Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado 26 de octubre se conoció que Carlos Navia, fundador y fiscal de la Asociación de Juntas de Acción Comunal -Asocomunal-, además, integrante del Coordinador Nacional Agrario –CNA- y del Congreso de los Pueblos, había sido asesinado en Argelia, Cauca, en hechos que todavía no están claros. La vida de Carlos fue otra vida perdida en uno de los departamentos más golpeados por la ola de violencia que se vive en el país: Cauca, zona donde solo en el periodo del 01 de enero de 2020 hasta el 21 de octubre habían sido asesinados, al menos, 79 líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos, cifra que más allá de la cantidad demuestra el riesgo en el que están las personas y procesos organizativos que dedican su trabajo a proteger a la comunidad y el territorio. A esto se suma que en este mismo departamento se han registrado 09 masacres, según datos de Indepaz, siendo la segunda zona con más casos de este tipo, que en el país se han convertido en una alerta y un llamado a los organismos que deberían garantizar la seguridad en el país, pues se tiene el crítico registro de un 68 masacres, en las que han sido asesinadas 270 personas. Hay zonas donde la violencia ya logró vencer cualquier miedo de la gente a la pandemia, y les ha convocado a las calles a exigir que cese la persecución que hay contra procesos organizativos, personas que ejercen liderazgos sociales y de defensa a comunidades. Imagen: Pares. En este contexto se agrega que hay zonas donde la violencia ya logró vencer cualquier miedo de la gente a la pandemia, y les ha convocado a las calles a exigir que cese la persecución que hay contra procesos organizativos, personas que ejercen liderazgos sociales y de defensa a comunidades. Las últimas movilizaciones convocadas en todo el país el pasado 21 de octubre y la Minga Indígena del Suroccidente que llegó desde el Cauca hasta Bogotá con un claro mensaje al presidente Iván Duque: un debate político por la vida, el territorio, la democracia y la paz, son una clara muestra de ello . Petición que a pesar de su urgencia para todo el territorio nacional no fue asumida por el mandatario. Esta necesidad de movilización ha llegado a zonas como el Cañón del Micay, constituida por los municipios de Argelia, El Tambo y López del Micay, puntos del Cauca atravesados por el río Micay, una de las afluentes más extensas del departamento, que además recuerda lo rica que es esta región, donde dicha riqueza natural le ha costado la explotación minera, y de paso el daño al entorno natural, así como convertirse en un importante corredor de tráfico de drogas y armas, que ha desatado un serie de críticos conflictos. Siguiendo lo anterior, es necesario nombrar que, según lo publicado en el informe ‘Más sombras que luces’ de Pares, en el Cañón del Micay tiene presencia las Guerrillas Unidas del Pacífico, el ELN, el grupo postFarc del anterior Frente 6, autodenominado Carlos Patiño y otro, del antiguo Frente 29, conocido como Frente Estiven González. A esto se le ha sumado la presencia del Clan del Golfo con una estructura criminal de tercera generación que se designa como “Héroes de la Cordillera”. Este panorama ha dejado que en la zona se sigan reportando masacres, asesinatos, desapariciones y desplazamiento, que, además de generar un ambiente de miedo y zozobra para la gente que allí habita, también están afectando el tejido social, y puesto en riesgo cualquier tipo de organización campesina, afrocolombiana e indígena. Acciones de exigencia y defensa en el Cauca Ante esto más de 30 organizaciones entre las que están el Coordinador Nacional Agrario –CNA-, el Proceso de Comunidades Negras –PCN-, el Congreso de los Pueblos –CDP-, el Comité de Integración del Macizo Colombiano –CIMA-, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO-, la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca y el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente –PUPSOC, han convocado a una caravana humanitaria. Precisamente llevará el nombre de la Primera Caravana Humanitaria al Cañón Del Micay: un canto por la vida y la paz del territorio, la cual está programada desde el próximo 29 de octubre hasta el 2 de noviembre, días en los que se recorrerán los municipios de Argelia y El Tambo junto a la gente y los procesos organizativos que reclaman mayor seguridad en los lugares que habitan y justicia con lo que ha ocurrido en estos puntos del Cauca, esto con el fin de dignificar el territorio y hacer un llamado para que el Gobierno Nacional ponga atención sobre lo que está ocurriendo en el Cañón Del Micay. Esto, pues la solución promovida por Iván Duque ha sido militarizar el departamento: “más de 7.600 militares patrullan el territorio, pero su accionar está lejos de recuperar la paz y la tranquilidad de sus habitantes. Su accionar se enfoca en reprimir y criminalizar los tejidos organizativos de las poblaciones campesinas, afrocolombianas e indígenas que hacen presencia en la región”, se denunció en el comunicado emitido por la Caravana Humanitaria. A lo anterior se agrega que en dicho contexto y al haber una intención de la Fuerza Pública por la erradicación forzada, se han generado tensiones y estigmatización de la sociedad civil, que además del señalamiento, incluso a los procesos organizativos, también ha provocado otra serie de violencias ejercidas por instituciones como la Policía y el Ejército, que en este año en zonas como Norte de Santander ha dejado a varias víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Por eso se insiste en otro tipo de acciones para frenar la violencia, empezando por el cumplimiento a lo acordado en La Habana, lo cual había generado una esperanza en el territorio, al ser uno de los más afectados por el conflicto armado y que ha estado en un constante retorno a escenarios de violencia, por lo que además de esto se exige que se dé paso al proceso de diálogo entre el Gobierno y el ELN. Adicionalmente se pide, sin obtener respuesta positiva hasta el momento, que se haga acompañamiento institucional a los procesos de las comunidades organizadas que trabajan por la permanencia en el territorio, la dignificación de la vida, la protección de la madre Tierra y la defensa de los Derechos Humanos. Además de avanzar en el diseño e implementación de la política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo por parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Así como fortalecer por parte de las autoridades competentes las medidas necesarias para eliminar la violencia y realizar las investigaciones y judicializaciones de quienes atentan contra las garantías de seguridad de los pueblos y comunidades. También se agregó un llamado a organismos internacionales y nacionales de Derechos Humanos para que hagan veeduría de lo que ocurra antes, durante y posterior a la Primera Caravana Humanitaria al Cañón Del Micay. La violencia no ha dado tregua, mientras que las acciones de protección parecen lejanas por parte del Gobierno Nacional, por eso, unas 400 personas marchan con destino a Bogotá, lideradas por Deciberio Aguilar, líder del centro poblado Georgina Ortiz, ubicado en la vereda La Cooperativa, de Vistahermosa, pidiendo respeto por la vida y garantías para poder seguir apostándole a la paz. Imagen: Pares. Los excombatientes también se movilizan por la vida Tras el asesinato de los firmantes Juan de Jesús Monroy Ayala y Luis Largo, la regional del Meta del Partido Farc decidió realizar una movilización desde Vistahermosa hacia Bogotá desde el pasado 21 de octubre, con el fin de insistir en la protección de las personas que se acogieron al Proceso de Paz, así como para exigir justicia por los sistemáticos asesinatos cometidos contra personas en proceso de reincorporación, que a la fecha son 236 luego de la firma y una cifra que asciende las 50 personas en lo que va del año. Asimismo, como se informó desde el Partido, estos hechos se han venido concentrando en los departamentos de Norte de Santander, Cauca y Antioquia. Adicionalmente, desde la Agencia de Reincorporación y Normalización se informó hace unos días que 13.936 personas están acreditadas y desvinculadas en el marco de los acuerdos con las Farc. De ellas 13.098 están en proceso de reincorporación con la ARN, mientras que de estas últimas 2.626 han optado por permanecer en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y 9.561 de ellas se han ubicado por su propia cuenta en distintos puntos alrededor de todo el país. No obstante, e incluso con el compromiso de cada persona que continúa su proceso de reincorporación, la violencia no ha dado tregua, mientras que las acciones de protección parecen lejanas por parte del Gobierno Nacional, por eso, unas 400 personas marchan con destino a Bogotá, lideradas por Deciberio Aguilar, líder del centro poblado Georgina Ortiz, ubicado en la vereda La Cooperativa, de Vistahermosa, pidiendo respeto por la vida y garantías para poder seguir apostándole a la paz. Además, a la peregrinación por la vida y por la paz también se han sumado desde otras regiones del país, tanto firmantes, como organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, quienes también han convocado actos de exigencia en distintos puntos del país. Por el momento, la caravana continúa en Villavicencio y se espera que pronto llegue hasta la capital del país y que tras este largo y simbólico recorrido Iván Duque tome decisiones efectivas y eficaces.

