Por: Laura Cano. Periodista Pares. Desde que inició el segundo pico de contagio de Coronavirus hay muchos cuestionamientos sobre lo que está pasando en el país, especialmente en la ciudad de Bogotá donde al 14 de enero se habían confirmado 538.050 casos de Covid-19 -46.152 casos activos- , siendo además la ciudad con cifras más críticas. A esto se ha sumado que las medidas que se han tomado, teniendo en cuenta que la capital está en alerta roja, han promovido que, por ejemplo, se siga exigiendo una renta básica, medida en la que se está insistiendo incluso desde principios de la pandemia. A esto se suma que la ocupación de camas de UCI sigue siendo una de las preocupaciones más graves, pues justamente el fortalecimiento hospitalario quedó corto, aun cuando, por ejemplo, en la capital del país el distrito había proyectado un plan de salud en IV frases para llegar a 5.482 camas de UCI al 30 de mayo de 2020, no obstante, finalizando el año el total estaba rondando las 2.236, casi la mitad menos. Esto ha acentuado los efectos de esta segunda ola de pandemia, a lo que se le suma el incierto estado en el que está la negociación de las vacunas y la fecha en la que se aplicarían. Todo esto lo que pinta es un panorama de incertidumbre, especialmente para quienes se han visto mayormente afectados/as con la pandemia. Hoy el panorama no ha cambiado mucho, por el contario, lo que se ha conocido es que el sistema de salud, por lo menos en Bogotá, podría estar peor de lo que se dice que estar, esto, pues, en los últimos días la Personería de Bogotá publicó un comunicado en el que advierte que la ocupación de las camas de UCI supera el 100%. “La demanda de camas UCI para pacientes de COVID-19 supera el 100% de la disponibilidad existente en gran parte de la red privada. Por otro lado, el desabastecimiento de medicamentos también debe ser revisado con atención porque el aumento de casos de la última semana, puede seguir su tendencia de incremento terminadas las fiestas de fin de año”. A esto, en otro documento publicado por la Personería, se agregó que: “nos preocupa porque encontramos que muchas de las camas de UCI Covid no cuentan con reparadores ni con el personal”. Adicionalmente, aseveraron que en la última semana el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias- CRUE- reportó que existían 349 solicitudes en trámites de camas UCI Covid, lo que estaría superando la disponibilidad reportada en el SALUDATA, donde se indica que es de 121. “Visitas administrativas e inspección telefónica a los prestadores de salud de la red privada, y visitas al CRUE, por parte de la Personería Distrital, evidenciaron, además del aumento de la demanda, desabastecimiento en algunos medicamentos, y el reporte de camas UCI que en realidad no son funcionales”. Hay que señalar, por una lado, que estas no fueron las primeras de estas advertencias durante los días que van del 2021, pues el pasado 06 de enero se informó que la Personería de Bogotá había hallado diferencias en las cifras reportadas en el Sistema Integral de Referencia y Contrarreferencia- SIRC, lo cual se había demostrado luego de visitas administrativas hecha por funcionarios/as de la entidad. A lo que se sumó que, como ahora, también se había alertado sobre que algunas IPS de la red privada del distrito, reportaron emergencia funcional ante la falta de personal médico y asistencial, y desabastecimiento de medicamentos. Esto fue lo que se encontró en dicho momento: Por otra parte, a lo afirmado por la Personería de Bogotá se sumó el apoyo del Colegio Médico de Bogotá, agremiación de la que su presidente Hernán Bayona trinó en las últimas horas: «El colapso del sistema de salud no depende solo de la ocupación uci, cualquier eslabón de la cadena de atención puede colapsar el sistema, actualmente, urgencias desbordadas y medicamentos escasos hacen las ucis inoperantes, personería tiene la razón». Adicionalmente, desde la misma agremiación se aseguró que desde el 04 de enero se ha venido insistiendo en la crítica ocupación de camas UCI, señalando que si bien se hace público un número de camas, no se ha advertido que de estas varias no tienen los insumos necesarios para su funcionamiento. “Se está al tope. Se necesitan datos como los de la Personería, los pacientes se quejan. No se ve la coherencia entre el número de camas», indicó Elizabeth Beltrán, integrante del Colegio Médico de Bogotá a City TV. Igualmente, Hernán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá adicionó a través del Twitter de la Personería de Bogotá que también hay dificultades en el transporte de pacientes desde sus casas hasta los centro hospitalarios y servicios de urgencias, y de estos hacia las unidades de cuidados intensivos. “Hay también dificultades con el talento humano; los médicos/as y los/as trabajadores/as de la salud se encuentran cansados/as y agotados desde el punto de vista físico, emocional y mental”, agregó. ¿Qué dicen las autoridades distritales? Pues bien, por otro lado desde la Alcaldía de Bogotá se informa que la ocupación de camas UCI al 14 de enero era del 93%, por lo que una vez publicado el comunicado de la Personería de Bogotá el secretario de Salud, Alejandro Gómez aseguró que en reuniones pasadas que se habían tenido con la Personería “en ningún momento el personero mencionó nada de lo que dice el comunicado que en este momento genera inquietud en la ciudadanía. Desde la Secretaría de Salud hemos sido absolutamente transparentes con el manejo de la información, la hemos compartido de manera permanente a través de SALUDATA. A hoy jueves hay camas disponibles para la atención de pacientes Covid”. Asimismo, se informó que durante el primer pico de contagio de Covid-19 la ocupación máxima de camas de UCI en Bogotá llegó al 93%, mientras que en este momento esa misma ocupación, es decir, de camas de UCI exclusivas para pacientes Covid, está en el 91.7%. Además, se aseguró que el día de ayer fueron ubicados 109 pacientes de Covid-19 en entidades de salud de la ciudad. Por su parte, la alcaldesa de Bogotá en su cuenta de Twitter escribió: “Lo que afirma la Personería de Bogotá sobre ocupación UCI es falso. Confunden trámites del CRUE con % neto de ocupación. En un día el CRUE tramita cientos de solicitudes que incluyen ingresos, egresos, cancelaciones, traslados, fallecimientos y cierra con el neto del día, que hoy es 93%”.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. A pesar de la insistencia del Gobierno Nacional por una política antidrogas a través de operativos de erradicación forzada y su clara intención por reanudar la aspersión de glifosato; los recursos de consulta previa continúan generando autonomía a las comunidades que esperan la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. El tire y afloje se ha dado por una avanzada en la modificación del Plan de Manejo Ambiental para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea. El nuevo pulso ganado por las comunidades al glifosato tal como lo dio a conocer el Colectivo de Abogad@s José Alvear Restrepo (CAJAR); tuvo que ver con que la sala de decisión penal del Tribunal Superior de Pasto ordenó la suspensión de la resolución 001 de 2020 correspondiente al tema de aspersiones aéreas y pueblos indígenas. Esta fue emitida por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Interior gracias a la acción de tutela interpuesta por Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense (REDHPANA) con el acompañamiento del Colectivo Fals Borda (OFB). La REDHPANA, que mantiene suspendida la intención del retorno del Glifosato, están constituidos por resguardos indígenas y consejos comunitarios de la subregión del Pacífico Nariñense. En este sentido, las comunidades de los municipios de San Andrés de Tumaco, Mosquera, Maguí Payán, Santa Bárbara, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Barbacoas; interpusieron la tutela, de acuerdo con el documento oficial, en contra del presidente de la República, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). El colectivo OFB celebró la decisión por lograr frenar temporalmente la reanudación de las fumigaciones aéreas con glifosato. Además, señaló que “aún se requiere seguir trabajando para que definitivamente el gobierno nacional abandone la idea de envenenar los territorios, el agua y las comunidades más afectadas por el conflicto en el país.” Celebran en los territorios Para la lideresa social Ivonne Quiñónez, investigadora de la Costa Pacífica Nariñense de Pares, “la suspensión de la Resolución 001 del Ministerio del Interior, por parte de la Sala de decisión penal del Tribunal Superior de Pasto, ante Tutela interpuesta por la Red de Defensores de Derechos Humanos de la Costa Pacífica Nariñense REDPHANA y el Colectivo Socio-Jurídico Orlando Fals Borda, es un acto de justicia con la Costa Pacífica Nariñense. Recordemos que la subregión está conformada fundamentalmente por comunidades étnicas negras e indígenas, organizadas en 58 consejos comunitarios y 32 Resguardos indígenas, más otros que están en proceso de conformación, a las que se les estaba violando de manera flagrante, su derecho colectivo fundamental a la Consulta Previa.” Entre otras cosas, para la lideresa es “un derecho al que tienen todos los pueblos étnicos sin la cual no pueden ser intervenidos sus territorios; más aún, en el caso de las aspersiones aéreas con glifosato de la cual estos pueblos fueron víctima durante 15 años consecutivos, dejando a su paso una crisis humanitaria y ambiental de enormes proporciones evidentes hasta el día de hoy, que el Estado colombiano, se ha negado a ver y a atender.” Finalmente, la lideresa señala que “en la Costa Pacífica Nariñense celebramos esta decisión del Tribunal Superior de Pasto, y una vez más pedimos al presidente de Colombia y accionado de la presente Tutela, Iván Duque, respeto por el cuarto punto de los Acuerdos de la Habana; sustitución, no erradicación”. Las medidas Fundamentalmente, la denuncian la vulneración de “los derechos fundamentales de consulta previa, consentimiento libre, previo e informado, salud, vida digna, mínimo vital, debido al proceso y al derecho de paz”. En este sentido, según el documento, las medidas pueden ser adoptadas en dos casos: (i) Cuando estas resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se concrete en una vulneración. (ii) Cuando, constatada la ocurrencia de una violación, sea imperioso precaver su agravación. Es decir, el Despacho consideró “que es dable conceder la medida provisional deprecada a fin de evitar la presunta vulneración de los derechos