Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado 17 de septiembre desde el Gobierno Nacional se presentaron los resultados de los dos años de la política “Paz con Legalidad”, la cual se hizo a través de un foro virtual al que fueron invitados los expresidentes Felipe González y José Mujica, además del enviado especial de la Unión Europea, Eamon Gilmore. En este evento hubo varios puntos a señalar: por una parte, el expresidente de Uruguay hizo varias solicitudes sobre “la desgracia del narcotráfico, el espectro de una riqueza fácil, con cierta rapidez, que significa uno de los peores incentivos que se le puede presentar a una sociedad”. Asimismo, el exmandatario hizo un llamado a la Comisión de la Verdad y al Gobierno Nacional para reconocer desde un ejercicio de memoria los crímenes cometidos por la Fuerza Pública conocidos como “falsos positivos”, agregó: “Más que para juzgar, para saber; la verdad en el fondo es la médula de la justicia”. Adicionalmente, puso sobre la mesa la necesidad de acciones efectivas para atender la ola de violencia que se acentúa en zonas como Chocó y Catatumbo: “Fundamentalmente me parece que la política de erradicación forzosa de los cultivos abre campo a la aparición de pseudo organizaciones que son un verdadero peligro. Mientras exista ese mercado tentador va a haber fuerzas que se mueven para cubrirlo y esto no se arregla con apoyo militar o económico, necesitamos que la gran nación del Norte tenga conciencia que representa el más tremendo mercado y que cargue con su responsabilidad y lo enfrente”. Además, pidió que desde el Gobierno se frene y se investigue acerca de los asesinatos sistemáticos en contra de personas que siendo combatientes de las Farc se acogieron al Acuerdo apostándole a la paz, que solo a la fecha se tiene el registro de 230 hechos. Referente a esto dijo: “Espero que la aclaración de estos hechos sirva como freno para que no se vuelva a repetir una reiterada historia trágica en los distintos procesos que ha vivido Colombia, porque el fracaso de estas cosas, la impunidad estas cosas, abre la puerta para que un diálogo a futuro sea prácticamente imposible”. Por otra parte, llamó la atención un hecho posteriormente denunciado por Noticias Uno, quienes en su emisión del 27 de septiembre informaron que víctimas del conflicto armado estaban reclamando por el uso, en este evento, de un video que había sido grabado hace tres años, durante el periodo presidencial de Juan Manuel Santos. ¿Qué dice la persona que aparece en el video? Quien sale en el video es Yarlín Mosquera, quien, como se informó en julio de 2020 desde la Unidad de Víctimas, es una mujer que en el marco del conflicto armado llegó a Soacha en 1998 desde el municipio de Certegui, Chocó a causa de desplazamiento forzado producido por las amenazas que estaba recibiendo en esta zona del país. Ella en este momento es docente de danza en una escuela de Soacha, donde, además ha liderado otros procesos comunitarios con jóvenes afrocolombianos del barrio Los Robles de este municipio de Cundinamarca. Yarlín le contó al medio de comunicación que el video que fue presentado por Iván Duque durante la conmemoración de los dos años de la política “Paz con Legalidad” ostentando logros, fue realmente grabado hace tres años en el marco del Día de las Víctimas. “No sé porqué en estos momentos están pasando un video que hace parte de nuestra privacidad como escuela y están fomentando que a nosotros nos dieron recursos cuando eso no ha sido así. (…) En ningún momento se han acercado, han llamado, no han tenido interacción con ninguna de las organizaciones”, contó Yarlín. Hasta el momento Iván Duque no se ha referido al respecto, sin embargo, llama la atención que a más de dos años del periodo presidencial de Duque no haya resultados propios en cuanto a lo que ha sido la implementación del Acuerdo para mostrar, o si los hay, ¿por qué se recurrió al video antiguo de la gestión hecha durante el mandato de Santos?

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. Tras 12 años en una cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, el excomandante del grupo paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), alias ‘Jorge 40’; llegó a Colombia. El exjefe paramilitar es recordado por haber comandado uno de los bloques que más masacres perpetró en el país y que más poder tuvo. En este sentido, con su llegada, se aguardan verdades detrás del papel del Bloque Norte, la clase económica, política y relaciones con narcotraficantes en departamentos como Magdalena, Cesar, La Guajira, Atlántico, Sucre, Córdoba, Bolívar y los santanderes. Jorge 40 y su silencio El regreso de Jorge 40 a Colombia está dado por más de 1.000 casos activos ante la justicia, más de 30 órdenes de captura y 38 medidas de aseguramiento. Delitos entre los que se encuentran: reclutamiento a menores, desplazamiento forzado, desaparición forzada, asesinato en persona protegida, tortura en persona protegida, tráfico de drogas, etc. Cabe recordar que el exjefe paramilitar fue expulsado de Justicia y Paz en 2015, luego de no haber asistido a 48 versiones libres. Asimismo, el pasado mes de enero de 2020, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó el sometimiento de Jorge 40 en el tribunal especial. Pares, en su momento, hizo seguimiento a la decisión de la JEP. La razón del rechazo tuvo que ver con que la JEP no tiene competencia material sobre los exintegrantes de grupos paramilitares ni de otros grupos armados ilegales distintos a las Farc EP. Así lo indica el Acto Legislativo 01 de 2017, y fue reafirmado por la Corte Suprema de Justicia, por la Corte Constitucional y por la Sección de Apelación de la JEP. Ahora bien, según Colombia 2020, Jorge 40 podría entrar a la JEP como un tercero civil. “Aunque la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le negó su sometimiento como excombatiente del conflicto armado, le pidió que le enviara pruebas que acrediten que financió y auspició organizaciones paramilitares desde finales del año 1996 hasta 1998. Esos delitos sí podrían ser juzgados por esta justicia”, señaló dicho portal de El Espectador. Pocas luces sobre la verdad de terceros Sin embargo, según Juan Diego Restrepo, director del portal Verdad Abierta y quien—en el programa de El Poder de Áriel Ávila— se refirió al caso de Jorge 40 y se mostró pesimista frente a la posibilidad de que exista un escenario judicial para que el exjefe paramilitar pueda recurrir y hable de lo que sabe sobre los terceros que están detrás del Bloque Norte. Por otra parte, según Restrepo, Jorge 40 no tiene ningún “estímulo” para dar versiones debido a que llega es “a ser juzgado por la justicia ordinaria que es la que hoy tiene sus procesos. No veo un escenario prometedor de una comparecencia del exjefe paramilitar en una instancia de justicia Transicional”. Para Restrepo, el retorno de Jorge 40 no se advierte como una posibilidad de verdad sino, incluso, como una posibilidad de violencia. Esto, debido a que se puede venir un proceso de “reclamo de lealtades” con políticos, empresarios, militares lo que podría traer muertos y desapariciones forzadas para el caso de Magdalena, La Guajira, Cesar. Víctimas de las AUC piden verdad de Jorge 40 De acuerdo con Ariel Ávila, subdirector de Pares, el Bloque Norte de las AUC cometieron 333 masacres en cuatro departamentos en Colombia, lo que significó 1.537 víctimas. Precisamente, las organizaciones de víctimas del corregimiento de El Salado, en el municipio de Carmen de Bolívar (Bolívar), exigen verdad del exjefe paramilitar. Cabe recordar que hace 20 años, entre el 16 y el 21 de febrero del 2000 casi 500 paramilitares arribaron al Salado para masacrar 60 personas, 52 hombres y ocho (8) mujeres. Durante 72 horas torturaron y asesinaron personas en la región. Además, de las múltiples masacres, uno de los temas que tienen que ver con el paramilitarismo es el despojo de la tierra. De hecho, en el más reciente informe que entregó la Fundación Forjando Futuros a la Comisión de la Verdad; el 83% de los casos de despojo tuvo a los paramilitares como perpetradores. Frente a esta victimización, las organizaciones de victimas solicitan verdad para continuar con su proceso de reclamación. El papel de Jorge 40 en las AUC De acuerdo con Juan Diego Restrepo, se refirió al papel de Rodrigo Tovar Pupo o Jorge 40 al interior de las AUC. Para Restrepo, Jorge 40 tenía pleno conocimiento del proyecto de las AUC. Esto, entre otras cosas, por su cercana relación con Salvatore Mancuso y con los grupos agroindustriales de la zona norte del país, quienes estaban sintiendo el rigor de los embates de la guerrilla de las FARC -EP. Asimismo, Restrepo resaltó que la comandancia de Jorge 40 en el Bloque Norte, de más de 2.000 paramilitares, hizo que se perpetraran más de 20.000 crímenes. Para Restrepo, Jorge 40 “fue un gran despojador de tierras, en procesos que aún están por resolverse porque hay mucho testaferro con sus tierras”. Cabe recordar que en estas regiones del país se encuentran las comunidades adelantando procesos de restitución de tierras. Procesos que, según como lo ha podido registrar Pares, ha representado que el perfil de reclamante de tierras sea uno de los más asesinados en Colombia, incluso, en dichas regiones en donde operó el Bloque Norte. Por otra parte, para Restrepo Jorge 40 jugaba un papel fundamental para las AUC en la medida en que tejía alianzas entre políticos, sectores económicos y Fuerza Pública. De hecho, para Restrepo, estas relaciones hoy en día “estarían reactivándose o representaría un problema en términos de violencia su regreso porque se presume que vendría a recuperar sus tierras y con unas verdades cobre nexos muy complejos para quienes se relacionaron con ellos —AUC— y quienes pasaron de agache y que aún se mantienen a la sombra en la región caribe colombiana”. El papel del Bloque Norte William Renan, investigador del departamento del Magdalena y profesor de la UniMagdalena, se refirió—en el programa de El Poder de Áriel Ávila— al papel del Bloque Norte. “El Bloque Norte operó como una máquina de guerra y con una ieología anti insurgente, pero que en realidad cooptó gran parte del estamento político y se enquistó en las estructuras político-administrativas. Hacían extracción de rentas de economías legales como ilegales”, señaló Renan. De acuerdo con el investigador, el Bloque Norte dejó una “estela de terror, de sangre, de lágrimas, de tristeza, de concentración de la propiedad. En Magdalena su feudo principal estaba alrededor de la zona de San Ángel y quedaron en poder de antiguos lugartenientes de mediana y alta figuración de la estructura”. ¿Y los testaferros qué? Frente a lo que venga sobre la presencia de Jorge 40 en Colombia, Juan Diego Restrepo resalta que es necesario recordar que el exjefe paramilitar “fue el que impulsó el Pacto del Chivolo. Pacto que se hizo, justamente, para repartir Concejos, Alcaldías en el departamento del Magdalena.” De acuerdo con Restrepo, aún hay gente que se benefició del papel de Jorge 40 y que continúan en la impunidad y que “hoy gozan de ser muy prestantes”. Allí, según Restrepo está un sector importante de la economía del Atlántico, Magdalena y Cesar. Asimismo, de la clase política que se benefició del accionar de Jorge 40. Restrepo hizo hincapié de que sus acciones se llevaron a cabo, entre otras cosas, por su articulación con la Fuerza Pública.

