Por: Fredy Alexánder Chaverra Colorado. Colaborador Pares. «Si en estos seis años que les quedan, la Farc no tiene la capacidad para constituirse realmente en un partido, vamos a asistir a una nueva frustración y creo yo que eso si podría ser un golpe mortal para el acuerdo.» Ya se encuentra disponible la segunda edición del libro «Las guerrillas en Colombia: una historia desde los orígenes hasta los confines», obra capital de Darío Villamizar, politólogo y especialista en Acción sin Daño y Construcción de Paz, autor de títulos de referencia para comprender el conflicto armado como Aquel 19 será: Una historia del M-19, de sus hombres y sus gestas (1995) y Jaime Bateman: biografía de un revolucionario (2002). Fredy Chaverra conversó con él sobre su visión del proceso de paz con las Farc; los procesos de paz de los años 90 y el ELN. Pares habló con su autor, Darío Villamizar, analista político y escritor. Con estudios en Ciencia Política y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle, posgrado en Acción sin Daño y Construcción de Paz en la Universidad Nacional de Colombia. Pares:¿Cómo valora la implementación del acuerdo de Paz? Darío Villamizar: Hay un déficit en el cumplimiento por parte del Estado. A grandes rasgos, podría afirmar que hay un cumplimiento importante por parte de las Farc. El grupo se desmovilizó, se desarmó con un papel muy importante de las Naciones Unidas, uno podría pensar, comparando con otros procesos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, que hubo un desarme efectivo. Aparte de eso, hay una participación en la vida política, es decir, el grupo dejó las armas y asumió la vía político-legal, en los términos pactados. Yo creo que hasta ahí uno podría decir que las Farc han cumplido, el incumplimiento viene dado por el Estado en los puntos sobre tierras y garantías de seguridad. Pares: Frente a los acuerdos suscritos con otras guerrillas en los 90, ¿Qué piensa del alcanzado con las Farc? D.V: Alguna vez hice un librito que se llamó “Acuerdos de paz” que simplemente son los textos de los acuerdos que se firmaron en los años 90; fueron siete grupos, unos grandes como el M-19, el EPL, la Corriente de Renovación Socialista y otros muy pequeñitos como los Comandos Ernesto Rojas o el Frente Francisco Garnica, ese libro, los siete acuerdos, tiene solo 70 páginas. En esos procesos se desmovilizaron más o menos 6.000 guerrilleros, casi el 50% de los que desmovilizaron las Farc, pero esto para decir que los textos eran muy concretos y muy concisos. El acuerdo logrado con las Farc es bastante grande y voluminoso, a diferencia de los acuerdos de los años 90 que eran mucho más sintéticos y que no afectaron de manera positiva la institucionalidad. Es un poco complejo hacer un proceso comparativo, las organizaciones tenían unos énfasis; por ejemplo, el énfasis del acuerdo con el M 19 estuvo en las necesarias reformas institucionales. Pares: Y en ese contexto ¿cómo fue el proceso de reincorporación política? D.V: De manera diferente, no tan generosa, como ocurrió con las Farc, pero yo creo que generosa merecidamente, la democracia colombiana necesitaba y necesita de las Farc en los espacios políticos contemplados en el acuerdo. En el caso del M-19, en 1989 se intentó una reforma constitucional por la vía del Congreso para darle paso a lo que en ese momento se llamó Pacto Político por la Paz y la Democracia que contemplaba una circunscripción electoral especial para guerrilleros que hubieran dejado las armas; sin embargo, en diciembre de 1989 ese pacto se hundió en el Congreso debido a las maniobras de algunos congresistas, quisieron incluir el tema de la extradición y se prefirió que ese Pacto se hundiera. Eso retrasó el proceso con el M-19 y ese beneficio político quedó anulado. Pero al final el M-19 pudo participar en las elecciones de 1990 dos días después de la dejación de las armas en igualdad de condiciones, logrando unas votaciones interesantes. Para el M-19 no hubo un beneficio particular para su reincorporación. Pares: ¿Cómo ve las tensiones y rupturas dentro del partido Farc? D.V: Le decía hace algún tiempo a uno de sus dirigentes que este tiempo de dos legislaturas con diez congresistas es para construir organización, poder permanecer, porque lo grave sería que dentro de seis años no exista Farc en el Congreso. Y que no exista Farc en el Congreso va a ser producto de su propia inacción política. Frente a las tensiones, en casi todos los procesos del mundo, posterior al desarme y la desmovilización, se presentan dificultades orgánicas; hay desavenencias, hay gente que regresa a las armas, es decir, son situaciones propias de los procesos, pero aquí en el caso de las Farc, el tema de las discrepancias internas se les convirtió en un mal endémico y eso va a dificultar la construcción política. Pares: ¿Y ve buen puerto con los ‘elenos’? D.V: Yo la veo muy difícil. Ya se ha gastado el 50% del tiempo que podía ser utilizado en los acercamientos o bien lo quisiéramos, negociaciones. Pero hay dificultades que son propias del gobierno y dificultades que son propias de la guerrilla, esto lo hemos analizado en distintos escenarios y se lo hemos dicho en diversos mensajes y comunicados al ELN, también al gobierno Nacional. Hay que despojarse de ciertas pretensiones maximalistas que no ayudan a un acercamiento, hay que realmente entender el momento de Colombia; Colombia tiene ya un acumulado de violencias que no son justas para lo que merece el pueblo colombiano, necesariamente, si no es hoy con este gobierno, en algún momento tendremos que llegar a una mesa de negociación con el ELN. Pares: Finalmente, como integrante de la plataforma Defendamos la Paz ¿qué mensaje le envía a los colombianos? D.V: Todos estos procesos tienen que estar acompañados de expresiones de los colombianos, estas expresiones han sido fluctuantes, hubo momentos donde la participación de la sociedad civil ha sido muy alta, hoy no están así las condiciones, hay procesos mucho más lentos, se están desarrollando procesos regionales, hoy el tema de la defensa de la vida, líderes y lideresas es una bandera que debemos asumir como un elemento propio, como si se tratara de un miembro de nuestras familias, de esa manera estaríamos defendiendo nuestra propia vida y la vida de nuestros círculos más inmediatos.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. El informe ‘Conflictos socio-ambientales en el Pacífico’, de la Fundación Paz & Reconciliación, ha llamado la atención, especialmente, por las consecuencias sociales y ambientales que plantean las aspersiones por glifosato en el municipio de la Costa Pacífica Nariñense: Tumaco. Entre otras cosas, Tumaco es un estudio de caso en razón a las vicisitudes del conflicto armado y, por supuesto, de la política antidroga estadounidense, en la que ha insistido —por ejemplo— el gobierno del presidente Iván Duque. Tal como lo resalta el informe, el municipio de Tumaco ha sido víctima de la “peor agresión socio ambiental de la que se tenga registro en la historia. Agresión de la que aún no se ha recuperado”. Incluso, según las conclusiones para el apartado del caso de Tumaco, las proyecciones indicarían que esta región esté ad portas de volver a vivir su peor crisis de esta materia. 