Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado 29 de octubre el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá ordenó al presidente Iván Duque, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional que se suspendiera el uso de agentes químicos en las protesta, entre los que se incluían las armas no letales: dispositivo lanzador de pimienta, con propulsión pirotécnica, gas o aire comprimido; granadas con carga química CS, OC; granadas fumígenas; cartuchos con carga química CS, OC; cartuchos fumígenos y/o cualquier otra sustancia semejante. La decisión fue tomada luego que Mateo Rincón, ingeniero ambiental y sanitario, interpusiera una acción de tutela, en la que se argumentaba que el uso de los gases lacrimógenos en las protestas estaba vulnerando el derecho a la salud, pues el uso de este gas podría afectar tanto a la persona que inhala esta sustancia, generando malestar físico y reacciones como la necesidad de toser, lo que podría poner en riesgo a las personas que se encuentran a su alrededor, ya que causaría una mayor propagación del virus Covid19. En su momento el juez aseguró que: “Como se puede apreciar, resultaría una combinación muy peligrosa el uso de estos gases en momentos de propagación del virus, bien sea porque su efecto en el cuerpo humano degrada las defensas antivirales de los pulmones y por tanto, el ciudadano quedaría en mayor riesgo y su salud más expuesta en caso de contagiarse por COVID-19”. Son constantes los abusos cometidos principalmente por el Esmad y la Policía en jornadas de movilización, en los que vale la pena mencionar que, solo en las jornadas de Paro Nacional, ocurridas entre el 21 de noviembre de 2019 a la fecha, han sido cometidas 04 ejecuciones extrajudiciales u homicidios, y han sido heridas, al menos, 213 personas, siguiendo los datos del Sistema de Información de Agresiones en la Protesta Social. Imagen: Pares. A esto se suma que también se hacía referencia a que muchas de las personas que participan de las jornadas de movilización podrían ser pacientes asintomáticos del virus, lo que pondría un riesgo adicional, pues hay que señalar que cuando las movilizaciones son dispersadas con este tipo de acciones los efectos como la tos son inmediatos, y, además, se hace complicado poder mantener la distancia física recomendada, pues se entra muchas veces en estados de angustia por las dinámicas y tensiones que provocan este tipo de agresiones durante la protesta social. Pues bien, tras esto desde el Ministerio de Defensa hubo un pronunciamiento en el que, entre otras cosas, se dijo que: «el uso de armas menos letales por parte de la Policía Nacional se realiza de conformidad con las normas internacionales de protección a los derechos humanos y los protocolos y reglamentos internos que para el efecto existen. (…) La utilización de armas, municiones y elementos menos letales está amparada en el marco jurídico internacional, del cual hacen parte los ‘Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley'». Por su parte, desde la Policía ante la decisión del Tribunal se señaló que: “La Policía Nacional impugnó el fallo y solicitó revocar la sentencia, ordenar a los manifestantes una conducta pacífica, practicar pruebas testimoniales y considerar que suspender armas no letales implicaría el uso de armas letales para disminuir el riesgo para la vida e integridad de policías y comunidad”. Frenado el fallo A un día de iniciarse una nueva jornada de movilización en el marco del Paro Nacional, a pocos días de conmemorarse el primer año del 21N, y tras constantes denuncias que se han hecho por los abusos y agresiones cometidos por miembros de la Fuerza Pública en medio de la protesta social. Además de la determinación anteriormente nombrada, esta realidad ha llevado a que instancias como la Procuraduría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia suspendieran la utilización de escopetas calibre 12 durante las movilizaciones, objeto que, hay que recordar, fue utilizado cuando fue asesinado el pasado 23 de noviembre Dilan Cruz en el centro de Bogotá, mientras se encontraba ejerciendo su derecho a la protesta. Son constantes los abusos cometidos principalmente por el Esmad y la Policía en jornadas de movilización, en los que vale la pena mencionar que, solo en las jornadas de Paro Nacional, ocurridas entre el 21 de noviembre de 2019 a la fecha, han sido cometidas 04 ejecuciones extrajudiciales u homicidios, y han sido heridas, al menos, 213 personas, siguiendo los datos del Sistema de Información de Agresiones en la Protesta Social. Además, la vulneración más común de las cometidas en este periodo ha sido la dispersión de las y los manifestantes que en la mayoría de los casos se han venido realizando con el uso de gases lacrimógenos, los cuales, principalmente, provocan irritación instantánea de los ojos, la nariz, la boca la piel y las vías respiratorias, además de aumentar los niveles de alteración, desorientación o crisis nerviosas. A pesar de esto, se conoció recientemente que el Tribunal Superior de Bogotá, a través de un fallo de la Sala Laboral y del magistrado Hugo Alexander Ríos, se declaró la nulidad de la tutela que suspendió el uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía en manifestaciones que se desarrollarán durante la emergencia sanitaria. ¿Por qué la decisión? Desde la Sala se argumentó que el juez de primera instancia había afectado el debido proceso en el trámite de la tutela, pues para hacer la determinación de la suspensión temporal de uso de gases lacrimógenos no se tuvo en cuenta la posición del Gobierno Nacional para adoptar una decisión en la que se ven directamente implicadas sus funciones. Asimismo, agregaron que en esta determinación también se debe tener presente la valoración del Ministerio de Salud frente a las vulneraciones que se expusieron sobre los riesgos que significan el uso de gases lacrimógenos en medio de la protesta social, cuando, además, se pasa por una pandemia mundial, que a la fecha en Colombia tiene 55.073 casos activos, según las cifras que entrega MinSalud. A pesar de los riesgos expuestos y de las denuncias por uso indiscriminado e inadecuado de la fuerza y armamento por parte de la Policía y el Esmad, se da vía libre para que se sigan utilizando gases lacrimógenos, adicional, justamente cuando se han convocado movilizaciones para el 19, 21 y 25 de noviembre. Imagen: Pares. “Resulta obligatoria la vinculación del mismo a la acción, a fin de que se pronuncie e indique si existen evidencias o no, que correlacione el uso de los agentes químicos para el control de protesta y el riesgo de contagio o mayor severidad de síntomas por COVID-19, habida cuenta su calidad de responsable de formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar la ejecución, planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional en materia de salud pública”, se pronunció desde el Tribunal. Así las cosas, “se ordena la devolución del expediente de tutela al Juzgado de origen, a fin de que se surta la primera instancia”, además, a pesar de los riesgos expuestos y de las denuncias por uso indiscriminado e inadecuado de la fuerza y armamento por parte de la Policía y el Esmad, se da vía libre para que se sigan utilizando gases lacrimógenos, adicional, justamente cuando se han convocado movilizaciones para el 19, 21 y 25 de noviembre.

Por: Juan Manuel Torres. Coordinador Pares Pacífico. A un año del Paro Nacional del #21N de 2019 las juventudes protagonistas en Cali hacen un balance de la movilización social, étnica, popular, barrial y de cara a lo que se viene contra un Gobierno que ha mostrado una actitud represiva, en las nuevas jornadas de protesta convocadas para el #19N de 2020 en las que se busca el cambio de rumbo de Colombia. La oficina regional Pares-Pacífico entrevistó dos de los procesos que se han mantenido en resistencia, que promueven los actos de movilización callejera en la ciudad en la búsqueda de transformaciones reales y que han emergido en las últimas coyunturas políticas: en las elecciones de 2018 en el caso de Nos Unimos o Nos Hundimos y el Paro Nacional del año pasado cuando se creó Puerto Resistencia en el oriente de Cali. Urge escuchar a la juventud, más cuando nuevamente son los armados, los(as) periodistas de medios en crisis y las figuras políticas de un Congreso virtualizado, quienes han acaparado el espacio mediático en los últimos días, pero que no son quienes han soportado la represión policial en las calles ni movilizan el sentir popular frente a la indignación social que ha despertado por las políticas regresivas del Gobierno Duque. «La represión social es la última herramienta que tiene el gobierno para poder callar al pueblo, ya no pudo hacerlo por otro lado, ya no tiene poder ideológico, no tiene poder legítimo, no tiene capital social: todo lo está perdiendo y la última instancia es la represión.» Sebastián Vargas. Imagen: Pares. Pares: ¿Qué evaluación hacen de la movilización social en Cali desde el #21N del 2019? Sebastián Vargas (Nos Unimos o Nos Hundimos): La evaluación tiene que estar precedida por la capacidad organizativa que emergió previamente y creo que el principal promotor de dicha movilización fue el Gobierno nacional quien emprendió una estrategia de estigmatización y criminalización a quienes nos movilizamos. En ese sentido, la movilización fue multitudinaria: fueron muchísimas personas bloqueando en diferentes partes de la ciudad, haciendo una movilización cohesionada, alegre, llena de dignidad. Uno de los éxitos fue que se generó un bloqueo económico que afectó a los sectores económicos de la ciudad, del departamento, y que posibilitó la participación de muchos ciudadanos y ciudadanas que quizás quisieran participar en muchas actividades de movilización, pero que sus trabajos se lo impiden. También habría que hacer otra evaluación en clave de lo que pasó posterior a ella. Hubo una serie de inconsistencias al terminar la protesta en el CAM, empiezan a disgregarse una serie de actores no identificados que estaban buscando la confrontación lo que posibilita que eso se vuelva una especie de boicot que termina en la noche en un pánico colectivo que se puede asociar a la doctrina del shok que menciona Naomi Klein, y que para muchos utilizó el Gobierno Nacional y la administración municipal para aislarnos. Aun así, en días posteriores seguimos movilizándonos: 22, 23 y 24 salimos con nuestras cacerolas a seguir demostrando que habíamos vencido el miedo. Johan Guayara (Puerto Resistencia): Frente a la evaluación tengo dos pilares, el primer pilar es altamente positivo en el sentido de que gracias al 21 de noviembre de 2019 se fortalecieron y aparecieron nuevos procesos organizativos juveniles, sociales y barriales en todo Colombia. Aquí en Cali apareció Puerto resistencia y nace un nuevo proceso social y barrial gracias a ese acontecimiento. El otro pilar es la evaluación negativa que hago a los que convocaron: al Comité de Paro. El llamado de atención es en el sentido de que posterior a la movilización del 21 de noviembre del 2019 no tuvieron ese acercamiento, esa articulación eficiente con estos procesos barriales que surgieron; las actividades que salieron después del #21N generalmente las comandaron la juventud, los estudiantes y los proceso barriales porque el Comité de Paro, la CUT en específico, no fue muy constante y el apoyo no fue relevante. Pares: ¿Qué plataforma, colectivo, organización, iniciativa, etc., haces parte y cuál ha sido el rol dentro de la movilización social? SV: Hago parte de la iniciativa ciudadana Nos Unimos o Nos Hundimos la cual se construye en el marco de las elecciones presidenciales de 2018 cuando exhortamos de manera respetuosa y fraterna, hasta el último día de las elecciones, a los candidatos que consideramos demócratas, que podrían incluirse en un proyecto de país distinto, a que se unan en función de una frase muy popular histórica y es “prescindir de lo que nos separa e insistir en lo que nos une”. Llamamos a esa coalición a Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Claudia López, Gustavo Petro, Humberto de la Calle. Pedimos la unidad de dicho sector porque entendíamos lo que se avecinaba, lo que está pasando ante un gobierno que su principal combustible es la guerra y el miedo. Nuestra iniciativa siempre ha tratado de buscar convergencia, que las movilizaciones propias tengan cohesión: nuestro principal llamado siempre a la unidad que ha sido una de las fallas históricas de los movimientos a nivel nacional, por lo que nunca se puede materializar en propuestas sino que cada uno por su lado: cada uno tiene sus propios símbolos, sus propios puntos de encuentro, entonces lo que se pretende es unificar criterios de movilización en los que podamos coincidir muchas organizaciones, colectivos, parches y sujetos organizados. Nos Unimos o Nos Hundimos se construye en el marco de las elecciones presidenciales de 2018 cuando exhortamos de manera respetuosa y fraterna, hasta el último día de las elecciones, a los candidatos que consideramos demócratas, que podrían incluirse en un proyecto de país distinto, a que se unan en función de una frase muy popular histórica y es “prescindir de lo que nos separa e insistir en lo que nos une”. Foto: Sebastián Vargas. JG: Puerto Resistencia es un espacio donde convergen diferentes colectivos, entonces hago parte del espacio de Puerto Resistencia, pero también hago parte del colectivo Terraza, que es un colectivo juvenil que nació en la comuna 16 en el marco de esta ola de protestas. Mi rol es igual al de todos los que hacen parte porque uno de los principios que tenemos en el grupo es de que todos somos líderes: aquí no hay un solo líder, no, todos somos líderes. Entonces mi rol es la convocatoria, la recolección de alimentos, el activismo. Pares: ¿Cuál es el aporte de la juventud en este proceso y cuáles son las principales consignas? SV: La juventud