inminente. Sin embargo, es una situación de amenaza se ha recrudecido en los últimos años. En este sentido, en el corregimiento están haciendo presencia el vicedefensor Luis Andrés Fajardo, el delegado de Alertas Tempranas y el Delegado de Movilidad. Así lo dio a conocer el defensor del Pueblo Carlos Camargo. De acuerdo con las cifras de Pares, tras la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, en el departamento de Bolívar han sido asesinados 13 líderes y lideresas sociales. Además, preocupa la situación debido a que el 69,2% de los asesinatos han ocurrido durante el gobierno del presidente Iván Duque, es decir el nueve (9) de los 13. Asimismo, el perfil de liderazgo mayormente victimizado en este departamento son presidentes o miembros de Juan de Acción Comunal (JAC). Imagen: Pares. Por otra parte, la Policía del departamento de Bolívar señaló que envió un cuerpo élite que trabajará de manera conjunta con la comisión delegada de la Fiscalía General de la Nación; para establecer los hechos y nombres detrás de las amenazas contra la población. Finalmente, la medida más reciente fue la tomada por el fiscal Francisco Barbosa quién designo una fiscal especial para que atienda de lleno la situación de riesgo que vive el corregimiento y sus líderes y lideresas sociales. Victimización a líderes en Bolívar De acuerdo con las cifras de Pares, tras la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, en el departamento de Bolívar han sido asesinados 13 líderes y lideresas sociales. Además, preocupa la situación debido a que el 69,2% de los asesinatos han ocurrido durante el gobierno del presidente Iván Duque, es decir el nueve (9) de los 13. Asimismo, el perfil de liderazgo mayormente victimizado en este departamento son presidentes o miembros de Juan de Acción Comunal (JAC). Para Ariel Ávila, Colombia está atravesando un dramático deterioro en seguridad frente a asesinatos de líderes, lideresas, firmantes de la paz, masacres, desplazamientos; mientras hay a un Gobierno Nacional que “no parece tener estrategias, como se dice popularmente, no da pie con bola”.

Por: León Valencia. Director de Pares. Este lunes, Ángela María Robledo se liberó las manos para poner su nombre entre los aspirantes a la presidencia de la república del 2002. Es, desde luego, una aspiración legítima apoyada en una gran trayectoria de vida y una gestión política admirable. El país en este momento -más que en ningún otro- necesita a personas y movimientos con acendradas ideas y convicciones de cambio. La postración de Colombia en medio de la pandemia es pavorosa y la situación después de la pandemia no va a hacer más fácil. Colombia necesita que estos movimientos y personas ganen la conducción de la nación. Ganar es la palabra clave. Ganar y cambiar el país. Pero primero hay que ganar. Lo nuevo, muy nuevo, por cierto, es que existen posibilidades de ganar. Es posible que un candidato de las izquierdas llegue a la presidencia y también que estas fuerzas alcancen una mayoría parlamentaria. Algo nunca visto en Colombia. La derecha recibió un campanazo de alerta en las elecciones locales de 2019, el voto urbano, el voto de las grandes ciudades, favoreció a los candidatos de independientes o de las izquierdas. La protesta social tuvo un auge nunca visto. De ahí que las fuerzas de la derecha colombiana se estén moviendo de una manera rápida y audaz para impedir esto. Quien más claridad y visión tiene sobre esta posibilidad es el expresidente Uribe y, fíjense, cómo en los últimos meses se ha empeñado en una estrategia que de concretarse puede darle grandes frutos. Su idea es esta -según lo hemos visto en sus reuniones en el Ubérrimo y en sus declaraciones de prensa-nuevamente buscar un candidato único en el Centro Democrático mediante una escogencia interna a finales de 2021 y principios de 2022. Además, jugar ese candidato en una consulta en las elecciones parlamentarias enfrentando a Alex Char, Dilian Francisco Toro, Federico Gutiérrez, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, eventualmente Luis Alberto Moreno y otros, para ir con un candidato único de la derecha y la centro derecha a primera vuelta. Con esta idea estaría haciendo una variación importante a lo que hizo en 2018 cuando armó la candidatura a primera vuelta acudiendo solamente al Partido Conservador y las Iglesias Cristianas. En esta oportunidad quiere ir más allá, mucho más allá, quiere conseguir desde el principio un soporte en los clanes regionales y contrarrestar la debilidad electoral en el mundo urbano buscando a Char, Peñalosa y Gutiérrez. En esta estrategia deja por fuera, en primera vuelta, sólo a dos fuerzas importantes: el partido liberal en cabeza de César Gaviria Trujillo y el sector de Cambio Radical liderado por Germán Vargas Lleras. En el otro lado están la izquierda y la centro izquierda. Acá también hay importantes novedades: Gustavo Petro está construyendo una alianza entre Colombia Humana, el Polo Democrático, La Unión Patriótica, el movimiento Mais, Fuerza Ciudadana, el Partido FARC y Armando Bennedetti y está recogiendo el apoyo de