15 años de glifosato De acuerdo con el informe, durante quince (15) años consecutivos las comunidades afrodescendientes e indígenas de Tumaco fueron víctimas de aspersiones de glifosato. De tal manera mientras su población consumía agua y alimentos en la región, durante casi dos décadas, se iba incubando un cáncer que avanza ‘silencioso’ por cuenta de la aspersión. Según el informe “En abril de 2015, debido a la presión de la Comunidad Científica Internacional, estudiosa de los efectos nocivos de dicho herbicida, la OMS reconoció públicamente la toxicidad cancerígena del glifosato”. Asimismo, el informe insiste en que el glifosato, entre otras patologías, es también causante de “abortos, partos prematuros, defectos de nacimiento, enfermedad crónica renal, problemas gástricos, respiratorios y dérmicos”. Además, sin nombrar los extensas e irreversibles daños en materia de fuentes hídricas y biodiversidad. De acuerdo con Ivonne Quiñónez, investigadora de la Costa Pacífica Nariñense de Pares, en esta subregión se ubica, justamente, el segundo municipio de Colombia con mayor concentración de cultivos de uso ilícito; Tumaco. Este municipio, para 2019 —según cifras del Observatorio de Drogas— existen alrededor de 11.830 hectáreas de coca sembradas. Una guerra sin cuartel De acuerdo con este informe, el Pacífico Nariñense —compuesto por 10 municipios que conforman tres subregiones: el Pacífico Sur, constituido por Tumaco y Francisco Pizarro; la Subregión del Sanquianga, de la cual hacen parte, Olaya Herrera, Mosquera, El Charco, Iscuandé y La Tola; y por último, ElTriángulo del Telembí, del cual hacen parte Barbacoas, Roberto Payán y Maguí. Sumados a Tumaco, los otros nueve (9) municipios continúan, desde 2017, exigiéndole al Gobierno Nacional la implementación de la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. No obstante, de acuerdo con Ivonne, su implementación “ha sido precaria, pues tan solo al Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito han sido vinculado cuatro (4) Consejos Comunitarios de los 54 existentes.” Por otra parte, la investigadora de Pares, ha insistido en que el Gobierno Nacional ha acrecentado la tensión y la crisis por cuenta de su insistencia en la restitución forzadas y su búsqueda por la reactivación de la aspersión de glifosato. “Situación en las que se han cometido graves violaciones a los Derechos Humanos propiciados por la Fuerza Pública. infracciones al Derecho Internacional Humanitario por cuenta de las Estructuras Armadas Ilegales dedicadas al narcotráfico”. Asesinatos en el marco de la insistencia del Gobierno Nacional De hecho, de acuerdo con investigaciones Pares, en 2020 —en el marco de los operativos de erradicación forzada adelantadas por el Ejército Nacional— se han presentado cuatro (4) ejecuciones extrajudiciales, en el Pacífico Nariñese. Por otra parte, se ha registrado la muerte de siete (7) personas por minas antipersonas y cuatro (4) miembros de la Fuerza Pública. Pobreza y violencia De acuerdo con el informe Pares, los municipios que conforman la subregión del Pacífico Nariñense poseen una tasa de pobreza multidimensional que supera el 90% la situación de marginalidad y ausencia total del Estado. Panorama sumado a la presencia y disputa, a sangre y fuego, de las Estructuras Armadas Ilegales que hacen presencia en los 10 municipios. De hecho, según cifras Pares, el Clan del Golfo hace presencia en siete (7) de los 10 municipios de esta subregión: Tumaco, Olaya Herrera, Mosquera, La Tola, Francisco Pizarro, El Charco y Barbacoas. Por otro lado, también los Grupos Armados PostFARC hacen presencia en la subregión a través de cuatro (4) frentes. El Frente Oliver Sinisterra opera en seis (6) municipios de la subregión, el Bloque Occidental Alfonso Cano en cuatro (4), Guerrillas Unidas del Pacífico en siete (7) municipios. También, la guerrilla del ELN en siete (7) municipios. Líderes y lideresas De acuerdo con las cifras del SIPARES, en el departamento de Nariño han asesinado a 31 líderes y lideres tras la firma del Acuerdo de Paz. 15 de los casos, casi la mitad, han ocurrido en Tumaco. Los perfiles mayormente victimizados son los liderazgos indígenas, comunidades afrodescendientes, presidente o miembro de Juntas de Acción Comunal

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Una de las discusiones que más se movieron en los últimos meses de este año fue sobre el Código Electoral impulsado por el ahora registrador Alexander Vega. Pues bien, desde la Fundación Paz y Reconciliación se han venido haciendo varias alertas sobre el negocio que se está moviendo detrás de esta propuesta, que prácticamente lo que plantea, muy ampliamente, es crear nuevas formas para ejercer el derecho al voto. Pues bien, estas irregularidades y favores políticos que se están realizando a través de la Registraduría y buscando apoyo para la implementación de la propuesta del ahora Registrador tiene relación con que Alexander Vega ha despedido a más de 1500 funcionarios de la Registraduría, nombrando en algunos de dichos cargos a fichas de los clanes políticos, contratistas de antaño de la Registraduría y hasta sobrinos de magistrados del Consejo de Estado. A esto se suma que otras de las alertas que se hacen es que se pretende politizar la entidad en el Congreso a través del nuevo Código Electoral, transformando cargos de carrera, como los registradores municipales y auxiliares, a los que se accedía por concursos de méritos y por tanto, tenían protección reforzada, en cargos de libre remoción “por pérdida de confianza”. Con esto lo que se ha estado haciendo en los últimos meses por Alexander Vega es que ha nombrado a dedo personas para suplir las vacantes que el mismo generó, en contravía de lo estipulado por la ley y la Corte Constitucional, pues hay que recordar que justamente el acto legislativo 01 de 2003 estableció que la Registraduría se transformara en una institución de carácter técnico y despolitizada a partir de la provisión de la mayoría de cargos de la entidad por concurso de méritos. Todo esto para sumar apoyos a la reforma electoral que está siendo discutida actualmente en el Congreso. Indica el informe de Pares ‘Alexander Vega y el negocio detrás de la reforma electoral’ que ésta: “viene acompañada de un poco más de 1 billón de pesos que ya fueron aprobados en el presupuesto del próximo año, lo que representa un aumento de su presupuesto respecto al año anterior del 122%, en medio de una de las mayores crisis económicas de la historia del país. Esto, sin contar lo que costaría la implementación del voto electrónico. El botín es enorme”. Vale la pena señalar que uno de los gastos en los que se verían invertidos los recursos que se darían a la entidad el próximo año es la plataforma tecnológica para el sistema de identificación y registro civil del país, es decir, la cédula electrónica, que a pesar de no haber un presupuesto aprobado por el pleno del Congreso, este contrato pareciera ya estar amarrado con la ya tradicional firma contratista de la entidad Tomas Greg and Sons. ¿Quiénes han sido nombrados a dedo? Pares logró encontrar 12 personas que habrían sido nombradas obedeciendo a favores políticos. Uno de estos, además con relaciones con uno de los cales más poderosos del país (el Char) es Julio César Novoa Fontalvo, quien es abogado de profesión y ha tenido contratos como Jefe de Oficina de Control Interno en la gobernación del Atlántico entre mayo de 2003 y enero del 2004, período en que fue elegido gobernador Alejandro Char. Asimismo, ha pasado por la Agencia de Infraestructura de Barranquilla y la Secretaría de Gobierno de Barranquilla. “El pasado 23 de enero de 2020, Julio César Novoa, sin ningún tipo de experiencia en lo electoral y sin ser empleado de carrera administrativa de la Registraduría, se posesionó como delegado departamental del Atlántico”. También está César Enrique Acuña Vergara, también abogado, quien estuvo dentro del Concejo de Valledupar por el Partido Conservador. Fue notario segundo del circuito notarial de Valledupar. Nombra el informe que “fuentes en territorio, afirman que el exnotario es cercano al senador de la U, José Alfredo Gnecco, el cual al parecer habría sido quién habría solicitado ante Alexander Vega (cercano al Partido de la U) su nombramiento como nuevo delegado departamental del Cesar”. Por otra parte está Yurleidis Yoasin Granados Glen. Ha pasado por el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, la Gobernación del Magdalena y la Asamblea Departamental. Ella tendría relación con el senador Eduardo Pulgar, investigado recientemente por la Corte Suprema por presuntamente haber sobornado a un juez del Atlántico, él, que es cercano a Alexander Vega, sería quien movió fichas para que Granados fuera nombrada delegada departamental de la Registraduría. A esta lista se suma Nicolás Daniel Montaño Guerrero, quien también ejerce como abogado, fue representante a la Cámara del departamento de Sucre en dos ocasiones por el Partido de la U. Medios como la Silla Vacía han denunciado que Montaño, quien ahora es delegado de la entidad en el departamento de Sucre, tiene cuotas burocráticas en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP sede Sucre, en la Defensoría del Pueblo y en el Instituto de Deportes de Sucre. Como delegado del Caldas está José Fernando Mejía Castaño, quien fue parte de la Asamblea Departamental de Caldas por el Partido Liberal y también gerente del Invama en Manizales. “Fuentes en territorio confirmarían que Mejía sería cuota del senador Mario Castaño, el cual estaría detrás su elección como delegado departamental”. Hay que mencionar que como estos delegados/as, la Fundación Paz y Reconciliación encontró otros/as que fueron nombrados a través de favores o alianzas política, por fuera de los lineamientos que tiene la Registraduría y poniendo en riesgo lo que pues pasar con los procesos electorales que están a poco más de una año de ser realizado. Con esto hay que resaltar, primero, que la mayoría de delegados/as no tienen experiencia con el cargo que ocupan, y, segundo, que en relación con todo esto peligra la democracia, por eso, desde Pares se sigue insistiendo con que: ojo con el 2022.