Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. El pasado 4 de septiembre de 2020 —cinco días antes de que se desatara una protesta sostenida por cuenta de la brutalidad policial que fue respondida por los uniformados con una masacre en Bogotá y en el municipio de Soacha— nueve (9) jóvenes murieron a causa del fuego en el CAI de San Mateo ante la mirada indolente de más de 20 policías. Sobre esta delicada situación, Pares habló con Heiner Gaitán Parra, concejal en Soacha por el partido Colombia Humana y quien se refirió a los hechos ocurridos en el CAI de San Mateo. Pares: ¿Qué decir sobre las amenazas de la Policía de Soacha hacia los familiares de las víctimas de esa tragedia? ¿Qué pasa con la Policía en el municipio? Heiner Gaitán (H.G): En Soacha la Policía ha tenido un papel desafortunado. A las reiteradas y constantes denuncias ciudadanas sobre corrupción y exceso policial durante esta época de emergencia sanitaria se le suman hechos de sangre hacia la población civil que configuran claras violaciones de Derechos Humanos que no han sido objeto de investigación por la justicia y han sido legitimadas en el discurso de impunidad que se promueve desde la alcaldía municipal. Este año, durante un proceso de ocupación de tierras por parte de familias desplazadas -engañadas por mafias de Tierreros- en el sector de Ciudadela Sucre, fue asesinado en enfrentamientos con la policía el menor de 16 años de edad: Mateo Aldana; el 4 de septiembre se supo de un incendio en el CAI de San Mateo, en donde tenían hacinadas un grupo de 20 personas en proceso de judicialización, con el paso de las semanas se conoció que nueve de ellos murieron debido a la gravedad de las quemaduras; en las noches del 9 y 10 de septiembre las protestas en los CAI dejó el macabro saldo dejó tres jóvenes asesinados (Cristian Hurtado, Stiven Mendoza y Gabriel Estrada) junto a otros seis heridos con arma de fuego; las torturas en los CAI de Ciudad Verde, Cazucá y San Mateo hacen parte de las denuncias de la ciudadanía. Lamentablemente ningún ente de control, ni la alcaldía, ni mucho menos la Policía han avanzado ni en lo penal ni en lo disciplinario para esclarecer todos esos hechos. Al contrario, a cada denuncia se responde con la estigmatización y el señalamiento a los sectores sociales que ejercen Veeduría en materia de Derechos Humanos en nuestro municipio, ni que decir con las familias de las víctimas, quienes en su gran mayoría integran hogares humildes a las que se intenta amedrentar para que no exijan justicia. Pares: ¿Deben reformar el uso y propósito de los CAI? H.G: Sin duda, la grave crisis de legitimidad que tiene la Policía ha permitido que múltiples sectores de la sociedad se expresen sobre los reiterados abusos de la fuerza policial. Tanto los CAI y los CTP se deben reformar en una lógica formativa y de garantía de los Derechos Humanos. Estos lugares son de carácter transitorio para ciudadanos que han cometido una infracción, pero en la práctica son centros de tortura donde se somete a la ciudadanía a todo tipo de abusos. Pero voy más allá, se debe modificar estructuralmente el Código de Policía y debe trasladarse las competencias de la institución, como fuerza civil armada, al Ministerio del Interior donde se debe superar la terrible Doctrina de Seguridad Nacional que entiende peligrosamente a quien protesta como una amenaza para el país. Esa doctrina debe finalizar para avanzar en la lógica de defensa de Derechos Humanos. Pares: ¿Cómo denunciar en Soacha si la Policía amenaza? ¿Le han solicitado a alguna institución o organización de Derechos Humanos para resolver esta situación? H.G: Pues las denuncias formales ya están ante la fiscalía y la solicitud medida de Protección ante la UNP. Organizaciones como el CPDH y el CAJAR han ayudado. Pares: ¿En qué va lo de las denuncias de las Águilas Negras? H.G: De mi parte, te comento: a los tres días del CAI de San Mateo nos amenazaron, entonces eso en la práctica constituyó el tiempo de todo el proceso de denuncia, de calmar y coordinar con la gente… Y luego a los dos días de eso, lo del 9 y 10 de septiembre, ahí la Policía asesinó a un compa nuestro.. entonces pues todo ese proceso y demás. Cuando la marea bajó, intentamos hablar con las familias. Desde un principio, reticentes y desconfiados de la ayuda que íbamos a brindar a través de Alirio Uribe. Entonces la cosa quedó así. Una parcera estaba intentando una reunión y ellas dijeron que ya tenían abogado, entonces que por ese lado continuarían. Por eso ese tema no se abordó en profundidad. Pero si se denunció y esos vídeos que mostró Cancino ya era de público conocimiento por acá. Lo que pasa es que sucedieron tantas cosas en tan pocos días que reaccionamos tarde. Me refiero, también, a los familiares que han sufrido hechos victimizantes por parte de las autoridades. ¿Qué sucede con ellos? Pero no es descabellado, la Policía quería evitar que la noticia llegara a oídos nacionales, es por eso que hasta hoy, semanas después, el país conoce la tragedia que pasó en ese CAI.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. Desgarrador. Así es el testimonio de una madre que relata cómo el pasado 4 de septiembre de 2020 —cinco días antes de que se desatara una protesta sostenida por cuenta de la brutalidad policial que fue respondida por los uniformados con una masacre en Bogotá y en el municipio de Soacha— nueve (9) jóvenes murieron a causa del fuego en el CAI de San Mateo ante la mirada indolente de más de 20 policías que, lejos de controlar las llamas, dejaron que se propagaran. El concejal de Bogotá, Diego Cancino, reveló una denuncia que la Policía quería que pasara de agache. E incluso, según las versiones de los testigos y madres de las víctimas; un artefacto que habría sido impulsado por un uniformado de la policía intensificó el fuego lo que se configuraría como una escabrosa masacre a manos de la autoridad. “Dejaron quemar a nuestros hijos” “Yo exijo que se aclaren los hechos porque ese día, tengo entendido, escucharon a un sargento que dijo “ojalá que se quemaran esas gonorreas” –y me disculpan las palabras— “que esas hijueputas ratas se quemaran allí”. ¿Él por qué dice eso? ¿Qué tiene que ver con lo que pasó? ¡Que me expliquen! Porque mi hijo no era ninguna rata, no era ningún delincuente, él estaba allí por una simple cédula. Entonces, ¿por qué dejaron quemarlos?” Estas palabras hacen parte del testimonio de una de las madres de las víctimas, con un consentimiento informado, del cual Pares tuvo acceso través del concejal Cancino. Sobre esta dramática situación, Pares habló con el concejal Cancino quien, entre otras cosas, señaló que la dificultad sobre esta investigación y denuncia ha sido, fundamentalmente, el miedo infringido por parte de uniformados de la Policía a testigos y familiares. Ese 4 de septiembre murió un joven al interior del CAI, según la investigación del concejal. Los otros ocho murieron los días siguientes por cuenta de la gravedad de las quemaduras. Criminalidad policial De hecho, parece existir una fuente que sugiere que tras la quema de una tela al interior del CAI por parte de uno de los jóvenes detenidos, los mismos uniformados de la Policía habrían incrementado el fuego de manera decidida. Además, de haber salido del CAI y haberlos dejado tras las rejas ante las llamas. Resulta muy preocupante que la Policía, hasta este momento, no se haya pronunciado con respecto a que nueve (9) personas murieron a partir de hechos que ocurrieron en una estación de Policía. Sobre estos hechos, es evidente que los policías tienen una responsabilidad y se deben pronunciar porque los hechos implican a personas que estaban detenidas bajo el poder policial. Imagen: Pares. El joven habría prendido fuego en protesta por lo que habría sido una semana de torturas, de maltrato físico, sin comida. El miedo de las amenazas