Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. En distintas ciudades de Colombia el pueblo se volcó a las calles. El miedo no se ausentó. No solo el miedo al contagio, sino el miedo a la policía y, como no, el miedo que han sufrido las distintas regiones de un país que —por ejemplo— supera 60 masacres en nueve meses. Un Gobierno Nacional al que se le volvió pan de todos los días que miles de personas tengan que salir desplazadas forzadamente huyen de la violencia. De la indolencia del gobierno ante velorios de líderes, lideresas, indígenas y afros que están siendo asesinados. Según cifras de la Fundación Paz y Reconciliación, durante el gobierno de Iván Duque han sido asesinados 231 líderes y lideresas. Además, son 152 firmantes de la paz asesinados durante los dos años de Duque en la Casa de Nariño. Pares ha venido advirtiendo que la democracia en Colombia atraviesa una profunda crisis en materia de DDHH y, en este sentido, contempla que la protesta social no obedece a una sola razón. Por el contrario, da cuenta de una Colombia que, lejos de tener garantías, alerta al mundo como el partido de gobierno ha roto el equilibrio de poderes. El Paro Nacional, según sectores del Comité del Paro es un hecho. Durante las siguientes semanas se desarrollarán protestas en Colombia. El 21 de octubre se estima que será, tras movilizaciones durante este mes, un momento clave para la gran jornada de paro nacional. En la que, por ejemplo, hará parte las comunidades indígenas a través de la Minga. La protesta no se apagó Tras diez meses de la jornada del 21N de 2019, y en medio de una pandemia mundial, Colombia se encuentra en la antesala de la retoma del Paro Nacional. De esta forma, desde tempranas horas de la mañana del lunes 21 de septiembre Bogotá fue uno de los escenarios en los que las personas se fueron congregando para, como lo decían los manifestantes, recordarle al presidente de la República que el Paro no murió. Y que, dadas las circunstancias, el miedo al contagio es un segundo punto cuando en Colombia asesinan todos los días. Tras diez meses de la jornada del 21N de 2019, y en medio de una pandemia mundial, Colombia se encuentra en la antesala de la retoma del Paro Nacional. Imagen: Pares. Distintos sectores confluyeron en la jornada de movilizaciones que tuvieron como fecha el 21 de septiembre. Sin duda, la consigna es en oposición al gobierno de Iván Duque. Tras ello, están las consignas que reclaman por la protección de líderes y lideresas sociales, atención a los feminicidios en Colombia, reformas labores, implementación del Acuerdo de Paz, derecho a la educación gratuita, defensa de los páramos, medidas para mitigar la crisis económica de los sectores más empobrecidos en el país. ¿De qué país habla Duque? Comentaba la gente, de qué país le habla al mundo decían los manifestantes que, como forma de contar la otra historia, se tomaron las calles para dar cuenta —a nivel internacional— de todo lo que está ocurriendo en suelo colombiano. También le reclaman a los medios tradicionales por el silencio ante la crisis que atraviesa el país y la estigmatización que consideran es amplificada en los noticieros. La labor de distintas organizaciones de Derechos Humanos en las movilizaciones continúa siendo una necesidad de primera mano en Colombia. Su trabajo permite registrar lo que sucede frente al accionar de la Policía y el ESMAD. Balance de Defender la Libertad En la capital de la república, a corte de 9:50 pm del 21 de septiembre de 2020, la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas registró 30 personas retenidas y 15 personas heridas. Para Ariel Ávila, subdirector de Pares, la protesta social es un derecho democrático. “De hecho, la democracia es en sí porque se hace en el espacio público. Porque hay protestas, porque hay disenso.” Se refirió a la protesta como una característica de la democracia. A marchar que esto es un derecho, para eso es una democracia. O bueno que nos digan si no lo es. Para el analista político tiene que existir una correlación de responsabilidades por parte de la Fuerza Pública. “Para evitar esta sensación de impunidad que haya una responsabilidad política. Hasta hoy, ningún coronel, ningún general ha caído por lo que corrió el 9 y 10 de septiembre. Ni el ministro de Defensa. Es como si no hubiese pasado nada, pero esto fue una masacre. En un ejercicio democrático, esto no puede pasar. La Corte sale en defensa de la protesta social A pesar de la avanzada uribista en contra de la justicia, en donde la Corte Suprema de Justicia ha tenido que soportar improperios sobre su función de cara al equilibrio de poderes; la Corte sale con un fallo histórico en defensa de la protesta social. La Corte, tras su análisis resaltó que existen agresiones sistemáticas por parte de la Fuerza Pública ante la protesta, ordenó al Gobierno Nacional garantizar este derecho fundamental. Para Ariel Ávila, subdirector de Pares, la protesta social es un derecho democrático. “De hecho, la democracia es en sí porque se hace en el espacio público. Porque hay protestas, porque hay disenso.” Imagen: Pares. La Corte se dirigió a la presidencia y al ministerio de Defensa. De manera clara ordenó: “la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), la neutralidad del Gobierno Nacional –incluida la no estigmatización de quienes protestan–, la conformación de una “mesa de trabajo” para reestructurar las directrices del uso de la fuerza y la presentación de disculpas del Ministro de Defensa por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019.” Escopeta que, hace 10 meses asesinó a Dilan Cruz. La antesala de lo que sería una reforma estructural La Corte también hizo especial énfasis en un diagnóstico negativo por parte de la Fuerza Pública en materia de DDHH. La Sala de Casación Civil hizo hincapié, por ejemplo, en: (i) La falta de una Ley Estatutaria que desarrolle los alcances y limitaciones de la fuerza pública, su direccionamiento centralizado o descentralizado, su naturaleza y el juzgamiento de sus conductas, cuando se ejerce el derecho fundamental a la protesta pacífica. (ii) La violación sistemática de tal prerrogativa por parte de la fuerza pública, en especial, del ESMAD, y la amenaza real que esa institución supone para esa garantía superlativa. (vi) Desatención a las obligaciones convencionales del Estado respecto de los Derechos Humanos. (vii) Ausencia de vigilancia y control de las actuaciones de las autoridades demandadas, en relación el derecho de reunión. (viii) El vacío que supone como institución del ESMAD que no es capaz de garantizar el orden sin violar las libertades y los derechos de los ciudadanos a disentir, pues tampoco hace un uso adecuado de las armas de dotación asignadas. (ix) La ausencia de resultados verificables de los cursos de formación en derechos humanos, ordenados respecto de los miembros de la fuerza pública, no sólo por el Consejo de Estado sino, además, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en múltiples discursos donde ha sido condenado el Estado por el ejercicio excesivo y arbitrario de sus agentes. Dos años de crisis en el Ministerio de Defensa De hecho, uno de los sectores más criticados en el regreso del uribismo tiene que ver con la Fuerza Pública, hecho que se evidencia en las protestas sociales. Justamente, el entonces ministro Guillermo Botero tuvo que renunciar tras la presión social que venía por cuenta de nombramientos de cúpulas con prontuarios de ejecuciones extrajudiciales, el regreso de estos asesinatos por parte de la fuerza pública y el bombardeo que dejó al descubierto las mentiras del entonces jefe de cartera frente a dicha operación, en el Caquetá en donde fueron asesinados 18 niños. Tras la renuncia de Guillermo Botero Gil como ministro de defensa —que fue aceptada por el presidente Duque el pasado 6 de noviembre de 2019—el ministerio de Defensa continúa de escándalo tras escándalo. Hoy por hoy, una de las carteras ministeriales más poderosas, como lo es el sector de Defensa, está al mando de Carlos Holmes Trujillo y el panorama no mejora. De hecho, sectores de la sociedad civil, organizaciones de DDHH, organizaciones de víctimas y la bancada de oposición están pidiendo su renuncia inmediata. Holmes Trujillo, cercano de las toldas uribistas, incluso se ha referido a la situación de las Fuerzas Militares tal como lo ha señalado León Valencia quien, en sus palabras, escribió: ‘Carlos Holmes Trujillo ha reconocido que existe una profunda división en las filas’. En su último capítulo Trujillo se enfrenta a una decisión histórica de la Corte Suprema de Justicia para que éste tenga que ofrecer disculpas por el uso de la fuerza que comanda. Fuerza que, como se ha podido constatar, ha cobrado la vida de manifestantes en las ciudades; pero también en los campos por cuenta de la insistencia de la presencia de fuerza armada ante la protesta campesina. Imagen: Pares. Tal como refiere el documento: Trujillo tiene “dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes el enteramiento de esta providencia, proceda a presentar disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial, aquéllos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional – ESMAD- durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019, las cuales deberán difundirse en el mismo término, por radio, televisión y redes sociales.”

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Siendo la ONG de mujeres más antigua de Colombia, con 48 años trabajo, la Organización Femenina Popular (OFP) ha recorrido las zonas y luchas del Magdalena Medio, convirtiendo estas experiencias en miles de historias que ahora vienen a recordar por qué el trabajo comunitario es la propia muestra de aguante y convicción por las justas causas, incluso cuando la defensa de éstas supone escenarios adversos y violentos. La OFP nació en Barrancabermeja como un espacio de participación de los sectores y organizaciones populares de la ciudad, especialmente de las mujeres populares. No obstante, y como un estigma de nunca acabar, a razón de su trabajo con la gente y con motivo de la llegada e instalación del paramilitarismo en la región entre los años 1998 y 2008, la organización sufrió en ese tiempo distintas formas de persecución y amenazas. No obstante, y siguiendo las palabras de Diana Zuley Bernal, “la OFP encontró formas para mantenerse y no permitir la terminación de su proceso a pesar del paramilitarismo, asumiendo como principios políticos la autonomía y la civilidad, y como instrumentos de lucha el lenguaje y los símbolos para la defensa de los derechos humanos”. En medio de este proceso y de un conflicto que se agudizaba en la región, la OFP se convirtió en un lugar de encuentro, en un espacio para hacerle frente al miedo y en el que se permitía pensarse desde lo comunitario procesos de reparación, no solo para quienes han sido víctima del conflicto armado, sino también para las mujeres que han sufrido violencias basadas en género pues, de acuerdo a la información que publicó el periódico El Tiempo en 2017: “Después de 2006, la desmovilización paramilitar, bajo los índices de violaciones a los derechos humanos y el desescalamiento del conflicto interno, permitió ver otro flagelo: la violencia intrafamiliar. Tan solo en Barrancabermeja, en los últimos cuatro años, la Comisaria de Familia atendió más de 2.000 casos, en los cuales en un 80% las víctimas fueron mujeres”. Este componente de acción de la organización se puede reconocer de dos maneras: primero, en la compilación de tres relatos de mujeres publicados recientemente en el portal de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, en los cuales uno de los puntos en común era el proceso participativo, formativo y de reparación por el que habían pasado cada una de ellas a través de la organización. Adicionalmente, también se ve en el proyecto que la OFP lideró con la Casa de la Memoria y los Derechos Humanos de las Mujeres del Magdalena Medio, la cual es el primer espacio de memoria construido específicamente desde una perspectiva de género a través de procesos participativos con mujeres populares del Magdalena Medio. “Esta casa recoge la historia de las conflictividades y la resistencia, resaltando especialmente el papel que han tenido las mujeres, posicionando y reivindicando su acción como sujetas políticas autónomas que han sufrido de forma diferencial las afectaciones de conflictos en razón de su identidad organizativa y su proyecto político, pero sobre todo como resistentes, sobrevivientes y constructoras de paz”, comunicaba la OFP. Como parte de un proceso de reconocimiento de la OFP y del trabajo realizado por la organización en el Magdalena Medio, Pares habló con Laura Serrano Vecino, coordinadora de proyectos de la OFP, quien además de dialogar sobre los procesos de la OFP y la Casa de la Memoria y los Derechos Humanos de las Mujeres, también relacionó cómo ese andar de la OFP se ve de alguna forma ejemplarizado en los tres relatos publicados anteriormente: Pares: ¿Cómo ha sido la consolidación de la Casa de la Memoria desde las historias que se han tejido en el Magdalena Medio? Laura Serrano Vecino: La Casa de la Memoria y los Derechos de las Mujeres ha sido construida desde las