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. De acuerdo con el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación ‘Seguridad y Migración en la Frontera’, en los 24 municipios de las subregiones priorizadas por el informe —(I)Norte de Santander-Táchira y Sur de Zulia, (II) La Guajira-Zulia y (III) Arauca-Apure—; 472 personas fueron asesinadas durante 2020, 63 de ellas de nacionalidad venezolana. Además, se registraron 24 asesinatos en cerca de seis (6) masacres perpetradas en estas tres subregiones. Asimismo, fueron desplazadas, de manera forzada, 1.365 personas. Este es apenas la punta del iceberg sobre la delicada situación en materia de seguridad y de violación de Derechos Humanos que vive la zona fronteriza colombo-venezolana, que se encuentra a expensas de los grupos al margen de la ley que continúa haciendo de las suyas frente a los desgobiernos. Tasa homicida En este sentido, de las tres subregiones priorizadas, la violencia homicida se ha concentrado para el caso de Norte de Santander en seis (6) municipios: Puerto Santander tiene una tasa de homicidio 22,6 por cada 10 mil habitantes, Tibú (15,58), Convención (11,85), El Carmen (3,56), Teorama (2,26), Villa del Rosario (2,07) y la capital; Cúcuta en, dónde en lo que va corrido del año, han sido asesinadas 200 personas. Es decir, que la ciudad cucuteña presentó una tasa homicida del 2,33 por cada 10 mil habitantes. Dos (2) municipios del departamento de Arauca: Saravana que presentó una tasa de homicidio de (2,38) por cada 10 mil habitantes y Arauquita con el (1,96). El municipio de Maicao (La Guajira), por su parte, tuvo una tasa homicida de (2,81) por cada 10 mil habitantes. Desplazamiento forzado Los cinco (5) municipios que más registraron casos de desplazamiento forzado en los departamentos de Santander, Arauca y La Guajira son Tibú con 359 casos, Cúcuta (170), Saravena (164), Convención (158) y Teorama (132). De acuerdo con la investigadora Nacional, Paola Perdomo, el fenómeno de violencia en el municipio de Tibú, con respecto a los elevados casos de desplazamiento forzado durante el año tiene que ver con las masacres perpetradas por ‘Los Rastrojos’. Presencia de Estructuras Armadas Ilegales De acuerdo con el informe Pares, existe una fuerte preocupación por cuenta de la presencia de las Estructuras Armadas Ilegales (EAI), sus repertorios de violencia y el fortalecimiento que han venido presentando, especialmente, en la frontera de Norte de Santander y Táchira. En Cúcuta, Puerto Santander y Villa del Rosario, según el informe, actualmente hacen presencia la guerrilla del ELN y ‘Los Rastrojos’. En Herrán, Ragonvalia y Toledo —municipios fronterizos del sur— hace presencia el ELN. Ahora bien, según señala el informe Pares, del lado venezolano de la frontera hacen presencia ‘Los Rastrojos’ y el ELN, principalmente, en García de Hevia, Ureña y Bolívar. Ahora bien, algunas de las bandas delincuenciales que más ejercen control del lado venezolano de la frontera, son Tren de Aragua y La Línea, especialmente, en Ureña y Estado de Táchira. Una pregunta sobre el futuro en seguridad El informe plantea una pregunta, ¿podría considerarse la existencia de algún tipo de estrategia de fortalecimiento y expansión conjunta entre estos grupos armados, ilegales y legales, en la frontera entre Colombia y Venezuela? Frente a ello, el informe esboza los siguientes elementos en materia de seguridad que aportan a las discusiones que suscita esta pregunta: • Debilitamiento de grupos delincuenciales organizados, como Los Rastrojos y otros de carácter transnacional, y grupos armados organizados, como el EPL o Pelusos, asociados binacionalmente a estructuras paramilitares. • Fortalecimiento del ELN en zona fronteriza venezolana. • Presuntas acciones conjuntas entre el ELN y Fuerzas Militares venezolanas en contra de estos últimos y GAPF de la Segunda Marquetalia. • Ninguna acción de confrontación entre el ELN y los GAPF Frente33 y la Estructura Décima Martín Villa, en Arauca y Apure. • Mayor dinámica del narcotráfico relacionada con estos últimos. • Intenso control social violento por parte del ELN y los GAPF • Aumento de reclutamiento forzado, hurto de armamento y vehículos. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.»

Por: Laura Cano. Periodista Pares. A tres años de creado el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), este ha tenido que pasar por múltiples trabas, lo que ha llevado a que prácticamente en este momento esté en una crítica situación en medio de su implementación, lo que ha puesto sobre la mesa que lejos está el Gobierno en cumplir con el punto 4 del Acuerdo de Paz. A partir de lo encontrado durante la construcción del informe La implementación estancada del capítulo étnico, se pudo estableces que es justamente la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito uno de los de puntos del Acuerdo de Paz con mayor dificultad en su implementación, principalmente por la poca voluntad política del Gobierno Nacional, que ha preferido por distintas vías seguir priorizando y posicionando en el debate la erradicación forzosa manual y la fumigación por aspersión aérea con glifosato. Lo anterior ha estado atravesado por el crecimiento sostenido de distintas Estructuras Armadas Organizadas (EAI), además del incremento de las violencias contra líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de Derechos Humanos, adicionando que en este panorama también se debe nombrar que aunque hay presencia de Fuerza Pública en algunos territorios, a ésta también se le ha implicado con hechos de vulneraciones, pues, por ejemplo, el sistema de información registra en este 2020, al menos, 05 ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública en medios de operaciones de erradicación. En este escenario, Colombia se ha convertido en el país en que más defensores y defensoras de derechos humanos (DDH) pierden la vida y esto ha ocurrido en medio de un cerco de impunidad que se agrava por un enfoque estrecho de seguridad. Así, de acuerdo con datos de la organización internacional Front Line Defenders, en 2019 el país concentró el 35% de todos los asesinatos de DDH del mundo (2019) y esta tendencia la ha reafirmado la organización Global Witness, cuyos reportes mostraron que Colombia también es el país más peligroso para para los y las activistas medioambientales. Esta situación es extensible al caso de los y las DDH de comunidades étnicas, quienes fueron registradas como el tipo de liderazgo más agredido de 2019, según cifras de Somos defensores. En total, de las 835 víctimas de agresiones individuales que el SIADDHH registró en 2019, 271 fueron indígenas y 66 afrodescendientes. En línea con lo anterior, la información del SIADDHH, muestra que el tipo de agresión más común de todo el 2019 fueron las amenazas, para un total de 399 casos en contra de DDH y en estas acciones, de nuevo, los liderazgos étnicos fueron los más afectados, con 139 víctimas: 108 pertenecientes a comunidades indígenas y 31 afrodescendientes, siguiendo lo informado por Somos Defensores. Así, de acuerdo con información de distintas entidades del Estado, los departamentos que mayores riesgos