Por: Laura Cano. Periodista Pares. En medio el río más importante del país, el mismo que con sus 1.528 kilómetros sirve como corredor entre el centro y el norte de Colombia, se ubica una región llena relatos, pues en sus departamentos: Bolívar, Santander, Cesar, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Magdalena, además de pasar las aguas del Río Magdalena, también pasa y ha pasado la historia del conflicto en Colombia. Al Magdalena Medio llegó el ELN en los 70. Allí estuvieron hasta finales de los 90 cuando el control del paramilitarismo se comenzó a imponer con la llegada del Bloque Central Bolívar comandado por ‘Julián Bolívar’, grupo que con el discurso de acabar con la subversión cometió masacres, desplazamientos forzados, asesinatos, sembrando miedo y zozobra. Hay que decir que solo en el Magdalena Medio entre 1985 y el primer semestre de 2015 fueron desplazadas 146.460 personas. Mientras que el Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto informó que en la región entre 1970 y 2013 hubo 2.627 casos de víctimas directas de desaparición forzada. Además, hay que señalar que en estos periodos también las organizaciones sociales y sindicales sufrieron persecución por parte de los paramilitares, la cual se fue fortaleciendo como una estrategia de terror con la que se buscaba intimidar y eliminar cualquier tipo de participación política. De estos escenarios hay historias que quedan por escribir, leer, escuchar, reconocer. Hoy presentamos tres de ellas, de tres mujeres de distintas zonas de Magdalena Medio: Yondó (Antioquia), Barrancabermeja (Santander) y San Pablo (Bolívar). *** Aquí en Yondó yo vivo en una vereda. Usted sabe que una en el campo tiene muchas cosas. Los territorios son muy amplios; tenemos el agua, la tierra, los cultivos, entonces una mantiene entretenida y se enamora de esos espacios donde una vive. Se tiene el trabajo, el alimento de todos los días, prácticamente una tiene la vida ahí. Eso fue así hasta cuando llegaron los paramilitares a la vereda San Francisco, donde nosotros vivíamos. Llegaron a atacar a la población civil, a nuestros vecinos, nuestros familiares y empezaron a hacer daño matando perros, amarrando personas, disparando al aire, poniéndonos las armas al frente. Una se atemoriza y siente mucha tristeza porque es el territorio donde nunca se quiere sufrir y tampoco se quiere dejar. Pero esa violencia se fue volviendo parte del día a día, era un constante miedo y daño psicológico. Finalmente, decidí desplazarme el 06 de febrero de 1997. Ahí fue mucha gente la que salió de San Francisco hacia Barrancabermeja. Nos fuimos a vivir un panorama de atrocidad; todos amontonados, casi 20 personas en una misma casa, los niños se nos enfermaban, no había alimento. Recuerdo que antes de eso a San Francisco llegaron los paramilitares, amenazándonos; nos dieron una hora para desocupar la vereda. Nos vinimos como pudimos, dejando todo lo que teníamos, los animales, todo. A mí me dio muy duro la dejada de la vereda porque esas eran las raíces de una; yo pensaba que me habían arrancado el corazón, la vida. Cuando me enteré de que habían matado unos vecinos me entró más miedo y tristeza. Me acuerdo mucho de que ese día solo alcanzamos a coger la ropa y el resto de las cosas se quedaron. Yo tenía en ese momento a mis hijos muy pequeñitos y tenía seis meses de embarazo; el niño nació después del desplazamiento y ya tiene 23 años, es el menor. Una no quisiera que nunca eso se repitiera porque dejar todo es muy difícil, muy doloroso; psicológicamente le va a una mal, económicamente también. Se pone una a pensar para dónde coge, a dónde va a llegar. Le arrancan a una todas las esperanzas. El trayecto de ida es muy, muy doloroso. En la crianza la violencia también dejó una secuela muy grande, primero porque una quisiera regresar con sus hijos al territorio, pero nunca nos brindaron garantías para volver. Segundo, porque tener que desplazarse con los niños es muy difícil. ¿Sabe que hice yo con el más pequeñito? Lo amarraba a la pata de una mesa para yo que yo pudiera ponerme a planchar, que era en lo que me tocó ponerme a trabajar cuando me desplacé. Yo por allá invadí, pero eso fue un problema también porque llegaban a patrullar grupos armados. Por todo eso entonces decidí venirme para Yondó, a donde mucha gente también empezó a llegar a una zona que hoy se conoce como la invasión de Los Naranjos, que prácticamente se llenó con puras personas desplazadas forzadamente de las veredas, a muchas les habían matado familiares. Incluso muchas llegaron de San Francisco luego de una masacre que hubo, donde mataron a tres (3) personas que luego las entregaron picadas. Yo ahora vivo en ese barrio, ahí tengo una casa. Desde que llegué acá conocí la Organización Femenina Popular (OFP) que nos ha apoyado, ha sido nuestra mano derecha. Con las ollas comunitarias que hacían eso era un gran alivio para mí. Aquí en Yondó la organización se formó con puras mujeres populares, y aunque hasta en la crianza la violencia dejó muchas secuelas, saqué a mis hijos adelante. Ellos ya están grandes, viven en Medellín. – Emerita. Yondó, Antioquia. *** Hay una fecha que yo tengo grabada: el 16 de mayo de 1998. Yo estaba viviendo en Minas del Paraíso, mi papá y mi familia vivían en el Divino Niño. Ese día estábamos celebrando el día de las madres, hicimos un bazar con todas las familias en ambos barrios. Bailábamos celebrábamos. En el transcurso del día se nos hizo raro que había en toda la entrada de la virgen un retén como del Ejército, nosotros decíamos -quién sabe qué es lo que están haciendo ahí-. Ya después, en la noche, cuando eran las 8:30, 9 de la noche había fiesta por todo lado. Cuando era un poco más de las 9 p.m. estábamos nosotros acá sentados; mi papá estaba en la parte alta del Divino Niño contento en la fiesta. Ahí llegaron unos hombres armados y empezaron a montar gente en un carro, todos eran con capuchas, insultando a quien vieran. Yo lo relato así porque a pesar de que no estuve ahí en el propio barrio, sí estaba a unos cuantos metros. En esas un cuñado, que iba a esa hora para la fiesta, vio eso y se devolvió asustado, nos buscó para contárnoslo. Lo que hicimos en la casa fue tratar de encerrarnos y avisarle a las demás personas. Allá en ese momento ya habían cometido asesinatos. Nosotros del susto, de saber que nuestra familia estaba allá, quedamos en shock. La gente gritaba por las calles que eran los paramilitares. Ahí asesinaron como a tres, cuatro personas, en esa cancha grande que antes para nosotros era un lugar hermoso para celebrar en comunidad. Todo eso nos quedó marcado. Yo estaba con una incertidumbre muy dura. En ese entonces solo teníamos flechitas; mi papá no contestaba, mis hermanos tampoco. Se escuchaban los gritos desde allá y la gente acá también se desesperó. Al día siguiente yo me fui al Divino Niño porque los nervios de no saber qué había pasado con mi papá no me dejaban. Ahí afortunadamente estaban y me contaron cómo cogieron a mi papá, lo patearon, le dijeron que bajara la cabeza, que se tirara al piso. Había mucha gente llorando por las calles. A una de las mujeres que estaba ahí se le llevaron sus dos hijos gemelos. Me contó que primero habían subido a uno y el otro dijo que si se llevaban al hermano también se iba él. Sentir la angustia, la zozobra, el dolor de esa madre que se le llevaron sus dos hijos fue muy tremendo. En ese momento también me enteré de que había caído un muchacho que le decíamos el albino, él estudió conmigo. Yo vi el proceso de la mamá para que le dijeran porqué lo habían matado, pero ella ya falleció y no la alcanzaron a reparar y a decir la verdad. También a la mamá de los dos niños nunca le hicieron una reparación completa, ella ya está en una edad avanzada, nunca deja de recordar a sus hijos y de hablar de ellos. En esa fecha mi hermano estaba viviendo con una chica y al hermano y al tío de ella se los llevaron. Para nosotros eso fue muy impactante, sentir sobre todo la incertidumbre de saber para dónde se los habían llevado. Se hicieron muchas acciones pidiendo que los regresaran, que ellos no debían nada. También al hijo de una amiga mía se lo llevaron, entraron a la casa y lo sacaron. Las dos en ese momento éramos madres comunitarias y fue muy impactante saber que a nuestra compañera se le habían llevado su hijo. Varias de las madres y los familiares que vivieron ese 16 de mayo han muerto, se murieron esperando una respuesta del Estado de qué era lo que había pasado, sin saber la verdad. Ese día hizo un sereno impresionante. Una cosa que no se puede describir. Como un sentir del viento pegando con mucha fuerza. Era la misma naturaleza también pronunciándose de lo que había ocurrido. Después de que pasó el 16 de mayo vino otra masacre y nosotros nos desplazamos con mi familia del Divino Niño porque lo que hicieron fue empezar a amenazarnos diciéndonos que entregáramos a novia de mi hermano. La mamá de ella llegó hasta Canadá pidiendo ayuda para que le dieran respuesta de su hermano y su hijo, pero en medio de eso fue asesinada. Eso causó un impacto más grande. Después de eso y de no aceptar entregar a la chica, lo que hicimos fue irnos a Bogotá (2000). Yo fui y regresé (2001), el resto de mi familia nunca volvió. En ese momento de retorno conocí a la OFP y me interesó mucho el trabajo emocional que hacían, porque nosotras las mujeres quedamos afectadas de muchas formas. El trabajo es ayudar a las mujeres desde lo emocional, para que afloren todos esos dolores. Gracias a ellas es que yo puedo contar esto porque yo vivía con miedo, escuchaba una moto y quería salir a correr. Relatar esto es como volver al pasado, pero hay que ver la transformación. Lo que nunca me ha dejar de doler mucho son todas esas madres que fallecieron sin saber la verdad y las que todavía, estando ya en cierta edad, siguen tratando de saber qué pasó en el territorio que tanto queríamos. – Isabel. Barrancabermeja, Santander. *** Yo todos los días recuerdo a mí hermano, sigue ahí su imagen, su voz. A él lo desaparecieron en el 2000 y desde ese momento ha sido una búsqueda sin fin. Hasta la presente nunca he obtenido información, alguien que me diga si lo asesinaron, dónde está. Coloque la denuncia, tampoco pasó nada. Después un jefe paramilitar nos dice que a él lo detienen en una masacre al frente de Moralito, luego nos dijeron que lo llevaron al Salado, cuando ocurrió la masacre allá. Fueron tantas las informaciones inconclusas que recibimos… Yo entré en crisis por todo lo que estaba viviendo y empecé con pérdida de memoria. Hay días que no consigo muchas cosas porque eso se volvió un impedimento grande. Hay ahí un problema psicosocial por la desaparición de mi hermano. Había noches que no dormía porque me parecía que me iban a tumbar la puerta. También, luego de esa desaparición, vino un paramilitar a hacerme dizque un allanamiento. Ese día yo me porte dura con ese señor. Yo le puse las menos encima del pecho y le dije que él no iba a hacer ningún allanamiento porque él no era ningún legal, que si traía la orden de allanamiento lo dejaba entrar, mientras tanto no. Yo le dije una cantidad de cosas, mientras él me miraba y me miraba. Se fue y le gritó a otro hombre que estaba afuera que “- esa vieja estaba buena era para darle-«. En ese entonces asesinaban casi todos los días acá por lo que empezaron a hacer consejos de seguridad liderados por el Ejército. En uno de esos un compañero dijo que la gente no se atrevía a denunciar porque apenas denunciaban enseguida le llegaba el paramilitar. El del Ejército lo mandó a callar, dijo que ese espacio no era para hablar de eso. A mí me dio tanta rabia ver y escuchar cómo lo querían callar y cómo lo maltratan. Entonces pedí la palabra y cuando me la dio me entró un coraje. Me le presenté, le dije quién era. Le dije: “- señor comandante, coronel, llámese como se quiera llamar. A nosotros no nos viene a prohibir hablar sobre lo que hemos vivido, porque somos nosotros los que hemos tenido que aguantar la guerra y los que seguimos aguantándola, mientras ellos se lavan las manos, cuando son ustedes los que han sido los cómplices. Todos ahí comen en el mismo plato y se arropan con la misma cobija”-. Era un militar mala caroso, grande, eso hablaba duro. Él me señaló y me dijo que si me constaba eso que estaba diciendo. Yo como tenía tanta rabia no pensé lo que podía pasar y le respondí: “-pues sí me consta porque he visto cómo toman fotos y van dando órdenes. He visto cómo se meten a negociar mercancía con los comandantes de los paramilitares – “. Yo ya tenía fama con ellos porque antes de esos episodios de violencia de ese inicio de siglo yo ya había pasado por una persecución a causa de mi liderazgo en el territorio y eso fue lo que me llevó a desplazarme en el 92. Vivía en un corregimiento. Allá se convocó una asamblea para elegir presidente de la Junta; había de candidatos dos hombres y yo. Les gané por votación, pero por eso empezaron a hacerme la guerra. Ahí se viene un seguimiento debido a ese hecho, por eso debí salir de ahí. Ellos decían que eso había sido trampa. En ese entonces había mucho Ejército por acá. Eran muchas amenazas las que yo recibía todos los días, hasta la gente venía a decirme que mejora me fuera. Un amigo que era concejal en ese momento escuchó por boca de un comandante del Ejército que dijo que “– a esa vieja la tenían en la mira y le están haciendo seguimiento –“. Entonces él me dijo que me fuera. Ahí tomé la decisión y me fui. Abandonar el territorio fue muy difícil, a mí la gente ya me conocía, teníamos proyectos, pero ahí quedaron. Eso es complejísimo, incluso todavía ejercer un liderazgo es muy difícil dentro de las mismas dinámicas que hay en algunas juntas de acción comunal. No es fácil para una mujer estar en un escenario público en un país machista, lo digo así porque me ha tocado vivirlo en carne propia. Inclusive en la junta comunal que ejerzo aquí en el barrio, en la que llevo tres años consecutivos, ha sido difícil porque siendo yo la presidenta y el vicepresidente un hombre es como querer pasar por encima de mí porque se cree más capaz. Enfrentar eso es muy difícil, pero no imposible. Hace poco lo viví con la construcción de un salón comunal, que él decía que debía hacerse como él decía porque era el que sabía, pero me le paré en la raya y le dije que se hacía como ya se había propuesto y que no iba a pasar por encima de mí. Tener que sentar posturas para una lideresa no es fácil porque también hay amenazas de por medio, pero ahí se le hace y así seguirá siendo. En todo esto que yo estoy diciendo ahorita ha ayudado y ha sido mi escuela la OFP. Allí con la formación política una va entendiendo más lo que pasa. Con la OFP una encuentra una organización más estructurada, con una mirada bien clara. Yo le digo a las compañeras que la mejor universidad de la vida es la OFP. Yo ahí aprendí a sentir más el dolor de otras personas. Ahí creamos esos vínculos que quedan ahí para toda la vida. Ahí se aprende a no ser indiferente a no quedarse callada. – Bersaides. San Pablo, Bolívar.