Por: Laura Cano. Periodista Pares. El 30 de septiembre de 2018 en horas de la tarde en el municipio de Arauquita, Arauca, fue capturado Hermes José Burgos, a quien la Fiscalía General de la Nación lo acusaba de concierto para delinquir y rebelión. Burgos en ese momento hacía parte de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca), lideraba proyectos productivos, organizativos y políticos en el departamento de Arauca, y desde allí hacía defensa a los intereses de las y los campesinos, pues además era parte de las mesas de interlocución con el Gobierno Nacional. Luego de esto, el 01 de octubre de 2018, fue capturada Alix Miriam Aguilar por miembros del Gaula de la Policía, quienes llegaron a allanar un lote que ocupaba en la invasión “Mi Nueva Esperanza”. Ella, para ese año, hacía parte la Asociación de Mujeres Unidas Por Casanare –ASMUC-, y había sido vocera ante la administración local y departamental en Casanare en temas de vivienda, salud, educación. A Alix también se le imputaban los delitos de rebelión y concierto para delinquir. Antes de estos dos hechos, el 06 junio de 2018, había sido capturado Julián Gil, bajo el argumento que tenía vínculos con el ELN. Él se desempeñaba como Secretario Técnico del Congreso de los Pueblos, además hacía parte del Pre-Icfes Popular Vamos Pa’la U Pública que se desarrollaba en el barrio José Antonio Galán de la localidad de Bosa. Julián, luego de estar detenido en la estación de Facatativá, fue llevado a la cárcel La Modelo, desde donde, tras el nivel de hacinamiento, fue llevado a La Picota. Estando allí, el pasado mes de junio al cumplirse, escribió las siguientes palabras para Colombia Informa: “En estos dos años hemos visto desde distintos ángulos cómo la violencia dirigida hacia el movimiento social ha aumentado, encarcelando y asesinando a líderes y lideresas comunitarias, haciendo juicios mediáticos y sobre todo marcando un ciclo antidemocrático, caracterizado por el soterrado cierre de la participación política a las propuestas distintas de país. Es como los días nos van cambiando y nos van enseñando que es la lucha diaria como la vida cobra sentido y que es a quienes no dejamos de soñar y amar la vida a los que nos corresponde transformar el mundo”. Un panorama que no cambia Julián, Alix y Hermes son tres de las muchas personas, líderes y lideresas sociales que se les ha capturado de forma arbitraria, con una y otra irregularidad en los procesos judiciales, y quienes pasaron días, años, esperando que sus casos se resolvieran, defendiendo siempre su inocencia, en la cual no solo habían insistido ellos y ella, sino también cada una de las personas con quienes habían trabajado a favor de los Derechos Humanos. A Julián, Alix y Hermes, tras una constante lucha contra el sistema judicial, y como muchos/as lo esperan, les fue concedida la libertad; a Hermes José Burgos en agosto de este año, a Alix Miriam Aguilar el 01 de septiembre de 2020 y a Julián Gil el 24 de noviembre, también de este año. Los tres tuvieron que estar cerca de dos años privados/as de la libertad, siendo criminalizados y judicializados bajo argumentos que la Fiscalía no tuvo cómo sostener, hecho que terminó generando que se vencieran los términos, haciendo pasar a ellos/a por un proceso judicial irregular y que vulneró los derechos de estos líderes comunitarios. Aunque esto es una radiografía de la persecución que enfrentan quienes deciden hacer defensa de las comunidades y los territorios que más se ven expuestos a vulneraciones – y a este panorama se suman otros muchos hechos victimizantes-, ha sido muy poco lo que se ha hecho y ha sido casi nula la atención, seguimiento y acciones que ha tenido el Gobierno Nacional, que a pesar de ser un escenario que aunque se repite y se repite pareciera pasar desapercibido, apropósito o no, ante los ojos de un Ejecutivo al que se le han hecho constantes llamados y alertas que se han quedado ahí. Hoy, esto ha llevado a que a la fecha sean, al menos, 292 las lideresas y líderes sociales asesinados en solo lo que va del 2020 (según datos de Indepaz), y también a que casos como el de Julián, Alix y Hermes se sigan repititendo. Nuevas víctimas de detenciones arbitrarias El pasado 15 de diciembre desde diversas organizaciones se informó que en horas de la tarde habían sido capturados Teófilo Acuña y Adelso Gallo, voceros de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, miembros del Congreso de los Pueblos y del Coordinador Nacional Agrario –CNA-. Adelso Gallo, quien además era parte de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca), fue detenido en la ciudad de Villavicencio, Meta. Mientras tanto, en Barranco de Loba en Bolívar estaba siendo detenido Teófilo Acuña, quien fue posteriormente trasladado a El Banco, Magdalena, desde donde se quiere llevar hacia Bucaramanga. Sobre este caso la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y Procesos de los Santanderes escribió en un comunicado que “la captura fue emitida el mismo 15 de diciembre desde Popayán, y ejecutada con una diligencia jamás vista”. Agregaron: “Teófilo Acuña ha dedicado su vida entera a un liderazgo social ampliamente reconocido en toda la región y el país: es nuestro vocero y cofundador del Congreso de los Pueblos, del Coordinador Nacional Agrario y de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Además, se encontraba liderando las mesas de interlocución con el Gobierno Nacional, que, pese a haberse reactivado desde el mes de julio de 2020, no avanzaba por falta de voluntad política de las instituciones estatales, excusándose en la pandemia”. Adicionalmente, en la madrugada del 16 de diciembre también fue detenido en la ciudad de Pasto Robert Daza, quien es un destacado líder del norte de Nariño, expresidente del CNA, miembro del Comité de Integración del Macizo colombiano. Asimismo, ha impulsado el desarrollo de los Territorios Campesinos Agroalimentarios a nivel nacional, y adicionalmente pertenece a la Junta Nacional de la Secretaría de Tierras, Territorios y Territorialidad del CNA. Este panorama sigue alertando de lo que está sucediendo con quienes ejercen defensa de derechos humanos, pues sistemáticamente se les está queriendo alejar de sus territorios, familias y procesos de base, mediante la utilización de la justicia para perseguir y atacar los liderazgos; algo que no es nuevo, pues como indicó Franklyn Castañeda del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos durante la rueda de prensa convocada por el Congreso de los Pueblos, en los últimos siete años 249 personas con liderazgo social han sido judicializadas. Estas personas, al igual que Robert, Teofilo y Adelso, tienen perfiles similares, es decir, son líderes/as campesinos/as o medio ambientales, que se oponen a megaproyectos en sus territorios y/o que defiende la tenencia de tierra de las y los campesinos. Adicional, dentro de las personas de este total de líderes judicializados también están quienes defienden el Acuerdo de Paz o que participaron en las mesas de diálogo e interlocución de la sociedad civil en el marco de la mesa de negociación tanto para lo pactado con la antigua guerrilla FARC-EP, así como para el diálogo que se adelantaba con el ELN. A estos perfiles también se suman quienes han venido impulsando la protesta social. Ante esta situación desde la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) hablamos con Erika Prieto, integrante del Congreso de los Pueblos, organización que con la que tiene relación las tres personas detenidas en las últimas horas, además una organización que desde 2017 ha tenido que enfrentar la detención de 43 de sus miembros. Pares: Esta no es la primera vez que miembros del Congreso de los Pueblos son detenidos arbitrariamente, ¿qué está pasando?, ¿a qué intenciones podría obedecer esta persecución? ¿Qué implicaciones ha tenido esto con las personas que integran el Congreso de los Pueblos? Erika Prieto: Los ejercicios de oposición en el país históricamente han sido castigados y reprimidos, con lo que buscan que los procesos como el Congreso de los Pueblos, que hacen defensa de distintas causas y se oponen a otras, tengan un impacto. Para esto, por ejemplo, abusan de la figura de detención preventiva, la que han usado para privar de la libertad a muchos líderes y lideresas. Esta situación ha llevado a que la gente sea muy solidaria, pero que también a que tengan miedo, que es justo lo que se busca con este tipo de arbitrariedades, además de generar señalamientos y vinculaciones del movimiento social con el movimiento insurgente. Acciones que vienen de forma violenta a deslegitimar el trabajo comunitario. Este tipo de hechos además de atacar a la persona directamente implicada penalmente, también se convierte en un ejercicio para atacar el proceso social a través de la intimidación, y esto se ve, por ejemplo, en el sentir de muchos/as compañeros/as, pues sabemos que a pesar que Teófilo, Robert y Adelso son inocentes, igual están privados de la libertad, lo que genera temor en que más personas sean víctimas de este tipo de montajes. Pares: ¿Qué particularidades han tenido estas detenciones? E.P: Desde este momento ya se ven irregularidades en el proceso, por ejemplo, un fiscal de Santa Marta, un lugar donde ninguna de estas personas frecuenta, fue el que fue hasta Popayán a solicitar la medida de aseguramiento. Eso es muy atípico. A esto se suma que los compañeros son muy representativos dentro del proceso, son además quienes lideran en sus regiones iniciativas de movilización, procesos de incidencia, y que son reconocidos por la gente, la gente les tiene confianza para hablar sobre lo que pasa en donde habitan. Los tres también vienen de hacer parte de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y de ser negociadores con el Gobierno Nacional. Pares: ¿Han tenido acompañamiento por parte de organismos públicos de control? E.P: Este tema ha sido complejo, nosotros/as hemos activado rutas por medio de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo y otros organismos de control de carácter internacional, pero todavía falta más acompañamiento, sobre todo de seguimiento a las acciones de la Fiscalía, teniendo en cuenta que siempre son las mismas formas de persecución y de actuar dentro de los procesos judiciales. Pares: ¿Cuáles son los motivos con los que se argumenta hacer estas detenciones? E.P: A hoy no tenemos ni idea cuáles son los hechos por los que los compañeros están siendo privados de la libertad. Sabemos que se dio por medio de una orden de captura emitida y ejecutada el día de ayer (15 de diciembre) y hoy en el caso de Robert. Hay que decir que la orden solo dice rebelión agravada, no dice nada más. El abogado que está llevando el caso le pidió directamente al fiscal a cargo –quien está en Santa Marta y no tiene relación con los territorios donde hacen trabajo los líderes- que le suministrara por lo menos la temporalidad de los hechos sobre los que se va a acusar, sin embargo, a esta hora no lo ha hecho, por lo que estamos atentos de lo que vaya a ocurrir en las audiencias que se instalarán el día de hoy y mañana.