Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. No es sólo porque en el último fin de semana en tierra caucana asesinaran siete personas —una masacre en Santander de Quilichao y tres homicidios en los municipios de Belalcázar, Buenos Aíres y Caloto— sino porque Cauca, tras la firma del Acuerdo de Paz, continúa siendo el departamento más victimizado. Es el lugar en dónde más asesinan líderes y lideresas sociales, firmantes de paz, defensores/as de DDHH y los liderazgos étnicos continúan bajo el fuego de una paz que no llegó. De acuerdo con las investigaciones que adelanta la Fundación Paz & Reconciliación— PARES, después de la firma en el teatro Colón entre el Estado colombiano y la otrora guerrilla de las FARC- EP, han sido asesinadas 104 lideresas y lideres sociales. La sistematicidad de estos hechos está dada por los perfiles de las víctimas pues son las organizaciones de campesinos, indígenas, comunidades afro y gobiernos locales (Juntas de Acción Comunal o JAL Junta Administradora Local); contra quienes la violencia se ha ensañado. El terror en el Cauca reflejado en un fin de semana Entre el sábado 5 y domingo 6 de diciembre en el Cauca se registró una masacre en el municipio de Santander de Quilichao. Según las autoridades, en la tarde del 5 de diciembre hombres armados arribaron a un sector conocido como Gualanday, en la vereda San Pedro, en este sector del norte de este municipio. Los hombres abrieron fuego indiscriminadamente en contra de la población. De acuerdo con el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric, los hombres, quienes llegaron en moto, estaban en busca de dos hermanos. Las víctimas son Emerli Basto, Fernando Trochez (firmante de la paz), David Trochez (hermanos) y Carlos Escué. Por otra parte, en el municipio de Páez Belalcázar fueron asesinados dos comuneros en el resguardo indígena de Talaga. Ahora bien, de acuerdo con un comunicado de la Comisión de la Verdad, en el Norte del Cauca “se presentaron cuatro graves hechos de violencia: una masacre, dos homicidios de comuneros, entre ellos, el hijo de una lideresa indígena, una amenaza individual a coordinador de la Guardia Indígena y una amenaza colectiva a la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN).” Además, la Comisión hizo un llamado a las autoridades, tanto nacionales como regionales “responsables de investigar y sancionar, a asumir la responsabilidad de aunar esfuerzos institucionales en acciones efectivas que protejan la vida e integridad de las comunidades, sus líderes y lideresas y que conlleven a confrontar y superar los factores de persistencia generadores de la repetición del conflicto en este territorio.” En más del 50% de los asesinatos de desconoce el agente perpetrador Según Pares, en Cauca han sido asesinados 40 lideres y lideresas indígenas, 29 campesinos, 16 de gobiernos locales, 10 de comunidades afro, cinco representantes o liderazgos de víctimas. Por otra parte, más de la mitad de los agentes perpetradores nos han sido identificados por las entidades investigativas. De esta forma, y ante la desatención del Gobierno Nacional, los cinco (5) departamentos más victimizados son: Toribío (15), Caloto (12), Corinto (10), Argelia (7) y Santander de Quilichao (6). Poco o nada le ha importado esta realidad al Gobierno Nacional, de hecho, es necesario recordar que el presidente Iván Duque Márquez ignoró al Minga del Suroccidente Colombiana que vino hasta Bogotá para sostener un diálogo nacional. Desatendió la crisis en materia de Derechos Humanos que vive el departamento. Le vinieron. A hablar de sus muertos, pero esos temas no fueron prioridad en la agenda de la Casa de Nariño. Y, aunque se encuentran en unas conversaciones, tardías, las respuestas del gobierno con el paso del tiempo significan vidas que se pierden. Cauca: la voluntad de paz bajo fuego Según las investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación, 33 personas en procesos de reincorporación han sido asesinadas. En suelo caucano, producto del Acuerdo de Paz, existen cuatro (4) Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de los 24 que se encuentran a lo largo y ancho del territorio colombiano. Ubicados en los municipios de Buenos Aires, Caldono, Miranda y Patía. Sin embargo, como se ha venido advirtiendo en Pares —junto al componente de reincorporación de FAC (CNR FARC)—; más del 70% de los y las firmantes de paz hoy adelantan su proceso de reincorporación por fuera de los ETCR; producto de las vicisitudes de la violencia de esta denominada fase de transición. Frente a ello, el Gobierno Nacional y, específicamente, Emilio Archila Peñalosa continúan insistiendo en que estas zonas, que han sido denominadas por FARC como Nuevas Áreas de Reincorporación; no son ni serán reconocidas. Son allí, en estas zonas, en donde más están asesinando firmantes de la paz. En este sentido, los datos fortalecen el sentido de la exigencia por parte de FARC para que se garantice la vida de quienes están comprometidos con la paz. En primer lugar, el municipio en donde se han registrado más asesinatos no es, por ejemplo, uno en el que haya un ETCR. Se trata de Argelia en donde han asesinado cinco (5) firmantes de paz. Ahora bien, los 33 asesinatos se distribuyen en 14 municipios del Cauca. 24 de estos 32 han ocurrido en municipios en donde se está adelantando reincorporación, pero en donde no hay ETCR. Durante 2020, han sido asesinadas 62 personas en proceso de reincorporación y seis (6) en el Cauca. El Cauca se está desangrando en el posconflicto De acuerdo con el subdirector de Pares, Ariel Ávila, en el Cauca hay tres guerras que se están desarrollando en un inclemente sangre y fuego que tiene a las poblaciones en grave crisis. En el norte del departamento hay una disputa entre el frente de las disidencias Dagoberto Ramos, Los Pelusos y otros dos grupos narcotraficantes. Por otro lado, en el Sur del Cauca con la disputa de cuatro grupos y la tercera que se desarrolla en el Pacífico colombiano. Según el analista, la situación del Cauca se puede denominar “un empate técnico negativo”. Es decir, ninguno de los grupos en disputa está siendo lo suficientemente fuerte para cooptar al resto. En estos escenarios, según Ávila, tienen como resultado una emprendida en contra de la población, lo cual da cuenta de la cantidad de masacres. De acuerdo con Pares, en Colombia, son 80 masacres las que registra el país en 2020. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.»