Por. Laura Cano. Periodista Pares. Fotografía: Universidad Distrital. El 28 de septiembre se conmemora el día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, en Colombia con motivo a este día se realizaron varios ‘pañuelazos’ y plantones, tal fue el caso de zonas como Bogotá, Pereira, Mocoa, Cúcuta, Chiquinquirá, Tunja, Medellín y Rionegro, donde se sintió que la lucha por el derecho al aborto sigue incesante. ¿Por qué? En Colombia desde el 2006 a través de la Sentencia C-355 se despenalizó el aborto cuando este es motivado por tres causales: cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer; cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida; y, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto, categorizándose así como Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). No obstante, desde entidades como Profamilia y organizaciones como la Mesa por la Vida, se ha alertado que incluso las mujeres en Colombia que buscan acceder a la IVE dentro de las tres causales enfrentan barreras que ponen en riesgo su salud y su vida. Sumado a esto, hay que señalar, que en Colombia se realizan poco menos de 17.000 abortos legales al año, según cifras de Profamilia, mientras que, al menos, 400.000 se realizan de forma ilegal, siguiendo los datos del Instituto Guttmacher. Un vistazo de lo que pasa en Colombia En el país hay por lo menos 10 estándares normativos que buscan proteger el aborto inscribiéndolo dentro de los derechos reproductivos, que a su vez son reconocidos como derechos humanos, estos son: C-355 de 2006, T-636 de 2007, T-585 de 2010, T-841 de 2011, T-627 de 2012, C-754 de 2015, T-301 de 2016, T-697 de 2016, C-327 de 2016 y SU-096 de 2018. Estos, entre otras cosas, plantean la obligación del Estado de suministrar información oportuna, suficiente y adecuada, también de garantizar la IVE en todo el territorio, en todos los niveles de complejidad y en cualquier etapa del embarazo; adicionalmente, establece la obligación de proteger el derecho a la intimidad y confidencialidad de las niñas y mujeres, además, de decidir libremente. Asimismo, prohíben las dilaciones injustificadas y se exige si los/as profesionales de la salud se eximen de practicar la IVE por motivos de conciencia se garantice la prestación del servicio en condiciones de calidad y seguridad. No obstante, y a pesar de estos pasos que se han dado, la práctica del aborto sigue siendo criminalizada, incluso cuando se cumple con alguna de las causales que actualmente ampara la Sentencia C-355, y, adicionalmente, cuando las mujeres deben someterse a abortos clandestinos e inseguros ante la falta de despenalización total del aborto. Con esto vale la pena mencionar que según la Organización Mundial de Salud anualmente cerca de 67.000 mujeres mueren a causa de abortos mal realizados, lo que corresponde al 13% de la tasa de mortalidad materna. “Hay que apostarle al aborto seguro y gratuito y también, en el marco de la legalidad, hay que apostarle a la despenalización total del aborto en el Código Penal, esto porque abortar es un privilegio de clase y por ende muchas mujeres siguen muriendo en la clandestinidad”, opinó Laura Páez, una de las mujeres que hizo parte del plantón en el Parque de los Periodistas de Bogotá el #28S. Bajo este contexto se pueden nombrar varias cosas. Por un lado, la ausencia institucional y de información sobre la IVE en lugares alejados de los centros urbanos o cabeceras municipales, a lo que se le suma que, aunque la Resolución 3353 del Ministerio de Educación Nacional establece la obligatoriedad de la educación sexual en todas las Instituciones Educativas de carácter público en el país, creándose la base de lo que sería el Proyecto Nacional de Educación Sexual (PNES), esta ha sido deficiente, incompleta e ineficaz: la asignatura se imparte sin articulación a los programas curriculares, sin horarios o franjas específicas, y cayendo en un discurso simplista en el que las temáticas giran alrededor de la reproducción. Esto termina viéndose reflejado, por una parte, en que, por ejemplo, según el Instituto Guttmacher, solo entre el 1 y el 9% de los abortos practicados en el 2011 se hicieron dentro del sistema de salud y en las principales ciudades del país. Adicionalmente, estudios sobre embarazos adolescentes realizados por entidades como el Ministerio de Salud, Profamilia y PLAN, indicaron que en 2018 la tasa de embarazos de mujeres entre los 13 y 19 años en el país era del 13,8%; esta cifra aumenta hasta un 18.6% en las zonas rurales. Las mujeres migrantes, otro foco de riesgo Hay que señalar que en esta crítica situación también se encuentran las migrantes venezolanas, quienes, según lo evidenció el informe “Migrantes venezolanas en Colombia: barreras de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo”, realizado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Fundación Oriéntame, en alianza con la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete, y con la colaboración de Médicos del Mundo, que: “las migrantes venezolanas no solo enfrentaron las mismas barreras de acceso que las mujeres colombianas cuando buscaron acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, sino que estas barreras tuvieron particularidades debido a su situación migratoria”. Estas barreras se evidencian en que, por ejemplo, estas mujeres no acuden a la red hospitalaria, aun estando en las tres causales, temiendo consecuencias como la criminalización o la deportación, lo que hace que la única opción sean los abortos inseguros y las maternidades forzadas. A esto se suma un desconocimiento intencionado o no de las entidades prestadoras del servicio de salud sobre la instrucción dada por la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud para que la población migrante sea atendida por urgencias, ordenamiento que incluye la atención del embarazo, incluido el servicio de IVE, lo que provoca que cuando las mujeres asisten a centros hospitalarios se les sea negada la atención o se les sean exigidos documentos como el Permiso Especial de Permanencia o el Salvoconducto. Adicionalmente desde la Mesa por la Vida se indicaron que existen “otras fallas asociadas a la prestación de servicios de salud es que las IPS no cuentan con protocolos o rutas de atención para las migrantes en condición de permanencia irregular. En efecto, son víctimas de malos tratos, violencia obstétrica, se les niega el suministro de medicamentos para el dolor, se les vulnera su derecho a la intimidad y se les discrimina debido a su nacionalidad. Por otra parte, se presentan fallas en el proceso de interposición de la denuncia por violencia sexual lo que implica una barrera para acceder a la IVE por esta causal. La denuncia no es recibida por las autoridades colombianas cuando los hechos no ocurrieron en territorio colombiano”. Criminalizar para incentivar el aborto clandestino En Colombia existe el articulo 122 del Código Penal, el cual establece que: “La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses. A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior”. Tras esto y siguiendo toda la lucha que se ha dado en el país por la despenalización total del aborto, el miércoles 16 de septiembre, el movimiento Causa Justa, que reúne a 134 activistas y 91 organizaciones, interpuso una demanda conjunta ante la Corte Constitucional en la que se instaba a que este artículo sea eliminado, entre otras cosas, porque más allá de desincentivar la práctica lo que hace es fomentar el aborto clandestino, y con eso poner en peligro la vida de las mujeres y estigmatizar a los/as médicos/as que lo realizan. Según se expresó desde Causa Justa este artículo: “(…) es ineficiente, injusto con las mujeres y vulnera derechos fundamentales como la salud, la igualdad, la libertad y, sobre todo, porque su existencia desconoce la ciudadanía de las mujeres”. Así, hay que mencionar que, siguiendo datos de la Fiscalía General de la Nación, hasta el 2019 había 5.833 denuncias por aborto, y de estas 4.834 son casos activos que siguen en alguna etapa del proceso penal. Además, siguiendo lo expuesto anteriormente, el 97% de las denunciadas interpuestas entre 2010 y 2017 se hicieron contra mujeres que viven en zonas rurales, mientras que el 2% correspondía a mujeres que habitan áreas urbanas. Lo que demuestra, además, cómo la estigmatización está atravesada también por la ausencia de instituciones que informen sobre el derecho a la IVE. Por otra parte, del total de denuncias presentadas a 2019 en la Fiscalía, el 73% habían sido presentadas por personal médico, lo que de nuevo pone sobre la mesa la urgencia de que se cumpla el derecho a la intimidad y confidencialidad, pues muchas mujeres dejan de asistir a centros hospitalarios por la tendencia a la vulneración de este derecho y deber, pero también evidencia la carga psicológica, emocional y laboral a la que son expuestos/as quienes realizan estos procedimientos, pues incluso en el ámbito médico el estigma sigue siendo una constante. A esto se suma que, aun cuando está legalmente establecido que cuando se mantiene una relación sexual con una persona menor de 14 años se incurre en abuso sexual, lo que establece una causal para practicar una IVE, hay siete casos de niñas menores de catorce años que han sido judicializadas por abortar, entre ellas tres de 10 y 11 años. Con todo esto hay que señalar, por una parte, que los abortos son una realidad y se seguirán realizando, pero es necesario que el Estado garantice que esta práctica se pueda hacer de forma legal, segura, libre y gratuita, pues si esto no pasa las mujeres seguirán acudiendo a la clandestinidad, a estar bajo el riesgo de acceder a fármacos falsificados, o que por la falta de acompañamiento consuman dosis no adecuadas. Asimismo, esto muestra la necesidad que las mujeres cada #28S y cada día sigan en la lucha por el aborto, para que más mujeres no vayan a la cárcel por decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, también para que no se pierdan más vidas por procedimientos mal realizados. A su vez, para que la Corte Constitucional proteja completamente el derecho a abortar y su descriminalización y, claramente, para que la maternidad sea deseada.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. En los últimos días el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha sido noticia una y otra vez, por una parte, por los recientes hechos de violencia cometida por la fuerza pública que solo en este último tiempo ha provocado, al menos, 17 asesinatos, entre los que están el de Javier Ordóñez, las personas asesinadas entre el 09 y el 10 de septiembre en Bogotá y Soacha, y más recientemente el crimen cometido contra Juliana Giraldo. A esto se suma una ola de violencia que ha tenido como unas de sus múltiples consecuencias el asesinato de, al menos, 94 líderes y lideresas sociales en lo que va del año, según el sistema de información SIPARES, además de 49 firmantes de paz, y, más de 60 masacres que se han cometido en diversas zonas del país. Adicionalmente, en este contexto también se conoció la semana pasada que la Corte Suprema de Justicia había emitido un fallo en el que, entre otras cosas, se ordenaba que Carlos Holmes Trujillo pidiera disculpas por los abusos de la Policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD cometidos en el marco de la jornada del Paro Nacional del 21 de noviembre. Desaciertos en redes Durante este fin de semana a través de Twitter el ministro hizo varias aseveraciones mientras se esperaban sus comunicaciones respecto a los puntos anteriormente nombrados. Lo primero que expresó a través de la red social el pasado domingo en este sentido fue que: “Ya es hora de que los calumniadores paguen sus penas en la cárcel”, tras esto posteó: “Politiqueros con la muerte calumnian, lanzan falsas denuncias, organizan campañas contra fuerza pública, y se oponen a aspersión y erradicación, métodos eficaces y seguros para acabar con cultivos ilícitos que son fuente de financiación de asesinato líderes sociales y masacres”. Adicionalmente twitteó: “La fuerza pública está preparada y lista para defender el derecho de todo aquel que quiera manifestarse pacíficamente y para recuperar el orden cuando este sea amenazado por violentos y terroristas”. Tras esto, León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, expresó que: “Cada día está más desesperado y se la va más la mano a Carlos Holmes Trujillo, es muy grave que, desde el lugar más alto de poder militar, desde el Ministerio de Defensa, se insulte y se amenace a los críticos del gobierno”. Desaciertos políticos Por otra parte, habiendo solicitado la Corte las disculpas del ministro de Defensa, lo que hizo Carlos Holmes fue salir a respaldar al Escuadrón diciendo que: “en particular el ESMAD no incurre en excesos” y que lo ocurrido el 21N “corresponden a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes”, y que el actuar del ESMAD se da “exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delito”. Con esto, hay que señalar que era relevante este ordenamiento en el fallo, pues en el marco del Paro la gravedad de los hechos fue tal que el 23 de noviembre Manuel Cubillos, agente del ESMAD, le disparó con una escopeta calibre 12 y una munición tipo beang bag 12 a Dilan Cruz, quien dos días después falleció en el Hospital San Ignacio. Adicionalmente, hay que señalar que el fallo de la Corte daba 48 horas para que se cumplieran los ordenamientos, lo que ha producido que la alocución del Ministro, en la que lejos estuvieron las disculpas, se pueda catalogar como desacato. Con todo esto, vale la pena mencionar que con todo esto desde la bancada de oposición fue radicada una moción de censura contra el ministro en Cámara y Senado, la cual podría llevar a que este miércoles se lleve a cabo un debate en la Cámara. Hay que mencionar que la moción promovida desde el Senado tiene que ver con la ola de violencia que hay en el país y la de la Cámara está motivada por el presunto incumplimiento del Carlos Holmes Trujillo con el fallo de la Corte.