voces y las experiencias mismas de las mujeres. La Organización Femenina Popular es un proceso [que lleva] 48 años en el territorio, así que son historias que no solo se vienen a encontrar con la construcción de la Casa, sino que han venido tejiendo un camino juntas desde 1972, cuando empezó la organización. Un camino que algunas veces ha sido más difícil que en otros momentos, que algunas veces ha tenido bastantes gratificaciones, y en otros momentos ha implicado más formas de resistencia y dolores. Estas historias no son solo de Barrancabermeja, sino que aquí se encuentran una diversidad de orígenes, lo que nos pone también el reto de que la Casa Museo sea un espacio de proyección y representación regional. Queremos que nuestras acciones vayan más allá del espacio físico y que impacten en las mujeres que la han construido y a las comunidades de las que ellas hacen parte. Pares: ¿Cómo ha sido la construcción de memoria dentro de la Casa de la Memoria y qué efectos ha generado en esa construcción del proceso la pandemia y las restricciones que esta ha traído? L.S.V: La Casa de la Memoria es una apuesta como parte de la reparación colectiva de la OFP y es un espacio que pretende recoger y representar un poco esas memorias de resistencia de las mujeres, no solo como víctimas sino como agentes políticos y sujetas que han sido protagonistas en el movimiento social de la región. Lo que se pretende también es contribuir a la transformación de los imaginarios sobre el lugar que hemos ocupado en escenarios de conflicto y en los relatos oficiales, ya que por lo general aparecemos en lugares de subordinación o no aparecemos. Entonces la Casa de la Memoria no es un espacio que habla de las mujeres, sino son ellas quienes hablan y tienen allí esas representaciones. Es importante reconocer que la OFP desde hace mucho tiempo ha hecho su proceso de memoria y la Casa de la Mujer es un resultado y una manifestación concreta ya en una infraestructura, pero eso no significa que el proceso de memoria inicie ahí. Entendemos que, como un espacio de memoria, es un espacio inacabado. La memoria la entendemos como una práctica viva, entonces constantemente está encontrando nuevos caminos, está encontrando nuevas formas de expresarse, nuevos relatos, nuevos procesos de sanación, de construcción de compromisos individuales y colectivos; en ese sentido, La Casa de la Memoria es un espacio que está ahí y que esperamos mantener vivo. Normalmente los proyectos de memoria nos enfrentamos a escenarios muy adversos. Hay un panorama político adverso de la memoria desde los lineamientos del Gobierno, desde sus posturas negacionistas, relativistas y desde los riesgos específicos que hay en cada uno de los territorios; además de las barreras económicas para sostener estos espacios. Ya de por sí es difícil y ahora el escenario de la pandemia nos pone un reto adicional que es mantener la infraestructura cerrada: no tener las visitas, no poder recibir los grupos de los colegios. Sin embargo, para nosotras ha sido muy importante mantener el escenario de acción y dinamización abierto. Como decía, la memoria es una práctica viva y en ese sentido no se puede encerrar en un lugar. Un lugar de memoria tiene sentido en la medida que genera reflexión, sensibilidades y que a partir de eso genere también compromisos y acciones para la construcción de justicia social, reparación y no repetición. Entonces hemos tratado de mantener esa misión con espacios de encuentro, en los que se reproduzcan esos objetivos a través de laboratorios creativos. Hemos realizado un laboratorio que empezamos en el mes de junio que se llama Hilando Afectos, el cual es un espacio en el que las mujeres o distintos grupos nos encontramos para reflexionar sobre las realidades de la región y así buscar la enunciación de compromisos y la posición que vamos a tomar como sujetos. Así hemos tenido la oportunidad de tejer redes con otras organizaciones llevando el laboratorio creativo a través de mensajes colectivos y articulados; eso ha tenido una ventaja y es que nos ha permitido llegar a comunidades a las que probablemente les hubiera quedado más difícil llegar al taller si lo hubiéramos hecho en el espacio físico. También hemos trabajado este tiempo en el fortalecimiento de la formación sobre Derechos Humanos, riesgos específicos de mujeres y hombres, así como en la investigación y el reconocimiento de los liderazgos sociales, culturales y sindicales. Nuestra labor en este tiempo también ha incluido la indagación sobre los asesinatos de mujeres en el marco del conflicto armado aquí en el Magdalena Medio y la dimensión política de esos asesinatos, que es un elemento muy importante para nosotras; resaltar la dimensión política de las violencias basadas en género y las violencias contra las mujeres que en los marcos patriarcales de la historia es prioritario para nosotras dado que es un elemento que siempre se quiere invisibilizar. Pares: En los tres relatos recopilados por PARES, las mujeres con quienes hablamos hacen una especial mención a los procesos psicológicos y emocionales que vivieron desde la OFP. ¿Cómo trabaja la organización sobre esta dimensión? L.S.V: La Organización siempre ha contado desde la sección de Derechos Humanos con el área psicojurídica para hacer el acompañamiento y las asesorías jurídicas que se requieran, pero también las atenciones psicológicas individuales a víctimas del conflicto armado o víctimas de violencia de género. Sin embargo, las compañeras enfatizan mucho en esto porque entrando a la década del 2000 y en los primeros años de esta, fue el periodo más duro por la arremetida paramilitar y la persecución sistemática contra la OFP, y las mujeres han reconocido que hubo una afectación muy grave a su bienestar emocional y psicológico, manifestándose esto también en afectaciones físicas. De hecho, una de las dimensiones del diagnóstico del daño que la organización elaboró para el proceso de reparación colectiva fue ese, refiriéndose al bienestar emocional y psicológico. En ese marco se propusieron unos ejercicios para apostarle a esos escenarios de recuperación haciendo talleres de biodanza, espacios de sanación con esencias y sobre todo espacios de encuentro, entendiendo que la fragmentación del tejido social fue muy fuerte en los territorios donde el conflicto instauró unas relaciones de miedo, de sospecha, y de desconfianza. Entonces se propusieron estos espacios para abrir la posibilidad de estar con otras, compartir los dolores, sentirse apoyadas; tener como una red de apoyo social que entendiera la situación por la que había pasado la otra, y así encontrar motivos colectivos para resistir y enfrentar esas situaciones juntas. Eso ha sido muy importante para la organización. Esa dimensión ha sido un eje fundamental que a su vez nos ha permitido el reconocimiento de las experiencias de otras así como también el reconocimiento dela falta de acción del Estado en lo referente a una reparación integral que incorpore los procesos de rehabilitación social, especialmente desde una perspectiva de género. Pares: Durante los años de mayor persecución del paramilitarismo la OFP siguió comprometidamente con su trabajo social, incluso quienes estaban siendo víctimas en este tiempo relatan cómo la organización fue la que hizo acompañamiento. ¿Cómo se logró esa resistencia por parte de la OFP? L.S.V: Hay que decir que la OFP surge como un proyecto social y político de base ligado desde la teología de la liberación a procesos de formación y de luchas por los Derechos Humanos en el territorio, también surgió articulado a diferentes expresiones del movimiento social que siempre ha sido muy fuerte en el Magdalena Medio: como el movimiento obrero, el movimiento campesino, de maestros/as. Esa postura que tenía la OFP desde el momento de su surgimiento y los principios de su acción le costaron ser víctima de la persecución de los paramilitares. Particularmente, hablamos de persecución política porque la OFP tiene sistematizados más de 148 casos de agresiones cometidas en su contra entre las cuales hay amenazas, hostigamientos, desplazamientos, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y el asesinato de tres compañeros durante la década de los 2000. Ese escenario de persecución se recrudeció y la OFP también fue muy perseguida precisamente porque no se dejó amilanar frente a todas estas cosas que les pasaban, sino que al contrario se fortaleció como un espacio de resistencia y de refugio. Por ejemplo, se hacían las ollas comunitarias aun en medio del conflicto, de la guerra, de las amenazas de los paramilitares; las mujeres de la organización decidieron no cerrar los comedores y no cerrar las ollas comunitarias, ya que, al haber un escenario de violencia, de pobreza, de desigualdad se evidenció esa necesidad de mantenerlas abiertas y persistir con la iniciativa pese a la violencia. Las casas de la mujer estaban amenazadas, se les hacía seguimiento, se reportaban monitoreos sobre ellas, y hubo la intención de apropiarse de ellas, de ocuparlas por medio de la violencia. Con todo ese escenario las casas de la mujer continuaron abiertas como un escenario de refugio, con acciones concretas de resistencia. Por ejemplo, cuando los actores armados llegaban a intimidar a las mujeres para que les entregaran las llaves ellas se resistían y no las daban. Pares: Una de las mujeres decía algo muy importante y usted lo retoma en una de sus respuestas en la que hacía referencia a la formación política, ¿por qué en estos procesos comunitarios se hace indispensable este factor?, que además es uno de los puntos a resaltar en los relatos de las mujeres. L.S.V: La formación política es uno de los ejes de la organización y uno de los trabajos de base. Entendemos el liderazgo desde una perspectiva y conciencia de género, que además nos ayuda a realizar una lectura del territorio desde ahí. ¿Cómo lo hacemos? A través de espacios de formación: tenemos una escuela de formación política, tenemos otra de economía feminista popular, tenemos los espacios de encuentro como asambleas que también promueven estas prácticas de formación, y desde la Casa Museo y todas las iniciativas se tienen una misión pedagógica de la memoria, del género, buscando esa transformación de los imaginarios y ese reconocimiento de las dimensiones políticas. Esto se logra si hay un reconocimiento de las mujeres como sujetas políticas; y en medida de ese reconocimiento se evidencia la dimensión política de las violencias contra las mujeres, que son también violencias de carácter sociopolítico; especialmente en el marco del conflicto armado ese carácter se quiso y se sigue queriendo invisibilizar, fortaleciendo la estructura patriarcal y una justicia que responde a esa estructura. Reconocer esa dimensión es importante, pues además del proceso de memoria ese reconocimiento también permite crear estrategias de protección frente a esos riesgos políticos de las mujeres. En los relatos se hacía referencia a eso, a la persecución que también han sufrido las mujeres por su rol de liderazgo. Pares: Por último, ¿por qué este espacio de la memoria de las mujeres es tan importante, sobre todo en una región como el Magdalena Medio? L.S.V: No es fortuito que la Casa Museo de la Memoria y Derechos de las Mujeres haya nacido en el Magdalena Medio, no solo por las afectaciones que ha tenido durante el conflicto esta región, sino porque históricamente ha sido una zona de lucha social permanente con el sector campesino, obrero, feminista, de educadores/as, etc. Aquí siempre ha habido una capacidad de movilización política bastante fuerte, y en ese escenario también han sido las mujeres las que han sido fundamentales y protagonistas de esas movilizaciones. La OFP es la organización más antigua de mujeres de base en el país, y eso es una historia que vale la pena contar, no solo por narrar lo referente a la resistencia y la posibilidad organizativa de las mujeres en espacios de violencia, sino también porque es relevante como aporte a la justicia y a la verdad en un escenario de construcción de paz. ¿Por qué hay que hablar específicamente de las mujeres? Para conocer lo que sucedió realmente con el conflicto. Para construir la verdad es necesario saber lo que pasó, pero para saber lo que pasó necesitamos saber lo que les pasó a las mujeres y el porqué de esas experiencias, porque en el caso de las mujeres hay unos tipos de violencia específicos que se han presentado de manera diferencial y desproporcional, como la violencia sexual, por ejemplo. Pero también hay que reconocer el papel que las mujeres han jugado en escenarios de resistencia y construcción de paz. ¿Quiénes son las que se han ido a buscar a los/as desaparecidos/as en los ríos en la selva? ¿Quiénes son las que han persistido en la búsqueda de la verdad, de la justicia? ¿Las que han adelantado los espacios de memoria de movilización masivas aquí en el territorio? Han sido las mujeres. Así que es necesario reconocer no solo las afectaciones diferenciales en su dimensión política, sino también las acciones de resistencia que se han construido desde una conciencia de género y sus particularidades, que tiene también una forma de presentarse distinta desde una visión estética, política y muy en relación con la conciencia de género y clase. Tener un escenario de memoria de las mujeres nos va a permitir esa comprensión muy integral de lo que sucedió en el conflicto y hacerles frente a los relatos que perpetúan el propósito de presentarnos en escenarios de subordinación, pero también como víctimas pasivas, muchas veces dependientes, ligadas a sus roles familiares. Un lugar de memoria de las mujeres que reconoce esas cosas es muy importante y pertinente.