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. En nuestra niñez en Bogotá, en el barrio ciudad Kennedy, el Sr. Bolívar era el policía de la cuadra, nos cuidaba de malos ‘robones’ de niños, nos reprendía como un segundo papá y nos hablaba de la convivencia comunitaria; nos alegraba verlo con su uniforme. Desde hace por lo menos dos décadas hombres y mujeres que portan esos distintivos que ante mis ojos infantiles hicieron grande al Sr. Bolívar, cada vez que les veo los asocio con el autoritarismo, el miedo, la corrupción y los matones. Y a sus mandos, los generales, los directores como “alcahuetas”, “cómplices” de las arbitrariedades y NO estoy equivocado, lamentablemente no estoy equivocado, los hombres y mujeres determinados por la ley para protegernos son hoy por hoy, EN SU MAYORÍA los más cercanos determinadores y directos responsables de crímenes y violaciones a los derechos humanos. Sépanlo señores mandos de la policía, ese discursito rayado de las “manzanas podridas”, posibles extralimitaciones en el uso de la fuerza”, “de las investigaciones exhaustivas”, no lo creemos. Un director encargado de la policía y un ministro de defensa que salen para amenazar a quienes desde las redes sociales convocan movilizaciones, pero no dicen nada de los asesinados en la jornada de terror del 10 de Septiembre, NO nos representan, no son ni nuestra policía, ni nuestro gobierno. Los agentes que mataron a Javier Ordóñez lo llevaron al CAI, ahí otros agentes participaron de la golpiza; el general que participó de la rueda de prensa con eufemismos a restarle importancia y el ministro que pronunció el discurso de las manzanas podridas, hacen parte de los dañados en el guacal; unos por perpetradores y otros por ocultar. Así es su justicia penal militar, o díganos el resultado de la “investigación del asesinato de Dilan Cruz el 25 de Noviembre de 2019 en manos del ESMAD. Es la colonialidad del poder que Quijano explicaba como uno de los patrones del poder capitalista, determinación de roles desiguales, es decir, los poderosos se hacen como sea al gobierno, nombran personas no importa si son cuestionadas en su ética o tienen investigaciones judiciales. Mientras tanto a los gobernados nos elogian con expresiones tales como “trabajen vagos”, “ a los pobres les afectara más la pandemia por no «ahorrar”, “de qué me hablas viejo”, en todos ellos un patrón ideológico y de comportamiento, que se podría dibujar así: Hacen lo que se les da la gana y para eso están los grandes medios de comunicación, ellos “aconductan la población”, infiltran la protesta con policías de civil, y agitan el discurso de los vándalos, para que los pobres odien a otros pobres y no a quienes montaron los carteles de la muerte y la corrupción.

Por: Memnxi Kiwe, Carimba y Vanessa Useche Acevedo. El norte del Cauca, conocido como una de las zonas del país más afectadas por el conflicto armado, también ha sido foco de continuas y renovadas formas de violencia luego de la firma del Acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP, en 2016. Al mismo tiempo, las poblaciones afrodescendientes, indígenas y campesinas son reconocidas por sus valiosos procesos organizativos y sus aportes a la construcción de paz en los múltiples sentidos que le asignan a este concepto, trascendiendo aquella definición predominante que asocia la paz con la ausencia de violencias armadas. Una joven nortecaucana, resalta por ejemplo, que su concepto de paz “se basa en convivir en una sociedad que edifique una armonía en mí y en los que la conforman, de manera que evite cualquier clase de conflicto”. Desde distintos sectores y procesos comunitarios, las poblaciones rurales del norte del Cauca vienen construyendo espacios de cohesión alrededor de iniciativas musicales y artísticas que generan reflexiones acerca de las realidades violentas en el norte del Cauca, al mismo tiempo que promueven la creatividad, la sanación y las iniciativas de adultos y niños para mejorar las problemáticas con las que conviven cada día. La Fundación Artística y Cultural Carimba trabaja desde el año 2017, principalmente como una iniciativa de jóvenes de La Toma, Suárez, para formar en ámbitos artísticos a otros jóvenes de la región. Foto: Cortesía. “Mediante el arte podemos poner nuestro punto de vista, y como ustedes saben, la música es un lenguaje que traspasa fronteras, que cualquier persona lo puede sentir”, destaca Jeimy Valencia, mujer indígena nasa que hace parte de la agrupación musical Memnxi Kiwe; una iniciativa que tiene alrededor de un año dentro del Tejido Mujer de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Cxhab Wala Kiwe- ACIN). Por su parte, Michel Stiven Lucumi, joven artista afrodescendiente, director de la Fundación Artística y Cultural Carimba, explica que en su labor «no solo se forman seres artísticamente, estamos formando seres capaces de vivir en paz con el mundo”. “Mediante el arte podemos poner nuestro punto de vista, y como ustedes saben, la música es un lenguaje que traspasa fronteras, que cualquier persona lo puede sentir”, destaca Jeimy Valencia, mujer indígena nasa que hace parte de la agrupación musical Memnxi Kiwe.» Foto: Cortesía. Memnxi Kiwe: luchas que reivindican mujeres indígenas Representamos, conformamos y estamos vinculadas a la organización política de Chxab Wala Kiwe y a su vez el Tejido Mujer ha venido avanzando junto con nosotras. Memnxi Kiwe tiene un enfoque político, espiritual y artístico y lo que buscamos también es reivindicar la voz de la mujer. Nosotras venimos culturalmente de una forma de organización donde la mujer antiguamente era muy valorada; nuestras ancestras han estado relacionadas con el territorio, porque el territorio para Memnxi Kiwe, para los pueblos indígenas, es el centro. Por eso nuestro nombre Memnxi Kiwe, alude al “Canto de la tierra”. Kiwe es “tierra” y “mujer” al mismo tiempo, porque provee todas las condiciones para que los humanos podamos vivir en ella, es decir, la fertilidad viene de la madre tierra. Y de ahí esa relación tan estrecha entre la mujer y la tierra. Imagen: Cortesía. En ese mismo sentido, el territorio para nosotras toma vital importancia y es lo que queremos reivindicar aquí también: la tierra como un ser vivo, como un ser material y como un ser sin el cual no podemos vivir. Memnxi Kiwe se conformó en este contexto del Acuerdo de paz. Particularmente, el norte del Cauca en 2019 y 2020 ha tenido los índices de violencia más alta. De ahí que el ejercicio de liderazgo de la mujer representa serios riesgos, muchos problemas. Y el arte se convierte para nosotras en una forma de protección, en una forma de cuidado. Es decir, a través del mensaje que estamos transmitiendo en nuestras letras, en nuestras canciones, estamos diciendo los dolores que estamos padeciendo, pero también los sueños y también los anhelos de alcanzar una vida distinta a las violencias. El respaldo que hemos tenido por parte del Tejido Mujer de Chxab Wala Kiwe ha sido en parte porque se requería y se requiere aún, que nosotras aportemos a la construcción de todo lo que se está avanzando en materia de paz. De hecho, parte de la formación política de la mujer nasa pasa por eso, por comprender el proceso de paz, cuál es el contexto que se está viviendo en el país, qué ha pasado con el Acuerdo de paz, cómo está avanzando el capítulo étnico. Un poco de lo que hemos venido haciendo nosotras como aporte a la apuesta de paz, es la composición de letras que motiven a nuestro pueblo a sanar, a reivindicarnos, a ganar más resiliencia porque hemos comprendido que la violencia no deja sino más violencia y que hay muchas comunidades que tienen muchos dolores internos. Nosotras hemos reconocido que hay que sanar y parte de la sanación la hacemos espiritualmente porque la espiritualidad también atraviesa todo el tema artístico. En general, a lo que nosotras estamos tratando de apostar con esta acción, es a movilizarnos como mujeres, poder llenarnos de fortaleza para decir lo que no está bien, rechazarlo, reconocerlo, primero que todo, porque nosotras mismas hemos naturalizado la violencia, nosotras mismas la hemos hecho parte de nuestra cotidianidad porque no la leemos como una violencia. La construcción de paz pasa por reconocer qué le ha pasado a mi cuerpo, qué me ha pasado a mí y cómo yo, como mujer, intento sanar esto con los recursos que tenemos en el territorio. Carimba: apuestas de los jóvenes afrodescendientes La Fundación Artística y Cultural Carimba trabaja desde el año 2017, principalmente como una iniciativa de jóvenes de La Toma, Suárez, para formar en ámbitos artísticos a otros jóvenes de la región. El objetivo es salvaguardar nuestras culturas afro ancestrales, especialmente las del norte del Cauca. Ahorita estamos enfocados en las danzas y la música, pero en la visión de Carimba no está solo eso. Por ejemplo, estamos por iniciar el proyecto Ceja y el proyecto Puchicanga, que recogen toda la parte minera artesanal y la parte de tejidos. Ensayos Fundación Artística y Cultural Carimba. Foto: Cortesía. Vemos que siempre cuando hablan de paz, la gente piensa en actores políticos y actores armados, pero la paz para nuestras comunidades significa poder convivir en el territorio, poder llevar esa vida ancestral que se ha llevado. La paz no es solo entre las personas, la paz es con el territorio, con los animales, con las plantas, conmigo mismo, con el espíritu, con los dioses. Para nosotros eso es paz. Entonces, en la Fundación Carimba tratamos de fortalecer esos procesos del ser corporal, del ser espiritual. En el momento en que nosotros emprendemos la formación de cada integrante que llega a la fundación, no lo hacemos solo con el fin de formarlo en lo artístico, en lo cultural, sino que formamos seres humanos para el mundo. Cuando hablamos de seres humanos, no nos referimos a la denominación que se nos da por la anatomía, sino cómo esa persona se relaciona con el mundo, con el entorno, con los demás seres, humanos o no. En muchos momentos se nos ha amenazado de desalojo. Nos han querido desalojar basándose en que somos invasores de tierras, mineros ilegales. Diferentes intereses se han puesto sobre los lugares que habitamos, pero hemos podido demostrar que estas tierras nos pertenecen porque las estamos habitando hace más de 300 años. ¿Cuál fue la prueba de eso? Esas culturas que aún yacen, esas culturas que aún siguen vivas. Eso nos dice que nosotros pertenecemos a este territorio por ancestralidad y si dejamos que esa ancestralidad se pierda quedamos en la nada, porque ya no hay nada que nos defienda. Participación de integrantes de Carimba en el espacio de Refugio Humanitario. Bogotá. 2019. Foto: Cortesía. Además, al estar en la Fundación Carimba creamos vínculos entre nosotros los jóvenes, nos relacionamos más, interactuamos de formas diferentes. Eso disminuye las tensiones que muchas veces tenemos, porque es un espacio en el que podemos desahogarnos y relacionarnos mejor. La música, la danza, el teatro, el dibujo, la escultura, la pintura y todas las demás expresiones artísticas, además de ser una expresión del cuerpo, son el lenguaje del alma. No sería bueno dejar que se pierdan estas actitudes que pueden ayudar a liberarnos y armonizar nuestra sociedad. En medio de las dificultades y de la actual agudización de la violencia que atraviesa el norte del Cauca, colectivos como Memnxi Kiwe y Carimba trabajan día a día para transformar sus realidades locales desde concepciones que valoran la vida, la convivencia y el territorio. La música y otras artes son vitales para sus apuestas de encuentro, solidaridad, sanación y construcción de alternativas para mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas de la región. Nos muestran que no solo es posible, sino necesario, imaginar y aportar a iniciativas que dignifiquen y valoren nuestras vidas y nuestras colectividades.