Por: Fredy Chaverra. Colaborador Pares. El pasado 26 de septiembre la plataforma ciudadana Defendamos la Paz promovió la organización de la primera conferencia internacional del Acuerdo de Paz, el evento contó con la participación de los principales protagonistas de los intensos años de negociaciones en La Habana, los voceros de las entidades de la justicia transicional, la comunidad internacional y representantes de organizaciones sociales. ¿Qué se conmemoró? Los cuatro años de la firma del fallido acuerdo de Cartagena, sí, así es, se celebró la firma del “primer acuerdo”, el que fue suscrito en un ostentoso evento la tarde del 26 de septiembre en Cartagena, a ocho días del plebiscito y como clara muestra de la autosuficiencia y confianza que revestía a Santos al estar seguro de que el si arrasaría el 3 de octubre. Poco le importó esperar los resultados del plebiscito que él mismo se había inventado. La verdad histórica es que el no ganó y ese añejo 26 de septiembre pasó a la historia como un día incómodo y algo vergonzoso, entonces: ¿Por qué conmemorarlo? Tras la derrota en el plebiscito y la reactivación de los ciclos de negociación, la aplanadora santista en el Congreso refrendó con amplias mayorías el “segundo acuerdo”, el verdaderamente definitivo. El acuerdo que integró 56 de las 58 recomendaciones de los voceros del no; el que corrigió aspectos problemáticos como aquel de integrar lo acordado al bloque de constitucionalidad; el que explicó pedagógicamente que el enfoque de género no es una ideología degenerada o abortista; el acuerdo que levantó los golpeados ánimos del uribismo tras su agitada campaña de resistencia civil y pieza clave para afianzar la narrativa que los llevó al poder en 2018. Un acuerdo menos pretencioso y se podría decir más humilde ya que escuchó a sectores que se habían sentido marginados en la negociación y se hicieron sentir con su voto. El definitivo acuerdo del Teatro Colón, suscrito en una gala más sobria y discreta el 24 de noviembre de 2016. Un día que sí hay que conmemorar. Volviendo a la conferencia, un aspecto importante de su realización tiene que ver con los balances presentados en torno a la implementación de lo seis puntos que componen el acuerdo de paz. Desde el gobierno, los exnegociadores, la comunidad internacional, el partido Farc, las víctimas y los líderes sociales, se presentaron observaciones, recomendaciones y comentarios. Algunos fueron bastante duros con la desidia de Duque para adelantar una política de paz que retome con mayor integralidad lo acordado; otros (como Santos) jugaron a la posición intermedia al destacar lo avanzado y recordar que la responsabilidad de cumplir a cabalidad con el acuerdo es de tres gobiernos (2018-2030) y tal vez el más solitario fue el consejero Emilio Archila, un funcionario con experiencia y principal artífice de la “paz con legalidad”, la estrategia de estabilización uribista que a su vez intenta posicionar una narrativa donde no existen palabras comunes en los años de santismo: paz o posconflicto. El acuerdo que integró 56 de las 58 recomendaciones de los voceros del no; el que corrigió aspectos problemáticos como aquel de integrar lo acordado al bloque de constitucionalidad; el que explicó pedagógicamente que el enfoque de género no es una ideología degenerada o abortista; el acuerdo que levantó los golpeados ánimos del uribismo tras su agitada campaña de resistencia civil y pieza clave para afianzar la narrativa que los llevó al poder en 2018. Imagen: Pares. Resulta importante precisar que la implementación es un fenómeno de encadenamiento progresivo en el cual confluyen múltiples variables, entre ellas, la visión política del gobierno de turno, el apoyo de la sociedad civil y la presión de la comunidad internacional. No es gratuito que en el fast track se haya acordado una reforma constitucional que obliga a tres gobiernos consecutivos a cumplir de “buena fe”; que el Plan Marco de Implementación (instrumento de planeación diseñado con la Farc y elevado a documento Conpes) presente indicadores a 15 años o que el mismo acuerdo plantee rutas a 10 o 15 años; por ejemplo, en lo que tiene que ver con erradicación de la pobreza rural o la vigencia de la JEP. Sin embargo, esto no es óbice para que un presidente se vaya por la salida fácil y utilice estrategias como la simulación, el cambio metodológico o el marchitamiento administrativo para cumplir a medias. Así es como lo ha venido haciendo el gobierno Duque. ¿En qué consisten estas estrategias? Con simulación se hace referencia a las políticas misionales presentadas como indicadores efectivos de implementación pero que nada tienen que ver con el Plan Marco o el acuerdo de paz. Tal vez el mayor desarrollo y análisis de esa estrategia se encuentra en los Cuadernos de la Implementación elaborados por el Centro de Pensamiento del partido Farc. El consejero Archila es experto en esta estrategia porque tiende a presentar los resultados de los ministerios de Agricultura, Educación, Interior y hasta el de Vivienda, como relacionados con la implementación, algo que genera una falsa sensación de cumplimento ante una abrumadora cascada de datos y “resultados”; no obstante, el consejero se dedica es a elaborar una rendición de cuentas donde hace creer que los programas de los ministerios y agencias del Estado se relacionan exclusivamente con la paz. Tan solo es cuestión de escuchar su intervención en la conferencia para notar su afán de mostrar resultados “prestados”. A la desidia del gobierno Duque se suma el imparable genocidio de líderes sociales y exguerrilleros. Sin duda, las mayores dificultades por las que atraviesa el acuerdo de paz en sus primeros cuatro (4) años. Imagen: Pares. El cambio metodológico se refiere a la reorientación de las estrategias y directrices concertadas en el acuerdo. Se puede asemejar a la anterior en el sentido de que se presume que se está cumpliendo, pero en contravía del espíritu del acuerdo; por ejemplo, en el desconocimiento del enfoque regional de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial al priorizar solo los pactos municipales o la exclusión de exguerrilleros en proceso de reincorporación del programa de sustitución de cultivos, son cambios que alteran la naturaleza y metodología de estos programas. Sobre el marchitamiento administrativo, es tal vez la estrategia más empleada ya que consiste en no asignarle recursos o activar las instancias que fueron creadas para facilitar la implementación, solo voy a enunciar dos que han pasado inadvertidas para Duque en su política de paz con legalidad: la Comisión Nacional de Garantía de Seguridad y el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. Existen solo en el papel. ¿Y ahora qué sigue? A la desidia del gobierno Duque se suma el imparable genocidio de líderes sociales y exguerrilleros. Sin duda, las mayores dificultades por las que atraviesa el acuerdo de paz en sus primeros cuatro (4) años. Poco tiempo para tener una visión total de su implementación, pero suficiente para diagnosticar las dificultades que han impedido su aterrizaje en los territorios más golpeados por la guerra. Con el recrudecimiento del conflicto armado en las zonas donde el acuerdo representó una promesa de transformación, se agrega un factor estructural que continuará desestabilizando el sentido de su implementación en los próximos años. No es un panorama alentador, aunque sí es una oportunidad para que la sociedad civil siga rodeando el proceso, apropiándose de un acuerdo diseñado para todos los colombianos y fomentando espacios de socialización, como el de la conferencia internacional que, a pesar de conmemorar un día poco memorable, representó una oportunidad de encuentro para seguir diciendo con más fuerza: El mundo exige paz.