representan para las comunidades étnicas actualmente son Cauca y Chocó – lugares donde confluyen altos riesgos tanto para pueblos indígenas como para pueblos negros y afrodescendientes-; y Meta, Casanare, Vaupés, Antioquia y Valle del Cauca, que figuran como los de mayores riesgos para pueblos indígenas. Para el caso de las comunidades indígenas, la ONIC ha manifestado que durante todo el 2019 los homicidios de líderes, lideresas y autoridades tradicionales, las masacres, el desplazamiento forzado individual y colectivo, la violencia sexual, las amenazas individuales y colectivas, los señalamientos, los combates dentro y cerca de los resguardos y territorios ancestrales, la militarización de los territorios, la ocupación de sitios sagrados y el reclutamiento forzado, entre otros, continúan siendo fuentes constantes de violaciones a los derechos humanos en contra de sus comunidades y liderazgos. Asimismo, las organizaciones afrocolombianas han denunciado que el patrón de ataques contra sus liderazgos ha adquirido características “muy graves que evidencian una estrategia para socavar las posibilidades de gobierno con autonomía y acción colectiva” (PCN, 2020) y que impiden que se materialicen sus derechos étnicos. El PNIS en territorios étnicos Este tipo de vulneraciones diferenciales también han tenido sus efectos en la implementación del PNIS. Por un lado, y en relación con lo mencionado anteriormente, la presencia de actores armados ha sido una de las principales dificultades que impidieron iniciar el proceso de sustitución voluntaria. Hay que mencionar que de acuerdo con la información de la ART, el ODC y SIMCI/UNODC con corte a 31 de diciembre de 2019, a nivel nacional se contabilizan 40 resguardos indígenas en los que se llevan a cabo procesos de erradicación voluntaria mediante el programa PNIS, 23 de estos resguardos se concentran en la región Pacífica (departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño), 11 en los departamentos del Putumayo y Caquetá, y los otros 6 en los departamentos de Meta, Guaviare, Amazonas y sur de Bolívar. Y aunque hay un mayor porcentaje en el Pacifico, no solo de resguardos indígenas, sino también de otras comunidades étnicas, se ha advertido que el principal lunar en la implementación de los PDET en la región pacífica media fue sin duda la decisión de hacer una fusión con el PDET Alto Patía- Norte del Cauca y establecer la coordinación en Popayán, esto fue valorado por las organizaciones como una manifestación más del racismo institucional y por eso su principal reclamo es devolver la coordinación a la ciudad de Buenaventura donde encuentran mayores posibilidades de interlocución y gestión de recursos. Hay que traer a colación que entre 2017 y 2019 hubo una reducción de cultivos ilícitos en la mayoría de resguardos indígenas con más cultivos de coca, pero hay que señalar que solo en el resguardo NUKAK-MAKU se implementó de manera importante el PNIS, entonces, las disminuciones en los resguardos no se deben a procesos de sustitución voluntaria. Por otro lado, se encontró que hay 40 consejos comunitarios que al 31 de diciembre de 2019 se encontraban inscritos en el programa PNIS, los cuales se ubican principalmente en municipios de los departamentos de Cauca y Nariño (costa pacífica y piedemonte). Respecto a estos el informe de Pares señaló que de los veinte primeros consejos comunitarios con más cultivos de coca, solamente cuatro consejos comunitarios presentan reducción mientras que los otros 16 aumentaron las hectáreas sembradas en coca y en catorce de ellos no hay ninguna hectárea erradicada vía PNIS, por lo que los problemas de focalización y desbalance son evidentes. En un panorama amplio en la ‘La implementación estancada del capítulo étnico’ se asevera que el PNIS, en general, continúa desfinanciado, de 1.200 Billones que se necesitaban para este año, solo apropiaron $300.000 millones. El gobierno no tiene voluntad de apostarle al PNIS, lo tiene agonizando, sus informes se caracterizan por contener lamentos sobre dificultades metodológicas y técnicas cometidas en sus inicios, pero sin propuestas o soluciones para mejorar y avanzar en su implementación. Si el gobierno tuviera la intención de fortalecer el PNIS ya lo hubiesen hecho, si las cifras que dicen sobre la reducción de cultivos y la implementación del punto 4 del Acuerdo fueran ciertas, el problema de la coca estaría resuelto. Los impactos positivos se han dado más por la voluntad y el anhelo de las familias, de las comunidades étnicas de dejar de sembrar coca y transitar hacia otro tipo de cultivos y actividad económica.

Por: Redacción Pares. Con información de ONU. Nadie ha salido indemne de 2020. Por un motivo u otro, todos los ciudadanos del mundo hemos resultado afectados por un nuevo virus que nos llevó, en el mejor de los casos, a estar encerrados en nuestras casas y, en el peor, al duelo de la pérdida de seres queridos. Intentar abarcar todos los aspectos en los que el COVID-19 ha marcado nuestra vida es imposible, por ese motivo en este resumen nos centramos solo en seis: la desigualdad, la economía, la educación, la migración y la lucha científica contra el coronavirus. Intentar abarcar todos los aspectos en los que el COVID-19 ha marcado nuestra vida cotidiana es una tarea casi imposible de abarcar, por ese motivo en Noticias ONU hemos querido centrarnos solo en seis a la hora de resumir el año: la desigualdad la educación la migración la economía la lucha científica contra el coronavirus Pese a todo lo que ha tocado el COVID-19 hay algo que continúa su curso con independencia del virus: el cambio climático, por lo que también incluimos en este resumen las noticias más destacadas de este año sobre el calentamiento global que continúa su curso, aunque aún estamos a tiempo de revertirlo y evitar que sea inexorable. Pobreza La pandemia ha hecho retroceder los esfuerzos para crear sociedades más equitativas. La desigualdad entre ricos y pobres empeoró durante la crisis del COVID-19 y aumentó la pobreza, por primera vez en décadas. El mundo de 2020 se caracteriza por una enorme desigualdad, con la mitad de la riqueza mundial “concentrada en un grupo de personas que podría caber alrededor de una mesa de conferencias”, según palabras del líder de la ONU, António Guterres, quien prevé que para 2030 habrá todavía unos 500 millones de personas en la pobreza extrema. En los últimos doce meses, el COVID-19 ha profundizado esas desigualdades, una realidad que destaca la agencia de la ONU encargada de los asuntos laborales, la Organización Internacional del Trabajo, que afirma que 2000 millones de trabajadores del sector informal son especialmente vulnerables. A lo largo del año, la Organización Internacional del Trabajo publicó una serie de proyecciones que alertaban de que millones de personas perderían su trabajo o quedarían subempleadas. “Esto ya no es sólo una crisis de salud mundial, también es una crisis mayúscula económica y del mercado laboral que tiene un gran impacto en las personas”, dijo el director general de la OIT, Guy Ryder. El organismo entonces emitió recomendaciones para mitigar el daño a los medios de vida, como la protección de los empleados en el lugar de trabajo, programas de estímulo económico y laboral y apoyo a los ingresos y al empleo. En abril, la magnitud del sufrimiento mundial quedó patente en un informe de la ONU que mostró que la pobreza y el hambre estaban empeorando y que los países ya afectados por crisis alimentarias eran muy vulnerables a la pandemia. “Debemos mantener en funcionamiento las cadenas de suministro de alimentos para que las personas tengan acceso a la comida que les permita vivir”, señaló el estudio, que también enfatizó la urgencia de continuar la entrega de asistencia humanitaria “para que las personas en crisis estén alimentadas y vivas”. Para hacer frente a las restricciones de circulación impuestas por el COVID-19, las sociedades encontraron formas innovadoras de alimentar a los más pobres y vulnerables, valiéndose lo mismo de transporte público, que de formas tradicionales de entrega a domicilio y de mercados móviles. Esto habla de cómo las ciudades de América Latina se han unido para apoyar a sus poblaciones y, además, refleja las advertencias de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) del alto riesgo para la salud de muchos habitantes de los centros urbanos durante la pandemia, especialmente de los 1200 millones que viven en favelas y otros asentamientos informales. Uno de cada seis niños sufre pobreza El progreso hacia la reducción de la pobreza infantil también sufrió un revés este año. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Banco Mundial informaron en octubre que unos 365 millones de niños vivían en la pobreza antes de que comenzara la pandemia y estimaron que esas cifras se incrementarían considerablemente como resultado de la crisis. La pobreza extrema priva a cientos de millones de niños de la oportunidad de alcanzar su potencial en términos de desarrollo físico y cognitivo y amenaza su capacidad para conseguir buenos trabajos en la edad adulta. Las mujeres llevan la carga más pesada “Las mujeres son las más afectadas por la crisis del COVID-19, ya que tienen más probabilidades de perder su fuente de ingresos y menos probabilidades de estar cubiertas por medidas de protección social”, aseveró Achim Steiner, titular del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), quien explicó el efecto de la pandemia en las mujeres y subrayó los datos divulgados en septiembre. Esos números revelaron que la tasa de pobreza entre las mujeres aumentó más de un 9%, lo que equivale a unos 47 millones de mujeres. El dato representa un retroceso de décadas de avance hacia la erradicación de la pobreza extrema. Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, apuntó que el aumento de la pobreza extrema de las mujeres es una “acusación grave de fallas profundas” en la estructura social y económica.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Este año, en medio de una pandemia mundial, se cumplieron cuatro años de la firma del Acuerdo Paz entre el Gobierno Nacional y la antigua guerrilla Farc, además, también se cumplió la mitad del periodo presidencial de Iván Duque, quien, entre otras muchas cosas, tiene en sus manos la implementación del Acuerdo de Paz. Por esto desde la Fundación Paz y Reconciliación se hizo un análisis sobre el panorama de seguridad y violencia en el país, el cual fue presentado en el informe ‘Un balance de la guerra y el crimen en Colombia’, en el cual se logró establecer que si bien en materia de seguridad hubo una disminución en las cifras de homicidio, comparado con el 2019, sí hubo otros escenarios donde la situación se agravó, por ejemplo, en relación con el desplazamiento forzado, las acciones violentas en territoritos y las acciones subversivas. Lo anterior estuvo relacionado con lo que fue el crecimiento en este año de los Grupos PostFarc o Disidencias, el ELN y los Grupos Armados Organizados, los que han casi que doblado su presencia armada territorial en los últimos dos años. Los Grupos Armados PostFarc pasaron de operar en 56 municipios en 2018, a 113 a agosto de 2020. El ELN pasó de estar en 99 municipios a más de 160 en 2020, y el Clan del Golfo opera en algo más de 200 municipios actualmente. Algunos hechos victimizantes ocurridos en el 2020 Uno de los primeros indicadores que evaluados fueron los de homicidios reportados en el primer semestre del 2020, tiempo en el que se identificó una reducción respecto al 2019, pues, por ejemplo, en marzo – mes en que inició el aislamiento preventivo obligatorio – hubo un total 769 homicidios, mientras que en ese mismo periodo, pero de 2019, el total fue de 1060. Esto continuó igual en los meses posteriores; 613 (abril 2020), 943 (abril, 2019); 827 (mayo, 2020), 1034 (mayo, 2019); 818 (junio, 2020), 984 (junio, 2020). Hay que señalar que aunque hubo una disminución que permaneció en los tres meses estudiados, esta fue “poco significativa entendiendo que en el presente año las condiciones de aislamiento obligatorio y estados de excepción derivados de la pandemia de la Covid-19 debieron significar una reducción radical de este fenómeno”. Por otro lado, como se mencionó, hubo otros hechos victimizantes que en este año se acentuaron, y que diariamente fueron reportadas por comunidades, familias, organizaciones, medios de comunicación comunitarios, etc., dentro de estos hechos están los desplazamientos forzados, que durante estos meses han estado relacionados con enfrentamientos armados en los territorios, amenazas, asesinatos selectivos. Sobre esto, en junio del presente año, trece congresistas de los partidos Alianza Verde, Polo Democrático, Cambio Radical, Liberal, Colombia Humana y la U, advirtieron que en Colombia hasta ese momento y desde inicio de año habían sido desplazadas forzosamente 16.190 personas. Adicionalmente, desde la Fundación Paz y Reconciliación se entrega un reporte de las víctimas de Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin Explosionar (MUSE), a través de la información brindada por la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal-DAICMA, correspondiente al período entre el 01 de enero y el 30 de junio. Así hay que mencionar que también desde 2018 se han venido registrando una disminución en este tipo de casos; en dicho año el total de víctimas fue de 178, mientras que en 2019 fue de 111, y a la fecha mencionada en 2020 fue de 68. En relación con esto vale la pena hacer dos anotación: por un lado, que durante este año los departamentos más afectados por estos hechos han sido Norte de Santander con el 19.30% de lo casos, Antioquia con el mismo porcentaje y Nariño con el 18.28%. Por otra parte, hay que resaltar que aunque si bien hubo una disminución vista en lo general de los año, desde Pares se estableció que viendo esto en los primeros meses de aislamiento preventivo obligatorio la dinámica cambió específicamente en mayo, en el cual hubo siete (7) víctimas de MAP y MUSE, mientras que en el mismo mes pero de 2019 hubo dos (2) víctimas. En los otros meses se mantuvieron los meses de este año con menos casos, pero con diferencias mínimas. Asimismo, en ‘Un balance de la guerra y el crimen en Colombia’ se indica que respecto a los actos de terrorismo cometidos en el 2020 “los primeros cinco meses del año 2020 superan en 44 casos el total presentado en todo el año 2019. Por su parte, las acciones subversivas de los primeros cinco meses de 2020 superan en 10 el total presentado en el año anterior. En este sentido, el incremento de acciones de la Fuerza Pública no corresponde a una reducción de acciones terroristas y subversivas lo cual indicaría que las labores de inteligencia no estarían siendo eficaces frente a la prevención de estos fenómenos”. A partir de información de la Policía Nacional se halló que desde el 2017 los actos terroristas vienen aumentando: 127 (2017), 152 (2018), 209 (2019), 253 (2020). Mientras que este mismo fenómeno se ve desde 2018 con las acciones subversivas: 12 (2018), 20 (2019), 30 (2020). Hay que indicar que estos datos respecto al 2020 son hasta el 30 de junio. Hay que mencionar que uno de los hechos que más ha incrementado en este año han sido las masacre, al 17 de diciembre Indepaz reportaban un total 83 masacres y más de 300 víctimas mortales a causa de estas, lo que significa que respecto al 2019 el aumento fue de más del 100%, adicionando que de por sí ya preocupaba lo que ocurría en ese año, pues también para ese momento y respecto al 2018 el total casi se duplicó. Esto, como se expuso en el documento, obedece al “recrudecimiento de las disputas territoriales entre estructuras armadas ilegales, cuyo objetivo de violencia, en estos casos, es la población civil”. Asimismo a lo que denominan “empate técnico negativo”, que como se explica, ocurre generalmente “cuando hay disputa criminal esta tiene una duración de dos (2) años o un poco más. Actualmente, la disputa por varias zonas que eran de las antiguas FARC lleva tres (3) años como producto de la imposibilidad de que una organización criminal se imponga sobre las otras. Ninguna es lo suficientemente fuerte como para ganar la guerra, por consiguiente acuden a la violencia contra la población civil para ganarse la adhesión de las comunidades. Por lo menos habrá un año más de disputa criminal en varias regiones del país.