influenciadores sociales como Margarita Rosa de Francisco y otras personalidades. Con estos aliados puede realizar una consulta importante en las elecciones parlamentarias y lanzar una lista al Senado y listas a Cámara de gran arrastre. Por otro lado, el Partido Verde; Sergio Fajardo y Compromiso Ciudadano; Liberales Socialdemócratas -LSD- que es un agrupamiento de 13 senadores y 18 representantes a la Cámara que se han retirado del Partido de la U, Cambio Radical y el Parido Liberal, algunos de ellos son Roy Barreras, Rodrigo Lara y Luis Fernando Velasco; el movimiento Marcha que encabeza Luis Fernando Cristo; el excandidato Humberto de la Calle; los hermanos Galán; Jorge Enrique Robledo; y a este grupo de fuerzas y candidatos llega Ángela María Robledo; se menciona también al exministro Alejandro Gaviria y otros dirigentes políticos cercanos al expresidente Juan Manuel Santos. Acá están en la búsqueda de una consulta para escoger un solo candidato presidencial a primera vuelta y estructurar alianzas para presentar listas a Congreso. El Partido Liberal y el sector de Cambio Radical encabezado por Germán Vargas Lleras aún no han mostrado sus cartas, pero sin duda serán protagonistas de primer orden en la campaña de 2022. En la campaña de 2018 a pesar de que sacaron importantes bancadas parlamentarias sufrieron una gran derrota en la primera vuelta presidencial y se resignaron a acompañar a Iván Duque y al Uribismo con el argumento de que en todo caso no podían acompañar a Gustavo Petro. En esta oportunidad tendrán el afán de buscar una candidatura presidencial viable en primera vuelta. El Partido de la U que fue gran protagonista de las elecciones de 2010, 2014 y 2018 ha entrado en una crisis irreversible y sus dirigentes están buscando cobijo en toldas diversas. Es probable, pero no es seguro, que el sector oficial en cabeza de Dilian Francisca Toro, participe en la consulta del uribismo. Seguramente tanto el Partido Liberal, como Germán Vargas Lleras en algún momento entraran en la disputa y buscaran un acuerdo de fuerzas que antaño pertenecieron al liberalismo y La U y Dilian tendrán alguna oferta de estos sectores. Estamos lejos aún de las elecciones presidenciales de 2022 y muchas cosas pueden cambiar. La descripción que hago de las tendencias actuales es apenas una fotografía del momento. Martha Lucía Ramírez ha acompañado a Uribe desde 2012 en la fundación del Centro Democrático, en la campaña de 2014, en la campaña por el No en el plebiscito y luego en la campaña presidencial de 2018 que la llevó a la Vicepresidencia. Seguramente sentirá que es su momento y el Partido Conservador que no ha tenido candidato propio en 20 años también puede estar pensando lo mismo. De manera que no será fácil meter a Ramírez en una consulta donde no tenga probabilidades muy serias de ganar. Así como es posible que la derecha y la centro derecha presentan dos o tres candidatos a la primera vuelta presidencial, también es probable que esto ocurra en la izquierda y la centro izquierda, aunque intelectuales y dirigentes políticos y sociales de estas corrientes políticas están presionando por una sola consulta para tener un candidato único en primera vuelta. Si la izquierda y la centro izquierda se meten en la lógica de ganar tendrían que garantizar que todas las izquierdas lleguen juntas a segunda vuelta, si pueden hacerlo desde primera vuelta mejor todavía, pero si esto no es posible deben aplicarse a declinar ofensas irreparables en la campaña de primera vuelta, a dar un debate sin ofensas personales y sin sectarismos, un debate honorable. Aún si todas las izquierdas están juntas en segunda vuelta no les alcanza para ganar, es obligatorio buscar acuerdos con sectores de centro derecha, no dejar que el uribismo capitalice de nuevo a estas fuerzas, esta aseveración no es producto de una percepción, de una especulación, está soportada en los datos que arrojan las últimas elecciones y las encuestas, hay un voto consistente por la derecha en 500 municipios y no menos de seis millones de votos en el arranque, para ganar necesitan la centro derecha y arañar un importante voto urbano, fue lo que hicieron en 2018, una cosa parecida les ocurre a las izquierdas tienen encontrar aliados en la centro derecha y arañar votos en municipios de la Colombia profunda que lleva centurias votando a liberales y conservadores. El voto urbano y el voto joven serán decisivos, la disputa de estos electores será intensa y por ello es obligatorio proteger al máximo las alcaldías independientes y de izquierdas ganadas en el 2019 y promover el protagonismo de estos alcaldes en la disputa del 2022.