Por: Gonzalo Arcila Ramírez. Colaborador Pares. El bogotazo de septiembre 9 y 10 puso en evidencia las trágicas consecuencias de una policía militarizada. En Estados Unidos el movimiento Black Lives Matters, surge, entre otros fines, como voluntad de transformar una policía militarizada. Este movimiento ha dado un paso decisivo: ha planteado la necesidad de desfinanciar la policía. La tesis básica es convertir los recursos locales y federales gastados en mantener ese cuerpo armado, en recursos para financiar colegios, centros médicos, centros de ayuda social y resolución de conflictos. Se trataría de cambiar la policía por comunidades de profesionales que permitan resolver por la vía del diálogo los inevitables conflictos de convivencia que tiene cualquier sociedad y comunidad. En Colombia deberíamos dar nuestro propio paso decisivo: reformar el ejército y la doctrina que ha orientado su actividad desde el año de 1948. Recordemos que el asesinato de Gaitán y el bogotazo del 9 de abril, se leyó en clave de guerra fría. La ira popular desbordada se le atribuyó a los comunistas y el joven estudiante Fidel Castro que estaba en Bogotá para participar en un evento juvenil, fue a posteriori convertido en el artífice fantasmal del levantamiento. El ejército colombiano quedó alineado, como tropa de combate contra el comunismo en correspondencia con el Tratado de Asistencia Recíproca que se estableció en la reunión continental que se adelantaba en Bogotá bajo la batuta del general Marshall. En el año de 1953 el presidente Laureano Gómez comprometió al ejército en la Guerra de Corea. Esa experiencia partió la historia del ejército colombiano. El General Alvaro Valencia Tovar en su libro “Testimonio de una Época”, lo enuncia de modo taxativo. Dice: “Lo cierto es que la historia del ejército contemporáneo se divide en dos épocas. Como nuestras propias vidas. Antes y después de Corea.”1 La élite política y los generales, desde entonces, se han alineado con las siguientes guerras decretadas por el Estado Norteamericano. Se asumió la guerra contra las drogas de Nixon en los inicio de la década del 70. Luego, la guerra contra el terrorismo por los acontecimientos del 11 de septiembre de 2.001. Estas tres guerras: la fría, contra las drogas y contra el terrorismo se le escrituró a las FARC-EP. En la retórica de la guerra, este grupo fue calificado de comunista, narco y terrorista. Cuando se firmó la paz en el año 2.016, se disolvió en el aire el propósito bélico del ejército nacional. Los últimos intentos de revivir el proyecto bélico han girado alrededor de lo que el expresidente Uribe, su seguidores y el actual presidente Duque llaman el peligro Castro Chavista. Hoy en aras de la verdad que sana, es necesario clausurar el proceso iniciado en Corea. El ejército de la República de Colombia no puede seguir a las órdenes del Comando Sur y de las veleidades fascistoides del actual presidente de los Estados Unidos Donald Trump y la sociedad colombiana seguir padeciendo la trágica experiencia de una policía militarizada.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. El hecho de que la sala civil de la honorable Corte Suprema ordenara medidas para garantizar derecho a la protesta pacífica, realmente nos asombró que así actuase, por la transición vedada en la que estamos, del estado social de derecho al estado de opinión al servicio del hoy presidiario. En el marco de esta transición nos preguntamos sobre el papel de la policía (cuerpo armado de naturaleza civil, a cargo de la seguridad pública de la república), y claro el conflicto armado le dio a sus 167.623 unidades otra naturaleza, los inmiscuyó en operaciones de carácter militar cumpliendo un papel de gendarmería. El pasado martes 22 de septiembre de 2020 la Sala de Casación Civil, evidenció “La falta de una Ley Estatutaria que desarrolle los alcances y limitaciones de la fuerza pública, su direccionamiento centralizado o descentralizado, su naturaleza y el juzgamiento de sus conductas, cuando se ejerce el derecho fundamental a la protesta pacífica, y se dan violación sistemática de tal prerrogativa por parte de la fuerza pública, en especial, del ESMAD”, entre otras anomalías. Bajo la premisa de que: “Una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo–enemigo; izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo, el consenso y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho”. Falla la sala ordenando entre otras disposiciones: “al Ministro de Defensa que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes el enteramiento de esta providencia, proceda a presentar disculpas”; al Gobierno Nacional – Presidente de la República que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, proceda a: “Expedir un acto administrativo en el cual ordene a todos los miembros de la Rama Ejecutiva en el nivel nacional, mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del Gobierno Nacional. Deberá hacerse énfasis en la formación y capacitación inmediata en ética y derechos humanos de sus miembros, guiada por el respeto a la comunidad, donde sus integrantes actúen como agentes de paz, de protección a la ciudadanía y al derecho a la vida”. Y con relación al arma con que disparan a la humanidad de las personas y en la mayoría de casos a sus rostros: “ORDENAR a los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional -ESMAD- y a cualquier institución que efectúe “actividades de policía” que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, suspenda el uso de las “escopetas calibre 12”, hasta tanto el ‘statu quo’ constitucional, previa verificación exhaustiva, constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento. Es tan evidente como diría el profesor Ricardo Vargas la “privatización de la policía” al servicio de un bloque de poder, que se convirtió en un imperativo poner un tatequieto, tanto así que además declaró: “INDICAR que cuando la Corte lo considere necesario, asumirá la competencia para exigir el obedecimiento de lo aquí ordenado”. ¡Parece no le podrán hacer conejo al fallo!

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Mientras en el país se sigue pidiendo la reforma a la Fuerza Pública a causa de una serie de hechos que han enlutado al país en los últimos días por el abuso policial; como la muerte de Javier Ordoñez provocada por, al menos siete, uniformados, y el posterior asesinato de 14 personas que se encontraban protestando por el anterior hecho o cerca a los lugares donde se realizaban los actos, en Colombia se siguen conociendo hechos que continúan acentuando la idea que los abusos por parte de la Policía y el Ejército no son casos aislados. Ahora, y tras tan solo unos días de los asesinatos cometidos en Bogotá y Soacha, se conoció que, en Miranda, Cauca, fue asesinada Juliana Giraldo, quien se movilizaba con su compañero, Francisco Larrañaga, por los alrededores de una zona del municipio conocida como Guatemala. Cuando, -se escucha en uno de los vídeos grabados por alguien transitaba por esa misma carretera-, «los soldados salieron del monte hacia la vía», les ordenaron detenerse, tras lo cual uno de los uniformados le disparó varias veces al automóvil con su fusil y una de las balas impactó a la mujer. Tras lo ocurrido, el Ejército Nacional a través de un comunicado informó que: “(…) cuando tropas del Batallón de Alta Montaña N 8 José María Vezga, Unidad orgánica del Comando Operativo Apolo, adelantaban labores de control militar de área, una mujer resultó muerta a causa de un disparo por parte de un integrante de la Fuerza”. Por su parte, y siguiendo la repetición de un mismo discurso, el Ministro de Defensa se refirió al hecho diciendo: “Respecto a los hechos registrados en Miranda, Cauca, en donde una mujer resultó muerta por un disparo de un integrante de la Fuerza Pública (…) quiero manifestar mi más profundo sentimiento de rechazo”, adicional, informó que las personas involucradas serían retiradas de su cargo y que se harían las investigaciones correspondientes. Mientras que Iván Duque twitteó: “He ordenado al Ministerio de Defensa y al Ejército disponer lo necesario para investigación con celeridad. Responsable debe recibir castigo ejemplar”. Con esto, vale la pena señalar, por un lado, lo peligroso de que desde la institucionalidad no se nombre el asesinato como tal, sino que por el contrario se insista intencionalmente en que Juliana “resultó muerta”. Por otra parte, como lo mencionaba Ariel Ávila, subdirector de Pares, “el otro gran problema que tenemos con esto es la sensación de impunidad tan grande. Ocurrió lo del 9 y 10 de septiembre y a hoy no ha caído un solo coronel, no ha caído un solo militar. A hoy el Ministro de Defensa no ha renunciado, cuando debería haberlo hecho. Eso lo único que da es una sensación grande de impunidad. (…) Lo mínimo que debió hacer Iván Duque es haber movido la cúpula. Que no sea que después del asesinato de Juliana no va a pasar nada y otra vez todo para la Justicia Penal Militar”. Con esto último, vale la pena traer a colación que solo durante este año se han reportado 38 asesinatos por parte de la Fuerza Pública, e incluso según el sistema de información Sipares, en 2020 se han cometido 9 ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, este año se comenzaron a conocer hechos de violencia sexual cometidos por miembros del Ejército, en los cuales están el de una menor de 12 años perteneciente a la comunidad Gito Dokabu– Embera Katio y el de cinco (5) niñas de la comunidad indígena Nukak Makú en Guaviare. “El cuento de manzanas podridas, de algunos pocos creo que ya es insostenible. Creo que la teoría de muchos de los que hace años venimos pidiendo una reforma a la Fuerza Pública colombiana es necesaria. El cuento del enemigo interno, del amigo-enemigo; todo eso no puede existir en una sociedad democrática. Aquí hay que mirar temas de fondo, estructurales y sistemáticos de lo que viene pasando”, agregó Ávila. Medios de comunicación cómplices Este hecho además de estar atravesado por la revictimización realizada desde la institucional, también lo ha estado por lo medios de comunicación, quienes al mismo tiempo de seguir el postulado que Juliana “apareció muerta”, también han sido actores en la deslegitimación de la construcción de género. Titulares como el de La FM en el que se escribía: “Hombre murió tras disparo de militar en medio de retén en Miranda, Cauca”, y sus líneas siguientes donde se mencionaba que Juliana era la forma en que “se hacía llamar”, son una muestra de cómo los medios también son responsables de la criminalización y estigmatización de las personas a causa de su género. Esta función es tan grave que vale la pena mencionar que, según lo informado por la Red Comunitaria Trans, en lo que va corrido del 2020, 28 mujeres trans han sido asesinadas, la mayoría de ellas en hechos violentos y de discriminación, como el ocurrido con Alejandra Monocuco, una mujer trans de 39 años, trabajadora sexual y habitante del barrio Santa Fe, que en la madrugada del 29 de mayo requería asistencia médica al encontrarse en un estado de dificultad respiratoria severa, pero a quien le fue negado el servicio discriminatoriamente por personal de la Secretaría de Salud de Bogotá. A esto se debe agregar que según Temblores ONG en los últimos diez años se han presentado (entendiendo las dinámicas de subregistro que afectan a esta población), por los menos, 1.944 hechos violentos en contra de integrantes de la comunidad LGBT. Sobre esto la Defensoría del Pueblo reconoce que la Fuerza Pública “contribuye en gran medida a la reproducción de patrones de discriminación y exclusión contra mujeres lesbianas, hombres gais, hombres y mujeres bisexuales y personas transgénero”. Así, que reproducir esta clase de estigmas contra alguien que fue asesinada, y que, incluso después de este hecho violento no se le reconoce su construcción de género, que además ésta está atravesada por un sinnúmero de violencias propias de una estructura patriarcal y transfóbica, es irresponsable y alimenta la impunidad que hay para las mujeres trans asesinadas, que además, representan a una comunidad a la que por años construirse fuera de las normas de género y entendiendo la disidencia sexual, corporal y de género como una postura y apuesta política, les ha costado la vida. Hay que mencionar que, por el caso de Juliana Giraldo, Mauricio Noguera, fiscal nombrado para la coordinación de la investigación del caso, le dijo en la noche del jueves al diario El Espe que “independiente de las circunstancias en las que haya ocurrido la muerte de Juliana Giraldo, la investigación se adelantará bajo un enfoque de identidad de género, pues la víctima era una mujer trans y murió en hechos violentos”. La Policía y su ley del miedo Tras conocerse ese hecho en las calles de Jamundí la comunidad LGTBI salió a las calles como muestra de rechazo e indignación ante lo ocurrido. Igualmente, al sur de Cali se convocó un plantón al frente del Batallón Pichincha, sede de la tercera Brigada del Ejército, no obstante, como lo denunció la población que allí se encontraba, un Policía habría disparado contra quienes se encontraban en el lugar. Hay que señalar que en un escenario similar el pasado 9 y 10 de septiembre la Policía asesinó a 14 personas en Bogotá y Soacha, y aun cuando a raíz de esto se ha solicitado con urgencia la reforma a la Policía, ésta sigue haciendo uso de armas de fuego en escenarios de protesta, incluso cuando dos días antes desde la Corte Suprema de Justicia se había solicitado regular y hacer veeduría del actuar de la Policía en estos contextos. Con todo esto, es necesario exigir justicia para Juliana Giraldo y para todas las mujeres trans que han sido asesinadas, asimismo, para cada una de las personas que han sido asesinadas y afectadas por miembros de la Fuerza Pública, a quienes, al parecer, les cubre el manto de la impunidad y los espaldarazos institucionales.