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado 04 de diciembre desde la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó denunciaron que un día antes, el 03 de diciembre, en horas de la mañana hombres armados encapuchados que se identificaron como miembros de la AGC, llegaron hasta la vivienda del mayor Miguel Tapi Rito de 60 años, la cual se ubica en la Comunidad de El Brazo en el municipio de Bahía Solano, Chocó. Ellos le pidieron a Tapi Rito que lo acompañaran hasta un río cercano a la zona, el líder indígena aceptó, sin embargo, pasaron horas y Miguel no volvió a su casa ni se tenía información de él, por lo que miembros de la comunidad y sus familiares decidieron salir a buscarlo. Horas más tarde encontraron el cuerpo del líder, quien había sido decapitado. “Esta serie de eventos van en detrimento de los Derechos de nuestros Pueblos Indígenas y sin lugar a duda son una inminente violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, protegido bajo las normas internacionales. Los grupos armados ilegales, violan nuestra Autonomía y Gobernabilidad, son una amenaza directa a las Comunidades indígenas”, se comunicó desde la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó. Hay que señalar que también se informó que no se tenía información de amenazas contra el líder embera dovida Miguel Tapi Rito. Además, a través de Radio Nacional el alcalde de Bahía Solano, Ulmer Mosquera, alertó sobre la situación de seguridad en su municipio y manifestó que están a la espera de aumento de pie de fuerza. Adicionalmente, hay que mencionar que el pasado 31 de marzo también apareció decapitado el cuerpo del menor de edad Maicol Alexander Murillo Beltrán, en el corregimiento El Valle, misma zona donde el 31 de agosto de 2019 fue decapitado el menor Anderson Villalba Lozano. Estos hechos también se han relacionado con las AGC, y las llamadas victimizaciones “ejemplarizantes”, con las que buscan generar miedo en la comunidad. Desplazamiento masivo: una de las consecuencias de la violencia Esta situación de violencia generó que se provocara un desplazamiento masivo de 139 familias y un total 898 personas de cuatro comunidades indígenas de Bahía Solano; 292 personas – 66 familias de El Brazo, 239 personas -45 familias de Boro Boro, 109 personas- 26 familias de Bacuru Purrú y 258 personas-62 familias de Poza Mansa. Estas personas llegaron hasta la zona de El Valle, allí varios/as lograron autoalbergarse con familiares y amigos, mientras que el resto se ubicó en las instalaciones de un colegio del corregimiento. Hay que indicar que desde la Alcaldía se envió un comunicado, en el que se aclaró que: “Si bien desde la Administración municipal se destinaron ayudas en alimentación para los primeros días, el alcalde Ulmer Mosquera Gutiérrez hizo un llamado al Gobierno Nacional y departamental para buscar apoyo para resolver esta emergencia humanitaria, teniendo como agravante la gran cantidad de personas y la falta de elementos de bioseguridad en medio de esta pandemia”. Alcalde de #BahíaSolano y personero hacen llamado a gobierno Nacional para atender desplazamiento masivo de 4 comunidades indígenas,tras asesinato d uno d sus líderes. Son más de 500 personas, entre ellos más de 200 menores. @infopresidencia @DefensoriaCol @mindefensa @GobChoco pic.twitter.com/KChDn8k9YA — Alcaldía de Bahía Solano (@AlcaldiaBahia) December 4, 2020 Asimismo, se indicó que al momento hay asistencia a la población por parte de la Alcaldía, la Personería, Unidad de Víctimas, la Fundación Fupad, Armada, Policía y la Defensoría del Pueblo, mientras que la Armada Nacional informó que tropas del Batallón de Infantería de Marina N°23 desarrollan operaciones ofensivas en conjunto con unidades del Grupo Aeronaval, quienes realizan sobrevuelos en la zona. Hay que señalar que representantes de las comunidades indígenas manifestaron que necesitan una garantía de seguridad para retornar, pues como se ha insistido, la problemática de seguridad no es nueva, por el contrario, desde años atrás se ha instado a que el Gobierno Nacional, así como las autoridades locales tomen medidas al respecto, sin embargo, hoy muchas de las alertas que se hacían se han materializado. Alertas no atendidas Tras el asesinato y alertando sobre el desplazamiento desde la Defensoría del Pueblo se señaló que, desde abril del presente año, el organismo había emitido una alerta temprana sobre los riesgos inminentes dada la presencia de grupos armados ilegales en la zona. En el documento se especificaba que había una “grave situación de riesgo que enfrentan sus habitantes, por la presencia y control de las AGC y la disputa territorial que este grupo sostiene con la estructura de crimen organizado Los Chacales y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional – ELN, en procura de obtener la hegemonía del control territorial del Pacífico Norte del Chocó. Dichas disputas se han expresado en amenazas de enfrentamientos armados, exacerbadas en el transcurso de los últimos días, situación que involucra la ocurrencia de homicidios selectivos, desplazamientos individuales y colectivos, confinamientos, agresiones, amenazas de secuestro, regulación de la vida social a través de la imposición de reglas de conducta, así como la imposición de multas, restricciones a la movilidad, y extorsiones”. Asimismo, en la alerta se estableció que desde el 2017 se había venido advirtiendo estos riesgos, pues en los municipios de Nuquí, Bahía Solano y Juradó, tras el Proceso de Paz entre las Farc y el Gobierno Nacional, las AGC y el Frente Resistencia Cimarrón del ELN venían en un proceso de expansión y fortalecimiento en las zonas donde tenía presencia el Frente 57 de las FARC–EP. A ese escenario también para ese año se había sumado la estructura de crimen organizado conocida localmente como Los Chacales, quienes desde finales de 2016 se han dedicado principalmente al tráfico, transporte, comercialización y embarque de cocaína, y se han venido fortaleciendo militarmente y expandiendo territorialmente en constante lucha contra las AGC, bajo el interés de afianzarse en toda la costa pacífica norte del departamento del Chocó. Hay que señalar que esta zona del Chocó tiene importante relevancia pues tiene salidas al Océano Pacífico; es colindante a la frontera con Panamá; y brinda facilidades para el tránsito hacia los municipios de la subregión del Medio y Bajo Atrato y el Baudó a través de caminos ancestrales. Todo lo anterior, entre otras cosas, permite que este sector sirva para la movilidad y embarque del narcotráfico y tráfico de armas a través de lanchas rápidas y pistas aéreas clandestinas. Esta dinámica aumentó la vulnerabilidad de las comunidades étnicas, pues es una de las poblaciones que más habita en esta zona, así que la victimización por hechos como desplazamiento forzado; reclutamiento de niños; niñas y adolescentes; involucramiento violento; enfrentamientos con interposición de la población civil; confinamiento; desplazamientos individuales y masivos; homicidios selectivos; y restricciones a la movilidad en el territorio, es mucho mayor contra éstas. A esto se suma que la Defensoría del Pueblo identificó que durante este año se han registrado desplazamientos intraurbanos en los barrios Chambacú, El Poblado, Las Conchitas, Barrio Nuevo y Las Brisas de la cabecera municipal de Bahía Solano. Así como difusión de panfletos por parte de las AGC y Los Chacales, en los que se amenaza a la población con incursiones armadas y homicidios selectivos. Mientras que en las zonas rurales se intensificaron los enfrentamientos armados entre las AGC y el ELN con interposición, principalmente, de la población étnica. Con todo esto, vale la pena concluir con la solicitud que con los más recientes hechos ha realizado la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó: “Hacemos un llamado al Gobierno Nacional porque no se ven claras las acciones en defensa de nuestras Comunidades, este tipo de hechos generan miedo e incertidumbre entre la población. No hay garantías para que las Comunidades Indígenas denuncien, los actores armados imponen sus órdenes, bajo pena de muerte. La oposición y resistencia desde las Autoridades Indígenas, ha conllevado a que, en este momento, los líderes indígenas tengan señalamientos y amenazas”.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. Con un compromiso ante Trump de erradicar en este 2020 con aspersión aérea y glifosato 130 mil hectáreas de las “supuestas” 154 mil que estarían presentes en el territorio patrio, y en el camino de lograr la autorización para retomar las fumigaciones, de igual manera que lo intentaron para el sábado nueve (9) de mayo de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, con la policía nacional, convocan a una “nueva” audiencia, para el 19 de Diciembre. Y nuevamente creen que pueden a través de emisoras, páginas de Facebook y otras herramientas tecnológicas lograr la participación de las y los labriegos en su gran mayoría pequeños cultivadores de coca, marihuana y amapola, de condición económica pobres. Está tan alejado este gobierno de las comunidades, de los territorios apartados, o de lo que otros denominan la “otra Colombia”, que creen en aquellos territorios el acceso a las redes sociales, a las nuevas tecnologías es como entrar al wifi de la casa en las ciudades y eso del estrato tres hacia arriba. Para lograr el trámite administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental, iniciado mediante Auto 12009 del 30 de diciembre de 2019, no basta con una audiencia a medias, la participación comunitaria es un derecho constitucional que la pandemia ha limitado desde las altas esferas del estado, hasta las aulas de clase. Por ello la actividad “Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión Aérea con el herbicida Glifosato – PECIG”, a cargo de la Policía Nacional de Colombia, seguirá aplazándose, mientras la normalidad de presencialidad regresa y una nueva propuesta de sustitución de cultivos de uso ilícito se construya concertadamente con las comunidades, los gobiernos, nacionales, departamental y municipal. Mientras tanto llama la atención del informe del senado norteamericano, que califica de fracaso la fumigación con glifosato, se espera una relación con Biden, aunque no cambiara en lo impositiva… más cercana a la realidad de los territorios.