Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. A la polémica del ambicioso proyecto hidroeléctrico antioqueño se le han sumado nuevos elementos. En primera instancia, se conoció un informe de Reaseguradores —elaborado por expertos en geología y mecánicas de suelos— que puso al descubierto fallas en las decisiones, en la ejecución y en la construcción de la hidroeléctrica. Una de ellas, por ejemplo, fue el “74 % de las estaciones que medían la convergencia no fueron instaladas en cumplimiento de las especificaciones técnicas de la construcción”. Aceleración del informe generó las fallas Además, el informe resaltó que el soporte que fue instalado en la Galería Irregular de Desviación (GAD) fue de forma “irregular y tenía el suelo erosionado”. Es decir, que el túnel no contaba con las condiciones de estabilidad. Por otra parte, el informe hace hincapié en que se presentaron cambios entre los diseños originales y el momento de la construcción. Un ejemplo de ello, es que se usaron “un 25 % menos de tornillos de roca instalados en los soportes” o cambios de material de tornillos a por BAR (Barra Anclada con Resina), lo que, según dijo el informe, contribuyó a debilitar el soporte de la GAD. ¿Federico Gutiérrez ocultó el informe? “Desde Agosto de 2019, siendo Alcalde Federico Gutiérrez, se conocía de dictamen de Reaseguradora concluyendo errores de diseño y construcción en Hidroituango. El documento fue ocultado por interesados en no demandar a contratistas”, señaló el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Según Quintero, la información la conocía la anterior administración —la de Federico Gutiérrez— se conocía desde agosto de 2019. Por su parte, Federico señaló en una entrevista con RCN Radio “ es una mentira más de las tantas que dice Daniel Quintero a diario y creí que nos íbamos a acostumbrar a esas mentiras pero cada vez son más alarmantes … ese estudio nunca fue radicado en EPM, apenas se está conociendo hoy. Ese estudio yo no lo conocía». ¿Por qué es una caso con responsables en retrospectiva? Cabe recordar que el 28 de abril de 2018, se presentó un deurrumbe que bloqueó un túnel de desviación del proyecto HidroItuango que afectó al río Cauca, el segundo afluente más importante de Colombia que alimenta el territorio desde la lengua del Buey —en el Macizo Colombiano— hasta llegar al Brazo de Loba cerca del municipio de Pinillos, en Bolívar. Las implicaciones de este proyecto han sido contra del medio ambiente, en contra de los procesos que adelantan familiares en la búsqueda de personas que desaparecieron en el río y contra miles de colombianos que históricamente han subsistido de las economías que se desprenden del afluente. Hoy, las comunidades siguen en esta lucha contra una monumental catástrofe social y la impunidad que la ha cobijado. Además la obra en su pretensión suministrar el 17% de la energía del país no solo le que cambió el caudal del río Cauca con el impacto medioambiental que esto significa, ha afectado a los habitantes de cañón del Río Cauca por las obras que ha adelantado el proyecto Hidroituango y ha mantenido marginada la búsqueda de miles de víctimas del conflicto armado. Fajardo en defensa de EPM pero continúan los fantasmas Sergio Fajardo escribió una carta dirigida a Daniel Quintero, la avanzada del excandidato presidencial es proteger la empresa antioqueña y “dejar atrás una disputa política que le hace mucho daño a la empresa, para la envergadura de EMP, lo que significa para Medellín, Antioquia, para Colombia”. Además señaló que la discusión se está volviendo en una confrontación digital, con una mezcla de política, que lo unico que le hace daño es a EPM y a la sociedad”. Sin duda, las víctimas que han estado luchando sobre las implicaciones del proyecto en la búsqueda de sus desaparecidos le respondió a la carta de Fajardo. El Movimiento Ríos Vivos, por ejemplo, se señaló “¿quién nos salva a nosotros, las comunidades afectadas? Para usted salvar a EPM es que se oculte la responsabilidad que tiene en este desastre usted y sus amigos.” Recordemos que —según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica— en los 17 municipios que rodean el río Cauca en Antioquia se han perpetrado alrededor de 110 masacres. En entrevista con La W, Fajardo señaló que los cambios en los diseños no necesariamente conduzcan a que se haya hecho mal el proyecto. Sin embargo, este nuevo informe señala que los cambios sí influyeron en afectaciones. En 2013 Fajardo señaló que la aceleración del proyecto Hidroituango es una responsabilidad política que nosotros asumimos La Contraloría, para noviembre