por parte de la Policía ha hecho que, más de dos meses después, se empiecen a conocer las pesquisas de un capítulo al que Cancino no llama “brutalidad policial, sino de criminalidad policial”. Pares: ¿En materia investigativa qué ha dicho la Policía frente a la denuncia? Diego Cancino (D.C): La Policía no aparece. La Policía no ha dicho nada. Yo he tratado de ver cómo ha ido el proceso y demás pero no se sabe por parte de la institución su posición. ¿Qué es lo que sí ha hecho la Policía? Amenazar de muerte a las madres de las víctimas de esos muchachos que estaban presos y que fueron quemados. Esas mujeres están muy atemorizadas de hablar, no han querido que sus caras salgan por cuenta de las amenazas de muerte que pesan sobre ellas. ¿Quiénes más las pueden amenazar de muerte si no son esos policías? Eso es lo que sí han hecho esos policías. Pares: ¿Qué se sabe de los familiares de las personas que resultaron heridas, también están siendo amenazadas? D.C: Sí. Acá parece existir una práctica que es recurrente, que también pasó en Verbenal —hechos ocurridos en la noche del 9 de septiembre de 2020— y es que a los testigos y a los familiares de las víctimas; empiezan a amenazarlos y, producto de estas intimidaciones, las personas terminan optando por esconderse. De hecho, mucha gente me ha preguntado: “bueno, ¿Y esto, de este calibre, por qué sale hasta ahora? Mi respuesta tiene que ver con las mujeres, las madres, no querían denunciar por cuenta del miedo. Estamos ante una práctica que es paramilitar. Es decir, amenazar y decir: “o se va o lo matamos”. Pares: ¿Ha podido hablar con las autoridades del municipio de Soacha? D.C: Lo que sucedió con el alcalde Saldarriaga es que, a los días después de los sucesos en el CAI de San Mateo, lo que hizo fue homenajear a los policías. «Ningún policía hizo nada» Pese a las amenazas se cuenta con el testimonio de una de las madres de las víctimas que relata los hechos que antecedieron incluso al día en que en el CAI de San Mateo la Policía dejó morir a nueve (9) jóvenes: Madre: “El día 4 de septiembre del 2020 en la estación en el CAI de San Mateo me presenté yo como madre de uno de los detenidos a la 1:20 de la tarde. Allí estábamos todos los familiares de los detenidos y estaban los muchachos exigiendo la visita, porque el día 3 de septiembre a ellos les habían propinado unas golpizas, la cual los policías sabían dónde poder pegar para no evidenciar maltratos. Ellos nos gritaban ese día que nos les iban a dejar la visita, que no les dejarían entrar los artículos, ni la comida que nosotros los viernes les podíamos llevar. Ellos pedían y exigían su visita. Era una visita de 10 minutos mientras recibían sus artículos y sus comidas. Resulta que la Policía (nos dijeron) que recibían la comida y lo que hacían era botarla, cuando nosotros nos íbamos de allí. En el transcurso de la semana les llevaban una sola comida que iba descompuesta, en mal estado, y ellos no se la podían comer. Tampoco podían exigir sus derechos, eran totalmente vulnerados. El día 4 de septiembre empezó un fuego muy leve. Nosotros les decíamos, les suplicábamos a los policías que nos ayudaran. Había cambio de turno. Había más de 20 policías allí y ninguno hizo nada por ayudarlos, ninguno hizo nada para que los muchachos no se nos quemaran. No se les dio, como dicen, la gana. La Policía lo que hizo fue cruzar sus manos y dejar que el fuego se propagara. Nosotros como familiares comenzamos a romper vidrios, quitamos las rejas para poder entrar, hubo unos familiares que entraron con extintores y apagaron el fuego, pero ya era demasiado tarde porque los muchachos se quemaron. Tenemos entendido que es un CAI que, como lugar de reacción inmediata sólo hay cupo para ocho (8) personas como máximo y había 20 muchachos ahí detenidos. ¿Qué le costaba a la Policía apagar el fuego? Si ellos estaban detrás de una reja que tenía candado y ellos eran los que los estaban custodiando. Si la Policía estaba bajo el cargo de ellos, ¿por qué permitieron que se quemaran y llegaran hasta la muerte? «Es urgente una reforma a la Policía» Pares también habló con Alejandro Rodríguez, investigador de Temblores ONG, quienes han estado liderando los procesos de denuncia frente a la brutalidad y criminalidad policial. Pares: ¿Cuál es la posición de Temblores frente a la denuncia hecho por el concejal Cancino? Alejandro Rodríguez (A.R): “Desde Temblores ONG manifestamos nuestro rechazo ante las denuncias realizadas por el concejal Diego Cancino, frente a lo que fue un posible hecho de omisión de auxilio por parte de la Policía. En palabras del concejal, hay una posible agencia en el incendio que ocurrió en la estación de San Mateo de Soacha por parte de los mismo agentes de la Policía. Además de ser un hecho grave, es una clara violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Esperamos que las investigaciones se realicen lo más pronto posible para que se esclarezcan los hechos y que las víctimas puedan encontrar justicia. Pares: ¿Se requiere una reforma sobre los CAI? A.R: Hay una problemática frente a los Centros de Atención Inmediata (CAI), debido a que los procedimientos policiales que ocurren en estas estaciones usualmente no son públicas. Además, de no gozar de las condiciones de transparencia para garantizar que a hacer control y veeduría sobre los procedimientos que ocurren en dichas estaciones. En este sentido, es necesario que haya una reforma estructural en donde este modelo de cuadrantes tenga un mayor tipo de veeduría por parte de la ciudadanía. Es importante que los uniformados de la Policía sean formados de manera estricta en materia de Derechos Humanos. Porque lo que se ve es que, prácticamente, muchos policías no tienen conocimiento sobre la necesidad de que el relacionamiento con la ciudadanía se haga desde los Derechos Humanos. Esto evitaría, entre otras cosas, que persistan estigmas de sectores de la ciudadanía que han sido, históricamente, más vulnerados. Pares: ¿Qué decir sobre el silencio de la policía al respecto de la denuncia? A.R: Es muy grave que no exista aún una aclaración por parte de la policía. Por ejemplo, hace dos meses cuando ocurrieron los hechos, uniformados de la estación de San Mateo hicieron una declaración en las que hablaron de once (11) personas heridas. Según la denuncia del concejal Cancino, las personas fueron muriendo días después por consecuencia de las quemaduras. Resulta muy preocupante que la Policía, hasta este momento, no se haya pronunciado con respecto a que nueve (9) personas murieron a partir de hechos que ocurrieron en una estación de Policía. Sobre estos hechos, es evidente que los policías tienen una responsabilidad y se deben pronunciar porque los hechos implican a personas que estaban detenidas bajo el poder policial. La indolencia criminal Eduardo Galeano en el libro ‘Patas Arriba: la escuela del mundo al revés’ escribió las paradojas de las enseñanzas del miedo. Sectores de la sociedad colombiana se rasgaron las vestiduras porque en las protestas del mes de septiembre las cosas ardían en llamas. Ahora que hablamos de personas que fueron incineradas en una estación de Policía, ¿qué dirán? Volvamos a Galeano: “En un mundo que prefiere la seguridad a la justicia, hay cada vez más gente que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares de la seguridad. En las calles de las ciudades se celebran las ceremonias. Cada vez que un “delincuente” cae acribillado, la sociedad siente alivian ante la enfermedad que la acosa. La muerte de cada “malvivivente” surte efectos farmacéuticos sobre los “bienvivientes”. La palabra farmacia viene de pharmakos, que era el nombre que daban los griegos a las víctimas humanas de los sacrificios ofrendados a los dioses en tiempos de crisis.” ¿Estamos en una sociedad que ve a algunas personas como prescindibles frente a otras que no lo serían?

