Por: Laura Cano y Sergio Saavedra. Periodistas Pares. Desde hace aproximadamente un mes un grupo de casi 15 personas – que al principio eran alrededor de 100- permanece al frente del Ministerio de Vivienda exigiendo que se les respete su derecho a la vivienda digna, pues estas familias son la radiografía de una de las problemáticas que la pandemia ha acentuado: las condiciones de habitabilidad, pues, vale la pena señalar, que durante este año el DANE informó que para el 2018 de los casi 50 millones de personas que habitan en Colombia, 18.2 millones no cuentan con vivienda digna. Esta situación viene determinada por factores cuantitativos y cualitativos; es decir, este total de personas están viviendo en casas sin servicios públicos o hechas de tejas, plásticos o madera, además con situaciones de hacinamiento no mitigables. A esto se suma que 19.000 familias viven en cambuches, carpas o debajo de puentes. Este panorama muestra que no es en vano que este grupo de personas en un acto de resistencia no se muevan de esta zona de Bogotá hasta que la Alcaldía de la capital, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Vivienda le den respuestas eficaces a este grupo de personas, en donde vale la pena nombrar, hay menores de edad, personas de la tercera edad y algunos/as permanecen allí en condiciones de enfermedad. “Aquí le estamos haciendo una solicitud al Gobierno para que nos tenga en cuenta. Estamos ya hace un mes acá tirados en el piso pasándola mal; con hambre, frío. Yo le pido a Duque que nos ayude, que nos colabore. No tenemos dónde vivir, necesitamos vivienda digna”, dijo Jeison Muñoz Torres, quien permanece en el campamento. Carrusel de fotos -deslice a la derecha- ¿Cómo ha transcurrido el campamento? Hay que iniciar diciendo que en el mes que llevan estas familias al frente del Ministerio de Vivienda han sido varios atropellos los que la comunidad denuncia. Por una parte, se contó cómo mientas estaban encadenados/as frente a la institución miembros de la Policía llegaron altas horas de la noche a quitarles de allí de forma violenta, incluso nombran que una bandera del país que tenían allí simbólicamente fue destruida. Asimismo, hacen también mención de que durante este tiempo los apoyos les han sido restringidos, cuentan que la ayuda logística que se les daba para poder tener agua les fue cancelada por, como comentan, orden de la Alcaldía: “Cuando llegamos acá en parqueaderos y cerca al centro comercial nos colaboraban, luego las mismas entidades fueron y prohibieron que nos dieran agua, por lo que nos tocó, incluso sin dinero, comenzar a comprar agua. A la Alcaldía le hemos pedido que nos ayude por lo menos con un baño, pero nada”, agregó Jeison Muñoz Torres. A esto se suma que se resaltó que hasta la fecha no se ha dado un dialogo efectivo con ninguna de las instituciones, aunque en la zona hacen presencia gestores de convivencia de la Alcaldía y Policías, que además días atrás comenzaron a llegar con perros, acentuando el escenario de miedo y represión. “No han sido capaces de venir a hablar con nosotros. Nos tienen aquí, no nos ponen atención. El único que ha venido es el personero. Con todo esto los efectos es que no tenemos ni siquiera dónde bañarnos. A mi compañera le tienen los hijos en Bienestar Familiar porque, como le dijo una trabajadora de la Defensoría, hasta que ella no tenga una vivienda digna no le pueden entregar a los niños”, contó Aída Cuero, manifestante. En ese sentido, desde el campamento también se ha solicitado presencia de personal de la Secretaría de Salud, pues al menos dos personas de las que allí se encuentran alertan que están en condiciones complicadas de salud. Igualmente, durante este tiempo ha sido constante la presencia de uniformados en la zona, incluso un día de escribir esta nota – el martes en la noche -, quienes se encuentran en la zona denunciaron a Pares que al encontrarse arreglando los cambuches donde se están quedando, miembros de la Policía llegaron, además de los que ya hay normalmente, a pedirles que no siguieran con dicho trabajo, al no ceder con la solicitud los uniformados hicieron presencia con patrullas generando un ambiente de zozobra hasta alrededor de las 11 de la noche. Tras esto se sigue insistiendo en la presencia de la institucionalidad para generar un diálogo participativo y efectivo, pues hasta el 07 de octubre en la tarde nadie ha hecho presencia en la zona para proponer soluciones que efectivamente beneficien y garanticen la vivienda para estas personas, que, además, en su mayoría están en Bogotá como víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado. Carrusel de fotos -deslice a la derecha- ¿Qué ha dicho el Gobierno? Según lo informado en la emisora La FM el 14 de septiembre, hace ya 23 días, el Gobierno a través del Ministerio de Vivienda se había comprometido a acompañar a estas personas manifestantes, asimismo, se había establecido «la posibilidad de participar en el programa ‘Semillero de Propietarios’, dirigido a los colombianos que ganan menos de 2 salarios mínimos. Este programa les daría acceso a un arriendo solidario y la posibilidad de recibir el subsidio de vivienda de Mi Casa Ya”. Lo anterior argumentando que en Bogotá no hay programa alguno de vivienda gratuita por parte de las autoridades nacionales o distritales: «Actualmente el Gobierno Nacional no tiene un programa de viviendas gratis vigente en Bogotá. Adicionalmente, en la capital del país tampoco hay proyectos de vivienda gratuita disponibles ni en ejecución», añadió ese Ministerio. Por su parte desde el campamento Aída Cuero aseveró: “Llevamos muchos años en estas esperando, de pasar derechos de petición exigiendo que nos garanticen un derecho que tenemos. Nos piden un cierre financiero y se los damos para que ellos hagan los enlaces, crucen la información y nos digan si somos beneficiarios, pero en este momento lo que salen a decir es que no tienen viviendas, ya luego que nos han tenido de un lado para el otro”. Con todo esto es válido cuestionarse cuáles son los proyectos que se tienen desde la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional para procurar que el déficit habitacional no siga aumentado, pero también para cumplirle a las personas que por años han estado esperando que se les garantice su derecho a la vivienda digna, no es posible que la respuesta sea que no hay proyectos cuando en el país se adelantan inversiones de, al menos, $3.350 millones en pauta digital, y más recientemente de $11.000 millones de pesos para fortalecer el ESMAD, entre otros. Las personas siguen exigiendo vivienda con actos de resistencia no solo se han visto, como ahora, al frente del Ministerio de Vivienda, sino también en zonas periféricas y populares como lo ocurrido en Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar, Bogotá, en donde la primera respuesta para las solicitudes que hacia la gente fue reprimir y abusar de la fuerza del Esmad. Situación similar ocurrió en La Viga (Cali), Pance (Cali) y Soacha (Cundinamarca), donde incluso en medio de este escenario de desalojo fue asesinado el joven de 15 años Duván Mateo Aldana Álvarez.