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Los acontecimientos de los últimos días en Bogotá, tienen tres grandes mensajes. Hay una enorme rabia social, producto de un orden de exclusiones e inequidades y una generación de juventudes que no se resigna a vivir en ese orden tan ofensivo, donde los derechos básicos para una vida digna son vulnerados. Una juventud que ve alejarse sus años de más energías y anhelos, sin un presente de oportunidades y posibilidades de desarrollar sus talentos y potencialidades. Aquí hay exclusión frente al conocimiento. El crédito es para los que tienen: ese es el mensaje con el plan de salvar económicamente a Avianca, mientras cientos de miles de pequeños emprendimientos en medio de la pandemia han ido a la quiebra. Lo que vemos en estos días es esa fuerza social generacional que nos está diciendo que no están resignados, que prefieren el riesgo de la calle y la protesta a quedarse rumiando las humillaciones en silencio en sus casas. Si no hay un ejercicio de derechos, para millones de jóvenes, les quedan dos caminos, resignación o rebeldía, y han demostrado en los últimos años que prefieren la calle y la protesta. El segundo mensaje, es que hay agotamiento e indignación ante la brutalidad policial, es una sistemática práctica, que día a día sufre la ciudadanía, y que explotó con el asesinato del ciudadano Javier Ordóñez, es un cuestionamiento profundo a esta institución, a su proceder, a su relacionamiento con la ciudadanía, de ahí que se abre una tensión entre dejar las cosas como están o transformarlas. Gana espacio la idea de que la policía debe cambiar. Ante la pandemia, las condiciones sociales y económicas de millones de personas se han agravado y el gobierno no hace nada para darles una mano: renta básica, ayuda a los pequeños, estímulos económicos, nada de eso se ha hecho realidad, esa sensación de que se vive en la desprotección, ha crecido en medio de la pandemia y los abusos de la policia han creado esta situación que estamos viviendo, con esa enorme explosión social, movida por la dura realidad. El tercer mensaje de estos días es que gana espacio la idea del cambio, de que este precario orden social debe ser transformado, se requieren oportunidades y posibilidades para millones de personas excluidas del conocimiento, del crédito, de la tierra y la permanencia digna en sus territorios, el viejo orden está seriamente cuestionado, se requieren cambios y profundas transformaciones para dar respuesta a esta enorme indignación y rabia que se ha expresado con fuerza de multitudes, movidas por esos sentimientos profundos y atávicos, que mueven al ser humano, a reclamar lo suyo, y como dicen muchas pancartas que salen a estas movilizaciones “nos quitaron todo, hasta el miedo”. Las reacciones a este mensaje de sociedad, tiene dos grandes campos de respuesta: los que llaman a rodear las instituciones y claman por el “respeto” a las mismas y quienes reconocemos justeza ante la legítima protesta y el repudio ante las actuaciones criminales de quienes portan las armas para proteger a la ciudadanía, no para ultrajarla, hostigarla y asesinarla, como ha quedado demostrado esta semana. Ante la demanda de cambio, de reformas y nuevos rumbos para la sociedad Bogotana y para el conjunto de Colombia, insistir en que son las expresiones pacíficas, lúdicas, masivas, las que van a acumular y proyectar esa urgencia de cambio, que este no vendrá por milagros y de un día para otro, se requieren nuevos poderes y nuevas políticas y esto se logrará ganando a la mayoría de la sociedad con razones y ejemplo de civilidad, todas las violencias, son funcionales a quienes quieren permanecer en este orden de antidemocracia. En noviembre pasado hubo una expresión ciudadana por el cambio, el presidente Duque ofertó una “Conversación nacional”, de la cual no salió nada, vino la pandemia y se hizo más evidente la exclusión y una amplia ciudadanía sin derechos básicos, donde el presidente de manera abusiva se ha extralimitado en el ejercicio del poder, concentrando y abusando de poderes excepcionales, que muestran el talante autoritario del Centro Democrático. Hay una ciudadanía en las calles y un mundo que mira que aquí al reclamo se responde a bala, ya no solamente en la Colombia profunda, sino en las calles bogotanas, lo ocurrido en estos días no debe quedar en la impunidad, sanción a los responsables y cambios profundos en la policía, es lo menos que esperamos.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El descontrol y la arbitrariedad desbordada de la Policía continúa. Hasta ayer se habían realizado alrededor de 26 protestas en rechazo al asesinato de Javier Humberto Ordóñez, quien además de las descargas de pistola taser que le propinaron dos policías, recibió en el CAI de Villaluz -según lo informó en la mañana de hoy Noticias Caracol-, “golpes contundentes en el pómulo izquierdo, cuello y hombros, así como lesiones que se extendieron hasta el tórax. Además, en la parte occipital derecha presentaba una herida que sería la que provocó su muerte”. Adicionalmente, en este hecho no solo estarían relacionados los dos (2) uniformados, sino, como lo informó el medio, serían siete (7). En el estallido que provocó este hecho el balance fue que completamente crítico. A la tarde del jueves la cifra de personas asesinadas ascendió a 11: Alexander Fonseca (17 años), Julieth Ramírez (18 años), Angie Baquero (19 años), Andrés Rodríguez (23 años), Fredy Mahecha (20 años), Germán Puentes (25 años), Cristián Hernández (24 años), Julián González (27 años), Cristian Meneses (27 años), Marcela Zúñiga (36 años) y Lorwuan Stiven Mendoza (26 años). Como un nuevo capitulo de los hechos ocurridos contra jóvenes en las últimas semanas, este suceso registró que la edad promedio de las personas asesinadas es de 23 años, además, preocupa que esta cifra puede seguir aumentando. Hay varias cosas que señalar. Con lo ocurrido entre el 09 y el 10 de septiembre hay, al menos, 209 civiles heridos/as, de estos, el primer día, el número de heridos por arma de fuego fue de 68, mientras que ayer fue de 08, según lo informado por Claudia López. Por otra parte, en ambas noches en los barrios los disparos descontrolados por parte de la Policía fueron el panorama que acompañó a la gente, la misma que gritaba para no ser asesinada, desaparecida. Ayer, en barrios de Bogotá como el 20 de julio, el Perdomo, algunas zonas de Suba, Usaquén y Fontibón se denunciaba desde organizaciones y la comunidad que la Policía estaba arremetiendo y actuando con armas de fuego sin importar la vida de quienes estaban en las protestas y en la vía pública. Adicionalmente, esta situación se vivió en otros puntos como en Cajicá. Por otra parte, se alertó que la Policía estaba violentado de forma indiscriminada también con canicas, tufly, balas de goma, recalzadas, piedras, gases lacrimógenos y aturdidoras -sin dejar de nombrar los golpes con los que abusaron de muchas personas-. No siendo poco, a través de Temblores ONG se denunció, como se había hecho el día anterior, que nuevamente miembros de la Policía estaban entregando armas de fuego a civiles para que también atacaran a la gente que estaba en las calles. https://twitter.com/TembloresOng/status/1304263532079386624?s=20 Asimismo, uno de los escenarios que más preocupa es que la mayoría de estas agresiones fatales se dieron contra jóvenes de barrios populares de la ciudad, lo que en este momento debería tener rodeadas de protección a las personas que allí habitan, pues de nuevo, la arremetida y criminalización se está centrando contra los/as mismos/a. “Desde Temblores siempre hemos sostenido que la Policía Metropolitana de Bogotá perfila y criminaliza la pobreza en las personas jóvenes de una manera muy fuerte, no solamente a través de requisas constantes o el perfilamiento por uso de sustancias, sino también perfila a la gente que se encuentra en los barrios y lugares periféricos. Desde Temblores hemos documentado cómo durante la emergencia sanitaria la violencia policial se ha concentrado en los sectores populares y en los barrios donde habitan personas de estratos 1 y 2, principalmente. Además, hay que decir que hay un riesgo mucho más grande de muerte por violencia en jóvenes entre 18 y 24 años”, afirmó Alejandro Lanz, de Temblores ONG. A esto se suma que en la jornada del #10S también se realizaron protestas, casi todas con abuso de fuerza por parte de la Policía, en Mosquera, Medellín, Cali, Cúcuta, Ibagué, Neiva, Manizales, Barranquilla, Armenia, Fusagasugá y Soacha. Además, también se llevó a cabo la manifestación feminista frente a la EPS Sanitas en Puente Aranda. Esta contra el abuso sexual cometido por un ginecólogo contra una paciente de 21 años, y también contra el silencio y encubrimiento de la entidad. Tras esto se alertó que había mujeres que en horas de la noche además de ser agredidas, no aparecían. Detenciones: el miedo como arma Otro de los balances del #10S fueron las detenciones que se reportaron. Desde Defender la Libertad se informó que siendo las 10:30 p.m. habían sido detenidas 138 personas. Adicional, también se alertó que cuatro (4) defensores de Derechos Humanos de la campaña habían sido trasladados a la Estación de Policía de Usaquén. Diego Henao, defensor de Derechos Humanos que fue detenido durante la jornada le contó a Pares que “una vez salimos hacia Alcalá escuchamos a lo lejos la explosión de aturdidoras. Al comunicarnos con compañeras nos dicen que el ESMAD intervino la protesta en esa zona del norte. Cuando vamos hacia el CAI de Alcalá vemos que están capturando a un joven, que luego es llevado a una esquina donde había 9 personas más. Mientras les tomábamos los datos llegó un policía que nos pidió identificarnos, le decimos que somos de Derechos Humanos, pero nos sigue insistiendo en los mismo, desconociendo que el chaleco que llevábamos surte el efecto de identificación.« Nos dicen que sin identificación no podemos hacer nada. A la compañera que estaba conmigo trataron de tumbarle el celular, nos tiraron al suelo y a mí me arrastraron de la calle hacia una pared. Nos decían en tono de intimidación que nosotros solo nos preocupábamos por los ‘vándalos’. Al llegar otros dos compañeros, a quienes les habíamos avisado de la situación, les trataron igual, incluso un agente del ESMAD los amenazó con el arma de dotación. Nunca nos dijeron porqué nos retenían. Nos hacían afirmaciones como que estábamos lanzando piedras y corriendo, como si correr fuera un indicio de estar en la confrontación. A mis compañeros los golpearon en la cara y a quienes estábamos de Derechos Humanos nos empadronaron y nos hicieron interrogatorios absurdos como que de qué universidad somos y qué estudiamos. https://twitter.com/TembloresOng/status/1304273406544748545?s=20 Al final había 13 personas capturadas, entre nosotros dos compañeras que debieron ser tratadas por la Policía femenina, pero eso nunca pasó, vulnerándoles en especial su integridad. A las 13 personas nos metieron en una sola patrulla. De ahí nos llevaron al CAI de Usaquén. Allá un oficial nos pregunta que si se nos ha perdido algo, un compañero dice que el ESMAD le quitó el celular y el oficial le dice que él responde de ahí para adelante, pero que de donde estábamos y de donde veníamos no respondía nada. Todo eso mientras nos mantenían en la patrulla, sin ningún tipo de distanciamiento. De ahí nos llevaron a la Estación de Usaquén, allá había otros 11 compañeros/as que estaban en la concentración de Alcalá. En todo esto afortunadamente teníamos los chalecos de Derechos Humanos y eso hizo que se respetara la integridad de las personas que estaban con nosotros/as, en vista que teníamos la posibilidad de denunciar los hechos que pasaran. Ahí adentro fueron amables, paternalistas. «Allá nos piden la cédula por alrededor de una hora, nos dicen que es para hacer los comparendos, – comparendos que las personas detenidas tuvieron que firmar para que los dejaran salir-. En un momento el subintendente de Derechos Humanos de la Estación nos llama a los cuatro y nos dice que no nos van a hacer comparendo. Le cuestionamos eso y sobre porqué no nos dejaron ejercer nuestra labor. Nos dijo que él no tiene control sobre los otros agentes.» Antes de salir miembros de la Sijin nos volvieron a pedir la cédula y a interrogar sobre qué estudiamos y en dónde. Nos dejaron ir, pero tomamos la determinación que no íbamos a dejar de hacer acompañamiento hasta que todas las personas con las que entramos salieran, nos lo permitieron y finalmente les dejaron salir casi a las 11 de la noche. Al momento de salir escuchamos el comentario hacia nosotros/as, diciéndonos que por culpa de ‘los de los chalecos’ no pudieron hacer nada”. Adicionalmente, también se alertó desde Defender la Libertad que entre las personas detenidas en la jornada del #10S había varios niños, niñas y adolescentes. Incluso se denunció que en la Estación Sexta de Tunjuelito estaban tres menores de edad, y uno de ellos manifestó haber sido golpeado, sin acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia o del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A esto se suma, como lo aseveró la campaña, que a las personas detenidas en Puente Aranda no se les había permitido entrevistarse con abogados defensores de derechos humanos, incluso se informó que cinco de ellos iban a ser presentados ante un juez para la legalización de su captura sin tener la oportunidad de hablar con un abogado. “Adicionalmente hemos recibido denuncias por violencia basadas en género. En la localidad de Engativá una joven menor de edad denunció que un motorizado se bajó de la moto en la que iba y le tocó sus partes íntimas, posteriormente le golpeó la cola. Otros dos jóvenes que iban con ella fueron golpeados en el tórax con tablas”, comunicó Defender la Libertad. Con todo esto es reiterativo el llamado a que urge una reforma a la Policía. En este momento hay un importante cuestionamiento sobre quién está controlando a esta institución, pues en Bogotá se está prácticamente ‘sin dios, ni ley’, mientras que se siguen contando vidas perdidas, familias sufriendo y gente que sigue en hospitales. “Nos preocupa mucho que, o hay un desgobierno muy grande y la Policía le está haciendo casi un golpe de Estado a la alcaldesa, o que se están cumpliendo órdenes directamente del Ministerio de Defensa y del presidente del país para generar estos niveles de violencia tan altos como los que hemos visto en estos dos días”, concluyó Alejandro Lanz.