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Como un «discurso que lejos de aportar, discrimina a los venezolanos que salieron en busca de un mejor futuro.» Así lo indicó este martes la Asamblea Nacional de Venezuela en carta dirigida a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. En la misiva le piden a López retractarse de unas declaraciones dadas el pasado 28 de de octubre durante un pronunciamiento público sobre los hechos de inseguridad que afectan a la ciudad y mientras se refería a los índices de criminalidad, la mandataria se pronunció de la siguiente forma: “No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos. Tenemos que volver a traer a Migración Colombia. Aquí el que quiera venir a ganarse la vida decentemente bienvenido pero el que venga a delinquir debemos deportar sin contemplación”. Aunque en ese momento el rechazo y las críticas a las afirmaciones de Claudia López no se hicieron esperar, solo pasaron algunos días para que de nuevo la alcaldesa volviera públicamente a lanzar aseveraciones similares a las anteriores: “Gran resultado de la Policía Nacional. Desde inicio de año se hizo un intenso trabajo de inteligencia persiguiendo estas bandas criminales venezolanas. Alivio para Fontibón y otros barrios de Bogotá donde causaron múltiples homicidios y presión criminal”, escribió en su cuenta de twitter. Esta última afirmación llegó incluso cuando, luego del primer pronunciamiento, se advirtiera desde la plataforma Barómetro de Xenofobia – que analiza las conversaciones en páginas, medios y comunicación y Twitter sobre los migrantes -, que ese 29 de octubre desde las 8:00 p.m. se había registrado un aumento en las publicaciones xenofóbicas respecto al día anterior; 918% en Bogotá, 900% en Cúcuta; 376% en Cali, 300% en Barranquilla y 250% en Medellín. Adicionalmente la plataforma halló que en dichas conversaciones dos de los términos con más registros para referirse a las personas venezolanas fueron “limpieza social” y “matando a los venecos”, los cuales se enmarcan en publicaciones xenófobas y con discursos de odio hacia las personas migrantes. Lo que demuestra esto es la peligrosidad en las palabras dichas por la alcaldesa, que, como se señaló, ya había sido advertido, pero no tardó mucho para seguir reforzando un discurso que puede llegar a criminalizar y poner en riesgo de ataques de odio a esta población migrante. Ante este panorama, la Asamblea Nacional de Venezuela le solicitó a Claudia López retractarse sobre estas opiniones dadas y además comunicó: “(…) Le enviamos esta comunicación respetuosamente con el fin de reiterar que los venezolanos han abandonado su tierra huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro; muchos de los que se encuentran en Bogotá indiscutiblemente han contribuido al progreso y han sido generadores de impuesto. Por estos motivos, no se puede estigmatizar a los venezolanos por una problemática, que como bien estableció el Director de Migración Colombia, no puede atribuírsele a los extranjeros. (…) No avalaremos discursos que lejos de aportar, discriminan a los venezolanos que salieron en busca de un mejor futuro. Realizar este tipo de acciones es condenable y no es cónsona con la reciprocidad histórica entre Colombia y Venezuela como naciones hermanas”. Hasta el momento, la alcaldesa de la capital no ha hecho ningún otro pronunciamiento respecto a la solicitud de la Asamblea Nacional, y tampoco en relación a los cuestionamientos que se le han hecho por el riesgo que suponen sus afirmaciones siendo la alcaldesa de una ciudad en donde habitan cerca del 11,2 % de los casi dos millones de venezolanos que se encuentran en Colombia. Otro factor a tener en cuenta y considerando la prioridad que debería tener cuando se ha insistido en el “Quédate en casa”, son las condiciones de vivienda que tienen los/as venezolanos/a. A junio, el 47 % de los hogares migrantes dijo encontrarse en situación de incertidumbre respecto a su vivienda. Esto principalmente por no tener cómo solventar gastos de arriendo, en ese sentido, el 23 % del total mencionado afirmaron estar en riesgo de desalojo. Imagen: Pares. _ Un radiografía de la situación de las y los migrantes Aunque la alcaldesa fundamenta sus afirmaciones en un balance de seguridad realizado en la ciudad de Bogotá, hay también que señalar otros aspectos que deberían ser tenidos en cuenta, pues el panorama que ha acompañado a las personas venezolanas desde que comenzaron a migrar a Colombia ha sido de carencias y dificultades. Así, en esta época de pandemia las vulneraciones y riesgos a los que están expuestos/as los/as venezolanos/as se han intensificado, en algunos aspectos incluso por encima de los porcentajes nacionales. Hay unas condiciones diferenciales que evidencian que quienes se han visto enfrentados/as a mayores impactos han sido los estratos sociales más bajos y las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, entre ellas los/as migrantes, que además algunos se ven también afectados/as por la condición irregular en la que están en el país. Una población vulnerable En un análisis en lo que han sido estos meses, desde marzo cuando se decretó el aislamiento preventivo obligatorio hasta septiembre, han sido varios los escenarios de riesgo identificados por el Proyecto Migración Venezuela, en donde a través de varios informes se han estudiado los efectos de la pandemia en relación con los contextos que se mantenían previos a la llegada del Covid-19 a Colombia. Así, desde el proyecto se informó sobre la Evaluación Rápida de Necesidades ante Covid-19 dirigida por el del Grupo Interagencial sobre Flujos Mixtos Migratorios – GIFMM -, en donde se identificó que el 90% de los hogares consultados entre mayo y junio habían informado que durante la pandemia la mayor necesidad que estaban pasando era la obtención de alimento. “En mayo y junio de 2020, el 84 % y 55 % de los hogares reportó comer menos de 3 veces al día, respectivamente. Asimismo, se evidenció un bajo consumo de proteínas en los hogares durante los 7 días previos a la encuesta. En particular, en mayo solo el 36 % de los hogares migrantes reportó el consumo de este grupo de alimentos”, agrega el informe. No obstante, hay que señalar que esta condición ya preocupaba desde antes de la pandemia, pues en noviembre durante la Evaluación de Seguridad Alimentaria en Emergencias (ESAE) realizada por el Programa Mundial de Alimentos dirigida a hogares migrantes venezolanos y a hogares de acogida ubicados en los municipios fronterizos con Venezuela, se encontró que el 55 % de los hogares migrantes encuestados se encontraba en situación de inseguridad alimentaria severa o moderada. A esto se sumó que muchos advirtieron que lo obtenido laboralmente se iba en su mayoría para la obtención de alimento, es decir, no había posibilidad de acceder a otro tipo de bienes o servicios. En ese sentido, la situación laboral en la que están las personas migrantes, pues si estando en condiciones de empleabilidad se hallan necesidades y falencias en las garantías de vida digna, esto se acentúa cuando no se tienen opciones laborales. Según el DANE, se encontró que en los/as venezolanos/as que hace 12 meses están en Colombia el desempleo acumulado de octubre de 2019 a septiembre de 2020 se ha acelerado cada mes y para septiembre se ubicaba en un 21%; con esto se infiere que aproximadamente dos de cada 10 migrantes del vecino país permanecen en la desocupación, señalando que las otras ocho (8) personas no necesariamente tienen un empleo formal, sino que tienen algún tipo de ingreso, teniendo en cuenta, además, que en Colombia el trabajo informal supera el 40%. Hay que anotar que a febrero de 2020 el 90 % de los migrantes venezolanos ocupados era informalmente. Por esta crítica situación, desde el Proyecto Migración Venezuela se afirmó que: “el porcentaje de hogares que percibía ingresos de un trabajo pasó de 89 % antes del confinamiento a 58 % durante el confinamiento. (…) Esto se agudiza en hogares con jefatura femenina, en los cuales el 19 % reportaron no recibir ingresos, frente a un 11% de los hogares migrantes con jefatura masculina”. También hay que indicar que entre el 2018 y el 2019 el porcentaje de hogares pobres multidimensionales con al menos un migrante aumentó de 8,8 % en el primer año señalado a 10,7% el año pasado; es decir, hubo un incremento de 34.000 hogares pobres con presencia de al menos un migrante, situación que se alerta puede seguir en crecimiento por los efectos de la pandemia, y también por la falta de medidas que mitiguen que estas inequidades sigan produciéndose. Los sin techo Otro factor a tener en cuenta y considerando la prioridad que debería tener cuando se ha insistido en el “Quédate en casa”, son las condiciones de vivienda que tienen los/as venezolanos/a. A junio, el 47 % de los hogares migrantes dijo encontrarse en situación de incertidumbre respecto a su vivienda. Esto principalmente por no tener cómo solventar gastos de arriendo, en ese sentido, el 23 % del total mencionado afirmaron estar en riesgo de desalojo. Igualmente a esta problemática se suma que el 14,9 % de los hogares con al menos un migrante reportan estar en condiciones de hacinamiento crítico que además se ven agravadas cuando ni siquiera se tiene acceso a servicios públicos básicos, que pone sobre la mesa una condición que acentúa los niveles de vulnerabilidad, especialmente durante la pandemia. Por otro lado, vale la pena mencionar el 31 % de los hogares reportó no tener acceso al servicio de Internet, lo que ha afectado los procesos educativos que se llevaban a cabo antes del aislamiento. Según el DANE, el desempleo en los/as venezolanos/as que hace 12 meses están en Colombia de octubre de 2019 a septiembre de 2020 se ha acelerado cada mes y para septiembre se ubicaba en un 21%; con esto se infiere que aproximadamente dos de cada 10 migrantes del vecino país permanecen en la desocupación, señalando que las otras ocho (8) personas no necesariamente tienen un empleo formal, sino que tienen algún tipo de ingreso, teniendo en cuenta, además, que en Colombia el trabajo informal supera el 40%. Imagen: Pares. La importancia y urgencia de regularización de la población migrante venezolana como una forma de disminuir sus vulnerabilidades y mitigar el riesgo al que están expuestas, respecto a las condiciones de inseguridad, no solo en Bogotá, sino en otros territorios donde incluso son objeto de reclutamiento de Estructuras Armadas Ilegales de mayor alcance criminal. La regularización como ruta que facilita su vinculación a economías formales y el acceso a la atención institucional que requieren en materia de vivienda, educación y salud. Los impactos que suponen ese tipo de declaraciones son muy altos en materia de xenofobia, sobre todo, en lo que respecta a la población migrante de tránsito que, por esta condición, vive en su mayoría como habitante de calle, situación que, además de venir en aumento, conduce a que esta población esté más expuesta a ataques de xenofobia o rechazo, incluso por parte de otros venezolanos previamente asentados, además de amenazas y desalojos por autoridades policiales y grupos armados ilegales que adelantan fuertes actividades de control social violento. Estas cifras y datos de una población tan vulnerable deben ser tenidos en cuenta por las autoridades de la capital a la hora de dar declaraciones. Vale la pena concluir citando las palabras dichas por Eduardo Galeano en 2009: “Y en el tiempo de las dictaduras, supimos compartir la comida y supimos defendernos juntos, y nadie se sentía héroe ni mártir por dar abrigo a los perseguidos que cruzaban el río, yendo para allá o desde allá viniendo. La solidaridad era, y sigue siendo, un asunto de sentido común y por lo tanto era, y sigue siendo, la cosa más natural del mundo”.