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. Después del anuncio de las comunidades indígenas sobre la reactivación de la Minga del Sur Occidente y de solicitarle al presidente Iván Duque para que asista a hacer frente a la profunda crisis en materia de derechos humanos; Álvaro Uribe salió con una serie de anuncios en contra de la Minga. Este, por supuesto, no es un hecho aislado en el regreso del uribismo al poder. Hechos como la silla vacía de Duque el 9 de abril de 2019 en Caldono, anuncios del exministro de Defensa Guillermo Botero e, incluso, ya ha habido mensajes de Uribe en contra de esta movilización. El peligro de estigmatizar la protesta Álvaro Uribe señaló a través de su cuenta de Twitter, sin ningún tipo de reparo, que el objetivo de la Minga es “la toma socialista del Estado”. Uribe sigue dando línea en el Gobierno Nacional, muy a pesar de que continúa su proceso judicial que lo mantiene privado de su libertad. Para Uribe la Minga será utilizada por “políticos del totalitarismo socialista”. Para las comunidades indígenas del Cauca las declaraciones del exmandatario ponen en riesgo la vida en el territorio. Hacen hincapié en que el departamento vienen enfrentando un recrudecimiento de la violencia por cuenta de las masacres, el asesinato de líderes y lideresas, desplazamientos forzados y amenazas. Para el senador Feliciano Valencia, los señalamientos de Uribe no sólo estigmatizan a la Minga, sino que trae consigo una solicitud de represión a través de la violencia contra la Minga Social, Popular y Comunitaria de 2020”. Uribe, bajo la premisa ‘Ojo con la Minga’, pide acción de las Fuerzas Armadas frente a la protesta social. Según el expresidente debe haber una anticipación del Estado Democrático con lo que denominó “Ejercicio de Autoridad”. Esta solicitud que le hace al Gobierno Nacional lo hace porque, según él, es prioritario hacerle frente a la idea de “diálogo socialista es un engaño para justificar el vandalismo y avanzar hacia la implantación totalitaria”. "El uribismo tiene miedo de la protesta social" Para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación – Pares, estas declaraciones de Uribe son muestra de que para el gobierno de Iván Duque; el expresidente sigue siendo de utilidad como “punta de lanza para estigmatizar la protesta social en el país.” Para el analista político, estos señalamientos de estigmatización sobre la Minga Indígena son una muestra del “miedo que tiene el uribismo frente a la protesta social”. Ahora bien, según Ávila, no es la primera vez que el expresidente ataca cualquier tipo de protesta indígena. De acuerdo con Ávila, desde los gobiernos de Uribe y el uso de la Organización Pluricultural de Pueblos Indígenas de Colombia (OPIC) como el ala del uribismo para generar afrentas en contra, por ejemplo, del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Asimismo, para el analista político, no es de olvidar el papel que juega Paloma Valencia en las toldas uribistas y sus posiciones radicales sobre el Cauca; como aquella vez que dijo que el Cauca debía dividirse para que hubiese una para mestizos y otra para indígenas. Finalmente, para Ávila, las declaraciones de Uribe tienen un carácter de campaña con miras al 2022. Violencia en contra de la Minga no es de ahora Los recientes señalamientos de Uribe evocan las que hizo el pasado 7 de abril de 2019, en el marco de la Minga Indígena de 2019, cuando el entonces senador señaló: “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”. Para ese momento el senador de Feliciano Valencia denunció, el 8 de abril de 2019 —un día después de las declaraciones de Uribe—, la circulación de panfletos amenazantes en contra de quienes participaban en las movilizaciones. Es decir, de los líderes y lideresas indígenas. La denuncia fueron panfletos de Águilas Negras. En el mensaje amenazante hacía hincapié de próximas victimizaciones a integrantes de la CRIC y ACIN. Para la presente Minga, en su arremetida, Uribe ha señalado que hay una supuesta “toma socialista utiliza los Derechos de la Democracia, DDHH, Derecho a la Protesta, Libertad de Expresión, para defender sus acciones violentas y negar esos derechos a quienes señalan como sus enemigos.” Duque tras su sombra de la silla vacía La Minga del Sur Occidente Colombiano volvió a pedirle al presidente Duque ir al departamento, en donde más han asesinado líderes y lideresas sociales. La Minga tiene previsto sumarse a la jornada de Paro Nacional convocada para el próximo 21 de octubre de 2020. El mensaje de Duque cuando protagonizó la silla vacía —el día histórico de las víctimas— fue: “espero que actos como el de hoy, de rechazar presencia del Gobierno para tener diálogo, sea motivo para que se recapacite; pero no podemos seguir teniendo un Estado a merced de presiones.”

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Fotografía: Contagio Radio La apuesta por decir públicamente «¿Quién dio la orden?» ha sido un acto de resistencia ante constantes intentos de desaparecer de las calles la memoria. Muestra de eso es que, como una historia que se repite, el pasado lunes fue censurado un nuevo mural ubicado en la Carrera Séptima con calle 62, muy cerca a las instalaciones de la JEP; el cual denunciaba a los presuntos responsables de, al menos, 5.763 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre el 2000 y 2010. No obstante, esta no es la primera vez, pero sí es un hecho que continúa demostrando la insistencia que hay en ocultar las intenciones de construir una memoria plural, pues hay que señalar que el 25 febrero de este año el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá había ordenado que debían ser eliminadas cualquier tipo de reproducción del mural en redes sociales, medios de comunicación hablados y escritos, además ordenaba abstenerse en el futuro de reproducir la imagen o similares. En su momento desde organizaciones como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) se argumentó que el fallo pretende censurar la libertad de expresión de las víctimas, pues hay que decir que esta decisión fue tomada luego que meses antes el brigadier general Marcos Evangelista Pinto y el general (R) Mario Montoya interpusieron una tutela contra el Movice, diciendo que había “una intencionalidad dañina y premeditada para afectar su honra y buen nombre de manera injustificada”. Dicha avanzada en noviembre fue declarada improcedente, sin embargo, luego desde el Juzgado 13 se les daría la razón a los exfuncionarios. Ante este escenario se conoció que finalizando septiembre desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Campaña por la Verdad, se solicitó a la Corte Constitucional que revisara la tutela y el fallo, señalando que detrás de estoy hay una acción de censura. ¿La tercera es la vencida? Hay que iniciar diciendo que el mural, que había sido nombrado ‘¿Quién dio la orden? 2.0’ y fue realizado como parte del trabajo que se ha venido haciendo desde la Campaña por la Verdad organizada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado – MOVICE -, en este aparecían los militares Fabricio Cabrera, Diego Tamayo, Miguel Bastidas, Juan Carlos Barrera, Adolfo León Hernández, Mario Montoya, Nicacio de Jesús Martínez, Marcos Pinto, Juan Pablo Rodríguez, Publio Hernán Mejía, Henry Torres Escalante y José Cortés, es decir, siete más que en la primera versión. Además, esta acción también se da en el marco de las solicitudes para que Mario Montoya Uribe y Publio Hernán Mejía, sean expulsados del proceso en la JEP, pues sus aportes han sido considerados por las víctimas como poco esclarecedores y comprometidos con la verdad. Hay que señalar que en las versiones que ha dado a la JEP Montoya ha relacionado a cerca de veinte militares, pero también ha brillado por decir que se acogerá a su derecho de guardar silencio, mientras que Publio Mejía ha negado su participación en los hechos, incluso cuando se le ha relacionado con las ejecuciones extrajudiciales cometidas entre el 2002 y 2003 por miembros del Batallón La Popa de Valledupar. Por otra parte, hay que recordar, que además de la tutela y de la censura cometida hace un par de días, también en octubre de 2019, cuando por primera vez se pintaba este mural en espacio público a los alrededores de la Calle 80 con Carrera 30, cerca a la Escuela Militar, también fue borrado por gente de civil y miembros de la Policía Militar, quienes argumentaron que actuaron bajo lo ordenado por el Código de Policía. En ese momento quienes aparecían en el mural, que además fue el que logró replicarse de forma amplia, eran: Juan Carlos Barrera, Adolfo León Hernández, Mario Montoya, Nicacio Martínez y Marcos Pinto, no obstante, estas personas a quienes desde organizaciones de víctimas se les responsabiliza de los ocurrido con los llamados “falsos positivos”, les fueron pintados los rostros con pintura blanca, hecho que provocó que ante la indignación desde distintos sectores se compartiera y visibilizará este mural, que además, con todo esto es la representación de lo que cuesta hacer ejercicios de memoria en un país que está acostumbrado a historias oficiales. De esta forma, se espera por una parte que la Corte Constitucional luego de la revisión de la tutela dé su visión y ordenamientos frente a este caso, además, también a que se respalde la lucha por conocer ‘¿Quién dio la orden?’, tanto de las ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2000 y 2010, así como de las órdenes de censura que han restringido el espacio público como lugar de enunciación y denuncia.