Por: Laura Cano. Periodista Pares. Hace tan solo unas semanas se conoció que habían sido capturadas 10 personas por corrupción administrativa en el Ejército. De acuerdo con la información entregada por la institución en ese momento, los implicados eran siete militares retirados, un militar activo y dos particulares. Estos habían sido capturados en Medellín, Villavicencio, Bogotá y Bucaramanga. El motivo de estas capturas, siguiendo lo comunicado por el Ejército, se dio “por presuntamente realizar celebraciones de convenios de manera irregular entre los años 2016 al 2018 con empresas privadas». Aunque no se entregó más información sobre las empresas vinculadas, los tipos de contratos celebrados y los implicado, sí se informó que los implicados a través de la Fiscalía 49 – especializada en delitos contra la administración pública- serán procesados por falsedad en documento público, cohecho, peculado por destinación oficial diferente y peculado por apropiación. Pues bien, en las últimas horas se conoció que, de nuevo, en la institución estaban desarrollándose actividades de corrupción. Esta vez por los hechos se oficializó la captura de tres coroneles, un mayor y cuatro suboficiales del Ejército, también de un intendente de la Policía Nacional y un civil por la presunta celebración irregular de un contrato en la sección administrativa y contable del Ejército, en el que se daba vía para la compra de 52 visores nocturnos. ¿Dónde estuvo el delito? Hay que iniciar diciendo que el proceso de adquisición inició en de 2017. Para este contrato fueron dispuestos $2.404 millones, pero incluso con tanto dinero de por medio no pasó mucho tiempo para que irregularidades comenzaran a ser alertadas. La primera se dio cuando el comité técnico advirtió que Aviacol Ltda, la empresa contratada, no cumplía con los requisitos necesarios, pues ésta centraba su trabajo, principalmente, en la elaboración de binoculares, lupas, telescopios, gafas y luces de lectura. Dicha información fue comunicada a través de un informe al coronel Hernán Felipe Álvarez Rojas, jefe del Centro Administrativo y Contable, CADCO. A esto se sumó que Noticias Uno informó que esa no fue la única irregularidad, pues en noviembre de 2017 el sargento primero Elvis Riaño Gómez y el cabo primero Hernán Rico Buitrago fueron a Estados Unidos bajo el argumento que recibirían una capacitación por parte de la empresa Harris Corporation de la que supuestamente Aviacol era representante, hecho que fue desmentido por Harris Corporation, al igual que lo hizo con la capacitación que según los militares habían recibido. Asimismo, vale la pena mencionar que con el dinero establecido para este contrato fueron adquiridos a través de Aviacol en diciembre de 2017, incluso cuando ya habían ocurrido los hechos anteriores, 52 visores certificados por Harris Corporation, por lo que la compañía estadounidense tuvo que negar algún relacionamiento con la empresa colombiana, pues del total de productos entregados solo sirvieron 28. Por todo esto, están entre los implicados el coronel Abdías Capera, el teniente coronel William Miranda Hernández y el mayor Edwin Martínez Campo, quienes junto con los demás capturados serán investigados y procesados por los presuntos delitos de concierto para delinquir, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad material en documento público agravado, peculado por apropiación a favor de terceros y prevaricato por acción. Por su parte desde el Ejército Nacional se comunicó que: las capturas se dieron “a través de labores de contrainteligencia que se iniciaron desde hace dos años, con el apoyo judicial de la Fiscalía N.° 46 Especializada Contra Delitos de la Administración Pública y la Dijín, de la Policía Nacional”. Además, agregaron que: “En lo que respecta a la situación administrativa del personal militar activo se verificará su situación para la toma de las decisiones que en derecho correspondan respecto de su continuidad en la institución”.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. En la noche del martes 3 de noviembre se conoció sobre dos graves hechos en Antioquia. Casos que continúan recordándonos que las masacres y los asesinatos sistemáticos parecen convertirse en un paisaje al que se están acostumbrando el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior y de Defensa, y los organismos que deben velar por la protección de la vida. Ayer el número de masacres en lo que va del año llegó a 71, mientras que en este mismo periodo han sido asesinados/as 251 líderes y lideresas sociales en todo el territorio nacional, según datos de Indepaz. Estos números no solo reflejan cifras, evidencia el crítico derramamiento de sangre, las vidas perdidas, las familias víctimas, los procesos sociales y organizativos truncados y un tejido social que cada vez se deteriora más. Entre tantas de estas vidas están las de las cuatro (4) personas que fueron asesinadas en el corregimiento Bijagüal, del municipio de Nechí. Antioquia, mientras compartían en un billar de la zona, a donde llegaron hombres armados atacando a quienes allí estaban. Hay que señalar, por un lado, que presuntamente una quinta persona que resultó herida en el lugar fue trasladada al casco urbano, pero falleció en el camino. Además, como lo aseveró Marcos Madera, alcalde de Nechí al diario El Tiempo, los responsables son miembros de un grupo al margen de la ley del que se desconoce por el momento con precisión más información. También está la de Gonzalo Hincapié, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cristalina, en el municipio de El Peñol.. Gonzalo era miembro de esta JAC desde el año 2012, por lo que era un reconocido líder comunitario de esta zona de Antioquia. Adicional, en varias ocasiones fue candidato al concejo del municipio a través del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia – AICO- . Gonzalo Hincapié, al igual que Carlos Andrés Cardona, Sergio Narváez Tapias, Wilmar Alexander San Pedro, Carlos Andrés Chavarría, Hernando Herrera, Johan Sebastián Muñoz, Miguel Ángel Marín, Yuri Alexandra Ortiz, Didian Arley Agudelo, Amado Torres, William Ramiro Montoya, Ángel Ovidio Quintero, Jairo de Jesús Jiménez, Johnis Elián Jiménez, Teylor Cruz, Julio Cesar Hernández, Oriolfo Sánchez, Edier Lopera, Sandra Banda Meneses, John Jairo Dávila, Campo Elías Galindo , Deimer Alberto Lucas, Marly Luz Pérez, John Jairo Guzmán y Jorge Bernardo Pino, fue asesinado por ejercer algún tipo de defensa por la vida y el territorio en Antioquia, en una labor de liderazgo que con el panorama actual del país es un ejercicio que pone en riesgo y amenaza. Una radiografía de la violencia en Antioquia Siguiendo lo anterior, hay que anotar que en lo que va del 2020 han sido asesinados/as 26 líderes y lideresas sociales en este departamento, según Indepaz. De este total, 23 son hombre y tres (3) mujeres, quienes ejercían liderazgos desde diversos sectores, pues de acuerdo con la información hallada las víctimas han sido líderes indígenas, comunales, cívicos, mineros, sindicales y campesinos. El liderazgo con mayor número de víctimas ha sido la defensa al campesinado, ejercicio donde los/as asesinados/as han sido 11 personas. Fredy Alexánder Chaverra, investigador y politólogo de la Universidad de Antioquia –UdeA-, explicó que: “Sobre esto también hay en poner el lente en los distintas zonas de Antioquia donde se registra un mayor nivel de victimización y crisis humanitaria; es decir, en el norte, el nordeste y en mayor medida en el Bajo Cauca antioqueño, donde hay mayor persecución a líderes que pertenecen a asociaciones campesinas o que son líderes promotores de programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Yo manejo la tesis que en el Bajo Cauca antioqueño hay un coctel de todos los actores armados; disidencias de las Farc, ELN, disidencias de las AGC, las AGC y carteles transnacionales del narcotráfico. Además, en este punto también se encuentra concentrado el 80% de la hoja de coca cultivada en Antioquia. Asimismo, donde también el programa del PNIS tiene aproximadamente al 70% de las familias de la región y donde muchos de los líderes/as asesinados/as integran, pertenecen o promueven implementar el programa de sustitución, por lo que los actores armados les han declarado una guerra frontal”. Siguiendo lo expuesto por el investigador, hay que señalar que el municipio de Tarazá es la zona donde más asesinatos han ocurrido en lo que va del 2020, con un total de 07 hechos. Pero, los 26 asesinatos han ocurrido en 15 zonas diferentes, además de la anterior nombrada: Medellín (02 casos), Ituango (01), Turbo (01), Sonsón (01), Remedios (01), Segovia (01), Campamento (01), San José de Apartadó (01), San Francisco (01), Abejorral (01), Cáceres (02), Anorí (01), El Bagre (02), Toledo (01 y El Peñol (01). El liderazgo con mayor número de víctimas ha sido la defensa al campesinado, ejercicio donde los/as asesinados/as han sido 11 personas. Imagen: Pares. Adicionalmente, respecto a los casos de asesinatos sistemáticos contra líderes y