Por: Isaac Morales Pérez. Coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado, Pares. Hace dos meses escribí una columna de opinión para el portal de PARES titulada “El asesinato de George Floyd, una herida que sigue abierta”, cuando casi todo el planeta conoció la muerte de un afroestadoundinense a manos de policías de Minneapolis mientras gritaba “I can’t breathe”, cuando empezaba a ser tendencia el #BlackLiveMatter, y muchos acá en Colombia compartían una imagen negra en sus perfiles de redes sociales. Las manifestaciones se extendieron en varias ciudades de los EEUU y muchos respaldaban esos hechos, era justificable por el descontento de la sociedad que ya guardaba varios episodios de abuso y violencia en sus memorias. La muerte de Javier Ordoñez, en Engativá despertó un sentimiento similar en muchos colombianos y colombianas, quienes salieron a manifestarse y a protestar por la defensa de la vida y llamar la atención sobre los repetidos casos de abuso policial. Los enfrentamientos llevaron a ciudadanos y policías a enfrentamientos violentos, el resultado: cerca de 250 heridas y ocho (8) personas asesinadas en Bogotá y Soacha, muchas pérdidas materiales que a la larga se recuperan, pero lo más grave fue la sevicia de los enfrentamientos, rondaron cientos de videos donde el uso indiscriminado de armas de fuego, persecución y amedrentamientos que violan todo tipo de protocolos, reglamentos internos, mandatos constitucionales y referentes internacionales para la defensa de los derechos humanos, eran el común denominador, videos de personas cayendo muertas o heridas como en un campo de batalla. La indignación se materializó en las calles, una indignación justa, que viene desde el año anterior, sobre todo desde el 21N y el gran paro nacional que movilizó a cientos de miles, pero la pandemia puso en pausa a esta jornada de movilizaciones que tenía un pujante crecimiento, ese sentir colectivo se profundizó con las masacres que se han registrado en el territorio nacional y la desidia del gobierno nacional, la crisis económica que nos ha dejado el COVID provocando un incremento en la pobreza y el hambre, la corrupción en los entes territoriales para el manejo de la crisis, la violación a menores indígenas y muchos otros hechos que se registraron mientras los que podíamos pasábamos la cuarentena en casa; todos esos factores juntos se convierten en una bomba de tiempo que solo necesitaba una chispa para estallar y volver a las calles como ocurrió en los últimos dos meses del 2019. La protesta social es un derecho legítimo en una democracia, su control ya depende de muchos factores, pero lo que se vivió anoche en Bogotá se sale de todo lo “normal”, de todo sentido común, el uso «indiscriminado» de armas por parte de la policía, denunciado por la Alcaldesa Mayor deja mucho qué pensar, ¿dónde quedó el mando? Hay unos conductos regulares que al parecer se rompieron y primó la efervescencia del momento, costando vidas. Ya el COVID dejó de preocuparle a muchos y se están volviendo a las demandas que como sociedad colombiana se han exigido desde hace meses al Gobierno Duque que parece vivir en otra realidad, pasada por libretos y programas de televisión diarios y repetitivos. Tras la lamentable pérdida de vidas del 9S, nos queda claro una cosa: hay fallas estructurales, que necesitan su atención y transformación, no se trata de acabar la Policía o llevarla al Ministerio del Interior así porque sí, se trata de aceptar con humildad los errores y lograr un gran diálogo nacional que brinde soluciones reales a los índices de impunidad y se recupere la confianza en las instituciones, propias de una democracia, y esta situación debe ser una ventana de oportunidad para corregir esos errores, no marcada por un discurso negacionista ni de justificaciones fuera de lugar. Seguramente vendrán más manifestaciones, seguramente cada ciudadano de a pie tendrá un motivo propio o ajeno para salir, pero con una indignación común que se puede manifestar como quiera, lo que no puede volver a suceder es que se den respuestas desproporcionadas y se nos lleve a escenarios de descontrol total, donde quienes por delegación detentan el uso legítimo de las armas se vuelvan contra el pueblo.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El 9 de septiembre, siendo el Día de los Derechos Humanos, se conoció que en la noche del día anterior había sido asesinado por miembros de la Policía Nacional, Javier Ordoñez, quien recibió varias descargas eléctricas por parte de uniformados con una pistola Teaser. Javier Ordoñez, de 44 años, era padre de dos hijos, uno de 15 años y otro de 11, además estaba a poco de recibir su diploma como abogado. Por él la rabia y el estallido se levantó en la noche del 9 de septiembre. Las calles de zonas como Villa Luz, en Engativá; La Gaitana, en Suba; El Tintal, en Kennedy y el Verbenal, en Usaquén, fueron el escenario para mostrar la rabia no solo que produjo el asesinato de Javier, sino también de una serie de ataques por parte de la Fuerza Pública en distintas zonas del país, abusos de fuerza que, hasta ese momento, y solo durante el 2020, les había costado la vida a 10 personas. Así la gente fue saliendo a las calles, porque, por lo menos en Bogotá, es a esa misma gente de los barrios populares a la que están asesinando, a la que criminalizan, y a su vez la que reclama, la que acompaña cuando las balas de la Policía dejan en esas mismas calles a personas asesinadas, o casi muriendo. El 9 de septiembre en Bogotá el reclamo por las muertes que se han reportado en el país trajo más sangre. En la capital hubo 248 heridos, 58 por arma de fuego. Además, se han reportado ocho personas asesinadas (6 en la capital y 2 en Soacha. Este crítico y doloroso panorama muestra que en Bogotá hubo masacre. En medio de estos hechos se conoce que fue asesinado un menor de edad, Jaider Fonseca, quien recibió, al menos, tres impactos de arma de fuego (Verbenal, Usaquén). Cristián Hernández, de 24 años, de quien, además, su cuerpo fue levantado casi dos horas después (Verbenal, Usaquén). Germán Smith Puentes, un domiciliario de 25 años, padre de un niño de siete años (Suba Rincón). Julieth Ramírez, una estudiante de psicología e inglés, de 19 años (Suba La Gaitana) y Christian Hurtado, de 27 años (Ciudad Verde, Soacha). Asimismo, entre los heridos está Fabián Peña, un joven que recibió un disparo en la cabeza cerca de la Biblioteca El Tintal por parte de uniformados, como se ha denunciado por parte de la comunidad, y quien permanece en delicado estado de salud. “Además, es claro que el despliegue fue un desorden también: cojan las motos y salgan atropellar a manifestantes sin discriminar quién es vándalo y quién no. El ESMAD también falló porque eran muchos puntos los que debían atender y nadie en la policía tenía claro cuáles iban a terminar en vandalismo. La Fuerza Disponible estaba atemorizada también porque ni siquiera evitaron la vandalización del CAI Villa Luz y se notaba que tampoco querían. Todas las mediaciones que incluyeron la Mesa Distrital de Derechos Humanos fracasaron en el intento de calmar los ánimos. Anoche todo era anarquía pura”, afirmó Jaime Palma investigador de Pares. Adicionalmente, hay que decir que 114 policías resultaron heridos, y aproximadamente se contabiliza que 53 instalaciones policiales fueron afectadas, al igual que 77 vehículos. Por otra parte, en la ciudad se realizaron, al menos, 26 protestas. Y según, Defender la Libertad, siendo cerca de las 12:30 a.m. 45 personas habían sido retenidas. Las vidas afectadas, perdidas, son el foco del balance de la jornada del 9 de septiembre. Los gritos de auxilio, de temor, la angustia y el dolor están por encima de cualquier propiedad pública o privada afectada. En Bogotá hubo masacre y el llamado sigue siendo a una reforma urgente a la Policía, a no seguir por la vía de aumentar los organismos de represión bajo la premisa de mantener el orden, y también a frenar las acciones de esta institución cuando se debe hacer y cuando se está en poder de hacerlo.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El 09 de septiembre, cada año desde 1985, se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Esto luego que se aprobara, el 18 de noviembre de dicho año, en el Congreso la Ley 95, la cual, además de promover este reconocimiento, también promovía que Cartagena fuera la ciudad de los Derechos Humanos, pues en esta, como lo decía el documento “nació la preocupación por aliviar la situación de los oprimidos en el siglo XVII, en especial la de los esclavos, por quienes clamaron por el buen trato y la libertad”. Adicionalmente, esta conmemoración también se hizo bajo el reconocimiento a “San Pedro Claver, el sacerdote Alonso de Sandoval y el Hermano Nicolás González, como precursores del alivio y defensa de los oprimidos en América”. Por otra parte, hay que decir que decir que durante décadas la protección y promoción de los Derechos Humanos se ha vuelto una bandera en la lucha social, pues incluso con un día declarado el Día de los Derechos Humanos, y con avances que se han dado desde distintas instancias, la vulneración y la falta de democratización de éstos ha sido una problemática constante, en un país donde el conflicto armado y la violencia parece no irse, y en donde las crisis sociales, económicas y políticas nos siguen recordando por qué la defensa de los Derechos Humanos debe ser una preocupación diaria. Hay un escenario de violencia en el país en el que, solo en este año se han reportado 55 masacres, 44 asesinatos a firmantes de paz, mientras que estos hechos contra líderes sociales, sindicales, campesinos, indígenas, comunales, afrodescendientes, LGBTI ha cobrado la vida de, al menos, 205 personas. Foto: Pares. Hoy, 09 de septiembre de 2020, en este contexto de vulneraciones se conoce que en la noche del 08 de agosto fue asesinado por miembros de la Policía Nacional, Javier Ordoñez, tras un procedimiento policial en la localidad de Engativá, en donde los uniformados le realizaron, por lo menos, nueve descargas eléctricas con una pistola Teaser. Javier Ordoñez, de 44 años, era padre de dos hijos, uno de 15 años y otro de 11, además estaba a poco de recibir su diploma como abogado. Por otra parte, en La Viga, en Pance, Cali, Valle del Cauca, y como un panorama que se ha repetido una y otra vez en cuarentena, fueron desalojadas por medio del abuso de la fuerza por parte del ESMAD la comunidad que habitaba en esta zona. Además, siendo cerca de las dos de la tarde, se reportó que había 6 guardias indígenas detenidos, y, asimismo, se alertó sobre varias personas que habían sido golpeadas y afectadas físicamente por el accionar del Escuadrón. A todo esto se suma un escenario de violencia, en el que, solo en este año se han reportado 55 masacres, 44 asesinatos a firmantes de paz, mientras que estos hechos contra líderes sociales, sindicales, campesinos, indígenas, comunales, afrodescendientes, LGBTI ha cobrado la vida de, al menos, 205 personas. Adicionalmente, se han cometido, al menos, 291 feminicidios, y según datos del Sipares, han sido ejecutadas extrajudicialmente, por lo menos, 09 personas, y, se han registrado alrededor de 46 desplazamientos forzados. Ante este panorama y como parte de la reflexión que propone la conmemoración de este día, desde Pares hablamos con algunas organizaciones, las cuales analizaron desde el sector en el que tienen injerencia, cuál es la situación actual de Derechos Humanos: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Óscar Ramírez Hoy en día eso se ve en múltiples dificultades como el hacinamiento, que a pesar que en el marco de la pandemia se ha registrado por el INPEC una disminución, lo que podemos ver es que este no se ha reducido de manera focalizada en las cárceles que más lo necesitaban, sino de manera general, que se da porque este fenómeno se mide de manera bastante difusa sobre cupos y personas privadas de la libertad, pero sin entender que un cupo no es solo una cama donde dormir sino también la capacidad y calidad de otros espacios. Esta situación provoca, además, que sea común que escaseen los alimentos, los elementos de aseo, se generen problemas de convivencia, y en el marco de la pandemia la propagación del virus ha expuesto a las y los PPL, habiendo picos de contagios de más de 1000 en menos de tres semanas, como fue el caso de La Picota. Este hacinamiento ha tenido palpables consecuencias en la garantía de salud de los reclusos. Solamente por poner un ejemplo, entre los meses de febrero y marzo solo se permitieron el 43% de las citas médicas requeridas en todas las cárceles, la cual es una cifra bastante baja teniendo en cuenta que en solo tres meses se habían solicitado cerca de 24.786 citas. Muchas personas con esto ven entorpecidos sus procesos médicos. Están condenando a