Por: Rafael Durán Murillo. Colaborador Pares Una de las conclusiones del anterior libro de Ariel Ávila Detrás de la Guerra en Colombia, es que hay una ruralidad en guerra y unas zonas urbanas sin consecuencias militares del conflicto armado, dividieron al país en dos, con diferentes dinámicas, donde el centro se volvió apático respecto a la Colombia profunda. Según la Defensoría del Pueblo, en promedio, cada dos días es asesinado un líder social en Colombia. Entre 2016 y 2019, fueron alrededor de 600 los asesinatos. Solo ese aterrador dato sería justificación por cualquier esfuerzo para comprender el fenómeno, además de la normalización por parte de la sociedad civil de esta situación. Esa fue la fuente de origen de su último libro: ¿Por qué los matan? Existen una hipótesis e ideas marcadas en lo transversal del libro. Primero, la violencia procesa la política y es utilizada como un mecanismo de competencia. Esta se ejerce frente a líderes que hacen control fiscal y político. La segunda, es que cada crimen es una herida para la democracia, que se debilita en los niveles locales y regionales, a favor de modelos autoritarios sub nacionales, donde se termina por dar una homogenización política en el que el disenso es castigado con la muerte o el desplazamiento. Estos autoritarismos subnacionales, manejados por clanes políticos, con abiertos vínculos ilegales, funcionan bajo la modalidad de competencia, al participar en elecciones y darle trámite al sistema democrático, sin existir en el fondo oposición, ni control político, ni equidad para la elección. Se debe recordar, que la economía de guerra en muchos lugares de Colombia, las desmovilizaciones de grupos armados, el actual proceso de paz torpedeado por el gobierno actual, permite un ejército de reserva criminal, entendidos como mercenarios a sueldo dispuestos a cumplir órdenes de estos clanes. En su último libro ¿Por qué los matan? Ariel Ávila intenta responder tres preguntas centrales: ¿Quién está matando a los líderes sociales? ¿Por qué los están matando? y ¿Qué pasa en las zonas donde han asesinado líderes sociales? Para esto se realizó un análisis del banco de datos de la Defensoría del Pueblo, de la ONG Somos Defensores y de Naciones Unidas, además de informes oficiales, entrevistas y organizaciones sociales. El libro realiza un análisis desde 2010 hasta 2020, comparando diferentes regiones y estudiando a fondo las estrategias del Estado. Fotografía: Pares. El autor plantea cinco grandes conclusiones, previas al desarrollo del libro, que son claves para comprender la dinámica y la complejidad del problema. La primera, es que los que matan no son los mismos, y que como se verá, la sistematicidad está más en el perfil de la víctima. Existe de por sí, una terrible continuidad de asesinatos de las zonas donde se perpetuo el genocidio contra la Unión Patriótica, desde hace unos 20 años. Es decir, la sistematicidad existe y no se remite a problemas de faldas o vividores, como increíblemente el gobierno actual de Iván Duque justifica la situación. La segunda, propone la victimización actual frente a líderes sociales como una fase dentro de muchas otras, en un protocolo de destrucción de la democracia. El primer paso es la violencia generalizada, con múltiples homicidios, masacres y desplazamientos forzados. Posteriormente, luego de una duración de unos pocos años, se produce una homogeinización política por desplazamiento o eliminación y por ende la zona se pacifica, al estar sometido a una estructura ilegal. Esto termina por cambiar el aparato productivo de la región, la propiedad agraria y el censo electoral. Posteriormente, aparece la violencia selectiva, en la que se debe asesinar o callar a líderes específicos. Finalmente, aparece el autoritarismo, sin oposición, con niveles de violencia bajos y una clase política beneficiada. La tercera conclusión, es que, para las elecciones de 2019, se rompe una tendencia a la baja en agresiones políticas desde 2010, donde la violencia selectiva aumento con más de una veintena de muertos y un centenar de hechos de violencia. La cuarta conclusión, es que, en un análisis, la violencia, si bien tiene predominio en territorios históricos de alta conflictividad, atraviesa zonas de postconflicto y zonas que no tienen esa característica. Finalmente, se reconoce que el estado ha implementado varias estrategias respecto a la situación, sin embargo, son burocráticas, contradictorias, con nulo espíritu de los acuerdos de paz, y por ende, con bajísima efectividad. Descargue aquí la reseña completa

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Luego que el diario El Espectador publicara una investigación en la que se reveló que existían 24.000 audios en los que se hallaron serias inconsistencias en las pruebas que fueron presentadas para que el 09 de abril de 2018 Jesús Santrich fuera detenido por, presuntamente, tener luego de la firma del Acuerdo, negocios con el narcotráfico específicamente con el Cartel de Sinaloa. Pues bien, luego de saliera a la luz esta grave denuncia, el pasado 10 de noviembre un grupo de congresistas citaron a un debate de control político por la relación que tuvo este hecho con el exfiscal Néstor Humberto Martínez. A este fue citado el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; el ministro de Justicia, Wilson Ruíz, además el actual fiscal Francisco Barbosa y el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes. ¿Qué pasó en el debate? Como un entrampamiento al Acuerdo de Paz, así fueron calificadas las acciones que habría cometido Néstor Humberto Martínez para actuar ilegalmente y en contra del Proceso de Paz y quienes hasta ese momento se habían acogido a éste. Este calificativo se dio en la Comisión Primera del Senado, donde este miércoles se realizó el nombrado debate de control político al que asistieron el exfiscal Martínez; el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Hay que señalar que este espacio fue convocado bajo la denuncia que el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez sabía que la operación de narcotráfico contra Jesús Santrich fue un montaje de la DEA y del ente acusador al que él pertenecía. Esta afirmación arrancó defendiéndola el senador Gustavo Petro, quien dentro sus argumentos incluyó que los narcotraficantes con los que se relacionaba a Santrich eran realmente agentes de la DEA que se hacían pasar como miembros del cartel de Sinaloa. A esto se sumó que el video en que aparece Santrich hablando con mexicanos y con Marlon Marín habría sido intervenido de tal forma que sirviera para mostrar mediáticamente culpando al exjefe guerrillero. Esto último se hizo mediante un experto quien señaló cuáles eran los errores de continuidad del material audiovisual, además quien indicó que “es imposible que una cámara suba y baje captando los mismos fotogramas, el mismo encuadre, las mismas dimensiones”, a lo que se sumó lo dicho por Petro, quien durante el debate agregó que: “Fue un libreto para sembrar pruebas y meter gente de las Farc en un supuesto negocio de drogas en el que montaron una operación con droga de la Fiscalía o dinero de la DEA, que termina en la reunión, en una casa que el Gobierno le puso a Santrich, con cámaras del Gobierno, grabando permanentemente la reunión en donde se habla de unos proyectos productivos y traslapan por encima una charla con voces de agentes de la DEA, tan burdamente, que se descubre y esto es lo que le entrega el señor Néstor Humberto como prueba reina a la prensa. El señor Santrich fue solicitado en extradición con este tipo de maniobras, (y con esto) se rompió buena parte del proceso de paz”. Asimismo, Gustavo Petro presentó pruebas que sustentan evidencia que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, solicitó a la Fiscalía autorización para que en una operación de entrega controlada fueran entregados hasta 10 kilos de cocaína, además del uso de un agente encubierto. Para esto también se solicitó que se asignara a la fiscal Bertha Cecilia Neira Díaz. Por su parte, el senador Iván Cepeda recordó cómo el exfiscal permitió que agentes extranjeros realizaran operaciones de éste tipo, a pesar que esto está prohibido por nuestro ordenamiento jurídico. Añadió que “no es cierto que se haya tratado de una ‘operación autónoma o paralela’ de la DEA. Ya desde mediados de 2017, como lo reconoce Martínez Neira en su libro Las dos caras de la paz, hubo tres reuniones con autoridades judiciales estadounidenses”. Cepeda aseveró lo anterior, pues parte de lo dicho por Néstor Humberto Martínez durante el debate fue que todo esto era un “sainete con un libreto mal elaborado”. Además, que él en su papel de fiscal había entregado a Juan Manuel Santos, presidente en el momento, sobre “algunas personas estarían inmersas en acciones de narcotráfico, porque nosotros estábamos cumpliendo el deber de investigar las conductas después del primero de diciembre del 