lideresas en este departamento, llama la atención que en el mes de enero, febrero y octubre hubo un mayor registro de casos con cinco hechos en cada mes, mientras que una vez se dio el aislamiento preventivo obligatorio, es decir en el mes de marzo, los casos reportados fueron 02, al igual que abril, mientras que en mayo el total fueron 03 asesinatos, y en junio, agosto y septiembre el Instituto informó de un hecho por cada mes. “Los actores armados en la práctica han fungido como una autoridad sanitaria, son ellos los que regulan el tema de acceso a los territorios y uso de elementos de bioseguridad, es decir, los grupos armados se convirtieron en los reguladores. Eso llevó a reforzar un control en el territorio y al reforzar dicho control se elevaron los niveles de confrontación, sobre todo por los corredores que hay en la región, lo que en los siguientes meses al inicio de la pandemia aumentó los niveles de victimización y prácticas de miedo que han utilizado para afianzar dicho control. Esto sigue mostrando la incapacidad total del Gobierno Nacional por hacer un control real respecto a medidas de mitigación del virus y también de seguridad en estos territorios”, añadió Chaverra. Antioquia, donde las masacres no dan tregua El día de ayer con la masacre de 04 personas en el municipio de Nechí, en Antioquia se llegó al crítico panorama de 16 masacres en lo que va del año, siendo, además, el departamento con un mayor número de este tipo de hechos, en los cuales, hay que decir, en Colombia han sido asesinadas 286 personas en las 71 masacres que se han cometido en 2020. En Antioquia el primer hecho reportado en este año ocurrió el 12 de enero en Caucasia, en el cual 03 personas fueron asesinadas. No obstante, dicho mes se convertiría en la radiografía de lo que serían los meses venideros, pues en menos de un mes, y luego de ese primer caso, se registrarían 03 masacres más; una el 17 de enero en Tarazá, en donde 05 personas perdieron la vida; otra el 24 del mismo mes en Salgar, con un total de 03 víctimas mortales; y una más iniciando febrero en Cáceres, la cual dejó 04 personas asesinadas. Es decir, en esa primera parte del año solo en Antioquia 15 personas fueron asesinadas en masacres. Sin dejar de nombrar que en febrero hubo dos casos más en los que las personas asesinadas fueron ocho (8); cuatro (4) en Medellín y cuatro (4) en Salgar. Hay que anotar que en relación con los casos de asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas, en cuanto a masacres también hubo una disminución en los meses de aislamiento preventivo obligatorio; en marzo no hubo ninguna información sobre masacres en esta zona del país, en abril hubo un hecho de este tipo, mientras que desde junio se comenzó a registrar de nuevo un aumento con dos (2) casos, al igual que agosto, tres (3) en septiembre y uno en octubre. Así, vale la pena mencionar que a la fecha las personas asesinadas en masacres han sido 58. Por su parte, de nuevo los municipios donde estos casos han ocurrido presentan relación con las dinámicas geográficas de asesinatos a líderes y lideresas; por ejemplo, Tarazá es uno de los municipios con más masacres en lo que va el 2020 con un total de dos, mismo registro que hubo en Salgar, mientras que en Cáceres se han registrado 03 casos, además de Caucasia, Medellín, Bello, Ituango, Ciudad Bolívar, Venecia, Andes, Zaragoza y Nechí , donde el Instituto tiene información de un hecho por cada municipio. “Este ha sido un año particularmente difícil para Antioquia. Todo esto ha sido un fenómeno multicausal, donde influyen factores como la confrontación de grupos armados, donde hay que repetir, por ejemplo, en el Bajo Cauca antioqueño hay múltiples actores, y, además de ser la zona más militarizada de Antioquia, también hay intereses de los carteles transnacionales. Todo esto influye en que está región siga estando en disputa, principalmente por los corredores que alberga., lo que ha desatado enfrentamientos donde se incluyen ajustes de cuentas, y, especialmente prácticas de terror que se evidencia en el número de masacres y personas asesinadas en lo que va del 2020“, concluyó el investigador Fredy Alexánder Chaverra.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Hace unos días Álvaro Uribe Vélez apareció públicamente de nuevo luego de que permaneciera en detención preventiva y que una jueza de garantías le otorgara la libertad en medio del proceso judicial que enfrenta por presunto soborno y fraude procesal. Ese retorno público ha traído cuestionamientos y preocupaciones, pues lo que trajo consigo fue la propuesta de un posible referendo, que como escribió en su cuenta de Twitter el investigador de Pares, Esteban Salazar, es “retrógrado, anti-derechos y dictatorial”. Pues bien, en el borrador que presentó el expresidente se exponen trece puntos, que hay que señalar, estarán dispuestos para ser discutidos en el Centro Democrático, otros partidos y movimientos sociales, y, también en las próximas semanas comenzaría la recolección de firmas para definir si esta iniciativa tendrá futuro. Sin embargo, la discusión que ha desatado esta propuesta está centrada en lo que constituyen los trece puntos que tendría el referendo, pues resaltan los intereses en los que han estado insistiendo desde sectores como el Centro democrático durante toda la gestión de Iván Duque. Por ejemplo, como lo indicó Ariel Ávila, “hay una destrucción de la rama de la justicia”. ¿Por qué? En el borrador hay varios puntos que señalar en relación con la anterior afirmación. Por una parte, se propone dejar una o dos Altas Cortes que no tendrían funciones electorales respecto de las otras ramas del poder público. Además, se establece que los magistrados serían mayores de 55 años y se les asignarían periodos personales de 12 años (o hasta una edad de retiro forzoso o vitalicio). Estos serían elegidos por cooptación con aprobación del Senado.« Adicionalmente, se suma que se derogaría la Jurisdicción Especial Para la Paz trasladando sus funciones a la justicia ordinaria. Con esto hay que resaltar que durante un evento con víctimas el procurador Fernando Carrillo se pronunció a la labor de la JEP señalando, entre otras cosas, que “durante estos 3 años de la JEP, la magistrada Patricia Linares ha sido defensora de los derechos humanos y una luchadora por el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado, en un país que suele no darles nada, excepto la espalda”. Además, agregó que “algunos olvidan que la JEP es una alta corte de justicia y de paz. Un doble contenido que implica no solo el respeto de sus decisiones, sino la necesidad de que se mantenga en el tiempo porque está consagrada en la Constitución”. A la propuesta del exsenador respecto a este punto se sumó que se reducirían los periodos de los actuales magistrados. Y, aun cuando durante los últimos meses se han fortalecido las exigencias desde la sociedad civil para que los miembros de la Fuerza Pública no tengan impunidad y se investigue rigurosamente las denuncias que se han hecho respecto a constantes violaciones a los derechos humanos que han sido cometidas en los últimos meses, pero también ejercidas años atrás, el exsenador propuso, por un lado, que haya una sala especial para los miembros de la Fuerza Pública, “con magistrados imparciales que conozcan sus protocolos, estructura de mando y reglas operacionales”. Asimismo, informó que los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos antes del 1 de diciembre de 2016, y que hayan cumplido cinco (5) años de condena efectiva, podrán solicitar la libertad condicional. A esto podrían acceder quienes no hayan cometidos delitos relacionados con acceso carnal violento, abuso sexual, secuestro, terrorismo o delitos contra el Estado. Por otro lado, se menciona que se crearía un Tribunal de Aforados para crear independencia en el juzgamiento de los/as congresistas y de los/as magistrados. La democracia está en peligro El exsenador también decidió irse por propuestas en las que muchos sectores han centrado sus agendas, por ejemplo, anunció que a través referendo permitiría reducir el Congreso en un 30%, y que la remuneración de los congresistas se congelará en la cuantía nominal durante los siguientes seis años. Esto último también se haría con los egresos estatales en nómina, directa o indirecta, y funcionamiento en los diferentes niveles del Estado. “No olvidemos que todos los gobiernos autoritarios siempre cambian las dos cámaras (representantes y senado) por una sola y así reducen el congreso con la promesa de ahorrar plata y luchar contra la corrupción, para así tener un congreso más manipulable. Es una propuesta popular, pero muy peligrosa para la democracia”, explicó Ariel Ávila. Siguiendo el manejo de recursos, Uribe se refirió a la entrega de un apoyo económico a las personas de mayor vulnerabilidad. Asimismo, también habría un bono pensional para los/as recién nacidos de hogares con índices de pobreza, a eso añadió que se determinaría el monto de la entrega económica de acuerdo con las posibilidades