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Hemos vivido el fracaso de una política frente a la crisis de Venezuela y el impulsor mayor, el presidente Trump, va de salida y llegará la administración del presidente Joe Biden a partir de enero. Esperemos que haga cambios en esa fracasada política de ‘cerco diplomático’ acompañada de veladas o abiertas amenazas de intervención militar. En esa fracasada política se embarcó el presidente Iván Duque, grave error que paga toda Colombia y de manera dramática los habitantes de frontera. No podemos persistir en una política que nada bueno ha traído ni a Venezuela ni a Colombia. Luego de varios años de aplicarla todo va a peor y es tiempo de pensar en cómo rectificar en el marco de una crisis profunda en Venezuela. Esta es una tarea de la sociedad venezolana: resolver de manera autónoma y recurriendo a la comunidad internacional para que apoye a solicitud de gobierno y opositores si lo consideran pertinente. En Colombia hay unas simplificaciones de la crisis venezolana; no se entiende lo que allí ocurre y mucho menos hay una acción que tenga distancia y respeto por los asuntos internos de Venezuela y se preocupe por nuestros intereses, que son muchos con el país que habíamos mantenido una relación de primer orden, en correspondencia con una historia compartida y unos temas dados por una vecindad de más de dos mil kilómetros y una presencia de cerca de cuatro millones de colombianos y colombianas en territorio venezolano y que han llegado en varias oleadas buscándose la vida o buscando salvar la vida. Ahora en esta crisis hay cerca de dos millones de venezolanos en Colombia. En 2008, empresarios colombianos vendían a Venezuela más de cinco mil millones de dólares; hoy ese comercio se ha perdido. Es una pésima noticia, y por supuesto que hay explicaciones en la crisis en Venezuela pero igualmente ha ayudado en esta pérdida la hostilidad promovida desde Bogotá. Nosotros podríamos recuperar parte de este comercio si cambiáramos de estrategia y utilizáramos mecanismos de diálogo y concertación que fueran favorables para los agentes económicos colombianos, pero no, los gobiernos han persistido en meterse a hostilizar a Caracas sin ningún resultado positivo. Lo que nos conviene es una relación de buen vecino no de vecino entrometido y hostil, como ahora se percibe desde el Gobierno venezolano a este y los anteriores gobiernos colombianos, donde el mejor desempeño lo ha tenido el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que al llegar al gobierno se propuso de manera lúcida y efectiva restablecer las relaciones con el Presidente Chávez y eso se dio de manera ágil y fue productiva hasta que volvimos al camino de entrometernos en los asuntos venezolanos, con los pésimos resultados que tenemos hoy. Ahora estamos en medio de una crisis de migrantes venezolanos que salen buscando alternativas en medio de una Venezuela donde la economía pasa por su peor desempeño y hay visos de crisis humanitaria; escaseando los alimentos, los medicamentos y en medio de la pandemia hay voces de alarma ante una situación que puede empeorar. A lo anterior, sumémosle que ha crecido la criminalidad organizada y que el conflicto armado colombiano ha extendido desde hace cuatro décadas su presencia en Venezuela y que ahora tenemos un ELN que se viene fortaleciendo en medio de la crisis Venezolana y que cada vez ha cobrado más fuerza la tesis de que esta organización hoy es binacional, que cuenta con esa importante retaguardia y que la solución negociada pasará por pensar esta situación: es una organización con raíces en Colombia y en Venezuela. La crisis de Venezuela es enorme. Es una sociedad profundamente dividida y donde el sistema político no ha podido tramitar de manera democrática las controversias propias de la disputa política, tanto gobierno como opositores han tomado atajos nada democráticos y la desconfianza es mutua y profunda. La solución de la crisis solo vendrá de una concertación interna, donde por supuesto la comunidad internacional puede apoyar si los actores Venezolanos lo solicitan y allí Colombia podría jugar un papel positivo, pero esa política de quítate tú para ponerme yo, no resolverá nada. La crisis en Venezuela requiere mucho diálogo y concertaciones internas, recuperar la confianza perdida en el sistema electoral, en las libertades ciudadanas, en la libertad de prensa, en las políticas nefastas de bloquear a Venezuela, en atender la crisis humanitaria que es real y crece. El presidente Iván Duque debe escuchar a los gobernadores de frontera, buscar un camino para que la frontera funcione, para que se asuma el enorme desafío que han planteado los ilegales que hoy controlan partes de este extenso territorio, con la complacencia o complicidad de autoridades de los dos países, una situación profundamente delicada que va aparejada de graves violaciones a los derechos humanos de los habitantes de frontera o quienes la transitan. Este fin de semana hay elecciones en Venezuela para el Congreso y todo indica que será un nuevo capítulo de una crisis vigente, al respecto hay un informe presentado por la Fundación Paz y Reconciliación: “Las elecciones del 6D en Venezuela y su impacto en la frontera”, que amerita ser leído y discutido por quienes tienen responsabilidades de gobierno, de control político y quienes participamos del debate público sobre este tema central para Colombia. Hay una crisis profunda en Venezuela y la política del presidente Iván Duque de participar del nefasto ‘cerco diplomático’, debe ser superada y de manera urgente. El tiempo apremia.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado mes de mayo un juez del Juzgado Segundo Administrativo de Pasto ordenó suspender provisionalmente la primera audiencia pública del trámite de modificación del Plan de Manejo Ambiental para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea, la cual estaba convocada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para ser realizada el 27 de mayo. No obstante, esta fue aplazada tras atender una tutela que presentaron varias organizaciones y campesinos/as, parte de ellos/as pertenecientes a la Asociación de Cacaocultores del Municipio de Policarpa, Nariño, quienes argumentaron que se vulneraría su derecho a la participación, pues se tenía prevista realizarla de forma virtual. Situación similar se presentó meses después, en agosto, cuando la fecha prevista había sido en el mes de septiembre, sin embargo, de nuevo se solicitó fuera corrida, pues no había garantías reales y efectivas de participación para la comunidad en general, conforme a los parámetros de la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y la Corte Constitucional en la sentencia T-236 de 2017. A pesar de los llamados a que se garantizara la participación de las comunidades que se verían impactadas por el regreso de las aspersiones aéreas, hace algunas semanas se informó que desde la ANLA y la Policía Nacional se planteó la realización de la audiencia pública el próximo 19 de diciembre y que conjuntamente se llevarían a cabo 17 reuniones informativas previas, las cuales se estuvieron realizando entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre de forma virtual y en algunos espacios presenciales. Sin embargo, se ha seguido resaltando que esta nueva convocatoria, al igual que las anteriores, tampoco propende por la participación de la comunidad, por lo que diversas organizaciones entre ellas el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, han pedido formalmente al Juzgado Segundo Administrativo de Pasto que suspenda nuevamente la diligencia. Lo anterior argumentando varios puntos, por ejemplo, en que el haber convocado a la audiencia desconoció las órdenes emitidas por el Juzgado, el cual indicó, entre otras cosas, que las entidades relacionadas debían informar con cinco (5) días de antelación las actuaciones que se desplegarán para rehacer las tres audiencias informativas, sin embargo, aunque eso hace parte de las alertas que se hacen, las reuniones previas ya se realizaron. “La Policía Nacional-Dirección Antinarcóticos, el pasado 06 de noviembre, envió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la Propuesta metodológica tendiente a rehacer las actuaciones, sin avisar al Juzgado, obviando así su obligación de informar cada actuar previamente. No se trata de enviar una simple copia de una actuación administrativa, sino de comunicar el plan detallado del paso a paso de cómo se cumpliría la orden judicial”, se afirmó desde el CAJAR. A esto se suma que, aunque las aspersiones aéreas se realizarían en 104 municipios de 14 departamentos, solo se gestionaron 17 espacios presenciales – que pueden tener un aforo de máximo el 50%- para la participación del público relacionado, no obstante, éstos solo representan el 6.24% de los espacios que debería haber, teniendo presente