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. La diversidad étnica y cultural de los pueblos ancestrales está reconocida en el artículo séptimo de nuestra Carta Magna, así como la protección de las riquezas culturales y naturales de nuestra nación en su artículo octavo. Posterior al acto acaecido con la estatua ecuestre de Sebastián de Belalcázar, el pasado 16 de septiembre del presente año, denominado por algunos como un hecho de reivindicación de la historia de la confederación Pubense (habitantes de la meseta de nuestra capital en la época de la invasión), y para otros acción “vandálica”, “barbarie” contra Popayán, se inicia propiciado por nuestra universidad pública la Unicauca, un camino por el pacto para una real convivencia. Ni en las escuelas, colegios o universidades nos presentaron la verdadera historia de Sebastián de Belalcázar, sólo nos dijeron que: por medio de la real cédula dada en Valladolid el 10 de noviembre de 1558, se le otorgaba a Popayán el escudo de armas y “desde entonces, el imperio español suplantó las formas de organización social y política de los nativos e instauró un poder extraño con regidores de cabildo, alcaldes y alguaciles y la participación permanente de la iglesia católica como guía espiritual”, según Guillermo León Martínez Pino Especialista en Docencia sobre Problemas Políticos de la Unicauca. La metodología, aspiro rebase aquello de que el ejercicio “debe garantizar la armonía”, muchas veces utilizada como eufemismo para bajar la temperatura a la coyuntura y volver a quedar en las mismas. En Cauca habitan ocho (8) pueblos indígenas: Nasa – Páez, Misak, Yanaconas, Coconuco, Epiraras – Siapidara ( Emberas), Totoroes, Inganos y Guanacos; Cococauca en la costa pacífica, Aconc en el Norte del Departamento, la capitanía en Páez, el centro y sur con sus procesos afros tienen también desde sus especificidades étnicas sus cosmovisiones que son en sí una concepción de desarrollo. El campesinado que va en camino a lograr el reconocimiento como sujeto político diferencial; igualmente tiene sus apuestas de futuro. Popayán, la ciudad que nos acoge y que muchos venideros amamos y hemos ayudado a crecer (por eso no acepto que se quiera plantear a los Misak como externos a nosotros), tiene igualmente a los payaneses raizales con su historia, de la cual Belalcázar es una parte a reivindicar de sus antepasados, de sus sueños y sus frustraciones que tiene el derecho a ser re-conocida y valorada. Solo aceptándonos en esa diversidad, es decir articulando a la historia oficial estas otras voces, es que podremos construir concertada y francamente un pacto por el Cauca y la ciudad capital. Reconocer entonces que a Popayán y el Cauca lo habitan varios pueblos, nos exige diseñar un pacto que sea el encuentro de las diversas “visiones de desarrollo”, “planes de vida”, apuestas y prioridades de inversión. Rebasar la discusión mediática de la estatua, el racismo, la descalificación; respetar las definiciones arqueológicas, antropológicas, porque mientras nos distraemos en ellas hoy se reporta una nueva masacre en Buenos Aires al Norte. No es posible tener una sola voz, es un coro, para que al unísono, podamos decir “TODOS SOMOS EN LA DIFERENCIA: POPAYÁN y CAUCA”.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Esta semana se cumplieron cuarenta años de la presencia del ELN en Arauca, su aparición formal fue el 14 de septiembre de 1980, con la toma del pequeño puesto policial del corregimiento de Betoyes, del municipio de Tame, allí se dio el surgimiento del Frente Domingo Laín, estructura que permanece en Arauca y sus alrededores desde ese año. El Frente Domingo Laín, tiene sus raíces en la radicalización de parte de la dirigencia campesina, que había participado del proceso de colonización iniciado desde finales de los años cincuenta, por el estado colombiano, “colonización dirigida”, que fue un pequeño reformismo agrario, que ubicó territorios con poca presencia campesina para decirle a unas cuantas miles de familias campesinas sin tierra o huyendo de la dura violencia de los años cincuenta, que había posibilidades de tierras en ciertas zonas, allí estaba el territorio del Sarare. El Sarare es la región que junta a la cordillera oriental, con las llanuras de Arauca, su epicentro era Tame, población del Siglo XVII y de grato recuerdo por el papel que jugaron los lanceros que acompañaron al libertador Simón Bolivar y tuvieron destacado papel en la Batalla del Pantano de Vargas, donde se sella nuestra independencia. En la década de los sesenta bajaron de la montaña al plano más o menos cinco mil familias, apoyadas por el Incora, la institución que con recursos del BID, lideraba este proceso de colonización, el Incora, le dio a las familias campesinas: hachas y machetes, para que “tumbaran” un particular bosque de inmensa riqueza y lo volvieran fincas –lo cual fue un ecocidio-, las familias campesinas bajaron por trochas y arriesgaron sus vidas ante lo que eran caudalosos ríos, las familias campesinas bajaron, midieron sus fincas de 150 metros de frente por 300 y allí a fuerza humana, fueron construyendo sus anheladas fincas. El Estado colombiano, les dio tierra, les apoyó con herramientas, con materiales para construir sus casas, con préstamos para comprar animales y alimentos, luego les dijo que debían hacer parte de la cooperativa Coagrosarare, los motivó a conformar la junta de acción comunal en la vereda y luego les dijo que debían ser parte de la asociación de usuarios campesinos, para ser parte de la ANUC y les dio carnet, fue un proceso eficiente de organización comunitaria, promovido por los gobiernos de los presidentes Lleras Camargo, Guillermo León Valencia y Carlos Lleras Restrepo, ellos tres desde la presidencia y con sus políticas, organizaron al campesinado del Sarare. Para el año 72, las cinco mil familias campesinas, tenían fincas, una economía básica y mucha organización, faltaban las escuelas, los puestos de salud y los puentes que ese mundo campesino organizado, con el apoyo de los ingenieros militares, habían construido para superar la incomunicación. Los puentes fueron arrasados por un invierno fuerte, ante esta situación, la dirigencia social, convocó un paro regional, el paro se instaló en la naciente Saravena, pueblo totalmente nuevo, producto de la colonización, al igual que Fortul y de la centenaria Arauquita, y desde Tame, se juntaron alrededor de dos mil personas, para decirle al gobierno nacional, que requerían los puentes, las escuelas, los puestos de salud, todo ello estaba en los planos de la colonización dirigida, pero no en la realidad. El paro fue negociado, cada punto pactado implicó nuevas movilizaciones y protestas y hay puntos que hasta el día de hoy no se han resuelto, como lo es una vía bien hecha que comunique a Saravena con Pamplona, para poder mover la economía regional, hoy esa vía de ciento cincuenta kilómetros es un calvario en la época invernal. Luego del paro del 72, con un incumplimiento de lo pactado, se abrió una desconfianza, enorme, entre el estado y parte de la dirigencia campesina: vinieron los encarcelamientos de dirigentes, en medio de las protestas, vinieron poco a poco los señalamientos, la dirigencia campesina empezó a tornarse incómoda y de allí se saltó a la idea de que era una protesta promovida por “comunistas” y que eso era inadmisible y se empezó a rumorar de que había “listas de gente roja”, y en estos dirigentes se sintió que la muerte les pisaba los talones, en ese ambiente, tomaron la decisión de volverse guerrilla y de allí se juntaron al ELN, con un pleno conocimiento de su territorio y unas raíces en las comunidades. El Frente Domingo Laín, es a mi juicio, la estructura más importante del ELN, hoy. Tienen mucha desconfianza de las posibilidades de salir de la guerra, de salir de la resistencia armada, con un agravante, hacen parte de un orden regional en el Sarare, donde actúan como estado paralelo y vigilan de manera estricta todo lo que se mueve en su territorio. Si se quiere avanzar en un proceso de paz con el ELN, hay que tener iniciativa en el territorio donde esta quizás su eje de decisión mas importante y con mayor desconfianza y con mucho que perder en una negociación, porque hoy son poder real en este territorio, pero igualmente hay enorme cansancio en las comunidades y en el conjunto de la sociedad Araucana, ante tanta violencia, que esta semana nuevamente ha arreciado. Una paz con el ELN pasa por Arauca, y hoy hay cinco cosas que se pueden hacer para mover la acción de la sociedad y del estado regional y local a la cual el Frente Domingo Laín siempre está alerta: hacer realidad el Plan de Desarrollo territorial –PDET-, construido con amplia participación social y hoy en entredicho, hay que construir una buena carretera entre Pamplona y Saravena, superar esa media trocha que es hoy, hay que hacer una concertación entre el Estado, la industria petrolera y el mundo campesino, para que se llegue a un acuerdo y a unas garantías de que el petróleo no es amenaza, hay que proyectar la economía campesina, con especial énfasis a las inmensas posibilidades que tiene el cacao y hay que hacer el balance en derechos humanos: construir verdad, reconocimiento de responsabilidades, reparar de manera integral a quienes han sufrido estas cuatro décadas de violencia, si hay iniciativas en este orden, se podrán crear condiciones para una negociación y un acuerdo de paz con el ELN. Por ahora Arauca sigue sufriendo una violencia que sube y baja, de un aislamiento importante y de una economía que se mueve entre el petróleo y la agricultura, economía que ha decrecido desde la reforma a las regalías, el reto no es pequeño y hay que asumirlo. Si quieren conocer sobre uno de los fundadores del Frente Domingo Laín, les recomiendo este texto.

Por: Ariel Ávila. Subdirector de Pares. «Al uribismo no le interesa para nada que exista una movilización social en Colombia porque, en segundo lugar, no solamente les molesta la verdad, sino que les molesta que la sociedad se mueva. Detrás de muchas de estas personas, y usted lo puede ver en las redes y en el Congreso de la República, hay gente que aplaude que hayan disparado contra los manifestantes.» En su programa de El Poder, el subdirector de Pares entrevistó al senador y líder político Gustavo Petro, sobre el gobierno de Iván Duque, el papel que ha desempeñado la alcaldía de Bogotá, los excesos de la Policía y las alianzas políticas en miras a las elecciones de 2022, entre otros temas. Ariel Ávila: ¿Cuál es el análisis del manejo de esta crisis después de la semana pasada en Bogotá? Gustavo Petro: El Gobierno desastroso. Yo creo que Duque en su crisis de legitimidad en esa medida viene construyendo su poder sobre la base del ESMAD, de los fúsiles para ponerlos en términos más gráficos. No tiene pueblo, tiene fúsiles. Y bajo esa óptica ha concentrado poderes; domina el Congreso, domina la Procuraduría, Defensoría, Fiscalía, va por el Banco de la República y ha intentado tomarse la justicia, como un proyecto incluso uribista para salvar al jefe del uribismo con relativo éxito. Acaban de elegir un magistrado ante la división de fuerzas democráticas del Congreso de la República. Acaban de elegir un magistrado de ellos en la Corte Constitucional, es decir, hay una concentración del poder público, que es propio de los regímenes autoritarios, dictatoriales, etc., pero eso no se puede basar más que en fúsiles. La demostración que ha dado Duque es la del apoyo a ciegas, a la tolondra, como sea, a unos acontecimientos y a una institución como la Policía, sin analizar qué es lo que está pasando ahí, sin intentar una reforma a profundidad, sin cobrar en quienes cometieron por acción y por omisión esos delitos. – “El que la hace la paga”-, dijo en un principio, y no es “el que la hacen lo premian”. Eso es lo que está pasando en el Gobierno actual de Colombia. A.A: Senador, ¿usted cree que esta violencia que vivimos la semana pasada en Bogotá va a hacer que la gente tenga miedo y que no salga a protestar? ¿Ese es el mensaje que querían enviar? ¿O cuál es el futuro de la protesta social? Usted ha convocado una protesta, convocó también al Partido Verde. G.P: Yo estuve repasando mis trinos de esos días, de esas horas intensas porque uno las va viviendo, viendo a ver si había escrito alguna falsedad, si las críticas que se me hacen eran relativamente ciertas y encuentro que todo lo que se escribió se ajusta a la realidad de lo que pasó y que aceptó desde algunos sectores de la sociedad que están en todos los estratos -obviamente entre más poderoso el estrato es con mayor profundidad-, les molesta: uno, la verdad. Este es un tema generalizable, además, podríamos hablar de la parapolítica, del