fiscales. “Este populismo económico, como el tema del ingreso solidario, pretende arrastrar una gran masa de votos. Así que ya por boca del propio expresidente Álvaro Uribe Vélez nos damos cuenta de la peligrosidad del referendo, que como yo he dicho, pretende por la casi destrucción del Estado de Derecho”, añadió Ávila. Por otro lado, el expresidente, siguiendo con este tipo de propuestas, incluyó en el borrador del referendo que el Estado garantizará la gratuidad en la educación, también a través de una valoración socioeconómica, y que las personas que accedan a dicho beneficio podrán inscribirse en instituciones oficiales, privadas, mixtas o solidarias. “No olvidemos que todos los gobiernos autoritarios siempre cambian las dos cámaras (representantes y senado) por una sola y así reducen el congreso con la promesa de ahorrar plata y luchar contra la corrupción, para así tener un congreso más manipulable. Es una propuesta popular, pero muy peligrosa para la democracia”, Ariel Ávila. Esto pone sobre la mesa que no se está priorizando fortalecer las universidades públicas como forma de democratizar el acceso a la educación, algo que no es nuevo, pero que sí sigue dejando entrever las agendas que resaltan respecto al acceso a la educación, en donde no dejan de ser ejes centrales la privatización de la misma. Adicionalmente, respecto a este punto, Uribe afirmó que “hoy existe un monopolio oficial, a través de Fecode, que ha sustituido la ciencia y la libertad de enseñanza por el adoctrinamiento político”. Tras esto desde la cuenta de Twitter de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -Fecode- se argumentó que: “El país se sume en hambre, desempleo, pobreza, violencia… pero los aliados del gobierno se inventan un referendo que no sólo vulnera los derechos de los colombianos, como la educación, sino para desviar la atención ante la pobre gestión del Gobierno en estas problemáticas”. Además, agregaron que: “Rechazamos categóricamente estas declaraciones irresponsables, mentirosas y estigmatizadoras. Son, en su conjunto, una grave vulneración al Estado Social del Derecho. Prácticamente proponen refundar el Estado a su gusto e intereses, sin oposición y sin democracia”. A esto hay que agregar que la aseveración del exsenador llega en un crítico momento de seguridad y garantías de vida para quienes ejercen algún tipo de liderazgo en el país, contexto en el que durante la semana pasada se denunció que 15 miembros del magisterio estaban siendo nuevamente víctimas de amenazas de muerte. Asimismo, días antes, Nelson Alarcón, había alertado que Fabio Herrera, miembro del ejecutivo de Fecode, había aparecido en la lista de amenazados por parte las autodefensas de la Guajira contra dirigentes sindicales y sociales. En su momento y en relación con estas amenazas Alarcón señaló que “en estos 25 años, más de mil compañeros, maestros y maestras han sido asesinados. En el 2019 más de casi 700 compañeros y compañeras han sido amenazados en territorio colombiano”. Así vale la pena cuestionarse cuál es el interés de Álvaro Uribe, que por un lado lanza estas peligrosas afirmaciones, pero por el otro, en el mismo borrador del referendo, dice que se velará por la protección a los líderes y lideresas sociales asegurando que “el homicidio en personas consideradas líderes sociales, de acuerdo con la ley, tendrá la sanción de homicidio agravado, sin subrogados penales ni penas alternativas menos severas”. Más de lo mismo En una forma de convocar y llamar la atención hacia lo que es la campaña electoral para 2022, el expresidente continuó centrándose en las estrategias políticas y mediáticas que ha venido posicionando. “Que hagan coincidir el referendo al menos con las elecciones al Congreso es causar un efecto ola en las siguientes elecciones”, indicó Ariel Ávila. Con esto hay que señalar que como se estableció en el documento, el referendo sería dispuesto a consulta popular, que posiblemente se realizaría en marzo de 2022. En esta consulta, además de los puntos expuestos anteriormente, también determinará otros aspectos, como que las personas responsables de delitos de lesa humanidad no podrán ser miembros del Congreso, ni de ningún cargo de elección popular. Por otra parte, se incluye que se podrá ordenar el decomiso de sustancias ilegales, así su porte y consumo no estén sancionados penalmente. Por último, se añade que el Estado remunerará el cuidado de los Ecosistemas Estratégicos como la Amazonia, la Orinoquia y el Litoral Pacífico, la selva primaria, el bosque secundario, los páramos, los ríos, los espejos y fuentes de agua, los parques nacionales en el territorio o en el mar, los manglares y aquellos que sean definidos por el Gobierno. Finalmente, hay que nombrar que se estableció en el borrador que para la implementación de dicho referendo se crearía una Comisión Especial Legislativa integrada por 30 miembros, quienes serían elegidos por medio del Senado, y que de ser aprobado el referendo y no adoptadas las medidas que establece en los seis meses siguientes, el presidente podrá expedirlas mediante decretos con fuerza de ley.

Por: Redacción Pares. La justicia transicional y la justicia de la Corte Penal Internacional (CPI) no riñen la una con la otra. Por el contrario, si se desarrolla un trabajo articulado entre una institución como la JEP y la CPI, Colombia no solo logrará perfeccionar un modelo que busca investigar y enjuiciar a los máximos responsables de los delitos cometidos en el marco del conflicto, sino que terminará siendo referente para el mundo. Así lo aseguró James Stewart, vicefiscal de la CPI, durante el Encuentro Internacional “Respuestas emergentes a atrocidades contemporáneas» que se llevó a cabo entre el 29 y 30 de octubre pasados. Para el representante de la fiscalía del tribunal internacional, la coordinación que se ha dado con la JEP está enfocada “sencillamente en entender cuáles son los procesos que se llevarán a cabo en un país que terminó siendo pionero en el diseño de un sistema que incluyó toda una gama de mecanismos, utilizados por las sociedades, para lidiar con el legado de violaciones graves a los derechos humanos y lograr que haya rendición de cuentas, justicia y reconciliación». A ese mismo argumento se sumó la jueza de la CPI, Luz Ibáñez Carranza. Para ella, “ambas jurisdicciones apuntan a sancionar y prevenir atrocidades masivas. Una tarea noble, pero sumamente ardua. Como dirían: es como apuntar a un blanco en movimiento». Ibáñez agregó que “es falsa la presunta dicotomía entre justicia y paz. La una no está divorciada de la otra. Es más, la justicia es base y pilar fundamental para una paz estable y duradera». Cuando se habla de justicia transicional nos referimos a procesos excepcionales y provisionales que las sociedades en conflicto o posconflicto ponen en marcha con el objeto de facilitar transiciones ya sea de una dictadura o periodo de conflicto a escenarios de paz y una democracia. “Ambas jurisdicciones buscan un mismo fin y se deben apoyar en sus esfuerzos. Eso es lo que hemos visto entre las cortes de Bosnia que se vieron complementadas por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia», explicó Ibáñez. En el caso colombiano, por ejemplo, la Oficina de la Fiscal de la CPI viene realizando un examen preliminar desde el 2004. De acuerdo con Stewart, “en 2012 se identificaron unos crímenes del Estatuto de Roma que parecían necesitar atención. Teníamos que darles un tiempo a las autoridades para abordar estos temas en lugar de concluir que debíamos abrir una investigación. Este llamado ha funcionado en beneficio de la aplicación local de los parámetros internacionales de justicia». Stewart agregó: “Cuando se crea la JEP las autoridades desarrollan un sistema de rendición de cuentas que puede lidiar con ese gran universo de crímenes. Esta es la forma en que una nueva jurisdicción sanciona conductas que de otro modo podrían ser competencia de la CPI (…) El examen lleva tiempo porque entendemos lo que implica la investigación y enjuiciamiento de conjuntos completos de delitos que involucran a una variedad de actores». Precisamente, los siete (7) macrocasos que viene investigando la JEP se caracterizan por tres principios fundamentales, como explicó el presidente de la Sección de Apelación, magistrado Danilo Rojas, durante la moderación del tercer panel de expertos: 1) Priorizan graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. 2) Involucran máximos responsables y determinantes de tales violaciones y 3) Enfatizan en patrones y no tanto en casos individuales. Finalmente, la juez Ibáñez insistió en que hay un principio de complementariedad de la CPI negativo que funciona por petición de un país. Se da porque “el Estado no puede investigar o no tiene capacidad para hacerlo» y otro positivo cuando la corte es vista como un referente por sus buenas prácticas y es consultada por los Estados para apoyar la aplicación de la justicia, porque “la corte tiene un sistema especializado de actuación complementario y no subsidiario», concluyó.