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Este fin de semana no fue ajeno al panorama violento que ha teñido a los primeros días del año, en los que hasta la semana pasada, según cifras del sistema de información de la Fundación Paz y Reconciliación Sipares, se habían cometido cinco asesinatos a líderes sociales del país, en los cuales las víctimas fueron Diego Betancourt Higuera, docente, integrante de FECODE y del Sindicato de Maestros del Casanare (01 de enero); Gerardo León, etnoeducador, líder comunitario e integrante de FECODE (01 de enero); Antonio Indaburo y Jhon Jairo Estrada, líderes comunales en Cáceres, Antioquia (8 de enero); y Gonzalo Cardona Molina, líder ambientalista y coordinador de la Reserva Proaves Loros Andinos En Tuluá, Valle del Cauca (11 de enero). Por otra parte, los asesinatos sistemáticos contra firmantes de paz tampoco han parado, a la fecha se han registrado cuatro hechos que han cobrado la vida de Yolanda Zabala Mazo, quien había llevado parte de su proceso de reincorporación en el ETCR de La Plancha, en Anorí, Antioquia; Duván Arled Galíndez, firmante de paz, quien residía en la ciudad de Cali, pero se encontraba en el barrio Antioquia del municipio de Cartagena del Chairá; Cristian Ramírez, de 30 años, pertenecía al ETCR de Miranda, Cauca; y Giovani Claro García, conocido también como Gerson Piñeros, quien cumplía su proceso de reincorporación en el ETCR Negro Eliécer Gaitán, en Caño Indio, Tibú. Tres asesinatos en un solo día Este fin de semana en Colombia el panorama violento continúo, un panorama que no ha parado y que se ha mantenido, por lo menos, en los últimos meses del 2020 y este primer mes del 2021. Iniciando el viernes 15 de enero, se conoció que había sido asesinado en el corregimiento Puente San Jorge, en el municipio La Apartada, departamento de Córdoba, Fredman Herazo Padilla , quien era parte del Kumbamana de Palenque (grupo de gestores y líderes culturales)y líder social que adelantaba luchas junto a las comunidades afrocolombianas. Enfocó parte de su trabajo por Palenque, promoviendo que fueran respetadas las tradiciones e historia de su comunidad, también fue médico tradicional y revitalizante de la lengua palenquera. Sobre este caso se conoce que el líder se encontraba en un restaurante de la zona, a la cual viajó pues allí se encontraba realizando asesorías a las comunidades afro, a este punto llegaron hombres en moto quienes habrían cruzado un par de palabras con Herazo y luego cometieron el asesinato. Ese mismo día, pero en Yondó, Antioquia, fue asesinado Robinson Quino, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Bonito de este municipio del Magdalena Medio. Él, también, había participado activamente en la formulación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en esta zona. Adicionalmente, ese viernes, se denunció el asesinato de Fermiliano Meneses, concejal del municipio de Argelia, en Cauca, cometido presuntamente por miembros del ELN luego de raptarlo. Sobre este hecho se advirtió que el líder político había llegado al corregimiento de El Plateado, para atender el llamado de auxilio de su comunidad por los combates que aún se registran en esta zona del departamento entre las disidencias de las Farc y el frente José María Becerra del Eln, los cuales, como ha sido denunciado, completaban más de siete días. https://twitter.com/parescolombia/status/1350284513067331585 Este asesinato ha causado angustia en la comunidad, pues como se ha mencionado Fermiliano era un líder nato de la zona, cuyo asesinato ha aumentado el miedo en una de las zonas del país que históricamente ha sido más afectada por el conflicto armado, y que incluso luego de la firma del Acuerdo de Paz ha continuado siendo una de las zonas donde más se concentra la violencia. Hay que anotar que como lo afirmó el investigador de Pares Juan Manuel Torres, el líder político se caracterizaba por instar por las vías institucionales, además de ser una las personas que conocía con más cercanía lo que ha venido pasando con el municipio de El Plateado. Adicionalmente, preocupa que a la fecha el cuerpo del líder permanece desaparecido, por la que comunidad ha adelantado campañas para que se delante de forma eficaz las investigaciones. Vale la pena mencionar que según datos de Medicina Legal entre enero y noviembre de 2020 se reportaron 69 homicidios, además, siguiendo el Sipares fueron cometidos 04 asesinatos a líderes sociales en esta zona, donde además, a la fecha, los combates que fueron denunciados continúan. “Allá no hay garantía de nada. La guerra entre la Carlos Patiño y el frente José María Becerra del ELN es atroz y en eso se está en El Plateado hace más de un año; matan a la población civil acusándolos que es colaborador de cualquiera de los dos grupos lo que termina provocando que sea una muerte tras muerte. Allá matan menores de edad, mujeres, lo que hace que sea muy difícil vivir en esa zona”, aseveró Juan Manuel Torres.