está jugando un papel preponderante, ha entendido el rol que debe asumir dentro de los escenarios de movilización, podría decir que las últimas movilizaciones que han sido masivas, mediáticas, en buena parte han sido convocadas desde organizaciones o desde jóvenes que entienden la importancia de asumir las riendas de su propio país, como nos lo manifestó Jaime Garzón hace más de 20 años. Las consignas emergen de una serie de necesidades y demandas históricas que ahora ocupan a la juventud que les preocupa seguir siendo carne de cañón en la guerra, a la juventud profunda le afecta que sea obligatorio prestar servicio militar pero que no sea obligatorio una matrícula cero o que hay recursos para la guerra, pero no educación pública para todos y todas. No hay voluntad política. También están las múltiples demandas de los sectores sociales, de los sectores sindicales, en las que nos unimos porque nos vemos afectados por la reforma laboral, nos afecta de manera directa la reforma pensional. En esta coyuntura el papel de los jóvenes es increíble porque han entendiendo que la indignación debe trasladarse de las redes a las calles. JG: El aporte principal que hace la juventud a este proceso es la energía, la fuerza que estamos dando: nuestro tiempo lo pasamos en las calles y en los procesos barriales. Porque la protesta no es solamente ir a la calle y bloquear, sino que protestar también es salir a hacer pedagogía, salir a alimentar a los vulnerables, salir a recuperar espacios. Las principales consignas son todas porque a los jóvenes hoy en día nos duele todo. Nos duele lo que está pasando con los pueblos originarios que es el exterminio de las comunidades indígenas y de la madre tierra que es la naturaleza. Uno de los llamados de Puerto Resistencia es a la conciencia, a recuperar nuestras raíces, nuestro conocimiento ancestral de los abuelos, taitas, etc. Otras reivindicaciones totalmente válidas son el desempleo, la inseguridad, la estigmatización a la protesta, la falta de voluntad política del gobierno, el aumento del presupuesto a la guerra, males que son producto de muchos años de malos gobiernos. Pares: ¿Cuál es la movilización (marcha, plantón, caravana) que más recuerda y por qué? SV: Son tres: la primera el 10 de octubre de 2018 que salió desde la Univalle y llegó hasta la gobernación en el marco de la movilización nacional por la educación pública, en ese momento pues había una pugna con el Gobierno Nacional por más rubros presupuestales para las instituciones educativas y la verdad fue masiva, carnavalesca, artística, multicolor, diversa, genial. Hay otra y es la del #21N de 2019 que salió del parque Las Banderas, considero que es la marcha más grande a la que he asistido y la recuerdo en las jornadas previas el estigma que había hacia quienes íbamos a marchar, en el medio la marcha se resignifican muchos elementos que eran característicos de una corriente del uribismo que hace apología a un patriotismo de servilleta, y la recuerdo también porque salieron jóvenes, gente adulta, niños, perros con camisetas de la selección, con vuvuzelas, etc., una marcha multitudinaria, de verdad fue hermosa. Y la última es la del 21 de Septiembre de 2020 puesto que el punto de salida y por donde transcurrió la marcha fue diferente al de marchas previas que siempre pasan por la calle 5ta, salió de Comfandi el Prado y pasamos por sectores populares que nos recibieron de la mejor manera, con cacerolas, con banderas, con aplausos y se adhirieron a la marcha que culminó en Puerto Resistencias e integramos a la gente, al pueblo, al que siempre olvidamos. El aporte principal que hace la juventud a este proceso es la energía, la fuerza que estamos dando: nuestro tiempo lo pasamos en las calles y en los procesos barriales. Porque la protesta no es solamente ir a la calle y bloquear, sino que protestar también es salir a hacer pedagogía, salir a alimentar a los vulnerables, salir a recuperar espacios. Foto: Cortesía. JG: Puerto Resistencia la dió toda en el marco del paro nacional, 22, 23 y todo lo que se vino. Lo que más recuerdo fue que hice parte de una de un mal procedimiento por parte de la policía, ocurrió el 4 de diciembre que fue un paro a nivel nacional, Cali tenía concentraciones en varias vías principales, nosotros estábamos en una toma de Puerto Resistencia totalmente cultural y pacífica, vinieron gente de todos los barrios, hubo olla comunitaria, jugamos fútbol. Pero a las 6 de la tarde después de la orden del alcalde Maurice Armintage de levantar todos los bloqueos después de las 6 de la tarde, la represión que vivió el barrio fue brutal, varios compañeros resultaron golpeados y yo terminé la estación de policía: Se evidenció cómo es la represión de la Fuerza Pública cuando se habla de una protesta en los barrios populares, es doblemente brutal: en los barrios es más fácil vulnerar los derechos a diferencia del sur. Pares: ¿Qué piensas sobre la represión policial a la protesta social y la estigmatización de la misma por parte del gobierno Duque? SV: Se trata de socavar, reprimir y estigmatizar, es una política una política por parte de este gobierno que no le interesa en lo más mínimo que se ambiente un escenario de indignación. No nos debe sorprender. Sí da tristeza que la movilización social en Colombia no tenga ningún tipo de garantía en su ejercicio en los gobiernos autoritarios que apelan a la criminalización y muchas veces al asesinato para evitar que se organicen un movimiento de indignación como en Chile, en Perú, entre otros; por eso en las últimas movilizaciones hemos exigido una reforma a una institución corroída como es la Policía Nacional, a la vez pidiendo explicaciones por parte de quienes presiden esa institución. Sabemos que la represión policial no va a parar porque tienen miedo, porque ven que el ciudadano de a pie se da cuenta de todo lo que le han hecho, no sólo ahora sino durante años, y esa es nuestra principal apuesta: ante la represión organización, unión y inmovilización. JG: La represión social es la última herramienta que tiene el gobierno para poder callar al pueblo, ya no pudo hacerlo por otro lado, ya no tiene poder ideológico, no tiene poder legítimo, no tiene capital social: todo lo está perdiendo y la última instancia es la represión. Aunque es fuerte y severa la represión policial, eso demuestra que es cobardía del gobierno y que cada vez está llegando más al fin de esta era de guerra, de diferencias y de desinformación, es una muestra de que el gobierno nos tiene miedo a la organización nacional que se está viviendo. Pares: ¿Qué expectativas tienen con el Paro Nacional del 19 de noviembre y lo que sigue? SV: Esperamos que tenga una repercusión desde lo local, regional a lo nacional, esperamos que se repita de alguna u otra forma lo que pasó hace un año con una salida masiva a las calles. Entendemos las particularidades de lo que ha sucedido en el transcurso del año 2020 por la pandemia: un miedo que se ha incubado en la gente debido al distanciamiento social. Como ha habido movilizaciones previas a este Paro porque la gente está indignada al ver un Gobierno Nacional desconectado que está contra la gente, porque cada día nos asesinan, nos masacran, porque le dan prioridad a los grandes emporios y no a la clase trabajadora. Las expectativas son altas porque hay organización, se esperaría más, pero hay que movilizarse con lo que en este momento existe. Esperamos que en Cali hayan bloqueos de vías combinados con una pedagogía de frente con la gente para dar cuenta de por qué es importante estar en la calle y conmemorar un año de una de las movilizaciones más históricas que han habido en Colombia. JG: Saben la opinión que tengo sobre el Comité de Paro, que no está en la misma sintonía que otros procesos como los barriales, de los estudiantes, que son más comprometidos y los de la acción en la calle. Sin embargo, nos preparamos a lo que se viene porque ya salió el presupuesto para el 2021, ya se sabe que no va haber matrícula cero mientras hay recortes de los programas del acuerdo de paz. A la Minga sí le creo, convocó a miles de indígenas, están hablando en serio, entonces mis expectativas esta vez con el Paro son grandes porque Colombia está despertando.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. En nuestro país el aumento de la violencia y el deterioro de la seguridad son una realidad que constantemente se ve reflejada en los hechos violentos que son informados día a día. Este fin de semana el panorama no fue distinto, por el contario fue el retrato de la tragedia que se vive en Colombia, contexto que se ha visto afectado por la falta de políticas de seguridad y la aparente incapacidad por parte del Gobierno Nacional y sus instituciones para llegar a la raíz de esta problemática, en la que la impunidad y la falta de investigaciones rigurosas ha sido lo que ha resaltado. Viernes, 13 de noviembre Iniciando el fin de semana desde la Asociación Campesina para el Alto Sinú – ASODECAS- se denunció una masacre cometida en Lorenzo Abajo, zona rural de Tierralta, Córdoba. En este hecho fueron asesinados/as los/as integrantes de una familia que habitaba esa vereda del municipio: Onilda María Díaz Urango (65 años), Tomás Correa (54 años) y Luisa Fernanda Correa (24 años), esta última, hija de la pareja. Los cuerpos de la madre y el padre fueron encontrados a tres kilómetros de donde se encontró el de la hija. Desde la Asociación se informó que la familia hacía parte de ASODECAS, que a su vez hace parte del movimiento político Marcha Patriótica y de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Adicionalmente Onilda María Díaz Urango era beneficiaria del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS-. Desde ASODECAS se exigió que “el Estado colombiano y todas sus instituciones, así como los países garantes del Acuerdo de Paz, protejan la vida de las campesinas y campesinos y en especial a quienes en la erradicación concertada y el Proceso de Paz”. Vale la pena mencionar que con este hecho ya son, al menos cuatro las masacres ocurridas en el departamento de Córdoba en lo que va del 2020. Hay que señalar que hacia el sur de este departamento se libra una disputa entre Los Caparros y el Clan del Golfo, quienes dominan el territorio, el cual es clave para las rutas del narcotráfico. Las dos primeras en el 2020 fueron cometidas en menos de 48 horas; en la madrugada del 27 de julio, en San José de Uré, más exactamente en la vereda La Cabaña, del corregimiento Versalles, sujetos armados asesinaron a tres miembros de una misma familia: Elizabeth Melendres (64 años), Vitaliano Feria Morales (66 años) y Édison Melendres López (36 años). Horas más tarde, en el corregimiento Puerto Colombia del mismo municipio fueron asesinados John Jairo Velarde Andica, de 46 años, y los menores de edad Yorvis Yesid Velarde Vergara, de 15 años, y Luis Mario Payares Cali, de 16. Estos hechos provocaron el desplazamiento forzado de 279 campesinos y campesinas (67 familias), entre estos 31 niños menores de cinco años y 108 entre los 6 y 17 años, que tuvieron que salir de la vereda La Cabaña hacia el casco urbano de San José de Uré, donde permanecieron varios días después de lo ocurrido, aglomerados en el coliseo del municipio, ante el miedo y amenaza que significaba retornar a sus territorios. Adicionalmente, también en San José de Uré, el 22 de septiembre fue cometida una masacre contra cuatro personas, entre las que estaban Eduardo Olea, campesino de la zona y Santos Baltazar, miembro de la guardia indígena del pueblo Zenú. En su momento la senadora Victoria Sandino informó: Sábado, 14 de noviembre “Anoche, en Quibdó, Chocó, fue asesinado, con impactos de arma de fuego, Heiner Cuesta, firmante de paz. Con Heiner son 239 compañerxs asesinadxs, hacemos un llamado a la comunidad internacional. Nos solidarizamos con su familia y compañerxs. ¡Que la paz no nos cueste la vida!”, se leía en horas de la tarde del 15 de noviembre en el Twitter del Partido Farc. Heiner Cuesta Mena, conocido como Yilson Menas, fue asesinado con arma de fuego en el corregimiento de Neguá, Chocó. Él, como lo informó el periodista de Unicauca Estéreo, José Marulanda, había sido “acreditado mediante Resolución 77 del 11 de abril de 2018 por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz -OACP-. También hizo parte del colectivo del ETCR de Vidrí, Vigía del Fuerte, Antioquia (ETCR Héroes de Murrí) que de manera unilateral el gobierno mediante decreto acabó”. Por otra parte, en el Cañón del Micay, la misma zona donde hace algunas semanas se realizó una caravana humanitaria ante la ola violencia que se concentra en el Cauca, fueron asesinados Rigoberto Camilo Caicedo (59 años) y Helena Johana Yale (39 años) entre los límites de los municipios de Argelia y El Tambo. Los hechos se habrían producido luego de una incursión armada en la vereda Recogedero de San Juan del Micay. “Es una situación muy complicada porque no sabemos qué hacer. Hemos hablado con el Gobierno, hemos hablado con el Ejército. En esa zona hay dos pelotones del Ejército, tanto por El Tambo como por Argelia, entonces no sabemos qué más hacer”, expresó Carlos Alberto Vela, alcalde del municipio de El Tambo. Domingo, 15 de noviembre Luego de la exigencia constante para que el Gobierno proteja la vida de cada una de las personas que se acogieron al Acuerdo de Paz, exigencia que convocó a varios firmantes en una Caravana por la Vida y por la Paz que llegó hasta Bogotá como muestra clara de voluntad y compromiso para cumplir lo acordado en la Habana, este fin de semana el número de excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo llegó a 241; 241 personas con proyectos, sueños, familias, compañeros/as; 241 vidas que duelen y que siguen demostrando que es urgente respeta y cumplir el Acuerdo de Paz. El domingo, como lo denunció el Partido Farc, fue asesinado Jorge Riaños en Florencia, Caquetá mientras se encontraba en un