Por: Por: Nataly Triana. Colaboradora Pares. Venezuela vive una verdadera crisis institucional. El paralelismo legislativo se refleja en la existencia de una Asamblea Nacional (AN) a la par de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La primera, desconocida por el gobierno, y la segunda, ilegítima por su absoluta conformación del oficialismo. En estas condiciones, el desarrollo normativo se debate entre las estériles acciones de una oposición en cabeza de Juan Guaidó, sin capacidad de maniobrabilidad, y la discrecionalidad de la ANC. Un claro ejemplo de esto último es la recién aprobada “Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los Derechos Humanos” por parte de la ANC. Esta tiene el objetivo de “restablecer el sistema económico afectado por el despojo de activos de la nación en el exterior y por las medidas coercitivas del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.)”, disposiciones que han profundizado la crisis humanitaria en Venezuela. No obstante, entre sus principales críticas es señalada de ser un dispositivo para beneficiar y blindar jurídicamente las contrataciones estatales que carecen de legalidad. La Ley Antibloqueo fue aprobada en unanimidad, pese al salvamento de voto de cuatro constituyentes: María Alejandra Díaz Marín, Juan Carlos Flores, Telémaco Figueroa y Régulo Reina. Esto en función de que el proyecto de ley no fue presentado con anterioridad para su lectura, tampoco se les permitió en la sesión discutir cada uno de los cuarenta y cuatro artículos que lo componen. Imagen: Pares. En primer lugar, esta ley es inconstitucional e ilegal ya que es sancionada por la ANC, un órgano transitorio que a través del Decreto 2830 suplanta la voluntad popular del pueblo venezolano para proclamar una reforma del Estado y su Constitución Política de 1999. Aun así, en vez de proceder a transformar su carta magna y la organización misma del Estado, la ANC se ha dedicado a usurpar el poder legislativo de AN, declarada en desacato por el poder judicial correspondiente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en total omisión de la división de poderes y sus respectivas competencias. Esto ha sido posible a través de la declaración y prorrogación del estado de excepción por razones económicas desde el 2016, mecanismo que ha posibilitado la cooptación de poderes y atribuciones al Ejecutivo en cabeza del presidente Nicolás Maduro. La Ley Antibloqueo, una salida polémica La Ley Antibloqueo fue aprobada en unanimidad, pese al salvamento de voto de cuatro constituyentes: María Alejandra Díaz Marín, Juan Carlos Flores, Telémaco Figueroa y Régulo Reina. Esto en función de que el proyecto de ley no fue presentado con anterioridad para su lectura, tampoco se les permitió en la sesión discutir cada uno de los cuarenta y cuatro artículos que lo componen. Es importante mencionar que el texto no ha sido publicado en ningún portal oficial del Estado venezolano, por ahora solamente se encuentra disponible la lectura dada por Diosdado Cabello en la sesión de la ANC. En este sentido, la información obtenida en esta investigación respecto a la ley ha sido a través de esa declaración oficial. Ahora bien, este proyecto económico pretende “la implementación de políticas públicas nacionales en materia de alimentación, salud, seguridad social, provisión de servicios básicos y de otros bienes económicos esenciales” (art. 21). Sin embargo, la forma a través de la cual plantea lograr la recuperación de la crisis humanitaria deja en entredicho su fin mismo. En síntesis, esta ley otorga la potestad al Ejecutivo de desaplicar una norma constitucional, legal o reglamentaria para implementar los objetivos de la ley, los cuales se desarrollarán a través de una disposición de reserva y secreto: “Se declaran secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de alguna de las medidas establecidas en capítulo segundo de esta Ley Constitucional (…)” (Art.42). Es decir, todos los procesos que impliquen implementar política pública bajo la “Ley Constitucional” son de carácter confidencial, lo que implica que se ignora todo componente del proceso de gestión pública que el gobierno declare como riesgoso de conocer, ya que podría alterar el pleno desarrollo de los programas: “El acceso a los archivos y registros administrativos (…) podrá ser ejercido por las personas de forma que no se vea afectada la eficacia de las medidas para contrarrestar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, ni el funcionamiento de los servicios públicos, así como tampoco la satisfacción de las necesidades de la población por la interrupción de procesos administrativos destinados a ello” (Art. 38). Entre los peligros previstos se encuentra la legalidad de la celebración secreta de contratos de interés públicos sin previa autorización de la AN, a partir de decisiones discrecionales que ignoren los concursos de contratación y/o los requisitos que asigne la ley para licitar. Por causa de esta Ley Antibloqueo se otorgaría legitimidad a la contratación a dedo, dejando de ser así una conducta delictiva. También, se legalizaría la opacidad que hoy existe no solo en las cifras, sino también en las finanzas y sostenimiento del gobierno de Maduro. Imagen: Pares. “El Ejecutivo Nacional diseñará e implementará mecanismos excepcionales de contratación, compra y pago de bienes y servicios, preferentemente de producción nacional” (Art.28) En especial, permite el levantamiento de restricciones para comercializar con actividades estratégicas, incluso en las que son exclusivas del Estado (Art.31), en consecuencia, de esto se da la posibilidad de privatizar empresas públicas, privatizar empresas que fueron expropiadas (Art.30), “incluso pudiendo convenir con sus antiguos dueños su restitución”. ¿Una medida que aumentará la corrupción? Así mismo, permite “la creación e implementación de cualquier mecanismo financiero” mediante la creación de mecanismos que permitan ser fuentes de financiamiento: “El Ejecutivo Nacional podrá crear o autorizar nuevos mecanismos o fuentes de financiamiento en cualquiera de sus formas” (Art.23). Es importante señalar que la misma norma no es explícita en cuáles podrían ser dichos mecanismos, entre estos podrían estar “la enajenación de los bienes públicos, la emisión de moneda, la producción de ganancia por entes públicos o el crédito público”. Por consiguiente, esta ley permite ejercer el financiamiento sin control, violando lo establecido en el art.312 de la Constitución Política, y en sí mismo los principios de honestidad, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho de la administración pública. De esta manera, la flexibilización de contratación pública y la diversificación de mecanismos financieros mediados por la confidencialidad podrían incentivar la corrupción, en específico beneficiaría a los testaferros del gobierno nacional que han sido investigados por licitar con empresas fantasmas que residen en paraísos fiscales, lo que les permitiría mantener o realizar nuevas licitaciones sin que exista control y veeduría ciudadana. En suma, por causa de esta ley se otorgaría legitimidad a la contratación a dedo, dejando de ser así una conducta delictiva. También, se legalizaría la opacidad que hoy existe no solo en las cifras, sino también en las finanzas y sostenimiento del gobierno de Maduro. Más que luces, crecen las sombras sobre la maltrecha condición social en Venezuela.