fundamentales deprecados, hasta tanto se resuelva de manera definitiva la presente acción constitucional”. La acción fue concedida a REDHPANA por “reunir los requisitos exigidos por el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991.” De acuerdo con CAJAR, “»Los efectos de dicha resolución quedan suspendidos sin efectos jurídicos y se abre la posibilidad de que para el trámite de modificación de licenciamiento ambiental para el reinicio del programa de fumigación sea necesario agotar el proceso de consulta».” Situación PNIS en el Pacífico nariñense Es importante señalar que tal como ha venido insistiendo la lideresa social Ivonne Quiñónez, investigadora de la Costa Pacífica Nariñense de Pares, Tumaco es el segundo municipio de Colombia con mayor concentración de cultivos de uso ilícito. Según el Observatorio de Drogas para 2019 Tumaco registró aproximadamente 11.830 hectáreas de coca sembradas. Las comunidades de esta subregión de Colombia aguardan por la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Continuando con lo que ha venido indicando la lideresa social, la falta de interés y de ejecución del Gobierno Nacional son notorias. Por ejemplo, al PNIS de los 54 Consejos Comunitarios existentes —compuesto por 10 municipios que conforman tres subregiones: el Pacífico Sur, constituido por Tumaco y Francisco Pizarro; la Subregión del Sanquianga, de la cual hacen parte, Olaya Herrera, Mosquera, El Charco, Iscuandé y La Tola; y por último, El Triángulo del Telembí, del cual hacen parte Barbacoas, Roberto Payán y Maguí—; sólo han sido vinculados cuatro (4) Consejos Comunitarios. Por supuesto, es necesario recordar que conforme con investigaciones Pares, en 2020 —en el marco de los operativos de erradicación forzada adelantadas por el Ejército Nacional— se han presentado cuatro (4) ejecuciones extrajudiciales, en el Pacífico nariñense. Por otra parte, se ha registrado la muerte de siete (7) personas por minas antipersonas y cuatro (4) miembros de la Fuerza Pública.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Durante el año pasado, a pesar de las restricciones de movilidad decretadas en marzo ante el creciente número de contagios y muertes por Covid-19, la movilización social no paró. Incluso durante varios días de marzo y abril fue la pandemia y las afectaciones económicas y sociales que ésta trajo lo que motivó que las personas salieran a protestar a las calles, aun cuando lo que mandaban los gobiernos locales y el nacional era a quedarse en casa. Hay que mencionar que esta reactivación de la protesta venía desde noviembre de 2019, que aunque con los meses siguientes hubo una convocatoria menor, dado el contexto de salubridad, las peticiones al Gobierno nacional se siguieron manteniendo, incluyéndose otras como la solicitud de una renta básica para que durante el aislamiento al que muchas familias se tuvieron que acoger, pudieran solventar sus gastos principales. Asimismo, además de estas movilizaciones y de las que se dieron en el marco del Paro Nacional, hubo otras que se realizaron durante el año pasado motivada por otro tipo de hechos: tal fue la Minga, en la que miles de indígenas del suroccidente del país llegaron hasta Bogotá bajo las consignas de la vida, la democracia, la paz y el territorio. Adicionalmente, los y las firmantes de paz en una peregrinación llegaron hasta la capital solicitando medidas y diálogo con el presidente Iván Duque para que pararan los asesinatos sistemáticos contra quienes se acogieron al Acuerdo de Paz. Por su parte, varios grupos de mujeres se citaron en puntos como la EPS Sanitas y el CAI San Diego, zonas donde en Bogotá en lo corrido del año se cometieron casos de abusos sexuales en momentos diferentes. Además, en distintas puntos de la capital durante el mes de septiembre se realizaron protestas tras el asesinato de Javier Ordoñez por parte de uniformados. En algunos de estos casos, y en otras tantas protestas que se realizaron a lo largo y ancho del país, hubo algo que en la mayoría resaltó: la violencia y abusos de fuerza por parte de la Policía. Según información presentada por la ONG Temblores hasta noviembre de 2020 se habían presentado 386 violentos cometidos presuntamente por la Policía y 36 personas asesinadas en hechos de violencia policial. En esta cifras el periodo que tuvo un mayor incremento fue durante el 09 y 10 de septiembre, días en los que en zonas como Usaquén, Suba y Kennedy cientos de personas salieron a manifestarse contra lo ocurrido con Javier Ordoñez, lo que terminó en una masacre, en la que tras el uso indebido de armas de fuego de uniformados 14 personas fueron asesinas y 198 resultaron heridas. Todo esto lo que ha puesto sobre la mesa es la urgencia de una reforma policial; del desmonte del ESMAD, escuadrón con el que constantemente se ha dispersado arbitrariamente la protesta; y de promover que dejen de ser estigmatizados/as los y las manifestantes; así como a que se límite el accionar de la Policía y a que se proteja la libertad de prensa, como el trabajo de defensores de derechos humanos en estos escenarios. ¿Qué ha pasado? Así, el pasado 05 de enero desde la presidencia del país se emitió el Decreto 003: “Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado «ESTATUTO DE REACCiÓN, USO Y VERIFICACiÓN DE LA FUERZA LEGíTIMA DEL ESTADO Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA”». El pasado 22 de septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado adoptar medidas para garantizar el derecho a la protesta, instando a lo anteriormente nombrado y basado en los hechos cometidos durante ese mismo mes del año pasado, enfatizando en que el uso de la fuerza debía ser el último recurso a utilizarse en medio de la protesta social, y que para esto debía haber una formación en Derechos Humanos por parte de los uniformados de la Policía. Fotografía: Pares. Para esto se plantea la creación de una mesa trabajo para reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas, para que se escuche y atienda los planteamientos, tanto de los accionantes del Decreto, como de cualquier persona interesada en el tema. Esto basándose en diversos artículos, decretos, resoluciones nacionales e internacionales que promueven el ejercicio de la protesta social. Dicha Mesa de Trabajo se instaló y sesionó el día 14 de octubre de 2020, planeando 09 semanas de trabajo, las cuales se cumplieron finalizando el mes de diciembre. Hay que señalar que dentro del documento se informa que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República habilitó el 21 de octubre de 2020 la página web de la Mesa de Trabajo: https:l/mesatrabajosentenciacsj.presidencia.gov.co/, no obstante al momento de redacción de este artículo no se permite el acceso al portal. Con esto, y con varias propuestas –varias de ellas que no fueron tenidas en cuenta- se decretaron directrices para la actuación de la policía en el marco de las manifestaciones públicas. La primera, que llega luego de una incesante insistencia es la primacía del diálogo y la mediación, lo que en general, y como lo establecen los puntos siguiente, insta a regular el uso de la fuerza, y a que prime la proporcionalidad, y el bienestar de las y los manifestantes. Hay que señalar, y trayendo a colación lo ocurrido durante el año pasado, que el documento hace explicito que “El gobernador y el alcalde son las primeras autoridades de policía en el departamento y el municipio respectivamente”, por ende, las acciones cometidas por los uniformados y las órdenes que se les den tienen estrecha relación con estas autoridades locales. Otro de los puntos mencionados es la formación y capacitación de la Policía “en Derechos Humanos, principios básicos sobre el uso de la fuerza, Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, empleo de armas Y dispositivos menos letales de todo el personal de la Institución, y demás temáticas que resulten afines y transversales a la manifestación pública y pacífica, de tal manera que conduzcan al policía a un actuar profesional soportado en la legislación nacional e internacional”. También se establece que localmente se debe activar un Puesto de Mando Unificado –PMU- para la coordinación interinstitucional, el cual estará integrado por representantes de las siguientes entidades: gobernación, cuando sea procedente, alcaldía, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personería y Bomberos. Además, se podrá invitar a representantes del Grupo de Atención Especial de Fiscalía, Migración Colombia, al Instituto Colombiano “y demás entidades que, en razón a la situación presentada, se consideren pertinentes”. En relación con lo anterior, se ordena la creación de una Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las manifestaciones públicas, la cual debe sesionar ordinariamente al menos una vez al año. Esta, por su parte, estaría integrada por: Ministro del Interior, Ministro de Defensa Nacional, director general de la Policía Nacional o su delegado, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, consejero Presidencial para los DDHH, fiscal General de la Nación o su delegado, procurador General de la Nación, defensor del Pueblo o su delegado, tres delegados de las organizaciones o plataformas de derechos humanos, tres delegados de los organizadores o movimientos sociales relevantes que convocan la manifestación pública y pacífica. En caso de que cualquier de estos no pueda puede asistir un delegado/a. Esto mientras que lo gobierno locales deben crear Mesas de Coordinación en las que participen el secretario de gobierno o de Seguridad Ciudadana y Convivencia, la Secretaría de salud, la oficina de Derechos Humanos o quien haga sus veces, el comando de la Policía Nacional, un delegado de los organizadores que convocan la protesta pacífica, un delegado de las organizaciones de derechos humanos del orden territorial y un delegado de las comisiones de verificación y veedurías. También se implementó que las Comisiones de Verificación – CV de la sociedad civil deben ir identificadas a mediante un distintivo de carácter visible. Sobre los gobiernos locales Además de lo anterior se indica que “Cuando se requiera cualquier participación del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD en eventos públicos, ese organismo de manera antelada, deberá poner a disposición del Defensor del pueblo el listado de los comandantes o jefes de unidad del personal asignado para el servicio requerido e igualmente la Policía Nacional deberá designar un oficial superior común que sirva de enlace entre los agentes y el Defensor del