la cantidad de zonas que se pretenden intervenir. Por su parte, Jenifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), hace unos días aseveró, como se informó desde Semana, que: «Las comunidades rurales siguen denunciando que no tienen acceso al expediente de la información que va ser consultada. En cuanto al tema indígena, no se han hecho las correspondientes consultas previas, aclarando que sí procede este procedimiento porque se hizo un cruce de información entre las zonas que estarían sometidas al programa de fumigaciones con las zonas que están siendo solicitadas por resguardos indígenas para ser constituidas como tal y se encontró que hay un traslape enorme y no accidental como lo han querido hacer ver». Ante esto Pares habló con Alirio Uribe Muñoz, abogado y defensor de Derechos Humanos, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y exrepresentante a la Cámara por Bogotá. Pares: En este momento, ¿cuál es el panorama que hay respecto al debate de las aspersiones aéreas? Alirio Uribe Muñoz: Estamos en esto hace 15 años. Ese proceso de licenciamiento ambiental en 2017 se paró y se prohibió hacer aspersiones aéreas; se suspendió porque hacía daños a la salud y al medio ambiente. Cuando llega en el 2018 Duque al Gobierno hace una audiencia en la Corte y le pide que vuelvan a autorizar las aspersiones. Paralelamente a eso la Policía Nacional y su dirección antinarcóticos iniciaron un proceso para modificar la licencia ambiental con el ánimo de que se retomaran las aspersiones. En el marco de eso se tiene que hacer una audiencia pública para que las comunidades participen; me refiero a comunidades indígenas, campesinas, afros, para que éstas estén en la discusión de los impactos que esta actividad trae para ellos y ellas. Como nos cogió la pandemia, se convocó desde el ANLA una primera audiencia el 27 de mayo y luego el 1 de septiembre, esas se suspendieron porque hicimos tutelas contra el ANLA, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el de Medio Ambiente y la Policía Nacional. En esas tutelas finalmente el Tribunal Administrativo de Nariño dijo que en efecto se estaba violando el derecho a la participación de las comunidades, la consulta previa de los pueblos indígenas y el derecho a la información. Ahora, nuevamente, sin que haya pasado la pandemia y con los mismos vicios de la convocatoria de mayo y septiembre, se sigue insistiendo en citar a una audiencia pública el 19 de diciembre en la que los mismo problemas que han sido denunciados siguen estando presentes. Un principal problema es que se insiste en hacer la audiencia de forma virtual, retransmitiéndola en 16 salas de otros municipios, pero sin garantizar, por ejemplo, la conectividad de las comunidades. Aquí no se trata de socializar, se trata es de participar. Se tiene que tener presente y no se puede dejar de analizar que en muchas áreas rurales, donde la aspersión tendría efectos, no hay conexión estable, el servicio de energía es intermitente o por horas. Adicional, hay que señalar que se está desconociendo el derecho a la consulta, cuando de los 104 municipios es lo que se quiere realizar aspersiones, por lo menos, en 54 hay presencia de grupos étnicos que deberían tener derecho a la consulta. Lo que estamos diciendo al Juzgado, es que como se suspendieron las audiencias de mayo y septiembre, también se suspenda esta. Pares: ¿Cuál es el riesgo para procesos como la implementación del PNIS con que desde el Gobierno se siga insistiendo en estas iniciativas? A.U.M: Lo que quiere hacer el Gobierno es terminar rápidamente el proceso de licenciamiento ambiental para que se pueda prontamente hacer aspersiones. Los aviones ya están parqueados, la Policía ya tiene comprado el glifosato, ya tienen un coronel de aspersiones áreas nombrado, ya están listos. Lo que decimos es que tienen que cumplir con los autos y fallos de la Corte Constitucional, así como con los del Juzgado. Finalmente, lo que se implica con todo esto es el incumplimiento al Acuerdo de Paz, más específicamente el punto cuatro. Lo que en este momento debería estar siendo priorizado es la política de la sustitución voluntaria y concertada con las comunidades, que ofrezca planes de desarrollo alternativos, de proyectos productivos, etc., para que esas 400.000 familias que viven de sembrar coca, se puedan dedicar a otra cosa. Esa debe ser la prioridad. Si eso fracasa, bien sea porque no hay acuerdos con las comunidades, o porque las comunidades incumplen, ahí sí operaría la segunda política que es la erradicación forzada, que también necesita una consulta previa y una concertación; las aspersiones aéreas hacen parte de esas erradicaciones forzadas. Lo que ha hecho Duque ha sido desfinanciar los PNIS; han congelado ese programa, solo entraron 100.000 familias y no han permitido que las otras familias que querían ingresar lo hicieran. Paralelamente lo que han hecho es aumentar los grupos de erradicación forzada, pasando de casi vente a alrededor de cien. Todo eso hace parte de ese juego del Gobierno, pues mientras todo esto pasa el ministro de Defensa sale a decir mediáticamente que la forma de parar las masacres, los asesinatos sistemáticos, etc., es fumigando. Lo que no parecieran ver es que estas aspersiones son una guerra química, son crímenes contra las comunidades; generan desplazamiento forzado, afectaciones físicas y ambientales. Además, es un proceso costosísimo que nos sirve para nada. «Hay que señalar que se está desconociendo el derecho a la consulta, cuando de los 104 municipios es lo que se quiere realizar aspersiones, por lo menos, en 54 hay presencia de grupos étnicos que deberían tener derecho a la consulta. Lo que estamos diciendo al Juzgado, es que como se suspendieron las audiencias de mayo y septiembre, también se suspenda esta.» Imagen: Pares. Pares: Recientemente la Comisión de Política Antidrogas del Congreso de Estados Unidos produjo un informe en el que se dice que el Plan Colombia fue un fracaso en la lucha contra el narcotráfico. ¿Esto qué llamado hace respecto a la discusión y solicitudes que se realizan para frenar la audiencia que se llevará en unos días? A.U.M: Eso sigue demostrando que seguir insistiendo en las aspersiones es ir en contravía de la historia y de la razonabilidad, pues es absurdo que se pretenda insistir en políticas que son fracasadas y que en vez de combatir el narcotráfico, la ‘ñeñepolítica’, el lavado de activos, lo que se está haciendo es haciéndole el juego a una guerra que no es guerra, sino que es persecución a las comunidades a sabiendas que eso no va a acabar con la raíz del problema, sino que está fortaleciendo la verdadera estructura criminal. Nosotros/as seguimos diciendo que es realmente desafortunado que este Gobierno insista en esas políticas, que le mienta al país, y que, además, estén desacatando los fallos judiciales, porque también eso es lo que hay de fondo. Todas estas acciones siguen provocando que muchas personas pierdan la vida, pues continúan las masacres, los asesinatos sistemáticos que muchas veces son represalias por participar en los programas de sustitución de cultivos. Lo que se debería estar haciendo es proteger a las comunidades, pero van por la vía contraria. A esto se suma que si no hay planes de desarrollo alternativo el erradicar los cultivos de coca se queda en la insuficiencia; pues hay que garantizar la seguridad en los territorios, dar otros proyectos, controlar el tráfico, en general, instar a cumplir lo planteado en el Acuerdo de Paz. Esperamos que este informe permita que no haya tanta presión de ese país impulsando las aspersiones aéreas, para que dejen de estar tropas gringas en territorio colombiano y para parar la guerra con Venezuela. Pares: Las reuniones previas finalizaron el día de ayer, 3 de diciembre, ¿qué se puede decir de lo que sucedió en éstas? A.U.M: Entre el 28 de noviembre y el 03 de diciembre se convocaron dichas reuniones preparatorias, pero lo que la gente ha dicho es que no tienen condiciones para hacer cosas virtuales, pero, además, lo que se ha alertado también es que la Policía ha hecho presencia en algunos territorios, entregándole documentos a los/as campesinos/as, haciéndole firmar unas actas que nos parecen que van a ser después utilizadas como si se hubiese dado un proceso de consulta. «Todas estas acciones siguen provocando que muchas personas pierdan la vida, pues continúan las masacres, los asesinatos sistemáticos que muchas veces son represalias por participar en los programas de sustitución de cultivos. Lo que se debería estar haciendo es proteger a las comunidades, pero van por la vía contraria.» Imagen: Pares. Pares: Por último, ¿qué efectos trae para los verdaderos beneficiados con el narcotráfico que el Gobierno siga insistiendo con las aspersiones aéreas? A.U.M: Los narcotraficantes están felices porque este Gobierno de Iván Duque desde que llegó ha hecho esfuerzos para que la persecución sea, por ejemplo, a los/as consumidores/as y a los/as cultivadores/as, y su discurso se ha centrado ahí, diciendo que la lucha contra el narcotráfico está ahí, que es justamente atacar a quienes el Acuerdo de Paz dice que no hay que atacar. Y los que si deberían ser perseguidos andan en ceremonias presidenciales, en los aviones de la Fuerza Aérea o del Ejército. Entonces los narcotraficantes andan celebrando este tipo de políticas que desvían los esfuerzos y la opinión cuando se habla de narcotráfico, pues se está es pensado en todos los eslabones más bajos, no en el narcotraficante que está enriqueciéndose con todo esto y que está aumentando la violencia en muchos territorios.