de 2019, declaró que hubo manejos irregulares en el proceso del megaproyecto paisa’. Tal como había advertido Pares, de acuerdo con la Contraloría, la suma del detrimento patrimonial es de cuatro billones setenta y cinco mil seiscientos ochenta millones de pesos 4.075.680.000.000, por los cuales deben responder. Imagen: Pares. Dentro los 34 nombres salpicados por el detrimento patrimonial y a los que se les abrió un proceso de responsabilidad fiscal se encuentran los exgobernadores de Antioquia Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo; Federico José Restrepo, representante legal de EMP y miembro de la junta de Hidroituango; Alejandro Antonio Granda, miembro principal de la junta directiva de Hidroituango, Fabio Alonso Salazar Jaramillo, exalcalde de Medellín, el actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria; y exgerente de EPM, Juan Esteban Calle. Tal como había advertido Pares, de acuerdo con la Contraloría, la suma del detrimento patrimonial es de cuatro billones setenta y cinco mil seiscientos ochenta millones de pesos 4.075.680.000.000, por los cuales deben responder. Sin embargo, los reflectores apuntan a Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y Juan Esteban Calle quienes llevaron a cabo el denominado “Plan de aceleramiento” para que el proyecto cumpliera la ambiciosa apuesta que se habían planteado como fecha. Dicho plan, entre otras cosas, cambió los diseños originales del proyecto y conllevó a la construcción de un túnel de desviación auxiliar que, debido a la falta de loza de cemento no aguantó, desprendiendo suelo de roca. Resultado del plan de aceleración: derrumbe y una ‘contingencia sin precedentes’. De hecho, de la cifra de dos billones novecientos setenta y un mil cuatrocientos millones de pesos ($2.971.400.000.000) que concierne a las inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto. El billón ciento cuatro mil doscientos ochenta millones de pesos ($1.104.280.000.000) restante, es por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas planeadas originalmente. En 2013, en entrevista con Teleantioquia Fajardo señaló que la aceleración del proyecto era una tremenda inversión la que estamos haciendo, es una responsabilidad política que nosotros asumimos, una inversión social. Vamos a generar riqueza para Medellín, para Antioquia. ‘En Antioquia la más educada’ y en ‘Medellín un lugar para la vida’ que son las expresiones que expresan lo que significa nuestro Plan de Desarrollo en el Proyecto Integral de HidroItuango estamos haciendo un salto gigantesco de la mano de EPM y del IDEA…”. Fajardo, dos años después de lo ocurrido, declaró que será nuevamente candidato presidencial esta vez con miras a 2022. En entrevista con El Tiempo, sobre las críticas que pesan sobre sus hombros por su gestión como gobernador y frente al tema de la Contraloría señaló: “Hacen todo lo posible por alejarlo a uno de la contienda política, y una de las formas que utilizan es póngale demandas, por eso por primera vez en la historia de Antioquia un gobernador ha sido demandado por la Contraloría, ¿por qué? pues porque el señor contralor de Antioquia en conjunto con el gobernador tienen la estrategia ‘vamos a fregar a Fajardo.” “Crónica de una tragedia anunciada” El congresista David Racero retomó una investigación s que él adelantó sobre los respondables de la tragedia de Hidroituango. Entre otras cosas Racero señaló La decisión de construir Hidroituango se tomó sobre un Estudio de Impacto Ambiental con deficiencias serias, falta de estudios serios y diseños reales. Se basó en un estudio realizado por INTEGRAL S.A. en 1982, que no dimensionaba el área real de influencia del proyecto. Además, se refirió a los cambios entre el proyecto y la ejecución. “¿Por qué se ha modificado varias veces la licencia ambiental del proyecto? ¿Por qué se iniciaron obras mucho tiempo antes de las modificaciones requeridas en la Licencia Ambiental? La dinámica #Hidroituango ha sido: primero se hacen las obras, y luego se solicita la Licencia. Hizo preguntas vigentes frente a los responsables de los efectos negativos del mega proyecto eléctrico. ¿Por qué el Plan de contingencia nunca incluyó situaciones relacionadas con procesos de remoción en masa o derrumbes provocados por las obras o por su operación? “, según Racero las preguntas apuntan a intereses y personas detrás del proyecto. Los nombres y las sombras Nombres tras el proyecto de HidroItuango, considerada por Racero como la obra de los afectos de Álvaro Uribe, “quien siendo Gobernador de Antioquia impulsó ante la Asamblea, la Ordenanza que en 1997 autorizó la creación de la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero Ituango S.A., formalizada en 1998.” Asimismo, Racero desta que “la Sociedad Promotora hacía parte el Departamento de Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA, la Empresa Antioqueña de Energía S.A., E.S.P. EADE-; (Hoy EPM), ISAGEN S.A., E.S.P.; Integral S.A. y la Asociación Col. de Ingenieros Constructores Antioquia” De hecho, ha señalado que existen las “investigaciones de las autoridades, han explorado un posible vínculo entre el desarrollo de las acciones necesarias para el licenciamiento de la obra, y la incursión en 2002 del «Bloque Mineros» de las AUC al mando de Ramiro «Cuco» Vanoy, en el Bajo Cauca Antioqueño “. La verdad de las víctimas busca salir a flote Precisamente, la zona en la que se encuentra el proyecto —según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica— en los 17 municipios que rodean el río Cauca en Antioquia hay 2.345 víctimas de desaparición forzada. De los 17 municipios, de acuerdo con el CNMH, en Valdivia se registraron 25 masacres (164 víctimas), 12 en Ituango (71 víctimas) y 10 en Tarazá (81). Sobre los cementerios de los municipios en los que se realizaron exhumaciones, en Peque se registran cuatro masacres (28 víctimas), en Buriticá cuatro masacres (18 víctimas) y en Sabanalarga siete mesacres con (31 víctimas). De hecho, tan solo yendo a las cifras de 2018 y 2019, según el Registro Único de Víctimas -RUV, en el departamento antioqueño se han registrado 24 casos de desaparición forzada, cabe recordar que uno de los repertorios de violencia usado por los grupos armados es desaparecer cuerpos en los ríos. Evolución de las desapariciones y masacres en la zona de influencia de HidroItuango. Mapa elaborado por JEP. Asimismo, en aquella Audiencia Luis Gabriel Salas —geógrafo del Grupo de Análisis de Información de la JEP—; señaló la existencia de fosas comunes en seis municipios de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Hidroituango. Frente a estos hechos, y contrario a las evidencias de las masacres y los casos registrados de desaparición forzada, El Espectador reveló que EPM en un comunicado le dijo a la JEP que las características propias de la zona del embalse del proyecto demuestran que, a lo largo de sus 79 kilómetros, son pocos los lugares donde es probable que permanezcan cuerpos o restos humanos susceptibles de ser inhumados, y que en los lugares donde, por condiciones técnicas y humanas era posible encontrar restos humanos, la Fiscalía General de la Nación ha llevado a cabo su labor, encontrándose agotada la información disponible. De todas formas, la JEP a través del auto 030 de 2020 declaró improcedente la posición de EPM puesto que a la JEP no le ha sido enviado documento alguno de la Fiscalía General de la Nación que certifique, establezca o señale que se han realizado un proceso de búsqueda, prospección, recuperación y exhumación exhaustivo en la zona de influencia del proyecto de Hidroituango (especialmente el área inundada) y/o que no subsisten lugares de inhumación o cuerpos de personas víctimas del conflicto, en especial de desaparición forzada, en dicha área.

Por: Ivonne Quiñones y Francisco Daza. Investigadores Pares. El horror acompaña a Nariño. Se creía que el aislamiento preventivo debido a la pandemia de COVID-19 permitiría disminuir, así fuera de manera transitoria, los altos niveles de violencia en las subregiones más afectadas (Costa Pacífica y la Cordillera Occidental Nariñense) por este flagelo en ese departamento; nada más alejado de la realidad. Durante los casi seis meses de duración de la pandemia en Colombia se ha visto un fortalecimiento de las estructuras armadas ilegales (EAI) que en una guerra cada vez mas cruenta se disputan el codiciado negocio del narcotráfico. Pese a la fuerte militarización de estas zonas, las EAI han tenido absoluta libertad para movilizarse y realizar acciones bélicas orientadas al control de la cadena del narcotráfico, mientras que de manera simultánea, imponen normas para prevenir la expansión de la COVID-19 a través de vías de hecho que se resumen en pena de muerte o destierro. El panorama de la tragedia Durante la pandemia, en Nariño se han perpetrado siete (7) masacres, han asesinado a 13 líderes y lideresas sociales y a dos (2) firmantes del Acuerdo de Paz, lo que da cuenta de que los homicidios selectivos se mantienen a la orden del día. Sumado a esto, según líderes locales consultados, es permanente la siembra de minas antipersonales por parte de las EAI que se encuentran en disputa en ese departamento. Para tener una referencia sobre la situación que se vive en este momento en el corredor estratégico que une a la Costa Pacífica Nariñense y la Cordillera Occidental se expone lo expresado por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 027 de 2020 emitida el pasado 2 de julio: Llama la atención de la Defensoría del Pueblo, la realización de prácticas de guerra deshumanizantes, con sevicia y crueldad, como los descuartizamientos de cuerpos humanos, las masacres de combatientes fuera de combate, la realización de videos y archivos fotográficos sobre estas prácticas publicados en redes sociales, la desaparición forzada y de cuerpos humanos mediante fosas comunes; situaciones que generan un grave temor en la población civil y ligados a prácticas de confinamiento forzado de las comunidades en medio de las confrontaciones. Durante el aislamiento preventivo han sido asesinados 18 miembros de resguardos indígenas ubicados en Tumaco, Barbacoas y Ricaurte. Cabe resaltar que, siete (7) de los 13 líderes asesinados en Nariño, eran autoridades étnicas y líderes Awá. Imagen:Pares. Esta misma institución afirma que en Nariño hay actualmente 20 mil personas en riesgo de confinamiento por la expansión y accionar de las diferentes EAI que se encuentran en ese territorio. El exterminio del Pueblo Awá En el comunicado 005 de 2020, emitido por La Unidad del Pueblo Awá –UNIPA, se expresa claramente lo que en estos momentos ocurre con esta población en Nariño: En nuestro territorio la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional a causa de la pandemia producida por el COVID – 19 se ha convertido para el pueblo Awá en un periodo caótico, en este tiempo hemos tenido que enterrar compañeros asesinados vilmente a manos de grupos armados ilegales. La amenaza al pueblo indígena Awá no cesa, los enfrentamientos entre grupos armados son actos cotidianos; la zozobra que causa la violencia se expande abismalmente en todos los rincones de nuestro territorio ancestral. Entre marzo y agosto de este año, la UNIPA ha emitido 12 comunicados a la opinión pública nacional e internacional denunciando los hechos de violencia que distintos actores armados, tanto ilegales como legales vienen cometiendo contra el Pueblo Awá. Durante el aislamiento preventivo han sido asesinados 18 de sus miembros, pertenecientes a resguardos indígenas ubicados en Tumaco, Barbacoas y Ricaurte. Cabe resaltar que, siete (7) de los 13 líderes asesinados en Nariño, eran autoridades étnicas y líderes Awá. Masacres en Nariño, breve cronología Por la extrema gravedad que representa el regreso de las masacres, se presenta a continuación, una cronología de las que han ocurrido en Nariño como una muestra no sólo de la dimensiones del desangre en ese departamento, sino también, de la absoluta estado de indefensión de las comunidades a nivel nacional. Entre el 13 de marzo y el 22 de agosto de 2020 han sido masacradas 34 personas: · EL PALMAR, LEIVA: La noche del 13 de marzo en la vereda El Cedro del corregimiento El Palmar, fueron sacadas cinco personas de dos viviendas para luego ser llevadas a una parte desolada de la vía principal. Allí fueron torturadas y posteriormente tres de ellas recibieron tiros de gracia mientras que dos fueron colocadas en costales y lanzadas vivas al río. Esta masacre se enmarca en el conflicto por el control territorial que libran las Autodefensas Gaitanistas (Clan del Golfo) en connivencia con la fuerza pública contral el ELN y los grupos armados posfarc (GAPF). · SAN JUAN DE LA COSTA, TUMACO: El 23 de abril, las autoridades llegaron de la población de San Juan (ubicada a una hora de Tumaco), con los cuerpos de 5 hombres que de acuerdo con sus familiares habían salido a faenas de pesca la semana anterior y con quienes perdieron toda comunicación. De acuerdo a versiones de lugareños, la embarcación en donde se transportaban fue interceptada por un grupo armado que luego de quitarles una gran suma de dinero, los asesinó y colocó en una fosa común. Posteriormente, un jefe de otra organización armada dedicada al narcotráfico habría dado a los victimarios una suma importante de dinero para que dijeran dónde estaban los cadáveres para así ser llevados a Tumaco y entregados a sus familiares. · LA ESPRIELLA, TUMACO: El 13 de mayo en el km 45 de la vía que de Tumaco conduce a Pasto, desde una camioneta blanca, lanzaron tres cuerpos forrados en cinta adhesiva. Más adelante se supo que estos pertenecían a Mario Manuel Cabezas Muñoz, cabecilla de la organización narcoparamilitar “Los Barrera” y dos de sus lugartenientes que habían sido asesinados por hombres del GAPF Frente Oliver Sinisterra. · YUNGUILLA, SAMANIEGO: El 13 de junio aproximadamente a las seis de la tarde, llegó un grupo de hombres fuertemente armados que disparó indiscriminadamente contra la población civil que había a su paso dejando como saldo 4 personas muertas y una herida de gravedad. · SANTA CATALINA, SAMANIEGO: El 15 de agosto, hombres con pasamontañas y fuertemente armados incursionan en una finca, donde aproximadamente 40 jóvenes se había reunido en torno a una celebración. 