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Este año la situación jurídica de Álvaro Uribe Vélez ha estado e un ir y venir, así como la de quienes han estado como testigos y abogados de éstos en el caso que se le adelanta al expresidente por presunta manipulación de testigos. Pues bien, finalizando el año Uribe está libre, y aunque solo hasta el 2021 se sabrá si al exsenador se le acusara o no la investigación –decisión a cargo de la Fiscalía -, hay algo que continúa igual, y son los hostigamientos a quienes han entregado material probatorio o han brindado sus testimonios en este caso. Esto último se denunció que comenzó a agudizarse luego que Álvaro Uribe diera una entrevista periodística el 17 de agosto, tras conocerse días atrás – 04 de agosto – que la Corte Suprema de Justicia había determinado que el expresidente debía permanecer en detención domiciliaria. En dicha entrevista algunas de las afirmaciones del exsenador fueron que: “Estoy secuestrado por la complicidad de unos magistrados y el joven senador Cepeda, afín a las Farc. Yo siento que padezco un secuestro (…) Me meten a la cárcel sin pruebas directas, cuando para los cargos que me imputan hay testigos y no los oyeron”. Poco después de las declaraciones del expresidente, el Senador Iván Cepeda anunció que denunciaría a Uribe por injuria y calumnia ante las instancias nacionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, adicionó que: “La extensa entrevista del senador Uribe ayer en la Revista Semana es un compendio de mentiras. También es un rabioso ataque en mi contra y una afrenta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”. Plataforma de Monitoreo Internacional pide protección en el caso Uribe Plataforma de Monitoreo Internacional es una iniciativa conformada por la Oficina en Washington para América Latina, Abogados sin Frontera (Canadá), Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, y el National Lawyers Guild, que busca hacer seguimiento al proceso que actualmente lleva la Fiscalía contra Álvaro Uribe Vélez. Según la carta de presentación presentada hace algunos meses por la Plataforma, esta surge “con el fin de contribuir a la garantía del principio de independencia e imparcialidad judicial, y con ello al fortalecimiento del Estado de Derecho en Colombia. Por esta razón, viene adelantando un seguimiento de cerca a la causa, con el fin de velar por la garantía de un ejercicio judicial y procesal libre de cualquier apremio o presión”. Pues bien, con la agudización de las amenazas a los testigos y abogados, así como por la presión que desde el Gobierno Nacional y diversos sectores políticos se ha ejercido para beneficiar a ex presidente, desde la Plataforma se ha instado a que la Corte Penal Internacional reciba los testimonios, de forma escrita o verbal, para garantizar que estos puedan ser tenidos en cuenta y además, estén protegidos ante cualquier hecho victimizante contra los testigos. Esto se hizo a través de una carta enviada a Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional y a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el documento se planteaba que “se solicita convocar a las autoridades nacionales a realizar el mayor esfuerzo tendiente e garantizar la seguridad, intimidad, integridad personal, y vidas de todos los intervinientes en el proceso penal que nos ocupa. (…) Requerir al Estado colombiano, que en el marco de sus obligaciones derivadas del Estatuto (de Roma) adopte medidas tendientes a salvaguardar las pruebas y testimonios de investigaciones con posible incidencia en el examen de admisibilidad”. Con la agudización de las amenazas a los testigos y abogados, así como por la presión que desde el Gobierno Nacional y diversos sectores políticos se ha ejercido para beneficiar a expresidente, desde la Plataforma se ha instado a que la Corte Penal Internacional reciba los testimonios, de forma escrita o verbal, para garantizar que estos puedan ser tenidos en cuenta y además, estén protegidos ante cualquier hecho victimizante contra los testigos. Imagen: Pares. En ese sentido, se insistió en que el presidente Iván Duque se abstenga de realizar intromisiones en las funciones y decisiones de la rama Judicial, esto, por velar por la separación de poderes, pero también por garantizar que no hayan presiones que intervengan en el proceso contra Uribe, que de por sí ha estado marcado por la constante deslegitimación a los magistrados que han llevado el caso y a la Corte Suprema de Justicia, organismo que llevaba el proceso antes de que quedara en manos de la Fiscalía. Las inconsistencias en el caso Uribe La acusación lleva 12 años rondando en búsqueda de justicia. El testimonio que abrió la presunta responsabilidad de Uribe fue el hecho por Francisco Villalba, exjefe paramilitar, quien en 2008 contó ante el Tribunal de Justicia y Paz que, en el marco de la masacre de El Aro, en la que había participado, habría escuchado una conversación entre Salvatore Mancuso y Álvaro Uribe Vélez, quien para ese momento era gobernador de Antioquia, donde habrían quedado en “borrar al pueblo”. Villalba fue asesinado en abril de 2009; luego que le dieran casa por cárcel, un año después de sus declaraciones, y once años después de entregarse a la justicia como miembro de las AUC, por lo que le imputaron 37 años de prisión. Su muerte provocó varios inciertos, por un lado, porque dejó las afirmaciones abiertas; segundo, porque poco después de sus declaraciones Villalba envió una carta a la Casa de Nariño rectificándose de las acusaciones hechas. Hay que mencionar que para ese momento Uribe estaba en su segundo periodo presidencial. Fue en 2011 el año en el que otras declaraciones vendrían a crear más cuestionamientos sobre Uribe en sus cargos de poder. Se trataba de las que presentó Iván Cepeda, para ese entonces representante a la Cámara, en las que por testimonios de Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve se involucraba al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano Santiago Uribe como cofundadores del Bloque Metro de las Autodefensas. Tras esas declaraciones la Fiscalía sindicó por concierto para delinquir a Luis Guillermo Villegas, Santiago Gallón y Santiago Uribe Vélez. Luego de esto, también por medio de Iván Cepeda se medió la entrega de Carlos Areiza, quien después en dos diligencias en la Corte Suprema relacionaría a políticos antioqueños con nexos con el paramilitarismo. En este caso, como el anterior, las versiones tuvieron un vuelco, pues en 2015 Areiza cambió lo dicho contando que había recibido presiones de Iván Cepeda y más $100 millones para que declarara en contra de los acusados. Luego desmintió los señalamientos contra Cepeda. La Corte investigaba la autenticidad de lo dicho. No obstante, también como el caso anterior, Areiza fue asesinado en abril de 2018 en Bello, Antioquia. Por otro lado, en 2012, Juan Guillermo Monsalve, quien había testificado en 2011 fue atacado con arma blanca, tras esto tuvo que ser trasladado a La Picota, sin embargo, poco después en su celda fue encontrada por Medicina Legal una sustancia altamente venenosa. Vale la pena mencionar que Juan Guillermo Monsalve tuvo relacionamiento con la familia del expresidente desde sus ocho años, pues su padre, Óscar Monsalve – quien luego fue llamado a declarar en el proceso contra Iván Cepeda-, trabajó desde 1986 en la finca Guacharacas, propiedad de los Uribe. Allí estuvieron hasta 1994. A finales de los 90 Juan Guillermo se une formalmente al Bloque Metro de las AUC. En diciembre de 2014 el proceso contra el expresidente pasó al despacho del exmagistrado Gustavo Malo -quien luego sería vinculado al Cartel de la Toga-. En 2015 ordenaron interceptar a Óscar Monsalve buscando pruebas de las presiones para declarar en contra de Cepeda. No obstante, y dando una nueva pista de las amenazas a las que se enfrenta este caso, en marzo de ese año se pierden las grabaciones del sistema de intercepciones, lo cual era un importante material probatorio contra Uribe, esto provoca que la Corte Suprema solicité vincular a una agencia de inteligencia británica. Terminando 2017 la Corte Suprema cierra proceso a favor de Cepeda y abre investigación preliminar contra Uribe por las masacres de San Roque, El Aro, La Granja y el asesinato de Jesús María Valle. Sobre estos hechos el organismo de justicia los declaró en 2018 como crímenes de lesa humanidad. Un proceso que no termina El 08 de octubre de 2019, más de diez años después de que comenzaron a conocerse los hechos que darían paso a la situación jurídica, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema vinculó formalmente a Uribe bajo investigación por fraude procesal y soborno. Con esto uno de los pasos que se dieron fue que a finales de julio de este año, la Fiscalía le imputó los mismos cargos por los que es investigado el exsenador Uribe Vélez a su abogado Diego Cadena, quien fue detenido y luego le fue impuesta la medida de casa por cárcel. Ante esto la defensa de cadena apeló, lo que generó que la decisión llegara a revisión ante el juez tercero, quien iniciando diciembre dejó en firme la determinación argumentando que lo establecido en primera instancia era adecuado, pues, además, Cadena podía ser un peligro para la sociedad y podría obstruir a la justicia. Hay que decir, que respecto a la investigación que se le ha adelantado a Cadena se encontró que el 18 de julio de 2017, Cadena fue a la cárcel de Palmira, sin previa cita, para hablar con el condenado exparamilitar Carlos Enrique Vélez. Allí le habría prometido el pago de 200 millones de pesos (de los cuales alcanzó a entregar 48 millones) con la condición que declarara en la CSJ contra Iván Cepeda. Situación similar ocurrió con Juan Guillermo Monsalve, a quien se halló también le ofrecieron beneficios económicos y jurídicos. Pues bien, con la agudización de las amenazas a los testigos y abogados, así como por la presión que desde el Gobierno Nacional y diversos sectores políticos se ha ejercido para beneficiar a ex presidente, desde la Plataforma se ha instado a que la Corte Penal Internacional reciba los testimonios, de forma escrita o verbal, para garantizar que estos puedan ser tenidos en cuenta y además, estén protegidos ante cualquier hecho victimizante contra los testigos. Imagen: Cortesía. Luego, el 3 de agosto, tras años de investigación, la CSJ ordenó la detención domiciliaria contra Uribe, dentro del proceso por soborno y fraude procesal. Poco después el expresidente renunció a la curul que tenía hasta ese momento en el Senado, lo produjo que la CSJ perdiera la competencia para seguir investigándolo y el caso quedara en manos de la Fiscalía, organismo bajo la dirección de Francisco Barbosa, quien designó en el caso al fiscal Gabriel Jaimes. No obstante, el 10 de octubre una juez ordenó la libertad de Uribe, un mes después la decisión fue ratificada, aclarándose que la indagatoria que había hecho la Corte contra Uribe sí podía equipararse a una imputación en el nuevo sistema –en la Fiscalía-. Desde ese momento comenzaron a correr los 120 días para que la Fiscalía defina si lo acusa o cierra la investigación. Es decir, dicha decisión se conocerá hasta el próximo año.