establo ubicado en la vereda Santander, donde cuatro sujetos armados le propinaron tres disparos que le causaron la muerte. Ese mismo día, pero en la vereda Galilea del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, fue asesinado Enod López y su compañera Nerie Peña Rosas, concejal del municipio. En este hecho que se registró en la vivienda del firmante y la concejal, además, Jeymy Cristina Sánchez Penna, de 28 años, y Carlos Andrés Jiménez Penna, de 23 años, hija e hijo de las víctimas resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados al hospital José María Hernández en Mocoa. Hay que señalar que Penna, además de ser concejal del municipio por el partido Conservador, también había sido presidenta de la junta de acción comunal de la inspección de Galilea, y había hecho parte del Concejo Municipal Planeación Participativa CMPP PNIS. Por otro lado, Francisco Gelvez Alemán, comandante de la policía en el Putumayo, que el hecho podría haber sido perpetrado por el frente Carolina Ramírez, disidencias del frente 1 de las Farc. El Partido Farc se refirió a los tres hechos ocurridos este fin de semana a través de un comunicado, en el que expresaron que: “Al estado crítico y precario al que ha llevado el gobierno del presidente Iván Duque la implementación de lo pactado en La Habana, se le agrega su demostrada incapacidad de garantizar la vida de quienes -de buena fe y confiando en el cumplimiento del Estado colombiano- firmamos el Acuerdo de paz. Los hechos indican que si no se toman medidas urgentes y ejecutan acciones inmediatas para enfrentar de manera decidida la persistencia de la violencia política, se estará frente al opacamiento definitivo de la esperanza transformadora que generó la firma del Acuerdo de paz hace cuatro años. Y en ello, le cabe una responsabilidad mayúscula al Gobierno Nacional. Nuestro grito desde la Colombia herida y sangrante es por la vida. Basta ya de promesas, de anuncios de compromisos, de proliferación de cifras con las que se pretende mostrar una ficción. La realidad honda y lironda evidencia que en manos de este gobierno se asiste a una intensificación de la violencia, especialmente en los territorios de la Colombia profunda. Esa realidad muestra de manera incontrovertible la ineficacia de la acción gubernamental para enfrentar la violencia y el fracaso de su política de seguridad”. Asimismo, siendo cerca de las 8 de la noche, en la vereda Palmar, de San Agustín, Huila, Joselino Irua Delgado de 14 años y Emerson Alejandro Dussan de 17 años, murieron en un centro de asistencia médica, luego que fueran trasladados allí tras recibir impactos de arma de fuego presuntamente disparados por un militar que se encontraban en un retén ubicado en la zona. El Tiempo informó que: “De acuerdo con la fuente, los jóvenes, que se desplazaban en una moto, no atendieron el llamado de pare de los uniformados que estaban en el retén y uno de ellos abrió fuego. Al parecer, sin recibir la orden directa de su superior”. Por su parte, desde el Ejército Nacional se indicó que el soldado implicado fue retirado de su puesto y funciones, y fue puesto en disposición de las autoridades judiciales, sin embargo, llama la atención que el comunicado de la Institución inicia nombrando que la comunidad se encontraba reunida en la vereda y que al llegar miembros de la Policía y el Ejército salieron de la zona, señalando que los jóvenes eludiendo las autoridades partieron en la moto, como si ese acto argumentara el actuar de los militares, a quienes durante este año una y otra vez se les ha implicado con graves hechos de violación a los Derechos Humanos, incluso, como en este caso, contra menores de edad. Sin dejar de nombrar que este hecho trae a la memoria lo ocurrido hace algunos meses con Juliana Giraldo Díaz, quien fue asesinada el 24 de septiembre en Miranda, Cauca por un militar mientras ella iba movilizándose en un vehículo junto a su compañero. Por otra parte, el fin de semana circuló un panfleto firmado por las llamadas Águilas Negras, en el que se amenaza a los congresistas Aída Avella e Iván Cepeda, a miembros del Partido Farc, a funcionarios de la Secretaría de Hábitat de Bogotá, así como a líderes del Refugio Humanitario en Ciudad Bolívar, el cual se instaló hace algunos meses con el fin de insistir al Gobierno Nacional que brinde las garantías básicas de vida digna a quienes la pandemia les ha traído mayores afectaciones. A todo esto se suma la catastrófica situación que se vive en zonas como San Andrés, Providencia, Dabeiba, Chocó, Cartagena, y otros lugares del país, en donde tanto los efectos del Huracán Iota, así como la temporada de lluvias, como la ausencia de planes de contingencia por parte del Gobierno Nacional han tenido como consecuencia una crisis natural y social, en la que han resultado durante este fin de semana, al menos, cuatro personas muertas, 16 desaparecidas y diversas pérdidas materiales y sociales. Todo esto pone sobre la mesa una crisis estructural, social, económica, política y de seguridad, que con cada una de las consecuencias que ha traído hace urgente que haya acciones contundentes, pues con estos diversos hechos se hace evidente que las violencias y el abandono estatal no cesan, y que se ensañan contra las poblaciones que por años han sido vulneradas.

Por: Pares-Pacífico. En los últimos meses se ha evidenciado otra disputa territorial en Buenaventura que pone en pugna el desarrollo con los humanitario, con el agravante que esta conflictividad se enmarca en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, e involucra a las organizaciones sociales con presencia en el territorio, el Comité del Paro Cívico y la Alcaldía Distrital. ¿La causa? El dragado del estero San Antonio que comenzó a realizarse para la profundización de la Bahía y la ampliación portuaria. Ese proyecto ha sido constantemente anunciado, desde el nivel local y nacional, como una necesidad para elevar la competitividad de la actividad portuaria y superar la crisis que empresas como la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura enfrentan debido a la imposibilidad de la entrada de buques de mayor tamaño y que ante esta situación descargan en el puerto de Guayaquil, Ecuador o se ven obligados a cruzar el canal de panamá hasta el puerto de Cartagena. Sin embargo, más allá de las preocupaciones de comunidades como las de la Bocana, Pianguita y Juanchaco por la erosión costera que podría producir este tipo de obras por la pérdida de manglares y hoyos artificiales en el mar, son algunas organizaciones sociales las que se oponen a la continuidad del dragado en el estero San Antonio para que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) pueda hacer la labor de búsqueda y de los cientos de desaparecidos que se denuncian están en este sistema complejo acuático, además que se denuncia que esto hace parte de un nuevo proceso de despojo de territorios afrourbanos. Una lucha por los desaparecidos Durante los años más cruentos del conflicto armado en Buenaventura el estero San Antonio se convirtió en una fosa común donde constantemente se encontraban cuerpos descompuestos de personas desaparecidas, que llegaban flotando hasta la costa o eran hallados por los pescadores que transitan por la zona. A pesar de esto, nunca se realizó búsquedas especializadas de otros cuerpos, razón por la cual, en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del conflicto, se ha priorizado el estero como una zona para la búsqueda de personas desaparecidas. Es un derecho que tienen las víctimas del conflicto armado de saber qué paso con sus familiares desaparecidos y un derecho étnico que tienen estas comunidades a despedir sus muertos que hoy, una obra como el dragado que es meramente para el desarrollo económico y portuario, tiene en riesgo. Ante ello, el Comité Interorganizacional por la Defensa de los Territorios Ganados al Mar, junto a un grupo de organizaciones aliadas elevaron una solicitud de medida cautelar ante la JEP para frenar el dragado del estero San Antonio mientras se adelantan las búsquedas especializada de los desaparecidos por parte de la unidad. Esta situación ha generado tensiones entre organizaciones como Fundescodes, dirigida por Adriel Ruiz, la Alcaldía Distrital y el Comité del Paro Cívico, quienes impulsan el dragado. Con las víctimas se encuentran la Fundación Progreso y Paz, Madres por la Vida, Pastoral Social, PCN, Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana, Entretejiendo Voces por los Desaparecidos, La Minga de la Memoria, Nomades, Rostros Urbanos, CORHAPEP y Fundescodes, quienes le exigen a la alcaldía distrital generar las condiciones para el cumplimiento del punto 5 del Acuerdo de Paz: Reparación de víctimas. La respuesta hasta el momento, en voz del Secretario de Gobierno Ulpiano Riascos Arboleda, fue que el dragado no se podía detener y, de manera desconsiderada con las víctimas, aseveró que en el proceso de dragando, “si las retroexcavadoras iban encontrando restos humanos, las iban entregando”. Un desacierto por parte del secretario de gobierno, constantemente criticado por lo descontextualizado y desconectado de la realidad social del territorio y del proyecto de ciudad que impulsó el paro cívico, plataforma de acción desde donde se impulsó la candidatura de Vidal y lo llevó a ganar las elecciones y tiene como base el respeto de los derechos humanos. No obstante, se evidencia que se antepone el discurso estatista del desarrollo. A esta postura se suma, sorpresivamente, la del ejecutivo del Comité del Paro Cívico, quienes alejándose de su esencia de organización social, impulsan el dragado con un interés empresarial. Este espaldarazo lo dan Javier Torres, representante de la Asociación de Barcos de Cabotaje y Judith Segura, coordinadora de la mesa de productividad y empleo del comité cívico, ambos miembros del ejecutivo y que, según manifiestas algunos miembros de las organizaciones defensoras de DD.HH, han optado por convertirse en defensores empresariales. Durante los años más cruentos del conflicto armado en Buenaventura el estero San Antonio se convirtió en una fosa común donde constantemente se encontraban cuerpos descompuestos de personas desaparecidas, que llegaban flotando hasta la costa o eran hallados por los pescadores que transitan por la zona. Imagen: Pares. Un conflicto que cuesta la vida Buenaventura se ve constantemente enmarcada en disputas por el territorio entre sus habitantes y el sector privado, en especial el portuario, que genera desplazamientos intraurbanos y desapariciones a miembros de la comunidad y amenazas a quienes defienden sus derechos adquiridos sobre el territorio o representan a las víctimas. Como es el caso de Javier Torres, miembro del comité ejecutivo del paro cívico quien el 22 de octubre sufrió un atentado contra. En horas de la noche, hombres sin identificar dispararon de manera reiterada contra su vivienda, al mismo tiempo, en la zona conocida como la palera, frente al puente del piñal, ingresaron a su oficina donde hurtaron documentos e hicieron daños a sus pertenencias. Por su parte, Adriel Ruiz, represente de Fundescodes y defensor de derechos humanos quien integra el Comité Interorganizacional por la Defensa de los Terrenos Ganados al Mar, desde el 30 de junio ha sido víctima de hostigamientos y amenazas contra su vida y la de sus familiares, por su labor de defender los territorios ante el desarrollo y los grupos armados ilegales. Ambos líderes, con visiones encontradas en el caso del dragado en el estero San Antonio, el rol que juegan les puede ha puesto en riesgo la vida, algo que no se puede permitir y se exige a las autoridades que les brindan las condiciones de seguridad requerida para que continúen con sus actividades y que no estigmaticen ni individualicen a los procesos que luchan por los derechos étnico territoriales.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. Su padre Humberto Martínez Salcedo el reconocido maestro Salustiano Tapia realizaba el programa diario El Corcho, no había empinado, pedante funcionario o corrupto servidor público “que se escapara a su pluma”; de una explosiva mezcla de construcción de inteligente y humor satírico. Periodista, libretista, creativo y locutor, debe estar hoy retorciéndose en su tumba al ver a su hijo Néstor Humberto Martínez Neira en la “calidad” de perverso y antiético profesional defensor del sistema; al que el maestro de maestros combatió. Nacido el 8 de Febrero de 1954, el “flamante” Fiscal general de la Nación entre 2016 y 2019 (periodo en el que se dedicó a ayudar a sus amigos del gobierno a hacer trizas el pacto de paz con las Farc) usando su calidad de fiscal, se sabe a través de los medios de comunicación del suceso conocido como el montaje en conjunto con la DEA para de manera fraudulenta enlodar a Iván Márquez y Jesús Santrich, esperando como resultado una extradición exprés y el acabose del proceso de paz. Pasó por varios gobiernos: con Gaviria, Ministro de Justicia y Derecho; con el Presidente Ernesto Samper en 1994; Ministro del Interior con Pastrana en el 98; Ministro de la Presidencia con Santos en el 2014 y Fiscal general de la Nación desde el 2016. Renunció el 15 de Mayo del 2019 frente a un ambiente contrario en el Congreso de la República, que pretendía hacerle un debate de control político por entre otros temas: encubrir el escándalo de Odebrecht y la persecución permanente de la JEP. Para premiar su manguala con la DEA el presidente Duque lo “exalta” designándolo como embajador en España, a pocos días de iniciarse el escándalo de ocultamiento de pruebas, de no permitirle a la JEP el acceso a una parte sustancial del expediente. Se llama “entrampamiento”, algo así como ponerle zancadilla a alguien hasta que caiga y solo lo hacen los bandidos, así hayan sido hijos de hombres probos y honestos. Ojalá España no acepte la presentación de credenciales de este personaje siniestro y gris.