Por: Fredy Alexánder Chaverra Colorado. Colaborador Pares. No hay duda de que el 2020 permanecerá tallado con fuerza en el recuerdo de toda una generación. Al menos, en Colombia, fue el año que develó con más protuberancia las condiciones de inequidad, desigualdad e injusticia que han condenado al país a ciclos agudos e interminables de violencia. Se termina un año que seguramente marcará la agenda de las grandes políticas públicas de la próxima década. También concluye un año signado por noventa masacres; el exterminio de líderes sociales; el genocidio de firmantes de paz y el más cruento recrudecimiento del conflicto armado. Panorama enmarcado en la indiferencia y desidia de un gobierno salpicado por sus vínculos con el narcotráfico que ya ni se preocupa por “cuidar las formas” y condenar a los perpetradores de los asesinatos. Frente a las perspectivas para el 2021 considero que poco cambiará y la situación se tornará más sombría. Así lo considero desde los siguientes argumentos: Año preelectoral en el cual las élites se sienten amenazadas Para el 2021 se asistirá a un claro proceso de reconfiguración o consolidación de los poderes locales y regionales de cara a las elecciones del 2022. Será un año preelectoral (especialmente desde junio) en el cual las élites locales que derivan su poderío de prácticas feudales asociadas a la concentración de la propiedad, vínculos con el paramilitarismo, el narcotráfico y la corrupción, sentirán la amenaza real de un cambio en el gobierno central desfavorable a sus intereses. Con el cuento de ojo con el 22 o salvar a Colombia esos sectores buscarán cerrar filas en torno a un proyecto de derecha más radical que el representado por Duque en 2018. Esa radicalidad se podría traducir en la agudización de la violencia política en territorios azotados por la presencia de grupos armados; con precaria presencia institucional y donde se adelantan procesos cercanos a la implementación del acuerdo de paz, dícese municipios Pdet y Pnis. Continuará el genocidio de líderes sociales y excombatientes En medio de la pandemia no cesó el asesinato sistemático de líderes sociales y exguerrilleros. Antes, las organizaciones sindicadas de estar detrás de los asesinatos (estructuras integradas al Clan del Golfo, el ELN o las disidencias de las Farc) afianzaron su control territorial y hasta se convirtieron en verdaderas autoridades sanitarias. La respuesta del gobierno ha demostrado ser ineficiente y el enfoque de “consolidación” con las denominadas Zonas Estratégicas de Intervención Integral o Zonas Futuro no ha sido suficiente para reducir los niveles de victimización. Tan solo en el Bajo Cauca antioqueño, subregión que comprende seis municipios, la violencia ha llegado a niveles alarmantes, al punto, que organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado que se avance en una declaratoria urgente de crisis humanitaria. Es claro que la “paz con legalidad” se ha quedado corta ante la compleja realidad de los territorios donde ocurren las masacres y matan a los líderes sociales y a los firmantes del acuerdo de paz. Nada de eso cambiará en el 2021. Habrá mayor inestabilidad social y extrema polarización El tercer año de un gobierno siempre es difícil porque se le agota el “pegante” de su coalición en el Congreso; los partidos tradicionales buscan reorganizarse y se asiste al síndrome de “la soledad del poder”. Con Duque no será diferente y ante anuncios de propuestas claramente impopulares como otra reforma tributaria o una pensional puede que hasta su propio partido tome distancia o le inicie una “oposición estratégica”. En ese contexto, con la narrativa de “salvar a Colombia”, los ideólogos del uribismo buscarán la forma más efectiva de desinformar; revivir en otro espectro el fantasma del castrochavismo y manipular a una amplia masa de colombianos ingenuos. Claro que obviarán el desastre que ha representado Duque que podría salir graduado como el peor presidente superando el arquetipo nefasto de Pastrana. La división del sector alternativo (que esperemos pueda llegar a diálogos y consensos) les facilitará esa labor. Ni el uribismo o la derecha están dispuesto a dejar el poder y harán todo lo posible para evitarlo. Saben que en el 2022 (con un uribismo en decadencia) se juegan el todo por el todo. Toda la antesala a su estrategia se conocerá en el segundo semestre del 2021. Sin tener presente los efectos inmediatos de la pandemia, sus olas y retrocesos, es claro que el 2021 será un año muy difícil. Preocupa la naturalización de la violencia, tan reducida a la frivolidad de las estadísticas y aquella clásica indiferencia que ya se volvió costumbre. No soy optimista, pero no desestimó la posibilidad de seguir trabajando en promover escenarios de reconciliación y diálogo. Tampoco descarto la altura histórica de los sectores alternativos que deben comprender que la tarea que los debe unir es una: derrotar al uribismo y evitar un segundo Duque. Por el momento, solo espero que el tiempo y las imprevisibles circunstancias de un país donde cualquier cosa puede pasar, me demuestren que estoy equivocado y que tal vez tendremos un mejor año. Ahora más que nunca, me gustaría estar equivocado.

Por: Redacción Pares. La Directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón Cifuentes, presentó hoy al país los resultados de la búsqueda de las personas desaparecidas durante 2020, en el objetivo primordial de aliviar el sufrimiento a más de 120.000 familias y aportar en la construcción de la paz en Colombia. Monzón Cifuentes reveló que, en medio de la búsqueda, y con el acompañamiento de los equipos territoriales de la UBPD, en Arauca y Antioquia, 3 familias lograron reencontrar con vida a sus seres queridos quienes habían sido reportados como desaparecidos en medio del conflicto armado. “Estas familias depositaron su confianza en la institucionalidad de la Unidad de Búsqueda como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición. Realizamos un trabajo minucioso de búsqueda con los familiares, con el fin de darles una respuesta y, aún en medio de la pandemia por COVID 19, los ubicamos con vida y logramos su reencuentro. Estos hechos nos llenan de satisfacción y esperanza en este fin de año”, afirmó. Agregó que la puesta en marcha del Plan Nacional de Búsqueda, en el cual participaron 430 personas buscadoras, 112 organizaciones y 12 entidades, ha permitido consolidar la presencia de la UBPD en los territorios y generar un acercamiento mayor con la ciudadanía para desarrollar las acciones humanitarias. La Directora de la Unidad de Búsqueda también reveló que la entidad hoy cuenta con 23 equipos territoriales con una cobertura en 800 municipios. “Hemos elaborado 14 Planes Regionales de Búsqueda que vinculan a 802 personas desaparecidas. Sabemos que en 9 de los 32 departamentos del país se concentra el 60% de las desapariciones registradas en Colombia, estos departamentos son: Antioquia, Meta, Magdalena, Valle del Cauca, Cesar, Santander, Caquetá, Norte de Santander y Putumayo, donde estamos para atender a miles de familias”, enfatizó. De otro lado, dijo que con las organizaciones sociales, que durante años han acompañado la búsqueda de las personas desaparecidos en el territorio nacional, la UBPD trabaja de manera coordinada para avanzar en las regiones. “Hasta la fecha hemos recibido 47 informes de la sociedad civil con los cuales implementamos acciones humanitarias correspondientes a la información suministrada. Por primera vez el Estado, en cabeza de la Unidad junto a los familiares de las víctimas y tres (3) organizaciones sociales, realizamos durante 14 días, acciones humanitarias en el cementerio de Samaná, en el Magdalena Medio caldense y pudimos recuperar del cementerio San Agustín en Samaná 24 cuerpos que pueden corresponder a personas desaparecidas y cuyas identidades debemos verificar y establecer las circunstancias en las que perdieron la vida. Al mismo tiempo, los equipos técnicos científicos se desplazaron a veredas donde habitan familiares a recopilar información genética de los familiares que buscan a sus seres queridos y recolectamos información en las instituciones locales y en las personas que se acercaron a la UBPD a solicitar el apoyo para la búsqueda de sus familiares. Un plan de trabajo enfocado a un abordaje integral de la búsqueda”, aseveró. Asimismo, reveló que la Unidad de Búsqueda ha recibido, hasta el 10 de diciembre, 9.058 solicitudes de búsqueda, 258 aportes voluntarios de información y se han realizado 2.556 diálogos con víctimas a nivel nacional de manera que estén completamente informadas sobre los procesos desarrollados en los territorios para garantizar su derecho a la participación. De otro lado, destacó el acompañamiento del Consejo Asesor y el respaldo del Comité Internacional de Apoyo y, además, resaltó la articulación con