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado 03 de octubre desde la JEP se comunicó que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad había recibido una carta del antiguo Secretariado de las Farc-ep, en la cual se comprometen a aportar a la verdad, esclarecer y asumir los hechos relacionados con el homicidio de Hernando Pizarro León-Gómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal Reyes, Pablo Emilio Guarín y Álvaro Gómez Hurtado. Respecto a este último han sido varias las opiniones, pues hay que señalar que por años quienes habían sido señalados por el asesinato del político y periodista cometido el 02 de noviembre de 1995 fueron principalmente Ernesto Samper, presidente de Colombia en dicho momento y Horacio Serpa, ministro de Interior entre 1994 y 1997, quienes a través de distintos medios habían dicho que este nuevo giro en esta investigación que llevaba la Fiscalía, ahora en cabeza de Francisco Barbosa, los ha dejado sorprendidos. Ante este panorama Ariel Ávila, subdirector de Pares y director del programa El Poder de Semana TV entrevistó a los dos exfuncionarios, partiendo que sobre el asesinato de Gómez Hurtado han girado, además de lo asumido por los exguerrilleros, dos hipótesis; por una parte, que es la que ha planteado la familia, donde vinculan a Rasguño, un ex narcotraficante del Cartel del Valle que fue arrestado en 2004 y extraditado a Estados Unidos en 2007; a Danilo González, coronel (r) de la Policía; al Cartel del Norte del Valle, además, de Samper y Serpa como determinadores. Por otro lado, se manejaba la hipótesis planteada en un libro de Jorge Gómez, donde dice que todo esto es un asesinato pensado por conspiradores del golpe a Samper, para haber tenido la posibilidad de debilitar al Gobierno de ese momento y hundirlo. Lo cierto es que ahora, como se dijo desde el partido Farc, se conoce que para la antigua guerrilla Gómez Hurtado fue considerado objetivo militar y enemigo de clase. En este orden una de las aseveraciones que hizo el expresidente fue que: “ (…) Aquí estamos metidos en un laberinto absurdo; ellos (la familia) siguen repitiendo mentiras e invocando personajes que nunca han podido confirmar nada, pretenden convertir sus mentiras en verdades, por eso me parece que esto que lo que está pasando hoy con las Farc va a tener una primera consecuencia favorable, y es que se va a detener esta campaña política en la que están metidos con una hipótesis que nunca han probado”. ¿La familia va detrás de la indemnización? Hay que señalar que este homicidio fue declarado por la Fiscalía el 19 de diciembre de 2017 como de lesa humanidad, argumentando que este crimen había sido perpetrado por narcotraficantes del Cartel del Norte del Valle, con esto se daba pasado a que el hecho no se prescribiera y fuera investigado pese al tiempo trascurrido. No obstante, también se ha buscado que este hecho sea considerado crimen de Estado por las vinculaciones que ha hecho la familia con el asesinato. Con esto Horacio Serpa aseguró: “En las acciones judiciales en que ha participado la familia se reclama la indemnización. (…) Yo nunca los he escuchado decir que renuncian a cualquier tipo de indemnización con tal de tener verdad. Lo que quieren es plata, ténganlo por seguro”. Además, agregó Samper: “Su interés no es la vedad, ellos están haciendo un negocio con la memoria de Álvaro. (…) Lo que quieren es producir un ruido permanente en la investigación”. A esto se suma en contrapeso a lo informado por la familia del político y periodista, que el expresidente afirmó en la entrevista que nunca hubo una enemistad entre el gobierno y Gómez Hurtado, incluso contó que: “Es falso que el gobierno fuera enemigo de Álvaro, en ese entonces no solo era Álvaro Gómez quien escribía editoriales en desacuerdo con el gobierno, con la financiación de la campaña, pero en el gobierno nunca hubo un control de prensa. (…) En ese entonces el ministro de Defensa era Juan Carlos Esguerra, que era una persona cercana a los afectos de Álvaro Gómez. Rodrigo Marín, exministro de transporte era un alfil político de Álvaro Gómez. Además, el ministro de Comercio Exterior era Daniel Mazuera, quien era su sobrino, el hijo de su hermana, es decir, Álvaro Gómez tenía una relación muy estrecha con el Gobierno, nunca hubo enemistad; es más, tuve la oportunidad de hablar con él muchas veces cuando yo era presidente”. Adicional, durante la entrevista también se cuestionó sobre la entrevista que dio en su momento Fernando Botero (ex ministro de Defensa), quien había afirmado que Gómez Hurtado estaba siendo objeto de seguimientos por parte del DAS, estos también habían sido ordenados por Ramiro Bejarano, ante esto Samper dijo: “Fernando Botero después salió a decir que no le constaba, ni tenía pruebas. Hizo ruido, metió a unos narcotraficantes que eran supuestos los testigos, como alias Rasguño, pero nunca hubo ninguna respuesta. Ese fue un tema montado en los medios y alimentado por estos. No hay ninguna evidencia judicial sobre todo eso”. Con esto vale la pena mencionar dos cosas; por un lado, que en su momento Myles Frechette, exembajador de Estados Unidos en Colombia había dado información del asesinato del periodista y político dando peso a lo que luego expondría Jorge Gómez sobre la posibilidad de que este había sido perpetrado por los conspiradores, y por ende la responsabilidad de los exfuncionarios sería una falsa hipótesis, no obstante, esta afirmación no fue tenida en cuenta por los familiares. Tras esto, Horacio Serpa complementó diciendo que: “la Familia Gómez solo creen en lo que les conviene. En ese momento había la información que la personas mejor informada de Colombia era Frechette, y él en repetidas oportunidades dijo que ni Samper ni Serpa tenían nada que ver, pero en ese momento eso no le servía a la familia Gómez, a ellos solo les servía la mentira, la calumnia y el propósito de establecer quién del Estado era responsable para cobrar una suma de dinero”. Por otro lado, hace un par de días Piedad Córdoba comunicó que conocía información del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, sin embargo, Mauricio Gómez, hijo del político aseveró para la Revista Semana que se estaba haciendo un plan para que el caso pasara a la JEP y las investigaciones queden suspendidas en la Fiscalía, incluso afirmó que en ocasiones anteriores se investigó el crimen vinculando a las Farc y no había pasado nada, por lo que dijo que pedirá cárcel para Córdoba. Duque también opina Del presidente no sorprende el silencio sobre algunos hechos que suceden en el país, no obstante, sobre este caso Duque sí se pronunció opinando que: “No voy a permitir que por una vía se trate de obstruir la verdadera responsabilidad que hay detrás de ese asesinato, porque adjudicarse esos crímenes cuando ya hay garantías de que nadie va a pagar cárcel no deja de generar dudas, sospechas, preocupaciones, y yo lo único que quiero es que ese crimen sea esclarecido y que no quedé ninguna duda, y si alguien se lo atribuye pero no corresponde a la verdad también se entienda que se está cometiendo un delito para obstruir la justicia en nuestro país. Pido que no se omita lo que ha dicho a familia”. Sobre estas afirmaciones Samper opinó en entrevista con Ariel Ávila que: “Me