Pueblo”. Igualmente de la constante comunicación con las instancias anteriormente nombradas, las alcaldías y gobernaciones deben promover el acompañamiento y los escenarios para que cualquier actuación de la Fuerza Pública se dé bajo los principios de necesidad, gradualidad, proporcionalidad y racionalidad. Y de presentarse alguna arbitrariedad los mandatarios estarán “en la obligación de rendir en el menor tiempo posible y en un plazo que no supere los tres (3) meses, una explicación pública satisfactoria, a través de los medios de comunicación y las redes sociales institucionales, sobre las actuaciones administrativas adelantadas por el Gobernador y el Alcalde, y sobre las actuaciones de policía (…) que hayan causado daños a la vida o integridad personal de las personas en el marco de las manifestaciones públicas; así como las investigaciones penales y disciplinarias iniciadas, su estado y las autoridades que actualmente conocen sobre las mismas”. ¿Qué dicen las organizaciones? Por medio de la FLIP se pronunciaron la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos – DH Colombia, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Red de derechos humanos del Suroccidente colombiano «Francisco Isaias Cifuentes», Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” – CAJAR, Comisión Colombiana de Juristas – CCJ, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP , Dejusticia y la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, en donde resaltan que a pesar que se dan algunos pasos, este decreto sigue dejando muchas puertas abiertas para que se sigan cometiendo arbitrariedades. Incluso se menciona que aunque en uno de los puntos se indica que solo podrá haber Fuerza Militar cuando se disponga dicha asistencia militar, la mesa de trabajo no llegó a un consenso sobre la necesidad de una regulación clara, estricta y restrictiva del papel de ésta. Además, la mesa de trabajo desestimó “cualquier posibilidad de que se revisaran las directrices de uso de la fuerza vigentes con fines de reestructuración. (…) en donde se establecen pautas generales sobre uso de armas de letalidad reducida y sobre la atención en manifestaciones. (…)Se rechazó la posibilidad de que la ciudadanía y organismos externos a la Policía revisen las fichas académicas que sirven para la formación y capacitación de los funcionarios de policía; así como la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil tengan participación en los Puestos de Mando Unificado. (…) Y no hubo inclusión de criterios ciertos, claros y completos para limitar la realización de capturas, traslados por protección y traslado para procedimiento policivo durante el desarrollo de manifestaciones”, se expresó en el comunicado. Asimismo, desde Pares se habló con Oscar Ramírez, integrante del Comité de Solidaridad con Los Presos Políticos, organización que a su vez hace parte de la Campaña Defender la Libertad, quien advirtió que este protocolo “es regresivo, y por ejemplo, con la negativa del Gobierno de limitar la participación de defensores/as de derechos humanos en el CMU restringe el diálogo”. Este decreto sigue dejando muchas puertas abiertas para que se sigan cometiendo arbitrariedades. Incluso se menciona que aunque en uno de los puntos se indica que solo podrá haber Fuerza Militar cuando se disponga dicha asistencia militar, la mesa de trabajo no llegó a un consenso sobre la necesidad de una regulación clara, estricta y restrictiva del papel de ésta. Imagen: Pares. Asimismo, se señala que aunque se insiste que el protocolo se da con la premisa de la regulación de la fuerza, en ningún apartado se menciona puntualmente cómo desde lo técnico se va a promover que no sean cometidas arbitrariedades, pues “solo se refiere a la actitud administrativa, pero nada sobre el uso de armamento. Eso es preocupante porque podría decirse que no se plantea ninguna transformación sobre el uso de la fuerza, que era en lo que insistía la Corte Suprema de Justicia”, agregó.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. Hoy por hoy no hay otra posibilidad que empezar este artículo diciendo que el presidente Iván Duque Márquez le mintió al pueblo colombiano en medio de una crisis sanitaria mundial. La espera de la vacunación en Colombia cada vez se hace tortuosa para los y las colombianas. Entre tanto la ocupación de las camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) no da abasto. Para el recuerdo quedó un anuncio del presidente Duque, el pasado 18 de diciembre de 2020, cuando aseguró ante el país que el Gobierno Nacional había cerrado acuerdos para “adquirir 40 millones de dosis de vacunas contra el Covid 19; Pfizer, 10 millones; AstraZeneca, 10 millones, y estrategia Covax, 20 millones.” Colombia ve con esperanza, pero también con impotencia, cómo países de la región tales como Argentina o Chile ya comenzaron a vacunar, o como Venezuela, Bolivia o Perú ya tienen anuncios y acuerdos firmados para la vacunación; mientras en Colombia no se vislumbra una salida. El país se encuentra entre las mentiras de la Casa de Nariño y los anuncios de su gabinete ministerial en los micrófonos de los noticiarios. En esta mezcolanza de versiones se suman a la incertidumbre del nuevo pico con el que se levanta Colombia para 2021, por ejemplo, para este martes 12 de enero se registraron 14.179 casos. Además, según datos de Our Word In Data Colombia lidera el número de fallecimientos diarios por millón de habitantes, siendo así líder de la segunda ola en Suramérica. El Gobierno pretende defenderse con un caos informativo Camilo Enciso —integrante del Instituto Anticorrupción— ha señalado que el Gobierno Nacional está profundizando la crisis con lo que denominó “caos informativo”. Son varios los ejemplos de las versiones encontradas del Gobierno Nacional. Enciso llama con especial atención el caso del anuncio de Iván Duque sobre la adquisición de nueve (9) millones de dosis de vacuna a Jassen. Sin embargo, el Ministerio de Salud, en cabeza del ministro Fernando Ruiz, dijo que se trataba de cinco (5) millones. Para Enciso, resulta importante que el Gobierno Nacional reflexione en torno a que una diferencia de cuatro (4) millones de dosis se traduce en cuatro (4) millones de personas. Otro ejemplo de la confusión desatada por las salidas en falso del presidente Duque reposan en situaciones como la siguiente: “Estamos cerrando los contratos en los próximos días” dijo el mandatario en un video. Con lo cual la opinión pública desató una polémica por cuenta de que el mismo había dicho que se habían cerrado acuerdos. Para ese caso, el equipo de prensa de Casa de Nariño salió al paso diciendo que lo que había ocurrido era un “problema de confusión”. Que el presidente se estaba era refiriendo a firmas para “nuevas dosis”. Por otro lado, Enciso hace hincapié en que el Gobierno Nacional está recibiendo una “pésima asesoría jurídica”. Para Enciso, además, hay una lectura incompleta de los dos artículos a los que está recurriendo presidencia para lo que denominó ‘confidencialidad en la negociación de las vacunas’. Las incompletas lecturas de la Ley de Transparencia Así las cosas, con el paso de los días la discusión se ha ido conduciendo a la exigencia de sectores de la sociedad por que se vele por la Ley de Transparencia frente a la ‘interpretación amañada” que estaría haciendo el Gobierno Nacional, tal como ha señalado Enciso. Precisamente, son dos artículos con los que el Gobierno pretende no publicar los contratos. Sin embargo, Enciso señala que, por ejemplo, en el caso del artículo 18 “lo que dice es que es información exceptuada de publicidad: aquella información que pueda tener secretos industriales. Acá nadie está pidiendo que las farmacéuticas revelen los rubros. Uno entiende que han invertido cientos de millones de dólares y que ese secreto debería protegerse. Pero, la norma en ningún lado dice que no puedan o no deban ser publicados todos los demás ingredientes de los contratos. Es decir, todo el resto del articulado que regula el precio, el lugar de entrega, las responsabilidades que asumen las compañías en caso de que algo salga mal. Adicionalmente, para Enciso, hay otra incompleta interpretación, pero esta vez en el artículo 19 de la Ley de Transparencia. “El cual habla de la excepción cuando la revelación de la información pueda generar daño a los intereses públicos y, en particular, por causa de salud pública. Lo que no dice el Gobierno y lo que no lee el ministro de Salud es que la nombra también dice que <>”. Enciso cierra diciendo que el problema es que dichas normas no existen. Los errores cuestan muertos Para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación, el manejo de la pandemia por parte del presidente Duque ha tenido tres grandes errores. Mal manejo de la pandemia que arroja 45.000 mil muertos y a finales de febrero pueden ser 65.000 son las cifras que, hoy por hoy, ve Colombia. Para el analista, el segundo tiene que ver con el pésimo manejo en materia económica. Las reducidas salidas que ofreció el ministro Alberto Carrasquilla aumentaron la crisis. El tercero, por supuesto, tiene que ver con el manejo de la vacunación. “No hay contratos, hay preacuerdos. Los pronunciamientos del Gobierno Nacional no generar sino más dudas. La del ministro de Salud en el programa de Hora 20 fue dramática, llena de contradicciones”. Ávila se ha referido al “<> en el cual el ministerio de Salud dio a entender que no estaba liderando la negociación con las vacunas y que eso lo estaba haciendo con la plata del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y que, por tanto, la entidad encargada era la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres.” ¿Esto qué implica? eso se traduce en que, por ejemplo, esta Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres es una de las “instituciones más criticadas y con mayores cuestionamientos frente a lo que tiene que ver con recursos públicos. Cuestiones por sobrecostos en temas de mercados, falta de transparencia en la contratación. Incluso, tienen contratos con unos privados que metieron unos celulares a las cárceles de forma ilegal, de esa es la magnitud de esta situación de la entidad encargada. Ávila también llamó la atención sobre la necesidad de que se publiquen los contratos: ese es el régimen de publicidad. En ningún momento la emergencia actual significa que no se puedan publicar. Eso lo intentó hacer el Gobierno Duque el año pasado. Lo denunciamos y a pesar de eso siguen escondiendo. Eso sería lo normal en cualquier régimen democrático ¿o es que están escondiendo algo?