Por: Línea de Democracia Pares. Desde la elección de Alexander Vega como registrador, no sólo la entidad parece ir en la vía contraria de la reforma sino también el Congreso, que parece más preocupado por actualizar el código electoral para regular el uso de tecnologías en los certámenes, que la estructura y función pública de la organización electoral, principal desfase que encontró el alto tribunal entre el código de 1986 y el nuevo modelo de Estado adoptado en la Constitución del 91. Hasta la fecha, Alexander Vega ha despedido a más de 1500 funcionarios de la Registraduría (ver anexo 1, respuesta de la Registraduría Nacional a derecho de petición), nombrando en algunos de dichos cargos a fichas de los clanes políticos, contratistas de antaño de la Registraduría y hasta sobrinos de magistrados del Consejo de Estado. Al presidente Duque, por su parte, le prometió la vinculación de 1000 jóvenes, el 10% de la planta del personal de la Registraduría. Y ahora pretende impulsar la politización de la entidad en el Congreso a través del nuevo código electoral, transformando cargos de carrera, como los registradores municipales y auxiliares, a los que se accedía por concursos de méritos y por tanto, tenían protección reforzada, en cargos de libre remoción “por pérdida de confianza”. Y, a pesar que ninguno de los cargos incluidos en el artículo son de libre nombramiento, el Registrador ha nombrado a dedo personas para suplir las vacantes que el mismo generó, en contravía de lo estipulado por la ley y la Corte Constitucional. Los nombramientos De las más de 1500 personas nombradas por Vega se encontraban 31 delegados departamentales, 15 de los cuales reemplazaron a aquellos que entraron por concurso de méritos en el 2008 y 15 que reemplazaron a quienes estaban en provisionalidad, al menos 102 registradores municipales que también reemplazaron a aquellos que estaban en provisionalidad, 32 auxiliares, entre otros. Todos los cargos que deberían ser provistos por concurso de méritos y cuya desvinculación de la entidad, no está permitida al Registrador Nacional. Pares se dio a la tarea de indagar si en efecto, como nos aseguraron nuestras fuentes, existen conexiones probadas entre los delegados departamentales nombrados por Vega y políticos. De los 31 delegados departamentales nombrados por Vega, nómina que alcanza aproximadamente 372 millones de pesos mensuales, 11 tienen conexiones comprobadas con partidos políticos e incluso uno, el de Barranquilla, le agradeció públicamente en su nombramiento al Clan Char, dueños y señores del Atlántico con graves cuestionamientos por corrupción, y 2 pertenecen al seno del sindicato de la Registraduría. Descargue aquí el informe completo Descargue aquí información anexa al informe

Por: Redacción Pares. Un equipo de la UBPD, liderado por la directora general, Luz Marina Monzón, desarrollará acciones humanitarias en el municipio de Samaná (Caldas), en el marco del Plan de Búsqueda Regional que se desarrolla en esta región del Magdalena Medio Caldense. A partir de este lunes y hasta el ocho de noviembre, la UBPD intervendrá el cementerio San Agustín en Samaná, en donde tiene proyectado recuperar cuerpos que corresponderían a personas desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado. De manera paralela, la Unidad de Búsqueda realizará por primera vez toma de muestras biológicas a 182 familiares de víctimas de desaparición de la región. “Por primera vez el Estado en cabeza de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas junto a los familiares de las víctimas y las organizaciones realizan una acción humanitaria en el cementerio de Samaná, en el Magdalena Medio caldense, con el propósito de contribuir al alivio de su sufrimiento, que produce no saber la suerte y paradero de sus seres queridos”, indicó Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Esta misión humanitaria es el resultado del trabajo conjunto entre la Unidad de Búsqueda y el Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (CEDAT), de la U. de Caldas; el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (EQUITAS), y la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (FUNDECOS). Dichas organizaciones, en febrero pasado, le entregaron a la Unidad de Búsqueda una investigación que da cuenta de 187 casos documentados de personas dadas por desaparecidas en cuatro municipios del oriente de Caldas: La Dorada, Norcasia, Victoria y Samaná. De cara a estas acciones humanitarias, la directora Luz Marina Monzón insistió en que la Unidad de Búsqueda tiene proyectado avanzar en los demás municipios documentados y ratificó su compromiso en garantizar, en cada una de las fases del proceso de búsqueda, la participación tanto los familiares que buscan a sus seres queridos, como de las organizaciones de derechos humanos que los acompañan. Colombia, un extenso universo de víctimas Cabe recordar que, para el caso colombiano tal y como lo ha explicado Luz Marina Monzón —en contexto y en razón del conflicto armado colombiano— se ha calculado que la búsqueda es de alrededor de 120.000 personas dadas por desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado. Entre 1958 y 2016 que es el límite de nuestro periodo. Justamente, en una entrevista con Pares realizada en diciembre del 2019, Luz Marina Monzón señaló: espero que la Unidad, con la tarea humanitaria y extrajudicial que tiene de buscar a las personas desaparecidas y de contribuir a la verdad en la búsqueda de esos desaparecidos, pueda sacar de la incertidumbre y del desconocimiento sobre qué es la desaparición y qué ha sido la desaparición forzada en Colombia. La Unidad va a contar quiénes son los desaparecidos, cuándo fueron desaparecidos y a dónde fueron llevados. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), a corte del 1 de junio de 2019, hay 124.859 víctimas de desaparición forzada. A propósito, el Comité Internacional de la Cruz Roja, para junio de 2019, señaló que este no es un flagelo del pasado y que después de la firma del Acuerdo de Paz —24 de noviembre de 2016—; en Colombia se registra “una desaparición cada cuatro días por razón de conflicto armado y la violencia.