Por: Laura Cano. Periodista Pares. Desde el pasado 10 de octubre la Minga del Suroccidente se reactivó en el sector de El Pital, en Caldono, Cauca, donde dejaron claro que esta vez el carácter de esta era político bajo cuatro ejes: la vida, el territorio, la democracia y la paz, por lo que instaron al que el presidente Iván Duque hiciera presencia para tener un debate. Al no haber pistas de interés las y los mingueros decidieron salir del Cauca hacia Cali, y al encontrarse allí con la misma respuesta de ausencia del mandatario determinaron trasladarse hasta Bogotá. Durante la movilización, en el Cauca y estando en Cali se insistió en la preocupación con la que se convoca la Minga a raíz de los asesinatos sistemáticos contra indígenas, los cuales, según datos de Indepaz, desde el 2016 y hasta el 8 de junio de 2020 fueron 269 los cometidos contra líderes/as indígenas, 242 luego de la firma del Acuerdo de Paz y 167 durante la presidencia de Iván Duque, adicionalmente en lo que va del 2020 se tiene registro de, al menos, 47 asesinatos de líderes indígenas, y 14 de ellos durante el periodo de aislamiento preventivo. En este panorama de exigencia desde los territorios y desde las calles con la Minga para que pare la violencia, se conoció que el mismo día que las y los mingueros iban con rumbo a Cali, el pasado 12 de octubre, fueron asesinados Fredy Güetio Zambrano de 51 años, comunero indígena y exautoridad del territorio indígena de Cerro Tijeras, al igual que su esposa Reina Mera en el resguardo de Cerro Tijeras del municipio de Suárez al norte del Cauca. Como se informó desde la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), “hombres armados les dispararon cuando llegaban de un trabajo familiar en la vereda Agua Clara resguardó indígena de Cerro Tijeras municipio de Suarez departamento Cauca. Sus cuerpos están siendo trasladados hacia el municipio de Santander de Qulichao. Se desconocen los responsables y las motivaciones de este nuevo doble asesinato”. Sobre este asesinato hay dos puntos que señalar: por una parte, se cometió en uno de los departamentos más golpeados por la violencia, en especial contra las comunidades campesinas e indígenas y los liderazgos sociales. Asimismo, por otro lado, se da mostrando cuál es el riesgo de estigmatizar a los pueblos indígenas y a los espacios de protesta, como la Minga, que se han convocado. El Cauca, el epicentro de violencia contra indígenas Hay que iniciar diciendo que desde el 2018 los asesinatos contra líderes y lideresas indígenas han venido en aumento, así lo registró el portal La Paz en el Terreno: “Según Somos Defensores, una organización que le hace seguimiento a la situación del liderazgo social en el país, los asesinatos contra líderes y lideresas indígenas en todo el territorio nacional pasaron de 24 en el 2018 a 32 en el 2019, un incremento porcentual del 33 %. Por su parte, la Defensoría del Pueblo asegura que en el 2018 ocurrieron 30 y en el 2019, 33” Por su parte, respecto a este año y siguiendo lo consultado por el portal mencionado son, al menos, 21 los asesinatos cometidos entre 2019 y junio de 2020 en el Cauca, siendo Toribío el municipio con más casos, con un total de 12. Adicionalmente, vale la pena mencionar que el Comando Élite de la Policía responsabiliza de forma general al Ejército de Liberación Nacional (ELN), al Clan del Golfo, al Grupo Armado Organizado residual ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’, al ‘Frente Oliver Sinisterra’ y al Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDCO) ‘La Rebelión’ como los principales responsables de asesinar líderes y lideresas indígenas. Durante la movilización, en el Cauca y estando en Cali se insistió en la preocupación con la que se convoca la Minga a raíz de los asesinatos sistemáticos contra indígenas, los cuales, según datos de Indepaz, desde el 2016 y hasta el 8 de junio de 2020 fueron 269 los cometidos contra líderes/as indígenas, 242 luego de la firma del Acuerdo de Paz y 167 durante la presidencia de Iván Duque, adicionalmente en lo que va del 2020 se tiene registro de, al menos, 47 asesinatos de líderes indígenas, y 14 de ellos durante el periodo de aislamiento preventivo. Imagen: Pares. No obstante, en este panorama también se ha evidenciado una vulneración de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, que incluso, solo en este año, siguiendo el Sipares, se encuentran los hechos ocurridos con Joel Villamizar, directivo de la Asociación U’wa y Coordinador de Educación de esta comunidad indígena reconocido como líder, quien fue asesinado por tropas de la Trigésima Brigada, adscritas a la Segunda División del Ejército el pasado 31 de mayo en Chitagá, Norte de Santander, y el cometido el 22 de abril contra Ángel Artemino Nastacuas Villarreal, integrante del resguardo Pialapí Pueblo Viejo, Ricaurte, quien fue asesinado por la Fuerza Pública en Tumaco, Nariño, luego que la comunidad se encontrara manifestándose pacíficamente contra las acciones de erradicación forzada que se venían adelantando en el territorio. A esto se suma otros actores que hostigan a las comunidades indígenas como los grupos de narcotráfico y las multinacionales, con quienes los conflictos giran, principalmente, en torno a las economías ilegales y la erradicación, así como al extractivismo y a la oposición que se le ha venido haciendo a este modelo. Todo este panorama lo que termina evidenciado es que los asesinatos son la punta de las violencias, sin embargo, en los territorios, en especial en zonas como el Cauca, los modos de violencia son amplios, e incluso desde la ONIC se ha alertado de un retorno de, por ejemplo, las minas antipersonal y el reclutamiento a menores. A esto se suma que, hechos como el desplazamiento forzado, solo en ese departamento, dejó 1.312 víctimas entre noviembre de 2016 y agosto de 2019. Adicional, también desde la ONU se expuso que de los 50 casos de asesinato de líderes/as Indígenas reportados a la organización entre 2016 hasta agosto de 2020, 17 fueron cometidos en el Cauca, el departamento, según dichos datos, con más registros en el periodo seleccionado. Además, desde el portal La Paz en el Terreno y su compilación de información se estableció que entre 2019 y junio de 2020 en el Cauca algunos hechos de violencia contra líderes/as indígenas se reportaron así: casos de amenaza hubo 19 en Toribío, 02 en Suárez, 03 en Corinto y 05 en Caloto. Mientras que se informó sobre un atentado contra indígenas en Toribío y otro en Corinto, mismo municipio donde se había registrado un secuestro contra esta población. Así se afirma desde el portal: “El norte del Cauca fue la región más letal para los liderazgos indígenas entre 2019 y marzo de 2020. En los municipios de Toribío, Caloto y Suárez se presentaron 15 hechos violentos en los que murieron 21 líderes y lideresas indígenas”. Estigmatización, otra forma de violencia Antes de cometerse el asesinato de Fredy Güetio Zambrano y Reina Mera, y una vez iniciada la Minga, aun cuando los motivos y exigencias de esta son amplios y atraviesan lo anteriormente escrito, fueron varios los señalamientos que se hicieron a las comunidades indígenas. Por una parte, Álvaro Uribe había escribió en su cuenta de Twitter que el objetivo de la Minga es “la toma socialista del Estado”, mientras que el pasado fin de semana la Revista Semana afirmó que la Minga estaba infiltrada por el ELN y las disidencias de las Farc. Esto de inmediato fue rechazado por la Minga y las distintas organizaciones que la están conformando y apoyando. La ACIN tras estos señalamientos y el asesinato de Fredy Güetio Zambrano y Reina Mera aseveró: “Este es asesinato es el número 76 de comuneros indígenas en el norte del Cauca, 6 de estos con perfil de liderazgo. No pueden seguir sembrando la muerte mientras los pueblos están movilizados en defensa de sus derechos”. Asimismo, desde el CRIC se escribió: “Rechazamos la versión unilateral de las afirmaciones publicadas por la Revista Semana y el Periódico El tiempo SOBRE LA PRESENCIA DE INFILTRADOS DE LAS DISIDENCIAS DE LAS FARC Y EL ELN EN LA MINGA DEL SUROCCIDENTE, aclaramos que nuestra Movilización no está infiltrada por actores armados, tales publicaciones obedecen a una estrategia que viene implementando el Gobierno Nacional desde la pasada invitación al debate político convocado en el año 2019, misma que se emplea este año para estigmatizar e incumplirle al país frente al debate político convocado”. Con esto hay que resaltar el trabajo que está haciendo la Minga, que definió seguir hacia Bogotá ante la poca voluntad de Iván Duque para el diálogo. Este ejercicio está poniendo sobre la mesa la urgencia de mirar hacia los departamentos donde habitan comunidades indígenas, que en su mayoría están siendo desplazadas, confinadas, amenazadas y asesinadas por actores armados ilegales y legales, todo esto mientras desde la institucionalidad se dice que es un “juicio” a lo que quieren someter al presidente y que es un plan orquestado supuestamente con los mismos grupos que siembran terror en los territorios; un discurso que es peligroso y que, además, es dicho mientras que los pueblos indígenas tienen que seguir poniendo vidas como las de Fredy Güetio Zambrano y Reina Mera.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Luego que Iván Duque dejara de nuevo su silla vacía este 13 de octubre al no asumir el diálogo que se había propuesto desde la Minga con días de anterioridad, se decidió que los/as mingueros/as saldrán con rumbo a Bogotá desde este miércoles en la mañana, pues, como lo afirmó Feliciano Valen: “Si Duque no viene a la Minga, la Minga va a donde Duque”. La Minga indígena del Suroccidente estaba en Cali luego que anunciaran que se reactivaría el pasado 10 de octubre en El Pital, Caldono, Cauca. Esto motivado por el incumplimiento a los acuerdos a los que se había llegado en la Minga del año 2019, adicional, ante una ola de violencia que se ha ensañado en departamentos como el Cauca, donde se tiene registro que habitan alrededor de 190.069 personas indígenas. “El Gobierno es responsable del tema del Covid, si no quiere que se brote mucho, pues que atienda rápido al pueblo, porque con Covid o sin Covid nos están matando en los territorios. Nos pusieron tapabocas para callarnos y nosotros no podemos callarnos frente a esto.«Hermes Pete, Consejero Indígena. Foto: Sergio Saavedra. Con lo anterior, además, se había dejado la claridad sobre el carácter político y no reivindicativo por parte de los/as manifestantes, dejando sobre la mesa que la principal solicitud que se hace es un debate y diálogo con el presidente Iván Duque y no con delegados/as del Gobierno, diálogo que se encuentran esperando en la capital del Valle del Cauca, donde están en este momento. ¿Por qué Duque? Sobre este punto hay que señalar, por un lado, se ha denunciado un incumplimiento en los acuerdos a los que se llegaron en la Minga de 2019, acuerdos que incluso, hay que decir, fueron lejanos a lo que se estaba solicitando en un principio, y, aun así, como se ha expresado, no han sido cumplidos. Por otra parte, mientras se hace hincapié en lo anterior, desde la delegación del gobierno se ha dicho que sí han sido cumplidos los acuerdos, y que los que no se han implementado están en ese proceso, Arango afirmó: «Es muy importante que Colombia sepa que esta Minga no es una Minga reivindicativa, es una Minga de carácter político, porque el Gobierno ha hecho grandes esfuerzos por cumplir lo pactado durante este gobierno y gobierno anteriores que no se había cumplido». Por su parte desde el CRIC se comunicó que: “(…) Aclaramos que el Gobierno Nacional en lo reivindicativo no ha cumplido a cabalidad a la Minga del suroccidente como manifestó la Ministra del Interior”. Se insiste en la presencia de Iván Duque porque, como se ha manifestado, hay una preocupación por lo que ha sido la gestión del presidente, que a su paso a recrudecido lo índices de violencia evidenciados en un copamiento cada vez mayor de actores armados ilegales en los territorios, y en esa vía un aumento de amenazas, desplazamientos, asesinatos, confinamiento, entre otros. Imagen: Cortesía CRIC. Muestra de este panorama es que, según datos de Indepaz, desde el 2016 y hasta el 8 de junio de 2020, habían sido asesinados 269 líderes indígenas, 242 luego de la firma del Acuerdo de Paz y 167 durante la presidencia de Iván Duque, adicionalmente en lo que va del 2020 han sido asesinados 47 líderes indígenas, y 14 de ellos durante el periodo de aislamiento preventivo. A esto se suma que estos hechos violentos también han sido cometidos por miembros de la Fuerza Pública, en donde vale la pena señalar, siguiendo el Sipares, se encuentran los hechos ocurridos solo en lo que va corrido del año con Joel Villamizar, directivo de la Asociación U’wa y Coordinador de Educación de esta comunidad indígena reconocido como líder, quien fue asesinado por tropas de la Trigésima Brigada, adscritas a la Segunda División del Ejército el pasado 31 de mayo en Chitagá, Norte de Santander, y el cometido el 22 de abril contra Ángel Artemino Nastacuas Villarreal, integrante del resguardo Pialapí Pueblo Viejo, Ricaurte, quien fue asesinado por la Fuerza Pública en Tumaco, Nariño, luego que la comunidad se encontrara manifestándose pacíficamente contra las acciones de erradicación forzada que se venían adelantando en el territorio. Una región castigada por la violencia “El suroccidente colombiano es el lugar de las masacres, del exterminio sistemático de los pueblos étnicos, al igual que del campesinado. Es allí donde se vive con mayor rigor las nefastas consecuencias de un gobierno abiertamente enemigo del Acuerdo de Paz. A lo que se suman sus incumplimientos de pactos anteriores orientados a salvaguardar la vida y demás derechos fundamentales y colectivos”, argumentó Ivonne Quiñónez, investigadora de Pares. Igualmente, vale la pena traer a colación lo explicado por Hermes Pete, consejero mayor del CRIC, quien durante la emisión de El Poder de Semana TV afirmó que si Duque “como mandatario del país, responsable del cumplimiento a la Constitución, como comandante de la Fuerza Pública y como jefe de Estado no cumple con el debate político al que fue convocado, no nos queda de otra que tomar acciones; bien sea el juicio político desde la jurisdicción especial indígena, al que le teme, e ir a instancias internacionales porque la violación a Derechos Humanos es atroz; le ha quedado grande el país, el control y gobernar para todos/as los/as colombianos/as”. Adicionalmente, esta Minga por su carácter no está atravesada por un pliego de peticiones, ni puntos a negociar, por tanto, esta vez convocan a un dialogo político a Duque que girará en torno a los ejes de la vida, la paz, el territorio y la democracia, partiendo de contextos como el incumplimiento al Acuerdo de Paz, la concentración de poderes, el deterioro de la seguridad y la autonomía de los pueblos indígenas. Además, dicen que el presidente debe estar seguro de que se le garantizara la seguridad y las condiciones para poder entablar el diálogo. “Esta propuesta se trata de una oportunidad histórica para Iván Duque de honrar y cumplir los acuerdos que el Estado colombiano ha venido incumpliéndole sistemáticamente a las comunidades indígenas”, indicó Alexander Castaño, investigador de Pares. Rechazo a la estigmatización de la Minga Como una historia que se repite cuando se trata de movilización social, medios de comunicación, políticos y miembros de la Gobierno han salido a estigmatizar la Minga bajo dos argumentos, por un lado, que esta se está convirtiendo en un foco de propagación del Covid-19, lo que incluso llevó a que durante la movilización en el Cauca sobrevolaran aviones y helicópteros haciendo advertencias sobre la pandemia. Sobre esto Hermes Pete dijo en El Poder: “El Gobierno es responsable del tema del Covid, si no quiere que se brote mucho, pues que atienda rápido al pueblo, porque con Covid o sin Covid nos están matando en los territorios. Nos pusieron tapabocas para callarnos y nosotros no podemos callarnos frente a esto. (…) Han pretendido meternos miedo psicológico, como lo hicieron el año anterior, pero ya a eso no le tememos”. “El suroccidente colombiano es el lugar de las masacres, del exterminio sistemático de los pueblos étnicos, al igual que del campesinado. Es allí donde se vive con mayor rigor las nefastas consecuencias de un gobierno abiertamente enemigo del Acuerdo de Paz. A lo que se suman sus incumplimientos de pactos anteriores orientados a salvaguardar la vida y demás derechos fundamentales y colectivos”, argumentó Ivonne Quiñónez, investigadora de Pares. Imagen: Pares. A esto se sumaron las intervenciones que Aída Quilqué hizo en El Poder, quien frente a estos señalamientos advirtió: “independientemente que estemos acá, el Covid ya está en los territorios. Lo que nos ha servido a nosotros es nuestro conocimiento ancestral, nuestras formas propias de protección, porque el gobierno no ha garantizado nada en términos de contrarrestar esta enfermedad. Así, en el territorio o en la Minga los pueblos indígenas estamos en riesgo incluso no solo por el Covid, porque lo que más nos está matando es el conflicto armado”. Además de esto, otro de los medios de criminalización a esta expresión de movilización social y encuentro popular de distintos sectores ha sido alertar diciendo que esta Minga está infiltrada por el ELN y las disidencias de las Farc, un discurso que también se atribuyó a lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre en Bogotá y Soacha, donde desde la institucionalidad quitó el valor reivindicativo que per se tiene cualquier muestra de protesta, a planes supuestamente organizados por ilegales. “Rechazamos la versión unilateral de las afirmaciones publicadas por la Revista Semana y el Periódico El tiempo SOBRE LA PRESENCIA DE INFILTRADOS DE LAS DISIDENCIAS DE LAS FARC Y EL ELN EN LA MINGA DEL SUROCCIDENTE, aclaramos que nuestra Movilización no está infiltrada por actores armados, tales publicaciones obedecen a una estrategia que viene implementando el Gobierno Nacional desde la pasada invitación al debate político convocado en el año 2019, misma que se emplea este año para estigmatizar e incumplirle al país frente al debate político convocado”, se comunicó desde el CRIC. Hay que seguir insistiendo en respaldar la Minga, que, además, de no llegar el presidente Iván Duque a Cali seguramente se movilizarán parte de las 10.000 personas que se encuentra en dicha ciudad hacia Bogotá, donde se espera se encuentre con las distintas organizaciones y sectores que se han convocado para la jornada de Paro Nacional del 21 de octubre. Foto: Pares. A esto se suma que incluso antes de que la Minga se dirigiera hacia Cali, Álvaro Uribe había escribió en su cuenta de Twitter que el objetivo de la Minga es “la toma socialista del Estado”, lo que siguió acentuando una señalamiento y estigmatización hacia las comunidades indígenas que no es nuevo, pues estas acciones parecen haberse convertido en la salida hacia cualquier forma de rechazo a la gestión del gobierno actual. Asimismo, hay que continuar resaltando el valor de la Minga pues así como se ha dicho desde diversos sectores, y como se ha instado desde Pares por muchos/as de sus investigadores/as, la Minga es, como expresó Paola Perdomo, investigadora de la Fundación, “una expresión pluriétnica y multicultural de unidad y resistencia de los pueblos, que además es muy importante para los procesos sociales que hoy se adelantan en Colombia porque recoge las demandas y exige el debate político alrededor de la situación actual de Derechos Humanos, derechos territoriales y de participación política”.