Por: Línea de Paz y Postconflicto Pares. El 29 de octubre de 2019 una masacre segó la vida de la Ne’hwe’sx (autoridad ancestral) Cristina Bautista y los Kiwe Thegnas Asdrúbal Cayapú, James Soto, José Soto y Heliodoro Finscue en la vereda La Luz, Resguardo de Tacueyó, Toribío. Un año después, la violencia hacia autoridades, guardias y comuneros indígenas, lejos de disminuir, se ha agudizado. En medio de atentados, amenazas y asesinatos, el pueblo nasa del norte del Cauca continúa luchando y resistiendo por la vida, la paz y el territorio. “Cristina no murió, se multiplicó”, señala una de las consignas del Movimiento de la Mujer Nasa Hilando Pensamiento, del cual hizo parte la Ne’hwe’sx Cristina Bautista y decenas de mujeres nasa que hoy continúan fortaleciendo sus procesos, incluyendo a las nuevas y antiguas generaciones en Toribío y tejiendo experiencias a nivel regional, nacional e internacional. Como parte del trabajo constante de este colectivo de mujeres, durante la última semana de octubre se llevó a cabo en Toribío una serie de actividades en conmemoración a la Ne’hwe’sx y los Kiwe Thegnas, iniciando el 20 de octubre con la entrega de un gran mural en el coliseo de Tacueyó. Al siguiente día, el 21 de octubre, se realizó una jornada de siembra de guayacanes y palmas en la vereda La Luz, como símbolo de vida allí donde se ha querido imponer la muerte. El 23 de octubre 32 familias de indígenas caídos recibieron visitas colectivas como muestra de apoyo desde el pueblo nasa y el movimiento Hilando Pensamiento. El 25 de octubre, tres vallas conmemorativas fueron instaladas en cada uno de los resguardos ubicados en el municipio de Toribío: San Francisco, Tacueyó y Toribío. La gran conmemoración del 29 de octubre, fue antecedida por un recorrido territorial con la guardia indígena cuyo punto de encuentro fue en la vereda El Tierrero, donde se instaló la bandera del CRIC y se continuó en caravana hasta el centro poblado de Tacueyó. Para el momento del recorrido territorial, el contexto se tornaba tenso para el pueblo nasa que resiste a múltiples violencias con la premisa “cuenten con nosotros para la paz, no para la guerra”. Un Boletín de Derechos Humanos de ACIN indica que “las autoridades habían manifestado preocupación por el amedrentamiento que en días previos habían realizado en contra de la comunidad que se movilizaría en memoria de los asesinados por este mismo grupo armado -Grupo Armado Post Farc Columna Móvil Dagoberto Ramos-”. La fecha y los actos de conmemoración del 29 de octubre llegaron con una masiva asistencia en el coliseo de Tacueyó, reafirmando que “cuando alguien cae, no se va, sino que lo recordamos y siempre va a estar con nosotros” (Yensi Lorena Secue, mujer nasa). Imágen: Cortesía CRIC. También trajo el apoyo a nivel nacional de organizaciones no gubernamentales, organismos defensores de derechos humanos y personalidades como el senador indígena Feliciano Valencia y el artista César López, ambos objeto de atentados en El Tierrero durante el transcurso de la jornada de conmemoración. Una vez más las armas intentaron silenciar las resistencias del pueblo nasa del norte del Cauca. Tres balas de fusil impactaron la camioneta de protección del senador Feliciano Valencia en horas de la mañana cuando se dirigía a la conmemoración; en la tarde, la chiva y las camionetas en las que salía de Tacueyó el artista César López acompañado de la guardia indígena, fueron objeto de disparos de fusil desde la montaña, sin resultar heridos. Estos hechos no lograron callar la palabra, la música y la pintura que conmemoraron a Cristina Bautista y a los Kiwe Thegnas con una jornada concurrida, emotiva y reflexiva. Continúa la lucha por cumplir “el sueño de la igualdad, el sueño de la equidad, el sueño de formar una futura comunidad para nuestros hijos donde realmente se vea el buen vivir” (Yoli Astrid Chantre). A esta resistencia en medio del recrudecimiento de la violencia, el Movimiento de la Mujer Nasa Hilando Pensamiento, aporta también las reivindicaciones de la “lucha de mujeres que viene desde tiempos inmemoriables: desde nuestra Cacica Gaitana, desde nuestras otras cacicas. Entonces somos un papel fundamental en la comunidad. Así como lo somos, queremos que seamos reconocidas por nuestros líderes y por toda nuestra comunidad” (Nelly Andrea Sescué”. Sin duda, Hilando Pensamiento y las mujeres nasa de Toribío dan fe de que ¡Cristina vive! ¡la lucha sigue!

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. Más de 500 personas participan de la caravana humanitaria al cañón del Micay, denominada “Un canto por la vida y la paz del territorio”. Desde el pasado 30 de Octubre salieron de la capital caucana, delegaciones de organizaciones sociales de todo el país, para de común acuerdo afros, indígenas, organizaciones del campesinado lideradas por el Coordinador Nacional Agrario- CNA-, de mujeres, jóvenes, urbanas y de derechos humanos, viajaron al Micay para expresar con su presencia la solidaridad (que es la ternura de los pueblos) con las mujeres y los hombres de esta región. Llama la atención como la institucionalidad pública, las instituciones protectoras de los derechos humanos, le sacaron literalmente el cuerpo a cumplir con su misión de acompañar a las comunidades en los momentos más difíciles. El cañón del Micay es una zona que comprende los municipios de Argelia, Tambo, Timbiquí y López de Micay, navegable desde el corregimiento de San Juan de Mechengue (Tambo) hasta López de Micay. Es una región apartada, aislada del “desarrollo” y con poca presencia institucional diferente a la fuerza pública en misión de erradicación de cultivos de uso ilícito. En lo corrido de este 2020, más de 70 personas han sido asesinadas en masacres, se han presentado homicidios selectivos, desplazamientos poblacionales, presencia de grupos neo-paramilitares y el histórico enraizamiento en este territorio de las otrora Farc-ep y del Eln. Es por lo anteriormente descrito que no se entiende cómo Emilio Archila, Consejero Presidencial pareciese no haber estado en el proceso de paz, no conocer las implicaciones de una declaración irresponsable dada no como funcionario de todos los colombianos, sino como servidor privado de su partido de gobierno. Así,estando en Rosas- Cauca, en un acto mediático sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito, reseñó que “la caravana a Micay es pura politiquería” y que son “sectores que utilizan los hechos violentos para seguir dividiendo a los colombianos”. Desde el 21 de noviembre del año pasado, vienen las comunidades movilizándose. Pasamos por la minga a Bogotá, la marcha de excombatientes de las Farc igualmente a la capital del país, y la caravana del Micay; porque si los poderosos tiene las mafias y la corrupción para sostenerse en el poder, las comunidades poseen el derecho constitucional a la protesta pacífica. Por más que “altos” funcionarios del gobierno estigmaticen la movilización social y los órganos de control guarden silencio (porque les pertenecen a ellos), el Cauca rebelde y digno, seguirá acompañando a las gentes y territorios que hacen la exigibilidad de sus derechos.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Ser líder ambiental en Colombia es una profesión de riesgo, como lo es ser líder campesino, indígena, afro, de juventudes o de mujeres, sindicalista o maestro, político o defensor de derechos humanos, todas esas personas han corrido y siguen corriendo grave riesgo para sus vidas. Eso lo corrobora el asesinado de Juana María Perea Plata, asesinada en Nuquí, un paraíso plagado de armados ligados al narcotráfico, de guerrilla y de poderosos intereses económicos por construir un puerto, a todo ello se oponía Juana y en esa confluencia de peligros le fue arrebatada la vida de manera infame, una violencia que sigue campeando en muchas regiones de Colombia, sin que el gobierno del Presidente Iván Duque, muestre algún atisbo de iniciativa o de rectificación, frente a un gobierno que con su falta de control del territorio y unas fracasadas políticas antidrogas, alientan tanto crimen. Con el crimen contra Juana Perea, son más de cincuenta los líderes y lideresas ambientales asesinados en Colombia este año, eso nos hace el país más peligroso para ejercer un activismo para proteger territorios y comunidades de importancia por sus ecosistemas y las comunidades que han convivido de manera respetuosa con su entorno, oponerse a megaproyectos que se consideran lesivos. Así lo hizo Julia con el proyecto de Puerto de Tribugá, que fue declarado como inviable hace pocas semanas por el lesivo impacto que tendría sobre esta región, en este contexto no se sabe quién asesinó a Julia, lo que si se puede afirmar es que su muerte es represalia a su oposición a un uso abusivo del territorio, un verdadero paraíso en la tierra, usado como salida de narcotráfico o pretendido para enormes proyectos de infraestructura, en un territorio que no lo puede soportar, según las autoridades ambientales, que le han dado la razón a personas que como Julia han dicho en la última década que este tipo de proyectos no son convenientes. La violencia contra los lideres ambientales vienen de muchos flancos: narcos, criminales interesados en apropiarse de territorios para hacer negocios con quienes tienen interés en estos territorios con potencialidades para grandes negocios a futuro, por oponerse a la transformación desplazando a sus comunidades, en todo esto se juegan la vida gente amante de sus comunidades y de la naturaleza, eso lo han hecho de manera decidida y generosa y les ha costado la vida. Este gobierno es un fracaso en proteger a los liderazgos sociales, no tiene interés ni compromiso real en ello, solo demagogia y falsos discursos de legalidad que caen en el vacío de la dura realidad, todas las semanas vemos vidas de colombianas y colombianos perdidas en este torbellino de múltiples violencias, que se alimentan desde grandes poderes nacionales e internacionales. Nada de ello amaina y nos desafía a pensar que debemos modificar políticas y someter estos poderes mafiosos y criminales desde el estado social y de derecho que supuestamente somos, pura formalidad jurídica, que no cuenta con el poder político para someter a tanto bárbaro que ejercen con amplia impunidad sus crímenes, esto hay que tenerlo presente, este gobierno no va a parar este genocidio el curso. La Minga social del suroccidente nos lo dijo con claridad: no hay gobierno para defender la vida, no hay gobierno para la paz, la democracia, la defensa de los territorios. Juana Perea nos deja su ejemplo, su firmeza, su alegría para defender un territorio.