el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación para impulsar la identificación de alrededor de 25.000 cuerpos sin identificar. Finalmente, la Directora de la UBPD, tras destacar la suscripción del Pacto Regional por la Búsqueda en el Meta, dijo que en el 2021 se avanzará en aunar esfuerzos para consolidar el gran Pacto Nacional por la Búsqueda que contribuirá con la equidad y solidaridad que debemos tener como humanidad por los desaparecidos y las desaparecidas, además de contribuir con la paz del país. “Gracias a esto actualizamos información en el Registro Nacional de Desaparecidos de 6.585 casos del SIRDEC, analizamos la información de 16.640 expedientes y también tomamos 214 muestras de ADN a familiares en distintas partes del país, trasladándonos a los lugares de habitación de las personas para brindar mayor seguridad y comodidad en medio de la pandemia. También en articulación con la JEP creamos la mesa técnica de medidas cautelares para la protección de sitios de disposición de cuerpos en lugares como El Copey” Fotografía Pares. “La desaparición en Colombia ha producido angustia y zozobra de manera prolongada y ha alterado los proyectos de vida de familias enteras generación tras generación afectando no solo sus núcleos primarios, sino también a procesos comunitarios y sociales. Nosotros en la UBPD estamos construyendo paz, estamos buscando a las personas desaparecidas sin descanso y los invitamos a todos y todas a hacer parte de esta búsqueda por medio de este gran Pacto”, puntualizó.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. Cuando de niño, mi padre Ángel María, me llevaba a las reuniones de futuros pobladores del barrio Policarpa en Bogotá, lo veía hablar y me sentía orgulloso, solo comparable con Kalimán o Arandú, las novelas que me leían mis hermanos José Ángel o Arcadio. Y el gran hombre enfundado en una chaqueta de cuero negra fue mi ídolo, era ni más ni menos mi guía, mi referente de palabra y rectitud en el actuar, cuando en el colegio me colocaron por tarea hacer una poesía, ahí, él, imponente, con su sabiduría practica desescolarizada pero profunda: “ estamos terminando año, ya vienen las elecciones, estamos aguantando hambre nosotros los proletario…”. En esa época ser líder o lideresa social no era un oficio peligroso, nunca cuando él salía quedamos en casa pensando que no lo podrían desaparecer, pegar un tiro de granada del Esmad en una vista, o buscar que una sección de la “justicia” en Santa Marta le solicitara a un juez en Popayán para librar una boleta de captura contra un hombre que está en otra ciudad, como le ocurrió a Robert Daza. Lo anterior es clara muestra del montaje judicial. Y cuento la historia con mi padre por que Robert y él tienen parecido, los dos por ejemplo hacían sus oficios con total responsabilidad el uno en el almacén donde laboraba y Robert en su parcela, en su tierra. Mi padre con salario mínimo a criar siete hijos, Robert con sus pensamientos y compromiso a guiar un pueblo desde el Coordinador Nacional Agrario y el congreso de los pueblos. Pero además porque la tranquilidad para leer los retos familiares, sociales y políticos con que asumía mi padre (quien partió hace ocho años) y la paciencia de Robert da tranquilidad y seguridad de entender lo que plantean. Y hago el esfuerzo por saber que pretenden los detentadores y abusadores del poder; a diferencia nuestra que creemos que la oposición se debe convertir en alternativa de poder para fortalecer nuestro sistema democrático, desde abajo, construyendo poder popular, ellos avanzan hacia el estado de opinión (concentración de poderes ejecutivo, legislativo y judicial), con ayuda de los grandes medios de comunicación y las iglesias. A 12 horas de capturar a Teófilo Acuña y Adelso Gallo, en la ciudad de Pasto, en casa de su hija detienen a Robert, de “judicializaciones arbitrarias y montajes jurídicos” califica la directiva del congreso de los pueblos y el coordinador nacional agrario. Ser líder NO es un delito, es ser orgullosamente vocero de quienes no son escuchados, pero tienen cosas que decir, es en estos tiempos incluso arriesgar la vida, salir de casa y querer volver a los brazos de quienes nos aman, ser lideresa es ser valoradas no de reconocimientos amañados y utilitaristas de la institucionalidad, al líder lo reconoce, lo valora, lo quiere la comunidad que representa, por eso a Robert Daza, lo extrañan sus gentes, las plantas y los animales de su finca, por ello las fuerzas positivas de la naturaleza le darán la razón en su defensa y los inquisidores del odio y el miedo, perderán su perversa intención de enlodar su nombre con la infamia. Entonces Robert Daza, mi homenaje para ti porque ser líder o lideresa es un don dado por Dios y confirmado por la comunidad y nunca… un delito.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Hay personas con el don especial del servicio, de sentir en lo más profundo de sus almas cualquier injusticia, de consagrarse de pies a cabeza y con toda pasión a una causa, de no medir peligros y desafiar fuerzas poderosas con serenidad y estoicismo, personas que te dejan perplejo ante tanta persistencia y compromiso con sus convicciones. Hay personas que no son ellas de manera individual, es tal su forma de ser y su condición que son gregarios por naturaleza y siempre les gusta conjugar el nosotros, son y existen para sus comunidades, son gente de raíces profundas y no pueden vivir sin el aire de la acción colectiva. Teófilo Acuña es del sur de Bolívar, donde ha liderado la Federación Agraria y Minera, FEDEAGROMISBOL, Robert Daza es Nariñense y líder del Comité de Integración del Macizo, CIMA y Adelso Gallo, del Sarare y líder de la Asociación nacional Campesina José Antonio Galán Zorro, los tres hacen parte del Coordinador Nacional Agrario, el CNA y los tres son parte del Congreso de los Pueblos, movimiento político con presencia nacional. El Sur de Bolívar y el Magdalena Medio, el Macizo Caucano Nariñense y el Sarare en Arauca, al igual que otras muchas regiones de Colombia, tienen la condición compartida de que existe un mundo campesino, afro e indígena que ha luchado por sus territorios contra grandes poderes que los han desplazado a sangre y fuego, territorios que buscan reconocimiento como parte de la nación, territorios donde el estado no funciona de manera correcta y todo ha sido lucha y confrontaciones: la escuela, el puesto de salud, la carretera, el crédito, el respeto, la vida, la organización, de allí han salido Teófilo, Robert y Adelso y miles de líderes que hoy están en la tumba, en la cárcel o en el exilio. Esta semana: Teófilo, Robert y Adelso, han sido detenidos por la Fiscalía, bajo la acusación de pertenecer al ELN e incurrir en el delito de rebelión agravada, falso de toda falsedad, por que el país y muchos actores nacionales e internacionales, los conocemos como lideres campesinos, firmes y comprometidos, con los que se puede coincidir o discrepar, pero están en el marco del estado de derecho, ejerciendo derechos constitucionales y es un atropello que ahora estén en la cárcel, ante un proceso penal que puede ser largo y es una afrenta para ellos, sus familias, sus comunidades y organizaciones, afrenta ante la cual hay que levantar la voz y decir que es una injusticia la que se está cometiendo. Teófilo, Robert y Adelso, son de territorios donde hace presencia el ELN desde hace mas de cuatro décadas, no tengo duda que crecieron viendo a la guerrilla pasar por sus fincas, encontrárselos en los caminos, que sus vecinos, amigos, quizás parientes han tomado el camino de la rebelión armada, que ellos en su liderazgo social y comunitario una y mil veces han hablado con las guerrillas, pero no son guerrilleros. Ya hemos pasado por estos atropellos, lideres que son acusados de rebelión y al cabo de treinta, cuarenta meses de prisión son declarados inocentes, espero que esta no sea la situación de estos tres luchadores y vuelvan a sus familias, a sus comunidades y a su liderazgo social, lo más pronto posible. Se requiere acompañamiento nacional e internacional, ante esta grave situación, se requiere acción de la Procuraduría para verificar el proceso que se adelanta. Gratitud con todos los abogados que trabajan por la libertad de Teófilo, Robert y Adelso y de los cientos de líderes que hoy están en prisión, hay que seguir trabajando por su libertad. El gobierno no puede controlar al ELN y mucho menos derrotarlo, la solución a este conflicto solo se dará en un proceso de diálogos y negociaciones con la más amplia participación posible, en tanto, los lideres sufren, ante una acción estatal que desde la Fiscalía General, se va contra hombre buenos y justos, que son profundamente rebeldes y pudiendo tomar el camino de la rebelión armada, optaron por la marcha, por la protesta civil, por ser lideres en sus comunidades, arriesgando la vida o la libertad, pero no están amilanados, son ejemplo de firmeza y convicción. Si quieren saber de Teófilo, Robert y Adelso, aquí los pueden escuchar: Robert Daza Teófilo Acuña Adelso Gallo