Por: Línea de Democracia. Pares. El próximo 6 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones para Asamblea Nacional (AN) en Venezuela, en medio de una pandemia global; una opacidad interna en todos los niveles de acceso a la información pública; bloqueos comerciales y aislamiento diplomático; y una crisis económica y humanitaria cada vez más profunda. El presente informe sobre las condiciones e impactos de las elecciones del 6D en Venezuela y en la frontera de Colombia con Venezuela, específicamente en los estados del Zulia y el Táchira con los departamentos de La Guajira y Norte de Santander, respectivamente, fue elaborado por el equipo de investigación de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), durante los últimos ocho (8) meses con el propósito de brindar un contexto, un diagnóstico y unas conclusiones para aportar al debate público y las prospectivas a nivel nacional y fronterizo de los resultados de estas elecciones. De acuerdo con la investigación realizada por Pares, para las elecciones del 6D el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tiene una aplanadora que logrará la mayoría parlamentaria, mientras la inestabilidad política, el paralelismo institucional y la oposición hacen paisaje. A grandes rasgos, estas elecciones son la antesala de la reafirmación del chavismo y del presidente Nicolás Maduro para legitimar, con su clientela política, burocrática y social, un gobierno con tendencias cada vez más autoritarias. Esto es lo que académicamente se traduce como una transición de un autoritarismo competitivo, en el que se simulan elecciones, a un autoritarismo hegemónico. Mientras tanto, las fronteras mantienen su propio microclima de inseguridad; pululan las difíciles condiciones a nivel de corrupción; y el éxodo sigue afectando los países vecinos. A su vez, la ausencia de relaciones binacionales con Colombia es el caldo de cultivo de la ilegalidad, la criminalidad y la violencia en la frontera. A grandes rasgos, de acuerdo con lo mencionado a través de la investigación, se identifican tres (3) conjuntos de riesgos de corrupción electoral y sus mecanismos asociados. En un primer momento, antes de las elecciones, se trata de los riesgos relacionados con financiación de campañas y propaganda electoral. Segundo, los puntos de fuga relacionados con el día de las elecciones y el proceso de escrutinio. Y tercero, y en el que se hará especial énfasis, el ventajismo político-institucional por el que, más allá de las normatividades existentes, no hay garantías de transparencia e imparcialidad. Descargue aquí el informe completo

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Desde noviembre de 2018 fue abierta por la Contraloría General una investigación por el detrimento que sería superior a los 4 billones de pesos en medio del proyecto Hidroituango; esta cifra, teniendo en cuenta que se logró establecer que, por lo menos, 1,1 billones de pesos se han perdido en el proyecto por un lucro cesante – demora de la hidroeléctrica en entrar en operación -, pues, hay que recordar, ésta debía iniciar en septiembre de 2018. Adicionalmente, otros 2,9 billones de pesos se perdieron con la destrucción de bienes del proyecto y sobrecostos. Asimismo, hay que señalar que este detrimento tiene estrecha relación con la creación de un tercer túnel con el que se pretendía acelerar el proyecto desviando el río Cauca, acción ejecutada por la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), que lo que terminó haciendo fue causando el debilitamiento de la estructura, que tras el aumento del caudal del río en abril de 2018 se registró el colapso del túnel, generando una contingencia que puso en alerta roja la estabilidad de toda esta megaobra e implicando pérdidas en la comunidad, humanas, ambientales, sociales, así como de más 800.000 millones de pesos del proyecto. Esto permitió a la Contraloría identificar que no se cumplió con lo estipulado, además que se había construido sin tener una licencia ambiental y sin una previa autorización de la junta directiva de la sociedad. Lo que llevó a otros hallazgos como que desde el 2008 el proyecto venía presentando rezagos en la contratación, estudios y diseños. La Contraloría le imputó cargos a 28 personas naturales y jurídicas por un presunto detrimento, entre estos está el exgobernador de Antioquia (2012 – 2015) y excandidato presidencial Sergio Fajardo a quien se le implica por acciones y omisiones al no cumplir con todas las responsabilidades que tenía frente al proyecto como miembro de la Junta Directiva. También por omitir su deber de cuidar esta obra. Por esta última razón también se relaciona al hoy gobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín (2012 – 2015) Aníbal Gaviria y a el exgobernador (2008 – 2011) Luis Alfredo Ramos. Otros nombres que también se suman y que deberán ser investigados son los del exalcalde de Medellín Fabio Alonso Salazar Jaramillo; María Eugenia Ramos Villa, exsecretaria de Planeación. También serán imputados en calidad de gerentes de EPM Federico Restrepo Posada y Juan Esteban Calle Restrepo, así como los miembros de la junta directiva Álvaro Julián Villegas, Sergio Betancur Palacio y Ana Cristina Moreno Palacios. Adicionalmente, la Contraloría también relacionó a los funcionarios del Instituto de Desarrollo de Antioquia (IDEA) Alejandro Antonio Granda Zapata y Jorge Mario Pérez Gallón, y a los gerentes de la misma organización: Álvaro de Jesús Vásquez Osorio e Iván Mauricio Pérez Salazar, quien además era delegado por Sergio Fajardo en la junta directiva. Por su parte, deben responder como gerentes de Hidroituango Luis Guillermo Gómez Atehortúa, John Alberto Maya Salazar, y el gerente de EPM-Hidroituango Luis Javier Vélez Duque. Además, está Jesús Arturo Aristizábal Guevara, miembro de la Junta Directiva de EPM y director de Energía de EPM entre 2008 y 2015; Luis Javier Vélez Duque, gerente de EPM-Ituango/ vicepresidente Proyectos de Generación Energía de EPM entre 2011 y 2015 y Rafael Andrés Nanclares Ospina, miembro de la Junta Directiva y secretario de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia entre 2015 y 2016. Por otro lado, hay que señalar, que no solo se implican a personas, pues en lo informado por la Contraloría se indica que también deben responder tres consorcios y contratistas: Túneles Ituango, que construyó los túneles de desviación; el Consorcio Ingetec, como interventor de la obra; y el Consorcio Generación Ituango, como diseñador y asesor. A esto se agrega que a la fecha la investigación contra cinco personas más ha sido archivada. Es el caso de Jorge Alberto Julián Londoño de la Cuesta, quien era gerente de EPM entre el 2016 y 2019; Jesús Alfonso Jaramillo Zuluaga, exsecretario privado de Antioquia y suplente de Sergio Fajardo; Sebastián Álvarez Díaz, exgerente de proyectos de Antioquia; Wilson Chinchilla, exfuncionario de EPM y miembro de la junta directiva y Hugo Mora Tamayo, quien hizo parte de la junta directiva. La Contraloría le imputó cargos a 28 personas naturales y jurídicas por un presunto detrimento, entre estos está el exgobernador de Antioquia (2012 – 2015) y excandidato presidencial Sergio Fajardo a quien se le implica por acciones y omisiones al no cumplir con todas las responsabilidades que tenía frente al proyecto como miembro de la Junta Directiva. También por omitir su deber de cuidar esta obra. Imagen: Pares. Los motivos, en la mayoría de los casos, tienen que ver con que los implicados no tuvieron actuación principal, no se obraron con culpa grave o no tuvieron incidencia en la toma de decisiones. Los implicados entrarían en un boletín de responsables fiscales, lo que les impediría ser contratados para trabajar con el Estado y aspirar a ejercer cargos públicos hasta que paguen el valor de la condena fiscal, en dado caso que esto sea lo que se decida. «Soy respetuoso de las instituciones»: Fajardo responde Por su parte Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y candidato a la presidencia de Colombia, respondió a la imputación de cargos que le hace la Contraloría General sobre el caso de Hidroituango mediante un comunicado difundido a través de su cuenta de Twitter. En el mensaje, el líder político hace énfasis en que siempre ha respondido por sus actuaciones y así lo seguirá haciendo, además, insistió en que la ciudadanía es la encargada de valorar la explicación del ente de control sobre el polémico caso y advierte que algunas personas confunden investigaciones con condenas. Un desastre ambiental y cultural Pares lo había advertido. El río Cauca, desde la lengua del Buey —en el Macizo Colombiano— hasta el Brazo de Loba cerca del municipio de Pinillos, en Bolívar, podría perder el 20% de su caudal y todos los colombianos tendríamos que asumir, no solo este crimen ambiental de proporciones incalculables, sino el inmenso descalabro financiero de un proyecto fallido. En la investigación realizada por la Contraloría General entre el 4 de marzo y el 17 de julio de 2019, se pudo determinar