Por: Redacción Pares. Este martes, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la constante y persistente situación de amenaza, hostigamiento y persecución que vienen sufriendo líderes/as de nuestro movimiento en todo el territorio nacional, entre ellos los voceros nacionales LUZ MARINA HACHE CONTRERAS y LUIS ALFONSO CASTILLO, así como la lideresa del Movice Capítulo Bogotá CARMEN MAYUSA, quienes han sido objeto de amenazas constantes mediante panfletos firmados por el grupo paramilitar Águilas Negras Bloque Capital. Estos casos se suman a una larga lista de amenazas del grupo paramilitar Águilas Negras Bloque Capital desde el año 2018 en la ciudad de Bogotá, que se han presentado con mayor frecuencia después del Paro Nacional del 21 de Noviembre de 2019 producto, en parte, de los señalamientos y estigmatizaciones del Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa a eventos de protesta social que coinciden en el mes de septiembre con amenazas vía panfletos a líderes/as y organizaciones sociales de la localidad de San Cristóbal, Bosa, Ciudad Bolívar y el Municipio de Suacha. Además, de manera directa, estos hechos se presentan en el marco de otra serie de hechos de persecución, amenazas, atentados y desplazamiento forzado que han sufrido líderes/as regionales del Movice en departamentos como Cauca, Tolima, Sucre y Putumayo durante los últimos meses, como es el caso del líder campesino y de víctimas HERNANDO BENÍTEZ en San Benito Abad (Sucre) el pasado lunes 19 de octubre. «Son varias ya las amenazas que nuestros líderes y lideresas vienen recibiendo durante los últimos dos años sin que la Fiscalía y los entes de investigación produzcan resultados preliminares y/o avances significativos que permitan dar con los responsables de las amenazas y consolidar un plan para la desarticulación de sus estructuras paramilitares.» Explica el movimiento de víctimas a través de un comunicado público difundido este martes 10 de noviembre. Al día de hoy, la Estrategia de Investigación y Judicialización que la Fiscalía General de la Nación viene implementando desde 2016 no ha dado resultados satisfactorios, y sus resultados han sido concluyentes en menos del 16% de las investigaciones -en su mayoría de homicidios-, mientras los resultados en materia de amenazas son aún más desoladores al no presentarse avances o resultados de ningún tipo. Estas amenazas se presentan en el contexto de un preocupante aumento de los asesinatos a líderes/as sociales y personas defensoras de derechos humanos, acompañado de modalidades como masacres, desapariciones forzadas, agresiones, atentados, perfilamientos, violencia policial y otros hechos de violencia y represión ocurridos en lo que va corrido del año 2020. Imagen: Pares. Según el último informe del Programa Somos Defensores, existe un aumento alarmante de los asesinatos a liderazgos sociales (95 personas) en el primer semestre del año 2020, correspondiente al 61% en comparación con el mismo periodo del año 2019, de los cuales alrededor del 48% del total han sido perpetrados en contexto de confinamiento producto de la pandemia del COVID-19.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado 11 de septiembre de 2018 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el Caso 04, el cual prioriza la situación territorial a partir de hechos del conflicto armado ocurridos en la región de Urabá en los departamentos de Antioquia y Chocó, específicamente en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba (Antioquia) y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó), presuntamente cometidos por miembros de las Farc-EP y de la Fuerza Pública entre el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016. En lo que se ha adelantado desde la Jurisdicción se ha podido identificar que en este marco de tiempo fueron cometidos delitos en relación con desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, homicidios, masacres, delitos contra la libertad e integridad sexual, lesiones personales, tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias y prolongadas, trabajo forzoso, allanamientos, amenazas a la vida, a la integridad y a la seguridad personal, desplazamiento forzado y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Frente a los presuntos responsables de estos hechos se relaciona a los miembros del Bloque José María Córdoba de las Farc– EP con sus frentes 5, 34 y 57 y sus respectivas unidades móviles; así como la Brigada XVII del Ejército Nacional. De esta forma, a la fecha, se han acreditado 35.210 víctimas y se han ha vinculado a 249 comparecientes de la fuerza pública, 146 ex miembros de las Farc- EP y un tercero civil. De estos con 41 personas se han realizado, desde el pasado 21 de noviembre de 2019 y hasta la fecha, 48 diligencias de versión voluntaria. Hay que señalar que en septiembre de 2005 la Sala de Reconocimiento identificó que quienes estuvieron en escenarios de mayor vulnerabilidad en el periodo determinado fueron “los líderes de la Unión Patriótica (UP) en el Urabá antioqueño, los pueblos indígenas Embera-Katío, Embera Chamí y Tule o Kuna afectados por el conflicto armado en el Darién chocoano, los pueblos afrocolombianos organizados a través de los consejos comunitarios afrocolombianos en sus territorios colectivos, entre ellos los de las cuencas de los ríos Jiguamiandó, Curvaradó y Cacarica, comunidades campesinas, entre ellas la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, activistas sindicales, de organizaciones sociales y de víctimas”. Sobre Plazas Acevedo hay varios hechos que dejan ver el talante criminal del exmilitar. Por un lado, desde el 31 de julio de 2014 fue vinculado formalmente a la investigación por el homicidio de Jaime Garzón ocurrida en 1999, pues se conoce que fue el militar que aportó la inteligencia para ejecutar el asesinato del humorista. También está investigado por la masacre de Mapiripán (1997) y por los asesinatos de los investigadores Mario Calderón y su esposa, Elsa Alvarado, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Imagen: Pares. Adicionalmente, la misma dependencia halló que había diferentes hitos históricos para la priorización entre los que están la Operación Génesis llevada a cabo por la fuerza pública, la política de Seguridad Democrática del Gobierno Nacional del momento (Álvaro Uribe Vélez), el proceso de Justicia y Paz con las AUC, además del surgimiento de bandas criminales y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Vale la pena resaltar que la Jurisdicción ha identificado hasta el momento, alrededor de 1.000 hechos prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Adicionalmente, según la Unidad para las Víctimas, de los 747.340 habitantes del Urabá, 504.933 han declarado ser víctimas del conflicto armado. El presente del Caso 04 Recientemente se informó desde la JEP s que a través de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas se habían programado dos fechas para las diligencias de versión de los comparecientes de la Fuerza Pública Jorge Eliécer Plazas Acevedo y Rito Alejo de Río Rojas. Para el primero se estableció que será el próximo 10 de diciembre de 2020, a las 8 a.m. Se espera que lo que diga pueda ser de utilidad para establecer su responsabilidad y la de la Brigada 17 del Ejército Nacional en lo ocurrido en el Urabá durante los años de conflicto armado que se investigan, adicionalmente que sus aportes sean precisos y consistentes con su compromiso de “contribuir a la construcción de la verdad”. En relación con Rito Alejo de Río Rojas se fijó que la fecha será el 11 de diciembre a las 8 a.m., como se comunicó desde la Jurisdicción esta diligencia “se considera determinante que el compareciente Rito Alejo del Río contribuya, de viva voz, a la construcción de verdad para avanzar en la investigación de los hechos victimizantes ocurridos en 10 municipios bajo jurisdicción de la Brigada XVII. Además, de todos los presuntos responsables de las conductas que fueron cometidas por fuera de los territorios priorizados por el Caso 04, pero cuyos actos preparatorios fueron ejecutados en el seno de los territorios priorizados y/o por comparecientes adscritos a unidades militares con jurisdicción en dichos territorios. También, la Sala ha considerado la importancia de que el general (r) Rito Alejo del Río presente propuestas concretas de justicia restaurativa para el acercamiento a las víctimas y la construcción de paz estable y duradera”. ¿Quiénes son Jorge Eliécer Plazas y Rito Alejo del Río? Sobre Plazas Acevedo hay varios hechos que dejan ver el talante criminal del exmilitar. Por un lado, desde el 31 de julio de 2014 fue vinculado formalmente a la investigación por el homicidio de Jaime Garzón ocurrida en 1999, pues se conoce que fue el militar que aportó la inteligencia para ejecutar el asesinato del humorista. También está investigado por la masacre de Mapiripán (1997) y por los asesinatos de los investigadores Mario Calderón y su esposa, Elsa Alvarado, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Adicionalmente, hay que señalar que sus vínculos con paramilitares han sido establecido por medio de declaraciones que han dado Salvatore Mancuso, Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito; Diego Fernando Murillo, alias Don Berna; y Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, quienes además pusieron en conocimiento que dentro de los grupos paramilitares el entonces militar era conocido bajo el alias de ‘Don Diego’. Sobre Plazas también hay que señalar que en 2001 fue capturado, entre otras cosas, por el asesinato del empresario israelí Benjamín Khoudari, pero el 25 de julio de 2003, apenas dos semanas después de que el Tribunal Superior de Bogotá le confirmara la sentencia a 40 años de prisión, se fugó de las instalaciones de la Escuela de Artillería. Su recaptura se dio 11 años después, recaptura se dio 11 años después, en julio 2014, en San Martín (Meta). Asimismo, respecto a sus implicaciones en el Urabá hay que nombrar que Plazas Acevedo llegó a la región a la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa (Antioquia), en calidad de jefe de inteligencia del B2, desde donde habría carnetizado a integrantes de las autodefensas para hacerlos pasar como miembros del B2 del Ejército. Estando allí, en febrero de 1997, participó en la Operación Génesis ejecutada por tropas especiales de esa guarnición militar contra supuestas posiciones de la guerrilla de las Farc en el Urabá chocoano, la cual fue adelantada de manera conjunta con hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba de Urabá (Accu). Allí los afectados/as fueron las personas de este punto del país, pues fue asesinado el campesino Marino López, y se registró uno de los desplazamientos más graves del conflicto armado: casi 4000 personas tuvieron que dejar sus territorios por los constantes bombardeos que se dieron en la zona. Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, jefe del bloque Élmer Cárdenas, durante el proceso de Justicia y Paz contó que previo a la operación miembros de las Accu habían tenido un reunión con el militar, en la que se definieron los planes para llevar a cabo la Operación, y, además, donde se quedó en que los paramilitares quedaban a la orden de Plazas Acevedo. Hay que nombrar que además de esto, el abandono de las tierras de donde la gente tuvo que salir, también produjo uno de los procesos de despojos que más beneficios trajeron a terceros y paramilitares, pues en la zona se adelantó un ambicioso proyecto de siembra de palma de aceite. Sobre Del Río Rojas hay que señalar que por la Operación Génesis en la que fue asesinado el campesino Marino López, el 24 de agosto de 2012, fue condenado a 25 años de cárcel el exgeneral, quien en ese momento era comandante en esa época de la Brigada 17, es decir, superior jerárquico de Plazas Acevedo lo que pone sobre la mesa que en la mayoría de hechos nombrados anteriormente hubo una estrecha relación entre los dos exmilitares. Imagen: Pares. Aunque se podrían seguir señalando implicaciones de Plazas Acevedo, vale la pena concluir con que el pasado 2 de agosto de 2018 el exmilitar firmó su acta de compromiso con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Allí, y tras haber solicitado el ente ordenara su libertad transitoria, condicionada y anticipada en noviembre de 2019, la Sala de Definición de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP determinó no aceptar dicha solicitud y además se comunicó que: “Plazas Acevedo no ha honrado el principio de construcción de confianza y el respeto por la dignidad de las víctimas, los cuales rigen esta justicia transicional. Se ha limitado a presentarse él mismo como víctima y a sostener que sus investigaciones y/o condenas en la justicia ordinaria habían surgido debido a la existencia de funcionarios corruptos acerca de quienes él estaría en condición de brindar información, reduciendo su aporte a esa circunstancia, lo que aparte de revictimizar a quienes sufrieron tales crímenes y no honrar el principio de centralidad de las víctimas, desconoce el nutrido acervo probatorio que obra en el expediente”. Sobre Del Río Rojas hay que señalar que por la Operación Génesis en la que fue asesinado el campesino Marino López, el 24 de agosto de 2012, fue condenado a 25 años de cárcel el exgeneral, quien en ese momento era comandante en esa época de la Brigada 17, es decir, superior jerárquico de Plazas Acevedo lo que pone sobre la mesa que en la mayoría de hechos nombrados anteriormente hubo una estrecha relación entre los dos exmilitares. Asimismo, Del Río está relacionado, como Plazas Acevedo, en la masacre de Mapiripán (Meta) y el asesinato de Jaime Garzón. Además, Rito Alejo del Río siendo comandante de la Brigada XVIII de Antioquia en 1995, se convirtió en uno de los principales aliados del entonces gobernador del departamento, Álvaro Uribe Vélez en la ofensiva militar contra los grupos guerrilleros, que se convirtió por años en la bandera política del expresidente. Todavía no se ha asumido judicialmente todos los hechos en los que se vieron implicados estos exmilitares, sin embargo el paso dado en la JEP es un hecho importante para buscar que se conozca lo ocurrido en el Urabá y que se establezca quiénes fueron los responsables de lo ocurrido en la región, quiénes dieron las órdenes y con qué fines se cometieron cada uno de los hechos victimizantes. Se espera que ahora Plazas Acevedo y Del Río Rojas cumplan con sus compromisos y digan ante la JEP declaraciones que realmente aporten al esclarecimiento de los hechos y a la construcción de justicia y reparación.

Por: Línea de Seguridad Urbana Pares. Este informe aborda las transformaciones de las que ha sido objeto el delito en las capitales colombianas lo largo de más de cinco (5) meses de pandemia desde que se identificara de forma oficial el primer caso de contagio en el país por SARS-CoV2 el pasado 6 de marzo, hasta el 31 de agosto de 2020. Si bien, en principio, los analistas de la seguridad ciudadana coincidieron en el escenario de incertidumbre que traería consigo el aislamiento sobre el delito, rápidamente se comprobó que una menor disponibilidad de personas (víctimas y agresores) en el espacio público, a causa de las exigencias del aislamiento, generó una caída en todos los delitos de alto impacto. La consecuente pregunta estaba relacionada con el tiempo que tardarían los indicadores en volver a sus niveles ‘pre-pandemia’, al tiempo que se descubría la rápida recuperación en los casos de homicidio; la continuidad en las reducciones de las denuncias de hurtos; y la limitada comprensión frente a las variaciones en las denuncias de violencia intrafamiliar mientras se incrementaban los reportes telefónicos. En el periodo que aquí se ha denominado como ‘aislamiento parcial’, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto, con la excepción de delitos como el homicidio, las denuncias no lograron volver a las tendencias de 2019 en tanto la reapertura, iniciada desde mediados de mayo, se encontró con incrementos en los contagios durante el mes de junio, lo que condujo a que varias ciudades implementaran medidas restrictivas como toques de queda y cuarentenas por sectores. Estas decisiones, aunque no en el mismo grado de los primeros meses de pandemia, mantuvieron las restricciones de funcionamiento de ciertos lugares y continuaron evitando una menor comisión de delitos en público, pero en otros delitos, como los que se cometen en espacios de la vida privada, ha mantenido los desincentivos de las denuncias, profundizando el subregistro. En definitiva, el delito no solo se ha transformado en función de la caída en el número de denuncias, sino también en la forma como se comete, correspondiendo al ciberespacio los mayores retos de seguridad ciudadana dada su instrumentalización en el proceso de adaptación de organizaciones delictivas en delitos relacionados con drogas, servicios sexuales, y hurtos por medios informáticos. Vale la pena aclarar que a pesar de existir una evidente migración del delito al ciberespacio, los datos que podrían dar cuenta confiable de este fenómeno son reservados y no se tiene acceso a una estadística libre, abierta y transparente por parte de las autoridades encargadas de este seguimiento. En los meses restantes de este año se pondrán a prueba las políticas territoriales de seguridad para mantener las reducciones en los delitos contra la propiedad, pero también, conforme avanza la crisis económica desatada por la pandemia, será responsabilidad de las autoridades implementar medidas -incluidas aquellas para recuperar los avances en materia de equidad de género – para identificar los delitos no denunciados que ocurren al interior del hogar y en el anonimato que permite la red. Algunas entidades territoriales, sin embargo, han buscado capitalizar las reducciones en el número de delitos, atribuyéndolas a resultados de sus propias políticas de seguridad. Otras, aunque son más la excepción que la regla general, lo han tenido más difícil al registrar variaciones porcentuales positivas en algunos de los delitos y periodos que aquí se estudian. De cualquier forma, la gran mayoría de las ciudades capitales resulta beneficiada de la reducción en la tasa de denuncia en alguno(s) de los delitos de alto impacto. Es decir, las políticas territoriales de seguridad fueron impactadas positivamente (en términos de reducción de denuncias) por los efectos colaterales que han ocasionado las medidas de aislamiento y cuarentenas para atender la emergencia sanitaria, y no precisamente como resultado de la oferta de programas y proyectos contemplados en sus políticas. Este documento surge del monitoreo que ha venido realizando la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado (SUCO) de la Fundación Paz y Reconciliación a las dinámicas de seguridad y convivencia ciudadana a 10 capitales del país desde el inicio de la pandemia hasta el mes de junio; dicho monitoreo continua. Como resultado de ese ejercicio, se evidenció que nuestro análisis estaría incompleto si no entendíamos cómo, desde las cifras disponibles en el SIEDCO, los indicadores de seguridad se han visto impactados a lo largo de este año. Los datos muestran que, si bien las medidas para contener la emergencia sanitaria y su impacto sobre el delito pueden variar entre las ciudades capitales, las disposiciones de las capitales más grandes y las que demanda el gobierno nacional hacia los municipios, han tenido que alinearse mínimamente para intentar contener los contagios. Descargue aquí el informe completo descargue aquí el anexo estadístico

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. Recuerdo cuando Víctor G. Ricardo y Andrés Pastrana le “regalaron” el reloj de campaña de este último a la presidencia y candorosamente el máximo jefe de las Farc-Ep guerrilla en ese momento, se lo colocó en su muñeca, quedando graduado de jefe de debate del delfín azul. Algo similar quiso hacer el sobrador Trump en esta campaña que acaba de culminar y lo dejó como perdedor. Dicho intento, haciendo referencia a Gustavo Petro el líder de la Colombia Humana, pretendía matar dos pájaros de un solo tiro: catapultarse como defensor de la “democracia” reeligiéndose como primera autoridad en Estados Unidos y afectar la proyección electoral presidencial del líder natural de las ciudadanías libres en Colombia. Qué mal asesorado por el partido Centro Democrático, pretender influir en la Florida, con videos y columnas entre otras de la senadora María Fernanda Cabal con el rayado discurso del “peligro socialista”; de “Francisco Santos embajador Colombiano haciendo reuniones con derechistas norteamericanos y generando miedo y odio, propio de la ideología que caracteriza a la extrema derecha mundial, dueña del poder hoy en nuestra nación. El parlamentario del CD elegido por los colombianos en el exterior justifica este actuar diciendo que: “Se puede llamar desinformación, pero estas son opiniones que cualquiera tiene derecho a tener”, es decir todo vale así sean mentiras. Perdió Trump, ganó Joe Biden, el hombre de la reforma migratoria, la reforma a la policía para frenar su brutalidad contra los negros (expresión del racismo), el manejo serio y científico del covid, el regreso al Acuerdo Ambiental de París, etc. Trump recomendado por el CD calificó a Uribe de “héroe” y a Petro de “gran perdedor”; el 20 de Enero cuando salga de la Casa Blanca, entenderá y sentirá en la mirada de los funcionarios presidenciales el profundo significado de la palabra loser que traduce: (perdedor). Decía mi abuelita “el que escupe para arriba, a la cara le cae”.