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. De Daniel Mauricio Fuly, Jhoan Moreno Chimunja y Deiby Zuñiga, víctimas de la masacre de este 17 de enero en la Comuna 6 del barrio El Recuerdo Sur en Popayán, ya existen múltiples versiones por parte de las autoridades y la prensa; una suerte de indolente juego que pretende establecer en qué andaban en el polideportivo en donde fueron asesinados, qué antecedentes tenían. Sin embargo, lo cierto es que a tres (3) jóvenes les quitaron la vida, en lo que se configura como la cuarta masacre en las escasas semanas de este 2021. *** La violencia en Colombia no distingue cambio de calendarios, la masacres en Colombia no dan tregua. La más reciente se registró en Popayán, capital del departamento del Cauca. De acuerdo con información a la que tuvo acceso Pares, la masacre se perpetró en el barrio El Recuerdo Sur. Tres (3) fueron los jóvenes asesinados quienes se encontraban en el polideportivo cuando les dispararon de manera indiscriminada. Cabe señalar, que los hechos ocurrieron en horas de la noche de este domingo 17 de enero, mientras estaba decretado un toque de queda por cuenta de las medidas tomadas a causa del Covid19. Según Ricardo Augusto Londoño, brigadier general, el hecho habría ocurrido cerca de las 8:40 p.m. de este domingo 17 de enero de 2021. Además, Londoño señala que una de las víctimas murió al instante mientras que las otras dos habrían llegado hasta un centro hospitalario en donde fallecieron producto de la gravedad de las heridas. La Policía, hasta el momento, maneja hipótesis como que es los hechos hayan ocurrido en razón a ‘ajustes de cuentas’. Sin embargo, el CTI de la Fiscalía no ha presentado versiones sólidas al respecto. A pesar de que Juan Carlos López, el alcalde de Popayán, dijera que en los micrófonos de RCN Radio que “En todas las ciudades existen esas líneas invisibles, controles territoriales, en todas las ciudades hay control del microtráfico y Popayán no es la excepción. Ese es uno de los flagelos de los que combatimos para salvar a nuestros jóvenes”. La Policía Metropolitana de Popayán ya descartó que la masacre tuviese relación con temas de narcotráfico. Una violencia estructural Para Juan Manuel Torres Erazo, coordinador de la Oficina de Pares Pacífico, es importante comenzar el análisis de lo ocurrido a través de una aproximación geográfica de lo que significa el barrio en donde fue perpetrada la masacre. De esta forma, “hay que comenzar con una paradoja sobre el nombre del barrio El Recuerdo Sur. En una búsqueda en google sale es un barrio de clase media alta en el centro norte de la ciudad.” Con ello Juan Manuel precisa que “Popayán ha vivido un proceso de urbanización, prácticamente, orgánica y desorganizada en muchas zonas de la ciudad; tanto en La Ladera y La Variante.” Según el investigador de Pares, este proceso ha desatado una serie de conflictos en zonas que denominan “de desarrollo incompleto o invasiones; por cuenta del problema urbano que ha significado la expansión de Popayán”. El Recuerdo Sur: un rezago de los desplazamientos en las ciudades De tal suerte, según Juan Manuel “El Recuerdo Sur es un barrio que, se podría decir, casi la gente no sabe dónde esta. Porque es un barrio ‘relativamente’ nuevo. Situación que tiene que ver con que en los último diez años la expansión de la ciudad ha sido impresionante.” Para el investigador de Pares, esta situación tiene que ver, en gran medida, por la situación de desplazamiento forzado que ha tenido el departamento del Cauca. Sobre todo, insiste Juan Manuel, en municipios como el Tambo, Argelia. En esa nueva ola de desplazamientos o de migraciones económicas que se dieron hacia la ciudad, sumadas a los desplazamientos forzados producto de la violencia que ha azotado a las comunidades del Cauca. Asimismo, el investigador precisa que Popayán ha sido un eje para las poblaciones en sus éxodos. “También por las rentas de la coca hay un campesino clase media, si se puede decir, o de sectores populares que han empezado a establecerse en la ciudad de Popayán. Todas estas personas que por la violencia o por diversas circunstancias, en este proceso de urbanización desorganizado de Popayán, han llegado a ciertos sectores que son cercanos a barrios populares que han tenido fenómenos de violencia urbana; terminan inmersos en ellos. Son poblaciones que han carecido de oportunidades”, señala Juan Manuel. En este sentido, según el investigador, El Recuerdo Sur —lugar de la reciente masacre— es un barrio que se conformó en ese proceso. “Instaurándose así en los límites del sector Sur-Centro de la ciudad; una zona que denominan de ‘invasión o de desarrollo urbano incompleto” con comunidades del sur. Principalmente provenientes de Argelia, Balboa, Bolívar y La Vega. Finalmente, para Juan Manuel “más allá de las explicaciones que tiene autoridades, la pregunta es, ¿Cómo ocurre en estos momentos, en pleno toque de queda? Es un 2021 que no para. Aunque aperientemente es un fenómeno urbano; eso no quita que también esté ligado a estas causas estructurales de la pobreza, de los cinturones de miseria, de los desplazamientos por la violencia.” “Estas ciudades no logran integrar a estas comunidades a las dinámicas de progreso, bienestar y, por el contrario, los termina excluyendo; formando zonas de segregación socio residencial”, señala el investigador. Juan Manuel hace un llamado por la situación del Cauca puesto que, en cuestión de días, el 15 de enero asesinaron a Fermiliano Meneses concejal del municipio de Argelia-Cauca y el 17 se perpetra esta masacre. De tal forma, Cauca no solo enfrenta una grave crisis de Derecho Humanos, sumada a la crisis económica y de salud que, por ejemplo, tiene al departamento con un 94 % de ocupación de camas UCI. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.»