2016. (…) hubo lealtad con la justicia, con el Acuerdo de Paz y, sobre todo, con el Estado de Derecho”. Iván Cepeda ha advertido que Martínez nunca informó al Presidente de la República –para ese entonces Juan Manuel Santos- sobre las operaciones en curso, incluso cuando éstas tenían importante relación con el Acuerdo de Paz, es decir, eran de interés nacional. “En cambio, optó por entregar la información a una agencia de inteligencia extranjera sin consultar al Presidente. Este era un asunto de seguridad nacional, pues afectaba directamente el proceso de paz. El fiscal Martínez decidió adelantarlo en secreto y a espaldas de quienes estaban en la Mesa de Conversaciones”, incluyó el senador Cepeda. Imagen: Pares. Con todo esto Roy Barreras manifestó que “si cualquier colombiano es sujeto de un entrampamiento, o de una celada para acusarlo de delitos que no cometió, es muy grave. Pero más grave si en esos montajes participan los propios agentes del Estado, la Fiscalía y gravísimo si además, participan agentes extranjeros en la persecución a un ciudadano colombiano. Si esto ocurre frente a negociadores de un Acuerdo de Paz que puso fin a una guerra, el asunto se vuelve de interés nacional”. Las respuestas de NHM Aunque han sido múltiples las denuncias que desde hace varios años han salido contra el exfiscal, incluso hay que recordar que el año pasado fue denunciado que desde la Fiscalía (durante el periodo donde NHM fungía como fiscal general) se habrían realizado interceptaciones ilegales, que eran entregadas al exfiscal Martínez por intermedio del brigadier general (r) Luis Alberto Pérez Alvarán, director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Esto fue publicado por la periodista María Jimena Duzán, luego que los exfuncionarios de la Fiscalía: Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Augusto Martínez Lugo.se lo afirmaran. Pues bien, con esto encima y con un sinnúmero de cuestionamientos, NHM lo que salió a afirmar durante el debate fue que: “El principal protagonistas de todo este enredo que no hubiéramos querido vivir en Colombia, el pariente del señor Márquez declara ante la justicia bajo la gravedad de juramento que la coca se la proveyó Santrich a través de alias John y ustedes quieren que diga que la coca era de la Fiscalía. Qué maravilla, resultaron defensores de oficio de un caso de tráfico internacional de drogas (…) Están inventando una trama en la defensa de los narcotraficantes, en ese concierto parque se ha organizado para la defensa de los narcotraficantes”. Parte de los argumentos de Gustavo Petro durante el debate fueron que la Fiscalía junto a la DEA lo que buscaban en principio era que Marín lograra que los supuestos narcos (agentes de la DEA) establecieran comunicación con Iván Márquez y Jesús Santrich y así poder crear la supuesta vinculación. Imagen: Cortesía. No obstante, como lo denunció el senador, esto no se pudo dar y por eso Marín habría utilizado un tercero para que se hiciera pasar por Iván Márquez, quien finalmente se habría puesto en contacto con los supuestos narcotraficantes. Sin embargo, esa comunicación quedó ahí, por lo que luego darían paso la entrega controlada de cocaína para inculpar a Santrich. Hay que resaltar que la periodista María Jimena Duzán, comunicó a través de la W Radio, que Marín se había referido a todo esto recientemente, diciendo que a” él también lo habían engañado”. Por otra, parte Ariel Ávila, subdirector de Pares, analizó que sobre este tema se pueden hacer dos preguntas, y se podrían tener dos posibles respuestas:” 1. ¿Por qué entrampar a Santrich y Márquez con el tema de la droga? Para revivir a FARC y ayudar a un sector político a revivir un fantasma.2. ¿Por qué sabotear JEP? Para evitar que la verdad salga a flote y beneficiar a los denominados terceros”. Justamente en esta misma instancia – la JEP- en donde la firmante y senadora Victoria Sandino estuvo compareciendo, se refirió a los hechos, señalando que: “Es absolutamente grave que se haya utilizado una institución del calado de la Fiscalía para atentar en contra de la paz, aún más cuando este es el ente encargado de investigar los crímenes que se cometen en contra de las y los exguerrilleros”. Por último, hay que nombrar que Iván Cepeda junto con el senador Antonio Sanguino ampliará la denuncia radicada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, para que Néstor Humberto Martínez, que niega de lo que se le ha venido acusando, sea investigado por la presunta comisión de los delitos de prevaricato por acción y por omisión, fraude a resolución judicial, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Esta semana conmemoramos cuatro años del histórico acuerdo de paz firmado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, una gran noticia esperada y trabajada por décadas. Este país tiene el desafío de llevar adelante ese acuerdo, de hacer realidad las transformaciones que allí están pactadas, que son las raíces que explican el surgimiento de las FARC: el injusto mundo rural colombiano y la falta de garantías para la competencia política; sobre estas dos grandes falencias se ha montado la economía del narcotráfico, tema que igualmente tiene su lugar en el acuerdo, tres grandes temas, que junto al derecho de las víctimas y la construcción de un referente de verdad, son la sustancia de un acuerdo de paz que por ahora está en el congelador de un gobierno que no tiene interés y compromiso con lo pactado. Solo los temas de justicia, verdad y búsqueda de desaparecidos, que no dependen del gobierno, tienen su dinámica, que igualmente este gobierno trata de asfixiar negándole los recursos que requiere. La dura realidad es que hay dinámicas de violencia que persisten. Si bien no tenemos el enorme conflicto armado que teníamos hace dos décadas o una década, con la presencia de las AUC y las FARC y donde la geografía de la violencia estaban en cerca de cuatrocientos municipios y en promedio había 500 militares y policías muertos y 1.500 heridos al año, en los momentos más intensos entre 1998-2008, hoy esa geografía está en cerca de 180 municipios y los militares y policías muertos rondan los ochenta al año, siendo aún una cifra horripilante y que hay que tener el propósito de volverla cero. Estamos en un nuevo ciclo de violencia que tiene nuevas características: más fragmentación de quienes ejercen violencia, las comunidades no saben muchas veces quienes la ejercen, inestabilidad en los mandos, más muertes de civiles que de combatientes y se mantienen otras inercias de los viejos conflictos: búsqueda de rentas, alianzas pragmáticas entre contendores de signos ideológicos contrarios y una demarcación territorial estricta que debe ser respetada, para evitar choques y nuevas confrontaciones, a la par que se siguen disputando territorios y el sufrimiento de las comunidades donde se asientan los armados es una constante. El Estado es otro actor que participa de las violencias sin capacidad de imponerse, y mucho menos de tener un control democrático del territorio. Solo miles de soldados en muchos territorios que nada logran de manera efectiva. Imagen: Cortesía. La geografía más dura de este nuevo ciclo de violencia está en el Catatumbo, el Cauca, regiones de Antioquia, en el Pacífico y en Arauca y puede agravarse en Putumayo, Guaviare y Caquetá. Las políticas de este gobierno, empezando por su desconocimiento del acuerdo de paz, que sigue simulando cumplir, la nefasta política contra el narcotráfico y el desinterés por potenciar la participación social en la construcción de paz en las regiones más golpeadas nos deja este preocupante balance. Esta élite que hoy gobierna no tiene interés en ampliar esta precaria democracia, en las transformaciones que se requieren, no tiene interés en desmarcarse de la fracasada guerra contra las drogas, en cumplir con el parcial e importante reformismo que está en el acuerdo de paz, es construir un sistema electoral y de participación política con rigor y transparencia, todo lo anterior va contra sus intereses. Este gobierno es un fracaso en los temas de seguridad o quizás no, quizás está en sus prioridades y apuestas, mantener este estado de cíclicas violencias para seguir defendiendo los intereses que representa. Cerrar de manera definitiva estas violencias de varios pelambres, requiere nuevas políticas, gobiernos con interés en transformar las raíces que están en el enorme desafío de construir un mundo rural equitativo y con apoyo de políticas de envergadura, desmarcarse de la fracasada política contra las drogas, incluir regiones, darle fuerza y proteger a las comunidades, todo esto requiere otras fuerzas sociales y políticas con poder. Si quieren ver más detalles de lo aquí planteado les recomiendo el libro de Francisco Gutiérrez Sanín: Un nuevo ciclo de guerra en Colombia?. Ante el desafío que se mantiene es mejor contar con buenos análisis y contexto histórico, y este libro lo logra.