Por: León Valencia. Director Pares. La izquierda y la centro izquierda tienen que cometer muchos errores para no ganar las elecciones presidenciales de 2022. Hasta 2006 la izquierda era una fuerza marginal en las elecciones presidenciales. En ese momento, con la consolidación de un proyecto de la derecha pura y dura, en cabeza de Álvaro Uribe y el inicio de la polarización del país, la izquierda dio un salto y empezó a romper esa marginalidad. Carlos Gaviria hizo una memorable campaña y obtuvo la segunda votación con un mensaje claro de izquierdas. Las élites tradicionales afines al partido liberal sufrieron una impresionante derrota. En las elecciones de 2010 las fuerzas situadas del centro hacia la izquierda siguieron creciendo, pero se produjo un fenómeno especial: Juan Manuel Santos, claro representante de esas élites tradicionales afines al Partido Liberal, logró lo impensable: que la derecha pura y dura lo ungiera como candidato presidencial y contra esa gran coalición nada pudo hacer el profesor Mockus y toda la izquierda. En el 2014 se presentó un gran hecho histórico que abrió el camino para un posible triunfo electoral de la izquierda en el 2022: el proceso de paz rompió de manera definitiva a las élites políticas del país que habían gobernado a la largo del siglo XX. Santos que había ganado de la mano de la derecha en el 2010 ganó de la mano de la izquierda en el 2014. La izquierda por primera vez en la historia fue decisiva en unas elecciones presidenciales. La izquierda en sus diversos matices salió por fin de la marginalidad. En esos días conversé varias veces con Santos y Vargas Lleras que reconocían sin ambages que la izquierda les había dado el triunfo. En el 2018 la contienda presidencial tuvo otro color: en la primera vuelta, los candidatos situados del centro hacia la izquierda y los representantes de élites tradicionales afines a la paz obtuvieron la mayoría de los votos. Pero este espectro de fuerzas se dispersó en segunda vuelta. Las élites políticas tradicionales afines a la paz se asustaron ante un posible triunfo de la izquierda y pasaron de agache o le votaron a Duque. Si se fijan en los resultados verán que Duque ganó en primera vuelta en 512 municipios y en segunda vuelta en mucho más de 800 municipios. Por primera vez la izquierda disputó la segunda vuelta con posibilidades importantes de ganar. Otras novedades: en 2019 irrumpe la protesta social; en diez ciudades principales ganan las alcaldías candidatos por fuera de las estructuras políticas tradicionales apoyados en el voto de opinión; y se conforma una bancada de oposición y unas bancadas independientes que dan batallas memorables en el congreso. La derecha entra en una enorme crisis. En el 2020 aparece la pandemia que le da un respiro a la derecha, pero dejará una pavorosa situación económica y social que sin duda alentará el cambio político. Es muy probable que en la primera vuelta de 2022 se presenten dos o tres candidatos representativos de las izquierdas y las élites tradicionales afines a la paz. Lo mismo ocurrirá en el espectro político que va del centro hacia a la derecha. Eso es casi inevitable. Aunque, como vi ayer en la discusión en defendamos la paz, hay un sentimiento legítimo y noble que pugna por agrupar en primera vuelta a todas las fuerzas que le apuestan al cambio y a la paz. Si se produce el milagro será un gran acontecimiento. Pero si no se produce ese acontecimiento es necesario que las izquierdas tengan en cuenta tres cosas: a. No pueden permitir que por la división o dispersión no vayan a segunda vuelta, es necesario tener agrupamientos competitivos, candidatos competitivos y que uno de ellos salte a segunda vuelta. Los candidatos y las alianzas no se forjan de la noche a la mañana. Hay que reconocer que algunos líderes vienen desde atrás acumulando opinión pública y algunos grupos y movimientos construyendo aparato político. Con esos líderes, con sus virtudes y defectos, hay que contar. Con esos aparatos también. La política se hace con personas, con ambiciones, con diversidad de ideas y sentimientos, es una realidad que no se puede ignorar. Es obligatorio un debate civilizado y ojalá amable entre los líderes de este espectro político, en las consultas si las hay, en las parlamentarias y en primera vuelta. Si hay un debate feroz, un debate deslegitimador, un debate que cierre las puertas para alianzas en segunda vuelta, ese puede ser uno de los errores que lleven a la derrota. Como vimos en el 2018 aún si se suman los ocho partidos, movimientos y grupos de las izquierdas en la segunda vuelta con un buen candidato es probable que no alcance para el triunfo. Las élites tradicionales – y este calificativo no lo utilizo peyorativamente- afines a la paz son indispensables para el triunfo, para decirlo de manera más directa sin el “Santismo” es muy difícil que la izquierda gane. El voto de opinión es un componente cada vez más relevante en las elecciones, pero no es suficiente para unas elecciones presidenciales, para esta contienda es indispensable tener tres cosas: voto de opinión, por supuesto; aparato político, es decir coalición de partidos con asiento regional, con estructuras construidas durante décadas; y dinero, mucho dinero. Esa es la verdad pura y dura.

Por: Fredy Chaverra. Colaborador Pares. Al momento de escribir esta columna, los medios de comunicación registran el deceso de Plutarco Cardozo, exguerrillero de las Farc asesinado en inmediaciones del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Jaime Pardo Leal ubicado en la vereda Colinas, San José de Guaviare. Con Plutarco ya son 232 los firmantes de la paz asesinados desde la firma del Acuerdo del Teatro Colón el 26 de noviembre de 2016 (52 en lo que va del 2020). Sin duda, una cifra escalofriante que da cuenta de un auténtico baño de sangre en un país inmerso en dos genocidios: líderes sociales y exguerrilleros. Genocidios que recuerdan el perpetrado contra la Unión Patriótica entre 1986 y 2002; politicidio sin precedente en el hemisferio occidental que arrasó con la vida de 4.000 personas, obligó a miles a huir al exilio y opacó la esperanza de un amplio movimiento político y social nacido de las negociaciones de paz de La Uribe. Entre los miles de muertos, torturados, exiliados y perseguidos de la UP; recientemente acreditada por la Jurisdicción Especial para Paz como víctima del conflicto armado en el caso 006 que establece la victimización de sus integrantes por agentes del Estado, hay figuras que resaltan por el profundo dolor e indignación que su muerte suscitó en el país. El magnicidio de Jaime Pardo Leal, excandidato presidencial de la UP y orador prominente, asesinado en La Mesa la tarde del 11 de octubre de 1987, sin duda representa una de las mayores pérdidas en la historia del país. Su muerte silenció la voz de un dirigente carismático con una poderosa vocación social, convencido de las transformaciones que necesitaba un país crónicamente azotado por la guerra y un verdadero hombre de paz. A 33 años de su asesinato todavía hay muchas preguntas que requieren respuestas. De Jaime Pardo Leal se puede escribir y sentir mucho. Sus allegados lo recuerdan como una persona sencilla y combativa desde la palabra. El perfil humano del dirigente desborda la dimensión política de aquel abogado comprometido que decidió liderar la UP en momentos donde el genocidio contra sus militantes se empezaba a consumar a lo largo y ancho del país. Entre los miles de muertos, torturados, exiliados y perseguidos de la UP; recientemente acreditada por la Jurisdicción Especial para Paz como víctima del conflicto armado en el caso 006 que establece la victimización de sus integrantes por agentes del Estado, hay figuras que resaltan por el profundo dolor e indignación que su muerte suscitó en el país. Imagen: Pares. Desde los rincones más apartados de la olvidada Colombia profunda a las principales ciudades; cientos de militantes y dirigentes de un movimiento surgido como una plataforma social y política de la izquierda democrática, cayeron en un baño de sangre orquestado por el narcotráfico, el paramilitarismo y las élites del poder local que vieron en la irrupción electoral de la UP una seria amenaza a sus intereses. Así se fraguó el conocido “baile rojo” que tiñó de sangre la memoria del país y que hoy parece repetirse sin cesar contra cientos de firmantes de la paz y líderes sociales. A la JEP y a la Comisión de la Verdad les corresponde determinar cuáles fueron los poderes políticos, económicos y militares detrás del baile rojo. Para tranquilidad de miles de víctimas es importante clarificar las motivaciones políticas detrás del baño de sangre que representa uno de los episodios más sombríos del conflicto armado; asimismo, es necesario avanzar en el reconocimiento de actos de verdad y responsabilidad. No se puede echar en saco roto el reciente reconocimiento de verdad del antiguo secretariado de las Farc en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Hecho que debería motivar a los demás actores del conflicto a transitar por ese camino de resarcimiento a los derechos de las víctimas y la reconciliación. Al menos, con el genocidio de la UP, las esperanzas se encuentran en la resolución de caso 006 que priorizó ese exterminio. La JEP se encuentra estudiando 8.000 actos victimizantes y ha escuchado a 108 comparecientes. Volviendo a Jaime Pardo Leal y a un país donde pareciera que la historia se encuentra condenada a repetirse, no hay que olvidar sus palabras. Más en momentos donde la incertidumbre se cierne ante el imparable avance de dos genocidios que deberían sacudir la sociedad colombiana, tan indiferente y anestesiada por décadas de conflicto. Por algo, a mediados de 2018 el Centro Nacional de Memoria Histórica publicó un informe sobre el exterminio de la UP que llamó “Todo pasó ante nuestros ojos”. Sigue pasando y no logramos ni parpadear. Son días difíciles y más que nunca vale recordar las siguientes palabras de Pardo Leal: “De que vale la vida si cuando se tiene parece muerta. La vida es para vivirla, para sentirla. Para vibrarla. Eso justifica nuestro paso por la tierra”.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El 09 de septiembre, en Bogotá se cometió una masacre luego que en la capital del país y Soacha se realizaran varias jornadas de manifestación tras el asesinato de Javier Ordoñez cometido por miembros de la Policía un día antes. Las calles de zonas como Villa Luz, en Engativá; La Gaitana, en Suba; El Tintal, en Kennedy y el Verbenal, en Usaquén, fueron el escenario para mostrar la rabia que no solo produjo el asesinato de Javier, sino también de una serie de ataques por parte de la Fuerza Pública en distintas zonas del país y abusos de fuerza que, hasta ese momento, y solo durante el 2020, les había costado la vida a 10 personas. Lo que vino pasadas las primeras horas del 09 de septiembre fue rememorar la angustia que se había vivido en distintos puntos de la ciudad, esto a través de videos donde la constante eran los abusos por parte de los uniformados; detenciones arbitrarias, abusos físicos, represión, e incluso, uso indiscriminado de armas de fuego, que, además, como se denunció posteriormente, estaban siendo entregadas a civiles para que fueran ellos quienes dispararan contra la gente. https://twitter.com/TembloresOng/status/1304263532079386624 Este panorama, que parecía una radiografía de los abusos de la Policía contra la sociedad, llevó a varias conclusiones: por un lado, a ratificar cuál es la posición del Gobierno Nacional y los medios para asumir e informar sobre estas arbitrariedades, pues de nuevo el daño a la propiedad pública y privada, y los calificados “actos vandálicos”, fueron los que resaltaron. No obstante, de nuevo se evidenció el alcance que tiene la denuncia ciudadana, pues fue justo gracias a los videos grabados por quienes habitaban las zonas cercanas a donde se registraron las protestas, que se pudo evidenciar el nivel de arbitrariedad de la Fuerza Pública, pues en estos quedaron registrados cómo eran perseguidas, reprimidas y hostigadas las personas, que no solo estaban manifestándose, sino también las que circulaban cerca a las zonas. Finalmente, estos abusos llevaron a que durante esa noche y la siguiente, en la cual el panorama fue el mismo – aunque ya se había advertido a la Alcaldía y al Ministerio de Defensa los abusos de la Policía y la necesidad de regular las acciones -, fueran asesinadas 13 personas: Julieth Ramírez (18 años), Andrés Rodríguez (23 años), Jaider Fonseca (17 años), Fredy Mahecha (20 años), Germán Puentes (25 años), Julián González (27 años), Angie Baquero (19 años), Cristhian Hurtado (27 años), Lorwan Mendoza (26 años),,Gabriel Estrada (31 años), María del Carmen Viuvche (40 años), Eidier Jesús Arias (17 años) y Cristian Rodriguez (19 años). Con esto vale la pena señalar que presuntamente la mayoría de las víctimas fueron asesinadas por arma de fuego, lo que pone sobre la Policía Nacional responsabilidad en estos homicidios, pues fue advertido reiteradamente desde el 09 de septiembre la utilización de éstas para dispersar a la gente, incluso, como lo analizó Ariel Ávila en su columna ‘La prueba reina: la brutalidad policial y la necesaria renuncia del ministro’: “(…) la Policía disparó a matar en algunas zonas, usó las armas contra la población civil. En segundo lugar, muestra que la utilización de las armas fue planeada, en, al menos, este caso, es decir, no fue un caso de emergencia, estos dos policías salen de una zona del CAI donde habíamuchos otros policías, alguien los tuvo que autorizar. Lo obvio es pensar que hubo mandos que autorizaron esa utilización de armas. Ese cuento de que fue algo espontáneo se desvirtúa. Lo tercero, es que ellos dispararon contra población civil, ellos podían ver a quienes disparaban, se ve claramente que no estaban disparando a ciegas”. ¿En qué va judicialmente este hecho? Hay que iniciar diciendo que en el caso de Javier Ordoñez se han venido realizando audiencias desde el pasado 01 de octubre, en las que se han escuchado a los uniformados implicados: Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz, además de testigos como el de Wilder Salazar, amigo de Ordoñez, y otros policías que hicieron presencia en el lugar de los hechos. Los expolicías permanecen en la cárcel de Facatativá, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias siéndoles imputados los delitos de homicidio y tortura agravados. Durante la noche del 9 de septiembre de 2020 y la siguiente, en la cual el panorama fue el mismo – aunque ya se había advertido a la Alcaldía y al Ministerio de Defensa los abusos de la Policía y la necesidad de regular las acciones -, fueran asesinadas 13 personas: Julieth Ramírez (18 años), Andrés Rodríguez (23 años), Jaider Fonseca (17 años), Fredy Mahecha (20 años), Germán Puentes (25 años), Julián González (27 años), Angie Baquero (19 años), Cristhian Hurtado (27 años), Lorwan Mendoza (26 años),,Gabriel Estrada (31 años), María del Carmen Viuvche (40 años), Eidier Jesús Arias (17 años) y Cristian Rodriguez (19 años). Imagen: Pares. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación avanza en la recolección y evaluación de pruebas dentro de la indagación preliminar por las muertes, durante las protestas del 9 y 10 de septiembre. Las indagaciones, que se iniciaron en aplicación del poder preferente para asumir los procesos que adelantaban la Inspección General y la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional, busca identificar a los miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá presuntamente comprometidos con excesos en el uso de la fuerza y violación de los derechos humanos de las personas muertas mientras participaban en las manifestaciones y/o cuando circulaban por diferentes vías de la capital. Asimismo, se estableció que serán tenidas en cuenta las quejas recibidas vía correo electrónico y las remitidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Personería Distrital, mientras que la Procuraduría evalúa la información entregada por la Policía Nacional, entre la que figuran los videos de las cámaras de vigilancia; así como el material recaudado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales en los procesos penales que por estos hechos también adelanta la justicia ordinaria. Vale la pena señalar que trasversal a estos hechos ha trascurrido la exigencia de la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien ha salido públicamente a respaldar a la Policía, y que además el pasado miércoles estuvo ante la Plenaria de la Cámara en un debate de moción de censura por los casos de abuso de la fuerza por parte de policías y militares que se han conocido en los últimos días, así como el posible desacato al fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el que se le solicitaba, entre otras cosas, pedir perdón por lo cometido por el ESMAD en el marco del Paro Nacional iniciado el 21 de noviembre de 2019. Finalmente, ante la poca claridad en el perdón que, dicho por Holmes Trujillo, había pedido, en dicha sesión pidió perdón, como insistía la CSJ, pero también continuó respaldando a la Policía, cerrando la puerta para una posible renuncia, y, además, deslegitimando todas las exigencias de justicia por el caso de Dilan Cruz, pues el ministro indicó que “Medicinal Legal se equivocó en el caso de Dilan Cruz”, argumentando que no podía calificarse como asesinato el actuar del uniformado, y, adicionalmente aseveró que al ESMAD “hay que cuidarlo, defenderlo y fortalecerlo”. Por su parte, la votación sobre las respuestas de Carlos Holmes Trujillo en la moción de censura esta programada en la Cámara de Representantes para el próximo martes, 13 de octubre, a las 12 pm., en la cual se evaluará sí fue claro, efectivo y responsable lo dicho por Carlos Holmes Trujillo. Hay que señalar que, aunque Roy Barreas y Jorge Enrique Robledo habían solicitado un cambio de fecha, esta solicitud fue rechaza por Germán Blanco, presidente de la Cámara de Representantes. La urgencia de la reforma a la Policía Otros de los debates que puso sobre la mesa lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre fue la necesidad de una reforma profunda y estructural a la Policía, pues sus actos de violencia y arbitrariedades han ido dejando varias víctimas en lo corrido del año; donde además de los asesinatos también se han reportado abusos físicos, detenciones irregulares, e incluso abusos sexuales, como el denunciado en el marco de las protestas realizadas en septiembre contra tres mujeres en el CAI San Diego, o el más reciente que habrían cometidos policías del CAI Antonio José de Sucre contra una menor. Sobre esta exigencia estuvo hablando Daniela Gómez Rivas, coordinadora de la línea de investigación en Democracia de Pares en una Audiencia Pública de la Cámara de Representantes, en donde se reconocieron problemas estructurales, haciendo el llamado a la reforma de la Policía, entendiendo esta institución tienen en sus funciones garantizar el control del orden público, pero que, en su trabajo, según encuestas, cuenta con, por lo menos, el 56% de desaprobación. Otros de los debates que puso sobre la mesa lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre fue la necesidad de una reforma profunda y estructural a la Policía, pues sus actos de violencia y arbitrariedades han ido dejando varias víctimas en lo corrido del año; donde además de los asesinatos también se han reportado abusos físicos, detenciones irregulares, e incluso abusos sexuales, como el denunciado en el marco de las protestas realizadas en septiembre contra tres mujeres en el CAI San Diego, o el más reciente que habrían cometidos policías del CAI Antonio José de Sucre contra una menor. Imagen: Pares. https://www.youtube.com/watch?v=5tS2XxILkH8 Participación de Daniela Gómez Rivas en la Cámara de Representantes. Así, desde Pares y la Línea de Democracia y Gobernabilidad las propuestas para dicha reforma, expuestas por Gómez Rivas son: · Darles atribuciones adicionales a los ciudadanos para asegurar la investigación y sanción sobre denuncias elevadas ante órganos judiciales y de control. · Debería incluirse un artículo que asegure la financiación del consejero, si no podría cae en desuso. · Se debería propender por la descentralización de la consejería, creando consejos a nivel departamental y distrital. · Se debe regular el que sería el nuevo sistema de evaluación, brindando competencias a los alcaldes para evaluar, al menos una vez por año, a los policías de vigilancia y antidisturbios, e incluyendo en la evaluación cifras de la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía, con esto debe excluirse la idea que se les evalúe por número de denuncias, puesto que esto podría aumentar el subregistro de casos. · Debe modificarse el Código de Policía para reducir la discrecionalidad de la labor policial. · Es necesario tener un revolcón el la Policía que brinde garantías de no repetición a las víctimas y que se avance con los procesos que ya lleva la justicia.

Por: Redacción Pares. Casi mil millones de personas en el mundo viven con un trastorno mental. Cada 40 segundos, alguien muere por suicidio, y ahora se reconoce que la depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre niños y adolescentes. “Todo esto era cierto, incluso antes de COVID-19. Ahora estamos viendo las consecuencias de la pandemia en el bienestar mental de las personas y esto es solo el comienzo. Muchos grupos, incluidos los adultos mayores, las mujeres, los niños y las personas con problemas de salud mental existentes, corren el riesgo de sufrir graves problemas de salud a medio y largo plazo si no se toman medidas”, advirtió el Secretario General en un mensaje para el Día Mundial de la Salud Mental que se celebró el pasado sábado. António Guterres recordó que abordar la salud mental es fundamental para lograr la cobertura sanitaria universal. “Merece nuestro compromiso. Muy pocas personas tienen acceso a servicios de salud mental de calidad. En los países de ingresos bajos y medianos, más del 75% de las personas con problemas de salud mental no reciben ningún tratamiento. Y, en general, los gobiernos gastan en promedio menos del 2 por ciento de sus presupuestos de salud en esta cobertura. Esto no puede continuar”, afirmó. Guterres reiteró que no se puede ignorar la necesidad de un aumento masivo de la inversión en salud mental. “Debemos actuar juntos, ahora, para hacer que la atención de salud mental de calidad esté disponible para todos los que la necesiten para permitirnos recuperarnos más rápido de la crisis de COVID-19”, concluyó. Las consecuencias de la pandemia La Organización Mundial de la Salud recuerda que los últimos meses han traído muchos desafíos: para los trabajadores de la salud, brindar atención en circunstancias difíciles, ir a trabajar con miedo de contagiarse o de llevar el virus a la casa; para los estudiantes, adaptándose a tomar clases desde casa, con poco contacto con profesores y amigos, y ansiosos por su futuro; para los trabajadores cuyos medios de vida están amenazados; para la gran cantidad de personas atrapadas en la pobreza o en entornos humanitarios frágiles con una protección extremadamente limitada contra COVID-19; y para las personas con problemas de salud mental, que muchas experimentan un aislamiento social aún mayor que antes. “Y esto sin mencionar el manejo del dolor de perder a un ser querido, a veces sin poder despedirse”, asegura la OMS. Además, las consecuencias económicas de la pandemia ya se están sintiendo, ya que las empresas dejan ir al personal en un esfuerzo por salvar sus negocios, o incluso cierran por completo. Dada la experiencia pasada de emergencias, se espera que la necesidad de apoyo psicosocial y de salud mental aumente sustancialmente en los próximos meses y años. La inversión en programas de salud mental a nivel nacional e internacional, que ya han sufrido años de falta de financiación crónica, es ahora más importante que nunca, alerta la OMS.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. La Minga es desde el Cauca, confluencia de sectores étnicos (indígenas y Afros) con la compañía de los jóvenes, las mujeres organizadas, las expresiones artísticas de la cultura, los sabios y médicos tradicionales de los diferentes pueblos y sectores no solo productivo sino también culturales y religiosos como el campesinado que marcha por su reconocimiento como sujeto de derechos diferenciales. La minga del suroccidente es de todas y todos, de los planes de vida institucionales territoriales, del buen vivir indígena y afro, con sus apuestas de vida, con la memoria de los más de 44 lideresas y líderes sociales asesinados, en fin, la minga es ese trabajo entre todos, como el rosar los caminos, lucir la escuela, hacer respetar el territorio de las acciones de los grupos armados irregulares y de las arbitrariedades de la fuerza pública, y ello, con las guardias indígenas, cimarronas y campesinas. En fin; la minga es fiesta de hermanos sin tierra y con propuestas. El establecimiento por boca del poder real el ex senador Álvaro Uribe Vélez, señala con varios trinos que: es “una toma socialista del estado”, estigmatiza y coloca en peligro el legítimo derecho a la protesta, recientemente recordado por la Honorable Corte Suprema de Justicia. El discurso del castro chavismo da paso al de “la amenaza del socialismo”: “cuando el diálogo socialista es un engaño para justificar el vandalismo y avanzar hacia la implantación totalitaria, el estado democrático tiene que anticiparse con ejercicio de autoridad”. Dos argumentos para causar odio y temor: (toma socialista del estado), él y su partido desde la campaña del plebiscito nos demostraron la eficacia de hacer este tipo de aseveraciones, e igualmente peligroso porque sabemos lo que significa: (anticiparse con ejercicio de autoridad). Están pensando en las presidenciales del 2022, sienten que las pueden perder, quieren invalidar la movilización: Pero estoy seguro que en Cali, Bogotá o en la vía Panamericana tendrá el gobierno de ellos; que conversar y acordar con la Minga indígena y popular.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Este largo conflicto armado se inició en la región andina, ya sabemos sus raíces: un orden rural de exclusiones y una falta de garantías políticas, temas hasta el presente no resueltos, luego las guerrillas nacientes se fueron para la Orinoquia y la Amazonia, luego al Caribe y por último el conflicto se instaló en el Pacífico. Las guerrillas han tenido sus raíces en comunidades; allí han tenido vínculos y adhesiones de identidad, son raíces también de parentescos familiares, de vecindad, de profunda desconfianza con el Estado y con los poderes que lo han liderado. Igualmente, hay otras guerrillas, las que se han impuesto en medio de las comunidades sin mayores vínculos con ellas, y con su presencia y manejo de economías han echado raíces, esas guerrillas se han nutrido de las comunidades pero no nacieron de ellas, como fueron su origen inicial, estas últimas guerrillas que llegaron desde fuera de las comunidades y se arraigaron a ellas con fusil y plata son las que en la última década se han extendido en el Pacífico y de manera especial en el Chocó, luego de la salida de las FARC, del conflicto. Las comunidades afro, e indígenas que han habitado en el Chocó desde hace siglos y milenios, les ha tocado convivir en las últimas tres décadas con guerrillas y paramilitares que llegaron a imponer sus reglas y sus intereses, con el duro hierro de la violencia, esa ha sido la dura realidad, que llego de ultima al pacífico y como en toda Colombia ha hecho estragos, dejando su huella de sangre y horrores. Las comunidades afrocolombianas e indígenas, no se han resignado a vivir entre violencias y atropellos, muy por el contrario desde sus consejos comunitarios y cabildos, han liderado una acción social, exigiendo respeto a su autonomía, que es lo primero que arrasan los armados, con la fuerza de sus armas y luego viene la injerencia en la vida de las comunidades, vincular a los jóvenes, ultrajar a las mujeres de mil formas, imponer sus normas y luego vino el minado de los territorios, ya no se puede ir a cultivar y pescar con tranquilidad y vinieron los combates, con sus muertos, no solo de los combatientes, sino de los civiles que quedan en los fuegos cruzados, hace pocas semanas vimos las terribles imágenes de una niña indígena que murió en un cruce de disparos entre fuerzas que contienden, en medio de las comunidades, en esas llevamos tres décadas en el Chocó, y eso no para. Ante esta tragedia nuevamente el estado ha sido protagonista, no protege a las comunidades, participa de negocios ilícitos, llámese narcotráfico o minería, las comunidades todos los días lo han visto, por décadas, no son respetados ni se cuenta con ellos, llámese Ejército Nacional o Armada Nacional, están en el Chocó, pero no son garantes de nada, solo participan de un orden de negocios y de lucro y las comunidades siguen en manos de los armados. Como los que sufren no se resignan ante tanto atropello, desde el 2017, las organizaciones sociales y comunitarias del Chocó, han construido una propuesta de Acuerdo Humanitario Ya, que tiene las exigencias elementales, para todos los armados: que respeten a las comunidades, a sus organizaciones, que no vinculen a los jóvenes, que no utilicen minados, que no desplacen, que no confinen, que respeten a las mujeres, todas esta exigencias van para las instituciones estatales, para el ELN, el Clan del Golfo, las principales fuerzas que están en la contienda. Este acuerdo humanitario es una exigencia que las organizaciones del Chocó, presentaron al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y al ELN, en el marco de la mesa de diálogos y negociaciones que desarrollaron entre 2017-2018, allí se dio la oportunidad de decirles en la cara a gobierno y al ELN, que estaban cansadas y cansados de tanto atropello, que respetaran, ahora sin mesa de diálogos, igualmente mantienen su exigencia de acuerdo humanitario y siguen demandando a todos los contendientes que respeten, que no quieren ninguna guerra, que busquen un camino para poner fin a tanta violencia. La dura realidad nos dice que a corto plazo no se ve un camino de entendimiento del gobierno del Presidente Iván Duque y el ELN, tampoco se ve en el horizonte un sometimiento del Clan del Golfo, igualmente lejano se ve un comportamiento en el marco de la constitución nacional de las instituciones estatales que deben garantizar la seguridad, y para agravar todo, el duro peso del narcotráfico no tiene una perspectiva de superación de esa fracasada política de mantener esa economía en la ilegalidad, que es uno de los alicientes para muchos de los que hoy se lucran de esos dólares. Consulte y descargue aquí SEGUIMIENTO AL ACUERDO HUMANITARIO YA EN EL CHOCÓ Lo que hoy ocurre en el Chocó, y en buena parte del Pacífico, son grandes poderes que tienen interés en ese territorio tan rico y diverso, a quienes esta violencia les interesa y les es funcional a sus apuestas para reconfigurar este territorio para su lucro, siempre tengamos presente que el narcotráfico es el disolvente del tejido comunitario y que una vez desplazadas las comunidades, atropelladas y humilladas, vendrán nuevos poderes económicos y políticos para instalarse, ese es el trasfondo y las comunidades ancestrales lo saben, por eso resisten y levantan su voz, no tienen otra posibilidad porque está en juego su pervivencia social y cultural. Las comunidades étnicas, las mujeres organizadas en el Chocó, saben que no están solas, hay un mundo de instituciones que las acompañamos, sabemos de la justeza de sus exigencias, aquí pueden consultar la iniciativa de Acuerdo Humanitario Ya. Consulte y descargue aquí el cuarto informe de seguimiento a la situación de los últimos meses

Por: Redacción Pares. La Procuraduría General de la Nación avanza en la recolección y evaluación de pruebas dentro de la indagación preliminar por las muertes, durante las protestas del 9 y 10 de septiembre, de los ciudadanos Jaider Alexander Castillo (17 años), Julieth Ramírez Meza, Germán Smith Puentes, Andrés Felipe Rodríguez, Fredy Alexander Mahecha, Angie Paola Baquero, Mauricio González, Cristian Camilo Hernández, Lorwan Stiven Mendoza, Anthony Gabriel Estrada Espinosa y Cristian Andrés Hurtado, y continúa el juicio en el caso de Javier Humberto Ordóñez Bermúdez. Las indagaciones, que se iniciaron en aplicación del poder preferente para asumir los procesos que adelantaban la Inspección General y la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional, busca identificar a los miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá presuntamente comprometidos con excesos en el uso de la fuerza y violación de los derechos humanos de las personas muertas mientras participaban en las manifestaciones y/o cuando circulaban por diferentes vías de la capital. Además de las quejas recibidas vía correo electrónico y las remitidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Personería Distrital, la Procuraduría evalúa la información entregada por la Policía Nacional, entre la que figuran los videos de las cámaras de vigilancia; así como el material recaudado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales en los procesos penales que por estos hechos también adelanta la justicia ordinaria. Estos procesos contarán con el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la PGN, de acuerdo a las facultades de Policía Judicial otorgadas por el artículo 10 numeral 2 del Decreto 262 de 2000 y artículos 137 y 148 de la Ley 734 de 2002, que se encargará de las visitas a las entidades, recolección y recopilación de pruebas y realización de los informes técnicos. Simultáneamente avanza la audiencia disciplinaria virtual contra los patrulleros Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, por el presunto abuso de autoridad y muerte del ciudadano Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, en la madrugada del 9 de septiembre. El juicio disciplinario comenzó el 1 de octubre. Los dos patrulleros se presentaron sin defensores a pesar de que habían dejado constancia de contar con abogados de confianza. El ofrecimiento de la Procuraduría de que fueran asistidos por defensores de oficio fue rechazado y los procesados delegaron su representación en profesionales particulares. Oficiosamente la Procuraduría ordenó entregar la totalidad del expediente a los investigados y. sus defensores, como una garantía más del derecho de defensa, pese a que ninguna de las partes lo había solicitado, y reprogramó para el lunes 5 de octubre la continuación del proceso. Restablecida la audiencia la Procuraduría negó la solicitud de un nuevo aplazamiento y aceptó la práctica de algunas pruebas, que comenzaron en la sesión del martes, entre ellas las declaraciones de algunos testigos de lo que ocurrió con el señor Ordóñez Bermúdez, luego de ser detenido, recibir descargas de pistola taser y ser conducido al CAI (Centro de Atención Inmediata) del barrio Villa Luz, en el noroccidente de Bogotá. En la sesión del miércoles la PGN negó la solicitud hecha por el señor Lloreda Cubillos en el sentido de que fuera declarada la nulidad de lo actuado en el proceso por carecer de un abogado de confianza o público para su representación.