preocupa este patrón sistemático de desconocimiento y reclamo a la justicia en el que está Duque desde hace varios meses, hay un desconocimiento sistemático en la autonomía de la justicia y veo un episodio inédito en la política del país, que es el jefe de Estado politizando la justicia, es decir haciendo consideraciones de carácter político sobre la justicia, eso me preocupa como demócrata”. Por su parte, Serpa aseveró: “Nosotros tenemos un régimen de separación de poderes. No me parece que el presidente se ponga a darle consejos al fiscal, ni a decir quién tiene la verdad, eso no corresponde al sistema democrático que tenemos”. Finalmente, Ariel Ávila analizó que: “la versión Farc sí es coherente porque Manuel Marulanda comandante durante varios años de las Farc, nunca le había perdonado a Álvaro Gómez su discurso en el Congreso de las famosas repúblicas independientes que provocó una operación militar en Marquetalia, muchos años después Marulanda seguía recordando eso. Asimismo, por una estrategia marxista de que si asesinaban a Álvaro Gómez era posible el choque de elites provocara un colapso del régimen”. Por último, es un hecho que la JEP está posibilitada para realizar dicha investigación procurando que sea la verdad la que salga a la luz a través de mecanismos de contrastación, lo que sigue demostrando la importancia de la justicia transicional y del Proceso de Paz, no solo para que los actores armados legales confiesen su responsabilidad con lo ocurrido en el conflicto armado, pero también para que los agentes del Estado digan la responsabilidad con los hechos. Adicionalmente, como concluye Samper: “Los medios tienen la responsabilidad de que esos reflectores no estén al servicio de las calumnias y de no pasar entero”.

Por: Fredy Chaverra. Colaborador Pares. Un discurso proferido el 25 de octubre de 1961 sellaría el destino de Álvaro Gómez Hurtado 34 años después. A tres años del primer gobierno del frente nacional y ante un Congreso controlado por el bipartidismo, Gómez profirió un discurso esencial en la historia del conflicto y catalizador del mito fundacional de las Farc; habló del surgimiento de ciertas “repúblicas independientes” en Sumapaz, Riochiquito y Vichada e instó al gobierno a tomar acciones contra los campesinos herederos del bandolerismo de la Violencia. Álvaro Gómez era la voz más autorizada de la facción laureanista que había sellado con la élite del liberalismo el pacto frentenacionalista; su voz tenía el peso suficiente para motivar al Alberto Lleras y a Guillermo Valencia a iniciar (con el respaldo de los Estados Unidos) una agresiva ofensiva militar contra esas supuestas repúblicas controladas por campesinos. Para finales de 1962 fueron disueltas y con el bombardeo a Marquetalia se abrió un conflicto armado que tardaría 50 años en cerrarse y que a la postre le costaría la vida al mismo Gómez Hurtado la tarde del 2 de noviembre de 1995. Con el reconocimiento de su participación en ese asesinato, las Farc aclaran uno de los magnicidios más dolorosos de la segunda mitad del siglo XX. Ahora, se puede concluir tempranamente que en la muerte del dirigente conservador orbitó la tragedia inevitable de ser hijo de su padre; asumir la retórica anticomunista de los dirigentes del frente nacional; instar en medio de la esquizofrenia de la guerra fía una declaración de guerra a un grupo de campesinos que terminarían conformando la guerrilla más grande y poderosa del país; convertirse en la narrativa fariana en un enemigo de clase y pieza fundamental en la estrategia de la guerrilla para profundizar la desestabilización institucional de un presidente hundido por el proceso 8.000. Nada más podría explicar el asesinato de un dirigente con ideas de avanzada, arquitecto del diseño constitucional que desvertebró el bipartidismo histórico y convertido, con la mesurada experiencia de la vida, en un verdadero hombre de paz. El “presidente” que nunca fue y cuyo lema en su último intento por acceder a la presidencia en 1990 fue: Que no maten a la gente. El reconocimiento temprano de responsabilidad del antiguo secretariado de las Farc cierra 25 años de múltiples sombras y especulaciones, años signados por las constantes acusaciones de la familia Gómez a Samper y Serpa, señalados por Álvaro Gómez en sus editoriales como las cabezas de un “régimen de corrupción”. También echa por el suelo la hipótesis de un crimen de estado perpetrado por militares ante la negativa del dirigente conservador de conspirar en una intentona de golpe de estado contra Samper, un presidente que en la historia permanecerá asociado con el narcotráfico y al cual las Farc no tendrían por qué encubrir (en su gobierno ni siquiera fue una posibilidad iniciar un proceso de paz). Al romper su silencio, las Farc derrumban esas hipótesis y reconocen que el asesinato de Gómez encontró su principal motivación en la venganza histórica a un enemigo de “las nacientes Farc”. Fue asesinado por sus posiciones de juventud sin tener en consideración el valor republicano que lo caracterizó en los últimos años de su trasegar político. En el claroscuro de la historia, fue un tardío ajuste de cuentas de Manuel Marulanda a quien fuera el instigador del bombardeo a la “república independiente de Marquetalia” y en la panfletaria narrativa fariana, un auténtico enemigo de clase. Esta es una de esas verdades que solo se podría haber conocido con una guerrilla desarmada, sin la arrogancia de una interpretación de la historia ajustada a su confrontación y dispuesta a participar de un modelo de justicia donde el resarcimiento de los derechos de las víctimas y la verdad son lo más importante. En otras condiciones hubiera sido imposible. Surgen muchas preguntas: ¿Por qué callaron tanto tiempo?, ¿cuál era el objetivo de profundizar la inestabilidad de Samper con la muerte de Álvaro Gómez?, ¿fue una decisión del secretariado o unilateral de Marulanda? Son preguntas que tendrán su oportuna respuesta en la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. Por el momento, es claro que es un hecho que también deben motivar el reconocimiento de otros episodios atroces del conflicto armado por parte de agentes del estado y la fuerza pública, no solo es una responsabilidad de los antiguos comandantes de la guerrilla. Las Farc dieron un paso, pero muchas preguntas necesitan respuesta, ¿Quiénes atizaron el genocidio político de la UP?, ¿Quién estuvo detrás del asesinato de Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa?, ¿Quiénes fueron los “terceros” financiadores?, ¿Quién estuvo detrás de los falsos positivos? A 25 años de su asesinato Álvaro Gómez quedará indisolublemente asociado a las Farc. A la guerrilla que por fuera de las tensiones frentenacionalista y la atmósfera anticomunista de la guerra fría, hizo llamados constantes a la paz, a participar de un proceso constituyente donde la paz fuera el centro, a volver realidad su llamado para alcanzar un país donde no maten a la gente. Un llamado que ahora es más importante que nunca en una Colombia que no ha logrado sacudirse la polarización y donde se están abriendo nuevos ciclos de violencia. Un legado que a la luz de la verdad no podemos olvidar.