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado 10 de enero a través del portal periodístico ‘Los Danieles’, el periodista Alberto Donadio publicó la columna titulada ‘Virgilio Barco y el exterminio de la UP’, en el que hace varias revelaciones que responsabilizan al presidente de ese momento (1986 – 1990) sobre el genocidio cometido con integrantes de la Unión Patriótica, partido político que nació en 1985, como resultado del proceso de paz para la salida negociada del conflicto armado interno entre el Estado colombiano y las Farc. Se planteaba, que el gobierno, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y las leyes, otorgaría a la UP las garantías de seguridad para poder realizar su ejercicio político. No obstante, como una historia que se sigue repitiendo, poco tiempo pasó para que los asesinatos contra los miembros del partido comenzaran a marcar el inicio de un genocidio que ha cobrado al menos la vida de alrededor de 3000 personas, así causó miles de víctimas de desapariciones forzadas, tortura, desplazamiento forzado y otras violaciones a los Derechos Humanos, que en lo corrido de la historia del país, una historia además marcada por la violencia, ha constituido una de las etapas y de los hechos más violentos con casi 6000 víctimas, que además, como ha sido denunciado constantemente y desde distintos sectores, todo esto tuvo la complicidad del Estado, por acción u omisión, pues como lo han dejado ver los años ninguno de los casos fue aislado, y lo cometido fue un genocidio planificado. Siguiendo esto hay que mencionar uno de los puntos del que parte la investigación del periodista Donadio es la responsabilidad del Estado colombiano en lo ocurrido con la Unión Patriótica, señalando puntualmente que el presidente sucesor de Belisario Betancur, con quien se llevó a cabo el proceso de paz, Virgilio Barco fue determinante con lo ocurrido con la UP. Esto tiene estrecha relación con quien fue consejero en cuestiones de seguridad en ese Gobierno, es decir, Rafi Eitan quien era un espía israelí “con verdadera licencia para matar; no de los que en el celuloide se dedican a seducir rubias en raudos coches, sino de los que encuentran razones de Estado o de sentimientos patrióticos para acabar con la vida de otros”, menciona el periodista en su columna. Esta afirmación no es aislada, pues justamente lo que se denuncia es que, luego que el expresidente y el espía se conocieran en Washington –cuando Barco era embajador de Colombia en los Estados Unidos- y tras posicionarse como mandatario del país, Barco contactó a Eitan para que le aconsejara la mejor manera de combatir la guerrilla. Luego de que el israelí visitara Colombia – por medio de recursos dados por Ecopetrol que se habrían conseguido a través de Juan José Turbay, miembro de la junta directiva de la empresa- el espía afirmó que la forma de afrontar el requerimiento, del en ese momento presidente, era “eliminar los miembros de la Unión Patriótica. (…) Barco no cuestionó la recomendación, ni formuló objeciones éticas, morales, legales o políticas”. Esto se habría dado luego que se realizaran dos reuniones, una primera el 07 de agosto de 1986, en la que se pidió que el israelí viniera a Colombia, en la que además de Barco también participó el secretario general de la presidencia, quien para ese entonces era Germán Montoya. Asimismo, se hizo una segunda reunión en donde se escuchó a Eitan, en estas, como lo expone Donadio, estuvieron tanto el expresidente, como el secretario presidencial, así como un alto militar; “(…) el alto mando militar se opuso con vehemencia a que se le diera un segundo contrato y señaló que renunciaría si Eitan era el encargado de la misión. En su concepto debía ejecutarla el Ejército y no un comando extranjero. Barco aceptó que así fuera”. Hay que señalar que de las reuniones y de la gestión que en su momento hizo Turbay para que Eitan viniera al país no quedaron registros. No obstante, y como uno de los argumentos que da Donadio, se establece que durante los primeros 14 meses del periodo presidencial de Virgilio Barco el número de asesinatos de miembros de la UP superaba los 400. Adicional, hay que resaltar, que este exterminio continuó durante otros gobiernos, incluso el Centro Nacional de Memoria Histórica logró establecer que durante 223 meses consecutivos no hubo un solo mes en el que no se registrara un asesinato o una desaparición forzada de miembros de la UP. ¿Qué ha pasado luego de las revelaciones? Hay que señalar que una de las reacciones más relevantes fue la de la Unión Patriótica, que ratificó las denuncias que “durante décadas el movimiento político ha realizado ante diversas instancias nacionales e internacionales, señalando la responsabilidad directa de altos funcionarios del Estado y sus FFAA en la decisión, planeación y ejecución sistemática del exterminio y genocidio en contra de la Unión Patriótica”, aseveraron a través de un comunicado. Así, solicitaron a la JEP citar a varios miembros del Gobierno de Virgilio barco, entre quienes está el general (r) Rafael Samudio Molina, quien para ese momento fue designado por el entonces presidente como ministro de Defensa, cargo que le permitió dirigir las Fuerzas Militares en ese periodo, y cargo desde el que también recibió, como lo planteó Donadio, la alerta hecha por el entonces el consejero de paz, Carlos Ossa Escobar, quien le aseguró que todos los días estaban matando a un integrante de la UP, a lo que Rafael Samudio Molina habría respondido: “a ese ritmo no van a acabar nunca”, lo que acentuó la gravedad de los hechos violentos cometidos contra los militantes de la UP. Justamente, otra de las reacciones vino del exministro, quien señaló en Blu Radio que todo se trataba de un “habilidoso montaje” que tendría relación con intereses electorales de cara a las campañas del 2022. Por su parte, el senador Iván cepeda comunicó en su cuenta de Twitter que: «Ante la revelación hecha hoy por el periodista Alberto Donadio, anuncio que en mi condición de víctima formularé las acciones penales a las que haya lugar contra el exministro de Defensa, general (r) Rafael Samudio por su presunta responsabilidad en el genocidio contra la UP”. Tras esto el general (r) Jaime Ruíz en diálogo con Semana dijo que todo era un “bochinche mediático”, y que eso explicaría que Iván Cepeda hiciera dicho anuncio de la denuncia: “todo estaba perfectamente calculado”, afirmó. Además, en ese mismo espacio, en el que también participaba la senadora Aída Avella, se refirió a que las denuncias que ha venido haciendo ella, quien es militante de la UP y por años ha exigido justicia en este caso, son “lecturas de historietas y de documentos que recita de memoria”, a lo que la senadora respondió que nunca se ha tratado de eso, que por el contrario “son hechos de la vida nacional, juzgados por jueces nacionales e internacionales”. Hay que mencionar que ambos militares retirados hacen parte de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares –ACORE-, organización que teniendo en cuenta las acusaciones y el relacionamiento que se hace de las Fuerza Pública con el exterminio de la UP debería atender a los cuestionamientos que se le hacen, no obstante, durante la emisión lo que resaltó fueron los señalamientos a la senadora sobre lo que nombraron como “falsas imputaciones”. Con esto, la senadora advirtió a través de su cuenta de Twitter: “Me dio la impresión que a los generales retirados, Ruiz Barrera de ACORE y el exministro de Defensa Samudio Molina, les incomoda que continúe viva y en la política”. Dado esto, desde Pares se habló con la senadora de la bancada Decentes Aída Avella y presidenta de la Unión Patriótica. Pares: La columna y las revelaciones que hace Donadio, ¿qué aportes dan a las investigaciones y las denuncias que se han hecho, por ejemplo desde la UP, sobre la responsabilidad del Estado colombiano con el exterminio de la UP? Aída Avella: Primero que todo agradecer al periodista que sacó a la luz pública algo que era desconocido en el país y que es necesario que también se pongan los ojos ahí y sobre los otros actores internacionales que han participado en esto. Es un eslabón perdido que se ha encontrado. No se puede dejar de lado que un agente con las cualidades de Eitan, que fue capaz de poner un espía a los Estados Unidos contratando a Jonathan Jay Pollard, quien fue detenido por el FBI y que estuvo preso 30 años. Lo aterrador es que Eitan afirmaba que “toda operación de inteligencia es una alianza con el delito”. Si partimos de esa premisa eso nos lleva a entender muchas cosas de las que pasaron en Colombia. Yo sí creo que todas esas cuestiones que se saben y que se empiezan a vislumbrar no serán las únicas, seguramente vendrán otras más. Creo también que habrá otras conexiones entre Eitan y el señor Yair Klein, que fue el que entrenó los grupos paramilitares en el Magdalena Medio, no creo que haya sido el primero que estuvo en todo esto. Hay que decir que esta investigación aporta al proceso con las víctimas, por eso es necesario reconocer ese trabajo periodístico en el que seguramente participaron más periodistas que se han dedicado a aportar a este caso tan doloroso. Pares: Varias veces se ha enfatizado en la relación que tiene este caso con los asesinatos sistemáticos que están siendo cometidos contra las y los firmantes de paz. Esto que se logró establecer periodísticamente, ¿qué luces da de la situación actual que afrontan quienes se acogieron al Acuerdo de Paz firmado durante el periodo presidencial de Juan Manuel Santos? A.A: Aquí dejaron establecidos unos métodos y dejaron establecidas formas de actuar. Estaba pensado toda esta semana y llego a creer que la barbarie, que la sevicia hace parte de todo lo que le enseñaron a un grupo que me imagino fueron personas ligadas con la institucionalidad, especialmente con la institucionalidad de la inteligencia en Colombia. Yo sí creo que todos los asesinatos sistemáticos que ahora se están cometiendo; lo que hacen con los líderes y lideresas sociales, con los/as indígenas, con los/as afros, y los/as firmantes de paz es utilizar lo mismo que se determinó hacer con la Unión Patriótica. En estos momentos Colombia está siendo observada por todos los organismos de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, WOLA, etc., nos están observando porque el genocidio ahora es contra los líderes sociales, contra los sectores indígenas y afros, y los/as firmantes, y todo parece indicar que esta situación apunta al mismo objetivo; acá el que hable de paz se muere. Aquí hay listas otra vez. Uno se pregunta: ¿quién tiene esas listas?, es fácil de entender, esas listas las tiene el Ministerio del Interior. Las listas de la gente desmovilizada y bancarizada las tiene el Gobierno, las manejan en alguna de las dependencias que están hechas para la implementación de los Acuerdos. ¿Quién tiene la lista de los/as indígenas, de los/as afros? Las tiene el Gobierno. Es decir, no les queda difícil para absolutamente nada ubicar a la gente. Desde antes que se firmara el Acuerdo de Paz están haciendo las listas; en sitios públicos llegaron a comentar que no importaba lo que firmaran, que ya estaban haciendo las listas de los “terroristas”, no les tocó ni siquiera trabajar en eso. Yo sí creo que con todo esto que pasa son las Águilas Negras, y no dan con este grupo porque es parte de la institucionalidad que actúan bajo el rotulo de la Águilas Negras, que no son negras. «Aquí dejaron establecidos unos métodos y dejaron establecidas formas de actuar. Estaba pensado toda esta semana y llego a creer que la barbarie, que la sevicia hace parte de todo lo que le enseñaron a un grupo que me imagino fueron personas ligadas con la institucionalidad, especialmente con la institucionalidad de la inteligencia en Colombia.» Imagen: Pares. Pares: Ayer en un debate en el que usted estuvo varias afirmaciones salieron por parte de Jorge Ruíz y el exministro Samudio. ¿Cómo interpreta usted esas afirmaciones en medio de todo este contexto? A.A: Yo creo que son unas afirmaciones apenas obvias en las que estuvieron trabajando en el momento en el que se conoció que Eitan estuvo en Colombia, pues el general Samudio tenía un importante papel durante ese gobierno, así como otros militares, quienes la forma que han usado para defenderse es juzgar descalificativamente todos los hechos que por años se han venido probando. Para ellos los asesinatos, las desapariciones, las amenazas, las torturas son historietas, pero para los seres humanos que las sufrieron son verdaderas vulneraciones de los derechos humanos. Desde luego, como víctima lo que pedimos a la JEP es que no solo cite a Samudio Molina, que ha dicho, además, que tiene muy buena memoria, sino además a otras personas que estuvieron también involucrados y, por supuesto, que se abra la posibilidad que se defiendan, pero que en todo eso se respete que todo esto no es ningún escándalo, son hechos reales, donde hubo un genocidio planeado y ejecutado.