Por: Fredy Alexánder Chaverra Colorado. Colaborador Pares. En recientes declaraciones el presidente de El Salvador, Nayid Bukele, manifestó: “la guerra fue una farsa como los acuerdos de paz”. Al parecer, al joven y autoritario presidente del “pulgarcito de América”, no le convencen los resultados de un acuerdo que selló el fin de una cruenta guerra civil y sentó las bases de una nueva institucionalidad en su país. Con el acuerdo de paz de Chapultepec se cerró una “farsa” que entre 1980 y 1992 costó la vida a 70 mil personas; reportó 8 mil desaparecidos y un pulso militar en San Salvador que evidenció la imposibilidad de una derrota militar o la toma del poder por parte de los rebeldes del Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Ante esa “farsa”, la negociación fue la salida más digna que el gobierno de Alfredo Cristiani (del partido ARENA) y la dirigencia de la guerrilla del Farabundo encontraron para acabar con la guerra civil. La negociación del FMLN y el gobierno de Cristiani se enmarca en un complejo proceso histórico que vivieron las guerrillas latinoamericanas entre 1985 y 1995. A lo largo de esta década, signada por el retorno de la democracia en el Cono Sur y la imposibilidad cualitativa de repetir la gesta de los sandinistas, se iniciaron una serie de procesos de negociación que eventualmente conllevaron al desarme de decenas de organizaciones guerrilleras. Tan solo en Colombia, entre 1989 y 1993, se desmovilizaron algunas de las principales guerrillas, entre ellas, el M19; el EPL; el PRT y el Quintín Lame. En el Salvador la década de los 80 se caracterizó por la expansión militar del FMLN y tres acercamientos para llegar a una salida negociada al conflicto; sin embargo, solo fue en 1989 tras una intervención internacional en cabeza de la ONU que se llegó a un escenario real de diálogo y concertación. El 4 de abril de 1990 se suscribió un acuerdo inicial entre las partes y formalmente se abrió el proceso de negociación. Para llegar a ese punto desde finales de 1989 el FMLN inició la mayor ofensiva militar en su historia, la misma que lo llevó a cercar San Salvador y demostrar lo inviable de su derrota militar. El gobierno de Cristiani comprendió la necesidad de acelerar las negociaciones y llevarlas a un punto de “no retorno”; asimismo, el papel de la comunidad internacional (un actor clave en este proceso) fue determinante para dinamizar la negociación y crear confianza entre las partes. Pero el factor más decisivo para concertar una salida negociada se encontraba en el clamor por la paz del pueblo salvadoreño, cansado de una guerra civil que amenazaba con arrasar indefinidamente al país sin dejar un ganador. Todos estos factores permitieron que el 16 de enero de 1992 se firmará el histórico acuerdo de paz en el Castillo de Chapultepec (México). A 29 años de Chapultepec la valoración del proceso se mueve entre su importancia como el catalizador de grandes transformaciones institucionales y la decepción por el incumplimiento. A pesar de esta falta de consenso, no hay duda de que tras la firma del acuerdo El Salvador no volvió a ser el mismo. Según Roberto Cañas, quien fuera vocero del FMLN en la mesa de negociaciones: “El acuerdo de paz fue la reforma política más profunda de la segunda mitad del siglo XX”. En el marco de su implementación se reformó la institucionalidad electoral y se creó el Tribunal Supremo Electoral en remplazo del Consejo. Central de Elecciones, una institución que Cañas considera como una de las principales generadoras de violencia y corrupción durante la guerra civil. El mismo FMLN convertido en partido se alzó con la presidencia en 2009 y repitió en 2015 en cabeza de Salvador Sánchez Cerén, un antiguo comandante guerrillero. Por otro lado, con Chapultepec se promovió una transformación de las Fuerzas Armadas y la creación de la Policía Nacional Civil, así como una reforma al sistema judicial. Logros que siguen vigentes en El Salvador de Bukele y que hubieran sido imposibles de adelantar en medio de la “farsa” de una guerra civil. No obstante, el acuerdo no se ha cumplido en su totalidad y a casi 30 años de su firma hay grandes deudas, especialmente en el aspecto económico y en la reducción de los indicadores de violencia que tras el desarme del FMLN mutó en un fenómeno de pandillismo de alcance transnacional, al cual Bukele le ha dado un tratamiento que le ha dado la vuelta al mundo. Según Cañas también hay deudas con las reparación moral y material a las víctimas del conflicto y la creación de un Centro de Memoria Histórica que: “sería un establecimiento público que tendría como objeto la conservación de todo el material, relativo al conflicto armado y al proceso negociador que terminó con la firma de los Acuerdos de Paz. Realizaría investigaciones, actividades museísticas, pedagógicas, que contribuyan a que la juventud salvadoreña conozca este periodo clave de la historia nacional.” A casi tres décadas de la firma de un acuerdo histórico si queda claro que los tiempos de El Salvador no son los mismos y eso se debe a la voluntad de los rebeldes por acabar con el conflicto. A pesar de las posiciones encontradas en una sociedad polarizada; la mayor certeza es que Chapultepec si marca un antes y un después en la vida del “Pulgarcito de América”. El país no es el mismo y menos en tiempos de Bukele (un gobernante con claros visos de autoritarismo y antiguo militante del FMLN), para quien la guerra y la paz son una “farsa”. A él habría que recordarle que un acuerdo imperfecto es mucho más digno que una guerra perfecta, pues la mayor farsa para una sociedad consiste en empeñarse en perpetuar un conflicto armado.