Por: Redacción Pares. Ariel Ávila, subdirector de Pares, y Andrea Aldana, periodista colaboradora, llegaron hasta una de las zonas de dominio de las disidencias de las Farc y tienen en EXCLUSIVA la entrevista con ‘Jonnier’, tercero al mando en la estructura liderada por Gentil Duarte e Iván Mordisco. Por primera vez habla la disidencia de Gentil Duarte, agrupa 16 de estas estructuras, con cerca de 2000 combatientes. Una entrevista con cuatro puntos claves: 1. La guerra con el ELN 2. la relación con el grupo de Iván Márquez. 3.Lo que piensan del partido FARC 4. La visión sobre el presidente Iván Duque. Dice Ávila: Las disidencias armadas comenzaron como una decena de grupos en 2017, pero fueron aumentando el número de personas armadas y presencia municipal. Pasaron de estar en 56 municipios para finales de 2018 y, en la actualidad, operan en 113 municipios. No debe olvidarse que, en 2016, antes de la concentración de las Farc, está guerrilla operaba en 242 municipios. «Nos somos disidentes, ni narcotraficantes» Ariel Ávila: Después de varios días de recorrer las montañas del departamento del Cauca, estamos con el comandante del comando, coordinador de occidente. El Estado colombiana lo llama grupo residual de las Farc, otros lo llaman disidencias de las Farc, aquí el comandante de esta estructura, que a su vez tiene a su cargo otras ocho subestructuras, dice que no son ni disidencias ni grupos residuales. Entonces, ¿qué son ustedes? ‘Jonnier’: Nosotros en lo real somos la verdadera resistencia armada de las Farc, ya que nosotros en el mal llamado Proceso de Paz no fuimos a ese acuerdo que se estaba dando en La Habana. Así que quedamos haciendo resistencia como Frente Primero Armando Ríos, y, por tal razón, no somos ni disidentes, ni somos grupos narcoparamilitares como nos suelen llamar. Somos la verdadera resistencia armada de las Farc. Ariel Ávila: Usted antes me decía que usted hablaba de una banda de los cuatro; decía que era Timoleón, Carlos Antonio, etc… ¿Usted por qué los llama así? ‘Jonnier’: Eso nosotros lo sacamos en un comunicado público, lo sacamos en cabeza del camarada Gentil Duarte, donde hacíamos énfasis en la banda de los cuatro. Ahí están, claramente, Timoleón Jiménez, Carlos Antonio Losada, Pastor Alape y Mauricio Jaramillo. Ariel Ávila: ¿Y por qué los llaman así? ‘Jonnier’: Porque ellos fueron quienes esperaron muy pasivamente a que se fuera en detrimento la estructura para ellos ir tomando posiciones para llegar y entregar a todo el conjunto, porque lo que ellos hicieron fue una negociación como negociando un lote de ganado, y lo entregaron allá en los corrales, desarmaditos y fueron tan cínicos en la cuestión, que ni siquiera esperaron que les hicieran las zonas campamentarias para ellos ya estar entregando las armas. A pesar que dentro del referendo al mayoría de los colombianos les dijeron que no querían que se fueran hacia ese proceso, y, aun así, ellos siguieron con el Proceso así toda Colombia les dijera que no. Ariel Ávila: Más allá si es legítimo o no, ¿si ellos vienen a hacer campaña política a esta zona usted ordena un atentado contra alguno de ellos? Dígame sí o no. ‘Jonnier’: No. De mi parte, en caso dado, obviamente nosotros a nivel del territorio tenemos unas normas, por algo somos un ente de control a nivel territorial, si ellos asumen el respeto hacia esas normas no tendríamos ningún inconveniente, y si no simplemente les decimos que no entren a hacer campaña. «Iván Márquez es muy prepotente» Andrea Aldana: ¿En el futuro hay una visión de en algún momento hacer un proceso de paz? ‘Jonnier’: Nosotros no podemos llegar a decir que por medio de las armas a la toma del poder, nos toca hacer un trabajo que en boca de grandes líderes como Vladimir Illích Lenin decía que la toma del poder se hace por medio de una insurrección popular. El caso es que no podíamos llegar nosotros a la negociación que se hizo en La Habana porque eso fue una cuestión mal refrendada, porque en la discusión los puntos que se trataron tuvieron cierta validez hasta llegar al papel, pero ya en el cumplimiento se miró la diferencia y los excombatientes quedaron a merced de nada, porque hasta los mismos excomandantes los dejaron abandonados. Nosotros buscamos llegar a unos acuerdos, pero como decía Manuel Marulanda y Jacobo Arenas: con paz y justicia social. Andrea Aldana: Una vez Iván Márquez anunció que se devolvía a las armas, ¿él se reunió con ustedes? ‘Jonnier’: Iván Márquez cuando salió, que dijo que quería volver nuevamente a las armas y nosotros pues todavía creíamos; estaba Santrich, Iván Márquez, ‘El Paisa’ Óscar, ‘Romaña’ y otros, que están hoy en día conformando la Segunda Marquetalia, y nosotros, al salir ellos, nosotros creíamos que venían con fines de darle continuidad verdaderamente al legado de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas; es decir, a la lucha que hemos venido trayendo durante 56 años y que hoy en día seguimos dándole esa continuidad. El caso es que al llegar Iván Márquez él muy prepotentemente quiso seguir siendo el comandante en jefe de las Farc que habíamos quedado en resistencia. Él no a decir: “- bueno, aquí estamos para darle continuidad a la lucha. ¿Qué hay que hacer?-“, o, al menos tener el grado de modestia de llegar a decir “-nos equivocamos en el Proceso. Ustedes que se quedaron en armas tenían la razón. El Gobierno no nos cumplió, lo que nosotros estábamos planteando-”, sino lo que hizo fue que de una vez sacó la agenda y dijo: “-Aquí vamos a organizar cómo quedan las unidades; unas al mando del Paisa Óscar, otras al mando de Romaña, otras al mando de Walter Mendoza-”. Con eso nosotros dijimos que no lo habíamos llamado para entregarle lo que nosotros logramos rescatar de las Farc del Proceso, para entregárselo a él ¿Por qué? Porque no hay confianza. Él era el máximo negociador en La Habana y que llegara otra vez a acá a tomar el mando como tal nos dejaba con el cuestionamiento si venía a recogerlas para volver a entregar el poquito que había quedado. Entonces, no hay confianza y por tal razón no hubo posibilidades de unión con ellos. Dijeron que seguían el camino hacia terrenos vecinos. Ariel Ávila: ¿Cuándo fue esa reunión? ¿Quiénes estuvieron? ‘Jonnier’: En esa reunión estuvieron algunos de los que venían cruzando, que eran: el Paisa Óscar, el mismo Iván, otro que llaman el Loco Iván y otros comandantes que iban ahí. En mi caso decir específicamente quiénes estuvieron en la reunión sería mentiroso, porque yo estaba en otra estructura sobre el área del Amazonas y el Putumayo. Ariel Ávila: ¿Y cuánto duró esa reunión? ‘Jonnier’: La reunión como tal no tuvo una duración de dos horas, porque él llegó fue a recoger las tropas que habían, y en ese sentir el camarada Iván le dijo: “-No, compañero, es que nosotros no le llamamos aquí para entregarle el resto de tropas que nosotros hemos recogido. Lo que queremos es que nos expliquen qué hicieron ustedes con las Farc, qué pasó con el ejército de Manuel Marulanda, qué pasó con las tropas, qué pasó con algunos excombatientes, que fueron ajusticiados por no querer ir al Proceso-”. Andrea Aldana: Usted es un hombre de guerra, usted conoce esto. ¿La Segunda Marquetalia de verdad existe? ¿O es un fantasma que crearon? ‘Jonnier’: De la Segunda Marquetalia conocemos varios comandantes, un grupo dígase de 14 comandantes o excomandantes que fueron de las Farc y que están hoy en la Segunda Marquetalia, pero en territorio no hemos encontrado a ninguno. Aparecen grupos delinquiendo a nombre de la Segunda Marquetalia. Hemos encontrado donde aparecen 5, 6 individuos que con brazaletes de la Segunda Marquetalia luego que verificamos que terminamos dándonos bala con el Ejército. Entonces, no sabemos si es una estrategia del Ejército hacer el despliegue a nombre de la Segunda Marquetalia, como también ha parecido dentro del grupo de los Pelusos, que aparecen con el brazalete de la Segunda Marquetalia y también en miembros del ELN que aparecen primero con el brazalete de ese grupo y posteriormente aparecen con el de la Segunda Marquetalia. Entonces yo veo que es como un fantasma porque nosotros tuvimos una confrontación sobre el área del despunte , nosotros enviamos unas unidades para retomar porque es área que nos pertenece y ahí hubo combates, resultaron como cuatro muertos que se decía eran de la Segunda Marquetalia y resultaron ser comuneros que los habían recogido, armado y los habían llevado para allá. Ellos se retiraron y terminamos peleamos con el Ejército. Andrea Aldana: ¿Entonces ustedes no creen en la Segunda Marquetalia? ‘Jonnier’: Estamos ahí esperando. Ellos dicen que van a posesionarse acá y nosotros estamos a la espera a ver cuándo es que van a llegar. «Tenemos hermandad con el ELN» Ariel Ávila: ¿Cuál es la relación con el ELN? ‘Jonnier’: Nosotros como organización revolucionaria hemos mantenido cierta hermandad a nivel de las dos organizaciones. El ELN ha sido una organización hermana que surgió poco después de las Farc y se ha venido paralelamente en la lucha. Hemos tenido confrontación en algunos escenarios que no son desconocidos. Hoy en día nosotros les mantenemos el respeto, el caso es que algunas estructuras han sido infiltradas por fuerzas del enemigo y han perdido su horizonte político y revolucionario, como ha sido el caso de las retomas que nosotros hemos llevado a cabo de las áreas que históricamente han pertenecido a las Farc y que nosotros a partir de nuestro crecimiento vamos retomando esas áreas. Acá en el Cauca el ELN no tenía área, pero a partir de una época el Frente 60 y el 8 les dejó una zona sobre el área de El Mango y La hacienda por los lados de El Tambo para que ellos se refugiaran porque los traían en un asedio tremendo. Luego que se viene la cuestión de la desmovilización de las Farc, ellos se empiezan a expandir sobre ese territorio, al nosotros llegar nuevamente les dijimos muy comedidamente que devolvieran esas zonas y volvieran a sus territorios. Ariel Ávila: ¿Qué es comedidamente? ‘Jonnier’: Es llegar y decirles: “-Vamos a retomar las áreas, ustedes tienen tropas ahí retírenlas que nos vamos a posicionar porque esa siempre ha sido área de las Farc-“. Nosotros encontramos que lo que empezaron a decir es que las Farc se habían desmovilizado y que lo que había llegado era un grupo de bandidos que están delinquiendo en nombre de las Farc, señalaron que si queríamos retomar el área era con plomo porque no iban a devolver las áreas. Pues decidimos comenzar la retoma de esa forma en la que ellos la pusieron. Ahí creamos la campaña, metimos unas tropitas y logramos sacarlos. El caso es que el horizonte de revolucionarios se había perdido, había quienes se crearon como capos. En El Tambo y en Argelia ellos eran los comandantes y pues habían muchas muertes injustas. Todos que a ellos no les parecían los sacaban en una camioneta que la llamaban “La Última Lágrima”, los montaban y los iban desapareciendo. Con esto también había mucha inconformidad de la población y nosotros teníamos que entrar a tomar control de ese territorio. Pero como organización en algunas parte se ha mantenido la cordialidad y la hermandad en la lucha, pero acá sí tocó entrar en confrontación. Andrea Aldana: Usted ha nombrado que están en guerra con AGC, con ELN, con la Oliver Sinisterra, con Los Contadores, con el fantasma de la Segunda Marquetalia, es decir, están en guerra con una infinidad de estructuras. ¿Cómo se sostiene una guerra así con tantos frentes? ¿Cuántos hombres son? ¿Cómo se financian? ‘Jonnier’: La cantidad de hombres no se la voy a decir. Tenemos ocho estructuras. Andrea Aldana: De 2016 a 2020, ¿cuál es el porcentaje de aumento? ‘Jonnier’: Nosotros hemos crecido por ahí en un 60, 70% de lo que habíamos quedado. Hemos crecido bastante. La cuestión del sostenimiento de nuestra guerra contra todos esos grupos es partiendo que nosotros somos una guerrilla. Nosotros luchamos por conciencia, aquí no tenemos un sueldo. Nosotros no luchamos por bienes para nuestros intereses personales, sino que aquí prima el interés colectivo. Andrea Aldana: El interés colectivo no paga 20 millones por un fusil. ‘Jonnier’: Bueno, estas son las herramientas para nuestro sostenimiento. El problema es que no podemos comparar la moral de una fuerza mercenaria a sueldo, con la moral de un guerrillero porque el guerrillero es la máxima expresión de la especie humana porque él entrega la vida en defensa de los intereses de los desposeídos, de los que han sido violentados por el Estado. Sobre sostenimiento logístico y económico, no es de desconocimiento para nadie que aquí en estas áreas hay narcotráfico y nosotros del narcotráfico, como se ha hecho históricamente, recaudamos un impuesto para financiar nuestras unidades. Nosotros no podemos irle a decir a Trump que nos apoyé con helicópteros, porque él hasta los manda, pero para exterminarnos no para el apoyo. Entonces nos toca con lo poco que vamos recogiendo con lo que se le cobra a la oligarquía y los impuestos que se dan. «Cobramos un impuesto a los narcos» Ariel Ávila: ¿Cómo es