Por: Redacción Pares, con información de ONU. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó este martes el aumento de la violencia ejercida por parte de grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia, en contra de campesinos, indígenas y afrocolombianos, e instó a las autoridades de país a tomar acciones concretas para proteger a la población de manera eficaz. En lo que va de 2020, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha documentado 66 masacres, en las que 255 personas fueron asesinadas, en 18 departamentos del país. Además, la Oficina ha recibido información sobre el asesinato de 120 defensores de derechos humanos en lo que va de año. Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia también ha documentado 244 asesinatos de excombatientes de las FARC. La comunidad Nasa ha sido uno de los grupos indígenas más afectados, con 66 de sus integrantes reportados como asesinados en la región del Norte del Cauca en 2020. El incidente más reciente ocurrió el 5 de diciembre, cuando cinco personas -incluido un ex combatiente de las FARC en proceso de reintegración- fueron reportadas como asesinadas en el Norte del Cauca en dos hechos diferentes. Además, el mismo día, 24 líderes y autoridades del pueblo Nasa recibieron amenazas de muerte. «Los números que mencionamos son los que han sido reportados, pero tememos que sean mayores precisamente porque la pandemia de COVID-19 ha obstaculizado nuestros esfuerzos por documentar y verificar los asesinatos y masacres», informó Marta Hurtado, portavoz de Bachelet, ante periodistas en Ginebra. Violencia persistente «Es trágico ver a tantas personas ser víctimas de la violencia persistente a lo largo del país. Además de estos asesinatos, las víctimas incluyen, por supuesto, a los que se quedaron, quienes permanecen casi completamente indefensos», expresó la Alta Comisionada en un comunicado. Hurtado explicó que la peor situación se vive en las áreas difíciles de acceder donde hay una clara falta de presencia del Estado “en todo el sentido de la palabra”. “No hay seguridad, no hay policías, no hay servicios públicos, escuelas, salud, etc. Esa es una de las razones por las que pedimos al Gobierno que llegue a esas áreas. En esos lugares hay grupos criminales y armados, y otros como narcotraficantes que controlan el territorio, cuando debería ser el Estado el que lo tenga”, dijo. «Hago un llamado a las autoridades colombianas a tomar medidas más sólidas y mucho más efectivas para proteger a la población de esta horrenda violencia.Es deber del Estado estar presente en todo el país, implementando un amplio rango de políticas públicas integrales, no solo con medidas drásticas en contra de los responsables de la violencia, sino también brindando servicios básicos y salvaguardando los derechos fundamentales de la población», recalca la Alta Comisionada. No se puede normalizar la situación La Alta Comisionada también pidió a las autoridades que lleven a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas, imparciales, independientes y transparentes sobre todas las denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos, y a que defiendan los derechos de las víctimas a la justicia, a la compensación y a la reparación. Para tal fin, dijo, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación ha estado haciendo un buen trabajo, pero podría fortalecerse aún más para desmantelar las redes criminales. Michelle Bachelet también instó a las autoridades colombianas a brindar un entorno seguro para las personas de todos los sectores de la sociedad para que puedan participar en los asuntos públicos y culturales, libres de temor, intimidación o estigmatización. «Lamentablemente, después de décadas de conflicto armado, la violencia ha sido normalizada en Colombia, algo que nadie debería aceptar», dijo Bachelet.

Por: Línea de Conflicto, Paz y Postconflicto. Pares. La frontera entre Colombia y Venezuela tiene una extensión de 2.219 kilómetros, la de mayor longitud que tiene el país con un país vecino. Este territorio fronterizo que, además de caracterizarse por la porosidad que favorece la concentración de estructuras y actividades criminales, se ha convertido en el corredor por donde han ingresado a Colombia desde Venezuela por los puestos de control terrestre formales, entre 2012 y 2020, 2.705.403 personas, según cifras de Migración Colombia, y un número indeterminado de población que ha transitado por los pasos informales o trochas, pero que podría alcanzar el doble de migrantes. El presente documento da cuenta y analiza las dinámicas de seguridad y la situación de migración en esta zona de frontera para el año 2020, dando continuidad y adhiriendo nuevos elementos de análisis a la investigación adelantada y presentada por Pares sobre territorio fronterizo colombo-venezolano entre 2012 y 2019. Para esto, el siguiente informe se concentra en los municipios fronterizos de tres regiones binacionales de gran importancia en materia migratoria y de seguridad. En los veinticuatro (24) municipios fronterizos de Colombia ubicados en estas regiones , durante el 2020, han sido asesinadas 472 personas; 63 de nacionalidad venezolana; 24 han sido masacradas; 1.365 personas han sido desplazadas forzosamente y 13 han sido secuestradas. Del lado venezolano se desconocen cifras que permitan precisar en este mismo nivel de acercamiento cuantitativo la situación de derechos humanos del vecino país. No obstante, se ha contado para este informe con la participación de expertos académicos y fuentes primarias de territorio venezolano que han aportado a la caracterización y análisis de dichos temas. Esta investigación indica que la compleja situación en materia de derechos humanos en la frontera colombo-venezolana, especialmente en zona de frontera de Norte de Santander – Táchira obedece a una muy acelerada reconfiguración de las Estructuras Armadas Ilegales, así como de las economías criminales en las que estas participan. Las explicaciones son variadas. En primer lugar, el fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en frontera colombo-venezolana, que ha tenido como resultado el debilitamiento y casi desarticulación, de ‘Los Rastrojos’ y el Frente Fronteras del Ejército de Liberación Popular (EPL) o ‘Los Pelusos’ en área metropolitana de Cúcuta, Norte de Santander, donde ambos grupos armados ilegales contaron con un amplio accionar y control de los pasos fronterizos, la extorsión, el narcotráfico y otras actividades delictivas recurrentes en esta zona del departamento hasta inicios de 2020, luego de casi dos años de fuerte dominio. Descargue el informe completo aquí:

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado viernes, 11 de diciembre, desde Pares se informó que el 10 de diciembre la comunidad del corregimiento El Boquerón alertó que en el sector de la Y de la vereda Gualandayes, zona rural de San José del Guaviare, fueron encontrados los cuerpos de tres personas asesinadas. Según la información dada ese día en Marandua Noticias, dos de las tres víctimas fueron Heison Jair Gámez Ramírez, de 29 años y Yimer Alejandro Gámez, de 21 años. Por su parte, a través del Componente de FARC de Reincorporación del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR FARC) y del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), se logró establecer que una de las tres víctimas de la masacre que se registró en el municipio de San José del Guaviare es un firmante de la paz; Fernando Heredia Ruiz, más conocido como Tobías Méndez, quien adelantaba su proceso de reincorporación en el ETCR de Colinas, ubicado en San José del Guaviare, en donde también vive su compañera y su hijo. Con este hecho, siguiendo la información de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, eran 79 las masacres ocurridas en lo corrido del 2020, hechos en los que han sido 311 las personas asesinadas. Por su parte, con este hecho Indepaz llevaba un registro de 81 masacres desde enero hasta el 10 de diciembre de 2020. Dos masacres en un fin de semana Según lo analizado por Ariel Ávila para El Espectador, este año pinta un panorama que preocupa en muchos sectores sociales y políticos, pues el deterioro de seguridad ha provocado que el número de masacres sea similar a los años más violentos y de mayor expansión de las AUC; señaló el analista