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. La incertidumbre es falta de seguridad, de confianza o certeza sobre algo, y ello es lo que las y los Colombianos hemos sentido desde marzo 24 de 2020, cuando por primera vez se decretó por el gobierno nacional el confinamiento. Ya desde enero en China iniciaba la cuarentena, quiere decir que sesenta días después, el gobierno nacional ordenó el cierre a vuelos internacionales en el aeropuerto el Dorado. En el Cauca pasaron tres responsables de la secretaría de salud para que se dispusieran a coordinar con la secretaria municipal de Popayán, además de la entrega de mercados a las comunidades mediadas por la presencia de “líderes políticos” locales. Se nos dijo que el confinamiento era una estrategia para “acomodar” el sistema de salud, que se expresaría en la contratación de personal calificado, camas y ventiladores que fortalecieran las Ucis, cosa que poco se hizo. Once meses después tenemos ocupación de camas en un 94.1% en la ciudad blanca, donde recibimos pacientes de trece localidades del centro, sur y oriente de nuestro departamento. Hoy contamos con 160 billones de pesos gastados en el orden nacional, con un sistema financiero que ganó 20 billones de pesos en el 2020 (usufructuando la plata pública y prestándola a los grandes). Mientras tanto nosotros, sin salas Uci en los pueblos alejados, mayoritariamente en la informalidad laboral; enfrentando al bicho con peajes para el control territorial, jengibre, limón, moringa, interferón, matarratón, viche curado, etc. Con un presidente obrando de presentador de entrada la noche, un ministro de salud que presenta respuestas de reina (si pero no, sino todo lo contrario), con una dosis que vale de 4 dólares para EEUU, pero para Colombia 21 verdes por cada vacuna de Aztra Zeneca. Pero si por la institucionalidad llueve por la comunidad no escampa; irresponsables hacen fiestas, otro tanto deambula por las calles con el tapabocas de collar o sin él. Los dos, no sé si se han dado cuenta tienen la responsabilidad por los muertos de la pandemia… y pensar que esto seguirá por varios meses más. Lo único cierto es… la incertidumbre.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. El 20 de febrero de 1983 en un informe de la Procuraduría General, presidida por Carlos Jiménez Gómez, se estableció que en investigaciones adelantadas sobre crímenes cometidos por el MAS -Muerte a secuestradores- se logró precisar que, de 163 personas involucradas en hechos delictivos de la mayor gravedad, 59 eran miembros activos de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad estatales. La Unión Patriótica se fundó el 28 de mayo de 1985 como parte de un esfuerzo de paz, la columna vertebral de este movimiento político fue el Partido Comunista Colombiano, quien en desarrollo de su definición política de “solución política negociada al conflicto armado interno”, construida en su XIII Congreso en el año 1980, había establecido una articulación con las FARC, que desarrollaba unos diálogos con el Presidente Betancur para lograr un acuerdo de paz. A solo tres días de fundada la Unión Patriótica de manera oficial, el 31 de mayo de 1985 fue asesinado en Medellín, Nicolás López Londoño, presidente del Sindicato New Stetic y dirigente del Partido Comunista Colombiano, antes de él habían sido asesinados cientos de militantes comunistas y después de el miles de comunistas caerían asesinados, hasta el día de hoy. En las elecciones parlamentarias del 9 de marzo de 1986 la Unión Patriótica logra 120.442 votos en sus listas y 198.875, en alianzas, logrando la elección de nueve senadores y quince representantes a la Cámara. Entre los elegidos esta Leonardo Posada Pedraza, elegido representante a la Cámara por Santander, será el primer asesinado de esta bancada parlamentaria, el 30 de agosto de 1986, a cinco semanas de haberse posesionado y a tres de iniciado el mandato del Presidente Virgilio Barco, cuyo día de la posesión el 7 de agosto fue marcado por el asesinato en Bogotá de Álvaro Falla, el asesinado numero 340 en el registro que construyo el periodista Roberto Romero, en su libro “Unión Patriótica – Expedientes contra el olvido”, impresionante trabajo publicado por el Centro de Memoria Distrital. El genocidio contra la Unión Patriótica inició desde el primer día de su fundación y continuó durante varios gobiernos, cobrando la vida de entre cuatro mil y seis mil militantes políticos de este