Por: Isaac Morales. Coordinador de Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado. Pares Mientras todo el país concentra su atención sobre la compra o no de vacunas por parte del gobierno nacional para intentar poner freno a los contagios de Covid-19 en todo el territorio nacional, ayer martes 12 de enero en horas de la tarde el centro de Barranquilla fue estremecido por la explosión de una granada que dejó 14 heridos y por fortuna ningún fallecido. Medios locales y nacionales, incluso las autoridades civiles y de policía de la capital del Atlántico han asociado el hecho a un “intento de extorsión”; es común que se den este tipo de hechos de intimidación por parte de organizaciones delincuenciales dedicadas al cobro de extorsión, sobre todo a comerciantes o dueños de negocios pequeños; esta zona de Barranquilla es reconocida por el alto flujo de comercio especialmente de partes y repuestos de motocicletas, lo que indica que efectivamente puede estar asociado a una extorsión o un mensaje colectivo a los comerciantes de la zona. Ahora bien, si se tratara de una extorsión, los datos que registra la estadística delictiva de la Policía Nacional sobre Barranquilla y su área metropolitana reportan que este delito de alto impacto ha venido en aumento en los últimos 5 años, registrándose un total de 726 denuncias entre 2016 y 2020; durante el 2020 Barranquilla registró 121 denuncias en total, sin embargo, según los datos de Policía el último registro del año anterior se dio el día 7 de diciembre lo que sugiere y reconfirma el alto grado de subregistro que este delito presenta, el miedo a las amenazas y a la muerte evita que las víctimas denuncien sus casos. Pero ¿Qué está pasando en Barranquilla en cuanto a las dinámicas delincuenciales? La Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado a través del portal de PARES, el pasado 22 de octubre de 2020 publicó una revisión sobre la influencia de las bandas venezolanas en el país BANDAS VENEZOLANAS: UNA ALARMA ENCENDIDA. Advirtiendo que en Barranquilla y su área metropolitana hacen presencia varias organizaciones criminales, se ubica un brazo de la denominada banda “Los Melean”; además se tiene registro de integrantes de la estructura criminal denominada “Los Pran”, que tradicionalmente han delinquido desde las cárceles del vecino país, dedicada al narcotráfico con alcance binacional entre Colombia y Venezuela a través de rutas del comercio ilícito de drogas en La Guajira. Como lo advertíamos en octubre, estas dos organizaciones continúan en disputa por sitios estratégicos de la capital del Atlántico para el microtráfico y trasladando viejas disputas desde el país vecino. Por otra parte, la denominada banda “Los Yeico Masacre”, reconocida por su grado de sevicia y publicitar en redes sociales sus delitos, ha intentado entrar a disputar territorio en localidades del suroccidente barranquillero, esta no lo ha podido hacer debido a la fuerte presencia de “Los Costeños” un GDO con mayor control en esta zona; así que “Los Yeico” han sido subcontratados por “Los Costeños” para desarrollar labores criminales tales como el cobro de extorsiones y asesinatos por ajuste de cuentas en la ciudad. Así las cosas se advierte para Barranquilla un periodo de recrudecimiento de las disputas territoriales por el control de las rentas criminales, tanto de la extorsión como del flujo de drogas ilícitas; es preciso que la investigación criminal de resultados oportunamente para conocer si efectivamente se trataba de algún tipo de intimidación asociada a la extorsión de comerciantes o la expresión de ese enfrentamiento entre organizaciones delincuenciales que al parecer ha ido escalando desde el año pasado y lo seguirá haciendo en 2021, en cualquiera de los dos posibles escenarios se debe actuar inmediatamente para evitar que se vuelvan a repetir estos hechos de terror en la ciudad.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. Pares tuvo acceso a una información sobre unas presuntas irregularidades que el Magisterio habría identificado en el documento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que se implementará en el departamento del Putumayo, en el presente año. Dicho de otra forma, los niños y niños del Putumayo aguardan porque las instituciones velen por sus derechos fundamentales como lo es el acceso a una alimentación digna y de calidad. De hecho, tal como lo señalan los diputados en el documento de petición enviado a la Contraloría General del Departamento del Putumayo, en cabeza del contralor Luis Antonio Montoya, esta acción nace del “en el deber misional de ejercer control político a los recursos destinados para inversión social más aún frente a la compleja situación de salubridad que se encuentra el país y en particular el departamento de Putumayo”. Los diputados firmantes a esta petición han manifestado que su intención tiene que ver con “ejercer un control fiscal preventivo cuando existan sospechas de alto riesgo en procesos de adjudicación y ejecución de contratos públicos.” La niñez del Putumayo aguarda Andrés Cancimance, diputado de la Asamblea Departamental de Putumayo por Colombia Humana y la Unión Patriótica, habló con Pares; exaltando la urgencia de esta situación que debe ser atendida por los gobiernos Locales, Departamental y Nacional. Entre otras cosas, debido a la población infantil de la cual se beneficia del PAE. Asimismo, Cancimance señaló que se trata de seis (6) diputados de los 11 quienes han manifestado su preocupación por estas irregularidades. Por estas razones, el diputado explica que “le solicitamos a la Contraloría se revise el caso y si resulta que existen esas anomalías suspenda el proceso a través de una acción preventiva.” El diputado Cancimance se ha dirigido ante la opinión pública ha señalado que esta petición enviada a la Contraloría viene de una alerta que les hizo llegar la Asociación de Educadores del Putumayo (ASEP). De acuerdo con el diputado, los y las educadoras se habrían percatado de unas irregularidades en “el proyecto de pliego de condiciones del proceso de licitación pública SED- LP-014-2020, a través del cual se contratará el PAE 2021 por un valor de $20.396.469.600, presenta varias irregularidades.” Petición a la Contraloría Así las cosas, los diputados Edison Yandún, Wilder Castañeda, Yule Anzueta, Andrés Cancimance, Jonny Portilla y Miguel Bravo firmaron el documento que busca, de manera general, que en el marco de las competencias de la Contraloría General de la República del departamento de Putumayo evalúe los argumentos y las pruebas anexadas en la petición que fue enviada con que solicita adelantar “Acción Preventiva” al contrato de Alimentación Escolar PAE en el departamento de Putumayo. Por una contratación que no se haga a dedo De acuerdo con los diputados firmantes y conforme a la función preventiva que enuncian ha venido adelantado el el contralor general de República, Carlos Felipe Córdoba, se prevé porque no “se siga adjudicando contratos públicos a dedo, sin los requisitos plenos ni garantía de transparencia en el proceso de adjudicación. Y, por supuesto, para evitar futuros despilfarros, sobrecostos en las obras de concesión y varias demandas de carácter económico contra la nación.” ASEP vela por un proceso licitatorio del PAE sin irregularidades El pasado 4 de enero la Asociación de Educadores del Putumayo (ASEP), por medio de un documento de 28 pagínas, desarrolló una serie de inquitudea que le suscitan del proceso licitatorio que se ha adelantando para la contratación del Programa de Alimentación Escolar por el cual aguardan los niños y niñas del departamento del Putumayo. La ASEP solicita la nulidad de dicho proceso debido a que, como resaltan en el documento, la primera irregularidad tendría que ver con que Carlos Gerardo González Ortega, en primer lugar, ya no está vinculado a ningún cargo público al interior de la Gobernación del Putumayo. De tal suerte, en calidad de exsecretario de Educación no es el ordenador del gasto público, según la ASEP. De acuerdo con ASEP, contrario a Carlos Gerardo el nombre de quien está adelantando el proyecto de PAR ante el Departamento Nacional de Planeación debe ser el de Leandro Gómez Gómez, quien es quien es el actual Secretario de Educación Departamental. Según el docuemento expedido por ASEP, Gómez Gómez es quien debe ordenar los gastos en razón a que se encuentra nombrado desde octunbre de 2020. Asimismo, según en el documento que se encuentra en manos —hace ocho días— de la gobernadora (e) de Putumayo Sandra Patricia Dimas Perdomo y Juan Carlos Narvaéz Silva, procurador regional del Putumayo; la ASEP solicita declarar nulo el proceso de referencia por lo cual se haga nuevamente la Metodología General Ajustada del proyecto con el formulador idóneo. Es decir, con el secretario Gómez Gómez. Adicionalmente, la ASEP solicita que se lleven a cabo procesos “disciplinarios internos correctivos para evitar que personas ajenas a la administración del Departamento del Putumayo realicen formulaciones de proyectos de inversión pública, situación que viola terriblemente la jurisprudencia expuesta”. A su vez, puntualizan en el documento a la Entidad (contratada) que no se puede formular una nueva Metodología General Ajustada en el marco del actual proceso, toda vez que al publicar un nuevo MGA no estaría respetando los plazos iniciales entre una etapa procesal y otra.”