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Hace algunas horas se confirmó la muerte de Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, quien fue dado de baja este domingo 25 de octubre, tras una operación de asalto realizada por un grupo de Fuerzas Especiales del comando de las Fuerzas Militares -Ccoes-, en la vereda Barrancocito del municipio de Nóvita (Chocó). Tras este hecho el presidente Iván Duque salió mediáticamente a informar que: “el día de hoy (25 de octubre) se adelantó la operación Odín, en la cual fue abatido el terrorista Andrés Felipe Vanegas, que utilizaba el alias de Uriel. Este criminal fue abatido en una operación meticulosa de inteligencias compartidas del Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea, además con el apoyo de la Fiscalía” aseguró el presidente desde el Cantón Militar el Caraño ubicado en Quibdó. No obstante, el subdirector de Pares, Ariel Ávila, había alertado de la presencia de dos niños/as en el sitio donde se adelantó el operativo. Se trataría, como lo indicó en Twitter el analista, de “una niña de 10 años y un niño de 6 años que, al parecer, visitaban a familiar dentro del grupo. La niña se llama Tamara y el niño Yeimar”. En dicho momento se denunció, con autorización de los familiares, la desaparición de los menores, además del riesgo en el que podrían estar ante la posibilidad de que hayan resultado heridos tras la acción. “Ya se alertó a la Defensoría del Pueblo. A los niños y a las niñas no se les puede involucrar en la guerra. Es necesario salvarlos y entregarlos a sus madres”, agregó Ávila. Hay que señalar que también se comunicó que las denuncias fueron realizadas por las madres de los menores y que presuntamente la niña y el niño fueron sacados del combate por parte de uno de los guerrilleros, quien los habría trasladado a una casa de la región. En ese sentido, la semana pasada se cuestionó al ministro de Defensa, por no entregar información sobre posibles asesinatos de 36 niños y niñas por parte de agentes de agentes de la Fuerza Pública, según lo aseverado por Roy Barreras y, como él lo indicó, siguiendo registros oficiales en cifras de Medicina Legal. Por otra parte, que ante la gravedad de los hechos Carlos Holmes Trujillo salió a defender la operación: “el Estado bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario tienen la potestad de hacer operaciones cuando hay menores de edad. Se pueden hacer respetando el principio de proporcionalidad y distinción. Cuando hay menores de esta naturaleza quien viola el DIH es quien tiene al menor en ese campamento”, indicó el funcionario. A esto se suma que durante la mañana de este lunes se informó que el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, confirmó que había información de inteligencia de que en el campamento en el que se encontraba alias Uriel del ELN había dos menores de edad. Adicionalmente, se ha afirmado que en el lugar de los hechos solo fue hallado el cuerpo de alias Uriel, que fue considerado desde la Fuerza Pública que ejecutó la acción como un objetivo de alto valor. Por otro lado, hay que indicar que desde la Policía se informó que el operativo se llevó a cabo gracias a información entregada por parte de “algunos estudiantes e integrantes de grupos radicales” de ciudades como Bogotá, Medellín y Pereira y luego de un seguimiento que se le estaba realizando desde el 2018. Asimismo, como lo explicó Ariel Ávila, alias Uriel era el tercero al mando y encargado de temas políticos del frente de guerra occidental, adicional, era uno de los opositores a los diálogos con el Gobierno, a lo que se le agregaba que era parte de una de las estructuras que opera en el Chocó, la Costa Pacífica, el Valle del Cauca y parte del Urabá antioqueño, conformada como una de las estructuras más grandes de la guerrilla. “Esto va a merecer una salida a cobrar del ministro de Defensa, pues esto va a tener un impacto mediáticamente muy importante porque tal vez va a ser el único gran resultado a mostrar en el último año de objetivos de alto valor, entonces lo van a cobrar muy duro y vamos a ver qué pasa con esa estructura y con los operativos militares hacia esa estructura”, concluyó Ávila.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. El pasado 22 de octubre altos funcionarios del gobierno nacional, “amenazaron” con el uso del glifosato. No les bastó con que un juez de la ciudad de Pasto ordenara a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), suspender las audiencias comunitarias (decisión aún vigente). El haber estado vinculado a la implementación de los acuerdos, específicamente sobre sustitución de cultivos de uso ilícito, me permite afirmar y corregir tesis sobre el particular. Dice el Mindefensa Holmes que en el Pnis “se diseñó un sistema de incentivos que terminaron siendo incentivos perversos, que se traducen en a más coca más beneficio…”; miente el ministro. Defendemos la sustitución como la salida, la participación de los y las pequeñas productoras no maquillada sino de forma real. Una sola agenda para los pactos no es hacer un discurso en positivo frente a la sustitución, pero colocar condiciones imposibles de resolver, como por ejemplo sólo levantar el cultivo si se ve ya realizada la infraestructura institucional requerida en los territorios. Imagen: Pares. Los 36 millones de pesos que se fijaron para el levantamiento definitivo de las matas y la construcción de apoyos a las familias, tuviesen un cuarto, media, una o hasta tres hectáreas sembradas, es menos de los “210 millones que vale asperjar una hectárea visto que se debe repasar varias veces y se debe asperjar 30 colindantes para que deberás muera” según el ex ministro de salud Alejandro Gaviria. Y no sea por ejemplo efectivo el aguamiel como el mejor antídoto a este veneno. He llegado a la conclusión que algunos sectores le han hecho apología a los cultivos y de eso se valen los que pregonan que “no hay nada que hacer”, y se basan en su rentabilidad, olvidan el carácter ilegal, la persecución penal que en contravía al acuerdo con las Farc hace el gobierno Duque tratando a las y los pequeños productores como narcotraficantes. Se trastocan los valores históricos del campesinado, y claro, ello le sirve a un gobierno mafioso, mentiroso, que se la juega por el fracaso de sus programas en este sector, estigmatizan regiones como el suroccidente minguero, siguen los poderosos lucrándose económicamente y van haciendo trizas los acuerdos. A eso es a lo que le apuestan. Y nosotros en el Cauca sin liderazgo, sin gobernador que sin iniciativa repite el discurso del bajo consejero de paz Ceballos y de Archila. Defendemos la sustitución como la salida, la participación de los y las pequeñas productoras no maquillada sino de forma real. Una sola agenda para los pactos no es hacer un discurso en positivo frente a la sustitución, pero colocar condiciones imposibles de resolver, como por ejemplo sólo levantar el cultivo si se ve ya realizada la infraestructura institucional requerida en los territorios. Recuperar la institucionalidad, la credibilidad en la palabra, determinar otros funcionarios con quienes sea posible desarrollar programas tipo PNR; construcción diferenciada de alternativas para el cañón del Micay que contiene terrenos de Argelia y el Tambo, así como para el alto Naya, a diferencia del resto de territorios. La voluntad política nacional NO es solo buscar alternativas a la hoja de coca, es DESARROLLO REGIONAL, acordar sistemas productivos agroecológicos. Es así como superamos el retórico debate de la coca.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Alfredo Molano Bravo partió a otra dimensión hace un año, sigue presente con su vida, su trasegar, sus enseñanzas en una obra rica y enormemente aleccionadora. En estos días viendo un documental producido por la Comisión de la Verdad, que aquí lo pueden ver: Alfredo dice que el sentido de la historia de Colombia, yo diría la marca distintiva, es la exclusión y estoy plenamente de acuerdo con él, eso explica nuestra historia: una sistemática exclusión social, política, económica y cultural. Esta semana estuvo en Bogotá la Minga social del suroccidente, nos trajo cuatro mensajes: vida, territorio, democracia y paz, son cuatro mensajes poderosos, de los que han sufrido esta exclusión histórica con sus múltiples violencias que desafortunadamente siguen presentes en la sociedad colombiana, al igual que ese orden que las promueve del cual nos ilustró, nos mostró y sensibilizó con su obra Alfredo Molano. Decir que la vida corre peligro en Colombia es decir lo evidente: cerca de setenta masacres en lo que va corrido del año y no hay semana en que no registremos un asesinato aquí y otro más allá, le siguen echando bala a los que defienden sus comunidades, sus territorios, los que buscan alternativas para la vida digna, por eso el reclamo de la Minga es justo y necesario. Hay un genocidio en curso contra el liderazgo social y político, viene de muy lejos, hoy es visible por la ilusión de paz que generó el acuerdo firmado por las FARC. Hubo unos años entre 2016 y 2018 que fueron menores las cifras de criminalidad contra los hombres y mujeres que trabajan junto y por sus comunidades. En los últimos años hay más visibilidad mediática y sensibilidad política frente a la criminalidad que se ejerce contra comunales, campesinos, indígenas, afros, líderes políticos, pero este no es un tema nuevo, es la vieja forma de exclusión política que se ejerce contra los contradictores, para eliminarlos plenamente y atemorizar a las comunidades e imponer sus intereses. Imagen: Pares. El corazón de todos los conflictos es el territorio, allí están los intereses por imponer una u otra economía, que desafortunadamente en el caso colombiano, detrás de muchos proceso económicos hay sangre y no de ahora sino desde hace muchas décadas. Por ejemplo, los indígenas y afros que vinieron en la Minga social del sur-occidente, nos han contado que hace 70 años, sus ancestros vivían en las partes planas de sur del Valle del Cauca y del Norte del Cauca, pero vino una violencia que los sacó de allí y los hizo ubicarse en las partes montañosas y luego vino la gran plantación de caña y la agroindustria azucarera y nos dice Ríos Vivos, que en el territorio donde se construyó Hidroituango se perpetraron por parte de los paramilitares 62 masacres y hay más de seiscientas personas desaparecidas y si seguimos con esta geografía de proyectos económicos y barbaries, la historia es larga. Por eso es que la lucha por el territorio es central, y por eso la minga nos dice que una de sus banderas es la defensa del territorio para quienes lo habitan, tema largo y ancho, que nos debe llevar a perseverar por un ordenamiento democrático de los territorios, donde el centro de la preocupación y la acción de las políticas públicas, sea una permanencia digna de quienes lo habitan y luego mecanismos democráticos y fuertes para la concertación de los intereses económicos. El tercer mensaje de la minga es democracia, vemos como hay un cuestionamiento de fondo a las prácticas de este gobierno que no dialoga ni concerta con las comunidades que tienen sus exigencias válidas y urgentes, como la justicia sigue siendo un campo de disputas y la Fiscalía General de la Nación es cuestionada en su independencia. Así como los grandes medios de comunicación, en su inmensa mayoría trabajan de la mano de los interés económicos que los soportan y son poco críticos con la acción de gobierno, como las instituciones que deben promover la democracia deliberativa desde el Congreso de la República, son en su gran mayoría obsecuentes con el gobierno sin mayor debate y mecanismos de control, como lo acabamos de ver con la acción francamente ilegal para votar una moción de censura contra el Ministro de la Defensa, algo tan elemental es escamoteado. Todo ello evidencia que vivimos en una democracia de baja calidad, donde para completar su precariedad, se asesina a los opositores. Hay que ampliar esta precaria democracia y hay que defender lo que tenemos de ordenamiento institucional, cada vez más vapuleado por este gobierno. El cuarto y último mensaje de la Minga es de paz. Avanzar en una Colombia en paz es llevar adelante el acuerdo firmado con las FARC, cosa que este gobierno escamotea, ni siquiera protege la vida de quienes han dejado el fusil y ahora vienen en una marcha hacia Bogotá con banderas de Colombia y banderas blancas para decirnos que los están matando y este gobierno no los protege y sus políticas y desconocimiento de lo pactado los hace más vulnerables. Y para lograr paz falta un acuerdo con el ELN, cosa que este gobierno no tiene ningún interés en ello de manera viable y realista y para lograr paz hay que someter a ese archipiélago de mafias y bandas que siguen asolando en muchos territorios y comunidades. Por la vida, el territorio, la democracia y la paz vino la minga a Bogotá, no para pedir esto o lo otro para ellos, vino a decirnos que nos mantengamos despiertas y despiertos, activos y movilizados, que estas tareas históricas siguen estando presentes y vigentes. Imagen: Pares. Luego de la minga vino el paro nacional y allí en las muchas movilizaciones se dijo que hay mucha desigualdad y carencias sociales agravadas en esta época de pandemia; que se requieren políticas que atiendan los derechos de ciudadanía básicos: salud, educación, empleos de calidad y distribución justa de la riqueza que se produce en sociedad y no este orden de inequidades y acumulación en pocas manos, que se requiere un estado con recursos para las políticas sociales, todo ello está en la protesta justa y legítima de un mundo social y organizado. Camilo Castellanos, partió a principios de octubre del año pasado, estaría feliz de ver una sociedad en movimiento, en su diversidad, porque siempre tuvo el corazón del lado de la lucha popular, del cambio, de las transformaciones. Camilo escribió recién promulgada la nueva Constitución del 91 un texto que se llama: “Al nuevo país le falta el sujeto”. Ahora, luego de tres décadas, hay más ciudadanía, más anhelo de cambio, hay una generación de jóvenes que no quieren vivir más en un país de exclusiones y democracia de baja calidad, hay una sociedad en movimiento por un nuevo orden social, donde sea posible una vida de derechos y con dignidad. Camilo Castellanos y Alfredo Molano Bravo, nos mostraron con rigor y alegría que hay que luchar y transformar. Los llevamos en el corazón.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Desde principios de mes, y tras constantes cuestionamientos que se le han hecho a la gestión del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se ha venido insistiendo en la moción de censura contra el funcionario, esto en vía de instar en su renuncia, petición por la que se ha venido pidiendo al haber una preocupación generalizada por, entre otras cosas, un crítico deterioro de la seguridad en el país. Así, bajo dos ejes se citaron a debates tanto en la Cámara, como en el Senado. En la primera instancia se realizó el pasado hace unas semanas, centrándose la discusión en el presunto desacato del ministro a un fallo que había emitido la Corte Suprema de Justicia días antes, en el que, entre otras cosas, se le solicitaba pedir perdón por los abusos de la Policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- en el marco del Paro Nacional. Días después, se citó a votación frente a lo dicho por el funcionario en la sesión, obteniendo 136 votos para que Carlos Holmes permaneciera en el cargo. El 22 de octubre la cita era en el Senado, en donde en la agenda legislativa estaban un debate de control político promovido por el senador Roy Barreras, y luego la moción de censura, que había sido citada por el senador Jorge Robledo, argumentando una presunta violación a la Constitución Política por parte del ministro, al permitir el ingreso al país de un batallón de soldados de Estados Unidos sin el permiso del Senado. Por su parte, Barreras ha venido denunciando hechos como el debilitamiento del orden público, además, el congresista señaló que, además de los ocho menores que murieron durante un bombardeo en Caquetá el año pasado, más niños/as han muerto en operaciones de las Fuerzas Militares: “Son 36 los niños y niñas en registros oficiales en cifras de Medicina Legal. Estoy hablando de niños y niñas muertos por agentes y balas de la Fuerza Pública. ¿Por qué el ministro no se lo ha informado a Colombia? ¿Por qué Colombia no lo sabía? ¿Por qué no sabe que están matando niños y niñas? ¿Será que mataron esos niños en combates, en ataques, ni siquiera sabíamos que eran 36 los niños?”, señaló el senador. Adicionalmente, el congresista también afirmó que, al menos, son 54 las menores que han sido abusadas sexualmente por miembros de la Fuerza Pública. También denunció que entre enero y junio de 2020, al menos, han sido 9329 los/as niños/as y adolescentes víctimas de hechos violentos en ese periodo; así, afirmó que eran 170 los/as afectados/as por casos relacionados con el conflicto armado, 3.158 del total por desplazamiento forzado y 190 con hechos de vinculación y reclutamiento forzado. A esto se suma que mediante las denuncias que ha venido haciendo el senador a través de su cuenta de YouTube se cuestión sobre el paradero de los tres niños que sobrevivieron al bombardeo en el Caquetá en agosto de 2019, de quienes hasta el momento no se tiene información, incluso aseveró que una de estas personas apareció dos meses después, pero un día después que fue atendida y llevada por el ICBF a un hogar sustituto la niña volvió a desaparecer sin tenerse ninguna información al respecto hasta la fecha. Asimismo, Barreras sostuvo que el ministro Trujillo no le dijo al país que el actual comandante del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro, fue quien dio la orden el año pasado para se hiciera ese bombardeo en el cual fallecieron los menores de edad. Por otro lado, a esto se agregan los reclamos que se han hecho desde distintos sectores sobre los constantes asesinatos sistemáticos de los que han sido víctimas líderes y lideresas sociales, así como firmantes de paz, además de la ola de violencia que se ha recrudecido dejando a su paso mayor control de grupos armados ilegales y una crítica situación de seguridad que se evidencia en un número de masacres que asciende a las más de 60 en solo lo que va del 2020. Pero, además, en este contexto de violencia también se ha reclamado por los hechos perpetrados por la Fuerza Pública, relacionados con ejecuciones extrajudiciales, abusos sexuales, represión, afectaciones físicas en medio de protestas sociales, detenciones arbitrarias e incluso, con masacres como la ocurrida durante el 9 y 10 de septiembre en Bogotá y Soacha. ¿En qué quedó la moción de censura en el Senado? Al parecer Carlos Holmes Trujillo va invicto hasta el momento, pues dando respuestas como las siguientes el ministro ha pasado “bien librado” de las acusaciones que se le han hecho: “Los civiles que sean obligados a ser miembros de un grupo armado ilegal y menores de determinada edad que hagan parte de las hostilidades pueden perder el estatuto de protección del civil no combatiente” y que: “En ese propósito de deslegitimar la Fuerza Pública se dice: ¿ustedes no saben que se han matado 36 niños? Como la teoría que ha venido manejando uno de los citantes, que es que el Ejército mata niños. Es que el Ejército colombiano mata niñas. Es que el Ejército colombiano deliberadamente actúa contra niños, niñas y adolescentes. Pero no le cuentan al país la secuencia operacional de apoyo cuando se presentan este tipo de operaciones de las Fuerzas Militares por parte de quienes aprovechan estos debates políticos para hacer juicios políticos.” Pero, hay que resaltar que esto no fue por las respuestas dadas por el ministro, sino por la intermediación de los partidos y senadores simpatizantes con el Gobierno Nacional que durante la plenaria pasaron una propuesta afirmando que se declaraban satisfechos/as con las respuestas que dio el ministro, el cual fue acogido por más de 60 votos. Sobre esto Gustavo Bolívar afirmó: “La jugadita consistió en que Macías y Paola Holguín pasan una proposición para decir que ellos sí quedaron satisfechos, cuando no era su debate, sino el de la oposición, y el presidente Arturo Char se presta para eso y someten a votación la proposición. Las mayorías ‘enmermeladas’ del Gobierno impiden que haya el debate de moción de censura contra el nefasto Ministro de Defensa”. A esto se sumó una segunda propuesta, en la que se pedía cancelar la moción de censura citada por el senador Jorge Robledo, esto argumentando por congresistas de los partidos Centro Democrático, Conservador, La U, parte de los liberales y Centro Democrático, que ya no había motivación, pues el pasado 15 de octubre el Consejo de Estado dejó sin validez la tutela con la cual suspendió en junio pasado la presencia de los militares estadounidenses en el país. Esto fue rechazado ampliamente por la bancada de oposición, quienes aseveraron que las mayorías estaban violando la Constitución y el derecho democrático que les permitía tramitar la moción de censura. Además, insistiendo en la inconformidad con las respuestas dadas por el ministro y su gestión, Roy Barreras radicó ante la Secretaría del Senado una nueva moción de censura contra Carlos Holmes Trujillo, el documento fue firmado por senadores de la Alianza Verde, Polo Democrático, Farc, Colombia Humana y la Lista de los Decentes, al igual que un grupo de congresistas independientes. “Esto se podría determinar como un verdadero golpe a la democracia. (…) La coalición de Gobierno y el Gobierno utilizando a las mayorías molió la democracia, básicamente impidió el debate de moción de censura e increíblemente aprobaron la propuesta para decir que se sentía satisfechos con lo que respondió el ministro, pero el citante dijo que no se sentía satisfecho. Esto deja un precedente muy complicado para la democracia. El ministro tiene que responder”, concluyó Ariel Ávila, subdirector de Pares.

Por: Juan Camilo Rodríguez Guerra. Investigador Pares. Diversas investigaciones permiten inferir que Colombia es el país más peligroso para líderes y lideresas sociales. Varios factores explican esta situación: la longevidad del conflicto armado es uno, pero también el hecho de que Colombia está históricamente entre los 10 países más desiguales del mundo. Así mismo la violencia se perpetúa por el racismo, el colonialismo y la ausencia de garantías de participación en el sistema político y democrático. A pesar de las altas tasas de victimización hacia quienes se dedican a defender Derechos Humanos, son cada vez más las voces que se suman por el respeto a la vida, el territorio, la paz y la democracia. Evidencia de esto son las movilizaciones multitudinarias que han sacudido al país a partir de la firma del Acuerdo Final de Paz. Las organizaciones sociales, entre ellas indígenas, campesinas, afro, de mujeres, de víctimas, entre otras, han agudizado sus acciones para la reivindicación de derechos. A la par que la seguridad se deteriora, el movimiento social no deja de crecer y fortalecerse. Colombia está históricamente entre los 10 países más desiguales del mundo. Así mismo la violencia se perpetúa por el racismo, el colonialismo y la ausencia de garantías de participación en el sistema político y democrático. Imagen: Pares. Desde Pares hemos contribuido a que ese fortalecimiento vaya de la mano con la construcción de estrategias que otorguen herramientas para la autoprotección, así como para prevenir escenarios de riesgo y exigir las garantías al Estado para el ejercicio de derechos. La Minga Indígena, un referente nacional Son diversas las experiencias de protección y autocuidado a nivel nacional que se han sistematizado como ejemplos paradigmáticos. En primer lugar, la Guardia Indígena del norte del Cauca, cuya historia es amplia y se remonta a la historia misma del CRIC. Las comunidades indígenas Nasa consolidaron una autoridad civil y ancestral que les permite hacer alertas tempranas así como responder a situaciones de emergencia y garantizar la acción colectiva y la articulación de demandas populares. El Paro Nacional del 21 de octubre iniciará brotes de protesta en todo el país. En el Meta, así como en Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, entre otros departamentos, ya hay movilizaciones por el derecho a la vida y a la paz. Imagen: Pares Esto se evidenció en las últimas semanas, en las que el país presenció la movilización de la Minga Social desde el norte del Cauca hacia Cali y luego hacia Bogotá. Durante los trayectos la Guardia Indígena hizo rondas y observación permanente de la situación para asegurar a las más de 8.000 personas que se expresaron en las calles y carreteras. Al mismo tiempo, la Guardia Indígena se comprometió a hacer de la movilización una expresión noviolenta y en Bogotá fue la única autoridad civil que garantizó la protesta. Tanto así que luego de mucho tiempo, fue la primera marcha a la que no acudió el ESMAD ni la Policía. Más allá de sus labores, la Minga permitió ver la coordinación entre la Guardia Indígena y la Cimarrona, que en los últimos años se ha venido fortaleciendo para velar por la seguridad de los Consejos Comunitarios. En ese sentido, la construcción y mantenimiento de redes entre organizaciones populares para la autoprotección es un logro del movimiento social caucano y en el que se avanza, con matices, en todo el territorio nacional. El Paro Nacional del 21 de octubre iniciará brotes de protesta en todo el país. En el Meta, así como en Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, entre otros departamentos, ya hay movilizaciones por el derecho a la vida y a la paz. Es deber del gobierno reconocer que la radicalización de la democracia pasa por respetar las expresiones sociales y políticas contra la desigualdad, la violencia y el abandono. Por tanto, debe desmontar su agenda de estigmatización y garantizar que se pueda protestar y que el gobierno escucha las razones por las que se protesta. De otro modo, Colombia no podrá avanzar en el respeto a la diferencia y se seguirá agudizando la brecha entre la sociedad y sus instituciones. La violencia contra liderazgos sociales A pesar de que en Colombia solamente el 4.4% de la población es indígena, investigaciones de Pares demuestran que estas comunidades son las segundas más victimizadas en todo el país. Más allá de un dato aislado, esto demuestra la sistematicidad de la violencia contra líderes indígenas y la situación especial de riesgo que viven estas personas por el hecho de reconocer su etnicidad. Tipos de liderazgo más asesinados selectivamente desde la firma del Acuerdo Final. Fuente y elaboración: Sistema de Información Fundación Paz & Reconciliación – SIPARES. La mayor cantidad de asesinatos contra líderes indígenas ha ocurrido en el departamento del Cauca, con por lo menos 35 casos y luego en Nariño, con 13. Estas victimizaciones se dirigen especialmente en contra de quienes ejercen labores de autoridad ancestral. En los resguardos indígenas el ejercicio del derecho a la autonomía es irrespetado por las estructuras armadas y, en algunos casos, incluso por la Fuerza Pública. Y se evidencia que, similar a otros territorios, las victimizaciones aumentan en contextos donde las estructuras armadas están en confrontaciones por el control de zonas o de economías ilegales. El liderazgo más victimizado es el comunal, es decir, el de aquellas personas que ejercen como presidentes o integrantes de una Junta de Acción Comunal. Las JAC son una organización social, cívica y comunitaria cuyo propósito es solucionar los problemas que se presentan en la comunidad. Al tener personería jurídica y patrimonio propio, son un organismo con la capacidad de resolver conflictos de formas alternativas y comunitarias. La mayor cantidad de asesinatos contra líderes indígenas ha ocurrido en el departamento del Cauca, con por lo menos 35 casos y luego en Nariño, con 13. Estas victimizaciones se dirigen especialmente en contra de quienes ejercen labores de autoridad ancestral. Imagen: Pares. Su función hace que, en contextos con altas tasas de violencia, los grupos armados se dirijan en contra de sus integrantes. El departamento donde más se les victimiza es Antioquia, luego Norte de Santander y Putumayo. En esta gráfica se evidencia que la violencia contra líderes comunales está presente en la mayoría de departamentos de Colombia, pero se agudiza en zonas con presencia histórica de grupos armados o de economías ilegales ligadas a estos. Departamentos con más asesinatos selectivos a líderes comunales. Fuente y elaboración: Sistema de Información Fundación Paz & Reconciliación – SIPARES. A pesar de la violencia, la lucha por la garantía de derechos y por la ampliación de la democracia y del sistema político no tiene retroceso. En ese sentido, el Estado debe proteger a sus ciudadanos y estar a la altura de las transformaciones que el posconflicto y en general, el mundo están propiciando.