la gente a pagar una pena diferente a la privación de la libertad, que en este caso sería la degradación de las condiciones de vida. Hoy en día eso se ve en múltiples dificultades como el hacinamiento, que a pesar que en el marco de la pandemia se ha registrado por el INPEC una disminución, lo que podemos ver es que este no se ha reducido de manera focalizada en las cárceles que más lo necesitaban, sino de manera general, que se da porque este fenómeno se mide de manera bastante difusa sobre cupos y personas privadas de la libertad, pero sin entender que un cupo no es solo una cama donde dormir sino también la capacidad y calidad de otros espacios. Imagen: Cortesía. Otra problemática muy grave, que tuvo su punto más alto el 21 de marzo de 2020, son los tratos crueles, inhumanos y degradantes a través del uso abusivo de la fuerza. Esto se sigue presentando en las cárceles y no tiene la importancia y atención suficiente. En investigaciones periodísticas se ha dicho que varias de las 24 personas asesinadas en marzo en la cárcel La Modelo recibieron impactos de arma de fuego de largo alcance y otros fueron torturados y maltratados luego que se acabó el motín. Escenarios similares se vivieron en casi 15 cárceles del país. Por otro lado, hay que nombrar que aqueja mucho el tema de la alimentación. Últimamente se han recibido múltiples quejas de que los contratos de alimentación en las cárceles no están siendo cumplidos. Esto se manifiesta en la no entrega del gramaje y la entrega de alimentos en condición de descomposición. Actualmente en la cárcel de Valledupar algunos internos están en huelga de hambre exigiendo unas mejoras en el servicio de alimentación y lo mismo ocurrió en el Buen Pastor de Bogotá. A esto se suma la falta garantías para el suministro de agua, incluso en cárceles nuevas. Adicionalmente, desde el 13 de marzo las y los PPL están sin visitas, con dificultades en la comunicación con sus familiares, sin planes de resocialización claros, y hay bastante oscuridad en las cifras que presenta el INPEC y el Ministerio de Justicia respecto al tratamiento de la pandemia. Hoy, por ejemplo, desconocemos la cantidad de fallecidos. Hay una profundización del estado de cosas inconstitucional y de las lógicas que la generan, tenemos toda una política criminal punitiva, que sigue impulsándose desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia, hasta bancadas en el legislativo, esto está acentuando una situación que no tiene solución a corto plazo. Temblores ONG – Alejandro Rodríguez Desde Temblores ONG este año iniciamos un proyecto que tiene como antecedente el informe Silencio Oficial realizado el año pasado en el que identificamos que en los 20 años del ESMAD habían asesinadas, por lo menos, 34 personas que estaban ejerciendo su derecho a la protesta. Es decir, hay un antecedente muy fuerte de cómo la Policía constantemente está violando los Derechos Humanos de la ciudadanía. A partir de un ejercicio de registro de abusos de la Policía que estamos haciendo a través de una plataforma llamada Grita, hemos identificado que hay tendencias en las que la Policía está constantemente afectando y violentando, que además con las medidas de la cuarentena se le ha dado un gran poder a esta institución, pues además se volvieron en quienes deciden quién puede y quién no habitar el espacio público. Hay que decir que tenemos varios tipos de violencia, entre las que está la violencia sexual; a la Fuerza Pública se le ha señalado en casos de abuso y acoso sexual. Hay también violencia psicológica, y es que algo que ocurre mucho es que la misma Policía empieza a amenazar y a intimidar a la ciudadanía, y la gente al verse abordada de esta forma reaccionan con miedo. Fotografía: Pares. Lo anterior ha permitido que aumenten los casos de violencia en las calles y lastimosamente las ciudadanías más afectadas son las que históricamente han sido vulneradas. El 18% de los casos que tenemos son personas que están en un rango etario de la juventud, esto responde a un fenómeno de la criminalización de las personas jóvenes, donde se les viola sus derechos y se les mata. Hay que decir que esto además es contra las personas pobres, la mayoría de las personas que tienen más posibilidades de ser victimas de violencia policial son las personas pobres. Por otra parte, el 14% de los casos son contra gente que está ejerciendo su derecho a la protesta social. Eso es muy preocupante porque se sabe que en la democracia la protesta es un mecanismo de la ciudadanía para dar a conocer sus necesidades, molestias, y regular a los gobernantes. Ha habido una gran represión ahí. También hay persecución contra vendedores ambulantes, personas LGBTI, migrantes, habitantes de calle, indígenas, afrodescendientes. Toda esta población es víctima de la constante violencia de la Fuerza Pública. Hay que decir que tenemos varios tipos de violencia, entre las que está la violencia sexual; a la Fuerza Pública se le ha señalado en casos de abuso y acoso sexual. Hay también violencia psicológica, y es que algo que ocurre mucho es que la misma Policía empieza a amenazar y a intimidar a la ciudadanía, y la gente al verse abordada de esta forma reaccionan con miedo. Hay también violencia homicida, donde solo en la noche de ayer se reportó un caso y con este son 10 los casos de asesinatos en este año por parte de la Policía, donde las víctimas en promedio tienen 25 años. La Policía está haciendo lo que quiera en el espacio público, en este año se registran, por lo menos 170 casos de violencia policial, y la crisis les está permitiendo ese poder, aun cuando tienen este historial de violencia y de vulneración de derechos tan fuerte. ASCAMCAT – Juan Carlos Quintero La situación de Derechos Humanos para los/as campesinos/as del Catatumbo, y en general del Norte de Santander no es ajena a la situación de Derechos Humanos del resto del país. Hay un claro deterioro en la garantía de protección de las personas que defienden los Derechos Humanos, de sus organizaciones y de los líderes sociales, en el caso nuestro esta situación se ha agudizado entre 2018 y 2020. Hemos expuesto en diferentes espacios que en esta región han sido asesinados más o menos unos 50 líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz hasta julio de este año, mientras que unas 150 personas han sido afectadas por minas antipersonal. Y, unas 60.000 personas han sufrido desplazamiento forzado interveredales e intermunicipales; de esos 60.000 casi 4.000 se han dado en el 2020. Además, la desaparición forzada sigue siendo una de las prácticas terribles en el departamento. Cada cuatro días se calcula que desaparecen a una persona en toda la zona de frontera. Hoy es un día para recordar que las masacres siguen creciendo, en Norte de Santander tenemos cinco (5) de las más de 50 que han ocurrido este año. Todo esto es una situación que por la posición negacionista del Gobierno Nacional va a seguir ocurriendo desafortunadamente. Imagen: Pares. Como organización campesina, lamentablemente, de esa cantidad de muertes tenemos cerca de nueve (9) compañeros. Hemos recibido unos ataques sistemáticos muy fuertes como robos por parte de grupos armados, violencia sexual contra nuestros familiares o integrantes, secuestros de dirigentes, y, además, reclutamiento de menores. A eso se suma el tratamiento a la protesta social que le ha dado la institucionalidad en el marco de las erradicaciones forzadas. También, un claro patrón de retorno de las ejecuciones extrajudiciales. En lo que va corrido del año cuatro (4) civiles han sido asesinados directamente por miembros de la Fuerza Pública, adscritos a la Segunda División del Ejército. De esos cuatro casos tenemos el caso famoso de Salvador Jaimes, que fue el 27 de julio en zona rural de Teorama y que el Ejército trató de desvirtuar y de confundir a la opinión pública diciendo que era un tal alias ‘Copete’, integrante del EPL. Como comunidad sabíamos que él era un civil que había sido ejecutado extrajudicialmente. Hoy es un día para recordar que las masacres siguen creciendo, en Norte de Santander tenemos cinco (5) de las más de 50 que han ocurrido este año. Todo esto es una situación que por la posición negacionista del Gobierno Nacional va a seguir ocurriendo desafortunadamente. Organización Femenina Popular – Laura Serrano Vecino Desde la OFP en el Magdalena Medio hemos evidenciado que las mujeres de la región sufren las ausencias de garantías para tener procesos de reparación efectivos cuando han sido víctimas de violencia, y tampoco hay una construcción de garantías de no repetición en el territorio. Esta es una región en donde existe todavía conflictividad social y política muy alta y eso se refleja en las acciones de intimidación económica, sexual, física y emocional que afectan de forma desproporcionada y diferencial a las mujeres. Hay unos discursos estigmatizantes que pretenden eliminar el carácter político de estas violencias en contra de las mujeres y negar el carácter de las mujeres como sujetas de derechos también, como decimos en la OFP: los derechos humanos sin las mujeres no son humanos. Foto: Pares. Frente a eso hay que anotar que las formas más directas de vulneración de Derechos Humanos en contra de la población y particularmente en contra de las mujeres, son resultado de un escenario de violencias estructurales y culturales que han configurado un panorama de ausencia de instancias de denuncia, investigación y de sanción efectiva. Esto abona a la impunidad de los hechos violentos contra las mujeres y su perpetración. Adicionalmente, en un escenario de discriminación estructural en contra de las mujeres es muy preocupante la situación de derechos de las mujeres y sobre todo la manera en la que se ha recrudecido y se ha evidenciado durante el tiempo de la cuarentena. Hablo de situaciones como la violencia física, emocional, económica en contra de las mujeres en sus entornos familiares, pero también las violencias sociopolíticas; amenazas y asesinatos de lideresas sociales. Vale la pena recordar que en el mes de marzo fue asesinada la compañera Carlota Salina, lideresa de la OFP en San Pablo, Bolívar, y todavía allí persisten las acciones intimidatorias de los actores armados. Esto, además, permeado por unos discursos estigmatizantes que pretenden eliminar el carácter político de estas violencias en contra de las mujeres y negar el carácter de las mujeres como sujetas de derechos también, como decimos en la OFP: los derechos humanos sin las mujeres no son humanos. Red Popular de Derechos Humanos – Mauricio Esguerra Desde la Red Popular de Derechos Humanos hemos analizado que la situación de Derechos Humanos en Bogotá es muy complicada, principalmente en los últimos 2 años. El 2020 comenzó con lo que fueron las secuelas del Paro iniciado el 21 N y con una política de Derechos Humanos que aparentemente iba a ser aplicada por Claudia López. Lo que vimos fue que esto se quedó únicamente en el discurso político y no trascendió en la construcción de protocolos y decretos concertados por las organizaciones de Derechos Humanos. Esto fue muy evidente cuando se hicieron las primeras intervenciones del ESMAD en las universidades públicas a propósito de la continuidad del paro estudiantil, donde se mostró la persistencia del patrón de persecución y de señalar como delincuentes y vándalos o terroristas a los/as estudiantes. Ha habido intervenciones del ESMAD en las universidades públicas a propósito de la continuidad del paro estudiantil, donde se mostró la persistencia del patrón de persecución y de señalar como delincuentes y vándalos o terroristas a los/as estudiantes. Foto: Pares. Con la pandemia el panorama de Derechos Humanos cambió hacia otros elementos. Sin embargo, ante la aparición de nuevas formas de protesta que protagonizaban principalmente los barrios del sur de Bogotá, pues lo que vimos fue una constante represión, y una política basada principalmente en darle toda la autoridad posible a la Fuerza Pública. Tenemos la necesidad urgente de que se reconozca a las organizaciones defensoras Derechos Humanos como organizaciones que están para prestar una atención integral a la población, y que por tanto deben ser partícipes en la construcción de las políticas públicas en torno al tema Derechos Humanos en la ciudad de Bogotá y en todo el territorio nacional.