la relación de ustedes con el narcotráfico, con la minería ilegal? ¿Cómo son las finanzas y cuál es la relación? Porque muchos dicen que ya son narcos puros; que ya no cobran gramaje sino que están sacando coca y marihuana. ‘Jonnier’:Nosotros dependiendo del porcentaje que sacan del territorio cobramos un impuesto. Hay algunas partes donde nosotros cobramos 100.000 por el pase de coca. Andrea Aldana: ¿A quién se lo cobran? ‘Jonnier’: A los narcos. Andrea Aldana: ¿A los campesinos no? ‘Jonnier’: No, nosotros a los campesinos a ninguno le cobramos un impuesto. El que viene y la compra, ese es el que paga el impuesto. Le cobramos a quien saca la mercancía para otras partes. Andrea Aldana: ¿Cuánto es el porcentaje? ‘Jonnier’: Eso se cobra por kilo; en algunas partes está en 100.000, 150.000, 200.000, 300.000 de acuerdo al territorio. Si van a hacer el cristal en un área, entonces también deben pagar un impuesto para trabajar el cristal y eso lo pagan los narcos. Ariel Ávila: ¿O sea que ustedes no tienen cristalizaderos? ‘Jonnier’: No, nosotros no tenemos porque no somos narcotraficantes. Nosotros somos guerrilla. Y no podemos vincular ni dejar el trabajo de revolucionarios para ponerlo al servicio del narcotráfico. Nosotros cobramos el impuesto, pero pues esa es la campaña que a nosotros nos hacen, que somos los que pasamos toda la coca para Estados Unidos. Pero nosotros sabemos a ciencia cierta cómo se maneja la línea del narcotráfico, que claramente está vinculada la Fuerza Aérea en su vuelos blancos, negros; el vuelo blanco sabemos que es donde viene el narco, simplemente llega la avioneta, la detecta el radar se hacen los de oídos sordos y eso es porque ahí hay un porcentaje que le pagan a ellos. Están cobrando entre 250.000 y 300.000 dólares por vuelo. Nosotros sabemos cómo es eso. Nosotros cobramos un impuesto a quienes trafican y eso todo mundo lo sabe, sino que si nosotros fuéramos narcotraficantes, si lleváramos 1000 o 200 kilos de coca a Estados Unidos, Holanda, ahí sí resultaría platica para financiar la guerra que nos han declarado , pero nos toca es con las uñas. En la minería de igual forma, cobramos un impuesto a quienes trabajan en minería. Ariel Ávila: Usted dice que les toca con las uñitas, pero un aparato de estos vale 20 o 25 millones, eso es mucha plata viendo todos los aparatos que hay acá, eso no son uñitas. ‘Jonnier’: Pues comparado con lo que maneja el Estado o los narcotraficantes pues ahí se ve que es con las uñitas, por eso nos toca ir consiguiendo de a poquito porque no podemos pedir un conteiner que nos llegue lleno de armas porque no tenemos con qué pagarlo. Pero sí nos toca ir comparando de acuerdo a cómo vaya saliendo porque estas son las herramientas que nos ha tocado utilizar para defendernos y tomar posicionamiento dentro de las áreas. Vea aquí la entrevista completa

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado 08 de noviembre fue asesinado en Páez, Cauca Josué David Puscué Tenorio, un menor de 11 años, perteneciente al resguardo indígena de Chinas, quien fue impactado por un disparo de arma de fuego cuando la columna móvil Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc estaba hostigando a la comunidad de ese municipio del Cauca. “Esta voz hoy pide a gritos que haya justicia, no es posible que nos sigan matando niños indefensos en nuestro país. No hay palabras para consolar el dolor de un padre, de una madre, de un hermano y de toda una comunidad. Hoy seguimos rechazando esos actos, por eso en la minga salimos a reclamar nuestros derechos, aun en minga nos siguen matando”, dijo en su momento Ermes Pete, Consejero Mayor Consejo Regional Indígena del Cauca. Por su parte, Duvan Arbey Velasco, alcalde de Páez, se pronunció a los hechos diciendo que: “En la población civil hay rabia contra los grupos armados por la muerte de este menor del resguardo indígena de Chinas, agradecer la presencia del Defensor del Pueblo, que sin importar las condiciones aquí estuvo dando la cara y acompañando este lamentable hecho. De acuerdo a la alerta temprana que tenemos le hemos exigido a la Gobernación del Cauca que atienda las necesidades que tienen las comunidades. Las comunidades no necesitamos militarización, necesitamos inversión social y exigimos respeto hacia la población civil porque no es posible que estén asesinando a nuestros niños indígenas”. Luego de esto el alcalde también convocó una audiencia pública en esta zona del oriente del Cauca, pues tanto la comunidad como las autoridades locales han pedido que se tomen acciones, dado que este departamento se ha convertido en el epicentro de muchos tipos de violencia, y, además, donde los hechos victimizantes que han ocurrido muchos se han quedado en la impunidad y sin esclarecerse lo sucedido. “Rechazamos enérgicamente como autoridades originarios y solicitamos al Estado poner los ojos en las comunidades indígenas que reclamamos paz, derecho a la vida y al territorio”, se comunicó desde la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Cxhâçxha. Asimismo, durante la audiencia pública Duvan Arbey Velasco alertó que durante al año 2019 y lo corrido del 2020 han sido reclutados 37 menores por parte de grupos armados al margen de la ley, y que incluso, aunque la cifra es crítica, esta podría ser mucho mayor, ya que muchos de los casos ocurridos en esta zona del Cauca no son denunciados. «Hago un llamado a la población para que denuncie y no seamos permisivos ante esta situación. También pido al gobierno el acompañamiento a las familias de estos menores víctimas del reclutamiento», explicó el mandatario. Hay que señalar que desde agosto la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 029 para Íquira (Huila) y Páez (Cauca) en la que se advertían los riesgos inminentes de vulneración de derechos humanos, como restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado y ataques indiscriminados contra la población civil, por la presencia y accionar de grupos armados. Adicionalmente, el alcalde del municipio en entrevista con Unicauca Estéreo, afirmó que sobre los hechos “(…) El ICBF ha estado en las reuniones de seguimiento que hemos tenido, pero no ha habido acciones concretas aquí en Páez. (…) Desde la Alcaldía ya hemos hecho algunas cosas pero no se encuentra eco en las autoridades nacionales”. ¿Qué está pasando en Páez, Cauca? Tanto desde la Alcaldía del municipio, como desde las autoridades indígenas se ha advertido que uno de los grupos que más ha generado zozobra y ha hostigado a la comunidad de Páez es la columna móvil de las disidencias de las Farc Dagoberto Ramos. Asimismo, vale la pena señalar que en este mismo punto en enero de este año fue asesinada la sabedora indígena Nasa, Virginia Silva. Hecho que como indicó el investigador de Pares, Juan Manuel Torres: “marcó una alerta muy grande porque esta mujer era muy importante para la comunidad Nasa”. Hay que mencionar que este municipio al estar ubicado al oriente del Cauca, comunica con el departamento del Huila, departamento en el que ya habría una subestructura de la columna móvil Dagoberto Ramos, además esta cercanía con el Huila ha configurado a Páez como un corredor de marihuana del norte del departamento hacia el Huila. “En el municipio de Páez lamentablemente no se puede hablar de tranquilidad; en agosto tuvimos hostigamientos en la cabecera municipal, el pasado domingo también tuvimos enfrentamientos en zona rural del municipio entre la Fuerza Pública y las disidencias. (…) El incumplimiento del Gobierno con el Acuerdo de Paz ha hecho que las disidencias se hayan tomado los territorios con bastante fuerza”, añadió Duvan Arbey Velasco en entrevista con Unicauca Estéreo. Asimismo, se explica que en Páez solo se tiene conocimiento que opera la columna móvil Dagoberto Ramos, la cual ha venido en un proceso de expansión luego de fortalecerse en zonas del cauca como Toribío, Caloto, Corinto, desde donde se han venido expandiendo hacia otras zonas del Cauca, entre ellas Páez, e incluso algunos puntos del sur del Valle del Cauca. Por otro lado, este municipio es también parte del corredor de los resguardos indígenas de la cordillera central, aspecto que ha llevado a que “desde la Alcaldía contamos con el apoyo de las 17 autoridades indígenas, quienes ayudan a hacer control territorial, pues hay que decir que en cabecera municipal hay solo alrededor de 12 policía, lo que es insuficiente para atender cualquier tipo de emergencia”, añadió Velasco. A este panorama se suma, como se advirtió desde la Defensoría del Pueblo, que el reclutamiento es una amenaza latente para los niños, niñas y adolescentes del municipio. Frente a esto, Juan Manuel Torres analizó que “en todos los municipios del oriente están reclutando niños/as y jóvenes de una manera impresionante y masiva para fortalecer las estructuras armadas, especialmente la Dagoberto Ramos, la Carlos Patiño y la Jaime Martínez; es decir, los reclutan en esos municipios, pero se los llevan a combatir a otras zonas. El frente Carlos Patiño se ha nutrido de muchos jóvenes indígenas Nasa. Incluso ahora están buscando otras estrategias para el reclutamiento; les colaboran con favores, les usan como informantes y poco a poco los van involucrando hasta que se los llevan”. Con todo esto, se debe agregar que históricamente el problema de reclutamiento a menores ha mostrado cifras alarmantes. Según el informe ‘Una guerra sin edad’ del Centro Nacional de Memoria Histórica publicado en el 2017, se registran 16.879 casos concentrados principalmente en el Meta, Tolima, Cauca, Urabá, Santa Marta, Medellín, Montería y Bogotá. Además, se informa que en la mayoría de los casos los menores fueron reclutados a los 14 años, sin embargo, 910 de estos fueron menores de esta edad. Esta práctica, luego de la firma del Acuerdo de Paz, presentó en el 2018 un pico en los casos con un total de 50 hechos, mientras que en el año anterior se habían registrado 24. Adicionalmente, entre 2017 y 2019 la Defensoría emitió 108 alertas donde advirtió el riesgo de reclutamiento de menores que existe en 182 de los 1.103 municipios del país. Por otra parte, hay que resaltar que se hace urgente poner los ojos sobre esta problemática, pues además de la ola de violencia que vive el país y que pone en riesgo a niñas, niños y adolescentes, a esto se suma el periodo de confinamiento a causa del Covid-19. Esta realidad se ha convertido en un contexto adicional que agudiza esta problemática, pues al haber un estancamiento en la dinámica escolar presencial la desprotección y poco seguimiento que se le puede hacer a la situación de los/as jóvenes es mayor, lo que les hace más vulnerables a ser reclutados/as. Vale la pena mencionar que en mayo, Coalico presentó un informe en el que se afirmaba que en los cinco primeros meses del año el reclutamiento forzado había aumentado en un 113 % con respecto a 2019, pues en ese momento 128 niños, niñas y adolescentes habían sido reclutados o vinculados a grupos armados, mientras que en 2019 el registro había sido de 60.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Hay claras señales en la sociedad colombiana hacia el cambio, tenemos evidencia de un gran malestar social, de un anhelo y una voluntad de cambio, para ello se requiere que las fuerzas sociales y políticas que han abogado por las transformaciones tomen el liderazgo del gobierno para hacer realidad los cambios que darán otro aire a una sociedad que tiene muchos temas por transformar. Estamos viviendo un tiempo excepcional, el viejo poder está cuestionado y se vislumbran cambios y rupturas que deben aportar nuevas realidades, para una sociedad marcada por las inequidades, las exclusiones y profundas desigualdades, que hacen de Colombia, una de las sociedades más desiguales en el continente más desigual. Hay riqueza construida socialmente y una apropiación de esa riqueza en pocas manos, tenemos el reto de democratizar la propiedad rural, el conocimiento, el acceso al crédito y promover políticas que hagan de la educación y la salud derechos y no mercancías, si estos cinco desafíos los asumimos junto a una protección ambiental y una adaptación al cambio climático, junto a la protección de la vida y la promoción de la más amplia y diversa participación social y ciudadana, tenemos una agenda sustancial de transformaciones. La sociedad colombiana requiere de otras voces, de otras apuestas, por fuera de esa cerrada tradición de elites de poder que han conducido al país, ahora hay la emergencia de esas otras voces que no vienen del mundo de los grandes poderes económicos, de la tradición política del viejo bipartidismo liberal-conservador, que hoy está muy disminuido y cuestionado en sus responsabilidades frente a este orden social, tan precario en ejercicio de derechos y tan desigual. El cambio viene desde la izquierda, nosotros somos los que hemos abogado por las transformaciones y por otras políticas, que promuevan equidad e inclusiones, esta izquierda ha ganado un impresionante espacio y la evidencia son los resultados obtenidos por Gustavo Petro en las