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. En el punto 5 del Acuerdo final para la Paz se pactó el “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, compuesta por la (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, La Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas de reparación integral. El 24 de agosto de 2016 se pacta que se podrá aplicar la figura de la amnistía e indulto a los delitos políticos y conexos, pero que no se aplicará esta figura jurídica a quienes estén incursos en la comisión de hechos punibles como: “Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad como por ejemplo el secuestro de civiles, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma”. De tal forma que los delitos de lesa humanidad quedan y son juzgados por la justicia ordinaria. En un trino del sábado 3 de Octubre de manera oficial la jurisdicción especial para la paz JEP, emite su comunicado 132 donde señala que: “Farc asume responsabilidad en el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado y otros cinco casos más”, en la cual se ofrece aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad en 6 homicidios ocurridos entre 1987 y 2002, entre ellos el del líder político Álvaro Gómez Hurtado, la carta del 30 de Septiembre es firmada por miembros del antiguo secretariado de la que fuese la guerrilla más antigua del mundo. Consigna la carta enviada por los dirigentes de las antigua Farc a la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la JEP, el reconocimiento sobre su responsabilidad en uno de los asesinatos más comentados en la reciente historia nacional. El 12 de Diciembre de 2017, tres años antes de vencerse el tiempo de la investigación el crimen de Álvaro Gómez Hurtados, su asesinato fue declarado como de lesa humanidad, algo que garantizaba que la investigación no prescribía. La semana que empieza será de gran debate político y jurídico. Las opiniones mediáticas como la acá expresada será la consignación de una postura frente al hecho, pero de fondo estarán las implicaciones judiciales, la socialización y aplicación de la ruta normativa, los alcances de la JEP, sus limitaciones para investigar. ¿Trasladará la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, el caso a la Fiscalía general de la Nación? o ¿en su defecto la solicitará esta? ¿a qué obedece este reconocimiento por parte de las Farc? ¿a qué se refería la ex senadora Piedad Córdoba, qué sabía? ¿cómo contribuye a la búsqueda de la verdad, filosofía central del sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición? En fin, otro capítulo más que siendo necesario, afecta para bien o para mal a la JEP (por la decisión que tome) y será como un bombón en la puerta de una escuela para el Sr. Fiscal y su partido centro democrático.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. En Colombia viene tomando fuerza el anhelo de transformaciones de hondo calado. Hay evidencia para esta afirmación: en las elecciones presidenciales del 2018, el candidato con el discurso de cambio, Gustavo Petro, obtuvo el 44% del voto ciudadano, cifra nunca antes adquirida por quienes hemos propugnado por cambios profundos a un orden social caracterizado por profundas inequidades, que nos hacen el país más desigual en el continente y del mundo. Es una situación que la sabemos desde hace más de tres décadas por los estudios de centros con rigor, como por ejemplo la Cepal. Solo mirar sus informes muestra, con cifras, que las diferencias entre los que más tienen en cuanto a riqueza y los que menos tienen, son abismales, por ingreso en Colombia, tenemos un 0.1% de súper ricos, con un 1% de ricos, y en medio de la pandemia la pobreza rural puede estar por cerca del 55% de la población y en el conjunto de la población se puede acercar al 50%, cifras producto de los efectos de una pandemia que golpea más duro a los que menos tienen. Los indicadores sociales en Colombia en tiempos de pandemia vienen a mostrarnos la dura realidad. Hoy es más el hambre que se vive en millones de hogares colombianos, la informalidad económica que está por encima del 60% del conjunto de la estructura ocupacional sufre en medio de esta situación que sigue y cuyo horizonte de resolución con una vacuna efectiva y de acceso universal. La realidad es demasiado incierta, sumándole que la anterior situación a los tiempos de pandemia eran igualmente preocupantes para una inmensa mayoría de la población colombiana, golpeando de manera especial a mujeres, jóvenes, al mundo rural, afro e indígena, por este contexto, agravado por la pandemia es que hay que insistir en que hay transformaciones urgentes que hay que emprender. Ante la pobreza, renta básica como derecho ciudadano, ante la informalidad, cambios en la estructura económica que potencien sectores que pueden producir bienes y servicios, contribuyendo con mayor formalidad económica y ocupación en sectores vitales: desarrollo rural, conservación ambiental, transición energética, industrialización. En fin, las posibilidades son inmensas para un país dotado de una potencia natural enorme. Por ejemplo, insistir en que podemos ganar un lugar destacado en la producción de alimentos, una condición que solo tienen menos de una docena de países donde es posible aumentar de manera significativa su producción y Colombia está allí, en lo que podemos denominar un exclusivo club en un mundo que demanda más alimentos década a década. Igualmente podemos hacer una importante contribución a la conservación amazónica con todo lo que ello puede aportar, por cierto, amazonia que se sigue destruyendo ante nuestros ojos. Los cambios que Colombia requiere para superar tanta desigualdad, para garantizar los derechos básicos de ciudadanía: educación, empleo de calidad y salud, solo se podrán lograr si hay recursos suficientes para adelantar estas políticas de manera universal y con calidad. Eso implica reformas en la estructura tributaria, es decir que la riqueza producida de manera colectiva sea para el beneficio del conjunto, y no como sucede hoy, que un 1% concentra buena parte del ingreso, el crédito y el conocimiento, haciéndonos la sociedad profundamente desigual que somos. A la par con la exigibilidad de derechos y de una adecuada tributación, requerimos un Estado que pueda acometer y liderar todas estas transformaciones, para lo cual se requiere un Estado como el promulgado en la Constitución del 91. Un Estado para una sociedad de derechos y democrática; eso solo se puede hacer si hay un Estado que haga esa tarea: lo que algunos han denominado el derecho a tener Estado. En tiempos de pandemia y por lo que hemos visto en Bogotá con esta explosión de inconformidad social y rechazo a la brutalidad policial, hay una sociedad que anuncia duras confrontaciones que hay que dirimir de manera democrática en un ambiente que anuncia más sangre y barbaries. Es importante que discutamos las transformaciones que la sociedad colombiana requiere y que en parte ya se anuncian en el debate parlamentario y que serán temas centrales nuevamente en el debate presidencial del 2022. Para animar la reflexión y tener más contexto y detalle de las transformaciones enunciadas en este breve texto, les invito a leer este buen trabajo del Maestro Luis Jorge Garay, producido por Planeta Paz. Allí encontrarán, con el rigor que caracteriza a Luis Jorge, el detalle de los argumentos, las cifras y las propuestas en los temas más urgentes para avanzar en una sociedad de derechos y de mayor democracia, que supere tanta exclusión, como la que hoy nos define. Aquí el texto del Maestro Luis Jorge Garay: Colombia Transformaciones estructurales en un contexto internacional en transición.