Por: Pares Pacífico. El informe La implementación estancada del capítulo étnico: los PDET en la subregión Pacífico Medio, las garantías de seguridad y no repetición, y diagnóstico del PNIS, presenta los resultados de investigación del equipo regional de Pares Pacífico a propósito de los cuatro años de implementación del Acuerdo de Paz. Se realiza un especial énfasis en el análisis del capítulo étnico con el propósito de dar a conocer las preocupantes tendencias de estancamiento en la implementación del PDET pacífico medio -especialmente en el departamento del Cauca-, la creciente desfinanciación de los PNIS al nivel nacional y en los territorios étnico-raciales, y la falta de garantías de seguridad para las y los líderes étnico-raciales y sus organizaciones. Estos tres componentes estratégicos de los acuerdos son analizados a la luz de las cifras y de los testimonios de algunos líderes y lideresas que decidieron manifestar sus inconformidades para cuestionar los argumentos triunfalistas de la tecnocracia gubernamental en su discurso nacional e internacional de presentación de avances del proceso de paz. En la costa pacífica caucana la implementación del PDET se ha quedado estancada, en palabras de algunos líderes “no se ha puesto ni una piedra”, la exclusión de la participación de las comunidades y sus líderes es cada vez más evidente, mientras las alcaldías locales y la ART toman decisiones por su propia cuenta. Recientemente, el consejero Emilio Archila y algunos funcionarios/as de la ART y de otras dependencias del gobierno realizaron una vista a la ciudad de Buenaventura con el propósito de brindar “apoyo institucional” a la implementación del PDET, sin embargo, los resultados de este informe muestran que a nivel de la costa caucana la des financiación de los PATR es total, y esto se debe a la imposibilidad de las alcaldías para asumir los costos totales o parciales de los proyectos priorizados, además que la falta de estructuración de los mismos mantiene excluidos a estos municipios del acceso a los fondos OCAD Paz. Fotografía: Pares. Los compromisos consignados sobre prevención, protección y justicia para los pueblos étnicos también se encuentran en un nivel preocupante de estancamiento, sobre todo teniendo en cuenta que la situación de los y las defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales étnico-raciales y sus organizaciones permanece sumida en un abanico de violencias que no para de cobrar vidas y de atentar contra su labor en defensa de la autonomía y la construcción de paz. Con respecto al PNIS, la decisión del gobierno Duque ha sido la de poner a agonizar el programa al limitarlo negándose a vincular nuevas familias (apenas 1,700 en 2019), al individualizar la intervención y no avalar los acuerdos colectivos ni respaldar el proceso en los territorios étnico-raciales, al desfinanciarlo a una cuarta parte de lo que se requería en lo presupuestal, al escudarse en el espejo retrovisor señalando que el anterior Gobierno falló en la estructuración y sobre todo, por apostarle a la erradicación forzada como política antidrogas continuando la guerra fracasada contra este flagelo. A manera de hipótesis se plantea que las fallas en la implementación de los PDET y PNIS afectan gravemente las garantías de seguridad de los grupos étnico-raciales, en ese sentido, se hace un llamado a la ciudadanía y los/as tomadores de decisiones sobre la urgente necesidad de materialización de estas propuestas para evitar la repetición de los ciclos de violencia, pobreza, ilegalidad y abandono estatal en estos territorios étnicos y racializados. Descargue aquí el informe completo

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Este año la situación jurídica de Salvatore Mancuso se ha movido de una esquina a la otra. El exjefe paramilitar ha manifestado la intención de someterse a la JEP, sin embargo, ha recibido la respuesta negativa del presidente Iván Duque. ¿Qué intereses hay detrás? Hay que señalar que Mancuso ha estado insistiendo en que sea admitido en la JEP desde 2018, y en junio de este año la Sala de Reconocimiento a través del auto 90, concluyó que su rol en el periodo entre 1989 y 1997 fue la de un “miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate«, más no las de un tercero civil financiador o colaborador de un grupo armado ilegal. Luego, en septiembre, el exjefe paramilitar envió una carta a la JEP en la que volvía a insistir, afirmando que «mi experiencia y conocimiento macro del conflicto armado me permite asegurar que no solo cumplo con los requisitos para ser admitido en la JEP, sino que, es importante para que se conozca la verdad íntegra que buscan las víctimas, la sociedad colombiana, la comunidad internacional y que es el espíritu, la esencia, la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz”. No hay que perder de vista que en esas alianzas que entre terceros/as, políticos y paramilitares en la que se insiste Mancuso puede tener un papel importante para revelar quiénes estuvieron detrás de los actos delictivos cometidos en el marco del conflicto armado por parte de estos grupos. Imagen: Pares. En su momento León Valencia, director de Pares, aseguró que era vincular a Mancuso a la JEP “ayudaría mucho al esclarecimiento de los hechos. Yo creo que Mancuso podría aportar mucho porque daría testimonios con pruebas y eso es lo que se necesita”. Hay que señalar que de Mancuso hay muchos ángulos por dónde ver los crímenes que cometió, pues tuvo una importante relevancia en la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia junto a los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil. Estando allí comandó el Bloque Catatumbo, que según la Fiscalía mientras estuvo al frente de éste pasó de tener 270 miembros a 2.500, crecimiento que se daría por el apoyo empresarial, político y además del narcotráfico con el que contó este grupo. De esta cantidad de integrantes de este Bloque solo se desmovilizaron 1.437, incluido Mancuso, durante el proceso de Justicia y Paz promovido por el entonces presidente Uribe. Mancuso entregó 22 bienes y confesó 402 delitos puntuables entre los que están: concierto para delinquir agravado; actos de terrorismo; homicidio en persona protegida; homicidio en persona protegida en la modalidad de tentativa; tortura en persona protegida; toma de rehenes; destrucción y apropiación de bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Además, está señalado por hurto calificado y agravado; exacción o contribuciones arbitrarias; secuestro simple y agravado; desaparición forzada; actos de barbarie; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; tratos inhumanos y degradantes; represalias; obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias; despojo en campo de batalla; simulación de investidura o cargo; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; destinación ilícita de muebles o inmuebles; tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos; conservación o financiación de plantaciones; existencia construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje. También la Fiscalía responsabilizó a Mancuso, entre otras, por las masacres de El Aro y la Granja, las mismas con las que se relaciona al expresidente Uribe, quien para esos momentos (1996 y 1997) gobernaba Antioquia y habría tenido conocimiento de lo que iba a suceder en estas zonas de Ituango junto a Pedro Juan Moreno, secretario de gobierno del gobernador en ese periodo y miembros del Ejército, quienes no hicieron nada para evitar las masacres, y por el contrario se les acusa de cuadrar conjuntamente esta incursión paramilitar con los miembros de las AUC. Adicionalmente, hay que mencionar que con un retorno de Mancuso se abrirían capítulos del paramilitarismo en relación con la paraeconomía y los empresarios, ganaderos, terratenientes que habrían colaborado con el accionar y crecimiento de las AUC y también con la relación con políticos y los movimientos que se dieron desde estas esferas para que se cometieran los crímenes realizados por este grupo. El ahora del debate Hay que recordar que Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 y el 30 de junio de ese año la Corte del Distrito de Columbia lo condenó a 15 años y 10 meses de prisión por narcotráfico, pena que contó desde el momento en que fue recluido en prisión en Colombia en 2006. Con esa pena cumplida Mancuso sigue insistiendo que sea aceptado en la JEP, y en dicho contexto y ante la negativa de Iván Duque, el exjefe paramilitar dijo en la W Radio que el actual presidente “le teme a la verdad. Se rasga las vestiduras hipócritamente exigiendo verdad, pero impide la reconstrucción de la misma y por ello su intromisión indebida e ilegal en la autonomía e independencia de la justicia”. Esto, pues además en varias ocasiones públicamente Iván Duque ha salido a decir que no permitirá que los exjefes paramilitares entren a la JEP. Incluso, luego de la aseveración de Mancuso, el presidente desde Popayán afirmó que “ninguno de esos jefes paramilitares tiene hoy fundamento para entrar a la JEP; ellos tienen una deuda pendiente con la justicia colombiana por crímenes de lesa humanidad y tienen que venir acá y pagar por esos delitos. (…) Si están buscando que los abogados les sirvan a ellos de ‘petimetre’ de gestión para llegar después a la JEP y por esa vía eludir la justicia, que tengan claro que mientras yo sea el Presidente de Colombia eso no va a ocurrir, porque aquí seguiremos defendiendo la justicia”. Un paso atrás para conocer la verdad No hay que perder de vista que en esas alianzas que entre terceros/as, políticos y paramilitares en la que se insiste Mancuso puede tener un papel importante para revelar quiénes estuvieron detrás de los actos delictivos cometidos en el marco del conflicto armado por parte de estos grupos, mientras que este martes se conoció que se había dado un paso atrás, pues la Fiscalía decidió archivar el proceso contra Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, a quien se le ha implicado por haber financiado la creación del Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esta decisión fue tomada pues el ente de investigación determinó que no existe suficiente material probatorio para vincular a Santiago Uribe a la investigación, a pesar de que testimonios de paramilitares han coincidido afirmando que Santiago Uribe apoyó a dichos grupos en los municipios de Amagá, Titiribí y Angelópolis al sur de Antioquia. A esto se suma que el proceso que lleva el hermano del expresidente por el caso de los 12 Apóstoles se encuentra en su etapa final en el Tribunal Superior de Antioquia, y se espera que para enero de 2021 se presenten los argumentos finales de la defensa de Uribe y posteriormente el juez dé su veredicto.