Por: Paola Perdomo. Investigadora Pares. Las aceleradas y cambiantes dinámicas de seguridad impuestas por las Estructuras Armadas Ilegales que se disputan la frontera colombo venezolana en Norte de Santander, especialmente en el área metropolitana de Cúcuta, no cesan. En tan solo un año, durante 2020, esta zona del país ha dado lugar a tres momentos que evidencian cómo se reconfiguran dichas dinámicas en un abrir y cerrar de ojos. A inicios de año, aunque se preveían algunas confrontaciones que ponían en riesgo la fuerte presencia y control territorial que ‘Los Rastrojos’ habían alcanzado en el área metropolitana de Cúcuta desde 2018, luego de ganar una cruenta disputa con el Clan del Golfo, dicho grupo armado delincuencial mostraba una amplia consolidación en municipios como Puerto Santander, Cúcuta y Villa de Rosario, donde además contaba con un importante respaldo del Frente Fronteras del Ejército de Liberación Popular, EPL, mejor conocido como ‘Los Pelusos’. No obstante, a mediados de febrero e inicios de marzo, es decir, en el marco del paro armado declarado por el ELN y el aislamiento obligatorio por la pandemia, la configuración de estos grupos empezó a transformarse. Por un lado, el ELN sacó provecho de este panorama para moverse tácticamente desde el Catatumbo a zona de frontera del área metropolitana de Cúcuta, donde no tenía una presencia significativa, y dar un golpe militar a ‘Los Rastrojos’, en área venezolana limítrofe, en su centro de operaciones en Boca de Grita, Táchira, Venezuela. Este tendría como resultado el repliegue de ‘Los Rastrojos’ al municipio vecino de Puerto Santander, en el lado colombiano. La intensa violencia desplegada en este municipio da cuenta de la fuerte disputa que iniciaron ambos grupos desde entonces, y dentro de la cual ‘Los Rastrojos’ no consiguieron un balance positivo, viendo reducida su presencia y actividad delictiva. Mientras tanto, el saldo de la violencia se hizo alarmante. Actualmente, Puerto Santander constituye el municipio, en todo el país, con mayor violencia homicida durante 2020 con una tasa de homicidio de 237.52, cifra que supera considerablemente tasas de homicidio muy altas en otras zonas del país como Argelia (195.67) y Corinto (169.025), en Cauca; o Tarazá (192.89) y Betania (175.02), en Antioquia. Las masacres y el desplazamiento forzado en Cúcuta y Puerto Santander también se sumaron a este lamentable escenario con el registro de cuatro (4) masacres y más de 1.000 víctimas de desplazamiento forzado en lo corrido de 2020. Alrededor de ambas situaciones, la fuerza pública venezolana había venido intensificando sus operaciones dando importantes golpes a grupos armados delincuenciales organizados como el ‘Tren de Aragua’, ‘La Línea’ y ‘Los Rastrojos’ en territorio venezolano. Situación que, nuevamente, fue aprovechada por el ELN y resultó contundente en su posicionamiento en ambos lados de la frontera entre el área metropolitana de Cúcuta y Táchira, Venezuela, durante 2020. Imagen: Pares. Por otro lado, el principal aliado de ‘Los Rastrojos’, el Frente Fronteras del EPL o ‘Pelusos’, empezó a sufrir un acelerado debilitamiento por cuenta de los problemas de acción colectiva al interior de este grupo criminal que condujeron a la muerte del comandante de dicho frente, alias Grillo, en un juicio de guerra. En mayo de este año, el Frente Libardo Mora del mismo EPL, con el que existía la tensión, se atribuyó la muerte de alias Grillo y justificó el ajusticiamiento como cobró a este cabecilla de lo que consideraron actos de desobediencia y traición al haberse convertido en un aliado más de ‘Los Rastrojos’ en área metropolitana de Cúcuta, donde inicialmente el Frente Fronteras había sido enviado con otros propósitos de expansión y control territorial. En general, este fue un importante factor en la avanzada del ELN contra ‘Los Rastrojos’ y la limitada capacidad de respuesta de estos últimos frente dicho ataque. Sin embargo, un elemento más hizo parte de esta determinante expansión del ELN a zonas de control de Los Rastrojos en ambos lados de la frontera: el accionar de las fuerzas militares venezolanas. Desde la Fundación Paz y Reconciliación, en el informe reciente Situación de seguridad y migración en la frontera Colombia- Venezuela, hemos llamado la atención sobre el lugar que ha tenido la fuerza pública venezolana en este ataque frontal contra la delincuencia armada organizada, relacionada con reductos de grupos paramilitares. “Al menos dos factores podrían explicar este rápido cambio de la correlación de fuerzas en la región, que se ha materializado en la expansión del ELN. Por un lado, cambios políticos, en especial la mayor atención que le presta Caracas a la situación de seguridad a esta frontera luego de febrero de 2019 [tras evidencias del polémico rol que jugaron ‘Los Rastrojos’ en el paso de Juan Guaidó al lado colombiano de la frontera], y por el otro, los cambios económicos que impactan en las dinámicas ilegales por la acentuación de la crisis venezolana”. Alrededor de ambas situaciones, la fuerza pública venezolana había venido intensificando sus operaciones dando importantes golpes a grupos armados delincuenciales organizados como el ‘Tren de Aragua’, ‘La Línea’ y ‘Los Rastrojos’ en territorio venezolano. Situación que, nuevamente, fue aprovechada por el ELN y resultó contundente en su posicionamiento en ambos lados de la frontera entre el área metropolitana de Cúcuta y Táchira, Venezuela, durante 2020. Como efecto de esta reconfiguración se percibió una “distensión” en los repertorios de violencia recurrentes en esta zona fronteriza, según fuentes en terreno. “Varias personas se remiten a los antes habituales casos de violencia extrema y de exceso de crueldad, mencionan un práctico cese en las extorsiones que habían impuesto los grupos que controlaban las comunidades fronterizas, así como un apaciguamiento de los castigos sanguinarios y arbitrarios, que han sido sustituidos por amonestaciones, sanciones simbólicas y labores de trabajo comunitario para los infractores”. Sin embargo, en estos los últimos días, cuando todo parecía indicar que Los Rastrojos estaban lejos de responder o tener intenciones de reactivar la disputa por mantener su control en área metropolitana de Cúcuta, por lo menos en lo que quedaba de este año, estos han vuelto a aparecer con fuerza en la capital del departamento. Wilfredo Cañizares, de la Fundación Progresar, a través de una Acción Urgente, alertó ayer que desde el 14 de diciembre de 2020 Los Rastrojos hacen presencia en los corregimientos de Palmarito y Banco de Arena, jurisdicción de Cúcuta, con alrededor de 100 hombres fuertemente armados distribuidos en varios grupos que se han identificado como miembros de esta estructura armada ilegal. Imagen: Cortesía. La preocupación de la población y los defensores de derechos humanos no podría ser menor, pues “este grupo paramilitar ha sido denunciado de manera reiterada en los últimos años, por cometer graves violaciones a los derechos humanos en contra de la población civil, por su sevicia y prácticas atroces de torturas, desmembramiento de cuerpos y desapariciones forzadas. Así mismo han cometido masacres, desplazamientos forzados, confinamiento de comunidades, reclutamiento forzado en jóvenes colombianos y migrantes venezolanos, amenazas contra comunidades, organizaciones locales y líderes sociales. Instalan retenes ilegales sobre las vías principales, trochas o pasos ilegales de contrabando hacia y desde Venezuela sobre los ríos Guaramito y La Grita, imponiendo restricciones a la movilidad y exigiendo el pago de cuotas por el tránsito” Fundación Progresar. De esta manera, el año finaliza con un temible e inesperado escenario que vuelve a encender las alarmas de seguridad en esta zona del país. Tres asuntos resaltan de ello. El primero y más importante, la urgencia de protección de las comunidades en este territorio como obligación constitucional del gobierno de garantizar los derechos fundamentales de la población, especialmente cuando existen unos riesgos de seguridad latentes y claramente alertados. En segundo lugar, la importancia que sigue constituyendo la frontera colombo venezolana para las estructuras criminales, por las ventajas de movilidad, rentabilidad de las economías ilegales y el lugar estratégico militar que ofrece esta zona. Especialmente, si se trata de un plan expansión como el que ha declarado y demostrado tener el ELN en territorio fronterizo. En tercer lugar, la necesidad imperante de visibilizar y atender la situación de seguridad fronteriza en un esfuerzo binacional que implica el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela.