Por: Laura Cano. Periodista Pares. Hace algunos meses, desde La Nueva Prensa, se denunciaron presuntos nexos y compra de votos para la elección del ahora presidente Iván Duque por parte de José Hernández, conocido como el Ñeñe Hernández, quien además fue jefe político de la banda criminal de alias “Marquitos Figueroa’. Ahora, y siguiendo esta serie de cuestionamientos al Gobierno Nacional, se conoció que desde el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil de Colombia había dos contratos que además de haberse firmado de forma irregular también se habían realizado con Llanera de Aviación, la misma gente empresa con la que volaba Samuel David Niño Cataño, extinto piloto colombiano del cartel de Sinaloa. Pero, además de lo anterior, otro de los hallazgos del medio fue que dicho piloto, además de sus nexos con el narcotráfico, también era cercano a Álvaro Uribe Vélez y a su vez colaboró en la campaña de este último en 2018 para su elección como senador, así como a la campaña para la presidencia de Iván Duque. Afirma el medio que «Niño Cataño aportó 20 millones de pesos colombianos a la campaña para el senado de Uribe y así consta en la contabilidad oficial». ¿Quién era Niño Cataño? Vale la pena mencionar que el implicado murió en Guatemala en diciembre de 2019 mientras manejaba un avión que se accidentó, en límites con México, el cual llevaba carga de cocaína, que según las investigaciones, había sido recogida en Puerto Carreño, Vichada. Adicionalmente, con él viajaba con José Alberto Quintero, quien se identificaba como Lino Nevado Sthormes, ex oficial de la Fuerza Aérea de Venezuela. Niño Cataño también era reconocido por su cercanía con Álvaro Uribe Vélez, con quien, por lo menos desde 2015 con el expresidente, por quien habría llegado a conocer a Iván Duque, relación en la que se destaca el apoyo Niño Cataño a los dos políticos, a quienes, como lo informó el medio, translado varias veces a ambos miembros del Centro Democrático, además se afirma que el piloto recibía órdenes de Uribe, e incluso fue el piloto oficial en la campaña de Duque, lo que habría llevado a que en la posesión del ahora presidente, el 07 de agosto de 2018, haya estado Niño junto a su esposa como invitados especiales, misma invitación que recibió en su momento el Ñeñe. Asimismo, como lo expresó La Nueva Prensa, «las aeronaves que piloteaba David Cataño del Cartel de Sinaloa en Colombia estaban al servicio del ex presidente Álvaro Uribe Vélez». A esto se suma que las relaciones de los políticos no solo eran con Samuel David, pues en la investigación también se halló que había cercanía de Uribe con Hernán Gómez Niño, hermano del piloto, así como con otros familiares de Niño Cataño. Por otra parte, hay que mencionar, siguiendo lo informado por El Tiempo el pasado mes de agosto, que desde diciembre del año pasado la Fiscalía lo tiene rotulado como desaparecido con base en la denuncia presentada por su familia. Por su parte, desde La Nueva Prensa se sostuvo que «las familias de Niño Cataño y de José Albeiro Quintero se han negado a entregar muestras de su ADN para compararlas con las de los despojos mortales que el Ejército de Guatemala recogió el 3 de diciembre de 2019 en la zona de Laguna del Tigre, departamento de Petén, donde cayó el avión cargado de cocaína». Hay que mencionar que La Nueva Prensa resalta que tras las revelaciones que se han hecho, la Presidencia de la República ha dicho en medios que Samuel David Niño Cataño solamente “fue copiloto en dos vuelos en los que se transportó al entonces candidato Iván Duque Márquez”. Afirmación que pone en cuestión con casi 40 fotografías que demuestran la cercanía entre Duque, Uribe y el piloto. Sobre los contratos dados a Llanera de Aviación El medio de comunicación principalmente alertó sobre dos contratos dados a Llanera de Aviación, otorgados durante el gobierno de Iván Duque por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. El primero de estos fue firmado el 12 de septiembre de 2019, por un valor de 42 millones 800 mil pesos y estaba previsto por un mes. Como lo citó el medio, el objeto de éste era: “Transporte aéreo estaciones lejanas”, mientras que la descripción era: “Contratar el servicio de transporte aéreo para equipos, repuestos, accesorios y personal necesario idóneo para realizar las labores de mantenimiento, supervisión, asistencia, inspección e instalación de los equipos y sistemas de telecomunicaciones de las estaciones adscritas a la dirección regional de Cundinamarca”. Sobre este se argumentó que se había dado de forma irregular, puesto que previo a la firma el comité evaluador oficial estableció que la empresa contratista no llenaba los requisitos jurídicos y técnicos exigidos. No obstante, esto no importó y finalmente le fue otorgado el contrato a la empresa. Adicionalmente, en un segundo contrato entregado en octubre de 2019 se encontró, por una parte, que se otorgó por un valor de 131 millones 450 mil pesos, bajo el objeto de: «Suministrar el servicio de transporte aéreo para equipos, repuestos, accesorios y personal hacia las estaciones y aeropuertos de la regional Cundinamarca, en los ítems, especificaciones, cantidades y valores, contenidos en su propuesta general del Proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía con el número 20000540 H3 DE 2020, las especificaciones técnicas contenidas en los anexos y formatos del proceso de Proceso de Selección”. Sin embargo, en este se encontró que aunque tenía un plaza de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019, éste todavía se encuentra vigente. Vale la pena recordar que en septiembre de 2014, Iván Cepeda denunció que Álvaro Uribe, como director de la Aeronáutica Civil, entregó licencias a Álvaro Suárez Granados, piloto de Pablo Escobar; seis licencias a los hermanos Sierra Pastrana, conocidos como los pilotos de la mafia; a Jaime Murcia Duarte, cuestionado comerciante señalado de tener vínculos con el narcotráfico, y a Luis Carlos Herrera Lizcano, propietario de una aerolínea que era utilizada para transportar cocaína al exterior. Incluso en su momento también le dio una licencia a su padre Alberto Uribe Sierra. Este escándalo vuelve a poner sobre la mesa las posibles irregularidades que ha habido desde la campaña con el presidente Iván Duque, lo que insta a que se investigue sobre favores políticos, contratación irregular y posibles nexos con el narcotráfico que ha beneficiado al ahora presidente, pues hay que recordar que este no es el primer hecho, que tras una investigación lanzan esta serie de cuestionamientos de la forma en la que ha sido la gestión y la forma de llegar al poder por políticos de derecha.

Por: Redacción Pares. Los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron su apoyo total y unánime al proceso de paz en Colombia y reafirmaron su compromiso de continuar trabajando estrechamente con Colombia para apoyar la implementación integral del Acuerdo Final de Paz. Acogieron con beneplácito el continuo compromiso de ambas partes con este fin, y expresaron su firme apoyo hacia los esfuerzos complementarios de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, en coordinación con el Equipo País de las Naciones Unidas. Los miembros del Consejo de Seguridad expresaron su profunda preocupación por las persistentes amenazas, ataques y asesinatos contra líderes comunitarios y sociales, incluyendo mujeres lideresas y líderes y lideresas de las comunidades indígenas y afrocolombianas, así como contra ex miembros de las FARC-EP que dejaron las armas en el marco del proceso de paz, e instaron a que se siguiera avanzando en la implementación del plan de acción del «Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos». Condenaron enérgicamente los múltiples asesinatos presenciados en los últimos meses, incluyendo de jóvenes y menores de edad. Tomaron nota de que esta violencia ocurre principalmente en zonas con escasa presencia del Estado y disputas entre grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Destacaron la importancia de llevar a las personas responsables ante la justicia y alentaron a todos los actores pertinentes a que redoblen sus esfuerzos contra la impunidad; prestar atención a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo; y apoyar a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General. Además, instaron a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad a que finalice, en colaboración con la sociedad civil, y ponga en marcha con prontitud una política pública de desmantelamiento de los grupos armados ilegales. Acogieron con beneplácito la aprobación, por parte de la Unidad Nacional de Protección, de medidas adicionales de protección para excombatientes, e instaron a que se asignen fondos suficientes para hacer frente al atraso de las solicitudes de protección pendientes. Los miembros del Consejo de Seguridad reafirmaron su pleno apoyo a los tres componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y destacaron la necesidad de respetar su plena independencia y autonomía. Señalaron que las recientes expresiones de responsabilidad por crímenes cometidos durante el conflicto son pasos positivos hacia el cumplimiento de los compromisos en materia de verdad, justicia y reconciliación requeridos por el Acuerdo Final de Paz. En ese sentido, alentaron a todas las partes involucradas en el conflicto a que sigan aportando contribuciones de esa índole, y a todos los actores a que apoyen la labor crítica de los tres componentes. Reiteraron su disposición a considerar un potencial papel de la Misión de Verificación en la verificación del cumplimiento de las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, y señalaron la importancia de hacerlo de manera oportuna. Finalmente, reiteraron su esperanza de que el llamado del Secretario General a un cese al fuego inmediato a nivel mundial en respuesta a la pandemia del COVID-19, respaldado por el Consejo en su resolución 2532 (2020), conduzca a esfuerzos de todas las partes en Colombia por poner fin a la violencia, facilitar la respuesta a la pandemia y afianzar aún más la paz.

Por: Juan Carlos Amador Baquiro. Colaborador Pares. En Colombia ser cómplice de crímenes de Estado y criminalizar a la oposición convierte a los congresistas del oficialismo en ganadores. Se trata de una política antiética, fundada en el Estado de opinión y la tiranía de las mayorías que resulta efectiva para alcanzar importantes capitales electorales y jugosos contratos con el Gobierno. El pasado 13 de octubre se hundió la moción de censura contra el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo en la Cámara de Representantes, con una votación de 24 votos a favor y 136 en contra. Entre las colectividades que impulsaron la moción de censura se encuentran el Polo Democrático, la Alianza Verde, la lista de Decentes y el partido Farc. Los representantes del partido de Gobierno, las cuales suelen señalar que cualquier cuestionamiento a la fuerza pública o a la gestión de un ministro es un acto de ataque a la institucionalidad y a la democracia, es un desconocimiento a las funciones de control político que debe ejercer el Congreso, y ponen en riesgo a quienes desde los argumentos intentan mostrar cómo estas acciones y omisiones del Gobierno van en contra del derecho a la vida de los ciudadanos. Imagen: Pares. Por su parte, partidos como el Centro Democrático, Conservador, de la U, Cambio Radical, Liberal (aunque hubo tres (3) representantes liberales que acompañaron la propuesta) y sectores cristianos apoyaron al ministro con su voto en contra de la iniciativa. Vale decir que la cita al ministro por parte de varios representantes de la Cámara obedeció a tres asuntos específicos: ausencia de una política de seguridad territorial; falta de medidas para prevenir la violencia policial contra la ciudadanía en los hechos del 9 y 10 de septiembre pasados; y por desacatar el fallo de la Corte Suprema, específicamente en lo que concierne a la reestructuración inmediata de la fuerza pública, la prohibición del uso de escopeta calibre 12 y la implementación de un acto en el que pida perdón en nombre del Estado por el asesinato de Dylan Cruz, el pasado 21 de noviembre, a manos de un integrante del Escuadrón Antidisturbios (Esmad). Durante el debate, y luego de que varios integrantes de la oposición profundizaron sus argumentos y justificaron por qué, en torno a estos tres hechos, el ministro debía renunciar inmediatamente, el jefe de la cartera de Defensa alegó manifestando que ya había presentado disculpas por cualquier violación a la ley por parte de cualquier miembro de la fuerza pública. Sin entrar en detalles sobre políticos mafiosos, traquetos y paramilitares, los cuales se hicieron elegir gracias al poder de las armas en los territorios, tal como ocurrió en el periodo 2002 – 2010, se puede analizar el talante ético de estos congresistas que se vanaglorian de lo acontecido con la negativa a la moción de censura a Trujillo por medio de tres ejemplos. Imagen: Pares. Al final, presionado por representantes de la oposición que explicaron por qué estaba desacatando el fallo de la Corte, en un acto de arrogancia y descaro propio de su fanatismo ideológico y de su estrategia electoral, Trujillo dijo que presentaba excusas por los hechos ocurridos el 19 de noviembre, pero que se debía tener en cuenta que los resultados de Medicina Legal indicaban que Dylan Cruz no fue asesinado. Este gesto de soberbia, el cual se produce en un momento en el que una amplia franja de la opinión pública está indignada por las crecientes evidencias de la violencia policial, el asesinato de líderes sociales y las cerca de 70 masacres ocurridas en 2020, estuvo acompañado de comentarios triunfalistas, irrespetuosos y provocadores por parte de representantes del partido de Gobierno. A modo de ejemplo, el representante del Centro Democrático, Fernando Araújo, afirmó a través de su cuenta de Twitter que el ministro “recibe un enorme respaldo en su defensa de la seguridad nacional y la excelente disertación del pasado miércoles”. Por su parte, el representante Álvaro Hernán Prada, el mismo que está vinculado a la investigación contra el expresidente, exsenador y expresidiario Álvaro Uribe por presuntos falsos testigos y fraude procesal, señaló en su cuenta de Twitter: “136 votos por el NO contra 24 votos por el sí, derrotaron la moción de censura contra el mindefensa…, que hoy sale de la @CamaraColombia más fortalecido”. Por último, el representante Gabriel Vallejo, integrante de este mismo partido, aseguró a través del programa Semana en Vivo que el debate de moción de censura fue flojo e insulso, que la oposición presentó argumentos fantasiosos cuyo propósito es desprestigiar a la fuerza pública, atacar a la institucionalidad y poner en crisis el corazón de la democracia, y que el ministro sí pidió perdón. Los anteriores hechos evidencian al menos dos problemáticas que afectan la razón de ser de un Estado social de Derecho y que confunden a la opinión pública, especialmente en lo que refiere a las funciones del Congreso en una democracia y la ética pública de los servidores del Estado. Por un lado, las afirmaciones temerarias e irresponsables de los representantes del partido de Gobierno, las cuales suelen señalar que cualquier cuestionamiento a la fuerza pública o a la gestión de un ministro es un acto de ataque a la institucionalidad y a la democracia, es un desconocimiento a las funciones de control político que debe ejercer el Congreso, y ponen en riesgo a quienes desde los argumentos intentan mostrar cómo estas acciones y omisiones del Gobierno van en contra del derecho a la vida de los ciudadanos. Esta situación se corrobora con la ausencia de medidas de seguridad territorial en departamentos como Nariño, Cauca, Valle, Antioquia, Cesar, Bolívar y Norte de Santander, en donde las masacres y el asesinato sistemático de líderes sociales por parte de grupos paramilitares y algunas disidencias de la guerrilla se ejecutan a partir de una suerte de licencia que les otorga un Gobierno cuyo discurso legitima la violencia policial y militar, acallando a sangre y fuego a quienes se opongan a sus medidas. Se sienten cómodos en un Estado policial en donde son mayoría en el Congreso, cooptan los organismos de control y progresivamente hacen trizas el Acuerdo de Paz. Las acciones de un funcionario público deben estar orientadas hacia la satisfacción de la pluralidad de intereses de los miembros de la comunidad política. Cuando estas acciones no coinciden con los derechos fundamentales, la Constitución y la ley, la sociedad tiene derecho a controlar, censurar y sancionar las arbitrariedades y antivalores practicados por estas personas o grupos en el uso del poder público. Imagen: Cortesía En segundo lugar, los representantes que salieron victoriosos del debate de moción de censura, aduciendo que derrotaron a la izquierda, que el ministro Trujillo y el presidente Duque son grandes demócratas y que la fuerza pública está haciendo las cosas bien, confunden la tiranía de las mayorías con la obligación ética y constitucional de cuestionar políticas que legitiman la violencia de Estado como un asunto normal. Se trata de una sarta de burócratas con privilegios y sin ética pública, una especie de parásitos que además de explotar al Estado producen perjuicios a su estructura y funcionamiento. Sin entrar en detalles sobre políticos mafiosos, traquetos y paramilitares, los cuales se hicieron elegir gracias al poder de las armas en los territorios, tal como ocurrió en el periodo 2002 – 2010, se puede analizar el talante ético de estos congresistas que se vanaglorian de lo acontecido con la negativa a la moción de censura a Trujillo por medio de tres ejemplos. Uno, el pasado 15 de octubre en la plenaria del Senado, la bancada gobiernista se rehusó a eliminar de su remuneración mensual $14 millones correspondientes a gastos de representación (en total reciben $33.000.000 al mes). Dos, el diario El Espectador reveló que la energúmena senadora del uribismo, Paloma Valencia, tiene cerca de 24 contratos con el Estado por medio de su familia y entorno más cercano. Y tres, en una columna reciente del periodista Alfredo Molano Jimeno se describe detalladamente cómo opera la familia Char en el Caribe, especialmente en lo que refiere a la combinación entre negocios privados, política y compra de votos con el fin de ganar elecciones locales, al Congreso, y ahora a la presidencia de la República. Al respecto, es importante recordar que las acciones de un funcionario público deben estar orientadas hacia la satisfacción de la pluralidad de intereses de los miembros de la comunidad política. Cuando estas acciones no coinciden con los derechos fundamentales, la Constitución y la ley, la sociedad tiene derecho a controlar, censurar y sancionar las arbitrariedades y antivalores practicados por estas personas o grupos en el uso del poder público. La ética pública es un elemento fundamental para la creación y el sostenimiento de la confianza en las instituciones y un criterio esencial para propiciar la gestión pública en función de la conducta honesta, eficiente e integra de quienes asumen responsabilidades en calidad de servidores públicos. No obstante, los hechos analizados parecen mostrar que en Colombia asistimos a la corrosión de la ética pública como consecuencia de la imposición de una política de muerte gestionada y legitimada por el Gobierno. Mientras que, en el Reino Unido, el ministro Michel Bites renunció a su cargo al llegar un minuto tarde a la Cámara de los Comunes en 2018, y mientras en Suecia los congresistas no tienen asesores, no tienen gastos de representación y ganan salarios de US3.900 ($14.500.000 aproximadamente), en Colombia ser cómplice de crímenes de Estado y criminalizar a la oposición convierte a los congresistas del oficialismo en ganadores. Se trata de una política antiética, fundada en el Estado de opinión y la tiranía de las mayorías que resulta efectiva para alcanzar importantes capitales electorales y jugosos contratos con el Gobierno ¿elegiremos a esta misma cuadrilla de saqueadores y legitimadores de crímenes de Estado para 2022? Columna publicada originalmente en bajo el título: «Corrosión de la ética pública y tiranía de las mayorías en el Congreso de la República»

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. Uno de los argumentos esgrimidos por el gobierno nacional, los gremios de la producción y los grandes medios de comunicación, es que el presidente no atiende la voz de la minga porque es de carácter político y no reivindicativo. Claro, se asombran que un número tan grande de colombianos y colombianas se movilicen para exigir el cumplimiento de nuestra constitución en relación a sus derechos. Y como la condición para mantener el statu quo es la premisa de que la comunidad no participa, no aprende, no sabe de política, para ello están los “parlamentario, Diputados y concejales”, por eso el manejo de los presupuestos, la construcción de políticas públicas, la corrupción, es más, por dejarle la política a los políticos es que estamos como estamos. En los últimos veinte años se han firmado más de 1.360 acuerdos entre la comunidad y el gobierno, en los 42 municipios que conforman el Cauca, de los más de un millón cuatrocientos mil habitantes, los indígenas representan el 21.6%, los afros 22.2% y el campesinado y mestizos 56.3%, la mitad de dicha población se encuentra en condición de pobreza, alrededor de 17.000 hectáreas de hoja de coca sembradas en los territorios. Con la anterior situación descrita es imposible que la minga no sea política (entendida esta como las definiciones que se toman y afectan una comunidad), el gobierno con la ayuda de los grandes medios de comunicación pretende sembrar en el desprevenido oyente, lector o televidente, la confusión asimilándola con estructuras partidistas, tan desprestigiadas hoy. El Cauca que tiene 45 lideresas y líderes sociales asesinados, claro que le va a hablar a Duque del respeto y protección de la vida, obligación constitucional de su gobierno. El Cauca que tiene más de ocho grupos ilegales moviéndose por sus veredas y corregimientos le va a hablar de paz al presidente. Este Cauca digno y rebelde que afianza y reconoce sus autoridades, a sus guardias cimarronas, campesinas e indígenas, va a exigir de autoridad a autoridad al Ejecutivo colombiano. Los procesos sociales que defienden el medio ambiente, los sistemas agroambientales y las energías renovables, frente al fracking devorador de suelos y agua, le van a hablar. Los jóvenes de la matrícula cero le van a hablar y exigir al presidente para que lo instituya en todo el territorio nacional. Los voceros de la Coccam le dirán a Iván que no aceptamos la aspersión aérea con glifosato. Por ello la minga SÍ es política, por que reivindica las soluciones a nuestras necesidades y las comunidades definieron ir a la política social, no a su politiquería de muerte.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado 12 de febrero se conoció que en la finca de Fernando Sanclemente, para ese momento embajador de Uruguay, durante un allanamiento en la propiedad ubicada en Guasca (Cundinamarca) se encontraron tres laboratorios para el procesamiento de cocaína, además de 6896 kilos de sustancias químicas para elaboración de clorhidrato de cocaína y 9453 gramos de cocaína y pasta base de cocaína. Adicionalmente, en el hecho fueron capturados en flagrancia y judicializados: Cristian Gómez Vanegas, Dumer Bohórquez Daza, Jhon Jairo Morales Zambrano, Pablo Castillo Perilla y Jhefer Castillo Gómez, condenados ocho (8) años de prisión. Hay que señalar que por este caso el presidente no solicitó la renuncia del funcionario, fue hasta casi dos meses después de lo sucedido que Sanclemente decidió dejar el cargo, decisión que informó luego de pedir una licencia, a la que le siguió la renuncia comunicada a través de una carta presentada a Duque, en la que se argumentaba que esta acción se daba “en aras de proteger y garantizar el buen nombre suyo y de su Gobierno”. De igual forma, en su momento, desde Pares se señaló que en la finca de Sanclemente era procesada cocaína que luego era enviada a Estados Unidos y algunos países de Europa. A este predio se llegó por alertas que se habían presentado por una fuente humana que llevó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos y a la Policía de Colombia a realizar la investigación y posterior operación, tras también venir investigando la presencia de un grupo narcotraficante ubicado en Cundinamarca y Boyacá que desde el Aeropuerto Internacional El Dorado hacían los envíos de la droga a sus destinos. Asimismo, el 01 de julio de 2020, la Fiscalía dio a conocer que había materializado las medidas cautelares con fines de extinción de dominio a la finca del exembajador Sanclemente. Este operativo a cargo de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio arrojó, entre otras cosas, la afectación de los inmuebles que tenían un valor comercial $150.000’000.000 millones de pesos, que se encuentran en control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). De esta forma, procedieron la ocupación de “cuatro (4) predios rurales y dos (2) vehículos pertenecientes a la persona jurídica denominada Las Colinas de Guasca Ltda., una sociedad de la cual hace parte el exembajador de Colombia en Uruguay Fernando Sanclemente e integrantes de su núcleo familiar y fue su representante legal hasta el 6 febrero de 2019”. La sombra de Sanclemente y el silencio de Duque Desde que se conocieron los hechos en la finca Haras de San Francisco, se alertó sobre el silencio del presidente Duque, quien incluso previo a los hechos había hecho un llamado a “la mano dura” en la lucha antidrogas, pero al momento de conocerse lo ocurrido en la narcofinca no fueron mayores sus acciones, recalcando que involucraban a un funcionario del Gobierno. Así, en abril desde la Fiscalía se comunicó que el exembajador iba a ser citado y vinculado a la investigación. Sin embargo, hasta la fecha, el mismo ente no ha fijado fecha para que el exembajador Fernando Sanclemente rinda su testimonio ante la justicia. No obstante, desde julio ha estado involucrado Laureano Martínez, quien ejercía como mayordomo de Sanclemente y quien se ha convertido en una ficha clave para la investigación y el rumbo que puede tomar. Sobre Martínez hay que señalar que fue arrestado el pasado 1 de julio, junto a dos personas más, una de las cuales también trabajaba en la finca. Laureano meses después se acogió a los cargos de tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y falsa denuncia, por los que pagaría también ocho años de cárcel. Vale la pena mencionar que la información anteriormente nombrada se conoció en septiembre, cuando Martínez se acogió a un preacuerdo con la Fiscalía en el cual aceptaba los delitos y se le daba la misma pena de los primeros implicados – 8 años -, dicho preacuerdo sería presentado ante el Juzgado Primero Especializado de Bogotá, mientras el implicado permanecía en la Sala de Retenidos de la DIJIN. En su momento la Fiscalía comunicó: “Ante la contundencia del material probatorio obtenido por la Fiscalía, los procesados aceptaron su responsabilidad en los hechos y fueron sentenciados por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”. Hay que recordar que días después del allanamiento Martínez había aseverado que guardaba silencio sobre lo ocurrido por temor a perder su vida: “El 10 de septiembre de 2019 llegaron unos señores a la finca. Me dijeron que los tenía que dejar trabajar ahí. Que ellos iban a colocar algo de licores y que, si no autorizaba, mataban a mi familia”. Un nuevo giro: preacuerdo es retirado El mismo día que circuló un audio en el que se escuchaba a la periodista Vicky Dávila con Jairo Lozano hablar sobre el presunto conocimiento de Sanclemente sobre la narcofinca, en el cual, según lo publicado en el portal Cuarto de Hora, Lozano comentaba que todo estaba cuadrado para que el mayordomo de la finca asumiera toda la responsabilidad de los delitos y así evitar que “avanzara la investigación en contra de Sanclemente”. Además, se había conocido que en medio de una audiencia virtual citada para que un juez avalara o no el preacuerdo que firmó la Fiscalía con Laureano Martínez, se había decidido, como se confirmó a través de El Espectador que “la fiscal Yazmín Constanza Llanos fue relevada del caso y este fue asignado a un nuevo fiscal: Daniel Hernández”. Este último durante la sesión anunció el retiro del preacuerdo e informó que en los próximos días se empezará una negociación entre la Fiscalía y Martínez para firmar un principio de oportunidad, esto para establecer quiénes hicieron parte de este negocio, tanto desde la ejecución, pero también sobre las personas que daban las órdenes del funcionamiento de estos tres laboratorios de cocaína y la comercialización de las sustancias producidas allí. Por su parte, Martínez y su abogado Víctor Muñoz aseguraron durante la audiencia que hay disposición para contar sobre los hechos y aportar a que se establezcan los responsables. Por otra parte, Daniel Hernández aseguró que hasta ahora la colaboración ha sido nula, además, afirmó que “el preacuerdo tenía un error (…) en el que se desconoce y no se verifica por la Fiscalía lo relativo al artículo 349, el que dicta establecer si sobre las actividades de Martínez se generó alguna clase de incremento patrimonial. (…) Sin embargo, sin estudiarse esto se dio un beneficio de hasta el 50% en la pena sin unos pilares fundamentales”. Finalmente, se espera que Sanclemente rinda su testimonio y que con las pruebas, testimonios y personas implicadas en el caso se logre establecer, sin beneficios y sesgos de por medio, quiénes son los responsables de este hecho tanto por su relación directa, como determinadores, financiadores, e incluso, quienes se ven relacionados por omisión.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Este domingo son las elecciones presidenciales en Bolivia y los candidatos más opcionados para disputar una segunda vuelta, son Luis Alberto Arce Catacora, el candidato del Movimiento al Socialismo, el MAS, el partido del ex presidente Evo Morales, quien fue desalojado del gobierno mediante golpe de estado el año anterior y el expresidente Carlos Mesa, quien fue presidente entre 2003 y 2005 y no pudo terminar su periodo en medio de una crisis política. Bolivia es una antes de Evo Morales y otra luego de sus tres periodos presidenciales, Evo le dio voz a los pueblos indígenas, tradicionalmente excluidos e hizo una gestión económica con importantes resultados, lo cual colocó a Bolivia, por parte del Banco Mundial, como una economía de renta media que ha tenido importantes logros en su desempeño por reducir pobreza y desigualdad. La pobreza extrema se redujo más de la mitad en la última década, pasando de 38% a 15%, sin duda un gran logro de una política económica centrada en fortalecer capacidades nacionales y dar uso y protección a sus recursos naturales, lo cual es evidente con la política de nacionalización del gas, la cual le dio importantes recursos al estado boliviano para adelantar políticas sociales que beneficiaron a sectores tradicionalmente excluidos. Otro indicador del buen desempeño del gobierno de Evo Morales está en que durante el período 2006 – 2017, el ingreso anual per cápita pasó de 1.120 dólares a 3.130. Bolivia, durante la gestión de Evo Morales, formuló una nueva constitución que le dio reconocimiento a su carácter de estado plurinacional, donde conviven 36 pueblos indígenas, que han sufrido discriminaciones y racismos, igualmente durante su gestión le ha dado fuerza a un proceso de descentralización administrativa y a una política internacional que defienda sus derechos y se aleje de las imposiciones, en todo esto hay importantes logros que hoy colocan al candidato del MAS, en el primer lugar de preferencia electorales, todo indica que Luis Alberto Arce Catacora, será el más votado, pero ninguna encuesta le da la mayoría, lo cual llevará el debate presidencial a una segunda vuelta. A la par que en Bolivia, hay una fuerte lucha por el rumbo de la sociedad, en Colombia. La Minga Indígena viene desde el Cauca hacia Bogotá, con su dignidad y sus reclamos: vida primero, derechos sociales y económicos, respeto por el territorio, a todo ello desde el gobierno nacional se responde con discursos de exclusión: que es una protesta de guerrillas, que no hay razones para la protesta, que parecen más un movimiento político, lo cual de por si es un exabrupto, porque por supuesto que son un movimiento social haciendo política, no hay nada de malo ni de ilegal en ello. Los pueblos indígenas en Bolivia han ganado protagonismo y derechos en las últimas dos décadas, igual en Colombia, hay tanto en Bolivia, como en Colombia, como en toda la región, fuertes debates sobre el rumbo de las naciones, lo cierto es que hay muchos temas por transformar y allí los movimientos sociales siguen diciéndonos que los derechos requieren su realización y gobiernos que los promuevan y no los restrinjan. Ya veremos cómo transcurre el debate presidencial en Bolivia y la acción de la Minga social e indígena en Colombia, que nos está recordando que hay un gobierno cerrado a la protección de la vida y a la inclusión, lo que sigue primando son una políticas que promueven barbaries, no protegen a las comunidades y no se asume que hay pueblos y comunidades que no están dispuestas a soportar exterminios y exclusiones de manera silenciosa, muy por el contrario se seguirán movilizando y buscando transformaciones

Por: Carlos Castelblanco. Editor Pares. «En un Estado de Derecho uno esperaría que los medios de comunicación jueguen un papel importante para generar el debate público y la construcción de una opinión pública que esté basada en la información veraz y objetiva, en la capacidad de análisis que ofrezcan esos medios para entender la realidad social política cultural. Y esto no ha sido así.» Pares habló con Juan Carlos Amador Baquiro, postdoctorado en Ciencias Sociales, Doctor en Educación y Licenciado en Ciencias Sociales. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y coordinador de la línea de investigación de Comunicación- Educación en la Cultura en el Doctorado Interinstitucional en Educación y en la Maestría de Educación para la Paz. «Es muy importante lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos con el surgimiento de medios alternativos, que en muchas ocasiones han sido iniciativas de periodistas independientes o de organizaciones no gubernamentales, y creo que eso es muy positivo en el sentido en que se amplía el horizonte de la información.» Vea aquí la entrevista completa:

Por: Redacción Pares. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP convocó a audiencia pública, el 25 de noviembre de 2020, entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m., en las instalaciones de la Jurisdicción, dentro del trámite de estudio de medidas cautelares de protección integral para los comparecientes que firmaron el Acuerdo Final de Paz. A la fecha, 230 exintegrantes de las antiguas Farc-EP, firmantes del Acuerdo de Paz, han sido asesinados. En la diligencia del 25 de noviembre la JEP verificará el cumplimiento de las órdenes dadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento a las entidades estatales sobre la implementación de las garantías de seguridad para los excombatientes. Se verificarán las garantías de seguridad para la reincorporación en los territorios, con enfoque territorial, de género y étnico. También se revisarán lo realizado para prevenir y superar de la estigmatización, en el marco de las garantías de no repetición y el proceso de reconciliación. Finalmente, el 25 de noviembre se verificarán los planes de lucha contra la impunidad y política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales en los territorios, con enfoque territorial, de género y étnico, en el contexto de las garantías de no repetición. A la audiencia están citados los siguientes funcionarios de las entidades estatales vinculadas: 1. Alto Comisionado para la Paz, Miguel Antonio Ceballos Arévalo. 2. Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila Peñalosa. 3. Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera. 4. Ministra del Interior, Alicia Arango Olmos. 5. Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García. 6. Procuradora Delegada con Funciones de Seguimiento al Acuerdo de Paz, Mónica Cifuentes Osorio. 7. Defensor delegado para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas, Ricardo Arias Matias. 8. Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado. 9. Director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campos Martínez La Sección de Ausencia de Reconocimiento estableció que solo podrán delegar su asistencia a la diligencia a viceministros y vicefiscal, y únicamente previa justificación y verificación por parte de la JEP de la imposibilidad funcional de asistir. En las demás entidades no se aceptará delegación. Los funcionarios asistentes deberán permanecer durante la totalidad del desarrollo de la audiencia. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado miércoles, 14 de octubre, Carlos Ruiz, jefe de la Misión y Representante Especial del Secretariado General de la ONU en Colombia, hizo la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, en donde estuvieron 15 miembros del Consejo de Seguridad, además de Claudia Blum, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. En este encuentro fueron varios los puntos mencionados desde la organización y el vocero de la misma, en los cuales, si bien se afirmó que ha habido avances en cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz, no obstante, se hizo énfasis en la preocupación sobre la situación de violencia que atraviesa el país. Sobre esto se llamó la atención en las consecuencias del deterioro en la seguridad en el país, que, siguiendo los datos presentados desde la ONU, se han reportado a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al menos, 42 masacres en lo que va del 2020, así como otros hechos de violencia que han venido afectando además de las poblaciones más abandonadas por el Estado, también a las personas que ejercen liderazgos sociales y defensa de los DDHH. “Las recientes masacres son un doloroso recordatorio de cómo civiles inocentes, incluidos jóvenes, son víctimas de estos grupos”, expresó el Carlos Ruíz, quien, adicionalmente, afirmó que: “encontrar formas de detener la violencia es fundamental para cumplir la promesa del Acuerdo de Paz”. Vale la pena mencionar que además de las 42 masacres que se registran desde la organización, se comunicó durante la presentación que se están estudiando 13 hechos más, asimismo, se informó que se han comprobado 48 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, incluidos nueve de comunidades étnicas y cinco de mujeres. A esto se suma, como indicó el informe, que los enfrentamientos armados han causado que unas 18.400 personas hayan sido objeto de desplazamientos colectivos y 19.000 de desplazamientos individuales, desplazamientos que en un 71 % se han concentrado en los departamentos de Nariño, Chocó, Antioquia y Norte de Santander. Hay que señalar que unos de los llamados que se hizo desde la ONU fue que estos hechos violentos, en su mayoría, se habían cometido en zonas sobre las que habían emitido alertas tempranas desde la Defensoría del Pueblo, por lo que se instó a ejercer un trabajo de forma coordinada, para que los riesgos reportados tengan la suficiente atención y manejo eficaz por las distintas instituciones buscando mitigar estos escenarios de peligro. Violencia no da tregua contra excombatientes Uno de los puntos que se señalaron y en los que se instó a efectuar medidas de protección efectivas, fue respecto a la ola de violencia y asesinatos sistemáticos que vienen cometiéndose contra firmantes de paz, solicitud que se argumentó bajo varios panoramas. Por un lado, se afirmó que “la Misión verificó 19 asesinatos de excombatientes en el último trimestre, para un total de 50 en 2020. Desde la firma del Acuerdo, se han verificado un total de 297 ataques contra exmiembros de las FARC-EP, incluidos 224 asesinatos, 20 desapariciones y 53 intentos de homicidio”. Asimismo, se advirtió que habían sido aprobadas por parte de la Unidad Nacional de Protección 94 medidas urgentes de protección para excombatiente, sin embargo, siguiendo el seguimiento que ha venido realizando la organización, 19 excombatientes han sido asesinados en los últimos cuatro años mientras esperaban una respuesta a sus solicitudes de protección. Por lo que resaltan la importancia de que la Unidad cuente con suficientes recursos para que pueda tramitar las más de 400 solicitudes de protección pendientes. Por otra parte, se respaldaron las más recientes versiones dadas el pasado 03 de octubre, cuando desde la JEP se comunicó que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad había recibido una carta del antiguo Secretariado de las Farc-ep, en la cual se comprometen a aportar a la verdad, esclarecer y asumir los hechos relacionados con el homicidio de Hernando Pizarro León-Gómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal Reyes, Pablo Emilio Guarín y Álvaro Gómez Hurtado. Así, desde la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU se expresó que se “confía en que estas declaraciones irán seguidas de otros gestos de esos dirigentes y de otras personas dispuestas a cumplir la parte que les corresponde en esta labor”, además, respecto a la JEP se indicó que “gana impulso a medida que los componentes del Sistema Integral llevan a cabo su labor. Es fundamental brindarle apoyo, incluyendo el respeto de autonomía e independencia, cooperación de todos los actores, y participación de quienes hicieron parte de conflicto”.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. “Desde nuestra llegada hemos trabajado para sacar adelante el proyecto de Montaña Mágica que, hoy por hoy, es un hogar cuidado, pero con miras a ser un jardín y un colegio. Esta iniciativa nace como reacción, como llamado, como alerta al abandono del Estado colombiano con los hijos e hijas de la paz. Por eso, hemos decidido crear este espacio de paz y de futuro,” señala la firmante de paz Elizabeth Guzmán. Justamente, ese abandono del Estado colombiano y del Gobierno Nacional, del que habla Elizabeth, no es un abstracto. De hecho, lleva por rostro la violencia. Por ejemplo, en junio, en sólo seis (6) días fueron asesinados dos hijos de exguerrilleras en Colombia. El más reciente fue el viernes 12 de junio, Bairon Eliécer Gómez Restrepo —hijo de firmante de paz— quien fue asesinado dentro del ETCR Mariana Páez, ubicado en el municipio de Mesetas, Meta. La madre del menor de 20 años, se llama Érika Quiceno Restrepo, exguerrillera y quien hace parte del equipo de búsqueda de personas desaparecidas del componente FARC, para ese ETCR. Asimismo, el pasado 6 de junio fue asesinado Camilo Sucerquia Durango, hijo de Nifia Sucerquia, firmante de paz. El asesinato del menor de 15 años fue perpetrado en el municipio de Ituango, Antioquia, en cercanías al ETCR de Santa Lucía. Debido a la violencia, la comunidad de este ETCR tuvo que desplazarse forzadamente el pasado 15 de julio y arribaron a el municipio antioqueño de Mutatá. De acuerdo con cifras de FARC, tras la firma del Acuerdo de Paz, han sido asesinados más de 40 familiares y 232 exguerrilleros que le han apostado durante estos cuatro años a la reincorporación. De esta forma, no se advierten garantías de vida para esta población por parte del Gobierno Nacional. Foto: Sergio Saavedra. Una iniciativa de mujeres en la ruralidad Elizabeth o “la mona”, como la conoce su familia fariana —como ella denomina— al interior del ETCR, hace parte de la Asociación de Mujeres Farianas Antonio Nariño (ASOMUFAN). A su vez, es la encargada de género de FARC, tanto del ETCR como del departamento Tolimense. Elizabeth me explica que el proyecto de Montaña Mágica hace parte del Comité de Género y lo están adelantando las mujeres de ASOMUFAN. Pares habló con Elizabeth sobre este proyecto de cuidado que nació y continúa creciendo en el ETCR Antonio Nariño, ubicado en el corregimiento de la Vereda La Fila, a cuarenta minutos de la cabecera municipal de Icononzo. Este municipio —que es conocido como el Balcón del oriente del Tolima— hace parte de la histórica subregión del Sumapaz. Pares: ¿Cómo nace la iniciativa Montaña Mágica? Elizabeth Guzmán (E.G): Nace como una necesidad desde que llegamos a lo que se conocía como Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) Antonio Nariño. Esto porque, fíjese, con este asentamiento se empezó a dar una reunificación familiar. Con ello, empezaron a llegar los nacimientos de los y las hijas de la paz. Desde nuestra llegada a los ETCR, hombres y mujeres, hemos desempeñado un sinnúmero de tareas, mientras que el tema del cuidado lo empezábamos a ver como una necesidad. Recordará que, para ese momento, estábamos aún viviendo en caletas del estilo que usábamos cuando estábamos en armas. Aún, ese año, no habíamos pasado a las cuatro paredes de super board que tenemos como casa y que convertimos en nuestro hogar. En este sentido, lo que implica velar por el bienestar de bebés en esas caletas o en este tipo de casas nos fue haciendo pensar y repensar las formas de cuidado. De alguna forma, la iniciativa también nace como respuesta para el cuidado de la niñez. Pares: ¿Qué busca la iniciativa? E.G:. La iniciativa no solo busca el cuidado de los niños y niñas desde que tienen unos meses hasta cuando tienen dos o tres años. Nos hemos propuesto pensarnos en futuro, porque es un hecho que nosotros de aquí no nos vamos, continuaremos nuestra apuesta a la paz desde Icononzo como ha venido siendo durante estos años. Hemos conformado las familias acá en el ETCR, buscaremos entonces condiciones dignas para la niñez. Esto mientras el ETCR se legaliza como centro poblado, como corregimiento y demás. De esta forma, esperamos —y así lo hemos querido desde el principio— es que este proyecto de Montaña Mágica vaya con fines a constituirse y adecuarse, también, como un colegio. Acá son muchos los niños y niñas y, no se olvide, los que están por nacer. Pares: ¿A cuántos niños y niñas cobija la iniciativa? E.G: Actualmente, por la modalidad de hogar comunitario que tiene la iniciativa, cobija a diez niños. Estos se encuentran entre los dos (2) y los cinco (5) años. Nuestra modalidad propia, la de Montaña Mágica, cobijaría a toda la primera infancia del ETCR y de la comunidad aledaña. Nuestro modelo pedagógico en Montaña Mágica busca que sea propio, nuestro, intercultural. Es decir, que también permita la no restricción a este bien común. Pares: ¿Qué papel juega la maternidad en el proceso de reincorporación? E.G: Durante el conflicto fue muy difícil ejercer la maternidad, estábamos en condiciones de guerra. En ese contexto, debido a la violencia, tener hijos de alguna forma ponía en riesgo nuestra seguridad, la de la criatura, para nuestras familias. Teníamos un adversario que nos buscaba y que nosotros buscábamos. Mire, yo fuí una de aquellas que pudo tener un hijo en ese contexto y al mes teníamos que entregarlo a nuestras familias porque en medio de una guerra era mucho el riesgo que corría el bebé. Ahora, en el nuevo momento, el de la reincorporación, se da lo que le venía diciendo; la conformación de nuevas familias. Es la hora en que los hijos e hijas se han convertido en parte fundamental de este proceso de reincorporación. La idea de familia en nuestra reincorporación es de gran importancia. Esto de la maternidad es una experiencia bonita que algunas no pudimos vivir, pero estamos viendo cómo lo viven nuestras compañeras. Sin embargo, aunque sea ya grandecitos, nosotras nos hemos podido reencontrar con nuestros hijos. Acá estamos con ellos haciéndole frente a la paz. Pares: ¿Cuál es el papel del cuidado y de esta iniciativa en el proceso de reincorporación? E.G: Debido a la confianza que tenemos dentro de la comunidad fariana, con nuestro sentir solidario, hemos podido mantener como pilar el cuidado y el autocuidado. De alguna forma, esto hace parte de nuestra perspectiva de mujeres en proceso de reincorporación acá en el ETCR. Elizabeth o “la mona”, como la conoce su familia fariana —como ella denomina— al interior del ETCR, hace parte de la Asociación de Mujeres Farianas Antonio Nariño (ASOMUFAN). A su vez, es la encargada de género de FARC, tanto del ETCR como del departamento Tolimense. Elizabeth me explica que el proyecto de Montaña Mágica hace parte del Comité de Género y lo están adelantando las mujeres de ASOMUFAN. Foto: Sergio Saavedra. Fíjese, por ejemplo, si una compañera tiene que salir y, por alguna razón, le toca dejar el niño o la niña; lo hacemos entre nosotras. Son redes de cuidado solidario. De hecho, que día hablaba con una compañera que me decía “yo me siento mucho más tranquila de dejarlo con ustedes porque en el ETCR nos sentimos como una familia.” Ahora, la reincorporación nos ha mostrado que el cuidado es un tema central, porque uno siempre dice que el cuidado va enfocado solamente a la niñez; y no. También nos debemos cuidar entre nosotros y nosotras, por eso prima el autocuidado. Pares: ¿Qué implica que exista un lugar como Montaña Mágica? E.G: Es importante dejar claro que esto es una respuesta al abandono del Estado por no tener en cuenta a los hijos e hijas de la paz. También , como no, por esa falta de voluntad política. Fíjese, hace un año se ha ido materializando lo que conocemos como Montaña Mágica, de alguna forma de la mano del ICBF. Sin embargo, este proyecto se empezó a ver cuando el presidente vino por acá al ETCR Antonio Nariño. En dos días hicieron lo que hemos venimos bregando más de dos años y medio, porque necesitaban mostrar resultados en la visita del presidente. Es decir, no ha nacido de un interés sobre lo que implica la niñez en tiempos de paz. Sobre Montaña Mágica, como le digo, la idea es que esta no sea una iniciativa pasiva frente a las condiciones de la reincorporación sino que logre articular con los procesos de la comunidad. Buscamos que se abran los espacios de cuidado. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Nicolás Lozano y Diana Mora. Colaboradores Pares. En el marco de una investigación que desarrolla la Fundación Paz y Reconciliación -Pares- sobre la frontera colombo-venezolana, presentamos una radiografía de las principales problemáticas en la frontera que comparten el departamento de Norte de Santander, Colombia y el estado de Táchira, Venezuela, y cómo éstas se han agravado en los últimos meses con la pandemia. Los retornados La situación de los/as migrantes en Colombia ha sido muy difícil por la estigmatización, la xenofobia y las pocas oportunidades que ofrece el país. No obstante, desde el inicio de la pandemia la situación se ha agravado, y por esta razón varios/as migrantes han decidido retornar a su país. El retorno no ha sido fácil ya que la frontera se encuentra cerrada y los pasos humanitarios tienen varias restricciones. De acuerdo con cifras de Migración Colombia, entre el 14 de marzo y el 3 de agosto de 2020, más de 95 mil ciudadanos venezolanos retornaron de manera voluntaria a Venezuela, 77% de ellos haciéndolo por el departamento de Norte de Santander y más de 42 mil solicitudes se encontraban aún en espera. Los pasos ilegales se han convertido, por una parte, en un alivio a la presión social generada por el cierre de los pasos formales para una población necesitada de servicios especiales de salud, con profundas carencias de alimentos y medicinas, factores principales que los impulsan a arriesgarse a cruzar la frontera por las trochas. Imagen: Pares. El gobierno venezolano habilitó el paso fronterizo los lunes, miércoles y viernes. Solo permite el paso a un número restringido de migrantes, ya que al pasar a territorio venezolano tienen que realizar aislamiento preventivo. Al no poder cruzar, varios/as migrantes tienen que permanecer en zonas aledañas al puente internacional Simón Bolívar, como en la vereda La Parada, que hace parte del municipio de Villa del Rosario sobre la frontera con Venezuela a tan solo 15 minutos de Cúcuta. Allí viven entre cambuches improvisados, donde esperan su turno para lograr pasar por los puntos autorizados; pero mientras esperan la oportunidad de regresar a su país, viven gran rechazo entre la comunidad y se les considera un foco de infección. En su estadía en el lado colombiano, los migrantes reciben hospedaje y atención en salud de parte de la gobernación de Norte de Santander y distintas organizaciones internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Instituto Departamental de Salud (IDS), quienes hacen control sanitario para mitigar la propagación de la Covid-19 junto a la Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional de la Gobernación Norte de Santander. Las trochas Pero la necesidad no da espera y los pasos ilegales o trochas en la frontera se presentan como una oportunidad para llegar pronto a su destino. Al encontrar tantas dificultades en los pasos fronterizos, muchos/as migrantes deciden arriesgarse a cruzar la frontera por las trochas. Los pasos ilegales se han convertido, por una parte, en un alivio a la presión social generada por el cierre de los pasos formales para una población necesitada de servicios especiales de salud, con profundas carencias de alimentos y medicinas, factores principales que los impulsan a arriesgarse a cruzar la frontera por las trochas. Sin embargo, para los/as migrantes, la inseguridad y la presencia de los diversos grupos al margen no es el único problema, pues al llegar a Táchira se les trata como bioterroristas, discurso extendido por el gobierno de Nicolás Maduro, quien además pidió acusar por ataque biológico a quienes transiten por los pasos fronterizos ilegales. En Norte de Santander se encuentran cerca de 80 pasos ilegales, 38 de los cuales están en el área metropolitana de Cúcuta. Entre San Antonio y Cúcuta las trochas de Palotal o la de Tribunales son las más concurridas, tienen un costo de entre 18 mil y 38 mil pesos por trayecto. Sin embargo, al ser un espacio en el cual confluyen varios grupos ilegales, para pasar por las trochas toca pagar una serie de “peajes”. En Norte de Santander se encuentran cerca de 80 pasos ilegales, 38 de los cuales están en el área metropolitana de Cúcuta. Entre San Antonio y Cúcuta las trochas de Palotal o la de Tribunales son las más concurridas, tienen un costo de entre 18 mil y 38 mil pesos por trayecto. Imagen: Pares. Al recolector del ELN se le paga 5 mil pesos, al del Ejército venezolano son otros 5 mil pesos, 3 mil a los paramilitares y 2 mil al dueño del predio que debe atravesar para salir a Villa del Rosario, de allí se puede ir caminando o pagar 54 mil pesos por una moto que lo saque hasta la vía principal. Cabe resaltar que durante la pandemia ha aumentado el paso de migrantes por trochas y las recientes medidas de reactivación económica del gobierno colombiano han incentivado nuevamente a varios venezolanos a migrar hacia Colombia en busca de oportunidades, quienes pasan principalmente por las trochas o caminos verdes. Aunque la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) se mantiene desplegada en estos sectores, todos los días se utilizan los pasos irregulares para entrar o salir de Colombia. La violencia en la frontera colombo venezolana entre el Estado de Táchira y Norte de Santander incrementó un 28,5% durante la cuarentena. A pesar de las restricciones a la movilidad en medio de la cuarentena, han ocurrido más homicidios, desapariciones y enfrentamientos armados en los meses de abril, mayo y junio de 2020, en comparación con las cifras del 2019, y también frente a los datos registrados en los primeros tres meses del año. La situación en Venezuela Una vez los migrantes pasan legalmente a Venezuela son instalados en uno de los 18 Puntos de Atención Social Integral -PASI- que ha dispuesto el gobierno bolivariano para que pasen una cuarentena de dos semanas antes de poder dirigirse hasta sus estados de destino, en donde el gobierno ha anunciado se les brinda hospedaje, alimentación y atención en salud. No obstante, ya se han registrado varias denuncias de migrantes que relatan días sin comida y durmiendo a la intemperie en la calle, antes de ser reubicados en los puntos adecuados para los retornados que estén disponibles, así como la aplicación de múltiples pruebas para la detección del Covid-19 cuyos resultados no son entregados sino semanas después. Frente a este panorama de desborde en la atención a los migrantes retornados, se anunció que desde el 21 de agosto el ingreso a Venezuela a través del Puente Internacional Simón Bolívar sería suspendido, debido al alto número de ciudadanos venezolanos que permanece en el estado del Táchira cumpliendo con las medidas de aislamiento preventivo obligatorio; ese mismo día el gobierno venezolano realizó una desinfección del Puente entre las 5 y las 9 de la mañana, y más tarde permitió el paso de 200 migrantes que estaban a la espera de su turno. Pese al reciente anuncio del gobierno colombiano sobre extender el cierre de fronteras hasta el 1 de noviembre, el protector del estado Táchira, Freddy Bernal, indicó el 26 de septiembre que están evaluando una serie de acciones con miras a la reapertura progresiva de la frontera con Colombia, que permitirá reactivar la economía en los municipios Bolívar, Ureña, Ayacucho, García de Hevia, Panamericano y otras zonas una vez bajen los casos de COVID-19 y se haya aplanado la curva epidemiológica, por lo cual designó a Carlos Trómpiz para que asuma las tareas y coordinaciones ministeriales y haga todos los enlaces necesarios del lado colombiano, con el fin de restablecer las relaciones comerciales binacionales.

Por: Redacción Pares con información de ONU. Las mujeres rurales-una cuarta parte de la población mundial- trabajan como agricultoras, asalariadas y empresarias. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático. Sin embargo, como señala ONU Mujeres, las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento. Menos del 20% de los propietarios de tierras en todo el mundo son mujeres. En las zonas rurales, la brecha salarial de género llega al 40%. Las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares. Su labor es invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido a la migración de los hombres. Mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas. Reducir la brecha en las tasas de participación de la fuerza laboral entre hombres y mujeres en un 25% para el año 2025 podría aumentar el PIB mundial en un 3,9%.