que la gestión de la gerencia y control del proyecto Hidroituango no solo ha incumplido los objetivos que se propuso en materia de resultados físicos y financieros, sino también los principios de eficiencia y eficacia, en este último caso generando una destrucción de valor. El control de la CGR al proyecto Hidroituango deja ver situaciones de riesgos de daño o deterioro de algunos equipos, mayores costos por almacenamiento de los que no se han podido poner en servicio, así como riesgos de estabilidad en algunas zonas. Para la Contraloría, una de las decisiones tomadas por los directivos de Empresas Públicas de Medellín -EPM, que mayor impacto causó al proyecto, fue la no construcción de las guías de las compuertas de cierre de los túneles de desviación. Proyectos como el de Hidroituango deben cumplir con altos estándares de diseño y construcción, dado el impacto social, ambiental y económico que producen, pero la conclusión de la Contraloría es que esto no ha sido así. Más allá de los dos hallazgos fiscales detectados y su millonaria cuantía, los otros hallazgos de carácter administrativo señalados, cuatro (4), ponen al descubierto situaciones de riesgos de daño o deterioro de algunos equipos, mayores costos por almacenamiento de los que no se han podido poner en servicio, riesgos de estabilidad en algunas zonas, grietas dentro del macizo de casa de máquinas y modificaciones contractuales que vulneran el principio de planeación. La entidad aseguró que el proyecto ha tenido sobrecostos de gran relevancia, pues pasó de una inversión inicial de $9.6 millones de pesos, sobre la que presenta a la fecha por $11.5 billones de pesos. Se estima en $839.454 millones la afectación patrimonial que trajo la decisión de permitir el paso del río Cauca por la casa de máquinas, sin incluir algunos eventos cuya cuantía está por determinar. Además, el ente de control financiero logró evidenciar un daño en gestión fiscal total de $2.9 billones de pesos, y un lucro cesante calculado a partir de las obligaciones de energía en firme asignadas al proyecto. El control al proyecto Hidroituango fue realizado por un equipo de auditores y profesionales de la Contraloría, que contó en el tema financiero con el apoyo de expertos analistas de la Universidad Nacional. La razón para señalar esta situación es que se evidencian debilidades en los estudios técnicos tanto en obras de la logística inicial, como de las obras principales, que ocasionaron modificaciones a los contratos por mayores cantidades de obras, inclusión de nuevos ítems, rediseños y cambios de técnicas constructivas, lo que generó mayor tiempo y costos para el proyecto. Hidroituango tardaría 35 años en empezar a generar rentabilidad si el proyecto hidroeléctrico se pusiera en marcha hoy. Como están las cosas (sin que haya una fecha definida para que el proyecto empiece a operar), agrega el informe, Hidroituango tiene un valor negativo de $5,7 billones y no es claro cuánto tardaría en recuperarse la inversión.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. La violencia sigue siendo el día a día de muchos sectores y regiones del país. Los asesinatos sistemáticos, amenazas, desplazamientos, y otros varios hechos victimizantes son los que sigue teniendo que asumir muchas comunidades y familias. Una de estas es la comunidad indígena Awá, que tras un 2020 en el que resaltó fue la violencia, piden que todos los organismos necesarios hagan veeduría y tomen acciones contra lo que ha venido pasando. “Estamos cansados de solicitarle al Gobierno nacional atención”, esas fueron parte de las palabras escitas en un comunicado que fue enviado hace algunos días desde la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Esto motivado por los hechos ocurridos en lo corrido de los primeros días de noviembre, en los que cinco jóvenes de la comunidad fueron asesinados entre los departamentos de Nariño y Putumayo. Estos cinco asesinatos se registraron durante los días 10, 12, 14 y 23 de noviembre, en los que fueron asesinados William Paí de 20 años, Sandra Guancha de 25, Ximena Pay Bisbicos de 18, Miguel Angulo García de 26 y Estiben Matabajoy Pinta de 23 años. A esto se sumó que desde la Unipa se denunció que en este mismo mes han tenido que ser víctimas de atentados cometidos contra miembros de la Unidad y líderes del pueblo Awá por parte de hombres armados, asimismo han llegado a la comunidad amenazas e intimidaciones, intentos de secuestro y confinamientos, hechos agravados por la instalación de minas antipersonal y, al menos, tres atentados contra la comunidad en el que fueron heridas dos personas. “La sistematicidad con que suceden estos actos, hace que asumamos que la guerra que sostienen varios grupos armados también sea contra nosotros. Durante 9 meses venimos emitiendo comunicados semanales debido a lo complejo que se torna la cotidianidad de quienes buscamos vivir en paz, pero lamentablemente la tranquilidad se ha convertido en una utopía para nuestro pueblo. (…) Es de manifestar que esta guerra no es nuestra y que seguimos siendo las víctimas que el Estado no reconoce. Queremos pervivir en paz, pero las balas asesinas acallan día a día nuestro pueblo awá”, agrega el comunicado. Finaliza noviembre con dos asesinatos más No es nuevo afirmar que las comunidades indígenas durante este año, como una historia que se repite, han sido víctimas de diversos hechos, muestra entre otras cosas del abandono estatal que ha resaltado históricamente, realidad sobre la que la Unidad Indígena del Pueblo Awá sigue haciendo un llamado de atención. Llama la atención que, aun cuando se nombra que semanalmente se han enviado comunicados durante nueve meses, la situación sigue sin ser atendida por parte del Gobierno Nacional, y sigue sumándose vidas, familias, comunidades afectadas por el deterioro de la seguridad que parece ser el común denominador en Colombia, que incluso siendo una de las tantas exigencias que se le ha pedido al Ministro de Defensa, continúa el derramamiento de sangre casi diariamente. Las comunidades indígenas no han sido ajenas de esta situación, hay que recordar que parte de las exigencias que trajo a la Minga Indígena del Suroccidente desde el Cauca a Bogotá era justamente el diálogo con Iván Duque por que se te protegiera la vida de los y las indígenas del país. Pues todo esto al parecer ha caído en oídos sordos, muestra de esto es que justo finalizando noviembre la situación para el pueblo Awá no ha se han tomado acciones efectivas: “Hemos venido haciendo varios consejos de seguridad debido a la situación humanitaria que vive el pueblo Awá, y lo que se mira es que se vienen desarrollando algunas acciones por parte de las autoridades e instituciones, pero en la zona no se ve reflejada la reducción de amenazas, asesinatos y desplazamientos. Nos preocupa mucho que los consejos de seguridad no son la solución, esto va más allá de las inversiones que tiene que hacer el Gobierno para atender las necesidades y reducir la pobreza que vive la población Awá”, afirmó Rider Pai, líder de UNIPA. Lo anterior se afirmó a través de Radio Nacional el pasado 20 de noviembre, cuando se denunciaba que en lo que va corrido del año 2020, 25 indígenas Awá habían sido asesinados, además, ocho personas de la comunidad habían resultado heridas en medio de hechos violentos. Aunque la denuncia fue hace tan solo unos días, el pasado 30 de noviembre un nuevo hecho fue alertado, pues en la mañana del día anterior en la vía al mar entre Pasto y Tumaco, exactamente en la vereda El Pinde, hombres armados interceptaron a Omar Bisbicús (25 años), quien se desplazaba desde el Municipio de Ricaurte, Nariño hacia Llorente. Bisbicús pertenecía a la guardia del cabildo La Esperanza en el municipio de Ricaurte, además hacía parte de la organización Camawari, de la cual en este año ya son 9 sus integrantes que han sido asesinados. A esta situación se sumó que, también el 30 de noviembre, fue encontrado en una vía hacia Suárez, Cauca, el cuerpo de Romelio Ramos de 31 años, originario del resguardo de Jambaló. Ramos, era un líder comunal dentro de su resguardo, además, se desempeñaba como agricultor y era padre de dos menores de edad. Por su parte, el llamado al Gobierno también se hizo desde el CRIC, quienes escribieron que: “Como autoridades Indígenas, manifestamos nuestra indignación ante el genocidio que se viene presentando a los pueblos étnicos de Colombia, nos alarma que el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y la ausencia de garantías resulte en una amenaza para quienes, desde los territorios intentan proteger la vida digna de las comunidades. «Es nuestra preocupación como proceso organizativo indígena, y lamentamos que la paz nos esté costando la vida. (…) Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los entes nacionales y locales a pronunciarse sobre estos hechos y a tomar medidas para frenar el etnocidio en Colombia, y a acompañar el trabajo de defensa de derechos humanos y construcción de paz que realizamos los pueblos étnicos en el país”.