elecciones del 2018, donde logró el 43% de la votación, porcentaje nunca antes obtenido por una candidatura de izquierda o de la diferencia política, los mejores resultados los habían obtenido Carlos Gaviria en 2006 con el 22% y Antanas Mockus en 2010 con el 27% y veníamos de muy atrás, en el 86, Jaime Pardo Leal, logró el 7% y Antonio Navarro el 13% en 1990, estas cifras son la evidencia de que la izquierda ha crecido de manera formidable en los últimos 30 años, a pesar de una sistemática violencia y una concentración abusiva del poder, con las prácticas clientelistas y un frágil sistema electoral, que no da garantías de credibilidad y rigor. Los desafíos son enormes y hay una sociedad movilizada, hay una juventud que no quiere seguir en esta tradición, que está movilizada por derechos y por democracia de calidad, vamos hacia cambios, sin duda, todo apunta en esa dirección. Fotografía: Pares. El poder tradicional está seriamente cuestionado, hay un intenso debate sobre el rumbo que debe seguir la sociedad colombiana, si seguimos por esta senda de exclusiones y concentración de la riqueza o si hay otras políticas para que la riqueza producida sea para el beneficio del conjunto y no de pequeños grupos de poder que concentran de manera excesiva recursos y monopolizan todo. En el 2022 puede haber un gobierno de rupturas, que le de otro rumbo a la sociedad Colombiana, que asuma los enormes desafíos que tenemos como sociedad y amplié esta precaria democracia, en estas apuestas de rupturas hay muchos liderazgos que están compitiendo por la conducción de un nuevo momento para la sociedad Colombiana, allí están al frente Gustavo Petro y Sergio Fajardo, son los dos liderazgos que puntean en un nutrido pelotón de hombres y mujeres que van a competir por el respaldo ciudadano en el debate presidencial que se avecina. Colombia está madura para el cambio, requiere liderazgos que proyecten ese cambio, que muestre que se puede vivir de otra forma, generando riqueza y administrándola para intereses colectivos, que podemos cerrar tantas violencias, ganarle el pulso a una derecha que nos quiere mantener anclados en viejas guerras que hay que superar. Los desafíos son enormes y hay una sociedad movilizada, hay una juventud que no quiere seguir en esta tradición, que está movilizada por derechos y por democracia de calidad, vamos hacia cambios, sin duda, todo apunta en esa dirección. Tantos y tan buenos liderazgos, sabrán competir con altura y con buenos argumentos, vamos a ver un vital y extraordinario debate desde ahora y hasta las elecciones parlamentarias de marzo del 2022 y con seguridad que desde la diferencia y las sensibilidades de quienes compiten, vamos a tener la oportunidad de una necesaria ruptura a una tradición a superar.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El 29 de octubre Shirley Johanna Ruiz cumplía 39 años, ese mismo día, en su cumpleaños, y siendo cerca de las 10:00 p.m. Shirley desapareció. Ella, quien era madre de Gabriel de 06 años, enfermera y estudiaba para ser auxiliar contable, fue vista por última vez en la noche de ese día al frente de su residencia ubicada en el barrio Llanitos de la ciudad de Cúcuta. El 29 de octubre Shirley Johanna Ruiz cumplió 39 años, ese mismo día, en su cumpleaños, y siendo cerca de las 10:00 p.m. Shirley desapareció y fue vista por última vez en la noche de ese día al frente de su residencia ubicada en el barrio Llanitos de la ciudad de Cúcuta. Aunque durante varios días un equipo de bomberos emprendió una búsqueda en un caño cercano a su vivienda, hasta la fecha no se ha podido establecer qué sucedió con Shirley, pues por una parte, Medicina Legal adelanta el estudio de ADN de un cuerpo que fue hallado el 04 de noviembre en el Río Pamplonita, mientras que se continúa pidiendo que se aclare lo sucedido con ella. Shirley Johanna Ruiz es una de las 15 mujeres que han sido reportadas como desaparecidas en Cúcuta, Norte de Santander en los últimos dos meses, y también es una de las mujeres por las que se ha pedido que las autoridades adelanten investigaciones y acciones para esclarecer y frenar lo que está sucediendo en la capital de Norte de Santander. ¿Qué está pasando en Cúcuta? Desde el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander – OAG NdS – fue alertado el pasado 06 de noviembre que durante septiembre y este último mes 15 mujeres han desaparecido en esta zona del país. De este total 11 son menores de edad y se han reportado las apariciones con vida de 5 de ellas; 04 niñas y una adulta. “Existen dos panoramas preocupantes: si los casos constituyen desapariciones forzadas, la Constitución Política de Colombia y el Código Penal prohíben y tipifican estos actos como una práctica violenta y represiva, donde se priva a la víctima de los derechos de libertad, autonomía y seguridad personal. Si estamos a un escenario de desapariciones voluntarias, nos preocupa las situaciones al interior de los hogares que actúan como factores de expulsión, motivando a las mujeres y menores de edad a tomar este tipo de decisiones”, se comunicó desde el OAG NdS. Sobre esta situación hay varios puntos que señalar, pues incluso como se agrega en el comunicado del Observatorio, Cúcuta es un territorio fuertemente afectado por el Conflicto Armado, el crimen organizado y las economías ilegales, así como por la trata de personas y el tráfico de armas, los cuales representan escenarios de alto riesgo para que ocurran hechos de violencias basadas en género, explotación sexual y feminicidios. Con esto es necesario indicar que, según cifras de Medicina Legal, en 2016 en Cúcuta se tuvo el registro de 74 mujeres desaparecidas, 72 en 2017, en 2018 de 60 y en 2019 de 43. Si bien, ha venido presentándose una disminución en el total de casos, hay que señalar algunos factores que en ese mismo último periodo pudieron llegar a tener alguna injerencia en la colocación de denuncias. Pues, como se ha venido advirtiendo desde diversos sectores, Cúcuta se ha convertido en un epicentro para la trata de personas, especialmente mujeres, con fines de explotación sexual. Esto, y como se denunció en marzo por Ariel Ávila y Andrea Aldana, tendría una afectación focalizada en las mujeres migrantes, pues uno de los escenarios donde están siendo victimizadas son en los cruces fronterizos autorizados y no autorizados, pues para cruzar estos se les están haciendo cobros y quienes no tienen cómo hacer dicho pago, que rondaría los $20.000, se les está trasladando forzosamente y, especialmente a las mujeres, se les está abusando sexualmente. A esto se suma que los 2.200 kilómetros de frontera son disputados por, al menos, 28 organizaciones criminales. También se denunció que muchas mujeres siendo víctimas de trata estaban desapareciendo, e incluso siendo asesinadas y enterradas en fosas comunes, lo que supone, por un lado, además de la problemática social invisibilizada, también un subregistro en el número de mujeres desaparecidas en esta zona, así como un contexto que impide que las autoridades responsables inicien procesos de búsqueda, pues incluso muchas veces las respectivas denuncias no pueden ser puestas; por un lado, porque las instituciones mismas se han convertido en victimizantes, y, por otra parte, porque denunciar siempre supone el riesgo de que las personas que permanecen en el país de manera irregular sean deportadas. Según cifras de Medicina Legal, en 2016 en Cúcuta se tuvo el registro de 74 mujeres desaparecidas, 72 en 2017, en 2018 de 60 y en 2019 de 43. Si bien, ha venido presentándose una disminución en el total de casos, hay que señalar algunos factores que en ese mismo último periodo pudieron llegar a tener alguna injerencia en la colocación de denuncias. Imagen: Pares. Ante este panorama de desapariciones y problemáticas sociales en Cúcuta, Pares habló con Gabriela Chacón, subdirectora del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, organismo que ha venido haciendo seguimiento a los hechos de desaparición y que además ha sido el encargado de hacer la denuncia pública. Pares: En el comunicado ustedes hablan de un proceso de sistematización de datos ¿qué se encontró allí? Gabriela Chacón: Nosotras en estas últimas semanas hemos estado recopilando unos datos a través de redes, personas y comunicación alternativa, ahí pudimos identificar unos patrones que son bastante alarmantes: hablamos de 15 mujeres desaparecidas, de las cuales 11 son menores de edad. En esos nos encontramos el caso de Shirley Johanna Ruiz, de quien todavía se está a la espera de confirmación del ADN del cuerpo encontrado hace algunos días. Con esto hacemos un llamado de atención a las autoridades porque no están haciendo labores de investigación, pues argumentan que no se están presentando denuncias sobre estos casos. Hemos estado en una mesa técnica y no presentaron cifras, ni nada. La única organización que hasta este momento ha presentado una caracterización de lo que está ocurriendo ha sido el Observatorio, es decir, las instituciones competentes no han hecho nada al respecto y eso nos preocupa. Algo que también sale es que estas desapariciones podrían tener estrecha relación con violencias basadas en género dentro de los hogares que sigue siendo un escenario de alerta porque se tiene que entrar a indagar qué está sucediendo, y también significa que si las mujeres menores de edad están despareciéndose voluntariamente y no se acciona al respecto se les está poniendo en un escenario de riesgo, pues estamos hablando que desaparecen en una ciudad donde se manejan distintas redes de trata que se han venido fortaleciendo y donde las economías ilegales proliferan. Entonces con la minimización del problema y con el no operar por parte de la Policía lo que se está haciendo es profundizar el problema, pues lo que hacen es argumentar que como es un asunto privado no pueden entrar a hacer una investigación, y no, porque ellos tiene el deber de analizar y poner el ojo en lo que está pasando y abrir rutas de atención y acompañamiento. Pares: En la información que ustedes publicaron hoy, 12 de noviembre, revelan que las personas desaparecidas pertenecen a grupos socioeconómicos y de orden público precarios. Asimismo, en el comunicado que sacaron hace unos días indican que Cúcuta está bajo un grave contexto de conflicto armado, crimen organizado y economías ilegales. ¿Cómo estos factores se relacionan e influyen en la problemática denunciada? G.CH: Hay que decir que alrededor de 09 casos han sido identificados como personas que están zonas muy vulnerables; algunas de ellas habitan en sitios como la comuna 11, la 06 y la 04, puntos donde se agudizan las problemáticas a causa de dinámicas como las economía ilegales. A esto se suma un contexto de violencia contra las mujeres migrantes, pues muchas han llegado a esta zona y donde se han asentado se ha hallado que son puntos de mayor vulnerabilidad porque las redes de trata se aprovechan de esta crisis social y desaparecen mujeres con diversos fines. Aunque no tenemos identificadas las nacionalidades de las personas desaparecidas, sí podemos inferir estas problemáticas, que además en caso de no haber sido desaparecidas forzosamente, al estar sin un circulo de protección se ven expuestas a ser víctimas de estas redes y de grupos al margen de la ley. Pares: ¿Qué efectos tiene que no se habrá la posibilidad de atender estos casos cuando las mujeres son migrantes indocumentadas? G.CH: Esto lo que genera principalmente es un subregistro, dado que los familiares no tienen la posibilidad de denunciar cuando se corre el riesgo, entre otras cosas, de ser deportado, así que esas cifras posiblemente sean mucho mayores, lo que enciende una alerta, pues sí ya siendo así es preocupante, el contexto que rodea la falta de denuncias lo es también. Ahí hay que resaltar que las redes sociales se han convertido en un importante canal informal de denuncia, de donde incluso el Observatorio ha podido tener información de algunos casos que de otras formas hubiera sido muy difícil obtener, y eso sucede principalmente porque las instituciones no están siendo eficaces con la atención de este tipo de casos, incluso, durante las comunicaciones con los familiares de las víctimas lo que dan a conocer es que efectivamente los entes encargados para llevar estos hechos no están haciendo acompañamiento e incluso están minimizando y trivializando estos casos, que desde el Observatorio hemos podido afirmar cuando trasladamos estos casos a las autoridades y lo que comienzan a hacer son comentarios que deslegitiman lo que ocurre. «La prioridad que debería estar teniendo la creación de una política pública para promover la mitigación de casos de desapariciones y trata, pero son discusiones y tareas que no se han dado juiciosamente a pesar de este contexto. Esto también termina es fortaleciendo las redes de trata, que de por sí ya han ganado fuerza en el territorio.» Imagen: Pares. Pares: Con las alertas que se han dado de mujeres desaparecidas y de trata de personas con fines de explotación sexual, ¿cuál ha sido la