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. No existe otra forma para empezar este artículo que decir que lo que ocurrió con Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, en el barrio Santa Cecilia en la localidad de Engativá, fue un asesinato. Sin embargo, además, hay que decir que el homicidio lo perpetraron dos uniformados de la Policía Nacional que, mientras descargaban la pistola Taser y lo asfixiaban, no atendieron las súplicas ni de Javier, ni de las personas que grabaron y presenciaron los hechos. A pesar de que este 9 de septiembre se conmemora el día Nacional de los Derechos Humanos; medios masivos de comunicación como Caracol Noticias o Revista Semana han descrito el hecho con palabras como “murió” o “presunto”. Sin embargo, las imágenes del hecho son claras. El padre de dos hijos —de 11 y 15 años— fue víctima de los dos policías. Esto mantiene latente un debate sobre las posibilidades de una reforma policial a nivel interno, sobre el uso de armas y sobre la doctrina que la constituye. “Se utilizaron descargas con una pistola Taser contra el ciudadano, fue llevado al CAI del barrio Villa Luz y posteriormente a la Clínica Santa María del Lago, donde falleció”, señaló la Personería de Bogotá en un comunicado de prensa. La familia pide proceso penal no disciplinario “Javier Ordoñez es mi excuñado, el papá de mis dos sobrinos de 11 y 15 años, mi cuñado no era ningún borracho, no era un criminal ni una mala persona y, aún así lo hubiese sido, no merecía morir. La policía está para cuidarnos y lo único que hicieron fue asesinarlo, porque no tienen que minimizar el problema… ¡Lo asesinaron!” estas fueron algunas de las palabras que emitió un familiar. «Los uniformados continúan cometiendo todo tipo de brutalidades y las medidas de sanción son insuficientes. De esta forma, se requiere entonces una primera reforma a los sistemas de control”. Imagen: Pares. Asimismo, señaló que no se “empiece un proceso disciplinario contra estos dos policías porque no son policías son asesinos. Se debe hacer un proceso penal. Ellos no abusaron de su fuerza, fue un asesinato. Finalmente, convocaron a una velatón por “la justicia y la memoria de Javier, porque nosotros ahora tenemos que hacernos cargo de explicarles a dos niños que a su papá lo asesinaron dos policías.” A los dos policías sólo pretendían trasladarlos Por su parte, la Policía Nacional se refirió a los hechos a través del Coronel Necton Lincon Borja Miranda — Comandante Operativo Policía Metropolitana de Bogotá— y dieron a conocer la decisión de esta institución ante el asesinato. En principio, a las 6:52 a.m. —y sin mayor reparo— señaló que se iba a “suspender de la actividad operativa o el servicio de vigilancia y pasar a actividades administrativas a los policías que se encuentran inmersos en estos hechos”, sentenció el coronel. A las 8:06 a.m. el coronel volvió a referirse a los hechos y cambió las disposiciones iniciales que pretendía la institución. “Hemos decidido que estos dos uniformados, que se vieron involucrados en este hecho, sean separados inmediatamente de sus cargos y se les adelantará la investigación disciplinaria correspondiente. El CTI de la Fiscalía asumirá la investigación”, concluyó el coronel. ¿Por qué es necesario una reforma a la Policía? Para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, “están pasando dos fenómenos muy complicados. Por un lado, el tema de la pandemia llevó a que se perdieran muchas libertades y, en este sentido, la Policía se sienta con mayor libertad de cometer estos hechos en contra de los Derechos Humanos. Por otro lado, Ávila, resalta que la impunidad al interior de la Policía juega un papel preponderante frente a este tipo de hechos. Frente al debate sobre la reforma a la Policía, Ávila señaló que hay “un tema delicado que tiene que ver con los controles internos en la Policía. Es decir, los uniformados continúan cometiendo todo tipo de brutalidades y las medidas de sanción son insuficientes. De esta forma, se requiere entonces una primera reforma a los sistemas de control”. Por otra parte, Ávila se refirió a la reforma a la doctrina de la Policía Nacional. Para el analista, resulta vital que la Policía cuente con un cambio en la forma como se relaciona con la población colombiana y, con ello, resalta una acción que denominó “entrenarlos para la democracia”. Sin embargo, señaló que estos esfuerzos de nada servirán sin los controles internos que continúan generando impunidad. La reforma a la Policía es una exigencia mundial De acuerdo con Alejandro Rodríguez, investigador de Temblores ONG, esta es una urgencia que comparten distintos países a nivel mundial que es de vieja data. Sin embargo, Alejandro hizo hincapié en que “este año —2020— a partir de todo el poder que se le ha otorgado a las instituciones policiales alrededor del mundo debido a la emergencia sanitaria ha recrudecido la violencia policial.” De esta forma, “desde Temblores ONG consideramos que la reforma de la Policía es inminente. Esto en razón a que la Policía porque esta se caracteriza por ser una institución violenta, patriarcal, una institución que no encuentra el diálogo como una forma de resolución de problemas.”, precisó el investigador. Por otra parte, para Alejandro, esta acción tendrá sentido si va acompañada de un cambio en el paradigma de Seguridad Ciudadana. No puede ser que la Policía siga siendo la única institución que disponen para la resolución de conflictos. Es una institución que se caracteriza sobre el solo uso de la fuerza. Taser, un legado de las dictaduras del Cono Sur Tal como explica Alejandro el arma con la que fue asesinado Javier antes eran, por ejemplo, usadas en las dictaduras de Argentina y Chile. “Estas armas no pueden seguir siendo heredadas por la Policía de forma legal. En Argentina se dio una resistencia social en el que se logró evitar que fuera permitido el uso del Taser. Estas armas facilitan que lo policías cometan torturas en el espacio público y asesinar. Desde Temblores ONG, creemos que deben ser desmontadas”. Por otra parte, el investigador señaló, “nuestros impuestos siguen siendo dirigidos a la compra de, supuestamente, armas no letales que —como se observó en el caso de Javier— son letales. Se deberían priorizar recursos que están destinados a esas comprar y reorientarlos a la resolución pacífica de conflictos.” De acuerdo con Alejandro Rodríguez, investigador de Temblores ONG, esta es una urgencia que comparten distintos países a nivel mundial que es de vieja data. Sin embargo, Alejandro hizo hincapié en que “este año —2020— a partir de todo el poder que se le ha otorgado a las instituciones policiales alrededor del mundo debido a la emergencia sanitaria ha recrudecido la violencia policial.” Imagen: Pares. De acuerdo con Alirio Uribe, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Naciones Unidas se ha referido al Tase como un arma de tortura, que estas armas deben ser prohibidas. “Estamos frente a un caso de ejecución extrajudicial por el mal uso de las armas y por el ejercicio arbitrario del poder. Lenguaje en los medios sobre las violaciones de DDHH a manos de la Policía Alejandro se refirió a uno de los riesgos que representa el uso del lenguaje en casos de homicidios como el de Javier por parte de los medios de comunicación. “Decir que un ciudadano murió tras el procedimiento policial representa, entre otras cosas, una carga sobre el imaginario que crea la ciudadanía frente a estos hechos. Decidir decir muerto que asesinado tiene consecuencias hasta en el procedimiento legal y judiciales.” Según el investigador de Temblores ONG, es muy grave que el homicidio de Javier haya sido puesto en tela de juicio por parte de los medios de comunicación, cuando claramente en el video se ve el papel de la Policía, se debe condenar. “Para estos medios si resulta prudente señalar un asesinato por parte de la Policía cunado el caso no ocurre en Colombia, como lo hicieron en el caso de George Floyd, en Mineápolis. “La Policía como institución ha ido desarrollando un proceso de transformación; pero no ha sido suficiente” Isaac Morales, coordinador de la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado, señala que “se tiene que conocer que la Policía como institución ha venido desarrollando un proceso de modernización y transformación institucional en el que se ha tratado de adaptar para entender cuáles son los contextos a los que se enfrenta la Policía en estos tiempos. Ha habido esfuerzos internos”. En este sentido, Morales insiste en que “hablar sobre la solicitud de reforma policial en un nivel más alto, reforma constitucional o una ley que modifique la Ley 62 de 1993 —que es la que es la que le da la orientación básica a la Policía Nacional— tiene que ser estudiado porque, como está descrito el tratamiento legislativo es generalizado y ya a nivel interior es que se da las orientaciones de cómo se desarrollan estos aspectos normativos.” Así las cosas, para Morales se debe reconocer que se están desarrollando estas acciones de transformación, pero es difícil porque se advierte como largo y con un carácter cultural. “Se requiere un diálogo nacional y con expertos para valorar qué es lo que estaría fallando en la Policía en términos internos y doctrinales. También, sobre uso de la fuerza y uso de armas no letales”. Se requieren sanciones reales Por ejemplo, continúa Morales, frente al caso de Javier, “fue un procedimiento fuera de todos los protocolos establecidos a nivel institucional en el marco de la defensa de los Derechos Humanos. El uso del Taser por parte de uniformados, tal como está establecido, es sobre situaciones en las que se pretenda inmovilizar a una persona que esté presentando un comportamiento grave contrario a convivencia.« Para el investigador de Pares, en este sentido, se tiene que hacer una reforma orientada a que existan controles efectivos a nivel de sanción sobre este tipo de acciones. “Si un policía falla en sus funciones debería ser investigado, debería tener consecuencias sobre sus funciones. Morales concluye a que debe haber sanciones reales. “Ha habido una falla en lo que la Policía tiene que se llama inspección general que, técnicamente, es la encargada de llevar esos procesos, que ha mostrado que no ha habido suficientes resultados”. Las organizaciones víctimas de la violencia policial esperan un papel protagónico de la Alcaldía La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio a conocer que presidirá la mesa de DDHH y Convivencia Distrital para que en conjunto con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para así “lograr una reforma seria al interior de la Policía, que no puede quedarse en excusas de manzanas aisladas ni anuncios de investigación.” En este sentido se comprometió a una reestructuración “profunda y seria” al interior de la Policía para prevenir y sancionar. Hoy regresa a la memoria que, en tiempo de campaña la ahora alcaldesa señaló —categóricamente— “que la jefatura de la Policía no se puede delegar (…) seré la jefe de Policía que haga temblar a los delincuentes”. Organizaciones sociales de Bogotá espera que, en el marco de las nuevas disposiciones sobre el caso de Javier, se haga justicia sobre un grueso de denuncias que, a su consideración no han sido atendidas de manera eficaz por parte de la administración distrital. Isaac Morales, coordinador de la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado, señala que “se tiene que conocer que la Policía como institución ha venido desarrollando un proceso de modernización y transformación institucional en el que se ha tratado de adaptar para entender cuáles son los contextos a los que se enfrenta la Policía en estos tiempos. Ha habido esfuerzos internos”. Imagen: Pares. Las víctimas de este año Alejandro resaltó que en materia investigativa la ONG ha podido registrar más de 160 casos de violencia policial en Colombia y 10 homicidios por parte de la Policía en Colombia. De estos homicidios, el promedio de edad es de 25 años, hecho que “nos preocupa de sobremanera que se esté presentando un fenómeno de criminalización de la juventud, en el que la Policía está perpetrando una serie de asesinatos hacia jóvenes.” “Desde Temblores ONG, creemos que es urgente una reforma a la Policía, que esta institución debe tener unos procedimientos que, efectivamente, garanticen el derecho a la vida, que garanticen el principio de la proporcionalidad del uso de la fuerza, ausente en el homicidio de Javier”. Manifestaciones En la capital de la República se han realizado plantones en rechazo a la violencia policial y el asesinato de Javier en manos de los dos Policías, se espera que en la noche de este miércoles se lleven a cabo velatones que fueron convocados por la familia.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Recientemente se conocieron panfletos amenazantes dirigidos a algunos/as líderes comunales, políticos y sociales de Soacha. Otra vez bajo el nombre de las Águilas Negras y de nuevo poniendo como objetivo militar a personas integrantes del movimiento social del municipio y a quienes trabajan desde distintos sectores por impulsar la protección de los Derechos Humanos de los/as habitantes de esta zona de Cundinamarca. Allí se nombra a Marco Aurelio Caicedo; Carmenza Vargas; Carlos Palacio; Ernesto Morales, a su hija e hijo Sandra Morales y Fabian Morales; Heiner Gaitán; Juan Pinto; Mauricio Reyes; Nicolás Ricardo; Samuel Roberto; Alcides Alba; Ricardo Ibáñez; Luis Agudelo; Jorge Rodríguez e Ignacio Roya, a quienes además les llegó dicha amenaza a través de sus correos personales. Sobre este hecho hay varios puntos que señalar. Por una parte, hay que decir que las alarma sobre la persecución a las personas que ejercen liderazgos en Soacha está hecha por la Defensoría del Pueblo desde el 24 de julio de 2018 a través de Alerta Temprana 062-18. En esta se señalaba que: “En el municipio de Soacha persiste la presencia de grupos armados ilegales posdesmovilización de las AUC, quienes bajo amenaza de muerte, y con la presunción de la oferta de servicios de seguridad, generan zozobra. (…) El municipio se caracteriza por la baja presencia institucional en algunas zonas del territorio, y la presencia de grupos armados ilegales que superponen violencias que provienen tanto del conflicto armado y sus actores como de estructuras ilegales y delincuenciales locales”. Por otra parte, además de indicar que, en efecto, había presencia de grupos armados ilegales, también se informó que estos estaban trabajando y subcontratando bandas de crimen organizado. Así, se nombraba que en ese momento eran dos los grupos con más presencia: ‘Los Paisas’, en la comuna Cuatro de Cazucá y los llamados ‘Sayayines’ en Compartir y Centro. Pues bien, hoy es necesario señalar esta situación porque las amenazas