Por: Laura Cano. Periodistas Pares. Desde el pasado 05 de noviembre y hasta el próximo 13 de noviembre se realiza la séptima edición del Festival Internacional de Cine por los DDHH, un proyecto que ya por siete años ha estado buscando hacer del arte una herramienta para contar que sucede en el país, partiendo de la responsabilidad que se tiene por narrar aquellas historias poco exploradas, pero con un valor social y artístico importante. Así, y aunque la pandemia suponía un reto para lo que se venía haciendo anualmente con el Festival, este año no se bajó la guardia y se logró que la versión del 2020 del Festival fuera un hecho del que ahora se podrá disfrutar a través de la virtualidad, el escenario donde se ha tenido que trasladar más de una actividad. En su séptima edición el Festival traerá 60 películas nacionales e internacionales, una agenda académica compuesta por 24 charlas, tres master classes, tres talleres y más de 75 creadores del cine mundial; a todo esto se podrá acceder a través de la página del Festival. Abordando temas como la libertad de expresión, abuso de poder, paz, conflicto, salud mental, migración y sexualidad, entre otros, se presentarán producciones como ‘Colombia fue nuestra’ de los finlandeses Jenni Kivistö y Jussi Rastas; ‘Carmen’, dirigida por Raúl Gutiérrez y ‘Bojayá: entre fuegos cruzados’, de Oisín Kearney. Hay que señalar que este año se proyectaran productos de más 10 países de América Latina, Europa y Asia, además se podrá acceder a un full Access, un tipo de abono que tiene como fin permitir ver las producciones en cualquier momento durante los días del Festival, además, de que lo recaudado vaya como apoyo a las películas colombianas que se presentarán. Para ahondar más en lo que será esta edición de Festival, Pares habló con Diana Arias, directora del Festival Internacional de Cine por los DDHH. Pares: Este año ha supuesto muchos cambios, sobre todo para las actividades que se hacían de forma presencial. En ese sentido, ¿cómo se ha resuelto esto para poder realizar esta edición de Festival? Diana Arias: Fue un cambio de 180 grados porque el Festival siempre ha sido presencial, nuestros esfuerzos todos estos años se habían dado para tener más escenarios; cada año estábamos sumando una ciudad más, municipios, diferentes espacios. El año pasado tuvimos cerca de 60 espacios en simultáneo con el Festival, pero este año la pandemia nos dejó el escenario de la virtualidad y nos puso a reinventar toda la programación y el sentido del Festival. En esto encontramos una oportunidad muy bonita, que fue crear una plataforma de streaming propia para la circulación de las películas, que además de eso va a quedar funcionando posterior al Festival, es decir, va a quedar un espacio permanente para exhibir películas con relación a los derechos humanos, y eso es una oportunidad muy valiosa. Entonces, este año ya estamos en el Festival de forma online de dos formas: hay una programación gratuita, que para nosotros siempre ha sido muy importante mantener el Festival con entrada libre, este año lo mantenemos con esa gratuidad, pero también estamos promoviendo la compra de un abono full access, el cual permite ver todas las películas en cualquier momento; la diferencia es que el gratuito tiene una programación definida y solo se puede ver la película una vez, mientras que con el abono se puede ver el contenido las veces que se quieran durante los nueve días del Festival. Básicamente ese fue el camino para mantener la edición y no dejar perder los esfuerzos que se han venido haciendo y las ganas continuar con el Festival vivo. Pares: Desde la organización del Festival se contó que este año se iban a realizar «tres talleres para cambiar la manera de ver el cine y la vida». Quisiera que ahondara más sobre este interés con estos talleres? D.A: Estos talleres están dirigidos a diferentes sectores de población. Tenemos un taller que venimos haciendo desde hace tres años que está dirigido a líderes y lideresas sociales y comunitarios, en el cual se les brindan herramientas de producción para que ellos/as mismos/as puedan crear sus contenidos y narrar todos los procesos que se llevan a cabo en sus comunidades. Esto ha sido muy importante y por eso creemos que una algo que lleva a cambiar la forma de ver las dinámicas cotidianas, porque necesitamos aprender a reconocer este tipo de labores; no es tan fácil que un director/a siga estos caminos, entonces por eso vemos necesario que ellos/as mismos/as tengan esas herramientas para brindar esa difusión de la defensa de los Derechos Humanos. También se está dando otro taller dirigido al público en general interesado en la captura de sonido para cine, en el que buscamos jóvenes que tuvieran esa curiosidad para realizar ese taller con el objetivo de que tuviera un acercamiento para conocer cómo funciona el tema. El otro es un taller de escritura para nuevos medios y es la primera vez que lo vamos a dictar junto a un tallerista que tiene una hija de vida muy nutrida en ese sentido; es guionista de series web, documentales, etc. A estos tres talleres se presentaron más de 800 personas y el 06 de noviembre dimos iniciado a cada uno. Pares: ¿Cómo han tejido ese puente entre los Derechos Humanos y el arte, en este caso el cine? D.A: Este es el sentir de todo el Festival. Nosotros/as creemos que el cine es una herramienta poderosísima para sensibilizar al espectador. Cuando una persona está frente a una pantalla conociendo estas historias que son narradas, por ejemplo, desde las víctimas, desde las comunidades que han sido vulneradas nos demuestra que el cine ha sido la mejor herramienta. «Para nosotros ha sido muy importante ver y sentir como personas que no conocían estas historias que ocurren día a día en el país, se levantan y nos dicen: “gracias por mostrar esto, yo no tenía ni idea porque esto no lo dan por televisión ni lo enseñan en el colegio”. Por eso desde la línea de curaduría nos hemos centrado en encontrar desde el cine estas historias que nos hablen de los Derechos Humanos, desde lo sensible, desde lo positivo. Queremos seguir proyectando esas historias que dignifican la vida y las luchas colectivas a través de un corto, una animación, un documental, y que además generan un debate. En esto es en lo que creemos. Pares: El cine está inmerso a unas dinámicas de comercialización que en ocasiones trunca los procesos de democratización de la cultura, algo que no solo se da con el cine, pero que sí en este sentido se puede analizar desde ahí. ¿Cómo desde el Festival se ha manejado esto? D.A: Esa es nuestra segunda bandera: encontrar más espacios para llegarle al público. Este es un cine que es de muy difícil difusión porque no tiene un carácter comercial, pero son historias muy valiosas que construyen la memoria de nuestro país. En ese sentido sabemos y entendemos cómo es la dinámica de la televisión, de las salas de cine, donde el espacio para este tipo de contenidos es muy reducido y limitado. Esa es nuestra pelea todos los años, que se democratice el acceso a estas películas abriendo cada vez más espacios. En ese sentido nuestros aliados/as principales son los/as realizadores/as que aceptan las condiciones en las que se da el Festival; que no es la sala de cine gigante, pero son barrios, bibliotecas, incluso hemos hecho muchas funciones en iglesias, lo que nos ha permitido llegar también a municipios que no están o tienen las condiciones de dinámicas muy cinematográficas, pero que sí nos permiten tener dónde proyectar para que la comunidad tenga acceso. Los/as realizadores/as son conscientes y saben que hacen ese material justamente para eso, así también encuentran en el Festival un aliado para que sus películas tengan esa difusión, ya que es muy difícil que Cine Colombia, Procinal o cualquier sala les acepte pasar las producciones, lo mismo en televisión, aunque cada vez hay un poco más de apertura. Pares: Ya son siete versiones de este Festival. ¿Qué aprendizajes sobre este quehacer han quedado en este tiempo? D.A: Esto ha sido enorme. Primero que todo porque arrancamos a hacer este Festival de forma totalmente empírica. Nadie nos enseñó ni tampoco está la forma de saber cómo hacer Festivales de cine, entonces el aprendizaje ha sido sobre la marcha. Afortunadamente hemos tenido una excelente recepción de muchos aliados, medios, instituciones universitarias, salas de cine, ONGs, que nos han ayudado a madurar cada año el Festival, a entender las dinámicas de distribución, de distribución de públicos, de gestión de recursos. Cada año se aprende un poquito más de todo. Este año la exhibición online hizo que muchas cosas cambiaran, entonces en muchos sentidos nos tocó empezar de cero, pero cada año es algo nuevo. Lo más bonito ha sido la conexión con el público y ver cómo el público se ha fidelizado; cuando no se hizo en agosto recibimos muchos correos preguntando qué iba a pasar, eso es muy bonito para nosotros/as.