paramilitarismo, de Uribe, de muchos temas, pero les molesta la verdad, les molesta saber en qué tipo de régimen es que están viviendo y apoyando. Hay un sector de la sociedad que apoya toda esta barbarie. En esa medida a ese sector no le interesa para nada que exista una movilización social en Colombia porque, en segundo lugar, no solamente les molesta la verdad, sino que les molesta que la sociedad se mueva. Detrás de muchas de estas personas, y usted lo puede ver en las redes y en el Congreso de la República, hay gente que aplaude que hayan disparado contra los manifestantes. Creen a ciegas y si no creen igual lo expresan así; el pensar que un manifestante es un guerrillero, entonces porque expresa una indignación incomoda o violenta, porque las hubo, pero violencia de menor proporción de la que desplegó el Estado, entonces les molesta y les parece que lo que debería hacerse es lo que se hizo: disparar. – “Plomo es lo que hay»-, decía un ciudadano por ahí. Usted ve periodistas que sobre la acción justa de los indígenas tumbando una estatua de quien los torturó y los mató salen a exclamar que cómo es posible eso, pues a ellos no les interesa la movilización de la sociedad, quieren seguir así. Unos por el espíritu de esclavos que tienen, otros porque se benefician con la situación actual, han apoyado la situación actual. La situación actual es de ignominia, es de barbarie, es un fracaso total de una crisis a la que han conducido a la sociedad económica tanto económica como socialmente. En tercer lugar, y esto tiene que ver ya conmigo, les da mucho temor el cambio. A ese cambio lo llaman de diferentes formas como para tratar de legitimar el temor al cambio; le dicen comunismo, castrochavismo, incluso, los nazis se inventaron la palabra judeo-bolchevismo, que más o menos es lo mismo, entonces se dedicaron a matar judíos y bolcheviques y a todo lo que sonara diferente, hasta a los gais los iban pintando de judíos o de bolchevique y lo iban matando, así hasta que mataron 50 millones de personas. Eso mismo sucede aquí, hay un temor al cambio que nace de razones y tiene sus explicaciones. Primero, la tendencia del ser humano a quedarse como está, la inercia, el amor a la inercia que provoca miedo al cambio. Y, segundo, la crisis misma, porque ya todos sabemos que no podemos vivir como estamos, que esto se derrumbó de verdad, que hay un país en ruinas, etc., que la clase media se empobreció, que el estrato 3 ya no es el estrato 3 de clase media que la izquierda hizo en Bogotá, sino que hoy padece hambre, y ese temor también se vuelve un temor al cambio. Quisiéramos vivir como antes en tranquilidad, pensamos, pero nunca hemos vivido en tranquilidad. A.A: ¿Me está diciendo que hay una estrategia contra usted para pintarlo como un populista, para causar miedo, o sea, usted me está diciendo que de eso hay una estrategia en este momento? G.P: No, eso también existe obviamente, pero en medio del tema general porque cuando hablo del temor al cambio es en general, todo lo que represente cambio se ve visto por un sector de la sociedad, no por toda la sociedad, como algo que se debería extirpar. Y no solamente es Petro, Petro está dentro de ese espectro, pero también, por ejemplo, el líder sindical, el líder juvenil, o los muchachos que en Envigado le quieren decir a la Policía en el CAI que no debe haber violencia policial, pero en ese escenario un sector de la sociedad sale es a criticar a los muchachos, y entonces bajo eso son los muchachos a los que hay que tenerles temor, o sea a sus propios hijos. Acuérdese usted el video del señor que sale con correa en mano, es entendible, explicable, porque le da temor, miedo, y eso tiene que ver con su pregunta, porque el miedo lo desemboca dándole correazos a su hija porque ella fue a defender sus derechos ciudadanos, porque el derecho a protestar es un derecho ciudadano universalmente reconocido y nadie tiene porque a matar a alguien porque salga a protestar y tampoco pegarle un correazo, pero eso fue difundido por todos los medios de comunicación; un sentimiento explicable pero mal encausado del padre como para decir: “oigan, papás, hagan todos lo mismo” con todos estos muchachos que no quieren aguantarse el régimen que tenemos. Todo esto es en general, obviamente yo estoy ahí. Hay que decir que hubo una cantidad de trinos falsos que se distinguen por que al @petrogustavo le ponen la p mayúscula. No pueden sacar trinos míos incitando a la violencia, sino que tiene que hacerlos para hacer ver que yo invitando a la violencia, cuánta gente se cree ese cuento, pues muchos y eso genera una cadena de retroalimentación. Lo que significa todo esto es que si nos quedamos quietos “nos lleva el chiras”, como dice el dicho popular, porque esto sí va hacia una dictadura, hacia un quiebre institucional, hacia unos niveles de barbarie intensos e inmensos que hay que detenerlos. A.A: Para terminar este primer bloque: ¿Cómo le parece la gestión de la alcaldesa? ¿La invitación que usted le hizo? Y ¿Cómo ve lo que viene para Bogotá en las marchas los próximos días? G.P: En términos generales ustedes conocen mi opinión. Ella rompió el acuerdo programático que hizo con nosotros antes de elecciones, que giraba alrededor de la educación superior gratuita y pública, y también del metro elevado, es decir, nosotros pedíamos el metro subterráneo y la electrificación del transporte. Realmente lo que ha sucedido después de su triunfo es que esto es un gobierno peñalosista, es el modelo de Peñalosa lo que se está implementando en la ciudad. Eso me separa de ella en términos programáticos. ¿Por qué pienso así? Porque creo que el modelo de Peñalosa solo beneficia a dos grandes sectores económicos muy minoritarios: el de los especuladores de la tierra y el de los propietarios privados del transporte público que se mueven alrededor del Transmilenio. Todo el dinero que se está buscando en Bogotá va hacia hacer troncales de Transmilenio. Pero en los días particulares, que nos convoca a esta entrevista, en estos días que han pasado la verdad yo me siento confuso porque lo primero que uno ve es una actitud sediciosa de la Policía, incluso yo creo que sediciosa contra la línea de mando nacional de la Policía. Yo creo que la cúpula de la Policía no dio la orden de matar, es culpable por omisión, que igual es delictivo, pero digamos que hayan dicho “maten toda esa gente”, no creo. Creo que hubo fue una sedición que tiene que ver más con lo que se mueve en la Policía alrededor de los CAIs y las redes criminales que se han construido incluyendo al CAI en muchas localidades de Bogotá, que yo analicé en una columna y además lo vi como alcalde de Bogotá, lo saco es de mi propia experiencia. Territorializar la Policía, que siempre estuve en desacuerdo con eso, lleva a que se llegue a una policía mal paga, mal preparada, mal educada, a el contacto de gente que tiene mucho dinero ahí en el cuadrante, que son básicamente los dueños de la olla, así hay una alianza entre olla y CAI. Eso se degrada, el CAI se va volviendo un centro de tortura, de violación y la juventud va viendo eso y la indignación crece, y eso se expresó ese día. Esa actividad sediciosa de la Policía yo la vi como contraria a la Alcaldía, porque supuse que la Alcaldía no estaba de acuerdo con ese tipo de tratamiento a la protesta. Los trinos salían, efectivamente, mostraban una realidad porque un alcalde por muy emburbujado que esté por sus asesores y los jefes de Policía se da cuenta a través de sus redes. Siempre hay alguien que le dice a uno: -vea, eso que le están diciendo ahí no es cierto, lo que está pasando es esto y esto-, y entonces uno tiene que tomar decisiones. Cuando a mí me tocó la decisión que yo tomé en alguna oportunidad fue irme al tierrero y confiar en la gente, eso sirvió. Pero aquí yo supuse que eso pasó y la alcaldesa quedó emburbujada y en la práctica quedó como una especie de golpe de Estado. Ella misma lo dijo en un trino. Entonces propuse que con ella y su partido hiciéramos una gran movilización. ¿Por qué una gran movilización? Porque eso quita la violencia o la disminuye. Si usted tiene ese movimiento nihilista de los jóvenes indignados contra los CAIs dispersos por la ciudad ocurren dos cosas: primero,violencia por parte de los protestantes, no de la misma proporción de la que reciben del Estado que mató. Y, segundo, se es vulnerable a esa violencia del Estado. En cambio, en la gran movilización multitudinaria las circunstancias de violencia tienden a disminuir; la Policía no se atreve a golpear, o la población misma siente tanta fuerza que su propia magnitud que no se va hacia actitudes nihilistas ni violentas. Eso fue lo que yo propuse y la respuesta real, sin que me lo hubieran dirigido directamente, fue el acto de reconciliación donde las víctimas se arrodillaron antes los victimarios. Después el video que usted saca. Y hoy la alcaldesa está recorriendo los CAI dando plata para quien hable sobre quiénes pintaron los CAI y los quemaron. Esto, mientras la cúpula de la Policía en la plenaria del Senado, antes de ayer, dijo que la alcaldesa sabía todo lo que estaba aconteciendo y que no ordenó que no se usaran armas de fuego. Eso fue lo que dijo la cúpula nacional de la Policía. Entonces yo quedé en las dudas porque aquí hay dos circunstancias: o hubo un golpe de Estado, de hecho, en la práctica y con una actitud sediciosa de la Policía en contra de la alcaldesa, pero en contra de la ciudadanía, con lo cual la alcaldesa lo que debe es restituir su mando a partir de la movilización ciudadana pacífica. O, ella no dijo toda la verdad, ella supo los acontecimientos y simplemente por temor o por falta de decisión no tomó lo que debía tomar, que era hacerlo público y pedir las sanciones respectivas. Independientemente de la alcaldesa y de sus intentos de afirmar su mensaje de violencia contra la sociedad a partir de fortalecer una Policía que no reforma, que mantiene las tendencias de la barbarie en su interior, la única respuesta que tenemos en toda Colombia para defender la democracia, para que se restituyan democracias y libertades tal cual la Constitución del 91 lo prescribe es con una enorme movilización ciudadana, pacífica, pero contundente por su magnitud. Eso no es que yo la convoqué, porque yo no quiero asumir ese tipo de papel, es la sociedad la que se tiene que autoconvocar, de hecho, lo viene haciendo y está creciendo, yo quiero que crezca porque eso es lo que evita la violencia, si se mantiene en grupos pequeños lo que tenemos es violencia y muerte. Las centrales obreras acaban de convocar a una gran movilización al estilo de ellos para el 21, ahí yo creo que va a haber una más grande movilización popular el 21 de septiembre y crecerá esto en octubre y en diciembre. Es necesario esto porque hay que restablecer la democracia, porque la crisis que tiene Colombia, que todos vivimos producto de la pandemia y el error enorme del Gobierno en su tratamiento y en el tratamiento de la política económica; ayer mismo decían que de la plata que destinaron para subsidio de nómina para empresarios, el 40% de los recursos se fue al 0.7% de las empresas beneficiadas que son el 0,09% de las empresas en total de país, eso es además ser torpe porque así no se activa la economía, eso es destruirla completamente. Esa crisis tiene dos caminos; el sálvese quien pueda, que termina en el nihilismo y la violencia, una violencia sin efectividad. O, encausarla hacia transformaciones democráticas de Colombia, lo que implica una gran movilización, seria, coordinada, potente y pacífica. Yo voy por esta segunda opción y en eso van avanzando muchas fuerzas sociales y políticas del país. A.A: Cuando usted dice que le apuesta a una movilización grande, masiva, la pregunta es: ¿qué van a pedir? Cuando habla de restablecer la democracia ¿qué significa eso? ¿Por qué dice que vamos hacia una dictadura? ¿Cuál es el camino? G.P: Dictadura se define como concentración del poder público. Cuando una persona o una entidad, etc., concentra todo el poder público en sí mismo eso se llama ya una dictadura: concentración del poder público. Hoy eso existe, ha sido una tendencia general de la política tradicional colombiana que no es democrática, con este siglo han cerrado el camino a democratizar la constitución, pero hoy, y sobre todo en los regímenes uribistas que han estado sobe todo en este siglo, se ha concentrado más el poder público. Lo hizo Uribe, lo hizo Duque, y no podemos sacar a Santas completamente de ahí; Santos fue un poquito más torpe en eso porque elegía a sus propios enemigos. Entonces generó más un espacio democrático, pero a favor de la extrema derecha. Pero digamos el uribismo concentra el poder público y Duque tiene una especificad y es que es profundamente débil. A Duque le tocó vivir la destorcida, la caída del modelo neoliberal en el mundo, y eso en el neoliberalismo hay que explicarlo como una forma de capitalismo salvaje, capitalismo desregulado, entonces no se le ponen límites ni ambientales, ni espirituales, ni de derechos, sino que todo lo arrasan en función del neoliberalismo; arrasa al Estado, arrasa lo público, la propiedad común, los sentimientos, los derecho, pero ese régimen que fue dominante en el mundo entró en caída, ya