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Colombia está incursa en un proceso de balance de responsabilidades frente a las múltiples violencias que hemos vivido por más de medio siglo y que desafortunadamente siguen presentes en nuestra realidad, con sus desastres cotidianos, que se cobran vidas, la sangre sigue corriendo ahondando las heridas en una sociedad que aún no logra encontrar un camino de democracia de calidad y paz. Tenemos el más reciente referente para tramitar los derechos básicos de las víctimas y de la sociedad, que es el sistema de justicia, acordado en el acuerdo de paz firmado con las FARC, ese tribunal especial que es la Jurisdicción Especial de Paz, y al cual deben concurrir todos los que tengan responsabilidades en graves crímenes. Las FARC van a ese tribunal, tienen el deber de concurrir a contar la verdad de sus crímenes y sus responsabilidades, pero para el uribismo eso no es suficiente, descalifican ese mecanismo de justicia y todo es insuficiente, exigen y exigen y se ubican en un pedestal de ética y moralidad, como si el uribismo fuera un actor sin responsabilidades en estas violencias, critican y critican y quieren pasar como los defensores de una democracia y unas instituciones que tiene responsabilidades en las múltiples barbaries, eso hay que señalarlo y discutirlo con serenidad y firmeza. El uribismo no tiene ninguna autoridad para descalificar el actual proceso de justicia transicional que se vive en Colombia, como lo hace abiertamente todas las semanas y como lo ha hecho en estos días el presidente Duque al criticar la comparecencia de las FARC y sus dirigentes ante el tribunal de la JEP, no le compete descalificar o aprobar lo que ahora está en una instancia de justicia que no ha fallado, es un proceso en curso y al cual se le debe respeto. El uribismo, tiene manchadas las manos de sangre, como las tiene las FARC, como las tienen muchos que quieren pasar de agache y no asumir responsabilidades, el Uribismo es el actor central y único de la parapolítica, proceso juzgado y donde más de ochenta parlamentarios han sido sancionados judicialmente por aliarse y trabajar políticamente con ese ciclo de paramilitarismo que controlo vía masacres y desplazamientos muchos territorios en la década de los noventa y aportó un tercio de la votación con la que Álvaro Uribe Vélez, fue electo presidente en el 2002, ahí están las raíces de los vínculos del uribismo con mafias y crímenes, procesos que hoy tienen a Álvaro Uribe en la condición de preso. El uribismo tiene mucho que decir sobre el desplazamiento forzado en muchas regiones, sobre las formas en que muchas economías en el mundo rural se han expandido sobre el despojo de tierras, los casos de Urabá, Magdalena Medio, el Meta o los Montes de María, para señalar algunos están con la huella de economías que quieren pasar por muy legales y modernizantes, pero en sus raíces hay sangre de humildes familias campesinas, afros e indígenas, eso es lo que el país sigue debatiendo y a lo cual hay que responder en los estrados judiciales y en el debate político en curso. En el Congreso hay antiguos delincuentes políticos que reconocen sus responsabilidades y han hecho un acuerdo de paz, que son las FARC y hay una fuerza política que es el Centro Democrático, con muchos nexos con ilegales que quiere dar todos los días lecciones de ética, sin tener ninguna autoridad para ello, su historia es tenebrosa y no solo su pasado, el presente es de irrespeto al estado de derecho, como lo hemos visto esta semana con la forma como desde el gobierno han respondido a los fallos de la Corte Suprema de Justicia, ante la forma en que tratan la protesta social y a las víctimas, esa es otra cara, de este ejercicio abusivo del poder. Si queremos avanzar en democracia, hay que asumir responsabilidades y reconocimiento por parte de todos los que han participado y siguen participando de estas violencias y donde igualmente está el desempeño estatal y de las fuerzas políticas que lo han conducido y allí es protagonista de primera línea el Uribismo que en las dos últimas décadas ha tenido responsabilidades enormes en la conducción del estado y en oponerse a una paz que afortunadamente lideró el presidente Juan Manuel Santos y que cumple 4 años, con sus logros y sus retos, ante un gobierno que no cumple de manera cabal. La sociedad colombiana, está incursa en una profunda confrontación entre quienes quieren conservar este orden antidemocrático, lo que incluye no responder por sus responsabilidades y los que anhelamos cerrar tanta violencia, con verdad, justicia y reconocimiento pleno de las víctimas, junto a las transformaciones que hagan posible una ciudadanía de calidad, sin violencias ni autoritarismos como los que seguimos viviendo. El uribismo no tiene autoridad para criticar a las FARC, sin reconocer sus propias responsabilidades, ese debate está en curso hace ya varios años y aún no se cierra, hay nuevos capítulos por escribir y vivir.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Ante el fallo de la Corte Constitucional conocido el pasado martes, varios fueron los puntos de relevancia y debate que se encontraban en el documento. Por un lado, se solicitó la creación de un protocolo que permita a la ciudadanía y las organizaciones de defensa de derechos humanos realizar verificaciones en casos de capturas y traslados de personas durante las protestas. Por otra parte, entre varias otras cosas, se instó a que el Ministro de Defensa presentara disculpas por los excesos de la fuerza pública, especialmente el ESMAD, en las protestas desarrolladas a partir del 21 de noviembre de 2019. No obstante, su intervención el día de ayer fue más de lo mismo de la posición que ha tenido el Gobierno ante las arbitrariedades de la Policía; afirmó que: “En particular el ESMAD no incurre en excesos” y que lo ocurrido el 21N “corresponden a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes”, y que el actuar del ESMAD se da “exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delito”. Adicional, informó que le pedirá a la Corte revisar el fallo. A esto se sumó una petición que para muchas personas y organizaciones es de urgencia y mucha importancia: la suspensión de la escopeta calibre 12, que hay que decir se incluye como un punto totalmente relevante en el fallo, pues este se da como respuesta a una tutela interpuesta a finales de 2019 y con motivo a las arbitrariedades cometidas por la Policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios- ESMAD-, quienes en el marco del Paro Nacional, convocado desde el 21 de noviembre, asesinaron a Dilan Cruz -el 23 de noviembre- con un impacto en la cabeza de una munición tipo “beang bag”, disparada por Manuel Cubillos con una escopeta de este tipo, que le provocó la muerte dos días después. La incorporación al inventario del ESMAD en 2017 de la Escopeta calibre 12 y su munición de impacto dirigido vulneran la Constitución Política en su artículo 216,, hay que decir que dicho artículo precisa que el fin de la Fuerza Pública es primar que existan los escenarios para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades. Imagen: Pares. La escopeta calibre 12: miedo y riesgo Hay iniciar señalando que la prueba del peligro que supone la utilización de esta herramienta es que a causa del uso desmedido de esta fue asesinado Dilan Cruz, además, en este mismo marco se han producido en movilizaciones lesiones por “estallido del globo ocular”. Cita la Corte que: “Algunos manifestantes en Bogotá, Cali y Medellín sufrieron lesiones oculares o craneales debido a golpes o por impactos de proyectiles disparados por las fuerzas policiales. Según el Ministerio de Salud, entre el 21 y el 26 de noviembre, al menos 36 manifestantes sufrieron lesiones que requirieron de hospitalización”. Con esto vale la pena cuestionar la intención de afirmaciones como la de la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, quien a través de su cuenta de Twitter escribió: “Prohíbe la Corte el uso de la escopeta calibre 12 al ESMAD, sin una base científica que permita concluir que se le está dando mal uso como lo dicen”. Pues, además, de los anteriores hechos fatales nombrados anteriormente, también hay que hacer mención que la solicitud de suspender el uso de esta escopeta no es nueva, incluso, tras el asesinato de Dilan Cruz, la Procuraduría solicitó a la Policía Nacional que no se siguiera haciendo uso de esta herramienta en medio de protestas. Esto señalando puntos que ahora retoma la Corte, como la falta de capacitación a los miembros de la unidad sobre el manejo de esta arma, haciendo hincapié en que documentos como la Resolución 02903 del 23 de junio de 2017, ordena que el empleo de armas y municiones requiere que quienes las usen tenga una previa y óptima capacitación. Norma que se evidenciaba no era obedecida con lo ocurrido durante noviembre y los primeros días de diciembre de 2019. A esto se suma lo escrito por la Procuraduría en enero de este año, donde se advertía que no hay: “capacitación específica para el uso de la Escopeta calibre 12 y su munición de impacto dirigido, toda vez que ésta sólo es llevada a la práctica cuando existe disponibilidad de munición, aunque comúnmente, dado su elevado costo, hay déficit, al punto que en muchas ocasiones para el desarrollo de un seminario sólo proporcionan 100 cartuchos para capacitar 1000 hombres”. Adicionando: “(…) A juicio del Ministerio Público, resulta imposible que un miembro del ESMAD adquiera tal destreza en el uso de la Escopeta calibre 12 cargada con un cartucho de impacto dirigido, en cualquiera de las dos capacitaciones existentes, en tan limitados espacios de tiempo, y menos aún si se tiene en cuenta que dichos ejercicios no se limitan al uso exclusivo de esa arma, sino respecto de todas las menos letales que le son entregadas para el servicio, ello sin dejar de mencionar el hecho que en aquellos eventos donde sólo 100 uniformados la disparan en una oportunidad, los 900 restantes observan”. En abril se alertó que se invertiría un total de $9.515.844.030 para la compra de municiones del ESMAD, incluso cuando en el país se había decretado Emergencia Económica, Social y Ecológica. Imágen: Pares. Por otra parte, y partiendo de un escenario común que es la utilización de este tipo de elementos para dispersar las movilizaciones, aun cuando estas transcurren de forma pacífica, vale la pena mencionar lo dictado la Procuraduría sobre que “la incorporación al inventario del ESMAD en 2017 de la Escopeta calibre 12 y su munición de impacto dirigido vulneran la Constitución Política en su artículo 216,”, hay que decir que dicho artículo precisa que el fin de la Fuerza Pública es primar que existan los escenarios para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades. A esto se suma que normativas como el Código de Policía y Convivencia en su artículo 166 establece que el uso de la fuerza por los uniformados solo debe darse como último recurso, pues se debe siempre proteger la vida e integridad física de las personas. Incluso, en el protocolo de atención para las manifestaciones en Bogotá promovido por la Alcaldía de la ciudad en enero se estableció, de nuevo, que la intervención del ESMAD iba a ser la última instancia. No obstante, en las movilizaciones realizadas desde principio de año y terminando el 2019 ha quedado en evidencia que estas normativas lejos están de ser cumplidas. ¿Hacia dónde va el debate sobre la escopeta Calibre 12? Hay que decir que después de todo esto no ha sido una opción por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa detener la utilización de esta escopeta. Solo en febrero desde la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía se informó que se tenía alrededor de $851 millones para adquirir 222 de estas armas, las cuales cada una estarían en alrededor de 3 millones. Adicionalmente, en abril se alertó que se invertiría un total de $9.515.844.030 para la compra de municiones del ESMAD, incluso cuando en el país se había decretado Emergencia Económica, Social y Ecológica. También hay que señalar que estas escopetas están diseñadas para usar cartuchos de carga múltiple que con un solo disparo lanza varios perdigones, que en Colombia estos son denominados bean bag, los cuales están compuestos por una bolsa hecha de kevral en la que es posible contener entre 600 y 700 bolas de plomo que en su totalidad pesan 40 gramos. Con esto, vale la pena anotar que en el fallo se establecía que “dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo -enviado el 22 de septiembre de 2020-, el ESMAD y cualquier institución que efectué “actividades de policía”, suspenda su uso hasta tanto el al quo constitucional, previa verificación exhaustiva, constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento”. A pesar de esto, hasta el momento, además de lo dicho ayer por Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque señaló en entrevista con Caracol Televisión a la pregunta que qué iban a hacer con la orden de suspender la escopeta que: “(…) Ese armamento no está siendo utilizado en los procedimientos, mientras se adelanta esa revisión. Por otro lado, las conductas de la fuerza pública, que tienen que ser individualizadas en la responsabilidad si hay alguien que transgrede la ley, siempre hemos sido los primeros en señalarlas. Lo hemos hecho oportunamente”. Asimismo, ante estas afirmaciones institucionales, varias organizaciones siguen insistiendo en la necesidad de suspender esta escopeta y en regular y hacer veeduría de las actuaciones del ESMAD, pues esta falta de control y abuso de la fuerza y poder ha ocasionado que a la fecha y desde 1999, año en que se creó el Escuadrón, según la ONG Temblores, se hayan asesinado, al menos, 35 personas, principalmente indígenas, campesinos/as y jóvenes estudiantes. Finalmente, vale la pena retomar lo dicho a Pares por Jenny Alejandra Romero, tutelante e integrante del Comité de Derechos Humanos de la Universidad Nacional: “Claramente la suspensión no va a ser inmediata por varios motivos; primero, no reconocemos cuál es el conjunto de armamento que tiene la Policía, pero reconocemos que están las calibre 12 y que son una de las que mayormente utilizan. Además, como cualquier dejación de armas se toma tiempo y hay que tener claridad qué se va a hacer con ese armamento, pues si bien es posible que acaten el fallo, la suspensión no necesariamente se daría de un día para el otro, sino que puede ser paulatina”.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Desde el pasado 21 de noviembre de 2019, fecha en la que inició el Paro Nacional, en Colombia se ha vivido una constante denuncia sobre el accionar violento de la Policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD. Situación, que a pesar de que en este marco se recrudeció, no era nueva, pues desde la creación del Escuadrón (1999) hasta 2019 la ONG Temblores había registrado, al menos, 34 asesinatos -incluido el de Dylan Cruz- cometidos por el ESMAD contra indígenas, estudiantes, y campesinos, que en su mayoría se encontraban ejerciendo su legítimo derecho a la protesta social. Solo en 20 años del accionar del ESMAD estas son las personas que perdieron la vida a causa del uso indiscriminado y abusivo de la fuerza: Mauricio Octavio Fonseca (2000) Carlos Giovanni Blanco (2001), Jaime Alfonso Acosta Campo (2002), Harold Alandete Muñoz (2005), Nicolás David Neira (2005), Jhonny Silva Aranguren (2005), Marco Antonio Soto (2005), Belisario Camayo Guetoto (2005), José Uldarico Gallego (2006), Óscar Leonardo Salas (2006), Miriam Bainama Guatiquí (2007), Laurise Rivera Fontalvo (2007), Celestino Rivera (2008), Christian Jhoan Delgado Wilches (2013), Edison Franco Jaime (2013), Yoel Jacome Ortiz (2013), Diomar Alfonso Quintero (2013), Hermides Jaime Tellez (2013), Víctor Alberto Triana (2013), Juan Carlos León Acosta (2013), Arnoldo Muñoz (2014), Silberton Guillermo Pavi (2015), Gersain Cerón (2016), Miguel Ángel Barbosa (2016), Brayan Mancilla (2016), Luis Orlando Saiz (2016), Willington Quibarecama Nequirucama (2016), Marco Aurelio Díaz (2016), Naimen Lara (2016), Camilo Córdoba (2016), Efigenia Vásquez (2017), Deiner Ceferino Yunda (2018), Dylan Cruz (2019). Sin dejar de nombrar que en lo que va del 2020, al menos, 23 ciudadanos/as han sido asesinados/as por miembros de la Policía, 10 de estos antes del 8 septiembre, y 13 luego de esta fecha en la que fue asesinado Javier Ordóñez, hecho que produjo varias manifestaciones en distintos puntos de Bogotá y Soacha durante el 9 y 10 de este mes. Con este contexto, se conoció el pasado martes un fallo de la Corte Suprema de Justicia como respuesta a un grupo de personas, organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, estudiantes, periodistas, docentes de las universidades de los Andes y el Rosario, familiares de víctimas y víctimas de violencia policial, que habían presentado una acción de tutela solicitando la protección del derecho fundamental a la protesta, la libertad de expresión y de prensa, entendiendo esto como eje fundamental de la democracia. “Para la realización de esta tutela varias las organizaciones de Derechos Humanos y colectivos de abogados se articularon, pues algunos de estos tenían poderes de casos emblemáticos, por ejemplo, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos lleva la defensa jurídica de la familia de Dylan Cruz, entonces evidenciando ese tipo de vulneraciones del accionar de la Policía se plantea dicha articulación de procesos organizativos con el fin de establecer una tutela que ampare el derecho a la protesta. Para esta tutela se recolectaron voluntades por parte de las personas para que pudieran entregarle el poder a diferentes organizaciones de abogados que son las que se encargaron de escribir esa tutela con base a unos informes que realizan las diferentes organizaciones o víctimas sobre hechos particulares cometidos durante protestas”, contó Jenny Alejandra Romero, tutelante e integrante del Comité de Derechos Humanos de la Universidad Nacional. ¿Qué decían las organizaciones? Hay que señalar que esta acción se da en el marco del Paro Nacional, por lo que se hizo énfasis en las arbitrariedades cometidas en las distintas jornadas de movilización convocadas desde el 21 de noviembre, en donde se identificó: disolución arbitraria de protestas pacíficas, uso antirreglamentario de armas potencialmente letales, el uso desproporcionado de agentes químicos irritantes en la disolución de protestas, la retención arbitraria de personas en el marco de las protestas por parte de la Policía Nacional y ataques a periodistas que cubrían las manifestaciones. Así se informó que, en medio de estas movilizaciones, el 23 de noviembre cerca a la Calle 19 con Carrera 4, Dylan Cruz fue impactado en la cabeza con una munición tipo “beang bag” disparada por Manuel Cubillos, agente del ESMAD. Este abuso policial le causó dos días después la muerte al joven de 18 años quien permanecía en el Hospital San Ignacio. Adicionalmente, se alertó que un día antes de la primera jornada de protesta, el 20 de noviembre, “la Fiscalía General de la Nación efectuó, de manera simultánea, veintisiete (27) allanamientos en Bogotá, ocho (8) en Cali y cuatro (4) en Medellín, en los domicilios de periodistas, artistas, activistas y grupos sociales relacionados con las “marchas” programadas para el 21 de noviembre”, indica el fallo. También se denunciaba una estigmatización generalizada por parte del Gobierno Nacional, algunas entidades públicas y mediáticas, que pretendieron, además de la criminalización de la protesta y los manifestantes, también desmotivar el ejercicio del derecho fundamental a la manifestación pacífica. “Con ese propósito, relatan, el gobierno dispuso (i) militarizar ciudades con vehículos blindados en áreas visibles para los habitantes del país, a fin de advertir a la población, infundadamente, que los manifestantes eran una “fuerza peligrosa”; (ii) activar “la póliza antiterrorista”; (iii) expedir el Decreto 2087, mediante el cual se impartieron directrices a gobernadores y alcaldes para que adoptaran medidas de “toques queda”; e (iv) influir en los medios de comunicación de amplia circulación, para emitir “propaganda negativa”, encaminada a catalogar como peyorativa a quienes querían hacer uso de esa prerrogativa”, agrega el documento. A esto se suma una serie de alertas que se han hechos desde distintos sectores sobre, por un lado, el uso indiscriminado de armas letales, además, del excesivo y abusivo uso de municiones del Escuadrón como gases lacrimógenos, aturdidoras, balas de gomas, etc., las cuales se han convertido en un miedo y riesgo para los/as manifestantes, pues su utilización se sigue dando incluso cuando las movilizaciones trascurren con tranquilidad por parte de quienes participan de las protestas. Por otra parte, se continúa advirtiendo sobre lo sistemático que es realizar detenciones arbitrarias en escenarios de movilización social. Así se informa sobre “el arresto arbitrario de doscientas trece personas (213), incluidos periodistas; y la detención administrativa de otros mil seiscientos sesenta y dos (1662) manifestantes en las protestas de 2019”. Asimismo, se problematiza el uso los traslados por protección, pues esta figura se ha convertido en una de las que más se da por parte de la Policía Nacional durante las protestas, incluso cuando no hay motivos para la utilización de este recurso, causando traslados injustificados para deslegitimar la protesta y una constante vulneración de derechos. ¿Qué falló la Corte? La Corte encontró que “existió -y puede seguir existiendo- una reiterada y constante agresión desproporcionada de la fuerza pública respecto de quienes, de manera pacífica, se manifestaron”, bajo este riesgo trasversal se solicitó que: • Que el Ministro de Defensa presente disculpas por los excesos de la fuerza pública, especialmente el ESMAD, en las protestas desarrolladas a partir del 21 de noviembre de 2019. • Ordenar a los miembros del Gobierno mantener neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso si están dirigidas a cuestionar las políticas propias. • Conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices sobre uso de la fuerza en las manifestaciones con participación de la ciudadanía y emitir una reglamentación en la materia que sea acorde con los estándares internacionales y constitucionales. • Diseñar un protocolo de acciones preventivas, de acompañamiento y seguimiento a la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y la protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, incluyendo informes públicos y sustentados cuando se presenten ataques a la vida e integridad personal. • Expedir un protocolo que permita a la ciudadanía y las organizaciones de defensa de derechos humanos realizar verificaciones en casos de capturas y traslados de personas durante las protestas. • Suspender el uso de escopetas calibre doce para la intervención en protestas. Hay que decir que estas ordenanzas se dan en el marco de la continuación del Paro Nacional, que incluso el pasado lunes tuvo una jornada en la que los/as manifestantes que se encontraban en el centro de Bogotá fueron dispersados por la presencia del ESMAD y el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, balas de goma y aturdidoras, acción que vino una vez una de las movilizaciones llegara a la Plaza de Bolívar, luego que se realizara pacíficamente desde la Universidad Nacional. Hay que decir que este importante fallo de la Corte Suprema de Justicia llega, además, en un contexto donde hay una reactivación de la movilización social que se ha dado en distintas zonas del país, convirtiéndose esta decisión en un espaldarazo a la defensa de la protesta, pero también, como lo indica Jenny Alejandra Romero, a que “la sociedad civil comprenda que la defensa al derecho a la protesta debe realizarse protestando y saliendo a movilizarse. Además, a que la veeduría ciudadana continúe para permitir que este tipo de solicitudes que se hacen desde la Corte Suprema se cumplan”. También en relación con lo que indica la Corte hay que resaltar la orden de suspender el uso de las escopetas calibre 12, que incluso fue con la que se asesinó a Dylan Cruz, y que, aunque en enero desde la Procuraduría se solicitó la suspensión de estas, hasta el momento su utilización sigue siendo constante. “Lo que hizo en su momento por la Procuraduría fue una solicitud, mientras que ahora es una ordenanza con un mayor peso vinculante. Claramente la suspensión no va a ser inmediata por varios motivos; primero, no reconocemos cuál es el conjunto de armamento que tiene la Policía, pero reconocemos que están las calibre 12 y que son una de las que mayormente utilizan. Además, como cualquier dejación de armas se toma tiempo y hay que tener claridad qué se va a hacer con ese armamento, pues si bien es posible que acaten el fallo, la suspensión no necesariamente se daría de un día para el otro, sino que puede ser paulatina”, agregó Romero. ¿Carlos Holmes Trujillo en defensa de quién? Como se indicó, uno de los puntos que estableció la Corte fue el acto de perdón por las arbitrariedades cometidas el marco del Paro Nacional en noviembre, este acto debía venir desde el Ministerio de Defensa en cabeza de Carlos Holmes Trujillo, quien en reiteradas ocasiones se ha mostrado de acuerdo con el actuar de la Policía Nacional. Pues bien, esta vez, aun con todo el contexto de fondo, su posición no cambió. En su intervención dada este miércoles su afirmación fue que: “en particular el ESMAD no incurre en excesos” y que lo ocurrido el 21N “corresponden a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes”, y que el actuar del ESMAD se da “exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delito”. Adicionalmente, lejos de pedir disculpas, lo que hizo fue informar que le pedirá a la Corte revisar el fallo. “Con eso se nota que no hay una voluntad ni intención tanto institucional como política de una revisión e intervención al actuar del ESMAD, y más aún en el marco también de la petición de una reforma a la Policía”, aseveró Jenny Alejandra Romero. Por otra parte, Romero afirmó que incluso con este panorama y ante la importancia del fallo “es posible que la Policía acate algunas de las ordenanzas, por ejemplo, que no utilicen calibre 12 el próximo #21N para dispersar las movilizaciones, puede haber mayor la proporcionalidad y que haya escenarios verdaderos de reparación y perdón para las víctimas de la violencia policial, esas son posibilidades que da este documento de la Corte que además tiene un peso normativo muy grande”. Finalmente, hay que recalcar, como lo explicó Yomary Ortegón del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR, que “lo que va a seguir en principio es el cumplimento del fallo y que se constituya una mesa de trabajo liderado desde el Ministerio de Defensa y también por el Ministerio del Interior con la participación la sociedad civil para que respecto a la protesta social que se genere, ojalá, una discusión participativa y así fortalecer la democracia y la deliberación pública”. Por otro lado, en un marco más amplio, una de las intenciones con todo este accionar es que los escenarios de protesta no sigan siendo espacios de miedo y riesgo, es decir que disminuya el número de víctimas a causa del uso indiscriminado de fuerza de los Policías, y, sobre todo, que se pueda salir a manifestarse sin el temor de ser herido/a, retenido/a arbitrariamente e incluso, asesinado/a. Igualmente, a que la veeduría y acompañamiento que se propone sea un camino para garantizar la justicia en cuanto a las personas que son y han sido víctimas del ESMAD y la Policía. “Además, se exige que los hechos sean investigados de manera contextual, por ejemplo, todos los hechos que se cometieron en el mes de noviembre del año pasado durante las movilizaciones deberían ser investigados bajo una sola cuerda procesal para que se puedan colectivizar las pruebas, porque, por ejemplo, la Policía niega la utilización de ciertas municiones, pero que con un conjunto de pruebas se podría establecer que sí hubo uso de elementos como recalzadas. Así que eso permitiría establecer quiénes son los responsables de los abusos”, señaló Ortegón. Por último, se sigue insistiendo “en que la Policía cumpla los protocolos que ya están establecidos mientras se dan los nuevos protocolos que dicta la sentencia. Además, que sigan lo que dice el fallo sobre abstenerse a disolver protestas de manera arbitraria”.

Por: Redacción Pares. «Mis personajes Echeverri y Ferraro son ancianos de 82 y 83 años en el presente de la novela y están muriendo en el 2035, es decir, en un tiempo futuro, mientras que para este tiempo Echeverri estaba entrando en prisión domiciliaria -para este tiempo es mitad de 2020-. Eso lo había escrito con mucha anticipación y trabajado durante muchos años. Por eso muchos lectores relacionan a Echeverri con el expresidente Uribe.» El analista, escritor y director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, habló con el periodista Víctor Ogliastri quien dirige y presenta el programa radial Distrito Cultural que es, desde hace más de veinte años, un referente para la cultura del país. Escritores, teatreros, músicos, bailarines y artistas, entre otros, han deleitado a los oyentes con sus historias y reflexiones sobre su vida y obra, en un programa que busca tender lazos entre los gestores culturales y el público en general. A continuación reproducimos la conversación. Víctor Ogliastri: ‘La sombra del presidente’ es la nueva novela de León Valencia, publicada por Editorial Planeta. En la buena tradición de la novela de mafia o de criminales, esta novela es la inmersión en la historia de una época que se niega a acabar en el presente pero que gracias a la literatura termina en la última página. León Valencia: Yo he hecho investigación académica sobre el poder y había escrito columnas y libros sobre estos temas, pero me metí ahora a escribir ficción con unas cosas que son pasiones. El poder es una pasión, la política es una pasión, la disputa por el poder también lo es, y en Colombia eso tiene unas características en los últimos 40 años y es que hay un involucramiento enorme de las mafias en estas disputas y eso quería mirarlo y trabajarlo desde la ficción. De eso se trata la novela. Hace parte de tradiciones de la novela tanto latinoamericana como europea. Esta es una novela en clave y tiene una referencia de la novela francesa del siglo XIX, sobre todo de esas novelas que retrataban esa realidad francesa: Víctor Hugo es la cúspide de ese estilo. En América Latina también se ha hecho mucho de eso. Una primera novela del año 49 fue ‘El reino de este mundo’ de Alejo Carpentier y luego comienzan a salir varias novelas de dictadores en Latinoamérica. «En esta obra hay un ingrediente particular que son las mafias y el conjunto del mundo mafioso colombiano, y la influencia de éste en el poder, y, también, claro, la influencia de la política en las mafias. Eso es lo que está contando en esta novela. Me sentí con mucha libertad para hacer eso, incluso más libertad que la que siente uno con el trabajo académico o el trabajo periodístico.» Fotografía: Pares. V.O: Si uno no supiera que usted entregó la novela a finales del año pasado o comienzos de este, uno podría decir que usted iba escribiendo la novela según se iba dando el día a día de las acciones políticas, sobre todo de un personaje como Echeverri que es como el vivo retrato de Álvaro Uribe. L.V: A mí me impresionó mucho eso, cómo la literatura se puede parecer mucho a la realidad, o a veces, incluso, penetra más en la realidad que las mismas investigaciones. Mis personajes; Echeverri y Ferraro son ya ancianos de 82 y 83 años en el presente de la novela y están muriendo ya en el 2035, es decir en un tiempo futuro, mientras que para este tiempo Echeverri estaba entrando en prisión domiciliaria (para este tiempo es mitad de 2020), eso lo había escrito con mucha anticipación y trabajado durante muchos años, luego eso se refleja y muchos lectores con Echeverri reconocen a Uribe. Me sorprendió la coincidencia entre un personaje de ficción y un personaje de la realidad colombiana y el momento en el que estaba este personaje de la política colombiana en el país. Me llama mucho en la literatura que tiene unos misterios enormes. V.O: Muy de la mano con esto me acuerdo mucho de la presentación que usted hizo del libro de ‘El regreso del uribismo’ en la Feria del Libro. Allí usted decía, entre otras cosas, que la política se hace de emociones. Este libro está hecho como la política, con emociones, es un libro que se disfruta desde que se abre la primera página. L.V: Sí, es que está el amor que es la emoción, creo yo, más grande del ser humano; está la política que es una pasión que ha llevado a los hombres y a las mujeres por senderos muy escabrosos. Está también el arte y la familia, que, en algunas zonas de Colombia, como Antioquia, la familia es una pasión. De manera que esas pasiones están contadas ahí en ese libro. Me decía Carolina Sanín, que también hizo una presentación del libro, que por qué todos los personajes están en relaciones amorosas, yo le decía que esa es la vida de la gente, yo quería ir hacia la vida de la gente y no solo a los hechos políticos y a las acciones públicas, sino a la vida cotidiana de la gente y desde su mundo privado analizando el impacto de ese ámbito en el mundo público, porque, por ejemplo, ese amor a la familia se sobrepone a la política misma, e incluso, a veces se impone frente a la política. V.O: En el relato se ve esa atracción que ejerce el poder, que se convierte prácticamente en una religión, en un vicio ¿es así? L.V: Sí, se nace con esas pulsiones y también se construye en la familia donde se cultiva y convierte en hábito, luego en obsesión y después esas ganas de poder va generando otras cosas. Los personajes en esos hábitos que construyen se olvidan de todo. Nuestro personaje debería también deleitarse con otras cosas, pero no, la concentración absoluta está ahí y no ve nada más allá de eso. Mientras él está enviciado con esa pasión también otra gente está ahí a su lado sufre mucho con eso. Está Ana María que es la esposa, quien lo acompaña toda la vida, hasta el lecho de muerte, pero quien tuvo que sufrir todo eso, también gozarlo, porque se dice que las esposas, sobre todo las antioqueñas, se gozan tanto la vida de sus esposos como las sufren y eso es una dualidad enorme en esos matrimonios de arraigo paisa. V.O: Ahí me da pie para que hablemos de los personajes. Uno podría pensar que hay unos que son secundarios, pero en realidad no lo son. Por ejemplo, los nietos de Echeverri, como de Ferraro. Estos personajes son muy importantes en la historia. ¿Cómo surgieron? ¿Cómo surgió la trama de los personajes? L.V: Los nietos son como la esperanza. En Adriana y Daniel se juega una lucha enorme que es la de los viejos y los nietos, atravesada por la angustia que tienen de que si se cargan el pasado de los abuelos o si se libran de eso. Yo ahí pongo, además, sueños y aspiraciones personales de estos personajes, que, como lo dije, encarnan la esperanza de que el país vaya hacia adelante, de que nos liberemos de esta atadura que nos tiene hacia las mafias, la violencia, y hacia una política muy baja que hemos estado viviendo en los últimos años. Esos nietos encarnan esa contradicción; el pasa tratando de mantenerlos ahí, pero ellos en su lucha de halar hacia adelante. Además, estos dos personajes tienen mundo, no están atados a la provincia, han vivido en el exterior, saben varios idiomas. Sin embargo, es pasado está ahí persiguiéndolos, y, por ejemplo, Daniel no logra separarse