Por: Isaac Morales y Alexander Salom. La reciente ola migratoria producto de la crisis social, política y económica que vive el país vecino de Venezuela, ha obligado a cientos de miles a desplazarse a varios países de Latinoamérica en busca de un mejor futuro, Colombia no ha sido la excepción. Casi dos millones de venezolanos han entrado al territorio nacional, la gran mayoría con intenciones de progreso y crecimiento laboral o económico; sin embargo, también han emigrado organizaciones y bandas delincuenciales, dedicados a negocios ilícitos y con una tradición sangrienta. La situación es preocupante por dos factores. En primer lugar está la estrategia institucional que se orienta al ataque de los eslabones pequeños y líderes de estas organizaciones, que eventualmente son reemplazados y el repertorio criminal continúa. Y en segundo lugar, la escasa cooperación binacional dificulta acciones concretas por parte de los organismos de seguridad para controlar estas organizaciones, sumado a una frontera porosa propicia para el tráfico de armas, personas y drogas. Una frontera sin Dios ni ley. Imagen: Pares. Vale la pena advertir que no es la intención de este artículo estigmatizar ni señalar a la población migrante venezolana que hoy reside en Colombia, sino reseñar la presencia y acciones que estas organizaciones han desarrollado en el país, ya que han llegado a tener cierto grado de incidencia en los indicadores de seguridad y en la percepción de inseguridad en algunas ciudades del país, donde se han registrado enfrentamientos entre estas. En primer lugar se ubican las organizaciones conocidas como “Los Yeico Masacre” y “la Banda de Willy Melean”, más conocidos como “Los Melean”, los primeros reconocidos por publicar en la red social Instagram fotos y videos de sus acciones, asesinatos y el porte y uso de armas de fuego. Estas bandas tomaron gran relevancia en la opinión pública tras declaraciones del Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Hugo Acero, quien denunció que producto del enfrentamiento de estas bandas delincuenciales extranjeras se habían presentado aumentos en las cifras de homicidios en Bogotá. Por otra parte, se filtró un video en el cual se aprecian cuatro sujetos armados y con los rostros cubiertos, dos de estos con rifles, identificándose como de «Los Yeico Masacre”, en el cual amenazaban de muerte a cualquiera que interfiera en sus intereses, “todo aquel que ande de brollero y de sapo, lo vamos a partir…” de esta manera se expresaban mientras sostenían el armamento pesado. Según el Secretario distrital, cerca del 9,5% de los asesinatos registrados en Bogotá durante el primer semestre de 2020 corresponde a extranjeros venezolanos, evidenciando la confrontación de estas bandas en algunas zonas de la ciudad por el control del microtráfico; pero también debido a la instrumentalización de los migrantes para hacerlos parte de actividades ilícitas. Estas bandas han sido reconocidas por su alto nivel de sevicia en público, grabando decapitaciones y desmembramiento de cuerpos, replicando los videos en Venezuela como advertencia a quienes decidan enfrentarlos. Este nivel de brutalidad ha encendido las alarmas de todas las autoridades policiales y judiciales en Colombia, ya que se teme una gran escalada de violencia producto del enfrentamiento entre ambos grupos por el control de las economías ilegales, especialmente en la distribución de drogas, buscando cooptar territorios estratégicos para el microtráfico y el narcotráfico. Según Hugo Acero, Secretario distrital de Seguridad, cerca del 9,5% de los asesinatos registrados en Bogotá durante el primer semestre de 2020 corresponde a extranjeros venezolanos, evidenciando la confrontación de estas bandas en algunas zonas de la ciudad por el control del microtráfico; pero también debido a la instrumentalización de los migrantes para hacerlos parte de actividades ilícitas. Imagen: Pares. Entre sus orígenes ambas bandas se remontan a “Los Pranes” como se conoce a los grupos delictivos, conformados por reclusos que tienen el control de las cárceles en Venezuela, responsables de homicidios, tráfico de alcohol, armas y drogas, dentro de los penales, en general, del control total en diversos centros penitenciarios del país vecino; se sabe que algunos de los líderes e integrantes de estos dos grupos estuvieron detenidos y desarrollaron sus actividades delictivas desde las cárceles venezolanas. Una tercera banda extranjera es conocida como “Los Chivos” que hace presencia en el corregimiento de AltaVista en Medellín, aunque no tiene un origen propiamente venezolano, actualmente está siendo dirigida, coordinada e integrada por extranjeros venezolanos. Sobre esta organización, las autoridades locales y policiales deben poner la lupa, ya que han irrumpido en el Valle de Aburrá con tal fuerza que han enfrentado a bandas de vieja data como herederos de la Oficina de Envigado e incluso de las AGC o Clan del Golfo expulsándolos de algunos sectores. «Los Chivos» operan con el mismo nivel de sevicia y atrocidad de las dos primeras bandas mencionadas. La Costa Caribe tampoco está exenta de la presencia de organizaciones delincuenciales de origen venezolano. En Barranquilla y su área metropolitana se ubica un brazo la denominada banda “Los Melean”. A principios de año fue asesinado Hugo Enrique González Rico, alias “Kike”, cabecilla de «Los Melean» y que había llegado desde Venezuela a un exclusivo sector del área metropolitana de Barranquilla, conocido como Villa Campestre. Tras este asesinato, se capturaron tres colombianos presuntamente involucrados en el crimen e integrantes de la estructura criminal denominada “Los Pran”, dedicada al narcotráfico con alcance binacional entre Colombia y Venezuela a través de rutas del comercio ilícito de drogas en la Guajira. Parece ser que estas dos organizaciones se han estado disputando sitios estratégicos de la capital del Atlántico para el microtráfico y trasladando viejas disputas desde el país vecino. Por otra parte, aunque «Los Yeico Masacre» han intentado entrar a disputar territorio en localidades del suroccidente barranquillero, esta no lo ha podido hacer debido a la fuerte presencia de “Los Costeños” un GDO con mayor control en esta zona; lo que ha ocurrido es que «Los Yeico» son subcontratados por «Los Costeños»: un ejemplo de ellos es el caso de Tommy Masacre, uno de los integrantes de «Los Yeico» que fue contratado por alias “Luchito” de «Los Costeños» para desarrollar labores criminales tales como el cobro de extorsiones y asesinatos en la ciudad. Asimismo, los Grupos Armados Organizados de mayor alcance y estructura criminal como «Los Pachenca» en Santa Marta y el «Clan del Golfo» en Cartagena, acuden a estas organizaciones migrantes para contratar sus servicios de mano de obra criminal relacionada con el negocio del narcotráfico, aunque también se dedican a otras actividades ilícitas como el cobro de extorsiones y el ajuste de cuentas, fortaleciendo la presencia de estos GAO en la Costa Caribe. En definitiva, aunque ha habido un avance significativo en labores de inteligencia para la identificación de estas organizaciones, resulta preocupante que ha sido bajo el grado de judicialización de los responsables de materializar estas confrontaciones, tales como los asesinatos por venganzas internas. Esto agrava aún más la situación de seguridad en algunas zonas del territorio, ya que, a los grupos delincuenciales nacionales que representan una amenaza latente a la convivencia y seguridad ciudadana, ahora se suman nuevos actores. La situación es preocupante por dos factores. En primer lugar está la estrategia institucional que se orienta al ataque de los eslabones pequeños y líderes de estas organizaciones, que eventualmente son reemplazados y el repertorio criminal continúa. Y en segundo lugar, la escasa cooperación binacional dificulta acciones concretas por parte de los organismos de seguridad para controlar estas organizaciones, sumado a una frontera porosa propicia para el tráfico de armas, personas y drogas. Una frontera sin Dios ni ley.