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Estamos viviendo las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, elecciones que han concentrado la atención de muchos sectores de la política y el Gobierno, algo nunca antes visto en Colombia. En esta efervescencia criolla, el Presidente Duque, que junto a su partido, el Centro Democrático, apostaron de manera abierta por la reelección del Presidente Trump, en una clara intervención nunca antes vista, moviendo sus afectos en la Florida, donde efectivamente ha ganado Trump, pero no fue suficiente y el candidato Demócrata, Joe Biden, va a ganar por una holgada mayoría, en medio de un desconocimiento ramplón por parte de Trump, lo que muestra su talante arbitrario y poco apegado al debate democrático, como sus afectos en Colombia, esos que hoy desgobiernan desde la casa de Nariño y tienen sus aliados en un entramado de mafias e ilegales, de los cuales cada día se conoce un nuevo escándalo, tema nada nuevo en Colombia, pero sobre el cual hay más evidencia, gracias al periodismo y al debate político. Hacemos bien en seguir el debate electoral en Estados Unidos, sus políticas marcan de manera contundente nuestra vida social, estamos ligados de manera estrecha a una relación de dependencia a tres guerras que han sido promovidas desde Washington y que dos están plenamente vigentes en la agenda internacional de este poderoso país, que aún en un mundo donde hay poderes que le disputan su hegemonía lograda luego de la segunda guerra mundial y consolidada con la disolución de la URSS, sigue siendo un jugador de grandes kilates. Las dos guerras vigentes en la política internacional de los Estados Unidos, son la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo -con todo lo lapso del concepto- ambas guerras aplicadas en Colombia desde hace muchos años y una guerra ya superada en el norte y vigente en Colombia: la guerra fría, con sus expresiones de chuzadas y de la doctrina del “enemigo interno”, plenamente vigente en la cabeza y la práctica de las instituciones de seguridad y defensa en Colombia, con un poderoso apoyo político, desafortunadamente. Los cuatro años de la administración Trump, han sido nefastos para una agenda de democracia en los Estados Unidos y un torpe desempeño internacional, nunca antes visto en un mundo interdependiente, donde las instancias de cooperación y articulación para tratar temas compartidos, fueron maltratados por este atarbán de la acción política como lo ha sido Donald Trump y que afortunadamente para los Estados Unidos y para el mundo deberá empacar sus maletas y salir de la Casa Blanca en los próximos meses, muy a su pesar y para alivio de quienes tenemos la ilusión de que puedan haber cambios en muchos temas, donde los Estados Unidos, tienen voz y fuerza. Colombia va a cambiar en los temas que lo requieren por la acción transformadora de la sociedad colombiana, los cambios no vendrán de afuera, pero va a ayudar que los grandes poderes internacionales, entre ellos de manera destacada el Gobierno de los Estados Unidos, no interfiera con políticas fracasadas y que siguen siendo aplicadas a pie juntillas en Colombia. Por decisión soberana en Colombia, requerimos cerrar la guerra contra las drogas, terminando las políticas nefastas de criminalizar a la población campesina ligada a la economía de la coca, desafío enorme donde damos tumbos desde hace más de tres décadas, requerimos desarrollo rural con la participación del campesinado y pensar como vamos a salir de esa orgia de sangre que ha venido aparejada con la fracasada guerra contra las drogas, tema en el que Colombia debe tomar iniciativa, así este gobierno no de muestras de moverse de este lastre. Los cuatro años de la administración Trump, han sido nefastos para una agenda de democracia en los Estados Unidos y un torpe desempeño internacional, nunca antes visto en un mundo interdependiente, donde las instancias de cooperación y articulación para tratar temas compartidos, fueron maltratados por este atarbán de la acción política como lo ha sido Donald Trump. Con los Estados Unidos debemos volver a conversar sobre la paz que ellos apoyaron con el acuerdo firmado con las FARC, proceso del cual la administración del Presidente Obama participó y que sigue siendo un referente de acción democrática en nuestro país, acuerdo que desconoce este gobierno y que simula su cumplimiento, ante esta situación y luego de la fracasada apuesta del presidente Iván Duque de apoyar la reelección de Trump, se abre espacio para una diplomacia ciudadana con la administración del presidente Biden, debemos preparar los mensajes y los mecanismos para decirle al nuevo presidente de los Estados Unidos, que en Colombia hay una paz por construir. Es buena noticia que salga Trump de la Casa Blanca y hay que ver como logramos un diálogo franco y propositivo con la administración del presidente Biden, las tareas de transformar a Colombia es nuestra responsabilidad, pero va ayudar de forma importante que tengamos socios para una agenda de democracia y de paz, en la comunidad internacional y allí está en un lugar destacado el gobierno de los Estados Unidos.

Por: Dennis Arley Huffington. Investigador Regional de la Oficina Pares-Pacífico. El martes 03 de noviembre las comunidades ribereñas de Sabaletas y Anchicayá revivieron los estragos de lo que fue el conflicto armado en sus territorios cuando un grupo de encapuchados, que se movilizaba en dos lanchas, incursionaron disparando contra las viviendas de manera indiscriminada, saqueando los establecimientos comerciales y hurtando lanchas, motores y gasolina, esta una brutal acción dejó una persona asesinada. Comunidad frágil y sin garantías de seguridad A las 5:45 de la mañana la comunidad de la parte baja de Sabaleta se percató de la presencia de dos lanchas con motores 200 que subían por el río, este tipo de motores no es común que sea utilizado sus habitantes, lo que levantó sospecha de que se trataba de integrantes de alguna agrupación ilegal armada. A las 6:00 am llegaron al poblado de Sabaletas donde ingresaron a varias tiendas y casas para saquearlas, posteriormente asesinaron a Cristian Estrella Riascos, comerciante de la zona a quien además le balearon y quemaron su camioneta, la cual era utilizada por los habitantes de Anchicayá y Sabaletas para trasladar enfermos y personas que lo requerían hasta el casco urbano de Buenaventura. Las acciones violentas dejaron sin fluido eléctrico por dos días a esta zona. Los hombres armados subieron hasta la vereda San José, parte baja del río Anchicayá, allí dispararon contra la vivienda de uno de los integrantes de la junta directiva del consejo comunitario mayor de Anchicayá a quien además le hurtaron dos lanchas y dos motores. La tragedia no fue peor porque la comunidad alcanzó a huir hacia las montañas cuando llegaron los armados al caserío. Horas más tarde una de las lanchas fue vista ingresando por el estero del barrio Juan XXIII, zona urbana de Buenaventura con ocho (8) integrantes desconocidos. La incursión armada duró 3 horas sin una respuesta rápida de las autoridades, quienes tienen presencia en el puente de Sabaletas a escasos kilómetros de donde ocurrieron los hechos y que solo apelaron a dar un parte simple de lo sucedido, bajándole el perfil a la situación que para la población recordó los peores años cuando ocurrieron las masacres paramilitares al inicio del siglo XX. El temor de la comunidad Una fuente le manifestó a Pares Pacífico que hay 39 familias “con las maletas listas” para desplazarse desde Anchicayá hasta el casco urbano de Buenaventura. A pesar que en esta zona no se conoce presencia de grupos armados ilegales, intuyen una disputa territorial abierta y desconfían en la capacidad de las autoridades para prevenirla. Además, manifestó que se trataría del ELN quien ha estado incursionando desde Raposo y Mayorquín, donde ejercen control territorial, para hurtar los motores desde las lanchas de los pescadores que se desplazan por los esteros del río. Por ahora se ha contenido el desplazamiento, la gente no se quiere desplazar pero les urge el acompañamiento de la Fuerza Pública, exigen que haga su trabajo, pero que también lleguen los apoyos psicológicos, económicos y sociales de las instituciones. Esta agrupación tiene la intención de tomarse la cuenca del río, asegura otra fuente, por eso “las personas que brindan servicio en la comunidad están siendo blanco de la violencia, se trata de un atentando en contra del gobierno propio”. A esto se le suma que en Sabaletas el grupo narcotraficante Clan de los Bustamantes son propietarios de algunas tierras y fincas, lugares a los que algunos de sus miembros van de esparcimiento los fines de semana y que les sirve de retaguardia, lo que podría desencadenar enfrentamientos armados entre estas agrupaciones, situación semejante a la que se ha presentado en los barrios del casco urbano con algunas facciones del grupo delincuencial La Local. Ante este panorama, los líderes de la comunidad le solicitan a la administración distrital, autoridades militares, organizaciones no gubernamentales y organismos defensores de derechos humanos