8 de estos jóvenes que tenían edades entre los 17 y 25 años fueron asesinados. De acuerdo a un sobreviviente, al menos uno de los perpetradores tenía acento mexicano. · RESGUARDO INDÍGENA AWÁ PIALAPÍ PUEBLO VIEJO, RICAURTE: El 18 de agosto, Kamawari (organización Awá de Ricaurte) informa de una posible incursión armada en el paraje Aguacate ubicado a nueve horas de camino de Ricaurte. Al llegar al lugar las autoridades encontraron los cuerpos de tres indígenas. · LA GUAYACANA, TUMACO: El 21 de agosto, sin terminar de asimilar las masacres de Samaniego y Ricaurte se presenta la masacre de seis (6) hombres por un grupo armado que llegaron a algunas viviendas a la altura del kilómetro 77. Las víctimas habían sido previamente torturadas. La estela de masacres durante la pandemia del COVID-19 es la muestra de como las estructuras armadas ilegales se han consolidado en diferentes zonas del territorio colombiano por medio del horror que se ha desatado ante la complicidad del ausentismo estatal. Si bien la lucha por el control del narcotráfico es una de las principales razones de esta ola de violencia, también es evidente que hay una lucha contra las drogas fallida por parte del gobierno nacional que está siendo aprovechada por dichas EAI para consolidar dicho negocio e imponer un orden social en el marco de la coyuntura del aislamiento a causa de la pandemia. Por otro lado, en este momento en que se vive una grave situación humanitaria a causa de la COVID-19, el gobierno nacional ha mantenido de manera constante la erradicación forzada de cultivos ilícitos, sin una política social o económica que le permita a las comunidades sobrevivir, algo que de acuerdo a campesinos de la Costa Pacífica ha incidido en el robustecimiento de las filas de las estructuras armadas ilegales presentes en ese territorio ya que la incorporación a las mismas ha sido una alternativa para solventar la crisis económica que vive la población en estos momentos. Con la reactivación económica y social que se pretende generar con la fase de aislamiento selectivo a nivel nacional, surge la preocupación sobre la manera en que dicha medida se pueda entrecruzar con aquellas impuestas por las EAI en diversas regiones del territorio colombiano ante la mirada pasiva del gobierno nacional. Se comprende que no hay garantías de seguridad para que la población civil retome actividades laborales y sociales en zonas donde es evidente la falta de presencia estatal y en las que estructuras armadas ilegales son jueces y verdugos de la población civil.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. Decía el caricaturista Rius que la teología sería diferente si los curas ganaran el salario mínimo, y traigo al recuerdo esta expresión a raíz de la nueva visita del presidente Duque a nuestro Cauca. Cuatro días después de la masacre de las ocho personas en el Tambo, los organismos de socorro aún tocaban puertas para conseguir los ataúdes de los masacrados, después del show mediático montado por el establecimiento y cacareado por los grandes medios de comunicación. Y es que mientras los seguidores de su partido de gobierno le esperan para expresarle las “inmensas gratitudes” por inaugurar la obra del túnel de la línea; aunque ellos no lo dicen, para hacer honor a la verdad según Vargas Lleras: el gobierno Uribe puso en la obra $190 mil millones, Santos casi 2 billones y Duque $760 mil millones, ni cuentan que faltan 13.5 kilómetros de doble calzada, 10 túneles y 24 puentes, además respondiendo al modelo económico, el túnel es UNIDERECCIONAL, lo que abarata el costo de transporte de las importaciones, afectando por efecto a la producción nacional. En blanco y negro quiere decir se contrató el túnel para ir de Buenaventura a Bogotá y no de la capital del país al puerto sobre el pacífico. Pero mientras sus amigos buscaran congraciarse con el mandatario del Uribismo, el resto de Colombianos nos preguntamos cuando tomaría medidas para detener el sin número de masacres (no homicidios colectivos!!!), masacres en mayúscula, para que sin eufemismos, les llamemos por el nombre y no pretendan bajar la intensidad