BOLSILLO NEGRO BOLSILLO MORADO BOLSILLO AZUL BOLSILLO AGUAMARINA BOLSILLO VERDE BOLSILLO AMARILLO BOLSILLO ROJO BOLSILLO ROSADO

Por: Lina Macías. Coordinadora de proyecto de protección y autoprotección. La Fundación Paz y Reconciliación -Pares, presenta este jueves 22 de octubre su último proyecto: La caja de herramientas para la seguridad y la autoprotección de líderes y lideresas en Colombia “Protegidos/as”. Esta es una iniciativa que busca sistematizar las principales reflexiones, herramientas y estrategias que posibiliten a líderes, lideresas sociales, defensores y defensoras de Derechos Humanos poder prevenir las situaciones de riesgo que permanentemente enfrentan en sus contextos locales y mitigar los daños dirigidos a quienes defienden a los derechos fundamentales de sus comunidades. En Colombia los defensores y defensoras de Derechos Humanos, así como los líderes y lideresas sociales, han logrado persistir en medio de un extenuante conflicto armado de casi medio siglo gracias a su tenacidad y la lucha colectiva de sus comunidades por defender los derechos de las mujeres, los y las campesinas, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, líderes y lideresas de Juntas de Acción Comunal (JAC) y ambientales, principalmente en las zonas más empobrecidas del país. Este ejercicio ha generado que experimenten un permanente riesgo y vulnerabilidad dentro de sus territorios, situación frente a la cual el Estado ha respondido con medidas inadecuadas y poco eficientes para mitigar las agresiones y las amenazas con las que sistemáticamente conviven. En consecuencia, líderes, lideresas sociales y sus organizaciones han tenido que recurrir a sus conocimientos, saberes y a las habilidades que progresivamente han adquirido en sus contextos particulares para desarrollar acciones, medidas y estrategias de autoprotección que respondan desde la acción colectiva a las necesidades de seguridad que requieren sus comunidades y liderazgos, pero también que permitan desde la no violencia desescalar los conflictos territoriales existentes e intentar avanzar en la construcción de paz desde el nivel territorial. Estos mecanismos de autoprotección han sido una estrategia clave para afrontar los periodos de mayor agudización de la violencia. Por citar algunos ejemplos, experiencias como la de las guardias indígenas y cimarronas como recurso para enfrentar la ola de violencia dirigida hacia sus dirigentes, líderes y lideresas sociales en el norte de Cauca. Imagen: Pares. La Red de Derechos Humanos de la Asociación Campesina de Arauca (ACA) como estrategia para la activación de rutas de emergencias ante diferentes situaciones de riesgo extremo o violación de derechos humanos o las redes de mujeres “Narrar para Vivir” de Montes de María, las cuales han avanzado en la incidencia de programas y estrategias de prevención y protección a nivel institucional, son solo algunos ejemplos de cómo desde la acción colectiva y las prácticas ancestrales de sus comunidades se posibilitan condiciones sostenibles de seguridad. Ha sido tan esencial este proceso, que incluso en la actualidad sus herramientas han servido para afrontar la crisis humanitaria generada por la pandemia del COVID-19 donde varios departamentos se enfrentan a este fenómeno sin recursos y condiciones necesarias para su control (no existen suficientes Unidades de Cuidado Intensivo – UCI locales, ausencia de controles sanitarios en las fronteras, falta de personal de salud para la atención especializada en zonas rurales y urbanas, etc.), situación que ha generado que líderes y organizaciones sociales promuevan desde la acción colectiva, la socialización de medidas de prevención, protección y el desarrollo de alertas tempranas en sus territorios para mitigar los impactos de esta crisis sanitaria dentro de sus comunidades. La Caja de herramientas «Protegidos/as» Inspirados en estas experiencias comunitarias y étnicas y su admirable labor, desde hace dos años la Fundación Paz y Reconciliación junto con el apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos ha desarrollado con el acompañamiento de organizaciones sociales y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas pertenecientes a territorios como Norte de Cauca, Guaviare, Sur del Meta, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca, la Caja de Herramientas para la seguridad y la autoprotección. Esta Caja de Herramientas brinda a las organizaciones un modelo de formación y generación de capacidades para la seguridad y la autoprotección a partir de cinco (5) líneas de acción: 1) diagnósticos del riesgo, 2) fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas para la seguridad, 3) acuerdos internos de las organizaciones para la seguridad, 4) capacidades de respuesta escenarios de crisis y 5) construcción de redes de apoyo para la protección, además de dos estrategias transversales llamadas fuentes de la protección y enfoque diferencial para la protección, donde se busca profundizar conocimientos e información clave sobre cómo opera del sistema de garantías de protección que actualmente oferta el Estado así como tips y recomendaciones para la construcción de medidas de protección que reconozcan las distintas formas de afectación y daño que vivencian líderes y lideresas sociales. Inspirados en estas experiencias comunitarias y étnicas y su admirable labor, desde hace dos años la Fundación Paz y Reconciliación junto con el apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos ha desarrollado con el acompañamiento de organizaciones sociales y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas pertenecientes a territorios como Norte de Cauca, Guaviare, Sur del Meta, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca, la Caja de Herramientas para la seguridad y la autoprotección. Imagen: Pares. ¡Defendamos a quienes nos defienden… cuidemos a quienes nos cuidan!

Por: Redacción Pares. «Comienza una semana determinante en materia política y de movilización social en Colombia.» Así lo define Ariel Ávila, subdirector de Pares. El lunes pasado, explica el analista, miles de indígenas, campesinos y población afrodescendiente marchó en Bogotá, en lo que se conoce como la minga del suroccidente. Desde hace cerca de una década no marchaban en la capital colombiana. Igualmente, en las últimas horas comenzó el paro de maestros, o del sindicado de maestros, Fecode, y este miércoles se dará el gran paro nacional convocado por múltiples organizaciones sociales y sindicatos. La estrategia del Gobierno nacional con el fin de minimizar el impacto de las manifestaciones se ha centrado en tres ejes. Por un lado, han argumentado el inconveniente de marchar en medio de una pandemia y han dicho que es un riesgo o foco de contagio. En segundo lugar, han manifestado que el Gobierno no se reúne bajo presión y que el presidente Iván Duque no cae en chantajes. Por último, desde algunos sectores se ha acudido a una estrategia de estigmatización, acusando principalmente a la minga de una supuesta infiltración de organizaciones criminales y grupos armados ilegales. Pocos creyeron en esta hipótesis. De hecho, el domingo, mientras la minga llegaba a Bogotá, miles de personas salieron a recibirlos. La semana de movilización será determinante para, al menos, cuatro cosas: Por un lado, para el 2021 y la agitación social en un año prelectoral. En segundo lugar, para la carrera presidencial y política del año 2022: todos los sectores políticos se están intentado acomodar en el regreso de las movilizaciones sociales. En tercer lugar, para determinar la fortaleza del Gobierno Duque y su capacidad de maniobra en los menos de dos años que le quedan. Por último, para el propio movimiento social: qué tanta gente le tiene miedo al virus y a la violencia policial es la pregunta que se hacen expertos y analistas. En América Latina, todo parece indicar, arranca una nueva etapa de movilizaciones. Ya comenzó Chile, y ahora Colombia parece retomarlas. La intención del Gobierno es que salga la menor cantidad de personas, y con ello lograr evitar una crisis política más profunda de la que ya existe. Aspiran a que eso les permita no tener 18 meses continuos de crisis política. Sobre estas movilizaciones hay dos conclusiones. Por un lado, nadie apuesta a que los próximos 18 meses serán tranquilos, será un viacrucis para el Gobierno. En segundo lugar, nadie tiene muy claro quién o quiénes capitalizarán lo que surja de la protesta social: será un nuevo mapa político o se repetirá el del 2018, esa es la pregunta. Imagen: Pares. «Por ello, también, el partido de Gobierno ha implementado la estrategia de satanizar la oposición y la protesta social, acusando de que hay un riesgo de “volvernos Venezuela”, “ojo con el 22”, “cuidado con el neochavismo”. Dicha estrategia fue bastante exitosa para las elecciones del 2018, pero nadie sabe si será exitosa para el 2022. Lo cierto es que los que han gobernado en Colombia son la derecha más fuerte, y son ellos, los que han estado en el poder mientras el país entra en la crisis más profunda en más de dos décadas.» señala Ávila. «Serán horas difíciles, y un verdadero termómetro social y político. Seguramente desde el jueves vendrán las evaluaciones y los sectores políticos harán sus interpretaciones» concluye el analista.