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Fotografía: Giorgio Londoño. Desde hace un año la protesta social ha tenido una reactivación importante. Con el Paro Nacional del #21N de 2019 las calles volvieron a ser para la movilización social durante varios días: esta dinámica continuó entre enero y febrero de 2020 y luego, por el inicio de la pandemia y las medidas restrictivas, tuvo un parar, pues la invitación ya no era a permanecer en las calles, sino a quedarse en casa. No obstante, en varios barrios de algunas ciudades y en algunos municipios la protesta social no se detuvo. Esta vez ya no estaba dentro del marco del Paro Nacional, pero las exigencias seguían siendo en torno a la vida digna, pues las y los manifestantes salieron a reclamarle al Gobierno Nacional y a los gobiernos locales que urgía, y sigue urgiendo, una renta básica para las personas más afectadas por el confinamiento. Es necesario pensar cómo la protesta social también es un espacio en el que se reproducen las violencias basadas en género (VBG). Por eso hoy, 25 de noviembre, queremos abrir el diálogo y la discusión respecto a esta problemática en tanto que es es una realidad y urge crear medidas pensadas diferencialmente, además de reconocer estas violencias, para cuidarnos y conocer rutas de acción a las que recurrir. Fotografía: Pares. Asimismo, desde distintos lugares, las peticiones abarcaban desde el cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la protección de las personas privadas de la libertad, la existencia de garantías de vivienda digna, hasta que parara la corrupción con los recursos destinados para atender la pandemia. Tras el asesinato de Javier Ordóñez en Bogotá, que habría sido cometido por al menos dos uniformados en el barrio Santa Cecilia en la localidad de Engativá, la protesta social volvió a ser convocada masivamente. Pero el resultado – incluso cuando la petición principal era que parara el abuso de fuerza por parte de Policía-, fue de 13 personas asesinadas entre Bogotá y Soacha, presuntamente por miembros de la institución que habrían utilizado sus armas de fuego de forma irregular causándole la muerte a varias personas que se encontraban manifestándose y transitando por la vía pública. En este mismo contexto, desde la ONG Temblores se denunció que el 10 de septiembre en el CAI de San Diego de Bogotá fueron abusadas sexualmente tres mujeres de entre 22 y 23 años por parte de uniformados, quienes, siguiendo la denuncia de la ONG, fueron trasladadas desde Villa Luz hacia el centro, luego de haber sido detenidas bajo la presunción de porte de marihuana del que se les acusó porque una de las mujeres prendió un cigarrillo. Estando en el lugar de los hechos los uniformados habrían empezado a acosarlas; uno de ellos les habría preguntado: “¿Cómo vamos a arreglar?” y, acto seguido, habrían cometido tocamientos indebidos contra ellas, aprovechándose de la indefensión en la que estaban las jóvenes. Ante los hechos de violencias sexuales se sumó que los uniformados también les habrían quitado los celulares a las jóvenes, y, además, borraron todo lo que habían grabado durante el procedimiento: lo anterior con la excusa de que éstos eran robados y debían confirmar que los celulares sí les pertenecían a ellas. E incluso se denunció que, al compañero de una de las jóvenes, quien llegó al CAI al conocer lo que estaba pasando, se le pidió que le diera $150.000 a los uniformados para dejarlas ir. Tras esto, varias mujeres se citaron el 12 de septiembre como muestra de rechazo al abuso de poder de los Policías, pero también como muestra de rechazo a las violencias que son cometidas contra las mujeres en contextos de protesta social, pues contra nosotras también son cometidas violencias diferenciales incluso en estos escenarios. A los cuestionamientos sobre este procedimiento se suma que todo el proceso fue realizado por policías hombres; solo horas después de que las jóvenes estuviesen retenidas llegó una policía mujer. Este no es un aspecto menor si se tiene en cuenta las directrices que indican que los procesos judiciales y de detención contra una persona deben ser realizados por un/a agente de la policía del mismo sexo. En este mismo contexto, desde la ONG Temblores se denunció que el 10 de septiembre en el CAI de San Diego de Bogotá fueron abusadas sexualmente tres mujeres de entre 22 y 23 años por parte de uniformados, quienes, siguiendo la denuncia de la ONG, fueron trasladadas desde Villa Luz hacia el centro, luego de haber sido detenidas bajo la presunción de porte de marihuana del que se les acusó porque una de las mujeres prendió un cigarrillo. Fotografía: Giorgio Londoño. Este caso, como mucho otros, puso sobre la mesa la necesidad de pensar cómo la protesta social también es un espacio en el que se reproducen las violencias basadas en género (VBG). Por eso hoy, 25 de noviembre, queremos abrir el diálogo y la discusión respecto a esta problemática en tanto que es es una realidad y urge crear medidas pensadas diferencialmente, además de reconocer estas violencias, para cuidarnos y conocer rutas de acción a las que recurrir. La protesta social, otro escenario de las VBG No es un hecho aislado el que dentro de la protesta social el miedo se mantiene presente, pues los abusos, principalmente de la Fuerza Pública, son una constante y cualquier manifestante puede ser víctima de estos. No obstante, hay una mirada con la que se deben ver estas agresiones, ya que si bien el ejercer el derecho a la protesta genera ciertos riesgos, estos pueden ser mayores y diferentes cuando quien protesta es un mujer, pues la protesta social: “(…) al desarrollarse en un espacio público genera que seamos susceptibles, tanto las mujeres como las diversidades sexuales, a este tipo de violencias que pueden ser ejercidas desde los propios manifestantes hasta por los funcionarios públicos”, contó Paulina Farfán, voluntaria del Comité de Solidaridad con los/as Presos/as Políticos/as y miembro de la Campaña Defender la Libertad. “También tiene que ver mucho con la forma en que se habita el espacio público, y con la manera en la que se nos ha segregado de este tipo de espacios, y obligado a habitarlos con unos roles de género ya asignados. Por eso, en estos escenarios también se debe ser crítico/a no solo con nuestras posturas y apuestas, sino también en las relaciones con nuestros cuerpos y en la forma en la que habitamos estos espacios, generando un diálogo sobre cómo esto es parte de un ejercicio político, que surge del reconocimiento de las violencias basadas en género y del entender que éstas hacen parte de un mecanismo aleccionador, con el que se quiere que sigamos respondiendo a esos roles asignados, generando una negación a participar en ese tipo de espacios”, agregó Karla Trujillo, integrante del Comité de Solidaridad con los/as Presos/as Políticos/as y miembro de la Campaña Defender la Libertad. Cuando se piensan las VBG en medio de protesta social, las agresiones de las que se pueden hablar son amplias; sin embargo, en lo que ha sido el último año de protesta algunos hechos se han presentado con mayor constancia, estando en el marco de la violencia política y simbólica, así como en el de la violencia física y psicológica. Por una parte, hay “un rechazo y desestimación de las reivindicaciones propias de las mujeres y de las diversidades sexuales”, afirmó Paulina Farfán. Además, Trujillo mencionó que “siempre hay una amenaza sexual, o palabras como “perra”, “puta”, “ustedes no deberían estar acá”, “les hacen falta que las corrijan”. Todo el tiempo se están reproduciendo este tipo de violencias”. En este sentido, hay que mencionar que los hechos que generan mayor alarma por la sistematicidad con la que son cometidos son las detenciones arbitrarias, y en el ejercicio de estas, la no separación en razón del género; es decir, que a las mujeres las trasladen y detengan policías hombres, lo cual facilita o propicia situaciones en que presentan tocamientos indebidos, violencia sexual – como el hecho nombrado al inicio del artículo-, masturbación frente a las/es detenidas/es, y la sugestión de “favores sexuales” para dejarles ir o no poner comparendos. Otra vulneración que se comete es obligar a las personas detenidas a desnudarse total o parcialmente. Protesta social en Bogotá, noviembre de 2020. Fotografía: Giorgio Londoño. A propósito de esto último