no se sostiene. Entro en crisis. A Duque le tocó vivir eso y él no está preparado. Él era un muchacho que lo que le gustaba era hacer shows artísticos en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y nunca supo qué era este país realmente, y entonces él no está preparado y delega todo en quienes considera sus maestros políticos, que básicamente son sus amigos más a la extrema derecha del uribismo. Eso, conjuntamente: concentración del poder, no preparación, crisis y extremas derechas lleva a Duque es a fundamentarse fundamentalmente en los fúsiles, en la barbarie y eso se llama dictadura. A.A: ¿Cuál es el camino de Duque en el futuro? Es decir, tiene a su jefe en un proceso judicial, seguramente va a quedar libre el próximo martes, vamos a ver eso cómo le sale, pero sus fuerzas políticas en el Congreso plantean una reforma a la justicia, pero no la han presentado. En el Congreso pareciera que la agenda legislativa del Gobierno no existe. ¿Cómo prevé los próximo 18 meses para el Gobierno Duque? G.P: El Gobierno no tiene capacidad de acción que no sea la violencia, es un poco repetir la respuesta, pero en condiciones en las que ya la gente no aplaude esa respuesta. No tiene la capacidad de respuesta Duque y esa es la explicación de la crisis, si fuera un gobierno capaz así fueran difíciles las circunstancias se encamina en unas salidas. Este no, este va hacia un camino ciego. Va a llegar un momento, si es que ya no llegó, en el que van a reflexionar si les conviene que haya elecciones en el 2022. Ese va a ser un tema que ya vivió países como Bolivia y Ecuador, donde eliminan partidos políticos para mantenerse en el poder con minorías. Son dictaduras, pero no se reconocen como tal. Eso va a pasar en Colombia, por ejemplo, nuestra fuerza política ha querido ser eliminada, no tiene personería jurídica, igualito que pasa en Colombia y en Ecuador. Además, también hay una persecución judicial, que en mi caso han querido, pero han fracasado, pero va a haber un momento en que ellos examinen seriamente si pueden asumir las elecciones del 2022 y Duque va a estar ahí metido en ese rollo que lo llevaría al quiebre institucional. Hasta ahora ellos han venido cooptando la institucionalidad y concentrándola, pero va a haber un momento en que, por su propia incapacidad de no poder dar salida, porque para darle salida a la situación actual de Colombia hay que hacer unos quiebres en política económica y social que llevan necesariamente a más justicia. Cuando usted habla de la renta básica, del subsidio a la nómina, de reactivar la alimentación agraria, pues usted empieza a tener que quebrar una serie de fundamentos de lo que está en crisis, como depender exclusivamente del petróleo, del carbón, como mantener la libre exportación de productos alimenticios, como mantener una economía en manos de los banqueros o la política en manos de los narcotraficantes, todo eso necesita tener ese quiebre, pero Duque o es capaz de eso, Duque está metido en eso que provoca la crisis. Va a llegar un momento que siendo incapaz de la solución van a pensar que su camino, su salvación, va a consistir en su perpetración en el poder que es lo que anhelan. Eso va a ser un quiebre institucional. A.A: ¿Usted da como un hecho que el uribismo en cabeza de Iván Duque va a hacer ese quiebre democrático o lo ve como una posibilidad? G.P: Lo veo como una posibilidad porque todo en la historia no está predeterminado. Eso depende de la gente por eso es tan esencialmente tan libre y debe ser libre, porque a esa tendencia que ya se observa; ya están concentrando el poder, ya se están basando exclusivamente en la fuerza bruta. Pero esa posibilidad de quiebre institucional existe y puede ser contrarrestado con la movilización social. A mí me dicen que usted convoca en Twitter la movilización social, que soy incendiario, pero quién dijo que la movilización social es incendiar, incendiar es que maten a la gente en la movilización social, no que se haga movilización. La movilización es lo que vuelve viva una sociedad, la sociedad está viva si se mueve, si la sociedad no se mueve se muere. Todo lo que se aquieta se muere. La quietud eterna no es más que muerte. Nosotros queremos una sociedad viva que rescate la democracia y la libertad. Cuando me invitan a que Colombia Humana se vuelva partido a veces me preocupa eso porque a mí me gustaría que eso que se expresó en el espíritu de la Colombia Humana y que le llegó hasta 8 millones de personas sea una sociedad en movimiento. Lo que se mueve está vivo y libre, por tanto. Aquí esa tendencia autoritaria del uribismo en crisis casi que va mordiéndose con la cola del escorpión el propio el cuerpo es para que se responda con movilización social fuerte y contundente. A.A: ¿Iván Duque podría apartarse de Uribe? ¿Tiene capacidad de maniobra? ¿O se va a inmolar con el uribismo? G.P: Esa creencia, que venía incluso de elecciones, de un Duque que rompe relaciones con Uribe, que se vuelve como un Santos porque usa corbata, viste de paño y le gusta la música rock, eso no es más que una ilusión; la ilusión difusa de lo que ahora se ha venido llamando centro, que no es en realidad un centro, es la apuesta a que se pueda sacar a Uribe del escenario político, pero seguir igual. ¿Qué quisiera por ejemplo un sector del grupo empresarial antioqueño? Quisieran que todo siguiera igual, es decir, el modelo extractivista para hacer grandes ganancias con el cemento, otros con el oro, el petróleo, quieren seguir generando más ganancias, que sigamos siendo el mismo país desigual, pero que ya no esté Uribe, y entonces tratan de construir figuras que hicieran eso, una de esas figuras fue Duque, y Duque ganó las elecciones fue por eso, si es que las ganó., si el fraude no fue lo suficiente como para que él no hubiera ganado las elecciones sin el fraude. Entonces empiezan a construir esas figuras, pero esas figuras, que además son enclenques porque no son líderes reales, se terminan desbaratando. No tienen el proyecto político y socioeconómico para superar lo que se desbarata hoy. O sea, toda intención de mantener un régimen absolutamente nefasto, violento, bárbaro, se llega a un límite. Así, lo que va demandando la realidad de Colombia es la salida de eso, no solamente Uribe, sino de lo que representó Uribe. Es que Uribe no llegó al poder porque sí, Uribe ha estado en el poder en Colombia y a través de Duque lo sigue haciendo, eso porque representa un sector de la sociedad colombiana que es la beneficiaria de todo un modelo de grandes posesiones de tierras, de hacendados, de banqueros, de traquetos. Esos son los que están en el poder. Si uno quiere que Duque se saliera de ese redil pues Duque primero tendría que tener el talante personal, que no le tiene y que Santos sí lo tenía, por ejemplo, por su tradición familiar, su propia fortuna personal. Pero, además de tener el talante tiene que tener un proyecto político alternativo del que se saldría, así que Duque ni tiene el talante, ni el proyecto. Santos que sí tenía el talante tampoco tenía el proyecto, entonces lo que hace Santos es continuar el régimen de Uribe, que es lo que llamamos neoliberalismo, y por eso la paz entra en una crisis, yo no sé qué tan consciente sea Santos de eso, pero la paz entró en crisis no porque Uribe ganó el plebiscito, sino porque la paz solo es posible cambiando el régimen; es desarrollar el capitalismo de una manera democrática que es lo que nosotros de alguna manera estamos planteando. Hoy a la sociedad colombiana le llegó el momento de una ruptura histórica en contraste al comunismo o al socialismo, porque eso no es lo que está planteando nadie en Colombia, va hacia un desarrollo productivo, capitalista y profundamente democrático. A.A: ¿Está dispuesto a hacer alianza sí o no? ¿Con quiénes? G.P: La respuesta es sí. No solo estoy dispuesto, sino que lo propuse en el 2018, si me hubieran cogido la propuesta incluso yo creo que el presidente hoy sería o De la Calle o Fajardo, porque cuando lancé la propuesta yo no encabezaba las encuestas. Yo no hice la propuesta para mí, la hice para transformar el país a costa de no ser presidente, pero yo hubiera ayudado a quien lo iba a ser. El sectarismo pudo más en ellos, y, sobre todo, en estos sectores políticos que se mueven más en clases medias, les dio mucho temor la posibilidad de hacer una agenda programática con transformaciones políticas y sociales construidas alrededor de la justicia social, que era lo que nosotros representábamos. Ese temor los llevó a separarse, al triunfo de Duque y a lo que estamos viviendo. Hoy nuevamente nosotros estamos proponiendo lo mismo; un gran acuerdo programático, cuando uno habla de eso lo está proponiendo a gente que es diferente programáticamente a nosotros y esa diferencia se puede volver explícita, por ejemplo, Claudia López está reproduciendo el modelo de Peñalosa y eso se ve en los datos; si toda la plata pública es para hacer troncales de Transmilenio y la plata de las universidades subsidiando a las privadas, pues eso es Peñalosa. Nosotros tenemos otra postura, y para hacer las alianzas no nos vamos a callar, ni a ocultar. Un acuerdo programático es un acuerdo entre diferentes. Por ejemplo, se puede discutir sobe la Ley 100 y llegar a un acuerdo si nosotros podemos construir un modelo preventivo manteniendo un pedazo de la Ley 100 vigente. Lo mismo se puede hacer en pensiones manteniendo un sistema mixto, pero con unos ejes fundamentales que garanticen el derecho a la pensión. Hay unas diferencias que hay que hacer públicas porque justamente el acuerdo se hace acercando y construyendo los puentes, no en la retórica, sino en los programas, en el que hacer para un gran acuerdo democrático en Colombia. Nosotros estamos dispuestos a eso, a la consulta popular interpartidistas de candidatos presidenciales, el que diga la ciudadanía será el candidato presidencial de ese programa, y por tanto el gobierno tiene que ser plural si sale elegido. Incluso vamos más allá, creemos que como en Chile debemos lograr varios gobiernos para una transición democrática en Colombia hacia la justicia social, y un régimen de democracia y libertades. A.A: ¿Usted se aliaría con Sergio Fajardo? G.P: La respuesta es sí. Pero en un acuerdo programático, por ejemplo, si hablamos de salud y pensión como lo dijimos hace un momento. El grupo Sura, que es una EPS y Protección, que es un fondo privado de pensiones, ambos del grupo empresarial antioqueño tiene que tomar una decisión: mantienen los regímenes actuales y se colocan entonces en oposición a una salida democrática en Colombia o permiten un acuerdo democrático que incluye la reforma del sistema pensional y de salud. ¿Por qué menciono esto cuando usted nombra Sergio Fajardo? Primero, porque Fajardo ha estado financiado por ese grupo empresarial y lo llevó al desastre de Hidroituango. Y, segundo, porque en la campaña electoral de 2018, él y su fórmula vicepresidencial, Claudia López, fueron a una reunión con estos empresarios y otros más, donde colocaron los empresarios un veto que era que con Petro no, no por lo de Venezuela, sino porque conmigo tenía una reforma del sistema de salud y pensiones. La pregunta hay que hacérsela a Fajardo: ¿Estaría dispuesto aun si sus financiadores no se lo permiten a hacer un acuerdo democrático con nosotros en estos términos? Y si él es el candidato presidencial y luego presidente, ¿estaría dispuesto a desarrollar estas reformas que son fundamentales? A.A: ¿Usted le tiende la mano a bloque de Fernando Carrillo, Roy Barreras y Juan Fernando Cristo? ¿Y al bloque político de Cesar Gaviria? G.P: La respuesta es sí. Ya hemos venido hablando, incluso a todo el Partido Liberal en su conjunto, pero siempre sobre la base de un acuerdo programático. Con este sector que nombra incluso es más fácil que con Fajardo porque son más conscientes de la necesidad a las reformas a la Ley 100, tanto en pensiones como en salud, y a la necesidad de una reforma agraria en Colombia que son banderas sustanciales, que hemos defendido en la Colombia Humana. Son más proclives porque lo han vivido, porque lo han discutido en el Congreso de la República. Les atemoriza un poco el tema de la propiedad privada sobre los medios de producción, pero nosotros no vamos a tocar para nada y tampoco está en nuestro proyecto estatizar los medios de producción en Colombia. A.A: ¿Usted va a tener una lista abierta o cerrada al Congreso de la República? G.P: Yo he propuesto, no sé si se vuelva realidad, depende de los cambios de ley ahora, que para el año entrante se hagan unas grandes elecciones primarias, donde la ciudadanía elija el orden y los/as candidatos/as de una gran coalición que decida cambiar el Congreso. No se puede cambiar la presidencia si no se cambia el Congreso, si no los parlamentarios corruptos le darán un golpe de Estado al presidente que quiera cambiar a Colombia, por tanto, ahí está la primera tarea y eso se hace con una lista de convergencias de todos los que quieran cambiar ese Congreso para ponerlo al servicio de los derechos de la ciudadanía. Yo me inclino por una lista cerrada y cremallera, que significa que la mitad de los elegidos vendrían a ser por la alternancia mujeres. Si no estoy dispuesto a hacerla abierta.