movimiento, en su inmensa mayoría, comunistas, lo cual se dio con la participación de agentes estatales como esta plenamente comprobado y establecido en procesos judiciales y en investigaciones periodísticas y académicas y que corresponde a lo denunciado de manera reiterada por el Partido Comunista y la Unión Patriótica. Hay responsabilidades de varios gobiernos en estos hechos por la omisión de protección efectiva y seguimos discutiendo como fue que se produjo este “crimen de sistema”, que sin duda ha contado con la participación de agentes estatales y esta por aclarar los niveles de coordinación y sistematicidad en relación con los poderes políticos y los gobiernos involucrados, tema que ha vuelto a ganar espacio mediático y en el debate publico por la información suministrada por el periodista Alberto Donadio, sobre una supuesta participación directa del Presidente Virgilio Barco, en este genocidio, tema que por supuesto ha generado un importante debate y que debe ser debidamente investigado judicialmente como lo ha pedido el mismo Donadio. Tan graves hechos no han tenido una adecuada respuesta de los Gobiernos colombianos, de todos, quienes en lugar de reconocer sus responsabilidades por acción o por omisión de su deber de protección, se han aplicado a fondo para que no exista justicia, reparación a las victimas y se den las transformaciones institucionales para que estos graves hechos no vuelvan a ocurrir. El gobierno del presidente Samper se opuso a que el tema fuera tratado en la Comisión Interamericana de derechos Humanos, el gobierno del Presidente Santos no acogió las recomendaciones que esta instancia falló en 2017 luego de un proceso de 23 años de controversias con varios gobiernos y este gobierno no hace nada para superar las viejas practicas de paramilitarismo que siguen presentes en el estado Colombiano. El genocidio contra la Unión Patriótica no es caso cerrado, falta verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Aquí el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso UP. Aquí el comunicado de la CIDH donde presenta el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la negativa del Estado Colombiano de aceptar sus recomendaciones.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El 01 de enero, en medio de las celebraciones de fin de año y también en medio de las medidas decretadas en distintos departamentos para mitigar los efectos del segundo pico de contagios de Covid-19 en el país, uniformados llegaron hasta la Urbanización Villa Esperanza de Ibagué, allí se encontraban vecinos/as de la zona, entre ellos Jerson Stiven Vega Vela, un joven de 23 años, a quien al parecer y por denuncias hechas por sus familiares, lo asesinó la policía de la capital tolimense. Desde el pasado el 30 de enero de 2017 entró en vigencia el nuevo Código de Policía y Convivencia, y aunque con este se pretendía que la institución debía siempre impulsar la solución pacífica de los conflictos y hacer uso de la fuerza como último recurso, la realidad es que los abusos policiales no han parado, y parecieran estar lejos de parar, pues como lo informó recientemente Temblores ONG en su informe ‘Bolillo, Dios y Patria’, en los tres primeros años de implementación de este instrumento se han registrado, al menos. 289 asesinatos, 39.613 personas lesionadas y 102 hechos de violencia sexual. Lo alarmante es que a pesar de los seguimientos que se han hecho a este tipo de casos y de la lucha que se ha intensificado por la reforma a la Policía, las denuncias por este tipo de abusos son casi diarias e incluso han desatado victimizaciones como las ocurridas durante el 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá, donde tras varias protestas por el asesinato de Javier Ordóñez cometido por uniformados, la respuesta de los miembros de la institución fue dispersar estas usando sus armas de fuego, acción que dejó , al menos, 13 personas asesinadas en esa noche: una masacre. Así se han seguido conociendo casos una y otra vez: acosos y abusos sexuales, sobornos, afectaciones físicas, robos, detenciones arbitrarias, violencia homicida, y otro tipo de vulneraciones a los derechos humanos que siguen recalcando que es muy difícil seguir manteniendo los discursos de que son solo unas cuantas “manzanas podridas”. Según el informe presentado por la ONG de los 289 homicidios presuntamente cometidos por uniformados entre 2017 y 2019, 56 fueron cometidos en el departamento de Antioquia, que a su vez es la zona con más de estos hechos. Asimismo, de los 32 departamentos del país solo en siete no hay registro de estos hechos: Guainía, Guaviare, Putumayo, Quindío, San Andrés y Providencia, Vaupés, Cundinamarca –haciendo la claridad que en Bogotá se tiene el reporte de 23 casos-. Una de los zonas donde, a pesar que el índice del total es bajo, pero siguen ocurriendo casos es el Tolima, donde en el periodo estudiado habían sido cometidos 2 homicidios que habrían sido ejecutados por Policías, y donde en estos primeros días del año ya hay un caso que implica a uniformados de la ciudad de Ibagué. La denuncia -Los siguientes párrafos