respuesta que ustedes como organización que denuncia estos hechos han tenido por parte de las autoridades locales? G.CH: Realmente no se ha hecho mucho al respecto y eso tiene mucho que ver con la falta de seguimiento e información que se tienen de esta problemática, pues no hay datos recabados. Nosotras estamos intentando adelantar algunas acciones partiendo que este es un tema bastante complicado de atender, pues, en general en el departamento, no hay datos especializados y aunque se le ha pedido a la Alcaldía y a las instituciones relacionadas que se priorice un sistema de información que integre y permita hacer seguimiento a estos hechos, hasta la fecha no ha pasado nada. Esto lo solicitamos partiendo que con ese sistema integral se identificaría qué rutas se están activando, cuántos casos son, qué características tienen las víctimas, además de restablecer los derechos de las sobrevivientes, pero eso no pasa. Con esto se agrega la prioridad que debería estar teniendo la creación de una política pública para promover la mitigación de casos de desapariciones y trata, pero son discusiones y tareas que no se han dado juiciosamente a pesar de este contexto. Esto también termina es fortaleciendo las redes de trata, que de por sí ya han ganado fuerza en el territorio. Pares: Con todo esto planteado, ¿para el Observatorio cuáles pueden ser los motivos de las desapariciones de estas 15 mujeres? G.CH: Creemos que mucho de esto tiene que ver con la zona en la que nos ubicamos, pues las problemáticas que están afectando a Cúcuta ya genera que las mujeres estemos en un estado de vulnerabilidad y que seamos víctimas potenciales de rapto. Por otro lado, hay que señalar que estos temas no son una prioridad en esta ciudad; hablar de violencias basadas en género, de trata de personas con un enfoque diferencial, exigir la construcción de políticas públicas que protejan a las mujeres, todo eso son discusiones que no han llegado a lo institucional y eso ya genera escenarios de riesgos. Esto además promueve que las personas no denuncien o lo hagan de manera informal. Con esto, el punto es que las razones pueden ser variadas pues las conflictividades a las que se ven expuestas las mujeres en Cúcuta son amplias, y hasta que no se tengan rutas eficaces y que generen confianza no se podrá avanzar en el esclarecimiento y justicia para las víctimas de estos hechos. Pares: Si una persona necesita denunciar un caso de desaparición, ¿cuáles son las rutas formales que funcionan en Cúcuta? G.CH: En este momento la Secretaría de Equidad de Género está recibiendo estos casos y activando rutas jurídicas. Asimismo, se podría hacer por medio de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría regional. ____ Nota: Organizaciones de Cúcuta han convocado un plantón para este 13 de noviembre a las 2:00 p.m. en el Parque Santander exigiendo justicia con las mujeres desaparecidas y el cese de esta problemática.

Por: Juan David Roldán Álvarez. Colaborador Pares. El día 24 de agosto del año en curso la Ministra del interior Alicia Arango, radicó ante la Secretaría General del Senado de la República de Colombia el Proyecto de Ley Estatutaria N.º 234 de 2020. (modifica derechos fundamentales de los ciudadanos/as, como los derechos de organización y participación en asuntos electorales). El título de dicho PL es: “Por el cual se expide el código electoral colombiano y se dictan otras disposiciones”. Valga decir que este es un Proyecto de Ley extenso, cuenta con 252 artículos. A beneficio de inventario expondré una breve mirada de algunas de las exposiciones más sobrecogedoras de este texto, que a todas luces, deja mucho que desear (inquietudes y preocupaciones) para el futuro de la estabilidad, la confianza y legitimidad del sistema político y electoral Colombiano, y en definitiva para su democracia. Si bien el punto de partida del PL se ubica en la necesidad de modernización de los sistemas electorales, cuestión que no es minúscula. Toda vez, que la democratización de los sistemas políticos tiene como uno de sus ejes transversales la transparencia, la credibilidad, la participación protagónica de la ciudadanía, la validez y la legitimidad de las contiendas electorales. Estos principios requieren ser efectivos en su aplicabilidad en el sistema electoral. Sin embargo, el caso del sistema político colombiano y su resultante sistema electoral, son profundamente rudimentarios y además cargan un manto de ilegitimidad derivado de la exclusión política heredada del bipartidismo. A esas cargas valorativas negativas se le suma la maquinaria de corrupción electoral. Punto nodal del andamiaje sobre el cual se monta toda la estructura de corrupción; que carcome desde sus entrañas al sistema político colombiano. Advirtiendo toda esta estructura desfavorable en términos de legitimidad, legalidad y eficiencia. Resulta evidente que el sistema electoral colombiano requiere una urgente reforma, modernización, validación y reestructuración radical que garantice un proceso electoral legítimo, justo, autónomo, auditable y sobre todo confiable. Y que fundamentalmente le cierre el paso a la corrupción; poniéndole un punto final a la manipulación política de la organización electoral (todos los entes y funcionarios que allí toman las decisiones) en el cual estas instancias no continúen siendo botines politiqueros y electoreros de los gobernantes de turno. Este exuberante PL se fundamenta en tres ejes centrales: 1. Modernización de los sistemas electorales (innovación y asistencia tecnológica). Este apartado menciona la votación anticipada (se podría votar al menos una semana antes del día de los comicios, esta metodología ya existe en países como Canadá y EE.UU), la votación remota (digital, correo postal o dictado telefónico para personas con discapacidad). Se propone la implementación de sistemas de asistencia tecnológica a los procesos electorales de manera gradual y previas pruebas piloto con las siguientes características: se vota en la máquina, ordenador o dispositivo de voto electrónico presencial, mixto o remoto con autenticación biométrica; se selecciona el voto y genera una impresión o constancia física para ser depositada en una urna. Así pues, el voto electrónico presencial mixto es la gran novedad y también la votación anticipada. Sin lugar a dudas, resulta valiosa la iniciativa de modernizar el sistema electoral, las herramientas tecnológicas pueden dar lugar a una mayor trazabilidad de los votos, a la construcción de un censo electoral más detallado (constatable) y a la reducción de los votos nulos o no marcados. Sin embargo, toda vez que el software de estas herramientas tecnológicas no sea auditable por una instancia independiente y autónoma de la Registraduría (o al menos que la auditoría y su plan sean mixtos). Tal cual como está en el Art. 237 del PL; el plan de auditoría es desarrollado por la Registraduría Nacional y un equipo de “expertos” que dicha entidad contratará para tal fin. El plan de auditoría deberá estar listo a más tardar seis meses antes de las elecciones y será comunicado por la Registraduría, para que los respectivos representantes de las organizaciones políticas o grupos significativos de ciudadanos/as designen sus auditores con previa acreditación de la Registraduría. Así las cosas, se continuará dejando la puerta abierta al entramado de corrupción electoral que manipula la organización y el resultado electoral en función de intereses politiqueros de los gobernantes de turno o de quien controle la mayor porción del sistema político. El segundo eje habla del Fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral. Aquí se menciona el fortalecimiento del CNE para dar mayores garantías al sistema democrático: puede realizar funciones de auditoría a los sistemas de asistencia tecnológica y a las actividades del proceso electoral, con énfasis en la etapa de escrutinios y declaratoria de elecciones. Se creará una estructura mínima que funcionará en las capitales del departamento denominados “consejos seccionales electorales” la conformarán ciudadanos con las calidades que implica ser magistrado del tribunal superior. Con el objetivo de garantizar la presencia del Consejo en las regiones y desconcentración de algunas de sus competencias. El CNE tendría más poder sancionatorio. Todo lo anterior es confuso e inquietante, porque se menciona la intencionalidad de darle más capacidad administrativa y sancionatoria al CNE, y es interesante que el CNE vaya ganando capacidad de inspección, vigilancia, control y sanción en la organización de los procesos electorales. Por otro lado, sigue siendo difuso el verdadero alcance y autonomía de las decisiones del CNE y sus consejos seccionales electorales. Puesto que la Registraduría permanece y además amplía su capacidad de determinación en el ámbito regional y nacional a la hora de discriminar la asignación de cargos neurálgicos para la toma de decisiones en la organización electoral y sus comicios. De tal manera, pareciera que el CNE continúa estando postrado y maniatado ante la omnipotente Registraduría Nacional. Finalmente, el último eje centra su atención en la modesta modernización institucional de la Registraduría. Aquí aparecen las joyas de la corona de este PL, cuestión que nos va indicando quiénes serían los beneficiarios directos con la aprobación de este proyecto. Ejemplo de ello, es el esbelto Art 24; crea unos cargos de libre nombramiento y remoción por “pérdida de la confianza”. Estos cargos son determinados por el criterio del Registrador Nacional. Es decir, el susodicho puede nombrar a quien el considere confiable en todo el territorio nacional (registradores departamentales, municipales, especiales y auxiliares). Las únicas condiciones para ser nombrado en dichos cargos son: ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener título profesional (y por supuesto ser muy confiable para el respectivo Registrador). No hay un proceso riguroso de contratación, concurso de méritos o carrera administrativa. Cuestión que no garantiza la idoneidad de estos funcionarios. Por tal motivo, pueden terminar siendo cuotas político electorales de los registradores departamentales, municipales – distritales o del registrador nacional. Al parecer habría un control milimétrico de los votos que se mueven en cada una de las regiones. Con la posibilidad de libre nombramiento y remoción de estos registradores. Tienen un margen de maniobra amplio y sistemático para incidir en la organización de la contienda electoral, el seguimiento y trasmisión de sus resultados. Esto es beneficioso para los intereses de Duque y el Centro Democrático, aliados estratégicos del Registrador nacional, Alexánder Vega, en el impulso de este proyecto de código electoral. El presidente lo presentó con mensaje de urgencia para que su discusión sea una prioridad en el en Congreso. No hay duda de que el actual gobierno tiene unas intenciones de concentración de poder institucional excesivas con miras a los comicios electorales del 2022. Todo indica que quieren tomar ventaja en las elecciones con esa concentración de poderes. A esto súmele que la Registraduría asignará los jurados según sus características: edad, nivel de escolaridad y sobre todo la cercanía de su lugar de residencia con el puesto de votación asignado. “Ya no se solicitará a los jefes de recursos humanos de empresas públicas o privadas para que provean información de los posibles candidatos a jurados”. La Registraduría manejaría los datos. ¿hay transparencia y seguridad en el manejo de esta información, manipulaciones, sobornos, compras de jurados? Se puede profundizar la instrumentalización de los jurados para intereses de determinados sectores políticos. En definitiva, la organización electoral en Colombia debe desmarcarse de los intereses políticos y electorales del poder ejecutivo. Necesitamos a un CNE y a una Registraduría independientes de la presidencia. Solo con esa autonomía podemos construir un sistema de frenos y controles que permitan desarrollar un sistema político y electoral confiable. El sistema electoral no avanza en términos de confiabilidad con esta nueva reforma que ya está cursando su trámite exprés en el Congreso, y ahora va para el primer debate en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. Seguramente el Congreso se someterá ante la bancada de gobierno y lo aprobará rápidamente. Nos queda un breve consuelo en la Corte Constitucional, porque esta instancia debe revisar el PL después de aprobado por el Congreso. Así las cosas, puede que el PL no alcance a implementarse para el 2022. Cosa que deja un margen de maniobra a los sectores que buscan un cambio democrático y progresista para el país las próximas elecciones. El uribismo no quiere aflojar el poder y hará cuanta maniobra esté a su alcance para seguir concentrando el poder de todas las instituciones del Estado. No vaya a ser que se inventen un Estado de Excepción y decreten la suspensión de las elecciones, e incluso asistamos a que no haya un 2022 (electoralmente hablando).