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Desde la Línea de seguridad urbana y crimen organizado de Pares se presentó un balance de seguridad urbana, el cual obedece a un seguimiento que se ha venido haciendo en los meses donde el aislamiento preventivo obligatorio y ahora, el aislamiento responsable, se ha mantenido como medida ante el virus Covid-19. Es una realidad que el confinamiento iba a generar nuevas dinámicas en los hechos que afectan la seguridad en el país, así como se preveía que iba a agudizar unas problemáticas ya existentes, y a disminuir otros tipos de hechos. En efecto, esto es lo que ha venido sucediendo, pues así como la pandemia ha traído sus consecuencias en cuanto lo económico, social y laboral, también lo ha hecho en relación con la seguridad. De esta forma, hay que iniciar diciendo que uno de los hallazgos que se tuvieron fue que para el mes de septiembre los homicidios disminuyeron en 34 casos en relación con el mes anterior, agosto, mes que además se ha dado el que mayor registro de estos casos. De esta forma para septiembre hubo un total de 1.102 hechos, mientras que en agosto el total fue de 1.126, pero en septiembre de 2019 la cifra fue de 1.047, es decir, respecto al mismo mes pero de este año el aumento fue de 55 homicidios, el 5%. Vale la pena mencionar que los casos venían disminuyendo desde marzo, mes en que comenzó el aislamiento preventivo obligatorio. Esta tendencia se mantuvo hasta el mes de junio, aunque en este último la diferencia respecto al mismo mes pero de 2019 fue muy poca; 46 casos, en comparación con los meses anteriores (marzo, abril y mayo), en los cuales la diferencia entre 2019 y 2020 fue de 286, 342 y 172, respectivamente en comparación con el mes homónimo. “El homicidio va a rebasar a lo que pasó en los último meses de 2019, se va ir incrementando. En octubre, noviembre y diciembre muy posiblemente los casos sigan aumentando porque sigue habiendo confrontaciones y enfrentamientos sobre todo entre organizaciones delincuenciales”, afirmó Isaac Morales, coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado, Pares. Hay que señalar que en el balance se menciona que la masacre ocurrida en Bogotá el 9 y 10 de septiembre a manos de la Fuerza Pública contribuyó al aumento en la capital, donde se reportaron 102 casos en septiembre de 2020, habiendo así un aumento de 15 hechos respecto al mismo mes pero de 2019. Asimismo, en ciudades como Cali se menciona que el fin de semana de amor y amistad fue determinante para que en todo el mes se registraran 118 homicidios. Mientras que se identificó que en Barranquilla, donde la cifra fue de 31, pudo estar asociada con los constantes enfrentamientos entre “Los Costeños” y los “Papalopez”, bandas que se disputan en dicha ciudad el control del microtráfico. Por otra parte, hay que anotar que Morales resalta lo que ocurre en Quibdó, donde al 31 de agosto, la tasa de homicidios superó de lejos la media nacional con 74,9 casos por cada cien mil habitantes, ubicando a la capital del Chocó dentro de las primeras ciudades más violentas del mundo, pues a la fecha es similar a la tasa de Caracas de 2019 (74,65). Asimismo, llama la atención lo que ocurre en Cúcuta, donde los ajustes de cuentas por disputas de microtráfico siguen álgidas y han disparado el número de homicidios desde mayo, mes en el que todavía se encontraba vigente la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Adicionalmente, en este balance se informa que el hurto a personas, que además es el segundo motivo de captura con más registros en el mes de septiembre (1.714), está atravesado por un “ascenso sostenido en el número de denuncias registradas, sin sobrepasar las sumatorias respectivas en los mismos meses de 2019. Para agosto se nota cierta desaceleración en el número de casos que se prolonga hasta septiembre, aunque no sobrepasaron el total de julio. Mientras que, como efecto del encierro, la percepción de inseguridad podría haberse incrementado, la reducción que se mantiene en las denuncias de casi todos los delitos contra el patrimonio son un termómetro formidable del lento proceso de reactivación económica”, se indicó en el balance. https://twitter.com/parescolombia/status/1321578900540051463?s=20 Capturas: ¿son una luz verde para la seguridad? El trabajo de la Línea de seguridad urbana y crimen organizado encontró que durante septiembre los motivos de captura con más casos fueron: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (3226), hurto a personas (1.714), fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (1.129), lesiones personales (1.017) y hurto a entidades comerciales (679). Siguiendo esto, hubo un total de 14.546 capturas, 1.223 menos que agosto. Entre estas capturas se reportaron varias a miembros o personas relacionadas en altos mandos con grupos armados ilegales o de crimen organizado, tal fue el caso alias “5-5”, máximo cabecilla del grupo de crimen organizado Los Pachenca, quien fue capturado en la zona del centro histórico de Barranquilla. Asimismo, en esta ciudad se reportó la captura de alias “Popo”, quien controlaba las llamadas ollas de vicio de la localidad suroccidente de la capital del Atlántico y extorsionaba a comerciantes y empresarios del sector por medio del grupo Los Costeños. Esto, mientras en Santa Marta se dio con la captura de alias “El Tarra”, cabecilla de Los Pachenca y se desmanteló la banda delincuencias Los Cejas, dedicada al micrótráfico en la ciudad, y, en Cartagena, se capturaron 13 personas de la banda delincuencial Los Nativos, dedicada a la venta de estupefacientes y tráfico de drogas, que además era subcontratada por el Clan del Golfo. Mientras tanto, durante este mismo mes, pero en el centro del país, se llevó a cabo la operación Atenas, en la que fueron capturadas y judicializadas por hurto, tráfico y porte ilegal de armas 26 personas vinculadas a varias bandas delincuenciales que operan en Bogotá: Quimera, Los Tanainas, Los del Cable, Las Ratas y Los Sociales, Adicionalmente, al norte de Bogotá se capturó a Francisco Emilio Mazo Pulgarían, alias “Pocho”, cabecilla de la organización Pachelly. A esto se suma y llama la atención que en zonas como el Valle de Aburrá se dieron importantes hechos de captura, como fue el caso de alias Pirry, presunto jefe de sicarios de El Mesa, una organización criminal a la que se le vincula con delitos como narcotráfico, desplazamiento forzado y extorsión, cometidos en Copacabana, Barbosa y La Ceja; e incluso en Bogotá, Soacha, y Tunja (Boyacá), a esta misma durante septiembre se le embargaron 100 bienes y propiedades valoradas en $200.000 millones producto de enriquecimiento ilícito. Por otro lado, en Cúcuta también hubo capturas importantes, por una parte en el barrio La Esmeralda fue capturado Guillermo Colorado alias “Guacamayo”, quien sería la tercera cabecilla y líder de los Rastrojos en su confrontación con el ELN, además, también se le acusa de ser el encargado de instalar explosivos contra la Fuerza Pública. Adicional, en este punto del país también fue detenido Pablo Antonio Villamizar, alias “Oli”, quien sería cabecilla del Frente Efraín Pabón Pabón del ELN, a quien, se le señala de estar implicado con lo ocurrido el pasado 17 de enero en la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá. También, fue capturado Rafael Vanegas Días, alias “Baloyes”, acusado de ser financiador del ELN y además, de haberse apoderado de las ventas y expendidos de droga de las comunas 6, 7 y 8 de dicha ciudad. Este panorama muestra que fueron varios los capturados en altos mandos de grupos armados ilegales, así como de grupos de crimen organizado, sin embargo, lo que se prevé es que los escenarios de inseguridad sigan siendo una constante en los meses siguiente, en donde la pandemia seguirá teniendo consecuencias, entre otras cosas, porque, como lo señaló Isaac Morales, “con las capturas hay una dinámica muy difícil y es que les arrestan o son asesinados, pero al otro día ya hay un reemplazo, es decir, son un golpe de alto impacto pero momentáneo dentro de las organizaciones o grupos”.