que, por ejemplo, en 1997 y 1998 fueron cometidas 111 masacres. Por otra parte, hay que nombrar que, a pesar de las restricciones de movilidad, el 2020 ha sido uno de los años más violentos, en el que el número de masacres en solo dos días incrementó a 83, según datos de Indepaz, escenario que sigue alertando, pues incluso sin acabarse el año todavía, ya son 48 hechos más en comparación con el 2019. Con esto, se debe señalar que entre el viernes y el domingo en Antioquia – el departamento donde más han ocurrido masacres este año – fueron cometidos dos hechos, en los cuales siete personas fueron asesinadas. El primero ocurrió en la vereda Bamba Arriba, ubicada 2 horas del casco urbano del municipio de El Bagre. Allí fueron asesinadas cuatro personas, de quienes todavía no se ha establecido e informado la identidad. No obstante, las autoridades locales han indicado que quienes fueron asesinados no serían habitantes de la zona y que los responsables serían Los Caparros. Dos días después, el domingo 13 de diciembre, siendo cerca de las 2:00 a.m. en zona urbana del corregimiento de Cuturú, ubicado a una hora y veinte minutos de Caucasia, fueron asesinadas tres personas, y cinco más fueron heridas – dos mujeres y tres hombres, cuyas heridas fueron en dos de ellos con arma de fuego y las otras tres con objetos contundentes-. Siguiendo la información dada por Indepaz, al sitio llegaron por el río Nechí cerca de 50 personas armadas, quienes ingresaron disparando indiscriminadamente contra la población. Según el Ejército, la Policía y organismos con presencia en la zona, los responsables serían integrantes del Clan del Golfo, grupo al margen de la ley que opera en la zona. Hay que señalar que la comunidad alertó que durante el hecho el cuerpo de una persona más fue arrojado al río, no obstante, las autoridades han reportado a la víctima como desaparecida, ya que no se ha logrado establecer lo ocurrido con esta persona. Holmes Trujillo y sus intentos por desviar la discusión Asimismo, vale la pena señalar que, una vez el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, viajó a la zona, su conclusión respecto fue que “el origen de esto hechos fue una confrontación entre el Clan del Golfo y Los Caparros por el control del negocio del narcotráfico, los cultivos de uso ilícito y las rentas ilegales”. Hay que decir que este discurso no es nuevo, que incluso se ha vuelto constante por parte de Holmes Trujillo, quien, inclusive con todos los indicadores de seguridad en una crítica situación, sigue insistiendo en que el eje de todo esto es el narcotráfico, lo que además le ha servido como discurso para avalar, por ejemplo, la aspersión aérea. Más aun, en un balance general presentado este 14 de diciembre, Holmes aseguró que la mayoría de las masacres tienen de “telón de fondo el narcotráfico” y que por eso se necesita “una cruzada contra el narcotráfico. (…) El enemigo de Colombia es el narcotráfico, no el glifosato”. Con esto, vale la pena mencionar dos cosas, por un lado, que como lo escribió Ariel Ávila hace algunos días para El Espectador, esta oleada de violencia, y el alarmante número de masacres no solo tiene que ver con el narcotráfico, sino que se tiene relación con otros factores, como el llamado empate técnico criminal: “En varias regiones hay disputas entre 4 o más grupos criminales, todos con una fortaleza similar. Nadie gana, se avanza un día y al otro se retrocede, tal situación lleva a una degradación de la violencia y a la utilización de las masacres para ganarse la lealtad de la población. Como no hay ganador a la vista se prevé un año más de disputa degradada”. Además, agregó en el artículo que otro elemento que tiene que ver es “la explosión de economías ilegales. Los precios están bastante altos y la renta criminal es un gran botín. Hay zonas del país donde el precio de pasta base de coca está cercano a los 3.000 pesos, hace un año la cifra estaba en 1.900 pesos. Sin embargo, lo más dramático se vive en la minería ilegal: la onza de oro pasó de valer 1.200 dólares hace unos meses y, actualmente, se paga a 1.850 dólares”. Con esto último, y en relación con lo sucedido este fin de semana en Antioquia, hay que nombrar que Los Caparros tienen asentamiento en Cuturú; pues en esta zona hay toda una dinámica de minería ilegal en el Río Nechí, por lo que el grupo se concentra en la zona a delinquir y a extorsionar. Adicional, no hay que perder de vista que El Bagre es el principal municipio con minería ilegal y legal en el Bajo Cauca. La investigadora regional de Pares en el Bajo Cauca, Ximena Sierra, explicó que: “El narcotráfico ya no es la renta principal de los grupos armados ilegales en el Bajo Cauca, lo que los sustenta es la minería ilegal. (…)Hace algunos meses por medio de unas entrevistas realizadas pude conocer que a algunos mineros les cobraban una cuota del 10% de lo que hacían diariamente, otros debían dar un millón de pesos diarios; si eso se multiplica por los 30 días del mes y por cada una de las dragas que funcionan en el Bajo Cauca deja ver y permite analizar que acá la disputa principal no es por el narcotráfico como lo dice Holmes Trujillo. Eso sin dejar de nombrar el incremento del precio que tuvo el oro, lo que también potencia en esta región la problemática”. Vale la pena resaltar que en este panorama se ha venido insistido en reiteradas ocasiones, tanto por organizaciones como Pares, así como por las comunidades y asociaciones locales, no obstante, parece que no está siendo tenido en cuenta mínimamente por el ministro, pues él sigue queriendo posicionar y centrar la discusión en el narcotráfico, que si bien es una problemática que atraviesa varios de los escenarios de violencia, no está siendo lo fundamental, y más aún, de serlo, en lo que continúa insistiendo el Gobierno es atacar a los eslabones más bajos de la cadena del narcotráfico: las y los cultivadores. Entonces, vale la pena cuestionarse, ¿de qué están sirviendo los consejos de seguridad, si a pesar de que se va hasta los territorios, con la posibilidad de analizar mejor los contextos, desde el Ministerio pareciera no atenderse todas las alertas hechas por la gente? A esto se suma que otra de las propuestas es llevar Fuerza Pública a Cuturú, donde ocurrió una de las masacres, sin embargo, como lo expuso Ximena Sierra: “no se tiene la estructura para poner una base que realmente pueda mitigar la problemática; ponen a unos 10, 20 policías, habiendo casi 50 hombres con armas largas. Además, anteriormente han militarizado pero solo por unos días, así que después se sigue delinquiendo normal”. La Guajira, otro punto de violencia el fin de semana Este lunes en la mañana se conoció que indígenas del Pueblo Wayúu en la comunidad de Alakat en el municipio de Maicao, La Guajira, fueron asesinados, luego que hombres armados llegaran hasta la zona y dispararan indiscriminadamente, mientras que se realizaba la exhumación de los restos de un familiar fallecido años atrás. Sobre este caso hay que señalar que no se ha logrado establecer la cantidad de víctimas, pues, por ejemplo, la ONIC informa que serían dos las personas asesinadas, pero, por otro lado, la Organización Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor ha reportado que las victimas mortales fueron un líder de la comunidad y tres integrantes de ésta misma, además, que en el hecho fueron varias las personas que quedaron heridas. Asimismo, desde la Organización Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor se denunció que “son reiterativos estos hechos atroces con fines de exterminio a los pueblos indígenas en sus territorios (…) sin que las autoridades y demás entes de control cumplan sus funciones. Exigimos al Gobierno Nacional, autoridades locales e internacionales, realizar acciones concentras”. Esta insistencia nombrada anteriormente ha sido trasversal en lo corrido del año y desde distintos territorios, pues la exigencia es que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa insten a acciones que sean contundentes, y realmente permitan atender la crítica situación de seguridad, pues si la discusión se sigue centrando en escenarios diferentes a los que denuncian las comunidades que viven en las regiones donde más violencia hay, va a ser muy difícil que las masacres y los asesinatos sistemáticos paren.