Por: Línea de Democracia Pares. El Acto Legislativo 02 de 20151 conocido como la reforma al equilibrio de poderes en teoría tuvo la misión de adoptar un reajuste estatal que reformó algunos aspectos del aparato político e institucional creando nuevas instancias judiciales como la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) que es el nuevo órgano que juzgará disciplinariamente a los abogados con el propósito de que ejerzan correcta y éticamente el derecho. ¿Por qué se van a elegir el próximo 2 de diciembre a abogados que tienen simpatía, contactos y coincidencias con las filas del partido del Gobierno Centro Democrático, como es el caso de las ternas presentadas por el presidente Iván Duque? ¿Acaso, cualquier abogado que no esté del lado de ellos, lo van a juzgar disciplinariamente? Distintos juristas del país plantean que en Colombia se viene ejecutando un plan de acoso judicial, conocido como “guerra jurídica”, que intenta callar voces críticas, entre ellas abogados que han denunciado hechos que comprometen al ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, jefe político de Iván Duque. ¿Entonces el abogado que se atreva a denunciar procesos contra el ex senador Uribe Vélez le van a quitar la tarjeta profesional? Dicho esto, aunque la reforma en el papel busque equilibrar los poderes, el Gobierno está sofisticando sus planes con una repartija de puestos que le permite tener sus fichas en la justicia, a pesar de postular a profesionales del derecho con cuestionada trayectoria. El partido de Gobierno nos lleva a un camino autoritario pues se apoderaron de distintas entidades de la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público: la Fiscalía General de la Nación (con el abogado Francisco Barbosa, amigo personal de Duque); la Procuraduría General de la Nación (con la elección de Margarita Cabello Blanco); la Defensoría del Pueblo (en manos de Carlos Camargo), entre otros casos. Todos conlleva a una repartija de postulaciones y puestos que consolidan acuerdos burocráticos entre los partidos políticos. La democracia termina secuestrada sin que haya equilibrio de poderes. Este es el camino que están trazando para las elecciones de 2022. Se comprueba la manguala entre personas cuestionadas para cooptar todos estos espacios. Es el caso de la terna No. 2 presentada por Iván Duque con los abogados: A) Nerio José Alvis Barranco, B) Gloria María Arias Arboleda y C) Juan Carlos Granados Becerra. La Fundación Paz y Reconciliación, Pares, publica los siguientes hallazgos en perfiles de estas candidaturas por tratarse de temas de interés públicos y alerta sobre los antecedentes de estas personas. Dos de los tres juristas tienen serios y graves denuncias y cuestionamientos por corrupción y otro tiene nexos con la clase política tradicional de su departamento con sanciones disciplinarias por doble militancia. Descargue el informe completo #DenunciaPares

Por: Redacción Pares. La Directora General de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón, anunció que este mecanismo encontró con vida a una persona que, por causa del conflicto armado, estuvo desaparecida desde 1985. Este domingo, después de 35 años de incertidumbre, la víctima se reencontrará con sus familiares en Arauca. “En enero de este año, los familiares de la víctima presentaron su solicitud de búsqueda ante la UBPD. Desde entonces, iniciamos un proceso investigativo de recolección y análisis de información que nos permitió localizarla en otra región del país y corroborar su identidad”, indicó Luz Marina Monzón, directora de la UBPD. La persona que estaba siendo buscada es un hombre de 60 años, quien a los 25 tuvo que huir de la finca familiar, en Arauca, luego de que fuera perseguido por hombres armados que tenían el propósito de reclutarlo en un grupo al margen de la ley. Aunque él logró escapar, las personas que le ayudaron fueron amenazadas o asesinadas. Incluso, su familia fue víctima de desplazamiento forzado. Desde ese momento dejaron de tener noticias sobre el paradero y lo ocurrido con su ser querido. Durante ese tiempo, sus familiares se abstuvieron de acudir ante las autoridades debido a que no dejaron de recibir amenazas contra sus vidas. En ese sentido, según afirman, acudieron a la Unidad de Búsqueda por ser un mecanismo humanitario y extrajudicial. La familia se acercó a la UBPD únicamente con el registro civil de la víctima. Este documento fue indispensable para recolectar y analizar la información disponible en fuentes oficiales y no oficiales que permitiera determinar que la persona que estaba siendo buscada no solo seguía con vida, sino que residía en otro departamento. La UBPD estableció el primer contacto con la víctima el pasado 31 de julio con el fin de comprobar la voluntad de reencontrarse con su familia, para así construir de manera conjunta un proceso participativo que garantizara un reencuentro dignificante. Posteriormente, la Unidad de Búsqueda realizó toma de muestras decadactilares para corroborar plenamente la identificación y ratificar por medios técnicos que la persona localizada era la misma que estaba siendo buscada. “La desaparición en Colombia pasó por muchas dinámicas y por esto, es un motivo de inmensa alegría saber que familias podrán reencontrarse con sus seres queridos desaparecidos. Hoy en Arauca una familia vive lo que muchas quisieran vivir y es encontrar con vida a un ser querido, estas acciones humanitarias son un gran aporte, no solo a la construcción de paz, sino que contribuye a la equidad y solidaridad que debemos tener como humanidad frente al dolor que viven miles de familias”, dijo la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. La Unidad de Búsqueda no ha cesado sus acciones humanitarias aún en medio de la pandemia por COVID-19. “Para nosotros es una prioridad avanzar con la búsqueda porque sabemos que las familias esperan respuestas que les lleve a salir de la incertidumbre”, concluyó Luz Marina Monzón Cifuentes. Colombia, un extenso universo de víctimas Cabe recordar que, para el caso colombiano tal y como lo ha explicado Luz Marina Monzón —en contexto y en razón del conflicto armado colombiano— se ha calculado que la búsqueda es de alrededor de 120.000 personas dadas por desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado. Entre 1958 y 2016 que es el límite de nuestro periodo. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), a corte del 1 de junio de 2019, hay 124.859 víctimas de desaparición forzada. A propósito, el Comité Internacional de la Cruz Roja, para junio de 2019, señaló que este no es un flagelo del pasado y que después de la firma del Acuerdo de Paz —24 de noviembre de 2016—; en Colombia se registra “una desaparición cada cuatro días por razón de conflicto armado y la violencia.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Desde la Fundación Paz y Reconciliación se ha venido insistiendo en la urgencia que tiene poner los ojos sobre la reforma electoral impulsada por el ahora registrador, Alexander Vega. Pues, como se denunció desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, con dicha iniciativa se está tejiendo toda una serie de favores políticos. Es necesario indicar que dichos favores políticos tendrían que ver, principalmente, con la entrega de puestos a dedo, para que luego estos sirvan para impulsar el Código Electoral, que sigue siendo motivo de debate en el Congreso con un amplio apoyo, que se ha demostrado incluso antes de que las discusiones iniciaran en el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Desde Pares se informó que buscando más apoyo a la reforma había todo un negocio. Por un lado, Alexander Vega había despedido a más de 1500 funcionarios de la Registraduría, nombrando en algunos de dichos cargos a fichas de los clanes políticos, contratistas de antaño de la Registraduría y hasta sobrinos de magistrados del Consejo de Estado. A esto, entre otras cosas, se sumó que a través del nuevo Código Electoral se transformarían los cargos de carrera, por los que son asignados puestos como los de los registradores municipales y auxiliares, por tanto, estos podrían ser nombrado por quien esté en cabeza de la Registraduría, y, además, serían de libre remoción con tan solo argumentarse la “pérdida de