hay que recordar que, también durante septiembre una joven denunció a través del portal 070 que el 13 de ese mes, mientras recorría las calles del barrio La Macarena como parte de un ejercicio de fotoperiodismo que hacía, se encontró unos escudos que utilizan los policías a las afueras de la Estación de La Macarena. Ella decidió sacarles fotos a estos, cuando tres policías (dos hombres y una mujer) llegaron hasta donde ella estaba, le dijeron que no estaba permitido que tomara esas fotos y la hicieron ingresar a la Estación. Estando allí la trataron de guerrillera y vándala, y le pidieron una requisa.La trasladaron a un baño del lugar donde la mujer policía le pidió que se quitara el pantalón y la camisa, luego le dijo que se quitara toda la ropa y que hiciera cuclillas; hecho que llenó a la víctima de rabia e impotencia al no saber qué hacer. Ya afuera, los policías le dijeron que firmara un papel, que de no hacerlo la llevarían a la SIJIN y la procesarían por terrorismo. Finalmente la dejaron ir, no sin antes quitarle la cédula y el celular por varios minutos, borrando las fotos que había tomado y amenazándola. Vale la pena mencionar que la ONG Temblores, en julio de este año, presentó un informe realizado con base en información de Medicina Legal en el que se informa que entre 2017 y 2019 se registraron 241 denuncias por violencia sexual contra la Fuerza Pública; de ese total 109 casos son contra policías. No obstante, aun con este crítico registro, hay que señalar que la cifra puede ser mucho mayor pues la figura de autoridad que representa la Policía, además del temor a las represalias que pueden tomar los uniformados, así como la impunidad que parece protegerlos, puede llevar a que haya muchas mujeres que prefieran no denunciar cuando son víctimas de este tipo de casos. No hay que perder de vista que la organización también informó que el mayor número de denuncias se realizaron en Bogotá, y el grupo más vulnerable son las mujeres estudiantes y consumidoras de sustancias psicoactivas. Aunque esto da pistas de un panorama, vale la pena cuestionarse, principalmente, ¿por qué las denuncias se concentran en la capital colombiana? ¿Qué pasa en los lugares alejados de los centros urbanos? ¿No hay casos o no hay instancias para denunciar? Cuidado colectivo, autocuidado y denuncia: una ruta a seguir El testimonio de Paulina Farfán indica que existe un reconocimiento de que estos hechos -las agresiones en las movilizaciones- pueden tener efectos diferenciales según grupos poblacionales y lugares donde se realicen las protestas: “Ha hecho falta hacer un seguimiento institucional más riguroso de este tipo de violencias, pues cuando se sistematizan los hechos de agresiones en las protestas sociales las vbg pasan desapercibidas, y no se ve de manera crítica que muchas de las violencias y agresiones son motivadas en razón del género. Eso dificulta un registro más juicioso y una valoración de las vbg cercana a la realidad y en la que se incluyan otros factores”. Sin embargo, con el trabajo de organizaciones como la Campaña Defender la Libertad y el Comité de Solidaridad con los Presos/as Políticos/as, se han logrado establecer rutas que se pueden tomar en lo hechos que se presentan más sistemáticamente. · Si somos detenidas tenemos que exigir que tenemos que estar separadas en razón de nuestro género; esto tanto para la requisa como para el traslado. · No pueden obligarnos a desnudarnos total ni parcialmente. · Hay que tener en cuenta la identificación de los victimarios; de pronto si escuchamos el rango que tiene. · Sabemos que es complejo que en medio del momento sea posible fijarse en los números de la placa y recordarlos, pero si se puede tener ese dato es muy valioso, así como rasgos físicos de quien realiza la detención. Cualquier cosa que recordemos va a ser muy útil para la identificación y posterior denuncia. · También es útil tener en cuenta la hora y lugar de los hechos. · Puede ayudar el tener algún registro de audio o video; transmitir en vivo es muy recomendable, pues ahí se guarda el registro en dado caso que los uniformados dañen los celulares o nos los quiten. · Otra herramienta es llamar a una persona que pueda grabar la llamada y las agresiones que se escuchen, o así no se pueda grabar esa persona serviría como testigo/a. · Es útil tomar nota de lo que recordemos, esto es muy importante pues es probable que a medida que pasa el tiempo se nos olviden datos que pueden ser relevantes para la denuncia. Esta recomendación se puede seguir dependiendo las condiciones de las mujeres, porque en un amplio número de casos quedan en estado de conmoción durante la agresión o después de esta. Además, hay que tener presente que ante cualquier vbg se puede acudir a una URI, pedir una valoración de Medicina Legal, ir a la Secretaría de la Mujer, y también se puede pedir acompañamiento en todo el proceso por parte de la Defensoría del Pueblo. Hay que anotar que, aunque estas violencias se pueden dar en el marco de la protesta social, los lugares más comunes donde son cometidas son en los centros de traslado por protección, las cárceles, los vehículos oficiales y los edificios públicos. Por otra parte, quienes sean testigos de estos hechos, aun cuando no se es parte del equipo de Derechos Humanos de las movilizaciones pueden, como lo indicó Paulina Farfán: “Acompañar a la persona hasta que pueda tomar un transporte seguro y hasta que esté consciente, porque muchas veces se queda en estado de shock. Es importante también ponerla en contacto con una persona conocida o que hacer parte de la situación a las redes de apoyo de la víctima. De ser necesario, y si la persona así lo quiere, [es posible] acompañar en el proceso de denuncia”. También es necesario determinar la edad de la víctima, la identidad u orientación sexual, aspectos poblacionales, si está en estado de gestación, si tiene alguna diversidad funcional, y si cumple algún rol dentro de la movilización como defensora de Derechos Humanos, periodista, etc. Defensoras de Derechos Humanos al frente de las vbg Con la violencia que es constantemente cometida en la protesta social, las/os defensoras/es de Derechos Humanos se han convertido en un acompañamiento necesario dentro de estos escenarios, pues son justamente estas personas quienes han logrado documentar las agresiones que ejerce la Fuerza Pública; lo que ha llevado, entre otras cosas, a reconocer que urgen cambios en los mecanismos que utiliza la Policía para reprimir el derecho a la movilización social. Ejemplo de ello es lo que ocurrió hace algunos meses cuando la Corte Suprema de Justicia solicitó varias cosas respecto a la protesta social, entre ellas dejar de utilizar la escopeta calibre 12. Hay que tener presente que ante cualquier vbg se puede acudir a una URI, pedir una valoración de Medicina Legal, ir a la Secretaría de la Mujer, y también se puede pedir acompañamiento en todo el proceso por parte de la Defensoría del Pueblo. Hay que anotar que, aunque estas violencias se pueden dar en el marco de la protesta social, los lugares más comunes donde son cometidas son en los centros de traslado por protección, las cárceles, los vehículos oficiales y los edificios públicos. Fotografía: Pares. Adicionalmente, el trabajo de las personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos ha sido uno de los contados acompañamientos que tienen los/as manifestantes en la movilización que realmente protejan el bienestar de quienes salen a las calles, y que además exigen que la Fuerza Pública no se exceda en estos escenarios. Es importante mencionar que su apoyo también incluye el servicio de los primeros auxilios para las personas afectadas física y psicológicamente en la protesta social. Sin embargo, las mujeres que hacen parte de estos equipos como Paulina y Karla reconocen que: “Somos muy irrespetadas por la Fuerza Pública, sobre todo nuestra labor es bastante desestimada y somos mayormente agredidas tanto psicológica, como físicamente por parte de la Fuerza Pública. (…) Sobre todo en términos de interlocución y de acompañamiento en terrenos, porque muchas veces se deslegitima lo que nosotras decimos simplemente por el hecho de ser mujeres. Las instituciones esperan que venga un compañero, que sea hombre como para que haya una mayor validez. En las comisiones de verificación hay mucha violencia, entonces muchas veces nos dicen: “tan bonitas y estando acá”, o desde la Fuerza Pública a veces nos tratan de vándalas, “putas”, “perras”, buscando amedrantar el ejercicio que hacemos de Derechos Humanos”. Por todo esto, desde organizaciones como Defender la Libertad se ha insistido en el trabajo pedagógico para reconocer las vbg en la protesta social y para identificar cuáles son las rutas que se pueden tomar, pues parte de la problemática es que muchas/os, por la estructura violenta y patriarcal que atraviesa todos los escenarios, naturalizan estas agresiones que son cometidas en razón del género y por eso muchos casos se quedan sin ser denunciados y son las víctimas quienes deben llevar sus propios procesos de reparación. Por eso hoy, 25 de noviembre, se reconoce el importante trabajo de las Defensoras de Derechos Humanos en la protesta social, pero también se insta a que se abra el debate sobre las vbg en estos escenarios, pues tenemos el derecho de llevar cada una de nuestras reivindicaciones a las calles sin que el miedo a ser violentadas sea la respuesta que esperemos del Estado. Hoy, 25 de noviembre, la lucha, como cada uno de los días, es para que cada espacio que habitemos sea seguro.