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado 09 de septiembre se conoció que miembros de la Policía habían asesinado a Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, en el barrio Santa Cecilia en la localidad de Engativá, esto tras, como se dijo en un primer momento, recibir varias descargas de pistola taser, sin atender las súplicas ni de Javier, ni de las personas que grabaron y presenciaron los hechos para que no le siguiera haciendo daño. Este caso provocó tal indignación que en los días siguientes provocaron que la protesta social se reactivara tras casi seis meses de aislamiento preventivo obligatorio, tiempo en el que, si bien hubo plantones y movilizaciones, no tuvieron la convocatoria de los registrados durante los primeros días de septiembre. Y es que este caso fue la radiografía de los abusos cometidos una y otra vez por la Policía, los cuales solo durante este año habían – hasta ese momento-, provocado la muerte a 10 personas, además de varias arbitrariedades, donde incluso se registran abusos sexuales. Finalmente, este caso llevó a un estallido social donde fue transversal la exigencia de la reforma a la Policía, pero a su vez y dando más peso a la dicha solicitud, en este mismo escenario de manifestación fueron asesinadas otras 13 personas en los barrios de Bogotá y Soacha donde se realizaban jornadas de protesta durante el 09 y 10 de septiembre, la mayoría jóvenes entre los 20 y 25 años. Esto ha llevado a cuestionamientos y reclamos tanto a la institución, como al ministro de Defensa, quien tiene el papel de dirigir a la fuerza pública, pero que mientras ha estado en dicho cargo se ha presentado un escenario constante de vulneración de los derechos humanos por parte de miembros de la Policía y el Ejército, tanto en las ciudades como en las zonas rurales del país. A esto hay que agregar la responsabilidad mediática en estos hechos, que insisten en nombrar estos casos bajo calificativos que pretenden responsabilizar a la víctima de lo sucedido, y los cuales siguen poniendo los ojos y los reflectores informativos en los “hechos vandálicos”, cuando lo que realmente se ha perdido en estas actuaciones han sido vidas como la de Javier Ordóñez. ¿Qué ha sido de la justicia en este caso? Desde el pasado 17 septiembre había ordenes de captura contra Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz, los dos policías que golpearon y le propinaron las descargas con taser a Javier Ordoñez cerca al CAI de Villa Luz, ubicado en la localidad de Engativá. En un principio Rodríguez fue capturado en su vivienda y trasladado al búnker de la Fiscalía, mientras que luego de la orden Lloreda no fue ubicado en su casa; la captura se dio un día después luego que se entregara pidiendo acompañamiento de la Procuraduría. Tras esto se conoció que los delitos que les serían imputados son los de homicidio y tortura agravados. Así, el pasado 1 de octubre comenzó la audiencia de juicio disciplinario contra los dos expolicías. En dicho evento ambos manifestaron que renunciaban a la defensa de oficio y pidieron aplazar la audiencia argumentando que no tenían abogados de confianza. En dicha ocasión, el procurador delegado para la Fuerza Pública, Hermán Rincón, negó la solicitud, además informó que se había hecho saber a través de un correo que los ex policías tenían defensores de confianza. En esa primera audiencia también se aseveró que los uniformados habían actuado contra Javier Ordoñez de forma desproporcional e irracional bajo el abuso de autoridad. Adicionalmente, afirmó que Lloreda tenía el conocimiento y la información necesaria para utilizar el taser de forma proporcional, por lo que se estableció que la conducta se cometió con dolo. Por otra parte, sobre Harby Damián Rodríguez Díaz la Procuraduría citó que presuntamente este patrullero estando dentro del CAI de Villa Luz le había propinado golpes de forma desproporcionada que le causaron la muerte a Ordoñez. Ese 1 de octubre finalizando la audiencia se les preguntó a los implicados si querían dar su versión de los hechos, a lo que ambos se negaron. De esta forma el 05 de octubre se realizó la segunda audiencia, de nuevo resaltaron los intentos de los implicados por retardar el proceso; hay que señalar que Rodríguez y Lloreda permanecen en la cárcel de Facatativá, donde fueron enviados desde el 21 de septiembre. En esa oportunidad los expolicías continuaron pidiendo el aplazamiento, lo que de nuevo fue negado por el procurador delegado. Adicionalmente en esa ocasión la delegada de la Policía Judicial, Aura Fajardo, afirmó que se contaban con pruebas documentales, fílmicas y testimoniales que evidenciaban la responsabilidad de los señalados. En dicha ocasión desde el organismo de control se comunicó que serían tenidos en cuenta 10 testimonios y una prueba pericial entre los que están los de los uniformados Henry Bonilla y Fabio Alexander Moreno, quienes, según la defensa, estuvieron presentes en el CAI Villa Luz, además el de Juan Bohórquez, conductor de la patrulla que habría llevado a los involucrados a la clínica Santa María del Lago y el de Wilder Salazar Guevara, amigo de Javier Ordóñez. Asimismo, en esa segunda audiencia se confirmaron quiénes iban a ser los apoderados de los casos desde la defensa de Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda, la cual, hasta ese momento, estaba a cargo de Jorge Alberto Páramo y Fray Segura Romero. Versiones que afirman los abusos de la Policía Por lo establecido en la segunda audiencia hoy, 8 de octubre, sería escuchado el médico forense Francisco José Calle, quien estuvo a cargo del informe de necropsia. No obstante, anteriormente, el 7 de octubre, se llevó a cabo una nueva audiencia en la que fueron escuchados Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda. De nuevo, lo primero que se hizo por parte de Lloreda fue pedir nulidad del proceso y de las pruebas recolectadas, diciendo que se le ha violado su derecho a la defensa pues por «estar privado de la libertad y sin internet ni teléfono no he podido conseguir abogado de confianza». Solicitud que fue negada y en la que se dio paso a señalar que ya había abogados asignados y que en la primera audiencia se había renunciado a los abogados de oficio. Hay que señalar que según lo informó El Tiempo, “este mismo miércoles, Lloreda revocó el poder que tenía otro abogado para representarlo, y asumió su propia defensa”. Además, durante este miércoles el abogado de Harby Damián Rodríguez Díaz, Jorge Alberto Páramo, solicitó hacerle unas preguntas a Lloreda a lo que éste se negó. Por su parte, en la audiencia se escucharon varios testimonios, entre ellos el de Rodríguez, quien, entre otras cosas, contó que llegaron a la zona luego que les fuera informado que había una riña entre hinchas de Millonarios, Javier Ordoñez y sus amigos, y que al momento de llegar allí Lloreda recibió golpes por parte del Ordoñez, por lo que el uniformado disparó hacia el suelo y comenzó a hacer las descargas del taser a la víctima. Indicó Rodríguez que no tiene claridad sobre cuántas fueron. Finalmente lo esposan, como lo narró, y es llevado al CAI, a donde, contó, él llegó minutos después “fue a lavarse las manos y vio que el compañero Juan Camilo Lloreda lo está golpeando con sus pies aproximadamente cuatro (4) veces en el estómago y las costillas”. Tras esto, prosiguió diciendo, debió salir del CAI a buscar información de lo ocurrido y cuando regresó notó que Ordoñez estaba muy mal por lo que «se le sueltan las esposas, lo levantó de los brazos y lo vamos sacando con Wilder y Juan David (quien había llegado al CAI) a la parte de afuera, lo suben al carro. Posterior el vehículo arranca con ellos tres en el vehículo, arranca para la clínica Santa María del Lago; y con Juan Camilo (Lloreda) nos vamos a la clínica detrás del vehículo». No obstante, en la audiencia lo contado por Wilder Salazar, amigo de Ordoñez, difiere de la versión dada por el expolicía. Él contó que al salir por licor se encontraron a Lloreda y a Rodríguez, quienes, según contó, le dijeron: «De esta sí no se salva” a lo que Ordóñez respondió: «Ponga el comparendo», y uno de los policías respondió: «No, comparendo no va a haber». Tras esto, narró que Lloreda comenzó a propinarle descargas, y luego Rodríguez le rasgó la camisa y continuaron con las descargas, incluso afirmó que Rodríguez le puso una rodilla en el cuello y le dio un golpe en la cabeza a Ordoñez. Asimismo, advirtió que las descargas duraban cerca de 5 y 7 segundos. Acciones que siguieron aún cuando quienes estaban allí pedían que no le hicieran más daño. Seguidamente, dijo, fueron llevados al CAI “A Javier lo empujan y cae de frente contra el piso (del carro), le pegan en varias veces en la cara y la espalda. (…) le doblan las piernas, se las meten debajo de una silla y se las amarran. (…) En el CAI eso fue una pesadilla, los policías lo insultaban, lo lastimaron mucho, con un palo de madera de color café de unos 50 centímetros le pegaron varias veces. Yo les dije que por favor no lo lastimaran más y él también decía ‘ya no