Por: Sergio Mesa y Sergio Saavedra. Pares. El investigador Sergio Mesa, de Corpades y Análisis Urbano, quien hace el seguimiento desde hace varios años al Bajo Cauca, denunció —en horas de la mañana de este lunes 14 de diciembre— un entramado oscuro que no solo hay detrás de la corrupción del ‘Clan Rodríguez’, referente al Hospital César Uribe Piedrahita, en el municipio antioqueño de Caucasia, sino de las extrañas circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo sin vida del médico-anestesiólogo Óscar Pastrana, quien durante los últimos meses había alertado por su vida por cuenta de una persecución en su contra, debido a las continuas denuncias que él había hecho sobre la gestión de este hospital. De acuerdo con Mesa, la investigación comenzó desde el mes de enero de 2019 de manera conjunta con Óscar Pastrana. Específicamente, sobre la corrupción adelantada por el ‘clan Rodríguez’ y el manejo del Hospital durante ocho (8) años, entre 2012 y marzo de 2020. De acuerdo con las denuncias, la estructura del Clan es de la siguiente manera: Los nombres de los líderes son Germán Hoyos (senador) y Mónica Raigoza (representante). Los miembros son Jairo Ruiz Tamayo (diputado) y Luis Carlos Hernández (concejal de Medellín). Por su parte, los aliados son Orlando José Rodríguez (exgerente del César Uribe), Gloria Virginia Rodríguez, Marcos Javier Madera (alcalde de Nechí), Félix Olmedo Arango (alcalde -encargado- de Caucasia), Mervin José Moya (Secretario de Salud de Caucasia), Emil Augusto Bermúdez, Carlos Alfonso Orrego (exgerente del Hospital de Yarumal y director del Hospital La Cruz – Puerto Berrío) y Óscar Luis Rodríguez (actual Secretario de Gobierno de Caucasia. Las denuncias Las denuncias que Sergio Mesa adelantó de la mano del médico Pastrana se hicieron, entre otras, en la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación -Provincial Yarumal y Regional- y la Contraloría General de Antioquia. Según expone mismo Mesa la avanzada contra el médico Pastrana fue a tres bandas: amenazas, acoso judicial y falta de trabajo. La presión ejercida por el ‘clan Rodríguez’, incluso, llevó a que el médico frenara sus constantes denuncias que retomó para 2020, con el activismo por la exigencia de garantías para el personal médico que atendía la pandemia del Covid-2019. Según Mesa, el ‘Clan Rodríguez’ continúa haciendo de las suyas a través de su poder e influencia en la Alcaldía del Caucasia, por medio del alcalde (e) Félix Olmedo Arango Correa, quien se desempeñó como Subdirector Científico del Hospital César Uribe Piedrahita entre 2014 y diciembre de 2019. El investigador elevó ante la opinión pública su preocupación por el riesgo que corre su vida. De hecho, a través de su cuenta de twitter precisó “Yo soy consciente que a mí me van a matar por denunciar la corrupción de la Alcaldía de Caucasia, donde recientemente el Concejo le aprobó al alcalde (e) Arango Correa un cheque en blanco para crear una empresa descentralizada y manejar todos los recursos de obras”. Esto se suma a la decena de denuncias que ha interpuesto en la Fiscalía. Mesa denuncia que existe un plan criminal para atentar contra su vida y que, incluso, la Fiscalía General de la Nación tiene conocimiento de ello. Una investigación que durante dos años ha incomodado los círculos más altos del ‘Clan Rodríguez’. Una estela de muerte rodea el trabajo investigativo y de denuncia en el municipio de Caucasia. De acuerdo con información de la Fundación Paz & Reconciliación, la relación entre el clan está consumada a través, por ejemplo, de nombramientos como la de uno de los miembros del Clan como Secretario de Gobierno de Caucasia, como un plan B ante una eventual vacancia en el cargo de alcalde (e). Pares decidió remitirse a la fuente principal: Sergio Mesa para ampliar la información alrededor de una serie de denuncias que hoy tienen en riesgo inminente al investigador del Bajo Cauca Antioqueño. Una telaraña de corrupción en Caucasia El alcalde (e) de Caucasia, Félix Olmedo Arango Correa, fue ungido por parte del ‘Clan Rodríguez’ para que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, lo designada mediante decreto como alcalde hasta que el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado se pronuncien de fondo sobre la vacancia en el cargo de alcalde de Caucasia. Lo que no se sabía del alcalde (e) es que se enriqueció durante el tiempo que fue Subdirector Científico y Financiero del Hospital de Caucasia, como quedó consignado en la investigación sobre la corrupción que rodea al alcalde. Asimismo, el investigador logró demostrar en otra investigación cómo el actual alcalde (e), siendo Subdirector Científico, cometió los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica de documento público, certificando que el entonces candidato -elegido alcalde- Leiderman Ortiz Berrío no había tenido contratos con el Hospital, induciendo a error al Consejo Nacional Electoral -CNE- que estudiaba un recurso de revocatoria del aval entregado por el Partido de la U. La última jugada del ‘Clan Rodríguez’ fue hacer nombrar como Secretario General y de Gobierno al médico Óscar Luis Rodríguez Álvarez (ver), cambiando el Manual de Funciones y acomodando el perfil del médico, con lo cual garantizarían que ante una eventual captura del alcalde (e) por las denuncias que reposan en la Fiscalía -Unidad de Delitos contra la Administración Pública-, sea el secretario quien asuma como alcalde y sea ratificado en encargo por el gobernador. El ‘Clan Rodríguez’ no ha actuado solo en sus componendas políticas y estrategias de violación del estatuto de contratación -Ley 80 de 1993. Desde el mes de junio el alcalde (e) Arango Correa cuenta con una nómina de asesores que no tienen ningún vínculo contractual con el municipio, sino que actúan en la sombra, como son los exalcalde de Puerto Nare: Diana Carolina Duque Cano (2016-2019) y su jefe político Juan David Londoño García (2012-2015), quienes llegaron con la estrategia para manejar los contratos de obra pública y programas de alimentación escolar: contratar con la Asociación de Municipios del Magdalena Medio -AMMA- a través de convenios interadministrativos que eran subcontratados con contratistas procedentes de Puerto Nare, como es el caso de Alcibíades Duarte Vargas, conocido como el ‘zar del PAE’, quien se encuentra investigado por la Contraloría General de la República por el mal manejo del programa de alimentación en Puerto Nare, lo cual no fue ningún impedimento para que manejara el de Caucasia (ver 1) y (ver 2). El ‘Clan Rodríguez” ha actuado con total complicidad de los órganos de control, entre ellos de la Contraloría General de Antioquia, en donde tuvieron como contralor amigo a Sergio Zuluaga Peña, capturado por concierto para delinquir en 2019, y la Procuraduría Provincial de Yarumal, encargada de vigilar la alcaldía de Caucasia, en donde está nombrado como procurador una ficha del senador Germán Hoyos, el abogado Luis Fernando Restrepo Gómez, conocido con la chapa de Lentejas, quien fue alcalde de Yolombó y candidato por el Partido de la U en las elecciones de 2019. Así las cosas, en Caucasia no solo el crimen deambula libremente, sino también la corrupción, ante la mirada impávida de los órganos de control y del gobernador Aníbal Gaviria. ¡Estamos hechos!

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. El pasado 30 de Noviembre arrancó la negociación del salario mínimo para el 2021. Mientras las centrales obreras proponen un salario mínimo de un millón de pesos más $120 mil de auxilio de transporte, además de que el gobierno nacional (por causas del Covid 19) asuma las nóminas de las micro, pequeñas y medianas empresas, renta básica para los compatriotas de pocos ingresos y derogar el decreto 1174 que da cuenta de “el piso de protección social”. Los gremios de la producción unificaron su propuesta de un 2% de aumento ($17.560), de tal forma que quedaría en $895.363 en salario así como el mismo 2% en auxilio de transporte. El debate se retomará en una nueva sesión el próximo 14 de Diciembre, donde la tripartita (trabajadores, empresarios y gobierno) se convertirá en tan solo dos bloques; por un lado los voceros de las y los trabajadores y de la otra orilla encontraremos a adinerados y gobierno, que entre otras cosas son los mismos. Y es que cada fin de año, a mediados de diciembre se hace por unos días noticia las necesidades de los unos y la tacañería de los otros. Es tan productiva esta “supuesta negociación” como la “conversación” de Duque con los sectores sociales posterior a Noviembre 21 de 2019, cuando un grueso número del pueblo colombiano salió a las calles a decir al gobierno que está cansado de sus mafias, su apuesta a la muerte, asesinato de líderes y lideresas sociales y de derechos humanos, su atentado al medio ambiente así como exigir pactar sobre los problemas estructurales del país. A veces me pregunto si asistir las centrales obreras a ese circo de “anual concertación”, es convalidar el engaño y el desprecio de parte de los industriales y empresarios frente a quienes les hacen crecer su plusvalía. Llenar sus bolsillos, al igual que posibilitar que sus familias salgan de la nación a usufructuar de las ganancias generadas con el apoyo de los préstamos a bajo interés, de los dineros de los colombianos. Mientras tanto, equivocados, están creyendo que los jóvenes están pendientes de esa mentira; la realidad es que se preparan para en el 2021 volver a las calles a conquistar su futuro, quizás la forma de negociar el salario mínimo desde el 2022 pueda ser diferente.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. La primera vez que escuché sobre Francisco Trujillo fue cuando llegó a mis manos, en 1982, un ejemplar del “Diccionario Sociopolítico elemental” y al año siguiente otro libro de Francisco en coautoría con María Tila Uribe “Desde Adentro”. El primer libro lo escribió estando en la cárcel, el segundo lo escribieron en libertad y en él narran los años pasados en reclusión, junto a su hijo Mauricio Trujillo Uribe, es la memoria de las penurias vividas y la dignidad de enfrentar las dificultades con la certeza de que siempre apostaron por el cambio y la dignidad humana. El año 1986 tuve la fortuna de conocer a Francisco, a Tila, a Pilar, una de sus hijas, ellos estaban liderando un espacio de acompañamiento a los trabajadores, el Centro de Estudios del Trabajo -CESTRA- y yo estaba vinculado al Instituto Nacional Sindical, el INS, una escuela conformada por organizaciones sindicales y que sigue existiendo. En esos años compartimos diálogos e iniciativas para fortalecer los procesos de formación de la naciente Central Unitaria de Trabajadores, fundada en 1987. En esos años lo vi de cuando en cuando y coincidimos en un interés del cual Francisco fue precursor en Colombia: la salud del trabajador. Esta semana Francisco ha partido de este mundo a la edad de 96 años. Una partida tranquila y en compañía de su familia; pero nos deja una vida de luchas, compromiso, firmeza en sus convicciones, lealtad a una idea que lo acompañó toda la vida: Colombia debía cambiar para ser una sociedad justa, de equidad, democrática, donde todas las personas, todas las comunidades, tuvieran espacio para desarrollar sus capacidades, ejercer sus derechos, sin exclusiones ni violencias, como ha sido nuestra tradición. Francisco vivió de manera intensa todo el siglo XX que le correspondió, fue protagonista y pionero en el tema de la salud en el trabajo, allí deja una huella que ha pretendido ser borrada, pero la historia está ahí y debe ser conocida y reivindicada; tarea que nos corresponde a las varias generaciones que aprendimos y tuvimos la oportunidad de escucharle y trabajar con él. Fotografías: Cortesía. Francisco tuvo vocación por la acción colectiva, por acompañar y participar de las luchas de los trabajadores, por las apuestas políticas por fuera del bipartidismo. Allí tiene un lugar destacado su participación junto a Camilo Torres Restrepo, en el Frente Unido del cual fue dirigente de primera línea, con toda la energía y compromiso que le caracterizó. Ante la partida de Francisco, siento alegría por haberlo tenido presente en nuestras vidas, a los miles de miles que fuimos escuchas en sus magistrales presentaciones, llenas de pasión, erudición, compromiso y sencillez, nos dejas ejemplo y referente de consistencia, pasión por la vida y por el cambio. Pilar Trujillo Uribe, en vida de Francisco, nos compartió este perfil biográfico que muestra esa vida de búsquedas, compromiso y firmes convicciones. (Descargue aquí la biografía) A Tila, Pilar, Esperanza, Mauricio y Francisco, un abrazo y gratitud por todo lo compartido, a Francisco lo llevamos en el corazón.