para los habitantes de Soacha no son nuevas y la protección sigue siendo una exigencia transversal en la agenda de los habitantes del municipio. No obstante, y aunque se ha advertido de esta presencia de actores armados, sigue habiendo desde la institucionalidad el negacionismo de estas dinámicas de disputa. “En los últimos siete meses se ha negado la presencia de actores irregulares, herederos, en muchas ocasiones, de las estructuras del paramilitarismo que siguen hoy ejerciendo control en Soacha, reclutando jóvenes y lavando dinero en la economía tanto formal, como ilegal”, dijo el concejal Heiner Gaitán a través de su cuenta de Twitter. Justamente, en los últimos meses a los que hace referencia Heiner Gaitán, en Soacha se ha reportado constantemente la circulación de panfletos amenazantes de grupos armados, en los que se hace referencia a limpiezas sociales, objetivos militares y ordenes de dejar la zona. Adicionalmente, como se denunció desde Pares, esta presencia de actores ilegales también ha estado provocando el reclutamiento de menores, actividad criminal que finalizando enero volvió a encender las alarmas, pues ‘Los Paisas’ habrían reclutado a diez jóvenes a través de ofertas laborales para luego ser conducidos a Bello, Antioquia, en donde no se volvió a tener conocimiento del paradero de ellos. A esto se le suma el reporte hecho a través de una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, en el que se encontró la posible presencia de más de 20 grupos criminales de diversa índole, quienes se han encargado de dinamizar las economías ilegales que se dan en este municipio y quienes, además, se han disputado el control del mismo. Por otro lado, se conoció que por la amenaza recibida recientemente en la tarde del próximo miércoles fue citado un consejo de seguridad extraordinario. A éste, que se hará de forma virtual, están invitadas todas las juntas de la comuna dos de Soacha, y el tema principal es “amenaza y agresión física y verbal a comunales”. No obstante, la exigencia sigue siendo que cuanto antes se activen rutas de protección, y que, además, como lo dijo Heiner Gaitán a través de Twitter: “se atienda el fenómeno paramilitar en el municipio, y también se rodee a los sectores amenazados. Pero, sobre todo, que no se sega con el lenguaje estigmatizante contra sectores de oposición. Le pedimos a las autoridades esclarecer e ir al fondo de estos hechos”. Por todo lo anterior y entendiendo la gravedad de estas nuevas amenazas que llegan a Soacha, desde Pares se habló con Erick Betancurt, integrante y defensor de DD.HH. de la Red Popular de Derechos Humanos – REDHUS. Pares: ¿Cuál es el análisis que desde REDHUS se hace de la situación actual de seguridad en Soacha? Erick Betancurt: Desde REDHUS y de la mano con la Fundación Lazos de Dignidad hemos encontrado que una de las situaciones que más preocupa es el reclutamiento ilegal a menores. No obstante, en este hecho en particular de ayer, nos llama la atención la forma en la que se divulgó el tema del panfleto, pues se evidencia una cercanía a información privada de las personas que allí aparecen. Además, es reiterativo el uso de estas acciones amenazantes, que desde febrero se han vuelto una constante. Pares: ¿Qué actores pueden tener relación con esta situación? E.B: Desde la Alerta Temprana 062-18 se viene advirtiendo de esos perfiles de los grupos armados que tienen presencia en Soacha por el control territorial por tráfico de sustancias psicoactivas. Estos grupos se autodenominan con Águilas Negras, antiguamente tenía también presencia el Bloque Centauros. No obstante, ahora hay que decir que hay una fuerte influencia en todo este conflicto por parte de los tierreros, se han convertido uno de los actores principales de los que impulsan la violencia en los territorios. Pares: Sobre lo que nombraba de los tierreros se ha mostrado en esta cuarentena que es un problema de gran impacto social, que incluso durante la emergencia hizo que los ojos se pusieran sobre Soacha. ¿Qué ha pasado en estos últimos meses con ese tema y con las personas que estaban en las zonas ilegales? E.B: En este momento las personas que estaban siendo desalojadas se tuvieron que ir por un tema de amenazas que se dieron de forma más verbal. Hasta el momento no se conoce que las respectivas instituciones se hayan pronunciado frente a las acciones que se dijeron que se iban a tomar. Se ha repetido que las personas que siguen defendiendo la propiedad que construyeron ya no solo reciben amenazas por parte de los tierreros, sino también de forma esporádica por parte de diferentes autoridades, especialmente por la Policía Nacional que hacen sentir temerosa a la comunidad que está residiendo o residió en estos asentamientos. Pares: ¿Qué acompañamiento está haciendo REDHUS con las personas recientemente amenazadas? E.B: Estamos dialogando con las diferentes víctimas de la amenaza. Uno de los puntos más relevantes ahora es que la amenaza llega de forma virtual, a los correos personales. En ese sentido no solo preocupa el hecho que amenacen a las figuras más públicas, sino también al movimiento social de Soacha y a representantes de sectores vulnerables como el LGBTI, el de víctimas y el de vendedores informales. Por otra parte, tanto con las personas amenazadas y de la mano con organizaciones de Derechos Humanos estamos activando las rutas de protección. Por ejemplo, con la personería municipal realizamos una acción de urgencia manifiesta individualmente con cada persona. Además, venimos recalcando el abandono y negligencia del alcalde Juan Carlos Saldarriaga en este caso y con el reconocimiento de la situación en Soacha, entendiendo que él también fue amenazado y a él sí se le activaron rápido las medidas que iba a tomar la Alcaldía y los diferentes organismos para su protección. Mientras que al sector alternativo y de oposición se le tiene en completo abandono. Son dos caras totalmente diferentes. Pares: Soacha es un territorio con un marco histórico en el que la violencia es una constante. En este momento, ¿qué está pasando? ¿Por qué el miedo y las amenazas siguen ahí? ¿Por qué la disputa en Soacha? E.B: Las banderas de la lucha de la organización social del municipio han sido desde la disputa por el territorio, en ese sentido tiene mucho que ver el tema de los tierreros y las invasiones, pero también el tema de las canteras. En Soacha en el último informe de la CAR se mencionaba que solo había tres canteras identificadas por la Alcaldía como legales, pero encontramos que en el territorio hay más de 50, en donde la Alcaldía no está generando control, pero las comunidades e ilegales sí se empoderan de éstas. Hay lucha muy fuerte y es la social, en donde hay una agenda muy marcada por la no criminalización de los jóvenes. Aquí hay que entender que la política pública de juventud fue aprobada hasta hace muy poco y se discutió durante muchos años. Eso ha influido, por ejemplo, en que en estos momentos de pandemia no se ha dado una respuesta contundente para la apropiada restauración del derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes del municipio. Es evidente que en Soacha hay crimen organizado, pero se falla en la categorización y lectura que se hace de este problema, pues se sigue insistiendo en que es simple delincuencia, pero no se identifican los actores armados más organizados, que además de fortalecer la delincuencia común, están generando un impacto político y social por el control territorial, entendiendo que Soacha en conexión con Ciudad Bolívar, Bosa y todo el borde sur se ha vuelto una ruta de crimen, donde se generan disputas por el tráfico de estupefacientes, por el reclutamiento a menores, por el control del transporte ilegal, etc. Además, hay una fuerte influencia de estos grupos armados ilegales para frenar a las personas que están trabajando por la dignidad y el bien común de la comunidad y por la defensa de la vida, que eso es lo que se evidencia con esta más reciente amenaza.

Por: Andrés Paternostro Céspedes* y Angie Doval Higuita**. Fotografías por: Andrés Paternostro Céspedes y Eloisa Doval Higuita. El 2020 indudablemente se está convirtiendo en uno de los hitos más importantes de la historia reciente a consecuencia del nuevo coronavirus y todas las implicaciones sanitarias, sociales, económicas y políticas que han tenido lugar desde la aparición del virus. Es evidente entonces, que la humanidad se encuentra hoy ante su primer acontecimiento verdaderamente global*** y la velocidad con la que este hecho sin precedentes cercanos está teniendo lugar, terminará por modificar de forma irremediable la vida tal y como ha sido conocida. En consecuencia, líderes de todas partes del mundo han expresado que el Covid-19 es una problemática que afecta a toda la humanidad por igual, y por ello se han popularizado los discursos de no discriminación y unidad, dado a que el coronavirus no discrimina sexo, género, etnia, clase social, religión, partido político o edad. “El coronavirus está mostrando que la vulnerabilidad o mortalidad humanas no son democráticas, sino que dependen del estatus social” (MDZ, 2020). Fotografías: Andrés Paternostro Céspedes y Eloisa Doval Higuita. Lo propio ha dicho el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, quien en repetidas oportunidades ha afirmado que: “Aquí no hay colores políticos ni de partido, aquí prima el interés colombiano, el interés nacional. Aquí prima nuestra unidad…” (Caicedo, 2020). ¿Pero qué tan acertadas son estas reflexiones, cuando la realidad que logra percibirse es en sí misma compleja y llena de una multiplicidad de aristas? Desde autores como Byung-Chul Han, nada más errado que estos discursos que buscan homogenizar las distintas realidades de millones de personas en medio de la actual pandemia; pues para este filósofo, “El coronavirus está mostrando que la vulnerabilidad o mortalidad humanas no son democráticas, sino que dependen del estatus social” (MDZ, 2020). Afirmación que es apreciable en el caso particular de Antioquia, un territorio lleno de extremos, de dualismos, de blancos y negros, y que hoy, desde el discurso solo se quiere ver en un solo tipo de gris, un gris pintado por esta pandemia. Y es que en Antioquia, la situación se radicaliza aún más en el Bajo Cauca, pues según cifras del Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia Unidos por la Vida 2020-2023 (2020), el Bajo Cauca se constituye en la subregión más pobre, debido a que posee el índice de pobreza multidimensional más elevado de todas las subregiones, con un 28,5%, cifra que contrasta con el 7,8% de pobreza registrado para el Valle de Aburrá, que es la subregión con menor índice. “El coronavirus está mostrando que la vulnerabilidad o mortalidad humanas no son democráticas, sino que dependen del estatus social” (MDZ, 2020) Fotografías:Andrés Paternostro Céspedes y Eloisa Doval Higuita. Lo anterior se convierte en el reflejo estadístico de una serie de problemáticas históricas y sociales que tienen lugar en el Bajo Cauca. Pero lo que preocupa con la llegada del Covid-19, no es solo que esta desigualdad estructural ha sido develada, sino que además ha propiciado su agudización de manera acelerada y vertiginosa. Así bien, en Caucasia, El Bagre, Nechí, Zaragoza, Cáceres y Tarazá, el virus proveniente de Wuhan, se ha convertido en otra problemática que se suma a la larga lista de las que ya tienen lugar en esta subregión del departamento de Antioquia, pues por décadas, el Bajo Cauca ha padecido los azotes del conflicto armado, la pobreza, el narcotráfico, el hambre, la falta de educación, la corrupción, la contaminación, el trabajo infantil, la dificultad para acceder a los servicios de salud y muchos otros (p. 33). Para muchos ‘#QuédateEnCasa’ se constituye en una directriz imposible de cumplir; en tanto más del 60% de la población de la región del Bajo Cauca vive del empleo informal o del denominado rebusque. Familias enteras, de los estratos 1, 2 y 3 de esta subregión viven del día a día y su sustento depende de manera directa de las labores diarias que realicen. Fotografías:Andrés Paternostro Céspedes y Eloisa Doval Higuita. Los rostros de la desigualdad en el Bajo Cauca, los rostros de la pobreza multidimensional, los rostros de las huellas que han dejado las décadas de conflicto, los rostros de la violencia estructural del estado, los rostros de la informalidad que medida en las cifras oficiales alcanza niveles del 68,1% son ahora también los rostros de la pandemia que preocupa al mundo y que pueden ser apreciados con solo recorrer las céntricas calles de estos municipios, por las que ruedan las coloridas carretas de los vendedores, o con detenerse en una de las esquinas donde estos hombres y mujeres, instalan sus puestos de trabajo. Estos rostros que por años han sido invisibilizados, hoy se encuentran aún más ocultos tras un tapabocas, que se constituye en su única arma para hacerle frente al Coronavirus; y ello es así porque a sus puestos de trabajo no llegan las tales medidas de sanitización de sus gobiernos y porque para ellos no han sido pensados, ni diseñados, ninguna clase de protocolos de bioseguridad. El Bajo Cauca se constituye en la subregión más pobre, debido a que posee el índice de pobreza multidimensional más elevado de todas las subregiones, con un 28,5%, cifra que contrasta con el 7,8% de pobreza registrado para el Valle de Aburrá, que es la subregión con menor índice. Fotografías:Andrés Paternostro Céspedes y Eloisa Doval Higuita. Y lamentablemente, las soluciones que propone el gobierno nacional, en