acompañamiento y atención en terreno para prevenir una tragedia que para ellos está anunciada y evitar un desplazamiento masivo por el terror de repetir las consecuencias de la guerra ya sufridas cuando guerrillas y paramilitares se disputaban el territorio. Imagen: Pares. El panorama local Al día siguiente de ocurridos los hechos, el alcalde Víctor Vidal citó a consejo de seguridad extraordinario, se dispuso pie de fuerza en Sabaletas, por lo cual los líderes hacen el llamado de que también sea atendida la parte baja del río Anchicayá en las veredas Coco, el Llano, Santa Bárbara y San José. En el consejo de seguridad se ordenó la citar al subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición para el jueves 5. En él se pretenden establecer el protocolo de seguridad para el ingreso a la zona y las rutas de atención a la población, además de atender las denuncias puntuales. Como estamos en pandemia muchas instituciones no están presentes o en terreno y solo se atina a decir que cualquier ingreso lo cual requiere previamente un tamizaje. La intención es que a más tardar en dos días los organismos de derechos humanos y autoridad distrital puedan tener presencia tanto en Sabaletas como en Anchicayá para prevenir el desplazamiento de la comunidad. También quieren evitar la falsa percepción de seguridad que le daría si la presencia fuera solo militar. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, hoy la alcaldía o el distrito se ven en la obligación de asumir dicha responsabilidad casi de manera solitaria. En los últimos meses, organizaciones no gubernamentales como ACNUR, ONU DD.HH, ONU Mujeres, han cerrado sus oficinas en la ciudad y otras como la Defensoría del Pueblo no están yendo a terreno por la coyuntura del COVID-19, panorama que reduce la capacidad de respuesta rápida en situaciones humanitarias en el distrito por la experiencia en campo que este tipo de instituciones tienen. Esto ha generado que hoy los líderes de estas comunidades no tengan claridades con la ruta a seguir en materia de protección y autoprotección, además que desconfían de muchas instituciones o no tienen la suficiente información para guiar el actuar en caso de nuevas amenazas a líderes que ya salieron huyendo de la zona, quedando vulnerables en medio de un contexto de crisis por los aumentos en los asesinatos de líderes sociales en todo el territorio nacional y la estigmatización contra las comunidades étnicas del país. Los recuerdos de conflicto llegan revueltos de incertidumbre y la paz se escurre entre las pocas fuerzas que da la esperanza: “no nos dejen abandonados” insisten.

Por: Redacción Pares . Hay eventos que marcan la historia de un país, y cambian irremediablemente la manera en la que vemos a las instituciones. Hay eventos que modifican el balance de los poderes, y hay eventos que afectan a centenares, a miles de vidas. Así ocurrió con la toma y la retoma del Palacio de Justicia de Colombia el 6 y 7 de noviembre de 1985, hace 35 años. Casi 28 horas de horror, así fue lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 durante la toma y retoma del Palacio de Justica, un hecho que por años ha involucrado a magistrados de la Justicia del país, a la sociedad civil, al grupo guerrillero M19, y, también, al Ejército, la Policía y al gobierno de la época en cabeza del expresidente Belisario Betancur. Hoy, 06 de noviembre de 2020, al cumplirse 35 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia es necesario no olvidar, hacer memoria y acompañar a las víctimas de este hecho en cada una de sus exigencias.

Por: Por Ariel Ávila, Esteban Salazar y Julián Martínez. El ex contralor distrital, Juan Carlos Granados Becerra, usó desde 2016 la Contraloría de Bogotá como instrumento burocrático al servicio del movimiento político Cambio Radical; beneficiando a miembros del Cartel de la Toga, políticos con investigaciones en la Corte Suprema de Justicia y vinculados al escándalo de Odebrecht, llegando a este cargo gracias a los líderes políticos Germán Vargas Lleras y Germán Varón Cotrino y el partido Centro Democrático. Aunque esto era de conocimiento público, Pares encontró que Granados tenía también la Auditoria General de la República, para poner personas de su confianza con el ex magistrado del Consejo Nacional Electoral y hoy registrador nacional Alexander Vega Rocha. La Auditoria vigila a las contralorías locales. Pares encontró que ex miembros de la Contraloría de Granados, pasaron a la Auditoria General, que debía vigilarlos. Descargue aquí el informe completo Todo lo anterior apunta a una componenda para asegurarse la Contraloría Distrital de Bogotá mediante la ficha de Andrés Castro Franco y garantizar, a cambio, los apoyos para la aprobación de la reforma al Código Electoral que impulsa Alexander Vega. ¿Quién es Juan Carlos Granados? Juan Carlos Granados Becerra llegó como representante a la Cámara en el periodo 2006-2010, por el departamento de Boyacá, con apenas 12.870 votos, gracias al aval del partido del ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, líder máximo de Cambio Radical. En el Congreso coincidió con otros pesos pesados de su partido Cambio Radical: Germán Varón Cotrino, entonces representante a la Cámara por Bogotá, y los senadores en su momento: Germán Vargas Lleras y Plinio Olano, todos claves en su posterior ascenso político. Justo cuando salió del Congreso, en 2010, inició su campaña a la Gobernación de Boyacá con el apoyo también de Cambio Radical. Como resultado, fue elegido gobernador para el periodo 2012-2015 en una coalición en la que obtuvo 279.528 votos. El empresario Federico Gaviria, condenado por el escándalo de Odebrecht, aseguró que por solicitud del exsenador Plinio Olano entregó 200 millones de pesos para la campaña de Granados a la Gobernación de Boyacá. “Este aporte se realizó en una reunión en la misma casa de habitación de Plinio Olano, del conjunto residencial Aposentos, en la que participaron el señor Luiz Bueno, Plinio Olano y yo”, explicó. Esta versión fue negada por Granados. Plinio Olano fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia en diciembre del año pasado, en el escándalo de Odebrecht. Posterior a su Gobernación en Boyacá, Granados estuvo entre los candidatos para ocupar la cartera del Ministerio de Transporte en el gobierno de Santos, aunque el actual senador Varón Cotrino sugirió su nombre para la Contraloría Distrital. Varón Cotrino también impulsó a Luis Gustavo Moreno como candidato a la Personería de Bogotá. Cabe recordar que Moreno es el ex fiscal anticorrupción capturado por el cartel de la Toga. Así las cosas, en ese entonces, en el Concejo de Bogotá se hicieron acuerdos entre los partidos de la coalición de gobierno de Enrique Peñalosa para que la Contraloría quedara en manos de un candidato de Cambio Radical; mientras que los demás partidos se quedarían con la Personería. En efecto, la mayoría del Concejo eligió a Granados, a pesar de que no tenía ninguna experiencia en control fiscal, pero sí tenía cerca de 10 investigaciones en la Procuraduría, por irregularidades cuando se desempeñó como gobernador de Boyacá, además de dos procesos fiscales que se adelantaban en la unidad anticorrupción de la Contraloría General por detrimento de 19.000 millones de pesos. También había hecho parte de las mesas directivas de la Rape y de la CAR, y esto generaba una presunta inhabilidad toda vez que esas entidades tienen injerencia en Bogotá. A pesar de esto, resultó elegido y a la fecha no se sabe el resultado de dichas investigaciones. A pesar de que la elección de contralor se encuentra en vilo, Granados ya tiene su cuota lista para conformar la terna de candidatos y quien, según fuentes de Pares, a menos de que suceda algo extraordinario es el más opcionado para quedarse en el cargo como próximo contralor distrital. ¿Quién es Andrés Castro Franco? Se trata de Andrés Castro Franco, quien ha ocupado diversos cargos públicos y de carácter político. Fungió como asesor político del partido Liberal en 2006; trabajó en la Cámara de representantes; fue personero delegado durante la cuestionada Personería de Rojas Birry de 2008 a 2012. De ahí pasó al ministerio de Justicia en el gobierno de Juan Manuel Santos como asesor. Se desempeñó también como docente de las universidades Militar, Sergio Arboleda, UDEC y de la EAN. De la mano de Juan Carlos Granados, aterrizó en junio de 2016 en la Contraloría Distrital, como contralor auxiliar, como consta en el SIGEP. Ambos entraron y salieron en los mismos años. En 2020, Castro Franco pasó a la Auditoría General de la República (AGR) a trabajar como gerente seccional II de Bogotá, tras la culminación del periodo de su padrino Granados Becerra en la Contraloría Distrital. Cabe resaltar que la Auditoría General de la República es la entidad encargada de vigilar a las contralorías del país, en su mayoría, cooptadas por los clanes políticos más importantes y que apoyan el código electoral de ALEXANDER VEGA. Es el auténtico tú me eliges, yo te cuido. Descargue aquí el informe completo