Por: Sergio Saavedra y Laura Cano. Periodistas Pares. Este viernes, Pares pudo establecer a través del Componente de FARC de Reincorporación del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR FARC) y del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que una de las tres víctimas de la masacre que se registró en el municipio de San José del Guaviare es un firmante de la paz. Fernando Heredia Ruiz o más conocido como Tobías Méndez, quien adelantaba su proceso de reincorporación en el ETCR de Colinas, ubicado en San José del Guaviare, en donde también vive su compañera y su hijo. Cada semana asesinan a un/a firmante de la paz en Colombia A 246 firmantes de paz ascienden los asesinatos de personas en proceso de reincorporación, después de la firma del acuerdo en el Teatro Colón. Asimismo, según las investigaciones de Pares, durante el 2020 —a pesar de la pandemia del Covid19— han sido asesinados 63 firmantes de la paz. En el Guaviare, con el asesinato de Fernando Heredia, han sido asesinadas siete (7) personas en proceso de reincorporación, (3) de ellas durante el 2020, las tres entre el 27 de junio y el 10 de diciembre. En menos de seis meses han asesinado a cerca de la mitad de los hechos ocurridos en cuatro años. De hecho, los siete (7) asesinatos han ocurrido entre el 31 de diciembre de 2018 y el 10 de diciembre del presente año. Hecho que demuestra, entre otras cosas, la mayoría de los asesinatos han ocurrido en el gobierno Duque. En un poco más de dos años, se han perpetrado cerca del 70% de los asesinatos, pues de los 246; 168 han ocurrido en la era Duque. De esta forma, Pares hace un llamado al Gobierno Nacional, organizaciones de DDHH y comunidad internacional para que atienda el recrudecimiento de la violencia que se está presentando en el municipio de San José del Guaviare, en donde has sido asesinadas estas siete (7) personas. La masacre San José del Guaviare El pasado 10 de diciembre la comunidad en el corregimiento El Boqueron alertó que en el sector de la Y de la vereda Gualandayes, zona rural de San José del Guaviare, fueron encontrados los cuerpos de tres personas asesinadas. En la zona también fue encontrada una camioneta, en la que al parecer las víctimas se movilizaban. Hay que señalar que esta vía, que es paralela al río Guaviare, comunica a la zona urbana de la capital guaviarense con el espacio territorial de Charras, donde permanecen algunos/as firmantes de paz. Asimismo, luego que se conociera se informó desde el comando de Policía local que una comisión judicial había sido enviada, la cual en la mañana de este viernes informó que los cuerpos fueron trasladados a la sede de Medicina Legal ubicada en Villavicencio. Este hecho, siguiendo la información de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, fue la primera masacre cometida en esta zona del país, además con este caso ya son 79 las masacres ocurridas en lo corrido del 2020, hechos en los que han sido 311 las personas asesinadas. Por otro lado, las otras victimas —de acuerdo con la información que se ha podido establecer y a falta de la confirmación de Medicina Legal—; son Heison Jair Gamez Ramírez, de 29 años y Yimer Alejandro Gámez, 21 años (sobrino), Información de Marandua Noticias. Situación de riesgo en el Guaviare Frente a la presencia de grupos armados en el departamento de Guaviare, según las investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación- Pares, se encuentra el grupo paramilitar de las Autodefensas Armadas de Colombia (AGC) hace presencia en tres municipios: Calamar, El Retorno y San José del Guaviare. Por su parte, los Grupos Armados PostFARC (GAPF) hacen presencia en Calamar, El Retorno y Miraflores. Por otra parte, de acuerdo con las investigaciones de PARES, la victimización en contra de líderes y lideresas en el departamento del Guaviare se ha enfocado en perfiles como: liderazgos campesinos, liderazgos comunales, presidentes o miembros de Juntas de Acción Comunal. Tras la firma del acuerdo, en noviembre de 2016, han sido asesinados cuatro (4) líderes y lideresas en Guaviare. El 70% de los hechos en el municipio de San José del Guaviare. San José del Guaviare recrudecido por la frontera El municipio de San José del Guaviare ha estado mayormente victimizado por cuenta de que geográficamente colina con el departamento del Meta. Este ha sido fuertemente victimizado. De hecho, de acuerdo con cifras Pares, después del Acuerdo de Paz, se han registrado el asesinato de 16 líderes y lideresas, tres (3) de ellos durante 2020. Asimismo, uno de los municipios con más casos es La Macarena que, justamente, limita al oriente con el departamento del Guaviare. Frente al asesinato de firmantes de la paz, el departamento del Meta es el más victimizado en 2020; pues han sido asesinadas nueve (9) personas en proceso de reincorporación. Ahora bien, en Meta han sido asesinadas 20 personas en los cuatro años del acuerdo y en 2020, ocurrieron casi la mitad de estos hechos. En este sentido, la presencia de grupos armados en Meta —según datos Pares— se presenta de la siguiente manera: los GAPF hacen presencia en nueve (9) municipios. El Frente Tercero en Vista Hermosa, Uribe, Mesetas y La Macarena, mismos municipios en los que hace presencia el Frente Tercero. El Frente Primero hace presencia en Mapiripán. Por otra parte, las AGC se disputan el territorio en 10 municipios del Meta. Acacías, Granada, La Macarena, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Martín de los Llanos, Uribe y Vista Hermosa; son los municipios en donde la presencia paramilitar recrudece la violencia. Conflictividad en alza por cuenta de la erradicación forzada Durante 2020, la región conocida como el Guayabero, entre los departamentos del Meta y Guaviare, ha sido el epicentro de una basta victimización por cuenta de otro grupo armado. En este caso, uno legal. El Ejército Nacional, bebido a la insistencia del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo; quien ha desplegado su estrategia de erradicación forzada. Hechos que han violado los Derechos Humanos en los territorios por parte de la Fuerza Armada. Cerca de 2.000 campesinos continúan insistiéndole al Gobierno Nacional para que cumpla con el Plan Nacional Integral de Sustitución de Uso Ilícito (PNIS). Sin embargo, lejos de una presencia integral por parte del Gobierno Nacional, lo que ha hecho presencia en el territorio son tropas del ejército, policía antinarcóticos y integrantes del ESMAD y sobrevuelos de helicópteros del Batallón número 1 FUDRA, adscrito al batallón de la Macarena. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.»