Por: Redacción Pares “Seguimos profundamente preocupados por la inseguridad que impacta la vida de tantos colombianos en las zonas del país afectadas por el conflicto a pesar de la reducción general de la violencia instigada por el proceso de paz”, dijo este miércoles la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos. Rosemary DiCarlo participó virtualmente en un evento convocado por el gobierno de Colombia para evaluar los avances en la implementación del Acuerdo de Paz a cuatro años de haber sido firmado y dos años después del inicio del mandato del presidente Iván Duque. La alta funcionaria reiteró la condena de la ONU a la violencia cometida por grupos armados ilegales “que ha continuado sin cesar”, incluso en medio de la crisis sanitaria mundial. “Los asesinatos y amenazas contra líderes sociales, excombatientes y mujeres y jóvenes son una amenaza para la paz”, afirmó. En este contexto, hizo eco de la solicitud del Secretario General António Guterres de un alto el fuego global: “Hacemos un nuevo llamamiento a los grupos armados a que detengan la violencia para dar alivio a las poblaciones más vulnerables y facilitar los esfuerzos contra la pandemia de COVID-19”, apuntó. Momento decisivo en la historia DiCarlo consideró que el Acuerdo de Paz representó un momento decisivo en la historia de Colombia y abrió la oportunidad para que el país construyera un futuro libre de la violencia que marcó su pasado. “El Acuerdo enlaza a los colombianos con una ambiciosa agenda de paz sostenible”, señaló. Sin embargo, para conseguir esa paz queda un arduo camino que requiere compromiso y trabajo. “Reconocemos los esfuerzos de las autoridades, las comunidades y los líderes locales en Colombia para abordar este grave desafío. Igualmente, todos reconocemos que es necesario hacer aún más”, enfatizó. Responsabilidad colectiva El representante especial del Secretario General y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, también participante en el evento, subrayó la responsabilidad colectiva de recordar el camino recorrido y sus múltiples resultados positivos. Mario Ruiz Massieu recalcó que el Acuerdo es resultado del consenso entre las partes en conflicto sobre las transformaciones que necesita el país y opinó que esa visión común “se ha traducido en voluntad y compromiso para trabajar en la consolidación de la paz”. El diplomático reconoció que la implementación de cualquier acuerdo de paz es compleja, de largo plazo y no está exenta de dificultades, por lo que es necesario el compromiso permanente de las partes signatarias, el esfuerzo sostenido, la disponibilidad de recursos y la participación amplia de actores nacionales e internacionales. Causas de la violencia Coincidió con Rosemary DiCarlo en que la violencia es una de las principales dificultades para el proceso de paz y explicó que sus causas subyacentes son “la presencia de economías ilícitas y de grupos armados ilegales”, además de la limitada presencia institucional y las oportunidades reducidas de desarrollo en las regiones más remotas del país. “Así como las comunidades claman desarrollo, piden estrategias para mejorar la protección y seguridad en las regiones, la presencia integral del Estado es necesaria para consolidar la confianza, la gobernabilidad, y el Estado social de derecho. Estoy seguro de que el trabajo coordinado entre las instituciones, comunidades y autoridades locales permitirá enfrentar este desafío”, indicó. Ruiz Massieu sostuvo que para superar la emergencia debida a la pandemia del coronavirus y echar a andar una recuperación sólida será clave la unidad nacional en torno a la consolidación de la paz. Finalmente, el enviado especial reafirmó el interés y disposición de la ONU de seguir apoyando a Colombia en el proceso de paz.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. “Pero las víctimas, los pueblos nativos que tienen por costumbre recordar la historia para construir desde ello, no olvidaron y esperaron con la paciencia que les caracteriza. Su tiempo, es diferente al nuestro, y la etnia, a la que el establecimiento tenía por “la más pacífica”, vino y en un acto de fuerza derribó el símbolo del poder español empotrado en su lugar sagrado”. Walter Aldana, cofundador del movimiento campesino del Cima, ex-asesor de paz del Cauca y columnista social y político. En la tarde del pasado 16 de septiembre videos, fotos y noticias empezaron a circular mostrando cómo había sido derribada por indígenas de la comunidad Misak, la estatua de Sebastián de Belalcázar ubicada en El Morro del Tulcán de la ciudad de Popayán. El sentir: dignidad, la misma que nunca se debería negociar y la que siempre debería ser transversal en los relatos que narran nuestra historia, que construyen memoria. Hay que decir que la estatua de Belalcázar había llegado a este lugar de la Ciudad Blanca, como lo contó Walter Aldana en palabras del antropólogo Hernán Torres, “en el marco de la celebración de los 400 años de Popayán, cuando se acordó hacer dos estatuas; la ecuestre de Sebastián de Belalcázar para ser instalada en la plazoleta de San Francisco y la del cacique Pubén en el cerro. El resultado final: Belalcázar al Morro y Pubén desaparecido”. Cuenta también Walter Aldana que: “Finalmente los indígenas relegados de la meseta de Popayán, solo cuando vienen a la ciudad observan a su verdugo, quien con perros rabiosos asesinó a muchos de sus antepasados. Es en últimas como vivir en la casa con el violador, y que además esté ocupando el segundo piso desde donde envía el mensaje de la autoridad, de la imposición, en últimas de la humillación”. Con este primer contexto hay que decir que este acto hizo parte de una reivindicación a la memoria, en un país totalmente colonizado, donde sus calles, su historia oficial, sus creencias, su economía, su política, todo gira en torno a un proceso de invasión, de destrucción y masacre que se ha querido invisibilizar y hasta normalizar. Así, este hecho que ayer fue noticia, bajo el discurso de defensa a la propiedad sobre cualquier tipo de respeto a la vida y a la dignidad, fue hasta nombrado como ‘violencia y destrucción’, demostrando de nuevo un espaldarazo mediático a la memoria excluyente. En este sentido hay que nombrar también que este acto hace parte de un juzgamiento realizado por el Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente firmado en junio de este año, en el que se acusa a Sebastián Moyano y Cabrera alias Sebastián de Belalcázar, reconocido como conquistador de Popayán, de: “Genocidio, despojo y acaparamiento de tierras, desaparición física y cultural de los pueblos que hacían parte de la Confederación Pubenence, tortura por medio de técnicas de empalamiento y ataque con perros asesinos a los fuertes guerreros Misak Pubenences y asesinatos de Taita Payan, Taita Calambas y Taita Yasguen. Hurto del patrimonio cultural y económico de la herencia Pubenence, repartición arbitraria de tierras, esclavitud por medio de la institución de las encomiendas, despojo forzado del NUPIRO- gran territorio Pubenence, violación de mujeres, esclavización de la mano de obra indígena para enriquecimiento ilícito. Imposición de costumbres y creencias como el cristianismo, profanación de sitios sagrados y desarmonización espiritual. Todo lo anterior con los siguientes agravantes: las conductas anteriormente descritas fueron realizadas con sevicia y dolo, bajo la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su arbitrariedad”. Con esto hay que resaltar que, desde antes de este comunicado presentado en junio de este año, se venía solicitando encuentros para debatir sobre la presencia de la estatua en el territorio, solicitud que no fue procesada, aun cuando se había señalado reiteradamente la violencia simbólica que significa la estatua de Belalcázar en este punto de Popayán. Que además fue derrocada también con motivo a los asesinatos selectivos en el Cauca contra comunidades indígenas, que solo como muestra del genocidio que continúa; un día antes había sido asesinado en Suárez, Cauca Luis Arley Chaguendo, un comunero de 24 años, perteneciente al resguardo de Tacueyó en Toribio. Esto, luego que comunidades indígenas denunciaran en una audiencia pública la oleada de violencia, que solo en este año le ha costado la vida a alrededor de 60 indígenas en el departamento. Asimismo, se nombró desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que haber derribado la estatua por parte del pueblo Misak también es una muestra simbólica del rechazo a la criminalización de la protesta social, evidenciada en este territorio, pero también en algunas ciudades del país en los últimos días. Igualmente, como muestra de inconformidad ante la oleada de violencia y masacres, que solo en este año se han reportado cerca de 57. ¿Qué pasó luego de derribada la estatua? A pesar de todos estos motivos, los señalamientos hacia la comunidad indígena no cesaron, incluso en esta mañana varios comentarios deslegitimadores empezaron a circular, y, adicionalmente, se alertó sobre un grupo de WhatsApp en el que se estarían organizando acciones contra los/as indígenas. Sobre esto Walter Aldana comentó: “La situación había sido una oportunidad importantísima para que el alcalde de manera inteligente hubiera convocado a los/as unos/as y a los otros/as y generara un espacio de reflexión sobre las verdades diversas, pero no, el alcalde salió con la bandera de Popayán, una bandera que además tiene a los lados dos cruces de los templarios, es decir más colonizados para dónde, a decir que va a reinstalar la estatua. Una vez la ponga seguramente se va a volver a tumbar, pero es ver cómo la institucionalidad sigue respaldando esos discursos”. Por otro lado, y también como otra de las acciones de la comunidad indígena se comunicó desde el CRIC que el consejo regional a través de sus autoridades “ha determinado que la minga suroccidente se reactiva. (…) Se va a seguir porque hay una deuda desde el año anterior en la que el presidente no le ha dado la cara al pueblo, y las comunidades han manifestado que si no le da la cara al pueblo no se van a bajar de ahí. Es verdad que hoy hay una amenaza con la pandemia, pero es que hoy nos están matando. No hay garantías del derecho a la vida y a la paz”. Con todo esto es necesario cerrar retomando las palabras escritas en junio por el Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente: “Que Colombia y el mundo se den cuenta que la conciencia y la memoria histórica de los pueblos indígenas florece sobre estos territorios que han sido despojados. Que el clero y la clase política criolla, heredera de este legado genocida que han vivido invadiendo y explotando nuestra madre tierra, sepan que nunca hemos sido vencidos y estamos aquí, con la fuerza de la gente”.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Pares. Justicia y Paz fue el marco de justicia transicional aprobado en Colombia mediante la Ley 975 del 2005, la cual permitió la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar liderado por Carlos Castaño, Vicente Castaño y Salvatore Mancuso durante los años 1997 y 2005. El procedimiento de esta justicia se dio en tres etapas: la etapa investigativa, la probatoria y por último la conciliatoria. A la vez, la etapa investiga se divide en cuatro momentos que son: i) las versiones libres, ii) citación a víctimas, iii) la verdad caleidoscópica, y iv) los procesos de verificación. El principal beneficio que otorgó esta ley fue la reducción de la pena por violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad a un mínimo de cinco (5) y máximo ocho (8) años de prisión sin importar el tipo de crimen que se confiese. En la actualidad, las víctimas de violencia sexual de paramilitarismo desde la extradición en el 2008 de Mancuso, no han tenido verdad ni mucho menos reconocimiento y reparación. Imagen: Cortesía. Ahora bien, la ley deja claro que, si su testimonio no contribuye a la construcción de verdad y esclarecimiento de los hechos de una manera plena, ya no tendrán acceso al beneficio de la reducción de la pena y podrán ser juzgados a través de la justicia ordinaria. En efecto, Justicia y Paz permitió un acercamiento de las víctimas del paramilitarismo con el Estado; no obstante, fue un proceso que privilegió las versiones de los victimarios, quienes se encuentran aún en deuda con la construcción de la verdad. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en los informes de ¡Basta Ya! y Justicia y Paz: Los silencios y olvidos de la verdad, señaló que las versiones libres que dieron los paramilitares no dan cuenta de todos los delitos cometidos y que existe un subregistro alto de hechos violentos. En concordancia, un informe académico elaborado por el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y su instituto de salud pública evidenciaron, según un análisis de las 51 sentencias dadas por los tribunales de Justicia y Paz durante 2006-2017, que los procesados reconocieron su responsabilidad sobre los delitos que se les imputaron, pero sus aportes a la verdad fueron incompletos. Así las cosas, la calidad de la verdad judicial fue baja en un 44%, media en un 55% y alta en 1%, en relación con la determinación de los móviles del delito, la determinación de circunstancias en tiempo, lugar y responsabilidades y la prevalencia de las víctimas en el testimonio. En este último indicador la investigación reveló que los hechos relatados corresponden un 76% a la versión de paramilitares y un 6% a la versión de las víctimas. Una de las formas de violencia que más han tratado los victimarios de desligar del accionar paramilitar y que se encuentra en deuda de esclarecimiento, es la violencia sexual como acto de guerra. El reconocimiento de los altos mandos como Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo “Jorge 40” frente a estos crímenes se ha dado a partir de hecho fortuitos y que acontecieron por la pérdida de control en la tropa, pero no precisamente como un arma contrainsurgente que fue ordenada, mientras otros han negado la existencia de estos. De está manera, se desconoce la sistematicidad y la generalidad de la violencia sexual, lo que conlleva a su incomprensión como crimen de lesa humanidad. Esto sucedió específicamente en el Bloque Norte de las AUC en Cesar y Magdalena. En el caso de Mancuso como miembro del Estado Mayor y comandante del Bloque Catatumbo, se le declaró responsable en el 2015 “por 645 delitos sexuales contra mujeres integrantes de la población civil, de los cuales 31 se atribuyeron al accionar” del bloque que comandó, 162 atribuidos al Bloque Norte, 17 al Bloque Córdoba y 3 al Bloque de Montes de María. En la macro sentencia SP 16258-2015 se señala que de los 57.883 hechos confesados que documentó la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, solo 135 corresponden a delitos de violencia sexual8. En la actualidad, según el abogado de Mancunso, se le imputan 80.000 hechos criminales, de los cuales faltan por sancionar 75.0009 y se desconocen cuántos de estos corresponden a violencias basadas en género. Los Paramilitares, según el CNMH entre 1997 y 2005, son responsables de 4.342 casos de violencia sexual. La población que sobre la cual se cometieron estos hechos fueron niñas, adolescentes, mujeres adultas, de áreas rurales, urbanas, pertenecientes a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, principalmente. En el caso de Mancuso como miembro del Estado Mayor y comandante del Bloque Catatumbo, se le declaró responsable en el 2015 “por 645 delitos sexuales contra mujeres integrantes de la población civil, de los cuales 31 se atribuyeron al accionar” del bloque que comandó, 162 atribuidos al Bloque Norte, 17 al Bloque Córdoba y 3 al Bloque de Montes de María. Imagen: Cortesía. Las formas de violencia sexual ejercida por este grupo se pueden entender a partir de cinco (5) tipologías: violencias sexuales que registren derechos sexuales y reproductivos, explotación sexual, coerción de tipo sexual, actos y torturas sexuales. A raíz de esto, los delitos tuvieron que ser tipificados posteriormente por la legislación penal colombiana ante su ausencia en el código penal y la imposibilidad de judicializar los delitos cometidos por este grupo. Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental que Mancuso regrese al país a contar la verdad como fundador e integrante del Estado Mayor de las AUC, pero es todavía más imperativo su reconocimiento sobre los 4.342 casos de violencia sexual documentados, los cuales se sustentaron en una clara estrategia militar que tuvo como propósitos la expulsión de comunidades que habitaban en territorios estratégicos y de interés para sus proyectos económicos, políticos y de expansión territorial. Genuinos actos de guerra que no se pueden desconocer, e incluso, si se llegaran a desvirtuar las confesiones que dan cuenta de estos delitos, se procedería a la pérdida de beneficios que otorgó la Ley 975 del 2005. Se debe reconocer la responsabilidad de Mancuso por cadena de mando en los delitos sexuales por los que han sido juzgados algunos de sus hombres como autores materiales en Norte de Santander, La Guajira, Bolívar, Sucre, Magdalena, Atlántico, Cesar y Córdoba. Así mismo, la responsabilidad en los hechos que aún no han podido ser judicializados y no han sido reconocidos y/o confesados. En la actualidad, las víctimas de violencia sexual de paramilitarismo desde la extradición en el 2008 de Mancuso, no han tenido verdad ni mucho menos reconocimiento y reparación. Cabe resaltar que los delitos confesados a los que tuvo acceso está investigación no corresponden a la totalidad que se le responsabilizaron en el 2015 y que seguramente existen casos que no han sido judicializados y en los que Mancuso tiene plena responsabilidad. Por este motivo, es crucial que Mancuso compadezca ante la justicia sea nacional o internacional y cuente la verdad completa sobre todos los hechos de violencia, especialmente los de violencia sexual. De esta manera, se resuelvan todos los casos imputados que no han podido ser desde su extradición a Estados Unidos en el 2008.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Hoy, 16 de septiembre se cumplen 44 años de uno de los hechos de violencia contra jóvenes que más ha marcado la historia latinoamericana. Hace 44 años Claudio De Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro fueron secuestrados en una primera jornada de un operativo de persecución realizado por la Policía Bonaerense y el Batallón 601 del Ejército, contra quienes en 1975 se habían movilizado por el boleto estudiantil, logro que fue conseguido en ese año, pero que un año después durante la dictadura de Jorge Rafael Videla fue suspendido. Esta lucha en nombre de la educación y del poder acceder a ella se venía desarrollando por jóvenes, quienes además desde los 60 y 70 se habían comenzado a organizar en el marco de una lucha de clases que condujo a gente joven, estudiante, a confluir en espacios políticos de distintos sectores como el movimiento obrero, para así hacerle frente a la situación social de opresión que se vivía y que además tenía como contexto generalizado los regímenes dictatoriales, pero también eventos que llamaban a la acción como como la Revolución Cubana. En este marco, un día después, el 17 de septiembre, fueron retenidas Emilce Moler y Patricia Miranda. Luego de esto fue Pablo Díaz, y se conoce que días antes del primer operativo fue secuestrado Gustavo Calotti. Estos diez jóvenes tenían varios puntos de encuentro: tenían entre 14 y 17 años, eran estudiantes secundarios que militaban en la Unión de Estudiantes (UES) y en la Juventud Guevarista, fueron torturados, secuestrados, desaparecidos, algunos asesinados, pues solo 4 de ellos/as sobrevivieron y fueron liberados/as entre 1978 y 1980: Gustavo Calotti, Emilce Moler, Patricia Miranda y Pablo Diaz. También todos/as estuvieron meses siendo torturados en centros clandestinos de detención como el Arana, Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires y las Comisarías 5.ª, 8.ª y 9.ª de La Plata y 3.ª de Valentín Alsina, en Lanús y el Polígono de Tiro de la Jefatura de la Provincia de Buenos Aires. Además, fueron parte del ataque y persecución que se levantó durante la dictadura cívico-militar que acabaría en diciembre de 1983, en la que se trató de eliminar todo proceso organizativo con intereses relacionados con el bien común, los cuales les eran ajenos a los gobernantes de dicho periodo, que tachaban de subversión a cualquier apuesta social diferente a las bases del neoliberalismo. Hasta la fecha ha sido esa misma organización social que ha surgido en Argentina la que ha permitido que se conozca lo ocurrido, la que además logró que se hayan condenado a 23 represores por 280 crímenes de lesa humanidad y que la solicitud de justicia sea incesante. Hoy la Noche de los Lápices es un llamado a reflexionar sobre las intenciones de los gobiernos represores a eliminar cualquier tipo de militancia y lucha de las y los jóvenes a través de acciones criminales como la desaparición y el asesinato. Recordar es un acto político y a su vez una ventana para entender cómo esos escenarios se han trasladado en el tiempo a través de discursos e intereses similares. ¿Qué está pasando en Bogotá? Con esta conmemoración se hace pertinente volver a analizar la situación que hay y que se ha acentuado contra las y los jóvenes en Colombia, y especialmente en los últimos días en Bogotá. Agosto mostró el juvenicidio que se ha querido perpetrar, solo en ese mes se conoció la masacre de cinco jóvenes en Llano Verde, Cali. La noche del 9 de ese mismo mes una nueva noticia se conocería, esta vez que ocho jóvenes habían sido asesinados en Samaniego, Nariño. Tras esto, se informó que dos hermanos: Jeison Fajardo Ruiz y Alejandro Fajardo Ruiz, de 15 y 16 años, respectivamente habían sido asesinados. Ellos oriundos de Caquetá, habían llegado al municipio El Patía, en el sur del Cauca, donde además de quitarles la vida también los torturaron. Un hecho similar había ocurrido días antes en Leiva, Nariño, donde fueron asesinados otros dos menores; Cristián Caicedo (12 años) y Maicol Ibarra (17 años), quienes iban en camino desde Balboa al municipio nariñense a dejar tareas al colegio San Gerardo, pues ante la poca la poca conectividad en el sector, esta opción era la que tenían los menores para cumplir con sus responsabilidades académicas. No obstante, en una de sus rutinas que en medio de la pandemia se convirtieron en sus cotidianidades, fueron asesinados por miembros de las Autodefensas Gaitanistas. Además, en esos días también fue comunicado por el gobernador de Nariño, John Rojas, que se habían masacrado tres jóvenes indígenas pertenecientes al resguardo Canawari, en jurisdicción de Pueblo Viejo en el departamento de Nariño. Por otra parte, masacres donde también hubo jóvenes asesinados se reportaron en el mismo mes en Tumaco, Nariño y Ábrego, Norte de Santander. Ahora, iniciando un nuevo mes el horror y la criminalización de los jóvenes se concentra en Bogotá, donde solo en dos días fueron asesinadas 14 personas, cuyo promedio de edad eran los 23 años: Lorwuan Mendoza (26 años), Gabriel Estrada (28 años), Cristhian Hurtado (27 años), Marcela Zúñiga (36 años), Jaider Alexander Fonseca (17 años), Julieth Ramírez (18 años), Germán Puentes (25 años), Julián Mauricio González (27 años), Cristhian Camilo Hernández (24 años), Andrés Felipe Rodríguez (23 años), Freddy Alexander Mahecha (20 años), Angie Paola Vaquero (19 años) y Cristián Rodríguez (21 años). Estos jóvenes también tienen puntos de encuentro: fueron asesinados/as por arma de fuego durante las protestas que se realizaban contra la violencia policial, cuando uniformados durante dos noches, la del 9 y el 10 de septiembre, disparaban sin importar la vida e integridad de las personas a diestra y siniestra en barrios de la capital; ese es otro punto en común, estas personas pertenecían a sectores populares de Bogotá como Usaquén, Suba, Engativá y Kennedy, al igual que puntos de Soacha como Ciudad Verde. Por otra lado, y como parte de un discurso estigmatizante y criminalizador, hay que decir que las protestas, que además dejaron al menos 209 civiles heridos/as, han sido señaladas de estar lideradas, pensadas y desarrolladas por grupos subversivos como el ELN y las disidencias de las Farc, desviando la responsabilidad de la Fuerza Pública y poniendo en riesgo que la justicia llegue para estos casos, que además quienes fueron víctimas de lo ocurrido el 09 y 10 de septiembre recibieron un mensaje del nivel de compromiso de Duque con este hecho, quien no asistió al acto de reconciliación programado el pasado domingo, pero sí se acercó a algunos CAIs de la ciudad posando con uniformes de la policía, que bien muestra una posición política y también evidencia el peligro que hay de impunidad. “La influencia que puede tener en estos eventos estructuras armadas es poca o nada porque como conocedor de ese mundo sé que, si se programa una protesta con 20, 10 días de anticipación se pueden organizar para estar presentes, pero en cuestión de horas es imposible dicha preparación. Esto es una estrategia para obviar las responsabilidades del Estado en esto. Es una canallada escudase en este tipo de acusaciones públicas”, agregó León Valencia, director de Pares. Además, y en un marco de contexto mayor, esta campaña de estigmatización también ha sido utilizada por la Policía Nacional que informó que los hechos ‘vandálicos’, como los señalan, han sido organizados desde noviembre hasta los ocurridos la semana pasada por, por lo menos, “20 grandes grupos radicales situados en la capital, los cuales en su mayoría están integrados por estudiantes universitarios, así como menores de edad provenientes de la secundaria (…) Según el informe de inteligencia, los jefes de estas redes, además, se desplazan a los barrios periféricos de Bogotá y Soacha para encubrirse en actividades de tipo social”. (El Tiempo, 2020). Esta aseveración es un riesgo para quienes por años se han organizado en los barrios por distintas y justas causas, pues es apenas evidente las diferencias sociales y de garantías de vida digna que se tienen en una ciudad tan grande como Bogotá, donde además de la estratificación, estas desventajas se ven hasta por la ubicación geográfica. Así que para procesos que le han hecho frente a eso desde lo educativo, ambiental, cultural, social, económico y político este tipo de discursos atravesados por varias aristas siguen perpetrando la persecución a los jóvenes y estudiantes pertenecientes a distintos movimientos sociales. Muestra de esto es que solo ayer, luego de publicada la información anteriormente nombrada, aparecieron panfletos amenazantes de las Águilas Negras en Usme, San Cristóbal y Bosa, en los cuales en los tres se amenaza a los procesos organizativos de los barrios de estas localidades, que en su mayoría están integrados por jóvenes que hacen parte de diversos procesos con distintos trabajos de base. “Esta situación con los jóvenes está desatando una rabia muy grande. Hay una especie de síntoma en contra de la juventud en Colombia que se ve en las masacres que se han cometido y también en las agresiones que se han dado en los últimos días. Todo esto justo contra un sector que se debería proteger más: la juventud”, concluyó León Valencia.