Por: Ximena Sierra Pérez. Enlace Regional Bajo Cauca. Pares. Históricamente, la subregión del Bajo Cauca ha sido un territorio con presencia de actores armados ilegales que han ejercido violencia armada hacia los diferentes sectores de la sociedad civil, entre ellos las mujeres. Actualmente en la región hacen presencia grupos armados ilegales como ‘El Clan del Golfo’, ‘Los Caparrapos’, el ELN y disidencias del Frente 18 y 36 de las extintas FARC-EP que disputan el territorio por rentas de economías ilegales derivadas del oro y la coca, lo cual se deriva en sistemáticas violaciones a Derechos Humanos y violación del Derecho Internacional Humanitario hacia la población civil, especialmente la ubicada en las áreas rurales de los municipios. Después de la dejación de armas de las FARC-EP en el año 2016, la concentración de las estructuras armadas ilegales y, por tanto, la violencia homicida en esta zona de Antioquia ha aumentado. El 2018, con un total de 319 homicidios, 35 de estos a mujeres, fue el año con mayor número de homicidios en esta subregión en los últimos seis años. En Cáceres y Caucasia estos alcanzaron un aumento de más del 150% y del 300% en Tarazá. Según cifras de la Unidad para Reparación de Víctimas en 2018 había un total de 685,087 mujeres desplazadas en Antioquia. El desplazamiento y el abandono de sus lugares de arraigo, maximiza las condiciones de vulnerabilidad y pobreza de las mujeres, acentuadas por el difícil acceso a las oportunidades y los menores niveles de escolaridad registrados en los territorios rurales. Fotografía: Pares. En el año 2019 esta cifra total disminuyó a 269 asesinatos, 21 correspondiente a mujeres, manteniéndose Caucasia, Tarazá y Cáceres como los más violentos de la región desde 2017. Según cifras de Medicina Legal, entre 2017 y 2019 fueron asesinadas 67 mujeres en Bajo Cauca, y al mes de septiembre de 2020 se han registrado 14 asesinatos a mujeres, 3 de ellas menores de edad. Uno de los casos más impactantes en la región, fue el asesinato de la lideresa social Mabel Sandra Banda Meneses, quien era la presidenta de la junta de acción comunal del barrio El Paraíso en el corregimiento La Caucana y quien fue asesinada por el GAO ‘Caparrapos’ el 30 de agosto. Además de esta violencia homicida, las mujeres deben enfrentarse a múltiples hechos de victimización como el desplazamiento forzado u otros hechos de violencia que presentan preocupantes subregistros en esta parte del país, tal como ocurre con las amenazas, secuestros, abusos sexuales, desapariciones forzadas* y reclutamiento forzado. La mayoría de los casos no son denunciados ante las instituciones, debido a que, las mujeres sienten temor por las represalias que puedan tener los grupos armados y por la falta de confianza en la institucionalidad. Desde el 1 de enero de 2020 al 20 de noviembre del mismo año, dos lideresas sociales han sido asesinadas en Bajo Cauca, una de ellas en el municipio de Tarazá y la otra en el municipio de El Bagre. A su vez, muchas de ellas han sido víctimas de desplazamiento forzado a causa de amenazas a sus vidas en algunos municipios de esta subregión**, sus liderazgos sociales y los procesos organizacionales que jalonan en sus diferentes organizaciones, las han puesto en la mira de los actores armados ilegales, que, a través, del uso de la violencia armada, las han asesinado, amenazado, desplazado y ejercen control sobre sus relaciones sociales. La mayoría de estas victimizaciones se presentan en áreas rurales de los municipios, debido a, que existe poca presencia de institucionalidad y de fuerza pública. También, las mujeres campesinas, deben vivir en medio de las confrontaciones entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales, o los enfrentamientos entre estos mismos grupos, lo cual, las obliga a vivir en medio de las balas, con el temor de perder su vida, la de sus hijos o esposos en el marco de la violencia. Según cifras de la Unidad para Reparación de Víctimas en 2018 había un total de 685,087 mujeres desplazadas en Antioquia. El desplazamiento y el abandono de sus lugares de arraigo, maximiza las condiciones de vulnerabilidad y pobreza de las mujeres, acentuadas por el difícil acceso a las oportunidades y los menores niveles de escolaridad registrados en los territorios rurales. En medio de la pobreza, el desempleo, el desamparo institucional y el miedo, sus poderosos procesos organizativos en defensa de la vida y el territorio son ejemplo y esperanza para las comunidades. Fotografía: Cortesía ASOMUCA. Uno de los hechos más recientes de violación de Derechos Humanos hacia mujeres residentes en esta región del país, que involucran integrantes de grupos armados ilegales, sucedió el pasado 23 de julio, donde 10 hombres armados ingresaron a la finca ubicada en el corregimiento El Guáimaro del municipio de Tarazá, en busca del esposo de la señora Arleth Cecilia Estrada de 39 años y al no encontrarlo, la asesinaron frente a su hija de 16 años. Antes de quitarle la vida, la torturaron. Condiciones de vida precarias En la subregión del Bajo Cauca Antioqueño la mayoría del empleo es informal***, no existen grandes industrias o empresas generadoras de empleo, los principales renglones de la economía son la minería, la ganadería y el comercio, los cuales en su mayoría son ejercidos por hombres, relegando así a la mayoría de mujeres a trabajos domésticos. Según datos de la Encuesta Nacional de Vida -ECV realizada por el DANE para 2019, existen grandes brechas en términos de empleabilidad entre hombres y mujeres en Bajo Cauca, teniendo que, mientras la tasa de desempleo para los hombres fue de 5,3%, para las mujeres fue de 16,5%, lo que evidencia las mayores dificultades de las mujeres para insertarse en el mercado laboral. Otro factor sobre el cual llamar la atención son los altos índices de embarazos en niñas y adolescentes que se registran en la subregión. De las 9 subregiones de Antioquia, el Bajo Cauca Antioqueño es la que mayor tasa de embarazos presenta. En 2017 por cada 1.000 mujeres entre las edades de 10 a 14 años, había una tasa de embarazo de 8.5% y, entre las edades de 15 a 19, un 93.7%. Capacidades organizativas de las mujeres en el Bajo Cauca En medio de la violencia armada y el ruido de los fusiles persisten voces y liderazgos de mujeres que han aprendido a resistir. En medio de la pobreza, el desempleo, el desamparo institucional y el miedo, sus poderosos procesos organizativos en defensa de la vida y el territorio son ejemplo y esperanza para las comunidades. Como mujeres de la ciudad, el campo, mineras, afro e indígenas, LGTBI, desde prácticas autónomas y también con el respaldo de otras organizaciones sociales y ONG han fortalecido sus procesos protección, apoyo y cohesión con miras a un ejercicio de construcción de paz. En diálogos con las profesionales de género de los seis municipios de la subregión se logró conocer que existen alrededor de 50 organizaciones de mujeres, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, que hacen parte de procesos y proyectos sociales que buscan la reivindicación de sus derechos. Uno de los procesos más importantes que se gestan desde las mujeres de este territorio, lo encabezan las mujeres de la Asociación municipal de mujeres de Caucasia -ASOMUCA, quienes desde hace 22 años buscan visibilizar y erradicar la desigualdad que han sufrido las mujeres en las zonas urbanas y rurales. Son casi 400 mujeres de base las que conforman la organización más grande y consolidada en la lucha contra la violencia y la desigualdad de género en Caucasia (Antioquia). Desde 1996, sus redes se han extendido para acoger a 15 movimientos y fundaciones conformadas por mujeres del campo y la ciudad e incidir en la aplicación real de las leyes y la normatividad que las ampara. Esta organización de mujeres, inspiró la creación de muchas organizaciones que surgieron en otros municipios de esta subregión. A través del tiempo movilizaron más mujeres alrededor de una lucha colectiva por ejercer liderazgos en sus comunidades y por aportar a la construcción de paz en un territorio históricamente afectado por la violencia armada. Es así como lograron conseguir políticas públicas para las mujeres. Por otra parte, desde la Fundación Paz y Reconciliación se acompaña desde el proyecto “Espacios Comunitarios para la protección y autoprotección: una apuesta desde los territorios” a 23 mujeres de 10 organizaciones sociales de los municipios de Caucasia y Tarazá, dialogando herramientas que les permitan fortalecer sus saberes y prácticas de autoprotección y protección para el ejercicio de sus liderazgos en las diferentes organizaciones de víctimas y juntas de acción comunal a las que pertenecen, tanto en la zonas urbanas y rurales. Uno de los procesos más importantes que se gestan desde las mujeres de este territorio, lo encabezan las mujeres de la Asociación municipal de mujeres de Caucasia -ASOMUCA, quienes desde hace 22 años buscan visibilizar y erradicar la desigualdad que han sufrido las mujeres en las zonas urbanas y rurales. Fotografía: Cortesía ASOMUCA. Las mujeres y sus luchas La violencia armada hacia las mujeres es compleja, endémica y multicausal. Los territorios donde se ejerce este tipo de violencia, tienen características sociales, económicas, políticas, entre otras, que deben ser visibilizadas y tenidas en cuenta, para que los programas de intervención de los gobiernos nacionales, departamentales y locales, sean eficaces, sostenibles y aporten a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y a disminuir las brechas de desigualdad. Las historias de las mujeres bajocaucanas y sus luchas por aportar a la construcción de un mejor país, deberían ser visibilizadas y tenidas en cuenta para la construcción de proyectos con enfoque diferencial, que resalten el potencial de estas en la construcción de paz y que le apuesten a generar cambios en las condiciones estructurales generadoras de desigualdades y discriminación hacia las mujeres y no sólo al cumplimiento de indicadores. Para ello, se requiere que desde el gobierno nacional exista voluntad política para el abordaje de la violencia armada desde un enfoque, que permita que, desde el diseño participativo con las mujeres en el ámbito local, se generen procesos de construcción de paz. *El último caso de desaparición forzada conocido en la región es el de Yésica Fernanda Palacios, de 26 años, quien fue sacada de su vivienda en la vereda Puerto Santo del municipio de Cáceres el día 25 de mayo y aún está desaparecida. Se presume que detrás de este hecho están ‘Los Caparros’. El miedo en su familia es tan profundo que a la fecha no han interpuesto denuncia alguna. (Fundación Paz y Reconciliación, 2020) **Andrea, una líder social de Tarazá, hoy se encuentra lejos del municipio, en una ciudad de Colombia, lejos de su hogar y sus hijos. El pasado 24 de diciembre de 2019, a las 8 am salió con su hija de 15 años dejando el municipio que fue su hogar por 39 años, debido a amenazas constantes contra su vida, familia e integridad. (Sierra Perez, 2020) ***Bajo Cauca tiene el mayor porcentaje de empleo informal en Antioquia (68,12%) y un bajo logro educativo con un (65,45%).