Por: Laura Cano. Periodista Pares. No pasaron muchas horas del primer día del 2021 cuando ya era noticia el asesinato de Yolanda Zabala Mazo, quien había llevado parte de su proceso de reincorporación en el ETCR de La Plancha, en Anorí, Antioquia. Zabala, como quizá la mayoría de personas esa noche del 31 de diciembre, se encontraba junto a su familia, más precisamente con su hermana Reina Zabala Mazo, en las festividades de fin de año. Yolanda, había llegado meses atrás a Bello, Antioquía, donde terminó el bachillerato, hizo un curso de vigilancia y estaba estudiando una carrera técnica en asistencia administrativa. De allí, y con motivo a las celebraciones decembrinas viajó junto a su hermana hasta el municipio de Briceño, donde residen sus padres. Allí, en la madrugada del 01 de enero, siendo cerca de las 4:00 a.m., un hombre llegó hasta el lugar en el que se encontraban y les disparó a Yolanda y Reina Zabala con un arma de fuego. Como lo informó El Espectador: “La familia de las víctimas se encuentra consternada, según Zabala, las dos mujeres recibieron cerca de 18 disparos”. Yolanda, de 22 años, se convirtió en la primera víctima en este 2021 de un genocidio que desde hace cuatro años no ha parado contra las y los firmantes de paz, y que para ese momento ya dejaba 250 personas asesinadas, personas que habían demostrado compromiso con lo pactado en 2016 entre la exguerrilla Farc y el Gobierno Nacional. Hay que señalar que tras este hecho la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los autores materiales del asesinato de Yolanda Zabala Mazo y su hermana menor de edad. Asimismo, se infirió desde la Séptima División del Ejército, que podría este hecho tener alguna relación con el Frente 36 de las disidencias de las Farc, estructura que delinque en jurisdicción del municipio de Briceño. 03 de enero de 2021 «Hacia las 22 horas de ayer sábado 2 de enero, un hombre que acababa de salir de un establecimiento público ubicado en el barrio Antioquia del municipio de Cartagena del Chairá fue abordado por un sujeto que lo atacó con arma de fuego», esas fueron las declaraciones conocidas el 03 de enero dadas por Franklin Cruz, comandante de Policía del departamento de Caquetá. El hombre a quien hacía referencia el uniformado era Duván Arled Galíndez, firmante de paz, quien residía en la ciudad de Cali, pero se encontraba en el barrio Antioquia del municipio de Cartagena del Chairá, zona e la que fue interceptado por un hombre armado mientras salí de un establecimiento público, lugar en el que estaba en compañía de su compañera sentimental. Tras recibir los impactos de arma de fuego, Galíndez fue trasladado a un centro hospitalario del municipio, donde horas después perdió la vida. 07 de enero de 2021 Desde el partido Farc el 07 de enero se comunicó a través de Twitter que: “Hoy en #Cali asesinaron al compañero Cristian Ramírez (Diego María Yule Rivera), con él son 252 firmantes de paz asesinados sistemáticamente. Qué dolor esto, no queremos seguir enterrando compañeros ante la mira cómplice de un gobierno que quiere hacer trizas la paz”. Cristian Ramírez, de 30 años, pertenecía al ETCR de Miranda, Cauca. Según investigaciones, el crimen se registró en el barrio Alto de los Chorros, en la comuna 18 de la ciudad de Cali. Hay que señalar que el firmante se movilizaba en una motocicleta cuando fue atacado por un hombre que llevaba consigo un arma de fuego. “Exigimos se realicen las investigaciones necesarias que permitan establecer los hechos presentados y dar con el paradero de los autores y determinadores de este crimen. Insistimos que la única salida a esta ola de violencia es la implementación efectiva e integral del Acuerdo de Paz, en especial las relacionadas con las garantías de seguridad, la reincorporación y el desmonte de estructuras sucesoras del paramilitarismo”, se expresó desde la dirección del partido Farc del Valle del Cauca. 11 de enero de 2021 Terminando el más reciente fin de semana, la cifra de firmantes asesinados/as desde la firma del Acuerdo ascendió a 254, esto tras conocerse que en la mañana del lunes 11 de enero, en el sector de La Curva, zona rural de Convención, Norte de Santander, fue asesinado Giovani Claro García, conocido también como Gerson Piñeros, quien cumplía su proceso de reincorporación en el ETCR Negro Eliécer Gaitán, en Caño Indio, Tibú. Siguiendo información presentada por el Espectador hay que indicar que se comunicó que que Claro se encontraba con otros civiles en medio de un fuego cruzado y un proyectil le impactó. El firmante de paz falleció cuando era trasladado a un centro asistencial del municipio de Convención. Con estos hechos vale la pena señalar que recientemente se presentó el informe de la Misión de Acompañamiento de la ONU correspondiente al último trimestre del 2020, en el cual varias de las solicitudes tienen que ver justamente con lo que ha quedado demostrado que con el cambio de año no cambió: los asesinatos selectivos y las pocas acciones que se han tomado al respecto. Así, hay que resaltar que se insiste en que hasta diciembre de 2020 y desde la firma del Acuerdo de los/as firmantes asesinados/as, 25 de ellos (todos ellos hombres) perdieron la vida mientras esperaban respuesta a su solicitud de protección de la Unidad Nacional de Protección. “Es preocupante que siga habiendo más de 1.000 solicitudes de protección pendientes de evaluación e implementación. Lograr el acceso equitativo de las excombatientes a esquemas de seguridad y protección sigue siendo un desafío pese a la circular interna distribuida por la Subdirección Especializada en abril, en la que solicitó a su personal que asegure el acceso equitativo de hombres y mujeres a los esquemas de protección”, se advirtió desde el informe. Lo anterior preocupa, pues también se señaló que “El Gobierno señaló que en septiembre había asignado aproximadamente 13.500 millones de pesos (3,8 millones de dólares) a la Unidad en cumplimiento de la orden de la Jurisdicción Especial para la Paz de que se diseñara un plan para llenar más de 680 vacantes de escolta y más de 50 vacantes de analista de riesgos para la seguridad en la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad, entidad a la que el Acuerdo Final encomendó la protección de los excombatientes y las excombatientes. Hasta el momento no se ha contratado a ningún escolta y solo a 27 analistas”. Siendo así, la Misión resalta la importancia de ´potencializar las acciones de seguridad y mejorar los resultados en la protección de la vida y la integridad de los excombatientes que le cumplieron a la paz, asimismo se exige la consolidación de la presencia integral del Estado en todas las regiones, especialmente en aquellas más golpeadas por el conflicto. Además, se hizo especial énfasis en que: “Más de 9.500 excombatientes viven fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Los desafíos que siguen enfrentando, como la inseguridad, la falta de oportunidades productivas y un apoyo institucional desigual, fueron una de las principales reivindicaciones de los excombatientes y las excombatientes durante la Peregrinación, y continúan siendo una de las cuestiones clave que hay que priorizar en el proceso de reincorporación. (…) Los excombatientes que llevan a cabo su proceso de reincorporación colectiva en nuevas áreas de reincorporación requieren una mayor atención institucional. Si bien el 44 % de los proyectos productivos colectivos aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación se encuentran fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, estos proyectos abarcan solo al 11% de los excombatientes que viven fuera de estos espacios”. Asesinatos a líderes y lideresas, otra realidad que no cambia En los 12 días que van del año, al menos, 06 líderes y lideresas sociales han sido asesinados/as; reportándose 03 casos por semana, en las solo dos semanas que han trascuerdo del 2021. Los dos primero hechos ocurrieron el 01 de enero, uno en Puerto Gaitán, Meta, en el que la víctima Gerardo León, líder sindical de Fecode, y el otro en Yopal, Casanare, siendo la víctima Diego Betancourt, quien era un profesor en la escuela ‘El Triunfo’ de Yopal, Casanare. Por otro lado, el 04 de enero se conoció que en la localidad de Bosa, en Bogotá, en un establecimiento público fue interceptado Ricardo Cortés Rozo, exalcalde de Sesquilé, Cundinamarca, y quien antes de su muerte trabajaba como empleado de la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca. Por su parte, la Fundación Sumapaz denunció la incursión armada de paramilitares