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Llegó la época del año donde la discusión acerca de lo que será el salario mínimo para el próximo año comienza a estar en la agenda de muchos sectores y de la gente, y aunque anualmente se puede prever ciertos escenarios, este año está marcado por varios contextos, pues la pandemia ha traído consigo consecuencias específicas en cuanto a lo laboral, consecuencias que afectarían lo que se decida para el próximo año. Dichas consecuencias están relacionadas con la crisis económica que desató la pandemia y las medidas de restrictivas de movilidad, pues muchas personas tuvieron que dejar de asistir a sus sitios de trabajo para proteger su salud y la de sus familias, lo que generó que muchas empresas tuvieran que suspender sus actividades, pues también estos por decretó no podían continuar. Lo anterior fue generando que muchas familias vieran gravemente afectados sus ingresos, y que muchas empresas cerraran con el pasar de los meses. Sin dejar, de nombrar que en todo esto otro de los sectores con críticos impactos fueron las y los trabajadores informales, quienes en marzo también tuvieron que dejar de salir, significando para muchos/as dejar de recibir lo del diario. Con esto hay que señalar que a octubre el DANE informó que “la tasa de desempleo fue 14,7%, lo que significó un aumento de 4,9 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (9,8%). La tasa global de participación se ubicó en 62,3%, lo que representó una reducción de 1,8 puntos porcentuales frente a octubre del 2019 (64,1%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 53,2%, presentando una disminución de 4,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (57,8%)”. Por otro lado, siguiendo la información entregada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), entre enero y agosto se liquidaron 37.000 empresas, lo que representó un incremento del 63% frente al mismo período del año anterior. De esta cifra, el 99% eran mipymes, el 95% personas naturales y el 5% personas jurídicas. Todo esto ha venido trayendo otras consecuencias, todas relacionadas con la poca solvencia de miles de familias, muchas de ellas mayormente vulnerables, pues muchas de estas no han podido tener acceso a vivienda digna durante la pandemia, otras no han podido garantizar los mínimos alimenticios, además, varias de estas tuvieron que suspender estudios, así como servicios a los que venían accediendo. Este panorama ha sido constante, incluso durante los primeros meses de cuarentena se convirtió en parte del paisaje los trapos rojos en muchas ciudades y municipios de país, los cuales eran muestra que en muchas familias el hambre era la mayor prioridad que no estaba siendo atendida, incluso cuando salieron millones en recursos destinados a apoyos y mercados, que finalmente parte de estos terminaron en la dinámica de la corrupción. El DANE informó que, entre enero y octubre de 2020, el 63,8% de los colombianos no ganaba más de un salario mínimo y el 48,6% tiene ingresos inferiores al mínimo. Adicionalmente, según datos de la CEPAL, entre 2000 y 2018 el salario mínimo en Colombia ha tenido un crecimiento acumulado en términos reales de 23,76%, uno de los que menos ha aumentado en el conjunto de América Latina.Imagen: Pares. Pues bien, esto es parte del contexto que acompaña el panorama laboral y social, pues hoy la discusión sobre el salario mínimo está atravesada por la necesidad de la reactivación económica, pero también por poder garantizar que cada trabajador y trabajadora pueda vivir de forma digna, y que pueda solventar sus gastos, factor que tiene estrecha relación con la nombrada reactivación económica, pues si no hay capacidad adquisitiva por más esfuerzos que se hagan será muy difícil lograr dicha estabilidad. ¿Qué hay ahora? La discusión que ahora se suma a todo esto es la propuesta hecha por el uribismo, quienes desde el partido Centro Democrático, e inicialmente impulsada por Álvaro Uribe Vélez, ya ha tenido avances, pues el pasado viernes 04 de diciembre la plenaria del Senado aprobó el proyecto, y ahora le espera dos debates más en la Cámara de Representantes. El proyecto se trata de reducir las 48 horas semanales a 40, las cuales podrán ser distribuidas en 5 o 6 días, según acuerdo entre empleadores y trabajadores, manteniendo el día de descanso, y habiendo un tope de máximo de horas trabajadas diarias de nueve (9) horas. En labores insalubres o peligrosas, el Gobierno puede ordenar la reducción mayor de la jornada laboral. Agrega el documento que el “empleador y trabajador pueden acordar -temporal y permanentemente- la organización de turnos de trabajo sucesivos, siempre y cuando no exceda de 6 horas al día y 35 a la semana. En estos casos no se pagarán recargos nocturnos, in dominicales o festivos, pero sí se reconocerá el salario de una jornada ordinaria”. La poca solvencia de miles de familias, muchas de ellas mayormente vulnerables, pues muchas de estas no han podido tener acceso a vivienda digna durante la pandemia, otras no han podido garantizar los mínimos alimenticios, además, varias de estas tuvieron que suspender estudios, así como servicios a los que venían accediendo. Imagen: Pares. Por otra parte, se señala que las y los adolescente autorizados para trabajar también se verán impactados con el proyecto, pues quienes estén entre los 15 y 17 años tendrían jornadas de máximo 6 horas diarias y 30 semanales, y su horario no podrá ir más allá de las 6 p.m. Y, más precisamente, quienes tengan 17 años, tendrían tiempos máximos de trabajo de 8 horas diarias y 40 a la semana, y solo podrían hacerlo hasta las 8 p.m. En este sentido, de ser aprobado el proyecto este sería implementado de forma escalonada; en el primer año las jornadas bajarían a 45 horas; a partir del segundo año, bajarán a 42 y a partir del tercero, serán de 40. Llama la atención que, aunque se establece que el proyecto no tendría ninguna consecuencia con los salarios de las y los trabajadores, la motivación del proyecto, más allá de permitir darle más tiempo a los empleados/as, es, como lo aseveró el expresidente, el “aumento de productividad por horas y ser menos permisivos en materia de ausentismo e incapacidades” con las y los trabajadores. Adicionalmente, hay que mencionar que la propuesta, a pesar de ser aceptada en el Senado ha tenido múltiples rechazos, por eso, por eso Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, señaló que algunos de los problemas son que “siempre que se habla de automatización y robotización, etc. Pero no siempre se plantea centralmente la necesidad de derivar la reducción de tiempos de disponibilidad del trabajador y por mejorar la distribución de las decisiones de la soberanía de la asignación de tiempos de trabajo/ vida personal (…) Los efectos en materia de empleabilidad deben evaluarse en el marco de los estándares de productividad más allá de la productividad”. En lo que va la discusión del salario mínimo Hay que señalar que tradicionalmente el salario mínimo se fija por criterios de inflación y productividad, pero más allá de eso, se debería establecer partiendo que más allá de un costo de producción, como lo exponen algunos/as empresarios, el salario mínimo representa el poder o no solventar necesidades básicas, en la mayoría de los casos, de todo un núcleo familiar, además, y a propósito de la discusión sobre la reapertura, también significa la posibilidad de que las familias tengan posibilidad de consumo, pues solo esto y la garantía de la entrega del mínimo vital permitirían esta dinámica. “Para la reactivación es clave la recuperación de la demanda recuperando la capacidad adquisitiva de los trabajadores fuertemente deteriorada en la crisis económica sanitaria”, agregó Jaramillo. Pues bien, siguiendo esto hay que señalar que la Andi, Asobancaria, Fenalco, Acopi y la SAC, propusieron un aumento del 2 % tanto en el salario mínimo -que actualmente está en $877.803-, así como en el auxilio de transporte – $102.853- . Es decir, de acogerse esta propuesta el salario mínimo para el próximo quedaría en cerca de $1.000.547. Mientras que desde las centrales obreras se instó a que el salario básico para los trabajadores sea de 1 millón de pesos – un incremento del 13,9% -, más $120.000 de auxilio de transporte, lo que significa un salario mínimo total mensual para el 2021 de cerca de $1.200.000. Asimismo, se promovió que el Gobierno Nacional asuma las nóminas de las micro, pequeñas y medianas empresas, que brinde una renta básica para las familias más vulnerables y que se derogue el Decreto 1174, que contempla el Piso de Protección Social. Con esto, hay que resaltar que el DANE informó que, entre enero y octubre de 2020, el 63,8% de los colombianos no ganaba más de un salario mínimo y el 48,6% tiene ingresos inferiores al mínimo. Adicionalmente, según datos de la CEPAL, entre 2000 y 2018 el salario mínimo en Colombia ha tenido un crecimiento acumulado en términos reales de 23,76%, uno de los que menos ha aumentado en el conjunto de América Latina. “La totalidad de derechos laborales fueron reorientados para afrontar la crisis económica y sanitaria afectando la capacidad de consumo y los denominados costos ‘no salariales’. Como parte de la necesidad de recuperar la demanda agregada, un aumento mesurado consecuencia de la incertidumbre y una renegociación en función del balance del primer semestre 2021 puede ser un escenario para considerar. (…) el incremento del salario mínimo debe adscribirse a los criterios de constitucionalidad (mínimo, vital y móvil) previstos en el artículo 53 de la Constitución Política en un contexto de pisos legales de difícil mejora en la negociación colectiva multinivel, que explica la fuerte incidencia del piso legal en el sistema de relaciones laborales en Colombia”, concluyen Diana Londoño, Iván Daniel Jaramillo y Paul Rodríguez, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, y Andrés García-Suaza, de la Universidad EIA de Medellín, autores del informe «Panorama de la negociación del salario mínimo para 2021».