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Ya son 76 las masacres cometidas en lo corrido del 2020, hechos en los que han sido asesinadas 303 personas, siguiendo la información de Indepaz. En noviembre han ocurrido 06 de estos casos, reportándose un incremento respecto a octubre, mes en el que fueron 05 las masacres cometidas, mes que además venía precedido por uno de los periodos más violentos, donde el incremento de masacres fue crítico pues se pasó de 06 masacres en julio a 11 en agosto y 16 en septiembre. En este sentido los departamentos más golpeados por esta ola de violencia y este tipo de hechos han sido Antioquia y Cauca, donde han sido cometidas 18 y 12 masacrares, respectivamente. De hecho, justo en estas dos zonas este fin de semana fueron cometidas otras dos masacres, lo que pone sobre la mesa la urgencia que hay para que se creen políticas de seguridad que realmente protejan a la población y los territorios. Por otra parte, en el departamento donde más masacres han ocurrido en el 2020: Antioquia, este fin de semana también se denunció que en la madrugada del domingo hasta el municipio de Betania llegaron cerca de 10 hombres armados que atacaron a cerca de 14 personas que se encontraban en una finca conocida como La Gabriela, ubicada en la vereda La Julia, a 5 kilómetros del casco urbano del municipio. Imagen: Pares. En el Cauca los hechos ocurrieron en la noche del sábado en el municipio de Argelia, en el sector conocido como El Mango, donde se reportó el asesinato de cinco personas, entre ellas el líder comunal Libio Chilito, quien ejercía como fiscal de JAC, que además en este tiempo adelantaba actividades de recolecta de fondos para entregar regalos de navidad a los niños y niñas de la comunidad. La masacre, de acuerdo con las primeras versiones de lo ocurrido, se perpetró en una discoteca del municipio siendo cerca de las 10 de la noche de ese sábado 21 de noviembre. Al establecimiento público entró un grupo de hombres armados que disparó de forma indiscriminada contra quienes se encontraban allí. Por otra parte, en el departamento donde más masacres han ocurrido en el 2020: Antioquia, este fin de semana también se denunció que en la madrugada del domingo hasta el municipio de Betania llegaron cerca de 10 hombres armados que atacaron a cerca de 14 personas que se encontraban en una finca conocida como La Gabriela, ubicada en la vereda La Julia, a 5 kilómetros del casco urbano del municipio. En este hecho fueron asesinadas 07 personas y horas después una más murió en el Hospital San Vicente, luego de que fuera trasladada allí por la gravedad de las heridas que le causó el ataque. Adicionalmente, otras dos personas también tuvieron que se trasladadas a centros hospitalarios, pues también fueron heridas durante el hecho. Vale la pena señalar, que aunque no se ha informado la identidad de las víctimas, en medios locales además de reportes de la Policía y el Ejército, han comunicado que se podría tratar de caficultores de la zona. Tras esto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo y Jorge Cabra, comandante de la Policía de Antioquia llegaron hasta el lugar de los hechos, donde informaron, por un lado, que, aunque no había responsables establecidos, sí podría tener relación con los combates entre Los Caparros y el Clan del Golfo, que se disputan el control de esta zona de Antioquia. Adicionalmente, se afirmó que unidades de la Policía Nacional, tropas de la séptima división del Ejército adelantarán operaciones en el municipio, y que la Fiscalía General de la Nación inició el proceso investigativo, así como también el acopio de las pruebas para encontrar a los autores materiales e intelectuales de este hecho. Hay que recordar que este fin de semana también en Antioquia, más exactamente en la región del Bajo Cauca, la población estaba bajo la amenaza y las restricciones impuestas por ‘Los Caparros’, quienes declararon paro armado desde el pasado viernes, hasta este lunes en la mañana luego que en operaciones militares fuera dado de baja a Emiliano Alcides Osorio, alias ‘Caín’, máximo jefe de ‘Los Caparros’, una de las grupos que se disputa el dominio del Bajo Cauca Antioqueño, especialmente con las AGC. Vale la pena cuestionar hasta qué punto la militarización y las acciones de combate de la Fuerza Pública protegen a la población, pues la comunidad ha expresado de diversas formas que además de la presencia militar se requieren políticas que realmente protejan a la gente que habita las zonas más violentas, partiendo de aceptar que hay un deterioro de la seguridad y que las acciones deben ser pensadas y planificadas escuchando a quienes conocen estos territorios.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. Al momento de escribir esta columna se comenta en redes sociales de una nueva masacre en el corregimiento del Mango, municipio de Argelia al sur de nuestro Cauca. Y nosotros, los habitantes del Cauca, los líderes y lideresas sociales, de opinión, las ciudadanías libres, con y sin partidos nos preguntamos que hay que hacer para que pare esta barbarie. En una conversación con Jorge Bastidas ex candidato a la alcaldía de Popayán por la Colombia Humana-UP, este dirigente caracterizaba la situación como la “pacificación del Cauca”, recordando la ola de crímenes en Urabá, cuando se dio la orden desde el ejecutivo. Y mientras tanto el comisionado de paz, paseando por los municipios, “encantando” con mínimas inversiones a la infraestructura institucional, mientras el aspecto estructural se define en el reposicionamiento de los actores armados y el silencio de la gobernabilidad nacional y departamental, quienes repiten a la Fiscalía el trillado discurso, de las solicitudes de resultados prontos. Valoro como positiva la efectividad frente a la investigación del asesinato del gerente de la campaña Petro presidente en Popayán y reclamo que ante la declaratoria de “determinador” que ha hecho la fiscalía de este ex -policía detenido, se aclare las supuestas razones que tendría para ordenar el asesinato; si son las “Águilas Negras”, o si es un simple tercerizado en cumplimiento de una orden. La violencia en el Cauca, se debe a la pobreza, a la marginalidad, a la deuda del poder central con la región, a nuestra “privilegiada” geografía para el desarrollo de actividades ilegales, la esclavitud que genera el narcotráfico, la aplicación de un modelo que privilegia los macro-proyectos energéticos y el extractivismo, frente a sistemas agroambientales de soberanía alimentaria. Por ello, la Minga, la rebeldía y dignidad, no lo entienden en Bogotá, solo un pacto por el Cauca incluyendo a los armados, podrá volver a colocar la esperanza y no el temor al centro de nuestras vidas, para que parafraseando a Gabo: en el Cauca tengamos “una segunda oportunidad sobre la tierra”.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Estamos en la época en que las centrales sindicales, gremios empresariales, de la economía y el gobierno nacional, discuten el aumento al salario mínimo, es una vieja ritualidad, para darle formalidad a la dura realidad de que vivimos en una sociedad de tremenda vulnerabilidad para la inmensa mayoría de la población. Vivir con un salario mínimo es estar permanentemente en un mundo de necesidades y vulneración de derechos básicos, empezando por el de la alimentación; no se puede vivir de manera digna con esta asignación, es sortear mil y una dificultad, y a ello están sometidos cerca de once millones de colombianas y colombianos que hoy devengan esa cifra, un sueldo donde lo básico para una vida digna no se puede suplir, solo mal vivir. En esta ocasión las Centrales sindicales buscan que el salario mínimo para el 2021 sea de un millón de pesos, lo cual equivale a un incremento del 15% para que de $877.702 en los que se encuentra hoy, pase a $1 millón en el próximo año, sin contar con el auxilio de transporte. Lo más seguro es que esta legítima aspiración de las centrales sindicales no se logre con el argumento de que es inviable económicamente, que desestimularía la economía y que hay muchos sectores que no podrían asumir estos costos laborales, todos esos argumentos son parte de la lógica de una tradición de acción política donde la riqueza se concentra, el estado está al servicio del gran capital y los grandes capitales no pagan los impuestos que deberían, de manera correcta y la falta de políticas para redistribuir y no concentrar. Con la actual economía se pueden hacer otras políticas si hubiera voluntad para ello, el Estado podría promover acciones de subsidio a las pequeñas iniciativas, subsidiando parte de las nóminas lo cual haría por ejemplo viable la aspiración de las centrales sindicales de un mínimo de un millón de pesos, lo cual sigue siendo una cifra baja para suplir las necesidades de una persona, ya no se diga de una familia, alternativas habría si existiera compromiso y voluntad por transformar tantas desigualdades e inequidades, pero esa no es la realidad de la tradición política que ha conducido esta sociedad y mucho menos de este gobierno. Ahora en tiempos de pandemia todos los indicadores sociales han empeorado. Hay más desempleo, quiebra de millones de pequeños emprendimientos, lo que lleva a la terrible cifra de un 21% de desempleo y una situación de recesión económica, en este duro panorama, se deberían promover otras políticas para la garantía de derechos a los más vulnerables, pero de ello estamos lejos, este gobierno solo le ha dado recursos importantes al gran capital y para los millones que lo requieren, para algunos de ellos porque tampoco es para todo el universo, pequeñas asignaciones económicas que son más que ofensivas, o que significa la cifra de $330.000 que es el monto máximo de los programas asistenciales, que no son respuesta adecuada para necesidades vitales de las familias que viven en la dura pobreza. Hay que avanzar a nuevas políticas, que garanticen derechos, hay que formular la renta básica, como lo han propuesto varios congresistas y donde ya hay proyectos concretos presentados en el Congreso de la República, renta básica que se puede financiar si hay voluntad de ello, vamos a ver si ese mínimo vital para alejar el hambre en casi la mitad de la población colombiana es posible de establecer. Nadie vive de manera digna con un salario mínimo, ninguna familia puede desarrollarse en sus potencialidades con dos salarios mínimos por ejemplo, solo logran no morir de hambre, esa no es la vida que merecen, hay que salir de esa ignominia que hoy viven millones, se puede si hay otras políticas y otras lógicas de vivir en sociedad, lo cual pasa por nuevos poderes, nuevos gobiernos, nuevas sensibilidades. Las centrales sindicales no van a lograr su aspiración de un millón de pesos para el salario mínimo del 2021, desafortunadamente, no con este gobierno. Será una tarea que seguirá pendiente, como hay tantas en la sociedad colombiana. Les recomiendo la lectura de: “Salario mínimo, vivir con nada” de Andrés Felipe Solano, para que nos aproximemos desde esta buena pluma a un drama humano que no debemos dejar perpetuar.