quienes secuestraron al líder social Edwin Antonio Indaburo y al campesino Jhon Jairo Estrada Herrera en la Isla Buenos Aires, municipio Cáceres, Antioquia. Hay que señalar que de este último se informó que el cuerpo fue hallado en el río cauca, mientras que el todavía no se tiene información del paradero de Edwin Antonio Indaburo. Asimismo, durante el más reciente fin de semana la Red de organizaciones sociales y campesinas del Norte de Antioquia informó que hombres armados asesinaron al líder campesino Alfredo García, miembro de la Asociación de Campesinos de Ituango (ASCIT), quien había sido amenazado y señalado por grupos paramilitares. Adicional, la Fundación Proaves que había denunciado la desaparición de Gonzalo Cardona Molina desde el 08 de enero, informó el asesinato de este líder ambiental, que a pesar de desconocer lo ocurrido se tiene la información que fue visto por última vez en la vereda La Unión, en el departamento del Valle del Cauca, en el camino que conduce de Barragán hacia Roncesvalles. Proaves, organización donde Cardona desempeñaba el cargo de coordinador de la Reserva ProAves Loros Andinos y guardián del Loro Orejiamarillo y donde llevaba cerca de 23 años de trabajo, comunicó a través de su portal que: “En sus últimos días, durante el pasado mes de diciembre, Gonzalo alcanzó a realizar el último censo nacional del Loro orejiamarillo y la Cotorra Coroniazul, su libreta arrojaba un número aún impresionante para él mismo: 2.895 loros en Roncesvalles. La alegría desbordó su corazón con el orgullo del deber cumplido. Hoy Colombia no solo perdió otra vida preciosa, Roncesvalles perdió a un líder ambiental y al mejor de sus hijos, su familia a un ser muy amado y nuestro Loro orejiamarillo a su padre y salvador. ProAves y todo su equipo expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus seres queridos y toda la comunidad de Roncesvalles, Tolima, en donde su huella permanecerá para siempre”.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. “Somos civiles, somos civiles” fueron los gritos de funcionarios y líderes que después de haber sufrido un atentado con un artefacto explosivo que afectó el vehículo en el que se movilizaban, en la carretera que conduce a Tame con Fortul, fueron atacados con armas de fuego. “Somos civiles, somos civiles” repetían como una suerte de respuesta ante las balas que disparaban hombres armados. Una carretera sola, sin Ejército, sin señalización de un posible retén militar, sin carros. Solo las ráfagas y los vestigios de la onda explosiva que mantenía aturdidos a los tripulantes del vehículo atacado, fueron algunas de las descripciones de lo ocurrido la noche del 9 de enero. Minutos después, según el relato de la Asociación Campesina de Arauca (ACA), arriba el Ejército y ubican una tanqueta el sitio del atentado. Estas apreciaciones de lo ocurrido se revisten de mayor importancia debido a que ACA ha rechazado los pronunciamientos por parte de la Fuerza Pública tras otro más de los Consejos de Seguridad Extraordinarios que cita el Gobierno Nacional cuando ocurren hechos victimizantes. Para ACA hay dos hechos que faltan a la verdad. Por un lado, ACA niega la versión de que el atentado haya sido en contra del Ejército. Porque, como han resaltado, ni el ejército ni vehículos estaban circulando por la zona. Por el otro lado, contrario a las versiones de los uniformados ACA niega que hubiese una “caravana de vehículos con civiles”. En síntesis, para la Asociación Campesina de Arauca el manejo por parte de los uniformados del Ejército ha estado marcada por una preocupación que se centró en “disfrazar la escena de lo ocurrido”. Mientras, expresan que no sienten una preocupación por la situación de los líderes campesinos, ni de los funcionarios, ni de la gravedad de la situación de Derechos Humanos. *** ACA ha sido sistemáticamente atacada ante la cancina mirada del Gobierno Advertencias tras advertencias se han vuelto las denuncias de los hechos victimizantes que ha sufrido la Asociación. Se trata de muertos, amenazados, judicializaciones irregulares, perseguimientos. Un oscuro entramado con una mano paramilitar acedia a los procesos campesinos y populares que adelanta ACA en los municipios que componen el departamento fronterizo de Arauca. La respuesta del Gobierno Nacional ha sido una: la desatención de sus llamados. La noche del 9 de enero De acuerdo con la Asociación Campesina de Arauca (ACA) la situación en el municipio araucano mantiene en vilo a los liderazgos de la región; ante la urgencia de que el Gobierno Nacional atienda el llamado de la dirigencia campesina. Según el pronunciamiento oficial de la Asociación las personas que resultaron afectadas tras el atentado, el pasado 9 de enero, corresponden a los nombres de: “Walberto Berdugo dirigente Afrodescendiente del Departamento, Juan Pacavita líder comunal de Tame y afiliado a ACA, al concejal de Tame Daniel Vargas, secretario de infraestructura Luis Eduardo Esguerra y a nuestro vicepresidente de la Asociación Campesina de Arauca Jhon Alexander Romero.” Un claro ataque a los procesos campesinos ACA llama especial atención al contexto en el cual se encuentra inmerso el atentado. Entre otras cosas, para la Asociación ni el día, ni la zona y, por supuesto, las personas afectadas; no son producto de la casualidad. Muy al contrario, la advertencia de las comunidades tiene que ver es con una acción violenta que se gestó y llevo a cabo de manera calculada. En este sentido, hacen un llamado para que el Estado Colombiano, al Gobierno Nacional, a la Administración Departamental, Alcaldía de Tame y Defensoría Regional de Pueblo: “realice una investigación exhaustiva y detallada de los hechos violentos ocurridos que colocaron en peligro nuestros dirigentes, líderes de Tame y funcionarios de la Administración pública.” Asimismo, hacen hincapié en que horas antes de que se perpetrara el atentado se llevó a cabo una reunión —convocada por ACA— en la vereda conocida como Caño Caname en la que asistieron, entre otros, presidentes de Juntas de Acción Comunal de Flor Amarillo y Santo Domingo, con los que ACA trabaja. La vergonzosa lista de violencia en contra ACA Con la bandera de que ser líder y lideresa social no es ningún delito la Asociación Campesina de Arauca expresa su preocupación por los más recientes hechos que ensobran al departamento. A su vez, hacen un llamado en el que advierten múltiples ataques que se vienen desarrollando hace tiempo. Imagen: Cortesía. Hechos que van, por ejemplo, desde la judicialización de Pastor Mora un defensor de Derechos Humanos hace más de dos años. De acuerdo con la Asociación, esta judicialización es irregular en la medida en la que no han sido presentadas pruebas de ningún tipo que sostengan las acusaciones en su contra y que lo mantienen privado de su libertad. La sombra paramilitar Amenazas, persecuciones y seguimientos por parte de paramilitares que han señalado como objetivos militares al presidente de ACA Anderson Rodríguez, a Camilo Espinel que trabaja como directivo de la Junta Departamental. Por supuesto sin dejar de nombrar a Luz Perly Córdoba. Su legado en la región aún vive a pesar de que su muerte. Luz Perly murió enrarecidas circunstancias que no han sido aclaradas por los órganos investigativos ni por el Gobierno Nacional. Para ACA: contra nuestra compañera había un plan para asesinarla y lo hicieron. ACA tampoco olvida a Alfonso Correa Sandoval quien fue asesinado. Alfonso fue dirigente de ACA y, también, se desempeñaba como líder comunal de la vereda la cabuya y presidente de la Asociación Campesina ambiental Manantiales. ACA quiere soberanía de paz Por supuesto, ACA rechaza de manera categórica los hechos en los que resultó afectado Jhon Alexander Romero, vicepresidente de ACA. Pares se suma a la solicitud de ACA para que se extienda una red de vele por la situación de Derechos Humanos que están atravesando los líderes y lideresas campesinas en suelo araucano. *** Situación de Arauca Según los datos de la Fundación Paz & Reconciliación- Pares, en el departamento de Arauca —tras la firma del Acuerdo de Paz— han sido asesinados 11 líderes y lideresas sociales. La mayoría de víctimas son mujeres y personas que son o presidentes o miembros de las Juntas de Acción Comunal. Respecto a la presencia de grupos armados: en los siete municipios de Arauca hace presencia el Frente Décimo Martín Villa de los Grupos Armados Postfarc. A su vez, en todos los municipios hacen presencia frentes del ELN. Asimismo, presencia de bandas criminales vinculadas con paramilitares.