Por: Redacción Pares con Información de Naciones Unidas. El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Está disponible en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo. Reconstruir para mejorar Este año, el tema del Día de los Derechos Humanos está relacionado con la pandemia de COVID-19 y se centra en la necesidad de reconstruir para mejorar, asegurándose de que los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de recuperación. Solo alcanzaremos nuestros objetivos comunes en todo el mundo si somos capaces de crear igualdad de oportunidades para todos, abordar los fracasos que la pandemia ha dejado en evidencia y aplicar las normas de derechos humanos para hacer frente a las desigualdades, la exclusión y la discriminación arraigadas, sistemáticas e intergeneracionales. El 10 de diciembre es una oportunidad para reafirmar la importancia de los derechos humanos para construir de nuevo el mundo que queremos, la necesidad de solidaridad mundial y la interconexión y humanidad que compartimos como seres humanos. Derechos humanos y pandemia por COVID-19 En el marco del llamamiento general a la acción de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos «Defienda los derechos humanos», nuestro objetivo es que participen el público en general, nuestros socios y el sistema de las Naciones Unidas para impulsar la acción transformadora y mostrar ejemplos prácticos e inspiradores que puedan contribuir a la recuperación y al fomento de sociedades más resilientes y justas. La crisis del COVID-19 se ha visto alimentada por el agravamiento de la pobreza, el aumento de las desigualdades, la discriminación estructural y arraigada y otras brechas en la protección de los derechos humanos. Solo las medidas para cerrar estas brechas y promover los derechos humanos pueden garantizar una plena recuperación y la reconstrucción de un mundo mejor, más resiliente, justo y sostenible. Erradicación de cualquier tipo de discriminación: la crisis del COVID-19 se ha visto alimentada por la discriminación estructural y el racismo. La igualdad y la no discriminación son requisitos básicos para el mundo después del COVID. Actuación frente a las desigualdades: para recuperarnos de la crisis, también debemos afrontar la pandemia de la desigualdad. Para ello, necesitamos fomentar y proteger los derechos económicos, sociales y culturales. Necesitamos un nuevo compromiso social para una nueva era. Impulsar la participación y solidaridad: todos estamos juntos en esto. Desde las personas hasta los gobiernos, desde la sociedad civil y las comunidades de base hasta el sector privado, todo el mundo tiene una función que desempeñar en la construcción de un mundo después de la pandemia de COVID que sea mejor para las generaciones presentes y futuras. Tenemos que asegurarnos de que las voces de los más afectados y vulnerables informen de las actividades de recuperación. Impulsar el desarrollo sostenible: necesitamos el desarrollo sostenible para las personas y para el planeta. Los derechos humanos, la Agenda 2030 y el Acuerdo de París son los pilares de una recuperación que no deja a nadie atrás.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El 28 de noviembre de 2018 comenzó el funcionamiento de la Comisión de la Verdad, la cual tendrá un periodo de tres años, es decir, hasta el 2021, año en el que se espera sea entregado un informe que aporte al esclarecimiento de lo ocurrido en el más de medio siglo de conflicto armado, el cual quiere ser construido a través de la información y testimonios recogidos en este tiempo No obstante, la Comisión ha tenido que sortear con las negativas del Gobierno Nacional, que en reiteradas ocasiones ha instado a que se modifiquen los organismos que fueron creados tras la firma del Acuerdo de Paz, que, como la Comisión de la Verdad, nacieron buscando que haya procesos que dignifiquen a las víctimas y aporten a la verdad, reparación y no repetición. Justo haciendo un balance de lo que han sido esto dos años de trabajo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citó a una audiencia el 8 de diciembre en la que además del comisionado de la verdad, Alejandro Valencia y el presidente de la entidad, Francisco de Roux, también fue citado a algún delegado/a del Gobierno Nacional, voceros que no llegaron a la reunión. «Lamento profundamente la ausencia del Estado en esta audiencia, porque para la Comisión las audiencias constituyen precisamente este espacio para poder escuchar las posiciones, hoy hubiese sido una oportunidad para escuchar al estado colombiano. (…) Lamento profundamente la ausencia del Estado en esta audiencia, porque para la Comisión las audiencias constituyen precisamente este espacio para poder escuchar las posiciones, hoy hubiese sido una oportunidad para escuchar al estado colombiano», aseveró la comisionada de la CIDH, Esmeralda Arosemena. Además, ante esta ausencia también se pronunció el presidente de la Comisión de la Verdad, quien, a partir de esto también hizo otras alertas sobre el papel del Gobierno a respecto al trabajo del organismo: “la ausencia del Gobierno colombiano en esta reunión, para mí, es poner en evidencia la verdad política que nosotros estamos viviendo en el país”. Las piedras en el camino del trabajo de la Comisión de la Verdad Con lo que ha costado en el país construir relatos y llegar a conocer verdades diversas, en un país donde el negacionismo parece ser la batuta de la historia oficial, trabajar y defender los organismo del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación contemplados en el Acuerdo no es tarea menor, pues éstos justo, han tenido que enfrentarse a unas dinámicas de violencia que continúan, y que además en el ámbito político han tenido que afrontar las negativas a implementar lo pactado en la Habana y en ese mismo sentido a respetar el trabajo de las entidades nacientes luego. En relación con esto no es un hecho aparte que durante el mismo año que inició el funcionamiento de la Comisión, el representante a la Cámara del Centro Democrático Óscar Darío Pérez presentara el proyecto de Acto Legislativo 087, con el que buscaba prohibirle a la Comisión de la Verdad, a la JEP y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, acceder a “archivos de carácter reservado y de altísima sensibilidad o expedientes de carácter reservado”. La Comisión de la Verdad ha tenido que sortear con las negativas del Gobierno Nacional, que en reiteradas ocasiones ha instado a que se modifiquen los organismos que fueron creados tras la firma del Acuerdo de Paz, que, como la Comisión de la Verdad, nacieron buscando que haya procesos que dignifiquen a las víctimas y aporten a la verdad, reparación y no repetición.. Fotografía: Pares. Esto en su momento alertó a varios sectores, pues se advirtió que la iniciativa iba en contra de la esencia del trabajo y de los objetivos de estos organismos, por lo que finalmente, en octubre de dicho año, el congresista decidió retirar el proyecto, pues argumentó que reconoció que para la redacción de su propuesta se había basado en una noticia falsa. Sin embargo, esta no fue la única interferencia al quehacer de la Comisión. Pues, aunque el proyecto no avanzó de otras formas se ha deslegitimado la función del organismo, y, asimismo, se ha puesto trabas para el acceso de la información, punto esencial para la construcción del informe que está a meses de ser entregado. “La Comisión de la Verdad ha sufrido estigmatización y sus miembros han sido señalados, lo cual pone en riesgo la actividad de las y los comisionados y de todo el equipo de trabajo de la entidad”, reseñó Alejandro Valencia. Siguiendo esto, hay que señalar que en la audiencia realizada el pasado martes el comisionado Alejandro Valencia y el presidente de la entidad, Francisco de Roux, alertaron frente al organismo internacional que varias instituciones no han cumplido y no han demostrado voluntad de aportar a la verdad. Desde la Comisión de la Verdad se resaltó que desde algunas instituciones estatales hay una “falta de respuestas, requerimientos adicionales imposibles de cumplir en lo que resta de existencia de la Comisión de la Verdad, o respuestas negativas a comunicaciones oficiales enviadas en las que se solicita el acceso y copia de documentos identificados como relevantes para el proceso de esclarecimiento”. Estas entidades más precisamente son: el Ministerio de Justicia, Medicina Legal, el Inpec, la Unidad de Información de Análisis Financiero (UIAF), el ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Por una parte, sobre el papel específico de la Fuerza Pública se puso en conocimiento que, por ejemplo, la Armada Nacional les ha negado el acceso a los inventarios documentales a cargo de la jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia argumentando que se trata de documentos amparados por reserva legal. Por otro lado, se enfatizó en que “ante solicitudes a la Fuerza Pública sobre documentos específicos oficiales sobre determinada masacre, o sobre una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se ha dado respuesta con informes de contexto construidos a partir de información provenientes de fuentes abiertas, como prensa, Internet o libros académicos”. Siguiendo lo anterior, se señaló que incluso respecto a las interceptaciones ilegales por parte del Ministerio de Defensa se ha indicado que para acceder a dicha información la Comisión debe dirigirse a otra autoridad. Asimismo, se aseveró que las Fuerzas Militares han tenido importante interferencia con lo denunciado, pues, por ejemplo, sus respuestas han estado guiadas en decir que no había información disponible acerca del tema. Y llamó la atención que algunas entidades han respondido que la información solicitada no existe y/o que ha sido destruida o incinerada. Lo anterior específicamente fue lo que ocurrió cuando se intentó reconstruir lo que pasó en cuatro masacres ocurridas en el Magdalena Medio entre 1987 y 1999 y la masacre de Tacueyó en el Cauca. “Hemos tenido mayores dificultades con las Fuerzas Militares, y se genera mayor resistencia cuando indagamos sobre hechos puntuales, sensibles, sobre los cuales hay denuncias que implican a la fuerza pública, como son algunos casos de masacres. No sucede lo mismo cuando la información solicitada es más genérica”, dijo Valencia. Las peticiones de la Comisión de la Verdad al CIDH Tras las denuncias hechas por la Comisión de la Verdad ante la CIDH, y tras la ausencia del Gobierno Nacional en la audiencia, el organismo hizo cinco urgentes llamados a la CIDH para que se proteja el trabajo de la Comisión y además se den garantías y se inste a que en los meses restantes de funcionamiento de la Comisión se logre evitar que se siga alterando el funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Estas fueron las peticiones: Que la CIDH reconozca la labor e importancia que tiene el trabajo de la Comisión de la Verdad frente a los derechos de las víctimas del conflicto. Que la CIDH, en su informe anual, en el capítulo relativo al seguimiento a Colombia presente un balance a la situación expuesta durante la audiencia virtual. Que la CIDH requiera al Estado colombiano para que presente, antes de marzo de 2021, un informe detallado sobre el estado de las peticiones elevadas por la Comisión de la Verdad relacionadas con el acceso a información y, en cualquier caso, presentar la justificación para la negativa de entrega de esta. Que la CIDH requiera al Estado colombiano para que se garantice la colaboración armónica con los mandatos y funciones de la Comisión de la Verdad, en los términos del Decreto Ley 588 de 2017. Que la CIDH exhorte al Estado colombiano para que se abstenga de presentar iniciativas legislativas que busquen reformar los órganos del SIVJRNR en contravía de los estándares internacionales y los derechos de las víctimas. Ante un panorama en el que, a pesar de las trabas y el entorpecimiento instado principalmente por instituciones públicas y miembros del partido de Gobierno, Centro Democrático, se ha logrado trazar un camino por la construcción de memoria plural y la dignificación de las víctimas, urge blindar cada una de las peticiones anteriormente citadas, pues como lo expuso en medio de la audiencia el comisionado de la CIDH Pedro Vaca, “las barreras a las que se han enfrentado la Comisión de la Verdad podrían condenar, al menos a una generación más, a padecer la violencia del conflicto armado por esos obstáculos que se oponen al esclarecimiento de lo ocurrido”.