completamente de ese pasado, lo logra más Adriana. Estos personajes son muy importantes en la novela, no son solo los secundarios como ocurre en muchas novelas. Estos no son solo tributarios de los dos personajes centrales, sino que tienen una vida propia e importante. «La historia de los abuelos obviamente se impone. En esta historia se cuentan cuatro generaciones, así que es una novela con una temporalidad larga; comienza en el siglo XX, pasa al siglo XXI, esa temporalidad larga también crea una serie de personajes, que no son solo familia, sino también negociantes, aliados políticos, en fin, hay un mundo ahí grande.» Foto: Pares. V.O: En lo personal me encanta mucho esa forma en que está escrita la novela, es un constante flashback en el que van surgiendo todos los motivos que hay dentro de la historia. Es muy cinematográfica también, ¿así la sintió usted? L.V: Me alegra mucho que tú lo veas así, esos son esfuerzos que uno hace literarios y trata de lograrlos. El cine ha impregnado mucho la literatura porque condensa todas las artes y en eso los gringos han tenido la suerte de que allí en su territorio sea la meta del cine comercial y de las grandes series. Por otro lado, son los tiempos que se juegan ahí; hay un pasado, hay un presente, un futuro y un cuarto tiempo que son unas expectativas que se mueven; por ejemplo, la reunión donde están esas dos familias juntas, esta esa noche y todo el tiempo está palpitando y siendo esperada la conversación y el encuentro ente los dos abuelos. Esos tiempos se juegan dentro de la novela, y ese es un privilegio que tienen los novelistas de construir su propio tiempo y es un tiempo cerrado que se sobrepone a la fluidez y al misterio del tiempo. V.O: Quiero que hablemos de esos diálogos que son muy motivantes. Este es un libro que va marcando las cosas y le va dando a uno esas pautas de poder seguir con esa lectura, de poder entrar en la vida de los personajes. ¿Cómo se fue dando ese proceso de escritura? L.V: Hay una frase que dice que, si uno coloca un clavo al inicio de un cuento, una novela, no puede dejar ese clavo ahí, en algún momento tiene que darle una función a ese clavo. Nada puede quedar en una novela sin una razón. Yo voy poniendo cosas siempre, tengo la obsesión de ver cómo esas personas tienen un futuro en la novela en las páginas que siguen, también de ver cómo las acciones tienen unas consecuencias o de cosas simbólica que al final tienen una razón en la novela. Por eso me decía Daniel Samper Pizano en estos días que le envié la novela que “la gente no sabe que eso es una cosa de mucha felicidad, pero también es una cosa dolorosa”, y sí, eso es una cosa de detalle, y a uno le duele porque tiene que hacer un ejercicio de memoria, y claro en algunos momentos tenía baches en esos procesos de memoria sobre nombres, fechas, y tenía que cuidarme para que en la novela no se note ningún bache de esos. Entonces hay un esfuerzo por mantener la memoria sobre todo lo que se hace y eso en una novela no es fácil, es más fácil en el trabajo científico y en el ensayo porque se habla de cosas externas y cosas sobre las cuales hacen notas, incluso el tiempo en ese caso está prefigurado, mientras que en la novel hay que construir todo eso. Yo he admirado mucho a los novelistas porque contar historias como novelas es una cosa compleja. He tenido el miedo de que las novelas podrían acabarse, pues el mundo de hoy está hecho para otras cosas, pero tiene una persistencia enorme la novela para contar historias y contarle cuentos a la gente con una validez enorme. V.O: Hablando de eso, León, usted me ha dado a conocer pilares de la novela que a usted tanto le gusta, como lo es la novela francesa y rusa. ¿Estos referentes lo pusieron a usted al momento de pensarla y escribirla a releer obras de este género que a usted tanto le gustan? L.V: Siempre que hago una nueva biblioteca tengo marcados los libros para volver a leer. Ahora soy muy selectivo, tengo una sección para la literatura del siglo XIX, una época que fue maravillosa para la novela, eso está muy presente. Y sí, un escritor tiene que leer muchas veces, y ahí está una clave de la novela. Yo voy releyendo, para esta novela tuve que volver a leer ‘El Padrino’, por ejemplo, también releí ‘La Cocina de la Mafia’, volví a ese sur de Italia y volví a retomar las novelas clave de los franceses. Esas fueron lecturas que hice en el curso de hacer esta novela. Esas relecturas fueron de las cosas más especiales que me ocurrieron, es apasionante volver a leer porque siempre que se vuelve a un libro de verdadera literatura encuentra cosas nuevas. Uno nunca lee el mismo libro, siempre lee otro, porque la vida va cambiando, los ojos con los que se leen cambian, y ahí cambia el libro también. V.O: Usted ha venido hablando de Gabriel García Márquez y tampoco se pueden dejar de mencionar los libros que sobre dictadores se han hecho en nuestra América Latina, esos que muestran cómo se desnuda el alma de esos presidentes que de alguna manera se creen siempre eternos. L.V: Sí, la novelística de dictadores y de poder en américa latina fue muy rica en el boom latinoamericano tuvo un antecedente interesantísimo en “El reino de este mundo” como les dice Alejo Carpentier, y, Alejo Carpentier reúne esa tradición francesa y la tradición latinoamericana, y bueno, fue un gran pionero en el año cuarenta y nueve en Cuba, pero todos esos libros contaron esa gran historia. Ahora, leerlos para todos esos poderes que se expresan ahí en esa novelística, son poderes derivados de los cuarteles, son dictadores de origen militar o en relación con los militares, y esa es la determinante en esos dictadores, y esto me impresionó mucho cuando los leí. Esto tiene una variante, este ejercicio autoritario de Echeverri del poder, porque tiene una variante sin interés, y lo que antes era el asunto militar o el cuartelario de estos dictadores, aquí es el asunto mafioso el que de alguna manera insta en todas las decisiones políticas que se toman. Echeverri se gana las elecciones y su obsesión es no tener que ser nombrado por nadie, digamos para este presidente Echeverri si no ganarse el favor popular y refrendarlo permanentemente en las elecciones, y lo logra, logra desde la nuevas señas de la política internacional, la política mundial y las nuevas señas de ese mundo tan comunicado como en el que estamos, entonces tiene esos ingredientes tan contemporáneos que lo desprenden un poco de las antiguas novelas de dictadores. V.O: Sin ataduras morales, eso es Echeverri también. Se sorprende uno cuando usted narra esa noche que pasa en vela cuando está reunido en la casa de Ferraro y va recordando y reconstruyendo casi que milimétricamente todo lo que ha sido su vida. L.V: Sí, digamos muere con la memoria intacta y muere con los recuerdos y con las angustias, y hay momentos en que él de su adolescencia, momentos de su accionar político que no olvida nunca y que da angustia; digamos porque todo lo que a veces le produjo tanto placer en el ejercicio del poder, en esa decadencia se convierte en una angustia, porque también hay ese reclamo al conjunto de la sociedad, que es el por qué yo, que hice tanto por este país, que logré tanto, transforme tanto, que le di tanto al país, que le di mi vida; por qué hoy no soy tan aclamado como lo fui en su momento, qué paso. Y entonces al final también piensa; pero algún día sabrán del prestigio que tuve, después de muerto queda la esperanza de la historia, porque hay esa fusión por la historia también, mañana sabrán lo que perdieron, cuando muera tendré una nueva valoración, está casi seguro de eso; el que lo desilusiona un poco es Carlos Ferraro en ese diálogo angustioso de finales. Yo creo que la memoria gira y gira, y hay momentos de exhaustación y hay momentos de angustia y hay momentos de dolor en esos giros de la memoria que él va haciendo en ese tiempo que estamos ahí en una casona, donde se desarrolla prácticamente toda la novela, en una casona en Cartagena; entonces eso es un esfuerzo del escritor para que el lector tenga idea de cómo se va desenvolviendo la memoria y que lo sienta, y pues ojalá lo hayas logrado, porque siempre es un gran esfuerzo del escritor y que muchas veces no alcanza ese propósito, pero esta vez he recibido muy buenos comentarios, como estudios que son muy halagadores para mí de los que han leído la novela y entonces estoy esperanzado en que eso ocurra. V.O: Seguramente va a ser así, León. Oyéndolo hablar con esa pasión y con esa alegría que va contado lo que va sucediendo, yo creo que cuando usted la estaba escribiendo usted se debió divertir mucho con todas las situaciones y exploraciones que hizo para construir la historia, ¿no? L.V: Sin duda, me divertí mucho más que escribiendo ensayos o libros académicos, y esto fue un impedimento para mí, y hay luchas porque los personajes a veces hicieran cosas que yo quería que hicieran pero los personajes a veces se le independizan a uno y también se les ve actuar solos, y le van llevando la mano a uno y le llevan la memoria a uno hacia lugares en donde uno no pensaba. De manera que sí, esa libertad y esa dependencia de los personas es especial, porque es una decisión que va llevando él y para uno es una cosa muy extraña que lo sorprende a uno pero también lo alegra mucho en este mundo, porque afuera está la realidad brava que lo sorprende a uno porque uno a veces en esta realidad está un poco estreñido y atemorizado en esta realidad colombiana, y aquí pues que los personajes de ficción lo vayan llevando a uno es muy especial, y la verdad me divertí mucho escribiendo esa novela. V.O: Además que es otra manera de contar la historia, es otra forma de contar eso que seguramente nunca va a aparecer en los textos oficiales. León, ¿le gustó la diagramación del libro, la presentación? La carátula es perfecta, describe muy bien todo lo que hemos venido hablando. L.V: Yo miré esa carátula y dije ¿Cómo hacen para colocar tantos ingredientes tan bien puestos en una carátula? Instantáneamente la aprobé, y yo pocas veces discuto con los editores de estas cosas, porque como ellos saben vender libros saben qué ingredientes son mejores para vender un libro. A veces los escritores discuten mucho con las editoriales acerca de los títulos, del diseño, de la portada o la carátula, entonces yo no acostumbro, pero a veces quedo con muchas dudas; recuerdo que siempre tuve muchas dudas cuando un libro de ensayo pues un libro de investigación, nosotros le enviamos a la editorial el título académico y todo, y la editorial llegó con “Los herederos del mal”, que era como un título religioso, y pues a mí no me gustaba, pero ellos saben porque ponen eso, y aunque es impactante el título y yo tengo muchas dudas. Ese libro pues tuvo muchas ediciones, siendo un ladrillo porque era un libro de investigación sobre las elecciones del 2014, de manera que yo siempre confío mucho en los editores para las caratulas, porque siempre dicen que las carátulas es el primer ingrediente para vender un libro y ha habido cosas muy especiales. V.O: ¿Cuál sería la banda sonora para este libro ‘La sombra del presidente’? ¿Esa banda sonora se confundiría con la banda sonora propia de León Valencia? L.V: Ahí hay varias canciones de origen italiano, la de los partisanos ahí está referenciada, está muy referenciada también la ruana que es de la tradición paisa, toda esta música de tradición paisa está ahí; digamos que esto hace parte de las vivencias de los personajes que están, digamos los abuelos, y la banda sonora trae esas reminiscencias italianas y sobre todo napolitanas que están ahí expuestas y esas reminiscencias antioqueñas. Hay una canción emblemática que es para el matrimonio de Carlos Ferraro como es hijo de una persona monteriana y en esa hay una cosa que es también un homenaje a María Varilla, que es un tramo que define esa zona de donde viene la mamá de Carlos Ferraro y yo creo que esos son los ingredientes. También hay un recorrido por matrimonios, parrandas vallenatas y hay un momento en donde están los tres reyes del vallenato en el matrimonio del nieto de Echeverri que ya se ha casado con una antioqueña, pero que los hijos de Echeverri tienen unos matrimonios con unas mujeres costeñas y el matrimonio se desarrolla también en Cartagena, entonces hay una banda sonora muy rica, de origen italiano, antioqueño y costeño, alguna cosa contemporánea, pero con las raíces musicales.