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. La protesta social está de nuevo tomando fuerza en Colombia, y con ella también la minga indígena que había sido anunciada hace algunos días luego de que, en un acto reivindicativo, fuera tumbada la estatua de Sebastián de Belalcázar ubicada en El Morro del Tulcán de la ciudad de Popayán. Hay que iniciar diciendo que la minga es convocada por varios motivos, entre ellos por el incumplimiento a los acuerdos a los que se había llegado en la minga del año 2019, adicional, ante una ola de violencia que se ha ensañado en departamentos como el Cauca, donde se tiene registro que habitan alrededor de 190.069 personas indígenas. Con esto, autoridades indígenas confirmaron que el próximo 10 de octubre se reactivará en el sector de El Pital, en Caldono, Cauca, la minga indígena del sur occidente, en la que se solicita que el 11 del mismo mes Iván Duque asista y escuche a las comunidades y organizaciones; de no cumplir se ha invitado a que la minga se movilice hacia Cali y Bogotá. Vale la pena mencionar que se ha informado desde el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, que son 127 autoridades las que decidieron continuar con la minga pendiente en el año 2019. Desde la organización se comunicó que: “Esta minga será de carácter político y no reivindicativo, así que la Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, invita a la población nacional y a diferentes organizaciones, a unirnos en una sola voz de unidad por la defensa de la vida, el territorio y la paz”. La minga como acto en contra de la violencia El pasado mes de agosto desde la Defensoría de Pueblo se emitió la Alerta Temprana 029-2020, la cual advierte los riesgos inminentes de vulneración de derechos humanos, como: restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado y ataques indiscriminados contra la población civil, por la presencia y accionar de grupos armados en Íquira y Páez, Huila. Se menciona lo anterior puesto que el Consejo Regional Indígena del Huila, CRIHU, es una de las organizaciones que ratificó su participación en la movilización, esto como acto de rechazo a la violencia que se concentra en el departamento, que además hace parte del panorama general que afecta a las comunidades indígenas. “Esta minga será de carácter político y no reivindicativo, así que la Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, invita a la población nacional y a diferentes organizaciones, a unirnos en una sola voz de unidad por la defensa de la vida, el territorio y la paz”. Foto: Cortesía. Siguiendo lo anterior hay que mencionar que según datos de Indepaz desde el 2016 y hasta el 8 de junio de 2020, han sido asesinados 269 líderes indígenas, 242 luego de la firma del Acuerdo de Paz y 167 durante la presidencia de Iván Duque, adicionalmente en lo que va del 2020 han sido asesinados 47 líderes indígenas, y 14 de ellos durante el periodo de aislamiento preventivo. Por su parte desde el CRIHU se informó que se enviara una comisión del Huila hacia el Cauca en donde la minga ha sido convocada, además, ante una situación de seguridad que se ha deteriorado y con esto se ha provocado un desangre en el país a causa de un incremento en el número de masacres, que solo en lo que va del año hay un reporte de 62, adicional de un incesante escenario de asesinatos selectivos contra líderes y lideresas, en el cual los/as indígenas se han convertido en un foco de persecución y hostigamientos. ¿En había quedado la minga? Tras movilizaciones semejantes realizadas en 2005, 2009 y 2014 en las que fueron incumplidos los acuerdos a los que se habían llegado, desde marzo de 2019 se inició la Minga en la Vía Panamericana, el cual finalizó con una serie de acuerdos, por ejemplo, tras la visita de la entonces ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se estableció que se realizaría una inversión de $800.000 millones, que, hay que señalar, era mucho menor a lo que se pedía desde los manifestantes, quienes proponían una inversión de $4,6 billones. Adicionalmente, desde el Gobierno se propuso entregar 1.500 hectáreas para resolver las necesidades de todas las organizaciones que integraban la minga, no obstante, lo que se estaba pidiendo era que fueran dispuestas 40.000 hectáreas, pues como se argumentaba desde el CRIC, apenas el 37 % de las 544.900 hectáreas de territorios de propiedad colectiva son productivas. A esto se suma que transversalmente se solicitaba, como se ha hecho por años, mejores condiciones de salud, vivienda y, en general, condiciones dignas en escenarios de garantías de seguridad y territorios de paz. Sin embargo, y aunque los acuerdos tenían distancia con lo solicitado, se reclama que estos no han sido cumplidos, además se ha incrementado la violencia dirigida contra las comunidades indígenas, por lo que urge que desde el Gobierno se ponga atención y se actúe, motivo por el que la minga se reactiva como acto de exigencia y rechazo a los incumplientos.

Por: Yeraldin Camelo – We Effect. Colaboradora Pares. En el marco de la implementación del proyecto Tejidos, financiado por el Fondo Europeo para la Paz y ejecutado por Forum CIV, We Effect, la fundación Paz y Reconciliación en alianza con las Economías Sociales del Común ECOMUN, presentamos las acciones realizadas para avanzar en la mitigación y prevención del COVID 19. En el mes de marzo del presente año inició la pandemia del COVID 19 en Colombia. Desde ese momento, el proyecto “Tejidos” inició un proceso de adaptación a las nuevas realidades globales. En estos momentos difíciles por los que pasa el mundo, decidimos priorizar los valores de solidaridad, ayuda mutua, cuidado, prevención y preservación de la vida. Esta labor ha sido posible debido a la voluntad del Fondo Europeo para la Paz para dirigir recursos para la atención de la emergencia, el liderazgo de We Effect y ECOMUN para la implementación de la estrategia de trabajo coordinado entre el nivel nacional y el territorial, a través del compromiso asumido por los enlaces de la cooperativa que apoyan las acciones del proyecto. Fotografía: Cortesía. En el caso de Colombia y de acuerdo con la información enviada por las cooperativas y asociaciones de población reincorporada y comunidades aledañas en los departamentos de Tolima, Putumayo, Arauca y Cauca, -lugares donde tiene presencia el proyecto- las principales afectaciones y riesgos durante la pandemia son: Por una parte, la inseguridad alimentaria presentada a causa del aislamiento preventivo obligatorio, la interrupción del ejercicio organizativo y formativo de las cooperativas y asociaciones, las dificultades para acceder a los materiales sanitarios necesarios para la prevención del COVID 19 por falta de acceso al saneamiento básico y la ausencia de medidas de seguridad y protección efectivas que permita prevenir las violencias que se exacerban en estos tiempos de aislamiento. Teniendo presente este panorama local el proyecto “Tejidos”, con el respaldo del Fondo Europeo para la Paz y el liderazgo de ECOMUN logró diseñar y poner en marcha una estrategia de mitigación, prevención y atención inmediata a los impactos generados por la pandemia. Esto fue posible a través de la creación e implementación de la línea presupuestal de apoyo territorial y respuesta de emergencia. Teníamos claro que no solucionaríamos las problemáticas estructurales de las comunidades afectadas, pero lograríamos llevar a la práctica acciones de solidaridad, cuidado y ayuda mutua. Valores fundamentales de la economía social solidaria. En este marco de acción hemos logrado la distribución de: 3266 tapabocas, 643 unidades de alcohol, Hipoclorito, jabones para el lavado de manos y 120 unidades de desinfectantes cuaternario para la desinfección de superficies. Además, se ha realizado la entrega de ayuda alimentaria dirigida a 75 núcleos familiares pertenecientes a 3 organizaciones. Las organizaciones que participaron en esta estrategia fueron: Esta labor ha sido posible debido a la voluntad del Fondo Europeo para la Paz para dirigir recursos para la atención de la emergencia, el liderazgo de We Effect y ECOMUN para la implementación de la estrategia de trabajo coordinado entre el nivel nacional y el territorial, a través del compromiso asumido por los enlaces de la cooperativa que apoyan las acciones del proyecto. Ellas y ellos han hecho posible, por un lado; la comunicación directa entre los territorios y el nivel nacional garantizando así la atención de las necesidades locales y por otro, la entrega efectiva de los apoyos alimentarios y sanitarios, logrando la distribución entre sus asociados y asociadas. De esta manera los lazos de tejidos sociales de las organizaciones y la implementación de acciones propicias de la economía social y solidaria como es la ayuda mutua, interés por la comunidad y la participación fueron activados y llevados a la práctica como ejercicio mutual. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El ministro de Defensa ha estado bajo la lupa luego de una serie de hechos que ha puesto en cuestionamiento su responsabilidad en el importante cargo público que ocupa. Por un lado, por un notable deterioro de la seguridad que se evidencia, entre otras cosas, en el número de masacres que se han registrado en el país, que, a la fecha, al menos, se reportan 62, a lo que se lo suma el incesante asesinato de líderes y lideresas sociales, además de una sistematicidad en la persecución y hostigamiento hacia firmantes de paz. A esto se suma un crítico estado de la Fuerza Pública en relación con la sociedad civil, la cual ha denunciado una y otra vez violaciones y vulneraciones de derechos humanos por parte de miembros de agentes del Estado, tal es el caso de lo ocurrido el pasado 9 y 10 de septiembre, y el más reciente asesinato de Juliana Giraldo por parte de militares en Miranda, Cauca. Además, como se ha expresado desde la bancada de oposición del Congreso, pareciera que Carlos Holmes Trujillo está más preocupado por hacer campaña presidencial para las elecciones de 2022, que en garantizar escenarios que promuevan la seguridad en el país; lo que finalmente está demostrado en los altos índices de violencia que hoy por hoy vive el país. Constantes desacatos Por esto, y además por unos constantes desacatos del ministro a ordenamientos de entes como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Corte Suprema de Justicia, los senadores Roy Barreras y Jorge Robledo establecieron juntos una fecha para realizar el debate de moción de censura sobre el ministro de Defensa, comunicado hace algunos días y que finalmente se llevará a cabo el próximo 13 de octubre. Los congresistas estuvieron en el programa El Poder dirigido por Ariel Ávila, subdirector de Pares, en donde profundizaron sobre los motivos que llevaron a que se diera esta acción, que desde un sentido amplio fue propuesta ante la cantidad de cuestionamientos que hay sobre la labor de Holmes Trujillo. “Hay una pérdida del control del territorio porque el ministro de Defensa no le garantiza la vida y la seguridad a nadie, no garantiza que los colombianos/as podamos vivir tranquilamente; por eso las masacres, por eso la matanza de líderes sociales, por eso el asesinato de 230 firmantes de paz; la seguridad ha sido un fracaso en los dos años de mando de este Gobierno. Prometieron hacer trizas la paz, pero lo que ha fracasado es la política de seguridad”, argumentó Barreras. «Que el Senado lo saque por indigno» A esto se suma una serie de incumplimientos del ministro que por un lado, se reflejaron en lo que habría sido el desacato a la Corte Suprema de Justicia que le había ordenado presentar disculpas a la sociedad civil por los abusos cometidos en noviembre de 2019 en el marco del Paro Nacional por parte de la Policía, especialmente por su Escuadrón Móvil antidisturbios – ESMAD, que finalmente no hay claridad si las ofreció o no, pues su discurso se centró en defender a la institución, diciendo que se trataba de casos aislados, mientras que el perdón pareció lejano en su alocución. Pero, no solo ahí se centran sus incumplimientos, pues otro de los motivos que convoca la moción de censura es la presencia de tropas estadounidenses en territorio colombiano, que como lo contó Jorge Robledo en El Poder: “Resulta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a Duque que tenía que pedirle permiso al Senado para que las tropas norteamericanas pudieran actuar en Colombia, pero sin haberse conseguido ese permiso Duque autorizó que esas tropas actuaran. El que montó la conspiración para esa ilegalidad fue el ministro de Defensa, quien se dedicó a mentir y a decirle a los/as colombianos/as que porque unos senadores habían firmado unas cartas de autorización ya ésta estaba valorada. Ahí lo que tenemos es un ministro que miente y engaña sobre un asunto gravísimo. Además, esas tropas quedaron actuando ilegalmente en Colombia. Eso está absolutamente probado”. Con estos motivos, además de los diversos indicadores de violencia y seguridad que muestran un grave panorama en el país, urge el debate sobre la labor de Carlos Holmes Trujillo, que de cumplirse y ser acatado por el ministro, sería el primer debate que en este tiempo se haría de forma presencial. Además, bajo el contexto de protesta social y violencia que hay Colombia se hace urgente, pues como, lo indicó Robledo, “este señor tiene bajo su mando medio millón de hombres sobre las armas, fondos secretos, operaciones secretas; es realmente tenebroso. Yo espero que el Senado saque a ese ministro por indigno”. ¿Renuncia anunciada? Con lo anterior, vale la pena mencionar, que en este tiempo ha sido trasversal, desde varios sectores, la petición de que Carlos Holmes renuncie a su cargo, pues al paso de su mala administración, como ha sido calificada, han sido varias las víctimas que han quedado. No obstante, hay que decir, desde la presidencia resalta el respaldo al ministro y a las actuaciones de la Fuerza Pública, así que una solicitud de renuncia desde esta instancia se ve todavía lejana. “Si Duque quisiera sacar al ministro ya lo hubiera hecho hace rato. Yo creo que ellos tienen una visión que, primero, no concuerda con la realidad, pero que les interesa utilizarla para entrampar a los colombianos y engañarlos. Lo que tenemos a final de cuentas es que son personas que por sus intereses políticos le están haciendo daño a Colombia, porque han querido meternos en la cabeza que somos los críticos quienes estamos afectando la institucionalidad, cuando son ellos los que les están haciendo daño”, agregó Robledo. Finalmente, se esperaría que el próximo 13 de octubre Carlos Holmes Trujillo cumpla con su cita en el Senado, y que además sus respuestas sobre los cuestionamientos que hay estén a la altura de un país y una sociedad civil que ha tenido que hacerle resistencia a la violencia perpetrada tanto por actores armados ilegales, pero también por la Fuerza Pública que se ha convertido en un actor importante de amenaza y miedo para la gente de las regiones y las ciudades.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. Distintas organizaciones sociales, culturales y comunitarias en Bogotá salieron a diez puntos de la ciudad a hacerle frente a la estigmatización, violencia de actores ilegales y legales a la que han sido expuestos los procesos organizativos que hay en los distintos barrios de la capital. De acuerdo con la propuesta de los espacios simultáneos la consigna fue “reactivar la tradición popular, cultural y juvenil de las Noches Sin Miedo, como acción colectiva de respuesta a las amenazas de las Águilas Negras y otros actos violentos cometidos por la Fuerza Pública, en contra de personas y procesos organizativos que, a través de la cultura, el arte, la comunicación, la pedagogía, construyen críticas en Bogotá.” Fotografías: Sergio Saavedra. De esta forma, Santa Cecilia (Usaquén), Cancha Chaparral (Usaquén), Cancha Verbenal (Usaquén), Mirador Horacio Orjuela (San Cristóbal), Campiña cancha de fútbol (Suba), San Fernando (Barrios Unidos), Parque Ciudad Jardín (Antonio Nariño), Rotonda Ciudadela Colsubsidio (Engativá), Plaza de la Hoja (Puente Aranda), Rincón del Valle (Rafael Uribe); fueron los escenarios de graffiti, breackdance, hip-hop, bailes, música en vivo y sancochos comunitarios. De acuerdo con la propuesta de los espacios simultáneos la consigan fue “reactivar la tradición popular, cultural y juvenil de las Noches Sin Miedo, como acción colectiva de respuesta a las amenazas de las Águilas Negras y otros actos violentos cometidos por la Fuerza Pública, en contra de personas y procesos organizativos que, a través de la cultura, el arte, la comunicación, la pedagogía, construyen críticas en Bogotá.” Distintas organizaciones sociales, culturales y comunitarias en Bogotá salieron a diez puntos de la ciudad a hacerle frente a la estigmatización, violencia de actores ilegales y legales a la que han sido expuestos los procesos organizativos que hay en los distintos barrios de la capital. Fotografía: Sergio Saavedra. Cabe recordar que, durante las últimas semanas, el Gobierno Nacional —en cabeza del ministerio de Defensa— ha estado señalando a los procesos organizativos vinculándolos con la ilegalidad lo que, a consideración de los distintos parches, pone en riesgo a sus integrantes. 