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. En el Bajo Cauca Antioqueño luego de conocerse que Caín había sido dado de baja, también empezó a circular un panfleto en el que ‘Los Caparros’ imponían un paro armado desde hoy, 20 de noviembre a partir de las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del lunes 23 de noviembre, en el que se establecía que durante este tiempo habrá toque de queda y, además, no se permitirá la apertura de negocios comerciales ni la circulación de vehículos por las vías. Esta semana se informó que en una operación militar organizada por el Ejército, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía se había dado de baja a Emiliano Alcides Osorio, alias ‘Caín’, máximo jefe de ‘Los Caparros’, una de las grupos que se disputa el dominio del Bajo Cauca Antioqueño, especialmente con las AGC. Este hecho ha llevado a que se siga evidenciando la violencia que se concentra en la región. Por una lado porque durante el día jueves y miércoles más de 70 campesinos/as tuvieron que desplazarse forzosamente de la vereda Buenos Aires la Isla de Cáceres hacia Caucasia, por miedo a una arremetida de ‘Los Caparros’ tras la muerte de alias Caín, que hay que señalar estaba al frente de la estructura delictiva desde 2016, cuando ésta se separó del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, con quienes ahora están en disputa, entre otras cosas, pues la región sirve de ruta del narcotráfico, así como también se disputan el control de la explotación ilegal de minas de oro y la extorsión a mineros y multinacionales. Paro armado: la represalia de Los Caparros Además, en el Bajo Cauca Antioqueño luego de conocerse que ‘Caín’ había sido dado de baja, también empezó a circular un panfleto en el que ‘Los Caparros’ imponían un paro armado desde hoy, 20 de noviembre a partir de las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del lunes 23 de noviembre, en el que se establecía que durante este tiempo habrá toque de queda y, además, no se permitirá la apertura de negocios comerciales ni la circulación de vehículos por las vías. Con esta situación, desde el Ejército se anunció que se adelantarán acciones de investigación para esclarecer la veracidad del panfleto, además se ha informado que se harán patrullajes por las vías principales de la región durante el fin de semana. No obstante, miembros de Juntas de Acción Comunal de la Caucana y Guarumo le dijeron a Pares que en la región hay miedo, por ejemplo en Guaramo se publicó un comunicado para que la comunidad permanezca en sus casas. Adicionalmente, aunque las acciones violentas han sido una constante en la región, los habitantes de los municipios y miembros de las JAC advirtieron que hasta el momento la comunidad no conoce qué acciones tomarán las autoridades locales ante esta amenaza, que a horas de comenzar el paro, estas personas admiten que en sus territorios hay tensión y zozobra, pues se conoce que este grupo es uno de los que más acciones violentas ejercen en el Bajo Cauca Antioqueño, además, se teme a que las represalias vayan principalmente contra líderes sociales de la región, pues como cuenta una de las personas con las que hablamos «este grupo acusa a cualquier persona que ejerza algún liderazgo de que son informantes y apoyos de otros grupos armados, hasta incluso de la misma Fuerza Pública». Hay que señalar que en junio del presente año también ‘Los Caparros’ enviaron un panfleto luego de que fuera dado de baja Evier Antonio Ortega Pastrana, alias ‘Romaña’, quien dentro del grupo era uno de los hombres de confianza de alias ‘Caín’. En el comunicado también anunciaban un paro armado en la región como represalia por lo acontecido. Sin embargo, y aunque estas amenazas generan un miedo generalizado por parte de la población y agudiza las constantes amenazas contra quienes habitan estos territorios, el investigador Freddy Chaverra cuenta que: «El único paro armado que yo he visto que realmente ha paralizado el territorio fue uno realizado por el ELN y las AGC, que hay que decir que aunque estas últimas no tienen un control hegemónico sí tienen un control más grande en casi todos los municipios de esta subregión». Explicando esta afirmación el investigador agrega que: «Los Caparros tienen mayor influencia en las zonas rurales, pues han ido perdiendo espacio en las cabeceras municipales de municipios como Tarazá y Cáceres, que es donde se han concentrado en el Bajo Cauca». Así, las AGC han ganando más espacio en cabeceras municipales, mientras que ‘Los Caparros’ están mayormente concentrados hacia la ruralidad, incluso en zonas muy dispersas, que ahora con esta nueva amenaza son las zonas más vulnerables y donde más se teme que haya acciones de ‘Los Caparros’ contra la comunidad. «Las comunidades particularmente de las zonas rurales están atemorizadas por el panfleto. Seguramente la Fuerza Pública puede ofrecer mayores condiciones de seguridad en las cabeceras municipales, pero en las zonas rurales tan alejadas no. Entonces esto genera un temor de la población frente a lo que pueda ocurrir; ya sean nuevos enfrentamientos, retaliaciones contra las personas que ellos consideran son cercanas a las AGC. Entonces lo que hay es incertidumbre, pues no hay garantía de protección; la Fuerza Pública llega, hace el operativo, se va y abandona el territorio», agregó Chaverra. El paro armado: el efecto de un conflicto que no se va Analiza el investigador que en lo que va del año uno de los factores que ha acentuado el conflicto ha sido la pandemia, pues los grupos armados han sido quienes han impuesto la reglas, situación que ha llevado a fortalecer su control. Además, en esta región degollamientos, desplazamientos forzados y los asesinatos sistemáticos se han convertido en acciones victimizantes constantes, que además han sido utilizados para enviar mensajes de miedo y amenaza a la comunidad. Aunque podrían ser varias las conclusiones tras el asesinato de alias Caín la realidad es que las acciones contra los habitantes del Bajo Cauca fue la ruta a seguir por parte de ‘Los Caparros’, adicional, como lo afirma el investigador: «Lo que se hará seguramente es un cambio de cabecilla. Ya habrá quién lo reemplace y llegarán a un acuerdo interno dentro de la organización y continuarán librando esa guerra. Con esto se puede decir que no se puede prever una escalada de violencia, sino una reacomodación de estos grupos (…) y en medio de eso seguramente queden comunidades enteras en alto riesgo de victimización, especialmente de zonas rurales de Tarazá y Cáceres». Así, concluye el investigador que es «necesario comprender que la confrontación que se libra en el el Bajo Cauca va más allá de un cabecilla, estamos hablando de condiciones que han permitido que persista la guerra».

Por: Redacción Pares. Un total de 28 entidades del Gobierno nacional atendieron la convocatoria realizada por la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para exponer su posición frente a las 117 recomendaciones plasmadas en su Séptimo Informe, el cual fue radicado el pasado mes de agosto ante el Congreso de la República. De las recomendaciones presentadas por la comisión, 84 fueron acogidas de manera total, 16 parcialmente y 17 no fueron aceptadas, conceptos que fueron remitidos con la correspondiente justificación por parte de las entidades del Gobierno. La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y los delegados de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, que integran la comisión, convocaron a los representantes de los ministerios de Salud y Protección Social, Interior, Hacienda y Crédito Público, Vivienda, Ciudad y Territorio, Trabajo, Justicia y del Derecho, Agricultura y Desarrollo Rural, Educación Nacional, Comercio Industria y Turismo, Defensa y Relaciones Exteriores. También asistieron delegados del Departamento Nacional de Planeación, Prosperidad Social, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el exterior –ICETEX- y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA-. Igualmente, acudieron representantes de la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia Nacional de Tierras, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Banco Agrario, el Consejo Superior de la Judicatura, Fiduagraria y la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación. La comisión continuará el análisis de la información entregada por las entidades participantes, tanto en la sesión realizada como en respuestas escritas, para verificar la acogida de las recomendaciones e insistir en los aspectos que se requieran. Sin embargo, le preocupa que los recursos destinados hayan resultado insuficientes para satisfacer los derechos de las víctimas. Se espera que el ejercicio realizado por el Gobierno conlleve a una mayor asignación para atender a esta población. Si bien el Gobierno reconoció algunas de las dificultades evidenciadas en el informe de la comisión, los órganos de control advirtieron que se requieren mayores esfuerzos en temas como generación de ingresos, Centros Regionales de Atención a Víctimas, retornos y reubicaciones. La comisión reiteró su solicitud de fortalecer la articulación institucional y mejorar la implementación de los programas para lograr la estabilización socioeconómica de las víctimas en un tiempo razonable.