Por: Sergio Saavedra: Periodista Pares. El ELN es uno de los grupos que más se ha fortalecido desde la llegada del presidente Duque a la Casa de Nariño. De hecho, desde 2018 a 2020 el ELN ha incrementado su copamiento territorial pasando de 99 municipios a nivel nacional a consolidarse en 167 municipios. Esto según el más reciente informe de la Fundación Paz & Reconciliación “Seguridad en Tiempos de Pandemia: legados de guerra y crimen organizado en Colombia”, en el cuál se advierte que el Estado colombiano está perdiendo la batalla con los grupos armados en los territorios en los que históricamente hizo presencia la otrora guerrilla de las FARC -EP y que, tras el Acuerdo de Paz, fueron abandonados por los exguerrilleros y fueron copados por la violencia antes de que el Estado hiciera presencia integral. Presencia territorial De acuerdo con la investigación de Pares, el ELN hace presencia en 17 departamentos en Colombia y cuenta con más de 3.000 guerrilleros alzados en armas. Además, una de las zonas en donde ha consolidado su presencia es en la frontera con Venezuela, incluso, hace presencia en suelo venezolano. Específicamente en los departamentos de Arauca y Norte de Santander en donde operan los Frentes de Guerra Oriental y Nororiental. Según el informe, el ELN está constituido por los Frentes de Guerra Norte, Oriental, Darío Ramírez, Central, Occidental, Suroccidental y Nororiental. Además de la búsqueda por el control territorial que tenía las antiguas FARC, la disputa del ELN está deriva por el mantenimiento del control de economías ilegales. Según este informe, estas obedecen a: minería ilegal, contrabando —bovinos, queso, gasolina, otros— narcotráfico, y pasos ilegales en zonas fronterizas. Los hechos víctimizantes que azotan al país, sin duda, tienen un origen en los repertorios de violencia de los grupos armados tanto ilegales como legales, y sus disputas. Para el caso del ELN —según el informe— está vinculado con los casos “de desplazamiento forzado, confinamiento, reclutamiento forzado, restricciones de movilidad, amenaza y secuestro.” Por otra parte, en el informe se señala el uso de minas antipersona llegando incluso al 92% de las víctimas registradas en los primeros cuatro meses de 2020. Accionar en tiempos de pandemia Otro de los datos que arroja el informe sobre el ELN tiene que ver con que su accionar no cesó en tiempos de pandemia. Según las investigaciones de Pares, desde que se decretó el aislamiento preventivo por parte de la presidencia de la República, se registraron por lo menos 22 afectaciones de Derechos humanos por parte del ELN. Las cuales, según el informe, se concentraron en Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Venezuela.” Otra de las alarmas que lanza el informe tiene que ver con que dentro de los repertorios de violencia del ELN están: “las restricciones de movilidad, acciones en contra de la infraestructura petrolera y ataques a la Fuerza Pública en pleno Covid19”. Una paz cada vez más lejana De acuerdo con una de las conclusiones del informe en materia del ELN, no se prevé posibilidades de diálogo entre el ELN y el Gobierno Nacional. Incluso, tal como lo expone el informe, debido a la negativa del Gobierno Nacional en esa dirección. A pesar de la solicitud de Cese de Fuego Bilateral propuesto por esta guerrilla. Por otro lado, el informe hace hincapié en que uno de los actores fundamentales en este alejamiento de paz, tiene que ver —justamente— con los incumplimientos de lo Acordado entre el Estado colombiano y las antiguas FARC -EP. Por ejemplo, uno de estos hechos tiene que ver con el recrudecimiento de la violencia en contra de los y las firmantes de la paz durante el gobierno de Iván Duque. De los 226 asesinados tras la firma del Acuerdo, 150 han sido perpetrados durante los dos años de Duque, según cifras del partido FARC. Las tres grandes dificultades Cabe recordar los tres grandes escenarios de dificultad que ha planteado Luis Eduardo Celis, analista y experto en temas de conflicto y paz, para superar para un proceso de paz exitoso: un gobierno que tenga una oferta de negociación que pueda incluir al ELN, una dinámica de participación social, política y ciudadana que se involucre a fondo en la solución de este conflicto, con energía y propuestas y un ELN que se decida, con firmeza, por el camino negociado para salir de un proyecto de resistencia armada que no trae nada bueno para las comunidades donde permanece ni para el país, que debe seguir trabajando por transformaciones en una acción social y política sin violencia. «Este grupo se podría sintonizar y ganar respaldo en la sociedad, desafortunadamente eso no lo ve y se mantiene en su proyecto de fuerza y resistencia lo cual lo aleja de una sociedad con la que podría trabajar por un proceso de paz, no ahora, pero sí con un gobierno interesado en resolver este conflicto armado, con transformaciones que son necesarias en los 120 municipios donde permanecen y extensivos a una Colombia que requiere nuevos acuerdos y derroteros de acción social y política», sentencia el experto.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado viernes 11 de septiembre desde la Alcaldía de Bogotá se promovió un acto de llamado a la reconciliación en la capital, luego que desde el 08 de septiembre se presentaran una serie de hechos violentos cometidos por la Policía, los cuales iniciaron con el asesinato de Javier Humberto Ordoñez, y siguió con la masacre de 13 personas (10 en Bogotá, 3 en Soacha), y, al menos, 209 civiles heridos/as. El acto fue programado para el 13 de septiembre e iniciaba con una ceremonia ecuménica, en la cual llamó la atención la ausencia del presidente Iván Duque, quien no estuvo en este acto, aunque las familias de las víctimas habían solicitado y solicitaron durante el espacio la presencia y además el explicito compromiso de Duque para garantizar la justicia en estos hechos. “Aquí hoy no solo debería estar la alcaldesa. Aquí debería estar el presidente, debería estar la Policía Nacional pidiéndonos disculpas y reconociendo este hecho que cometieron, porque como se ha mencionado hay muchas pruebas en donde se ve que ellos son quienes matan nuestros jóvenes. Son muchas preguntas que hay para la Policía Nacional, no solo de mi parte, sino de cada una de las personas que estamos acá: ¿quién dio las órdenes para que empezaran a disparar, para que acribillaran a nuestros jóvenes?”, aseveró durante la ceremonia Mayra Páez, pareja de Jader Fonseca, joven asesinado el 09 de septiembre. Vale la pena mencionar que antes de la ausencia de Iván Duque se había comentado en medio de la alocución realizada por la alcaldesa el viernes que ella le había solicitado al presidente que “se avoque una reforma estructural a la Policía. El presidente me dijo que él no consideraba que se debiera hacer una reforma legal o constitucional a la Policía. Cuando hablo de reforma me refiero a que de una vez por todas la Policía sea un organismo civil, que no tenga ni formación, ni operación, ni fuero militar, sino un organismo civil que responda ante la ciudadanía y ante la justicia ordinaria. El señor presidente me ha dicho que él descarta de plano esa reforma”, indicó Claudia López. Luego de esto el hecho el siguiente fue la silla vacía por parte del presidente, que como representación envío al comisionado de Paz, Miguel Ceballos y a la consejera de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez. Sin embargo, era evidente la necesidad de su presencia allí, pues más allá de los otros compromisos, este era un espacio que merecía toda la atención, sobre todo institucional, por la gravedad de lo ocurrido en los días anteriores. No obstante, no hay que dejar de lado que, en un acto de diálogo, además diálogo relevante, esta no es la primera vez que Duque deja de asistir. Vale la pena recordar que en abril de 2019 el mandatario, aunque llegó al Cauca donde se reuniría con indígenas, finalmente decidió no llegar al punto de Caldono donde miembros de la Minga lo esperaban luego de una estar protestando y bloqueando la vía Panamericana por días, exigiendo, entre otras cosas, la atención del presidente. “Cada vez que hay problemas con comunidades, con víctimas a él no le gusta eso, a él le gusta su programa de televisión, las reuniones para conspirar y tumbar a Maduro, viajar a Washington, pero esto de reunirse con víctimas, comunidades, eso no le gusta. No era de extrañarse que él iba a hacer eso y que ese fuese el mensaje que le manda a las víctimas. Además, por ejemplo, su partido está liderando cuestionables procesos de la Ley de Víctimas, entonces no hay nada raro”, dijo Ariel Ávila, subdirector de Pares, en Semana. Adicionalmente, hay que señalar que en el marco de protestas que se han venido realizando desde el asesinato de Javier Ordoñez, se promovió una al tiempo del acto de reconciliación, incluso terminando en la Plaza de Bolívar, donde inició la jornada ese domingo. Sin embargo, estas como una radiografía de lo que ha estado pasando con la criminalización y estigmatización de la protesta social, también terminó en excesos de la fuerza del ESMAD, incluso cuando ese día el llamado era a la reconciliación y al retorno de confianza con la Policía. Señalando, a su vez, que en medio de esa estigmatización lo que también se ha querido mostrar es la supuesta utilización de la protesta social por grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc. Todavía, titulaba el domingo El Tiempo: “CAI eran blanco desde marzo pasado, pero pandemia frenó plan”, agregando que: “Tanto el Gobierno central como la administración de Bogotá, con vocería del secretario de Seguridad, Hugo Acero, le admitieron a EL TIEMPO que en el ataque feroz a estas estructuras públicas hubo organización y sistematicidad. Incluso, células criminales se trasladaron a diferentes sectores de la capital, con elementos incendiarios, para destruir un total de 68 de estas estructuras solo en la ciudad”. “Esa teoría para los expertos parece ridícula, por decir lo menos. Habría que pensar dos cosas: las Farc en su mejor momento, en los 90 cuando se tomaban capitales departamentales, concentraban de a 500 guerrilleros, nunca logró hacer una cosa de esas en Bogotá. Significa, entonces, que si son disidencias y ELN hoy están más fuertes que en los años 90. Eso significaría que la política de seguridad es un fracaso”, agregó Ariel Ávila. Hoy, 15 de septiembre, una nueva víctima mortal cobró la masacre perpetrada en Bogotá, se trata de Cristián Rodríguez un joven de 21 años que en la noche del 10 de septiembre recibió un impacto de arma de fuego en las calles de Engativá. Este hecho sigue mostrando la urgencia de una reforma a la Policía, pero también la necesidad de dejar desviar la responsabilidad de lo ocurrido hace unos días e instar para que las instituciones sean garantes de justicia, y no que brillen por su ausencia y por la estigmatización de la protesta social y de quienes protestan.

Por: Línea Conflicto Paz y Posconflicto Pares. Han transcurrido casi cuatro años desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-Ep y dos años desde la posesión de Iván Duque Márquez, del partido Centro Democrático, como presidente de los colombianos. En las últimas semanas se han registrado una serie de hechos de violencia con un grado de intensidad tan grande, que tiene sumida en la preocupación y el miedo a la sociedad colombiana. Por una parte se han producido una serie de masacres que han dejado varias decenas de muertos. Descargue el informe completo También se han presentado ataques contra la Fuerza Pública que han dejado como resultado varios de sus miembros heridos y muertos y, finalmente las comunidades en diferentes puntos de la geografía nacional han presenciado con horror los combates entre organizaciones criminales que duran días enteros. Después de meses de investigación al respecto, la Fundación Paz y Reconciliación –Pares, presenta este informe sobre la crítica situación de seguridad de Colombia que señala cinco (5) grandes conclusiones: Primera: Al analizar los datos en materia de seguridad se puede decir que, si bien el homicidio presenta un descenso con respecto al año 2019 producto del confinamiento preventivo, lo cierto es que varios indicadores de seguridad han tenido retrocesos complejos. Por ejemplo, el desplazamiento forzado, las acciones violentas en territorios y las acciones subversivas. Todo parece indicar que al hacer un análisis de varios años que, este retroceso en materia de seguridad venía desde hace, por lo menos, dos años, pero podría clasificarse como una realidad subterránea, no se veía claramente. Segunda: Los Grupos PostFarc o Disidencias, el ELN y los Grupos Armados Organizados han casi que doblado su presencia armada territorial en los últimos dos años. Los Grupos Armados PostFarc pasaron de operar en 56 municipios en 2018, a 113 a agosto de 2020. El ELN pasó de estar en 99 municipios a más de 160 en 2020, y el Clan del Golfo opera en algo más de 200 municipios actualmente. Tercera: La ola de violencia más reciente, con varias masacres de por medio, se podría explicar por el concepto de empate técnico negativo. Generalmente, cuando hay disputa criminal esta tiene una duración de dos (2) años o un poco más. Actualmente, la disputa por varias zonas que eran de las antiguas FARC lleva tres (3) años como producto de la imposibilidad de que una organización criminal se imponga sobre las otras. Ninguna es lo suficientemente fuerte como para ganar la guerra, por consiguiente acuden a la violencia contra la población civil para ganarse la adhesión de las comunidades. Por lo menos habrá un año más de disputa criminal en varias regiones del país. Cuarta: A pesar de añadir de manera formal los lineamientos del Plan Marco de Implementación-PMI, el cual orienta la política pública para la implementación del Acuerdo en el Plan Nacional de Desarrollo, principalmente por obligaciones normativas nacionales e internacionales, lo cierto es que los balances de implementación del Acuerdo de Paz realizados por centros de pensamiento y organizaciones sociales independientes del Gobierno, e incluso por instituciones del Estado, han evidenciado la falta de voluntad política para la materialización de lo pactado. Los constantes incumplimientos en asuntos tan álgidos como los pagos a las familias que sustituyen de manera voluntaria sus cultivos de coca o las garantías de seguridad de líderes, lideresas y excombatientes de las Farc-Ep. Una de las principales conclusiones del informe de la Contraloría General de la Nación sobre la implementación del Acuerdo, es que en ninguno de los años de implementación se ha ejecutado el 100% de los recursos destinados por año y sólo se llega hasta el 65% de ejecución. En este sentido, pronostican que, de seguir este ritmo, la implementación podría durar 25 años, es decir 10 años más de lo previsto. Acerca de la falta de garantías de seguridad los datos de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, desde la firma del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016 hasta el 25 de agosto de 2020, indican que han sido asesinados 437 líderes sociales y 231 durante el gobierno Duque. Por su parte, han sido asesinados 224 firmantes de paz de la FARC desde la firma del Acuerdo hasta el 25 de agosto de 2020 y 148 en este mandato según los datos aportados por el partido FARC. La perspectiva integral de seguridad trazada en el Acuerdo para que de manera participativa se construyeran alternativas para el desmantelamiento de estructuras criminales fue reemplazada por el regreso a una visión militarista de la seguridad, caracterizada, entre otras, por el despliegue de Fuerzas Militares en las zonas más violentas del país sin acompañamiento integral de instituciones de justicia, ni tampoco por la recuperación del territorio por parte del Estado. Quinta: Se evidencia una crisis en la Fuerza Pública y, en particular, en las Fuerzas Militares. Desde el inicio del mandato del presidente Iván Duque, las Fuerzas Militares han estado en el ojo del huracán. Denuncias de organizaciones internaciones sobre la elección de su cúpula militar, donde algunos integrantes estaban inmersos en investigaciones y escándalos por violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre los cuales se cuenta el excomandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez. La denuncia del New York Times, realizada en mayo de 2019 señala que las directrices que promovían la reducción del estándar de precisión en operaciones militares e incentivos con el propósito de obtener resultados, fueron el inicio de una serie de escándalos.