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Las Juntas de Acción Comunal –JAC-, así como los procesos sociales y de movilización que están estrechamente relacionados con las JAC se han venido configurando como unos de los agentes más importantes en los territorios para la defensa de los intereses de la comunidades en cuanto a lo social, político, económico, cultural, etc. Es por esto, como se expone desde Somos Defensores que “se han tenido que enfrentar a disputas territoriales y por recursos en las que participan no solo actores armados, sino de forma determinante, actores económicos, políticos e institucionales, estableciendo prácticas clientelistas que desdibujan el papel de las JAC y a la vez, exponen a sus miembros a riesgos ligados a la confrontación por el poder político, económico y burocrático”. Esto se puede entender desde lo que está sucediendo en el departamento del Huila en lo que va del 2020, donde de los 11 líderes/as asesinados/as en lo que va del año. Siete (07) son líderes/as comunales, donde, incluso, pocos días pasaron luego de iniciado el 2020 para que los registros de estos hechos victimizantes comenzaran a conocerse. Mireya Hernández Guevara fue la primera víctima en este año de la persecución y violencia a quienes han enfocado su labor en el trabajo comunal. Mireya fue tesorera de la Junta de Acción Comunal en el barrio 20 de Julio, en el municipio de Algeciras, Huila. En ese mismo sector ella fue atacada el 09 de enero por sicarios, quienes le propinaron varios impactos de bala, los cuales durante el trayecto al hospital, le ocasionaron la muerte. Dos días después, el 11 de enero, también en Algeciras, fue asesinado John Freddy Álvarez, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos, Astracal y militante del movimiento Marcha Patriótica. Álvarez fue interceptado en su vivienda ubicada en el barrio Juan XXIII, donde le propinaron varios disparos mientras él se encontraba con su familia. Por su parte en Campoalegre, Huila, el 02 de marzo se reportó el asesinato de Julio Gutiérrez Avilés, quien era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Esmero, adicional era miembro y fundador de la Asociación de Trabajadores del Campo. Sobre este hecho en medios se informó que: “Julio estaba en Campoalegre buscando al secretario de Planeación del Municipio para socializar unos trabajos con la comunidad donde estaban abriendo una vía en la vereda, sobre el medio día subió a la vereda y cuando caminaba para la finca cerca de una quebrada lo mataron». En mayo, de nuevo Algeciras fue el epicentro de hechos de violencia, pues durante el 25 y 27 fueron cometidos otros dos asesinatos, se trató de los cometidos contra Saúl Rojas y Carlos Monroy. Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Juanito de Algeciras, donde estuvo haciendo trabajo comunitario durante casi 12 años, también fue asesinado por impactos de arma de fuego, al igual que los hechos mencionados, y también como ocurrió con Carlos Monroy, quien era presidente de la Asociación de padres de Familia de la Institución Educativa Juan XXIII. Poco más de un mes después, el 05 de julio, de nuevo en Algeciras, la víctima mortal fue Gentil Pasos Lizcano, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Puente. En esa misma zona, Pasos Lizcano recibió tres disparos por parte de sicarios, quienes causaron su muerte en el lugar de los hechos. Y, luego de este caso, a principios de agosto, un nuevo hecho fue informado, el cual ocurrió en Pitalito, municipio donde fue asesinado Álvaro Menza y su hija, Yeraldin Peña, de 28 años. Menza, de 51 años, ejerció como presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento La Laguna, donde vivía y fue interceptado por los sicarios. Por este hecho El Tiempo tomó uno de los testimonios de los habitantes de la zona, quienes afirmaron para el medio que: «Perdimos a un líder, a un defensor del desarrollo comunitario pues Menza siempre trabajó por el bien de todos». Violencia y miedo contra los liderazgos comunales En este año en total han sido perdidas siete vidas de personas que entendían el trabajo comunitario como una forma de buscar el bien común. Siete vidas que significaban en cada una de las zonas donde trabajaban esperanzas y formas de resistencia ante la violencia que no da tregua en Colombia, y, además, siete personas que dejaron familias, proyectos, organizaciones, y que sus asesinatos siguieron afectando el tejido social en un departamento como el Huila. Es importante señalar que todos los hechos fueron provocados por sicarios quienes con armas de fuego atacaron a la víctimas de estos casos, en donde hasta la fecha públicamente no se han informado avances sobre quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de cada uno de los asesinatos, pues hay que partir diciendo que este tipo de liderazgos se ven enfrentados a muchos contextos, lo cual genera que las motivaciones puedan ser variadas respecto a los intereses que cada uno/a de los/as líderes/as defienden. Asimismo, llama la atención que de los siete (7) líderes comunales asesinados/as 05 se concentran en el municipio de Algeciras, donde incluso luego del asesinato de Gentil Pasos Lizcano se produjo el desplazamiento de siete familias -42 personas-, pues las amenazas de muerte llegaron luego del hecho de manera generalizada a los pobladores de la vereda El Puente, ya que en la tienda donde ocurrió el homicidio del líder fue dejado un panfleto firmado por la columna móvil Teófilo Forero, donde amenazaban a varias familias, entre ellas a la de Pasos Lizcano. Pues bien, en este punto del Huila desde 2018 se advirtió a través de la alerta temprana 063 de 2018 sobre el resurgimiento de organizaciones armadas ilegales dentro del municipio, advertencia que este año ha mostrado sus bases, pues en lo corrido de lo que va del 2020 en este punto es donde se han concentrado masacres, atentados, desplazamientos y asesinatos a personas en proceso de reincorporación, además de los ya nombrados crímenes contra líderes/as sociales. Algeciras, que colinda con el departamento del Caquetá, cuenta con una población de 24.708 personas (cifra ofrecida por el DANE en 2019) y su producción agropecuaria a gran escala se centra en los cultivos de café, caña, panela, cacao, hortalizas, frutales y, en menor medida, el arroz. En esta misma zona, donde operó la columna móvil Teófilo Forero de las FARC – EP, se ha alertado sobre la disputa que hay por el control del territorio por parte de dos disidencias de las FARC, entre ellas la denominada Segunda Marquetalia. Líderes/as comunales: un foco de amenaza Somos Defensores en los últimos años ha identificado seis de los principales factores que han concentrado los hechos victimizantes en quienes ejercen liderazgo comunal en los territorios, estos son: “1. La Disputa territorial entre múltiples actores armados, reorganización y continuidad del paramilitarismo. 2. La guerra por el control de cultivos de uso ilícito, el narcotráfico y el control de las rentas derivadas de economías legales e ilegales 3. La dinámica extractivista y la presencia de grandes proyectos empresariales 4. Las negociaciones de Paz y posterior implementación del Acuerdo entre el gobierno y las FARC, especialmente en el tema de cultivos de uso ilícito. 5. La Política de Seguridad y la Militarización de los territorios. 6. La persistencia del histórico conflicto por el uso y tenencia de la tierra y la política de restitución de tierras. Todos estos factores en conjunto, han afectado con mayor rigor a los dignatarios y dignatarias comunales por su condición local y su relación inmediata con las comunidades y con los actores armados, en los últimos 8 años”. En este contexto vale la pena señalar que entre 2017 y 2018 el aumento de casos de asesinatos sistemáticos de líderes comunales fue de más del 50%, registrándose 49 hechos en 2018; 43 hombres y 6 mujeres, mientras que en 2017 el total de casos fue de 27. Este dato alerta, pues el 2018 fue un año de elecciones, factor, que como lo argumenta Somos Defensores, “aumenta los hechos de violencia contra los líderes y lideresas sociales, y especialmente contra líderes (as) comunales, pues estos hechos tienen como bases el freno a cualquier ampliación de la democracia, el bloqueo a los liderazgos locales y regionales y la proliferación de grupos armados en disputa por el control territorial y de las economías legales e ilegales. (…)Estamos entonces, ante una estrategia anticipada de los poderosos para evitar que se reconfigure el poder local y regional, para mantener las estructuras de guerra, control y violencia”. Así, aunque las motivaciones de persecución a las y los líderes comunales son amplias y responden a problemas y disputas estructurales, sí hay un factor importante de comenzar a poner sobre la mesa, pues mientras el ejercicio político se mueva por intereses de elites y clanes que se han atornillado en los cargos de gobiernos locales, departamentales y nacional, estos tipos de hechos van a seguir siendo una amenaza latente para quienes propenden por una apertura de la participación política y por hacer veeduría de lo que ocurre dentro de las instituciones en los territorios. Con esto urge poner los ojos y dar todas las garantías de protección a quienes ejercen estos tipos de liderazgos, pues de nuevo se está ad portas de épocas electorales y con el panorama actual es necesario fortalecer cada tipo de veeduría comunitaria, así como priorizar que en los territorios se pueda exigir cambios en el ejercicio político. Por otra parte, se hace urgente que avancen las investigaciones de cada uno de los líderes y lideresas comunitarios que han sido asesinados/as, pues establecer quiénes son los responsables de esta sistematicidad de violencia es prioridad para poder frenar cada una de las victimizaciones a las que se ven expuestas estas personas.

Por: Julián Martínez. Periodista Asociado Pares. El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, insistió en la Comisión Primera del Senado y en la de Cámara que el nuevo Código Electoral fue creado con el apoyo de los partidos políticos, la sección Quinta del Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral. Lo que olvidó es que se hizo a espaldas de la ciudadanía, sin consultar a las organizaciones de la sociedad civil e incluso expertos de alto nivel. Al día de hoy nadie entiende ni conoce de qué se trata esta reforma y buscan aprobarlo antes del 15 de diciembre. Hoy continuará la discusión de #VotoPorInternet. Para el ingreso de Colombia a la OCDE, un estudio demostró que, apenas, el 10% de la población tiene interacción con los sistemas del Estado. No hay pedagogía suficiente, ni la infraestructura. Municipios y departamentos en una gran proporción del país ni siquiera tienen conectividad. Cualquier apagón en la costa, como sucedía con Electricaribe en la costa Caribe colombiana, puede ser un riesgo inminente. No hay garantías ni se establece la figura de testigos electorales y jurados para este tipo de votación. Respecto a lo aprobado: Lo bueno: se avanzó en la paridad, incrementando las listas de partidos a cargos de elección popular con un 50% de mujeres. Lo malo: Registro Único de Aportantes – Código Penal: se eliminó este artículo dejando en un vacío grave a candidatos y aportantes, incrementando la opacidad la financiación de campañas. Se mantiene el manejo por parte de privados de los software del proceso electoral. Por ahora, aprobaron un artículo que le otorga facultades especiales al presidente Iván Duque para reestructurar la planta de personal y funcionamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Continúa la politización de la entidad.