Por: Fredy Alexánder Chaverra Colorado. Colaborador Pares. En Emilio Archila Peñalosa, Alto Consejero para la Estabilización y Consolidación, principal cerebro en la reestructuración de las entidades del posconflicto y de la política “paz con legalidad”, recae una peculiar contradicción: en 2016 votó sí en el plebiscito y luego asesoró a Martha Lucía Ramírez en la renegociación de los voceros del no. No es que en el lapso de pocos días Archila haya cambiado de posición respecto al acuerdo suscrito con las Farc, su apoyo a Martha Lucía (a quien respaldó en su aspiración presidencial) fue más consecuencia de una cercana amistad y se vio recompensada con su ingreso al gobierno en una de las consejerías más estratégicas y visibles. A pesar de su nula experiencia administrativa o académica en temas de paz o posconflicto (venía de asesorar a su primo Enrique Peñalosa en la alcaldía de Bogotá), en Archila recayó la responsabilidad de avanzar en la implementación del acuerdo de paz y resentir las exigencias de los sectores del uribismo empeñados en hacerlo trizas. Han pasado dos años desde que las palabras paz o posconflicto fueron erradicadas de la narrativa institucional del gobierno Duque y se instaló la lógica funcional de la estabilización, la consolidación y la legalidad. En esa tarea el consejero Archila ha jugado un papel destacado y por eso gran parte de los sectores sociales, políticos y académicos interesados en monitorear la implementación del acuerdo, resaltando sus avances o limitaciones, posan más su mirada en el consejero que en el Alto Comisionado para la Paz -con este gobierno perdió impacto-. Esto se debe a dos circunstancias; primero, Archila es el responsable de articular la institucionalidad encargada de la ejecución del acuerdo en el componente rural y en el proceso de reincorporación; segundo, ha priorizado en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y marginalmente en el Programa integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (el nervio de la paz territorial), sus principales acciones. A continuación, presentó los que considero son los principales avances y dificultades de Archila desde que asumió la Alta Consejería para la Estabilización y Consolidación. Reestructuración de la institucionalidad para el posconflicto Algunos de los principales problemas en la implementación se deben a la visión errática y dispersa con la cual Santos creó la denominada institucionalidad para la paz. Siendo justos, muchas de las dificultades en la implementación de ciertos indicadores del acuerdo vienen del gobierno Santos y con Duque solo se han profundizado. Con Santos se crearon una serie de entidades encargadas de la implementación de la reforma rural integral; el programa de sustitución y la reincorporación de exguerrilleros, muchas con presencia territorial, pero con un precario nivel de diálogo con entidades del alto gobierno. Ante ese panorama, Archila buscó corregir ese nivel de dispersión y articuló una serie de protocolos para mejorar el diálogo y respuesta de esas entidades (como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia de Renovación del Territorio); asimismo, sacó de Presidencia el programa de sustitución y se lo pasó a la ART; anda promoviendo la creación de gerencias territoriales para el PDET, entre otras decisiones, orientadas a fortalecer y coordinar en lo local, regional y nacional el conjunto de entidades responsables de la implementación. Priorización y desarrollo temprano del PDET Para los estudiosos del acuerdo, los programas de desarrollo que priorizaron los 170 municipios más afectados por la violencia y el conflicto, no solo son la principal garantía de construcción de paz, sino lo único que a largo plazo permanecerá del acuerdo. Con Santos se avanzó en el diseño participativo del PDET con miles de campesinos, víctimas y comunidades indígenas, siendo uno de los procesos de planeación participativa más importantes en la historia del país. Con Archila se concluyó la fase de estructuración de los dieciséis PDET y actualmente se están diseñando unas Hojas de Ruta Únicas que pretenden articular la diversidad de acciones, planes y programas encaminados a hacer realidad lo que se acordó con las comunidades en esos PDET. En términos técnicos, es un avance importante y así lo manifestó recientemente la Procuraduría; sin embargo, eso también puede ser un arma de doble filo porque en el diseño de las Hojas de Ruta las comunidades no tienen ningún espacio de participación; igualmente, se ha cuestionado que la entrega de las Obras PDET resulta desordenada y que hay un evidente riesgo de politización en el proceso de entrega. Sin capacidad para garantizar la seguridad de los exguerrilleros y los territorios La piedra angular de la “Paz con legalidad” son las denominadas Zonas Estratégicas de Intervención Integral o Zonas Futuro, una estrategia de consolidación (remanente de la seguridad democrática) que busca reducir los niveles de intensidad del conflicto en las zonas rojas del país. Esa estrategia ha demostrado ser poco efectiva y en mayor medida ha sido rechazada por las comunidades que la ven como una medida de militarización de la sociedad que desestima lo establecido en el acuerdo. Son en estos territorios donde se han presentado la mayoría de masacres y arrecia el genocidio de líderes sociales y exguerrilleros. Con las Zonas Futuro se yuxtaponen dos enfoques para abordar el espinoso tema del posconflicto y se realza el cambio de modelo entre Santos a Duque, pues la “seguridad” (entendida como la mera presencia militar) pasó a estar por encima de una visión más integral de desarrollo. Ante eso, Archila ha sido incapaz de ofrecer alternativas que garanticen la vida de los excombatientes o su permanencia en ciertos lugares. Promotor de una retórica agresiva y poco dialogante Al igual que muchos dirigentes del uribismo y el conservatismo, el consejero Archila tiende a caer en una retórica agresiva contra algunos exguerrilleros; ridiculizando algunas de sus exigencias o desestimando sus peticiones. Así se puede notar en su visión sesgada sobre la entrega de bienes, obviando que las Farc es la organización que mayor cantidad de recursos, económicos y físicos, ha aportado para la reparación a las víctimas. También ha desestimado las instancias con participación bipartita (Farc y gobierno) creadas para acompañar la implementación como el Consejo Nacional de Reincorporación y la Comisión de Seguimiento. Por otro lado, en sus visitas a territorio no ofrece una agenda de diálogo a las comunidades; sus posiciones desconocen los procesos territoriales (creados para acompañar la implementación de la reforma rural y el programa de sustitución) y al momento de presentar balances sobre la implementación, tiende a “tomar prestados” indicadores y ejecutorias que poco tienen que ver con el acuerdo. El decir es que Archila es un buen técnico, pero con nulo sentido social. Como cerebro en la creación de los pilares que sustentan la política de paz de Duque, el consejero Emilio Archila es responsable de la primera fase en la implementación de múltiples indicadores (no hay que olvidar que la implementación será un proceso a 15 años que involucra a tres gobiernos), en su desempeño se evidencia el claroscuro de un gerente consecuente con el gobierno que representa. Solo al concluir el mandato del presidente que llegó con la promesa de hacer trizas la paz, podremos tener una visión más general de su consejero, seguro habrá aciertos y desaciertos, pues: ¿Qué esperar del hombre que votó por el sí en el plebiscito para luego asesorar a la principal vocera del no?

Por: Redacción Pares. La Fundación Paz y Reconciliación, Pares y el Grupo editorial Planeta presentan el libro «Lo que nos arrebató la Pandemia», un extenso y riguroso estudio de las consecuencias de la emergencia generada por el Coronavirus en Colombia. A continuación presentamos unos fragmentos del prólogo de nuestro libro. “Las personas que laboramos en Pares no estamos acostumbrados a la calma. Investigamos la política, la violencia y los conflictos económicos, sociales y ambientales en este, nuestro país, particularmente convulso. Algunos empezamos a principios de siglo, cuando el incendio era mayor. Otros, la mayoría, son muy jóvenes, pero aun así les ha tocado indagar sobre acontecimientos inesperados, inquietantes y dolorosos.» «Pues bien, esta comunidad académica y periodística, que para el mes de marzo de 2020 reunía a cincuenta personas, se vio sacudida por la noticia de que el coronavirus, que había tenido su origen en la lejana China y estaba azotando de manera inmisericorde a Europa, hacia presencia en el país y empezaba a producir una catástrofe.« «El lunes 16 de marzo, en horas de la mañana nos reunimos en la oficina de Bogotá y nos conectamos con los investigadores regionales para evaluar la situación y tomar decisiones de emergencia. Acordamos trabajar desde ese momento en la casa, con las limitaciones que eso implicaba para un grupo habituado a ir a terreno y a consultar las fuentes de manera directa y personal; y, acordamos también, que a la par de los compromisos adquiridos con los donantes internacionales, realizaríamos un seguimiento a las consecuencias de la grave crisis que empezábamos a vivir. Este libro es el producto de esas investigaciones y reflexiones.” «Investigamos la política, la violencia y los conflictos económicos, sociales y ambientales en este, nuestro país, particularmente convulso. La pandemia nos arrebató la esperanza de que nuestra misión daría un salto enorme en el 2020 y en los años siguientes. El 2019 fue un año de ilusión. La renovación y el fortalecimiento de la democracia, que es el corazón de nuestra tarea misional, lo mismo que el cambio social.« El libro se puede adquirir en todas las plataformas de venta de ebooks, tales como GoogleBooks, iBooks y Amazon Kindle.

Por: Redacción Pares. Con información de ONU. A cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, el Secretario General de las Naciones Unidas instó una vez más a que se cumpla de manera integral para impulsar el desarrollo, la paz y la seguridad en el país. En su informe trimestral sobre la nación sudamericana, publicado este jueves, António Guterres consideró que en el 2021, un año centrado en la recuperación de la pandemia de COVID-19, la prioridad debe ser la protección y seguridad de los excombatientes, de las comunidades afectadas por el conflicto, de los líderes sociales y de los defensores de los derechos humanos. El estudio, que analiza el periodo del 26 de septiembre al 28 de diciembre de 2020, reconoce la reducción en los niveles de violencia, los avances en la justicia transicional, los adelantos en la reincorporación de excombatientes y la instrumentación de los programas de desarrollo con enfoque territorial; sin embargo, reitera que la seguridad sigue siendo el principal reto para la consolidación de la paz. Recuperación del COVID-19 y Acuerdo de Paz “Los avances en el proceso de reincorporación y en los programas de desarrollo con enfoque territorial deben ir acompañados de una implementación más vigorosa de otras partes del Acuerdo, en particular las orientadas a mejorar la seguridad en los territorios, requisito necesario para que se arraigue una paz firme y duradera”, señala Guterres. Según el titular de la ONU, los esfuerzos de recuperación de la crisis sanitaria y económica deben incluir la implementación del Acuerdo de Paz, puesto que éste contempla los instrumentos que abren las oportunidades al desarrollo , la seguridad y la paz a las comunidades que sufrieron los peores efectos del conflicto y que ahora han sido afectadas por la pandemia. Cinco puntos de atención urgente Además de evaluar los progresos en el cumplimiento del Acuerdo, el informe sobre Colombia plantea cinco aspectos que deben atenderse sin dilación. La seguridad y protección de excombatientes encabeza las prioridades toda vez que desde la firma del Acuerdo, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ha dado fe de 248 asesinatos de ex integrantes de las FARC-EP, 73 de ellos en 2020. También recibió información sobre 42 asesinatos de líderes sociales y activistas de derechos humanos y trece masacres. En los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, por ejemplo, los grupos disidentes de las FARC-EP han aprovechado la escasa presencia del Estado para ampliar sus operaciones, atacar a excombatientes y sabotear las iniciativas económicas, política y sociales de la zona. La segunda prioridad delineada por el Secretario General son las medidas para asegurar que el proceso de reincorporación de excombatientes sea sostenible. Menciona la atención que se debe dar a los proyectos productivos mediante asistencia técnica y mayor acceso a los mercados, así como aumentando la participación de las mujeres excombatientes en los espacios de toma de decisiones. En tercer lugar, el Secretario General aboga por la presencia integral del Estado como condición para una paz duradera y para el desarrollo sostenible. Para ello, hace falta consolidar esa presencia en las zonas afectadas por el conflicto. El punto número cuatro es reforzar el diálogo constructivo entre las partes a través de los mecanismos estipulados en el Acuerdo, como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final, que constituye el principal foro de diálogo y que, de acuerdo con el informe, no se ha utilizado a toda su capacidad. La quinta prioridad es fortalecer las condiciones para la reconciliación valiéndose del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; y del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. António Guterres recalca que es más importante que nunca “que todas las personas involucradas en el conflicto reconozcan sus responsabilidades” y que todas las instituciones cooperen plenamente con el sistema, además de que la sociedad colombiana en su conjunto apoye el sistema para lograr la reconciliación.