están escrito bajo el testimonio de Alejandro Pimiento, familiar de la víctima-. El 01 de enero, en medio de las celebraciones de fin de año y también en medio de las medidas decretadas en distintos departamentos para mitigar los efectos del segundo pico de contagios de Covid-19 en el país, uniformados llegaron hasta la Urbanización Villa Esperanza de Ibagué, allí se encontraban vecinos/as de la zona, entre ellos Jerson Stiven Vega Vela, un joven de 23 años. En medio del proceso que realizaron los policías solicitaron a los/as vecinos/as ingresar a sus viviendas, a lo que algunas de las personas que estaban allí se opusieron, y uno de ellos insultó a los uniformados. Jerson, intentó calmar la situación pidiéndole al vecino que se tranquilizara, no obstante, por un par de minutos la situación se mantuvo, pero finalmente en un momento Jerson logró que el vecino retrocediera y aceptara ingresar. Justo ahí, una vez los dos habitantes de la urbanización dieron la espalda, los uniformados que estaban allí decidieron atacarlos y esposarlos, en ese momento otro de los vecinos le pasó un cuchillo a Jerson, quien aunque tuvo el cuchillo en sus manos no lo empleó en ningún momento, como cuenta su hermano Alejandro Pimiento. Una vez ocurrido esto los policías deciden inmovilizar a Jerson utilizando un taser, sin embargo, Jerson en compañía de su familia, que en ese momento bajó al punto donde se estaban presentando los hechos, logró levantarse para finalmente ingresar a la vivienda, pues la mamá, quien estaba allí, logró calmarlo y convencerlo que lo mejor era no estar más ahí. “En ese momento salió otro uniformado, que al parecer acababa de llegar, y comenzó a decir que le iba a disparar, que lo iba a matar. Eso lo repitió muchas veces frente a muchas personas que estaban ahí. Mi hermano se volteó, quedó pasmado, cuando el policía disparó tres veces; dos a la pared, y otro en el abdomen de mi hermano. Él alcanzó a correr unos metros, pero se desplomó”, narró Alejandro Pimiento. Jerson fue llevado de urgencias hacia el hospital San Francisco en un carro de la policía. Una vez en el centro médico, y aunque, como cuenta Alejandro, Jerson no se podía mover, los policías insistieron en que se bajara del vehículo, al ser imposible que esto pasara decidieron halarlo de la camioneta, causándole un golpe más a Jerson en su cabeza. “Muchas personas de las que estaban allí se percataron de lo que estaba sucediendo, y comenzaron a tomar fotos que después nos suministraron y que hoy tenemos como pruebas del trato en ese momento”. Lamentablemente pocos minutos después la muerte de Jerson fue confirmada por el personal médico del hospital, y ahora, como muchas familias en el país, la de Jerson comienza una lucha judicial para demostrar que lo asesinó la Policía. ¿Qué más hay en este caso? Una de las frases que le ha quedado grabada a la familia de Jerson fue la pronunciada por el Policía Orozco (de quien el familiar dio el apellido), quien antes de disparar habría afirmado hacia la víctima que: “-si tengo que pagarlo lo pago, pero voy a matarlo-”. Esta frase no fue aislada, ni fue la primera amenaza que Jerson recibió del uniformado, quien hacía parte del CAI Jardín Santander, Comuna 8. Como asevera Alejandro Pimiento, hubo durante el 2019 tres meses donde por diversos inconvenientes Jerson estuvo por fuera de su casa, estando en esta situación fue víctima de persecuciones y amenazas por parte de dos uniformados –Orozco y Guarnizo. La familia solo tiene esta información de los policías-, que incluso se mantuvieron luego de que Jerson volvió junto a su familia –lo que ocurrió hace cerca de año y medio-. “Jerson estaba trabajando en un Fruver, y algunos días le salían trabajos de construcción, y aunque ya desde hacía varios meses había estado muy juicioso con sus cosas, los policías cada que lo veían le echaban la moto encima, lo amenazaban, lo amedrantaban, e incluso una vez fueron hasta su lugar de trabajo. También cuando salía a jugar futbol hasta allá le llegaban. Además, en una ocasión también vinieron a acosarlo cerca a la casa mientras él se tomaba una gaseosa, ahí fue cuando mi mamá se dio cuenta, por lo que le hizo el reclamo al policía y le dijo que iba a poner una queja, a lo que el policía le dijo que hiciera lo que quisiera, que él era la autoridad y que de la puerta del conjunto hacia afuera la situación era diferente”, agregó Pimiento. Finalmente, la mamá de Jerson puso la queja en el CAI del barrio, donde habló con uno de los tenientes, quien le dijo que iba a hablar con los patrulleros, lo que no cambió mucho la situación pues los dos policías continuaron en la misma dinámica, hasta que sucedió lo ocurrido el pasado 01 de enero. Hasta el momento aunque hay una investigación en la Fiscalía a donde fueron llevadas varias pruebas entre ellas videos de las cámaras de seguridad de la zona, la familia asegura que no tienen conocimiento de lo que ha sucedido con el uniformado, mientras siguen exigiendo que se establezcan responsabilidades tanto del asesinato, como de las amenazas de las que ya era víctima Jerson Stiven Vega Vela.