muchos casos no son pensadas más allá de Bogotá y Medellín, y terminan por desconocer las realidades y particularidades locales. Para muchos ‘#QuédateEnCasa’ se constituye en una directriz imposible de cumplir; en tanto más del 60% de la población de la región del Bajo Cauca vive del empleo informal o del denominado rebusque. Familias enteras, de los estratos 1, 2 y 3 de esta subregión viven del día a día y su sustento depende de manera directa de las labores diarias que realicen (Gobernación de Antioquia, 2020, p. 33). La interseccionalidad como categoría conceptual, permite entender el primigenio del abandono estatal que de forma histórica ha padecido el Bajo Cauca, y que además se ha agudizado en épocas de pandemia. Esta visión académica que nace en el movimiento feminista de la mano de la jurista afroamericana Kimberlé Crenshaw en 1989; cuestionó el supuesto de que todas las mujeres eran un grupo homogéneo y posicionado en las mismas estructuras de poder, desconociendo o negando que no es lo mismo ser una mujer negra, indígena, pobre, lesbiana, que ser una mujer blanca, citadina, rica y heterosexual. Por ello, la interseccionalidad permite analizar las interacciones y entrecruzamientos de las diferentes estructuras opresoras o dominantes y sus consecuencias en los grupos, pues esta contempla las diferentes identidades coexistentes como el género, la etnia, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la casta, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad en un individuo o grupo y las contrapone sobre las estructuras de opresión o dominación que en ellos actúan (Heuchan, 2019). La interseccionalidad llevada al contexto particular del Bajo Cauca revela el verdadero trasfondo de la discriminación histórica que ha padecido esta subregión antioqueña. Dicha categoría permite escarbar en el entramado que originó la violencia estructural que por décadas ha soportado el Bajo Cauca por parte de los agentes del estado y su aparataje institucional, una violencia que se erige sobre prejuicios de racismo, clasismo y regionalismos. A lo largo de la historia de Colombia ha existido una explícita distribución desigual de bienes, recursos, servicios, capital y derechos. Hecho que ha condenado a regiones como el Bajo Cauca a la pobreza estructural, a la desigualdad social y a la violencia crónica (Caicedo, 2020). Fotografías:Andrés Paternostro Céspedes y Eloisa Doval Higuita. Son precisamente estas estructuras dominantes, las que en pleno siglo XXI han sido fundamentales para determinar la asignación de recursos en los territorios, la mal llamada mermelada. Y es que resulta evidente, que a lo largo de la historia de Colombia ha existido una explícita distribución desigual de bienes, recursos, servicios, capital y derechos. Hecho que ha condenado a regiones como el Bajo Cauca a la pobreza estructural, a la desigualdad social y a la violencia crónica (Caicedo, 2020). A modo de cierre, es importante mencionar que lo que aquí se pretendía -no era otra cosa- que visibilizar los rostros de aquellos que han padecido estos meses de pandemia, exaltar a esos hombres y mujeres, que, en medio de la pobreza y la violencia, han sorteado también la amenaza del Covid-19. Las fotografías presentadas a continuación tratan de representar de forma respetuosa y objetiva la situación a la que tuvieron que hacer frente la mayoría de los habitantes del Bajo Cauca que viven de la informalidad o día a día, se buscó siempre de manera profesional, evidenciar cómo en esta región no solo el virus es una amenaza latente, sino que, además, aquí la pobreza y la desigualdad social también son pandémicas. *Antropólogo de la Universidad de Antioquia. **Socióloga de la Universidad de Antioquia. ***Es claro que, a lo largo de la historia, muchos han sido los acontecimientos que han logrado captar la atención mundial; la primera y segunda guerra mundial, la peste negra, los brotes de ébola, la gripe española, entre otros tantos, son ejemplos de hechos históricos que han marcado por siglos la historia humana, pero es posible afirmar que ninguno de ellos logró alcanzar el nivel global que en pocos meses ha conseguido Covid-19.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Hace algunas semanas se conoció que un juez estadounidense había aceptado los argumentos de la defensa del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y había ordenado su deportación a Italia. Esta noticia fue un golpe para las víctimas del paramilitarismo, quienes esperaban que Mancuso volviera a Colombia para decir la verdad de hechos que quedaron en el limbo tras su extradición a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008. Días después, el 30 de agosto, llegó la noticia a través del diario El Tiempo que Mancuso sería deportado a Colombia como parte de una decisión de carácter político, pues como se dijo a través del medio de comunicación, “la deportación a Italia resulta perjudicial a los intereses del gobierno Trump”. No obstante, se señalaba que quedaba la posibilidad de apelar la decisión, lo que llevaría, de ser aprobada, a que Mancuso continuara en Estados Unidos. Para dicha apelación tendría 14 días, y como se informaba, se podría hacer bajo el argumento de persecución en Colombia. En medio de esto se señalaba que en cualquiera de estos escenarios lo que quedaría es que se dé la posibilidad de que, a través de los distintos escenarios dispuestos por Sistema de Justicia, Verdad y Reparación, que nacieron tras el acuerdo de paz con las Farc, Mancuso dé su testimonio ya sea en la JEP, donde está a la espera de la decisión para acogerlo, y voluntariamente podría acudir a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. “Intereses oscuros” Señalando que aceptará ir a la Comisión de la Verdad y como respuesta a una carta previa enviada el 19 de agosto por el político y exministro, Álvaro Leyva en la que solicitaba al exjefe de las Farc, Rodrigo Londoño y a Mancuso aportar la verdad por cualquier medio, el exparamilitar envió un documento con varios señalamientos los cuales están en el marco del cuestionamiento que se ha hecho sobre a quiénes les conviene su silencio. Es importante nombrar que la misiva en varios de sus apartes reitera que hay un compromiso con aportar a la verdad sobre los hechos ocurridos en el conflicto armado, “sin ambigüedades, de forma completa y que sea contada de cara al país, donde las víctimas sean honradas por nosotros con esa verdad. (…) La mejor forma de reparación es que no solo se conozca la verdad, sino también, como una forma de no repetición que genere acciones efectivas e incluyentes por parte del Estado colombiano”. A su vez denunció una estrategia de intimidación por parte de quienes no quieren que se conozcan los hechos con los que Mancuso tuvo relación, aclarando, la incierta situación jurídica en la que está ahora no hace parte de una estrategia suya para no hablar, pues, aseveró que “lo único que busco son garantías necesarias para proteger mi vida y la de mi familia”. Adicionalmente, en el documento hace importantes señalamientos desde su participación en las AUC y bajo su condición de tercero, financiador, colaborador y agente del Estado de Facto: “Recuerdo cuando denuncié públicamente el rearme de algunos desmovilizados y me llamaron mentiroso, cuando confesé que el 35 % de miembros del Congreso eran personas apoyadas por las Auc me trataron de loco, cuando conté acerca de la parapolítica la negaron, revelé que yo era la prueba viviente de lo que en ese entonces denominé paramilitarismo de Estado hoy Agente de Estado de facto y me trataron de iluso, se han utilizado medios coercitivos para intimidarme, como torturas, amenazas, persecución judicial a través de montajes como los que he denunciado pública y judicialmente, todo tratando de callarme, ni qué decir cuando conté de forma detallada de las relaciones del Estado y las Auc. Colombia ya sabe lo que me ocurrió, como venganza criminal y para callarme fui extraditado, debido a que relaté como colaboradores, funcionarios cercanos al gobierno del presidente Álvaro Uribe, como Francisco Santos, hoy embajador de Colombia en Estados Unidos, José Miguel Narváez, subdirector del DAS, quien tuvo responsabilidad en la muerte de Jaime Garzón, de Pedro Juan Moreno, amigo personal y Secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, fueron personas muy cercanas con las AUC, también narré lo referente a algunas situaciones que se presentaron con el mismo presidente Uribe y a pesar de todo esto, sumado a otras situaciones perpetradas en contra nuestra, seguimos y seguiremos honrando nuestro compromiso con las víctimas y la verdad». Las relaciones de Mancuso De Mancuso hay muchas aristas por dónde ver los crímenes que cometió, pues tuvo una importante relevancia en la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia junto a los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil. Estando allí comandó el Bloque Catatumbo, que según la Fiscalía mientras estuvo al frente de éste pasó de tener 270 miembros a 2.500, crecimiento que se daría por el apoyo empresarial, político y además del narcotráfico con el que contó este grupo. De esta cantidad de integrantes de este Bloque solo se desmovilizaron 1.437, incluido Mancuso, durante el proceso de Justicia y Paz promovido por el entonces presidente Uribe. Durante este Mancuso entregó 22 bienes y confesó 402 delitos puntuables entre los que están: concierto para delinquir agravado; actos de terrorismo; homicidio en persona protegida; homicidio en persona protegida en la modalidad de tentativa; tortura en persona protegida; toma de rehenes; destrucción y apropiación de bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Además, está señalado por hurto calificado y agravado; exacción o contribuciones arbitrarias; secuestro simple y agravado; desaparición forzada; actos de barbarie; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; tratos inhumanos y degradantes; represalias; obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias; despojo en campo de batalla; simulación de investidura o cargo; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; destinación ilícita de muebles o inmuebles; tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos; conservación o financiación de plantaciones; existencia construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje. Hay que decir que en medio de este contexto la Fiscalía responsabilizó a Mancuso, entre otras, por las masacres de El Aro y la Granja, las mismas con las que se relaciona al expresidente Uribe, quien para esos momentos (1996 y 1997) gobernaba Antioquia y habría tenido conocimiento de lo que iba a suceder en estas zonas de Ituango junto a Pedro Juan Moreno, secretario de gobierno del gobernador en ese periodo y miembros del Ejército, quienes no hicieron nada para evitar las masacres, y por el contrario se les acusa de cuadrar conjuntamente esta incursión paramilitar con los miembros de las AUC. Adicionalmente, hay que mencionar que con un retorno de Mancuso se abrirían capítulos del paramilitarismo en relación con la paraeconomía y los empresarios, ganaderos, terratenientes que habrían colaborado con el accionar y crecimiento de las AUC y también con la relación con políticos y los movimientos que se dieron desde estas esferas para que se cometieran los crímenes realizados por este grupo. Con esto se espera la reacción de la justicia con la carta de Mancuso, pues esta además llega en medio del proceso que lleva Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, el cual ha estado en un vaivén, y ahora esta nueva acusación por hechos con los que se le ha relacionado antes, acentúa la necesidad de la responsabilidad de la justicia para que primen el respeto a las víctimas y la verdadera búsqueda de verdad por encima de los intereses que mueven los hilos para que se conozca o no lo ocurrido en medio del conflicto armado y sobre quiénes dieron las órdenes y las financiaron. ¿Y la JEP? En el documento enviado por Mancuso también hay una importante mención sobre su intención de ser que su proceso se lleve por medio de la JEP, pues como afirma: “mi experiencia y conocimiento macro del conflicto armado me permite asegurar que no solo cumplo con los requisitos para ser admitido en la JEP, sino que, es importante para que se conozca la verdad integra que buscan las víctimas, la sociedad colombiana, la comunidad internacional y que es el espíritu, la esencia, la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz”. Con esto hay que decir el desde noviembre de 2018 el excomandante de las Autodefensas Unidas Colombia manifestó su voluntad de someterse a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y de seguir colaborar con la justicia colombiana. Ahí ha habido un proceso en el cual más recientemente, el pasado 04 de junio, la JEP informó que se había rechazado en primera instancia dicha solicitud. La Sala de Reconocimiento a través del auto 90, concluyó que su rol en el periodo entre 1989 y 1997 fue la de un “miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate», más no las de un tercero civil financiador o colaborador de un grupo armado ilegal. No obstante, en este nuevo panorama esta intención, como lo aseveró León Valencia, “es muy importante porque como se ve en la carta hay por contar revelaciones del mundo político sobre la determinación que tuvo esta esfera con el paramilitarismo y eso ayudaría mucho al esclarecimiento de los hechos. Yo creo que Mancuso podría aportar mucho porque daría testimonios con pruebas y eso es lo que se necesita”.