Por: Redacción Pares. Durante siete días la Jurisdicción Especial de Paz llevará a cabo la tercera jornada de prospección y exhumación de cuerpos de personas no identificadas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia, que habrían sido desaparecidas en el marco del conflicto armado. La diligencia se realizará entre el 8 y 14 de noviembre próximos en 9 puntos de interés forense que quedaron pendientes tras la intervención que hizo la JEP en diciembre de 2019 y en febrero de 2020, cuando fueron recuperados los cuerpos de 54 personas que están en proceso de identificación. Las exhumaciones se realizan en el marco del caso 03: “Muertes Ilegítimamente presentadas como bajas en combate por Agentes de Estado», el caso 04 que investiga la situación territorial de Urabá y dentro del estudio de medidas cautelares en 17 territorios donde se presume estarían los cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Durante una semana, los expertos forenses de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz continuarán con la ubicación, prospección, recuperación y, de ser necesario, la exhumación de los cuerpos para su posterior identificación y entrega digna. Esta jornada es posible gracias a las versiones coincidentes que han suministrado miembros de la fuerza pública en la JEP sobre el traslado desde Medellín de las víctimas, la comisión de los delitos, la modalidad de encubrimiento y de desaparición forzada. Sobre los hechos ocurridos en Dabeiba, a la fecha 14 uniformados, de distinto rango, han rendido versión ante la Jurisdicción. Los hechos relatados por los agentes del Estado nunca fueron investigados en la justicia ordinaria. Además, esta diligencia se realizará después de entrevistas a testigos y toma de relatos que han entregado algunos miembros de la comunidad durante el desarrollo de este proceso. En diciembre de 2019, por ejemplo, fueron recuperados 17 cuerpos relacionados con “falsos positivos» y en la segunda jornada que se adelantó entre el 17 y 21 de febrero se exhumaron 37 más. Se trataría de personas que habrían sido presentadas de manera ilegítima como bajas en combate por parte de agentes del Estado. Dentro de estos hallazgos están los cuerpos de una familia con prendas militares, 2 niños y varias mujeres. Los técnicos forenses de la Jurisdicción se han encontrado con cuerpos que llevaban botas de caucho y cráneos con herida de arma de fuego con presencia de ojivas. El 17 de febrero la JEP entregó el primer cuerpo de un joven identificado en Dabeiba a sus familiares. Edison Lexánder Lezcano Hurtado, de 23 años, era padre de tres hijos y se desempeñaba como agricultor en zona rural del municipio cuando murió en manos de integrantes del Ejército Nacional. Con la entrega de este cuerpo terminaron 18 años de búsqueda para sus familiares. Toma de muestras A la par que los expertos forenses avanzan en las labores de exhumación, tanto Medicina Legal como la alcaldía de Dabeiba, la Personería municipal, la Unidad de Víctimas, la Gobernación y la JEP desarrollarán la segunda jornada de atención integral y toma de muestras biológicas a familiares de víctimas del conflicto armado en el municipio. Esta recopilación de material genético de miembros de la comunidad que han reportado familiares desaparecidos es fundamental para facilitar el proceso de cotejo e identificación de los cuerpos que son recuperados. Más de 121 personas se han inscrito voluntariamente ante las autoridades locales para participar de la jornada. ​

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Fotografía: Cortesía CRIC. En el pasado mes de abril, el DANE informó sobre cuáles son las condiciones de vivienda de los casi 50 millones de personas que habitan en Colombia. De este total, 18.2 millones no cuentan con vivienda digna; es decir, de las 14.060.645 viviendas que hay en el país, 1.378.829 están construidas con tejas, plásticos o madera y/o presentan situaciones de hacinamiento, a esto se suma que 3.765.616 son casas donde no han sido instalados servicios públicos, alcantarillado o en su estructura hay dificultades. Adicionalmente, según este informe, 19.000 familias viven en cambuches, carpas o debajo de puentes. Esta realidad, aunque crítica, parece no haber sido atendida de manera eficaz y eficiente por parte del Gobierno Nacional, el Ministerio de Vivienda, los gobiernos locales y las entidades encargadas, pues sigue siendo una constante ver conflictos y gente exigiendo que se les cumpla con su derecho a la vivienda digna. Esta negligencia ha llevado a que se continúe la violación de derechos humanos, incluso cuando se está exigiendo por un derecho que ha venido siendo desatendido por años, y que ahora en medio de una pandemia, se ha acentuado y hecho más visible la problemática de acceso a vivienda que cumpla con condiciones adecuadas de habitabilidad. Esto se ha venido evidenciado de forma crítica durante la cuarentena, que en sus primeros días tuvo una de sus consecuencias en Altos de la Estancia, en la localidad de Ciudad de Bolívar en Bogotá, en donde durante varios días desde el 02 de mayo se realizaron desalojos avalados por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la Personería Local, Secretaría de Seguridad, el IDIGER, la Secretaría de Hábitat e Integración Social, en los cuales el ESMAD y las entidades anteriormente nombradas más allá de promover un diálogo o la búsqueda de soluciones para la comunidad, terminaron agudizando las problemáticas existentes en dicha zona, aumentando el miedo, la zozobra y poniendo a la gente a enfrenta la destrucción de lo que tenían construido, además de las agresiones físicas que resaltan en cada intervención del Escuadrón. En Colombia, 18.2 millones no cuentan con vivienda digna; es decir, de las 14.060.645 viviendas que hay en el país, 1.378.829 están construidas con tejas, plásticos o madera y/o presentan situaciones de hacinamiento, a esto se suma que 3.765.616 son casas donde no han sido instalados servicios públicos, alcantarillado o en su estructura hay dificultades. Imagen: Pares. Una cronología del abuso Luego de este hecho que estuvo atravesado por la presencia por varios días del ESMAD, se conoció que en La Viga, Pance, Cali, personas que también estaban habitando en un terreno cercano al Río Pance, al no tener dónde más ubicarse, ante la crisis económica agravada con la pandemia, también habían sido desalojadas por medio de la Fuerza Pública, quienes destruyeron las viviendas y los cultivos que la comunidad trabajaba en esta zona. Adicional, en su momento se denunció que había una negación de escuchar a la comunidad y establecer conjuntamente soluciones. Hay que señalar que en este punto vivían más de 20 familias. Días después, el 23 de junio, se reportó que en Ciudadela Sucre en Soacha había alrededor de 800 personas que se habían instalado en un lote donde ubicaron algunas carpas, ante la imposibilidad de solventar gastos de arriendo, dado el escenario económico crítico acentuado con la pandemia, pero también siendo un resultado de los problemas estructurales que hay para poder tener acceso a una vivienda digna. En este sentido una de las peticiones que se hacía era la presencia del dueño o dueña del lote para poder mediar con la intención de un acuerdo económico y de construcción. Lo anterior teniendo en cuenta el problema desde hace por lo menos 40 años con los llamados tierreros, quienes venden terrenos de forma ilegal generando urbanizaciones informales, que como una de sus consecuencias tiene, precisamente, los desalojos que se dan institucionalmente e incluso a través de la violencia, creando una doble afectación a quienes han encontrado en los asentamientos ilegales una solución para las pocas garantías de vivienda. En medio de los hechos ocurridos en Soacha fue asesinado Duván Aldana, un joven de 15 años que, en los enfrentamientos que generó el ESMAD, recibió un impacto de un proyectil de arma de fuego que minutos más tarde le causó la muerte. Esta situación de nuevo puso sobre la mesa la responsabilidad de la Fuerza Pública con la gente, pues de nuevo eran noticia por actos que atentaban contra los derechos humanos de quienes debían en su servicio proteger. Hoy esta situación se repite, esta vez en Leticia, Amazonas. No hay respuestas para la comunidad, pero sí ESMAD Desde la mañana de este 28 de octubre comenzó a conocerse que la Policía Nacional, el Ejército Nacional, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Leticia, Migración Colombia, ICBF, la Alcaldía de Leticia y la Defensa Civil, habían llegado al Coliseo Municipal, punto desde donde coordinarían un desalojo en el barrio Iane. Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, se informó que entre las familias que están siendo desalojadas hay seis (6) con personas en condición de discapacidad, 30 desplazadas, seis (6) mujeres en gestación y 15 mujeres en situación de riesgo, causa por las que la varias de las personas que hicieron un cordón humano desde que se conoció sobre el desalojo, se enfrentaron al ESMAD reclamándoles que respetaran a quienes están en esta zona. Imagen: Pares. Desde temprano, alrededor de 150 agentes del ESMAD llegaron a la zona donde se ubicaban cerca de 625 familias pertenecientes a 12 pueblos indígenas en Leticia, Amazonas, según lo informado por la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC–. Allí aunque se insistió en un diálogo con el presidente Iván Duque y a pesar que se advirtió que en la zona habían niños/as, mujeres en estado de embarazo y personas de la tercera edad, el Escuadrón, que viajó desde Bogotá hasta Leticia, comenzó a lanzar gases en el punto, generando miedo en quienes allí estaban, además de la afectación física. Hay que señalar que en medio de una rueda de prensa el alcalde municipal de Leticia, Jorge Luis Mendoza Muñoz, afirmó que la comunidad está allí desde el mes de septiembre, mientras que en Contagio Radio se citó que William Capiul, autoridad tradicional del Pueblo Yucuna, había sostenido “que ese territorio pertenece a las comunidades ancestrales quienes lo han ocupado de manera milenaria y que fueron instituciones estatales las que arrebataron dichas tierras a los/as indígenas”. Asimismo, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, se informó que entre las familias que están siendo desalojadas hay seis (6) con personas en condición de discapacidad, 30 desplazadas, seis ( 6) mujeres en gestación y 15 mujeres en situación de riesgo, causa por las que la varias de las personas que hicieron un cordón humano desde que se conoció sobre el desalojo, se enfrentaron al ESMAD reclamándoles que respetaran a quienes están en esta zona. Pero, incluso a pesar de esos intentos de diálogo con el Escuadrón, los gases lacrimógenos no sé hicieron esperar, lo que terminó afectando gravemente a la comunidad, causando, como lo comunicó la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana -OPIAC- la muerte de una mujer adulta mayor y un bebé en medio del operativo, además, cerca de 20 personas quedaron heridas de gravedad. Hay que señalar que la ONIC y el CRIC, han informado sobre tres personas que perdieron la vida, no obstante esta información está a la espera de confirmación. Por su parte, desde el Gobierno Nacional y el Ministerio de Vivienda no se ha reportado ninguna comunicación, mientras que el alcalde Jorge Luis Mendoza Muñoz en rueda de prensa salió a defender el desalojo, diciendo que se habían hecho acciones anteriormente y que estaba en el deber de “restituirle el derecho al propietario, es decir, a la Alcaldía de Leticia y a la Sociedad de Activos Especiales. Aunque Mendoza señaló que mañana se harían anuncios sobre viviendas de interés social, no se manifestó también sobre reestablecer los derechos a las personas que fueron vulneradas durante el operativo y que han sido ignoradas en su exigencia por la vivienda digna por años. Hoy, y con todo lo que le ha costado a la gente el discurso de protección a la propiedad privada, vale la pena cuestionarse, ¿de qué lado están las autoridades nacionales y locales?, pues lo sucedido hoy es una radiografía de lo que está pasando en el país, que además recuerda que en Bogotá continúa un grupo de personas al frente del Ministerio de Vivienda pidiendo lo mismo que la comunidad de Leticia, que las personas en Ciudad Bolívar, Soacha, Pance y seguramente en cada departamento del país.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Este miércoles, un grupo de organizaciones internacionales hicieron pública una declaración en la que hacen un llamado a las autoridades colombianas para que tomen medidas efectivas y oportunas para proteger la vida y la integridad personal de cada uno(a) de los firmantes de paz, sus comunidades y familias que conduzcan a garantías reales y sostenibles de seguridad, reconociendo la gravedad de la situación que enfrentan así como realizar una investigación pronta, oportuna, eficiente, independiente para que se esclarezcan los hechos y que lleve a la identificación y al debido proceso de los autores materiales e intelectuales. Descargue aquí la declaración El hecho que desencadenó esta declaración ocurrió en la mañana del pasado 16 de octubre, cuando se conoció que en zona rural de Uribe (Meta) había sido asesinado Juan de Jesús Monroy Ayala, conocido como Albeiro Suárez, quien lideraba la reincorporación los exguerrilleros de las Farc en el departamento del Meta y era parte del Consejo Territorial de Paz de la zona, además, en el sitio donde ocurrieron los hechos también fue asesinado uno de sus escoltas, Jeferson Mandela, quien era exguerrillero y estaba adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP). «El Estado colombiano y en particular el Gobierno nacional tienen, por mandato de la Constitución y de las leyes, y de conformidad a los tratados internacionales de Derechos Humanos, la obligación de proteger a todos los ciudadanos en su vida e integridad personal, y de manera particular a quienes han suscrito acuerdos de paz.» Imagen: Pares. Muestra de este incesante panorama es que luego del asesinato de Albeiro y Jeferson han sido asesinado dos firmantes más: Marcial Macías Alvarado en Balboa (Cauca) y Libardo Becerra en San Vicente del Caguán (Caquetá), con quienes la cifra que se pide no siga en aumento siguió subiendo a 236 firmantes asesinados desde 2016 y más de 50 en lo que va del 2020. Es urgente hacer mención a que, por ejemplo, en el caso de Jesús Monroy Ayala, se venía solicitando mayor acompañamiento, pues hacía dos meses él había denunciado ante la JEP amenazas de grupos neoparamilitares que aparecieron en esa región del Meta. Sin embargo, ante una notoria falta de políticas de protección su trabajo por la paz del territorio le costó la vida días después de haber hecho la alerta. A esto se suma que hace poco desde la ONU se advirtió que habían sido aprobadas por parte de la Unidad Nacional de Protección 94 medidas urgentes de protección para excombatiente, sin embargo, siguiendo el seguimiento que ha venido realizando la organización, 19 excombatientes han sido asesinados en los últimos cuatro años mientras esperaban una respuesta a sus solicitudes de protección. Por lo que resaltan la importancia de que la Unidad cuente con suficientes recursos para que pueda tramitar las más de 400 solicitudes de protección pendientes. Tras este preocupante contexto la regional del Meta del Partido Farc decidió realizar una movilización desde Vistahermosa, Meta hacia Bogotá desde el pasado 21 de octubre, con el fin de insistir en la protección de las personas que se acogieron al Proceso de Paz, así como para exigir justicia por los sistemáticos asesinatos cometidos contra personas en proceso de reincorporación. Dicha peregrinación ya está en Villavicencio y a la iniciativa se han sumado organizaciones y firmantes desde otras zonas del país, tal es el caso de los excombatientes de las Farc en Norte de Santander y las delegaciones desde Cúcuta, Tibú, San Calixto y otros municipios del Catatumbo, que anunciaron también llegarán a Bogotá, al igual que encargados que vendrán desde otros puntos del país como Huila, Caquetá y Putumayo. Sobre estas acciones, otras organizaciones han decidido expresar su apoyo y además su preocupación por lo que está ocurriendo con las personas en proceso de reincorporación, muestra de esto es que recientemente varias ONGs internacionales han insistido por la urgencia de la implementación del Acuerdo. Un llamado al Gobierno desde ONGs internacionales Organizaciones como Diakonia, la Federación Luterana Mundial, Forum Syd, el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), We Effect y Act IS hicieron una declaración respaldada por el Espacio de Cooperación para la Paz, en el que como ejecutoras del “Proyecto Aremos Paz”, que busca contribuir a la implementación varios puntos del Acuerdo de Paz, hicieron un llamado al Gobierno Nacional ante los hechos de violencia cometidos contra los/as firmantes de paz. Mencionan frente a lo ocurrido el pasado 16 de octubre que: “El asesinato de Juan de Jesús y John Alexander es un ataque directo a la paz que hemos buscado durante décadas. Este crimen pretende hacer regresar al país a la brutalidad de la confrontación armada, al tiempo que expresa un profundo odio e intolerancia para acoger a quienes optaron por dejar las armas y dejar atrás la lucha armada. Juan de Jesús no solo fue un líder comprometido con el proyecto Aremos Paz, sino también con varias otras iniciativas de construcción de paz apoyadas por la cooperación internacional”. «Es nuestra esperanza que un crimen como este no se repita más en la geografía nacional, no podemos permitir que el miedo se reinstale en las comunidades rurales que le están apostando a la Paz.» Imagen: Pares. A esto agregan que también hay una necesidad de protección a las comunidades con las que vienen trabajando las personas en proceso de reincorporación, así como de sus familiares, pues hay que mencionar que el hostigamiento, persecución y amenaza también han sido dirigidos sistemáticamente hacia estas personas, donde vale la pena recordar que solo en los últimos meses han sido asesinados Camilo Sucerquia, hijo de la excombatiente Nidia Sucerquia, en zona rural del municipio de Ituango, Antioquia y Jhon Carlos Montaño, hijo del firmante José Montaño, en Algeciras, Huila. Así, además reclamar que se detenga el genocidio contra quienes le han apostado a la paz, también se concluye solicitando que “ las autoridades colombianas dentro del marco de sus funciones tomar medidas efectivas y oportunas para proteger la vida y la integridad personal de cada uno(a) de los firmantes de paz, sus comunidades y familias que conduzcan a garantías reales y sostenibles de seguridad, reconociendo la gravedad de la situación que enfrentan así como realizar una investigación pronta, oportuna, eficiente, independiente para que se esclarezcan los hechos y que lleve a la identificación y al debido proceso de los autores materiales e intelectuales”. En estos momentos una peregrinación por la vida recorre las calles del país con un mensaje claro a la sociedad civil y al Gobierno Nacional para que protejan la vida de cada firmarte de paz. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»