confianza”. Desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad se insistió en que “el Registrador ha nombrado a dedo personas para suplir las vacantes que el mismo generó, en contravía de lo estipulado por la ley y la Corte Constitucional”. Todo eso buscando más avales para la reforma electoral, que buscan tenerla aprobada antes del 15 de diciembre. Lo que dijo Germán Vargas Lleras Con todas estas alarmas ya encendidas, el exvicepresidente y una de las fichas claves del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras escribió durante este fin de semana una columna publicada en El Tiempo que insta a varios cuestionamientos; por una parte, respecto a que él sea quien ponga de nuevo sobre la mesa el debate, y, por otro lado, sobre las aseveraciones que hace. “(…) El proyecto no se ocupa de lo realmente importante, como es garantizar elecciones libres y transparentes. Sobre esto, ni una palabra. Todo lo relevante queda en manos del Gobierno Nacional, al cual se le otorgan facultades extraordinarias. (…) Así mismo, el proyecto advierte que en los próximos años el Gobierno queda obligado a incluir en el presupuesto todos los recursos que el registrador considere necesarios para adelantar su gestión y el Congreso no podrá discutirlos ni disminuirlos (art. 262)”, escribió Vargas Lleras. Sobre esto el exvicepresidente advirtió que la reforma electoral tendrá unos impactos fiscales, además de los muchos que tendría, pues con las nuevas asignaciones habría incrementos en la nómina y salarios de los que dependería el Código Electoral. Frente a esto señaló puntualmente “el elaborar tarjetones distintos para atender los requerimientos de todas las comunidades ancestrales, hoy centenares, que deseen ejercer este derecho en su propia lengua. ¿Cómo hacer operativa esta propuesta? ¿Cuál puede ser su costo?”. Adicionalmente, y relacionado con la denuncia realizada en el informe El negocio detrás de la reforma electoral, Germán Vargas Lleras admitió “que el trámite de esta reforma se ha aceitado ya con más de 150 nombramientos de registradores y delegados e innumerables contratos”. Asimismo, insistió en otro de los cuestionamientos del Código Electoral, pues este permitiría que quienes tengan inhabilidades disciplinarias igual podrá ser elegido, “con lo cual todos aquellos inhabilitados en cualquier tiempo por la Procuraduría podrán aspirar a cualquier cargo. Gran avance contra la corrupción”, añadió. El llamado del Procurador El pasado martes, 24 de noviembre, se conoció que, desde la Procuraduría en nombre de Fernando Carrillo, se había enviado una carta al presidente del Congreso, Arturo Char, en la que hacía varios reparos al Código Electoral que está avanzando en el Congreso, precisando, como se ha hecho constantemente, en que éste no cumple la pretensión de integralidad. En ésta, además, de hacer varios cuestionamientos en los que desde varios sectores se ha insistido, también se nombró que “si las regulaciones sobre la participación de la mujer en el espectro político no están acompañadas de medidas para hacer efectiva su participación, estas se convierten en simples manifestaciones no llamadas a producir efectos reales. (…) El artículo 79 original del proyecto se refería a una participación del 40% de las mujeres en la conformación de las listas que deben integrar los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos. Si bien en las discusiones al proyecto, este porcentaje se elevó al 50%, a efectos de cumplir con el principio de paridad, se considera que esta disposición se debe acompañar de algunos mecanismos o reglas para hacerlo efectivo”. Ahora bien, luego de conocerse la columna de opinión de Germán Vargas Lleras, Fernando Carrillo, en medios ha continuado señalando la urgencia de que en el Congreso se discutan a profundidad otros ejes, pues, por ejemplo, la reforma traería per se nuevas y más amplias facultades para la presidencia, el CNE y a la Registraduría, que incluso esta último sería la encargada de hasta definir y contratar la tecnología para el voto electrónico, incluso sería la misma encargada de hacer veeduría a los procesos electorales que trae la reforma. “La tecnología sin una brújula ética no funciona. Eso supone auditorias que no dependan de la Registraduría, tienen que ser auditorias independientes”, indicó Carrillo. A raíz de esto, hay que nombrar que desde Pares se denunció que “para el presupuesto nacional del 2021, además de los gastos normales de funcionamiento de la entidad y aquellos en los que se incurriría para las elecciones del 2022, el presupuesto de la Registraduría aumentó dado los gastos proyectados en el que se agregaba la plataforma tecnológica que soporta el sistema de identificación y registro civil del país (…) Este contrato pareciera estar amarrado con la ya tradicional firma contratista de la entidad Tomas Greg and Sons”. Con esto todo esto desde la Procuraduría también se alertó sobre el espaldarazo que esta reforma podría traer al fraude, además de, como se ha visto hasta ahora, de los favores políticos que se podrían dar gracias a las facultades que se le darían de más a órganos y funcionarios. Con esto, hay que nombrar los avales que se han dado desde el Gobierno Nacional, que podría además presionar a lo que termine de pasar en el Congreso con este proyecto, que incluso en su momento fue radicado sin que tuviera la evaluación de expertos, y, peor aún, a espaldas de la ciudadanía. A partir de esta discusión, Esteban Salazar concluye que: “Esta semana que empiezan las discusiones en plenaria se va a buscar la manera de pupitrear para que no se tenga que ir a sesiones extraordinarias, que muy seguramente es lo que va a pasar con el proyecto. Si finalmente esto se da, se va a politizar todavía más la Registraduría, también se va a violar el sistema de pesos y contrapesos del organismo, así como del proceso electoral. Se está eliminando el principio de economía, de transparencia y de democracia porque una auditoria vale muchísimo dinero, y eso solo lo podrán hacer las personas que puedan asumir ese gasto. Por otro lado, los planes piloto están muy encima, lo que significa que la transición se estaría haciendo mientras se hace precampaña y campaña, lo que es un exabrupto total que genera una inseguridad democrática”.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. El frente José María Becerra del ELN decretó paro armado en varios municipios especialmente del sur del Cauca, del 27 al 30 de Noviembre, este fin de semana. Y llama la atención que aunque el gobierno nacional, e incluso el gobierno departamental pretenden restar importancia al paro armado, los efectos en varias localidades se sientan profundamente. Y es esa la desconexión entre el país político y el país profundo o real, si le queremos llamar de alguna forma a los municipios alejados de las ciudades capitales donde se presenta hoy por hoy concentración del interés del capital para la inversión, de la agroindustria con infraestructura vial que le permite el desplazamiento de sus productos hacia el comercio e incluso para las dinámicas extractivistas. Es igualmente preocupante que los más de doce grupos armados ilegales existentes en el Cauca, lo recorran por veredas y corregimientos, donde además de los lugareños están de manera permanente circulando más de 7.800 efectivos o unidades de la fuerza pública entre policía y ejército, colocando más énfasis en la erradicación de cultivos de uso ilícito, que en la defensa de la vida de sus habitantes. Mientras la institucionalidad está en el “aquí no pasa nada”, más de trescientas personas entre Venezolanos y Caqueteños son conminados a abandonar el cañón del Micay desplazándose hacia la cabecera municipal de Argelia, Popayán y Pasto. De igual forma el transporte desde la capital hacia estas localidades amenazadas por el paro armado y la asistencia a los tradicionales mercados se vieron diezmados y pocas personas aunque temerosas salieron a comprar, así como las puertas del comercio fueron cerradas mayoritariamente. Sigue siendo cierto que Bogotá no nos entiende, que la minga ha querido hablar con el presidente y ha sido infructuoso. Cansado está el Cauca de que le hablen los fusiles, hoy más que ayer es meritorio y urgente un pacto social por el Cauca con la participación incluso de los armados.