más'». A esto adicionó que estando el CAI; donde había más policías, pidió que trasladaran a su amigo al hospital por su delicado estado, sin embargo, como contó, nadie hizo nada. “Después de mucho rogar me soltaron las esposas y pudimos sentar a Javier, que tenía la cara y el cuello morado, morados en todo el cuerpo, estaba pálido y frío. Cuando le cojo la cabeza y se la levanto, se le desgonza, en ese momento yo no lo sabía, pero él ya había muerto». Finalmente, contó Salazar, Ordoñez fue trasladado a la clínica Santa María del Lago, a donde se fueron llevados por una patrulla. Aunque ambas versiones tienen considerables diferencias, lo que es trasversal es que en efecto hubo abusos de la fuerza por parte de la Policía que llevaron al asesinato de Javier Ordoñez, y que a los uniformados presentes se les pidió en reiteradas ocasiones que frenaran las agresiones a las que fue sometido Ordoñez, peticiones que fueron escuchadas hasta cuando Ordoñez estaba a punto de morir, lo que lleva a decir que la complicidad y/u omisión son otra forma de violencia y responsabilidad que debe ser asumida e investigada. Hoy el juicio continúa, y para concluir vale la pena trae a colación las palabras dichas por el abogado de la familia de Javier Ordoñez, Vadhir Gómez, quien en entrevista con Radio Nacional dijo que lo que: “Queremos es que la investigación radique en un juicio. (…) Por ahora a la familia no le interesa una indemnización económica, ellos quieren que los culpables paguen con cárcel sus delitos”.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. Las acciones victimizantes de los grupos armados siguen siendo el pan de todos los días en el país. Uno de los casos más recientes tiene que ver con un ataque que se registró en zona limítrofe entre los departamentos de Caquetá y Meta. Una comisión de la ONU y la Defensoría del Pueblo fue atacada y el resultado del hecho arrojó una camioneta incinerada y la detención de los integrantes durante varias horas. Este hecho violento se lo atributó un Grupo Armado PostFarc (GAPF). Situación Nacional La Fundación Paz & Reconciliación resalta que durante el gobierno de Iván Duque ha habido un aumento en la presencia de grupos armados a nivel nacional. Advirtiendo, además, que la falta de voluntad del Gobierno Nacional para implementar los Acuerdos de Paz ha generado, entre otras cosas, que se haya perdido la oportunidad de que el Estado colombiano hiciera presencia integral en las zonas en las que históricamente hizo presencia la otrora guerrilla de las FARC-EP. Lejos de ese escenario, el gobierno de Iván Duque ha ido perdiendo el pulso en zonas álgidas del país que, hoy por hoy, son el campo de disputa —a sangre y fuego— de los grupos armados que buscan hacerse al control especialmente de las economías ilícitas. Esta situación se agrava a la luz de informes como los de la Contraloría General de la Nación, sobre la implementación del Acuerdo, debido a que el ente investigador señaló que en ninguno de los años de implementación se ha ejecutado el 100% de los recursos destinados por año y sólo se llega hasta el 65% de ejecución. En este sentido, pronostican que, de seguir este ritmo, la implementación podría durar 25 años, es decir 10 años más de lo previsto. De hecho, de acuerdo con Pares, una vez llegó Duque a la Casa de Nariño los Grupos Armados PostFarc hacían presencia en 58 municipios y hoy están en 113. El ELN, por su parte pasó de hacer presencia en 98 y ya tiene un copamiento en 167. Sin nombrar que estructuras como el Clan del Golfo superan su presencia en más de 200 municipios. GAPF De acuerdo con cifras de la Fundación Paz y Reconciliación, en el departamento del Meta hacen presencia el Frente Primero y Tercero en cinco (5) municipios: Vista Hermosa, Uribe, Mesetas, La Macarena, Mapiripán. Por su parte, en Caquetá, hacen presencia los GAPF Frente Primero, Tercero, 14, 49 y 62 en seis (6) municipios: Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, El Doncello, La Montañita, el Paujil y Puerto Rico. Ahora bien, según el informe ‘Seguridad en tiempos de pandemia: legados de la guerra y crimen organizado en Colombia’ de la línea de investigación de Conflicto, Paz y Postconflicto de Pares; los repertorios de violencia de los GAPF se concentran en enfrentamientos con estructuras armadas ilegales y la violencia selectiva contra la población civil se han evidenciado plenamente durante la pandemia por COVID-19, tiempo durante el cual han recrudecido su imposición a través de la violencia. En primer lugar, hacía líderes, lideresas sociales y excombatientes.” Además, según la investigación de Pares, los GAPF también dirigen su repertorio de violencia hacia la población en general “de los lugares donde hacen presencia, a quienes ha extendido un control social violento, a través de amenazas, asesinatos y duras restricciones frente a las medidas de aislamiento y prevención producto de la emergencia sanitaria. Complejo escenario humanitario al que se suman desplazamientos forzados y confinamientos como resultado de los enfrentamientos entre estos GAPF u otras estructuras como Clan del Golfo y ELN, entre otras.” Para el caso de estos dos departamentos en cuestión —Caquetá y Meta— también hace presencia el Clan del Golf, generando así un escenario de disputa de control, por el territorio no solo con la fuerza pública sino con los GAPF. El Clan del Golfo hace presencia en diez municipios del Meta: Acacías, Granda, La Macarena, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Martín de los Llanos, Uribe y Vista Hermosa. Por su parte, en Caquetá hacen presencia en Puerto Rico.

Por: Línea de Conflicto, Paz y Postconflicto. Pares It has been nearly four years since the Peace Accords were signed between the Colombian government and Farc-Ep and two years since Ivan Duque Marquez – from Centro Democratico political party was sworn in as President of Colombia. In recent weeks there have been acts of violence with such degree of intensity that they have sunken the Colombian society into concern and fear. Download the full report There have also been a series of massacres that have left several dozens of people dead. In addition, there have been attacks against the Law Enforcement Agencies resulting in many if their members injured and dead, and eventually communities in different parts of the national territory have witnessed in horror confrontations between criminal organizations that last entire days. After months of research in this regard, Fundación Paz y Reconciliación – Pares Foundation presents this report on the critical security situation in Colombia. Below we find five major conclusions: 1. Analyzing the data on security, it can be said that homicides have decreased as compared to 2019 as a result of the preventative confinement measures, but in truth several security indicators have had complex setbacks – for instance, forced displacement, violent actions in territories and subversive actions. Indicators from several years seem to show that this decline in security had been in progress for at least two years, but could be regarded as an underground reality as it was not clearly visible. 2. The so-called Post-Farc or Dissident Groups, the ELN guerrilla and the Organized Armed Groups (GAOs) have almost doubled their territorial armed presence over the last two years. Post-Farc Armed Groups went from operating in 56 municipalities in 2018 to 113 as of August 2020. ELN went from having presence in 99 municipalities to more than 160 in 2020, and Clan del Golfo Organized Armed Group currently operates in over 200 municipalities. 3. The most recent wave of violence that has included several massacres could be explained by the concept of a negative technical tie. Criminal disputes generally last for two (2) years or a little longer. Currently, the dispute over several zones that belonged to the former FARC has been raging on for three (3) years as a result of the impossibility for one criminal organization to prevail over the others. None is strong enough to win the war; therefore, they resort to violence against the civilian population to win the support of the communities. There will be at least one more year of criminal dispute in various regions of the country. 4. Despite formally adding the guidelines of the Implementation Framework Plan – PMI (from its original Spanish language initials, Plan Marco de Implementación), which drives public policy for the implementation of the Agreement in the National Development Plan (mainly due to national and international regulatory obligations), the truth is that the balances of implementation of the Peace Agreement made by think tanks, government-independent social organizations, and even State Agencies, have shown a lack of political will for the implementation of the agreements and constant delays in such critical matters as payments to the families that voluntarily substitute their coca crops, or security guarantees of leaders and Farc-Ep ex-combatants. 5. A crisis is evident in the Law Enforcement Agencies – in particular the Military Forces. Since the beginning of President Iván Duque’s administration, the Military Forces have been at the center of the hurricane. There have been complaints from international organizations about the election of its military leadership, as some members were involved in investigations and scandals for human rights violations and serious breaches of International Humanitarian Law, among which is former commander of the Army Nicacio de Jesús Martínez. The New York Times complaint (May 2019) points out that the guidelines that promoted the reduction of the standard of precision in military operations – along with incentives for the purpose of obtaining results – were the beginning of a series of scandals.