35 años de la masacre de la Leche En los distintos puntos de la ciudad se conmemoró que hace treinta y cinco años la Policía asesinara extrajudicialmente a 11 personas en los barrios de Diana Turbay y Bochica, al sur oriente del país. El 30 de septiembre de 1985 un comando de la guerrilla del M-19 robó un camión que repartía leche en el barrio Diana Turbay. El objetivo fue repartir leche en sectores del sur de Bogotá como Guacamayas, San Martín y Malvinas. Sin embargo, cerca de 250 hombres de la Policía y del Ejército cercaron la zona y asesinaron a 11 personas. Los nombres de las personas asesinadas aquel 30 de septiembre son: Yolanda Guzmán Ortiz, Isabel Cristina Muñoz, Francisca Irene Rodríguez Mendoza, Jesús Fernando Fajardo Cifuentes, José Alonso Porras Gil, Hernando Cruz Herrera, Javier Bejarano, José Alberto Aguirre, Arturo Ribón Avilán, Martín Quintero Santana y Luis Antonio Huertas Puerto.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Desde el 09 de septiembre en la capital del país y en Soacha varias personas se convocaron en las calles para rechazar los abusos policiales, que solo un día antes habían causado el asesinato de Javier Ordoñez, quien fue violentamente tratado hasta quitarle la vida por, al menos, siete uniformados en el barrio Santa Cecilia en la localidad de Engativá. Este hecho, que además en su momento era el décimo asesinato por la Fuerza Pública en lo que iba del año, provocó que la indignación de las personas se encontrara en los barrios de la Bogotá y Soacha, donde muchos/as hicieron plantones y protestas a los alrededores de varios CAIs; al 10 de septiembre habían sido, al menos, 26 los actos de protesta. El balance de estos fue crítico. Como una radiografía del porqué de los reclamos de la gente, en estas jornadas de protesta que se mantuvieron hasta el 13 de septiembre, los abusos de la Policía fueron la constante. Tan solo el primer día, el 09 de septiembre, hubo 248 heridos, 58 por arma de fuego, mientras que en la mañana del día siguiente se conocía que ocho personas habían sido asesinadas; 06 en Bogotá y dos en Soacha. El día siguiente el panorama fue similar; plantones, protestas y violencia, donde hay que señalar, que, como el día anterior, el uso de armas de fuego por parte de los Policías fue uno de los más graves abusos, incluso se alertó que uniformados estaban pasando armas a civiles para que dispararan, acción de la que hasta el momento no se ha dado mayor explicación. Pues bien, en ese #10S el número de personas asesinadas llegó a 14 y la de heridos/as rondó las 400. A esto hay que sumar la forma en la que fueron dispersados los actos de protesta, pues lo que resaltó fueron los abusos físicos por parte de uniformados, las detenciones arbitrarias, y, en jornadas como la del 13 de septiembre, el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, aturdidoras y balas de goma. Imagen: Pares. Otra muestra de arbitrariedad Desde la Campaña Defender la Libertad se dieron las siguientes cifras sobre personas retenidas, en su mayoría irregularmente, durante las jornadas de protesta: · El 13 de septiembre siendo las 6:57 p.m. 66 personas habían sido detenidas. · El 11 de septiembre siendo las 10:35 p.m. 75 personas habían sido detenidas. · El 10 de septiembre siendo las 10:30 p.m. 138 personas habían sido detenidas. · El 10 de septiembre siendo las 12:30 a.m. cerca de 45 personas habían sido detenidas. Lo anterior muestras que desde el 09 de septiembre hasta el 13 del mismo mes, por lo menos, fueron retenidas, en distintos puntos de Bogotá, 324 personas, nombrando que las detenciones irregulares han sido una de las alertas que se han hecho sobre las arbitrariedades altamente cometidas durante el ejercicio de la protesta, pues incluso cuando no se cuenta con base legal para justificación de la privación de la libertad estas acciones se realizan. Además, los traslados o retenciones en ocasiones exceden las 12 horas, que en el caso de los traslados por protección es el tiempo máximo que puede durar a medida. Con lo anterior es necesario nombrar que en las últimas horas se informó desde la Personería de Bogotá que a la fecha hay cuatro personas que desaparecieron en el marco de las protestas realizadas entre el 09 y 13 septiembre. Hay que señalar que desde el organismo también se comunicó que el 09 y el 14 de septiembre fueron 43 personas sobre las que se había denunciado su desaparición. No obstante, luego de pasar la información a la Fiscalía General de la Nación y de un cruce de datos se estableció el paradero de 39 de ellas, las cuales en su mayoría habían sido detenidas en el marco de las protestas. Sin embargo, casi tres semanas después de cuatro de ellas no se tiene información, aun cuando desde los organismos se han hecho búsquedas en Comandos de Atención Inmediata (CAIs) y estaciones de policía. «De manera inmediata se le dio traslado a la Fiscalía General de la Nación, que cuenta con los medios investigativos y de Policía judicial que son necesarios en estos momentos para determinar cuál es el paradero de estas personas y si efectivamente se encuentran desaparecidas», expresó Rosalba Cabrales, desde la Personería de Bogotá. a la fecha no hay mayor comunicación de la Fuerza Pública en la que se diga qué pasó en esos dos días y por qué hubo una masacre en la ciudad, que ahora, además, se suma la desaparición de estos/as jóvenes. Imagen: Pares. Por su parte, desde la Fiscalía se entregó un reporte de 09 personas desaparecidas, entre las que están las cuatro de las todavía se desconoce su paradero. A continuación se mencionarán sus nombres, teniendo en cuenta que desde las entidades no se ha dado claridad sobre cuáles son las que siguen sin encontrarse. · Alexander Payome Amaya. Reportado como desaparecido en Kennedy el 9 de septiembre. · Iván Leonardo Leal Loaiza. 26 años. Reportado como desaparecido el 9 de septiembre. · Joseph Rodríguez Rodríguez. 21 años. Reportado como desaparecido en el 20 de julio el 10 de septiembre. · Brian Felipe Velasco. Reportado como desaparecido en la Candelaria el 13 de septiembre de 2020. · Brandon Nicolás Moreno. 20 años. Reportado por última vez en los alrededores del CAI San Diego el 13 de septiembre. · Diego Armando Pedraza y Mayerly Katherine Gómez Reyes. Reportados por última vez en el CAI de las Aguas el 13 de septiembre. · Paula Ximena Ortiz Murcia. Reportada por última vez en la plaza de Bolívar el 13 de septiembre. · Laura Carolina Medina Cárdenas. Reportada por última vez en la Plaza de Bolívar el 13 de septiembre. La Policía no ha dado respuesta concreta Con todo esto, vale la pena mencionar que, desde la Procuraduría a través del procurador delegado, Hermán Rincón, se envió una carta al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, solicitando que se dé la información de lo ocurrido entre el 09 y el 10 de septiembre en las jornadas de protesta en relación con el actuar de la Fuerza Pública. En la misiva solicitó, entre otras cosas: “la relación de las novedades de munición y/o armas de fuego y aquellas no letales utilizadas por los miembros de la Policía Nacional durante las protestas ocurridas en el país durante los días 9 y 10 de septiembre”. Adicionalmente, el funcionario escribió que llega a esa instancia, pues ha enviado tres documentos a la Policía Nacional sin obtener una respuesta concreta. Expresó que lo que se ha hecho desde la institución es evadir la solicitud, incluso agregó que la Policía ha intentado justificarse argumentando la pérdida de las grabaciones de cámaras de vigilancia. Lo cierto es que a la fecha no hay mayor comunicación de la Fuerza Pública en la que se diga qué pasó en esos dos días y por qué hubo una masacre en la ciudad, que ahora, además, se suma la desaparición de estos/as jóvenes.