ni la gravedad de los sucesos que entristecen a la patria. De las 51 masacres ocurridas a nivel nacional en lo corrido del presente año, ocho masacres se han desarrollado en el Cauca en tiempo de pandemia, entre Cajibío y el Tambo, la última lamentablemente dejando como resultado tres personas masacradas y sin identificar aún. La tragedia de nuestra aporreada democracia es que tienen más espacio ante el “mandatario” quienes haciendo uso del tradicional arte de adular estarán presentes en cantidad considerable frente a voceras y voceros de organizaciones sociales, víctimas del conflicto armado donde el narcotráfico es tan solo un actor perverso que con sus resultados de muerte y desplazamiento no son mayores que los producidos por el centralismo y la deuda social que tiene a este departamento con su población en un 50% en la pobreza. Ya lo han intentado todo, haciendo gala de “inteligencia institucional”, aumentan el monto de las recompensas como en el viejo oeste y acrecientan el número de efectivos de la fuerza pública para que empotrados en el territorio amparados en la doctrina del enemigo interno; tengan mala relación con los pobladores y sea acusada por las organizaciones sociales y de dh de “cohonestar” con grupos al margen de la ley. Duque vendrá y hablará nuevamente del “plan Cauca” que prometió en Diciembre de 2018 y aún en cabeza de Miguel Ceballos, para invertir como la gran cosa, cien mil millones de pesos, sin tener en cuenta lo adeudado en los denominados acuerdos de carretera, compromiso firmados por el Estado a través de sus respectivos gobiernos nacionales. Quizás los amigos del mandatario logren algún contrato y/o nombramiento pero los familiares de las víctimas, seguirán clamando justicia.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. En la noche del miércoles 2 de septiembre de 2020 hombres armados incursionaron en la vereda Isla La Amargura o Isla La Dulzura, como prefieren llamarle sus habitantes. Eso sí, sin antes llevarse a la fuerza a cinco jóvenes que tras ser golpeados iban a ser emisarios de una amenaza a todo el pueblo. Mientras tanto, en esta vereda del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca Antioqueño, la noche —se puede decir— transcurría con cierta normalidad. Lo que no advertía la comunidad es que una vez soltaron, uno a uno, a los jóvenes; éstos fueron llegando a la vereda para cumplir con el mensaje encomendado por los hombres armados ‘Salir a más tardar al mediodía del jueves 3 de septiembre y no volver, por lo menos, en dos o tres meses…’ fue el ultimátum que recibió el pueblo. *** “Compungidos por lo que nos está sucediendo, nunca nos había ocurrido algo así en nuestro territorio, pero le damos gracias a dios que tenemos vida”, dice de manera pausada Eder Luis Macea, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda víctima del desplazamiento forzado. Eder cuenta que, una vez avisados, no tenían de otra que salir como fuera y con lo que pudieran. Se organizaron para huir hasta el puerto del río que baña la vereda y, así, zarpar hasta el puerto de Guarumo a donde pasarían la primera noche de su desplazamiento forzado en la Escuela de este corregimiento. “Ahorita mismo seguimos ubicados en el Colegio, continuamos elaborando el censo de la población desplazada que ya superó las 700 personas y que podría llegar a las 1.000. Familias campesinas e indígenas Sinúes que estamos con la incertidumbre de que viene para nosotros. Para pasar la primera noche nos fueron entregadas unas colchonetas, unas sábanas y, en cuento a la alimentación, nos están también brindando una ayuda”, señaló Eder. Con una mano adelante y la otra atrás Según Eder, la mayoría de la población de la vereda Isla se encuentra refugiada en el corregimiento de Guarumo. Algunos pocos se encuentran en Caucasia y otros más en unas fincas aledañas. “Nos ha hecho seguimiento la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Secretaría de Desarrollo, Secretaría de Gobierno”, precisó el presidente de JAC. Mientras esperan de qué manera serán los siguientes días para la población, Eder cuenta que los cinco jóvenes que fueron golpeados por el grupo armado se encuentran con vida. Me cuenta que uno de ellos, incluso, tuvo que fingir su muerte para que no lo asesinaran, él —que se encontraba en peor cuadro de salud— ya se encuentra siendo atendido en un centro de salud. Las imágenes de las comunidades saliendo asustadas de sus territorios, con sus pertenencias amarradas a la dignidad, se volvieron el día a día en el gobierno de Iván Duque. Foto: Cortesía. *** Atrás quedaron cultivos, animales, una vida Mientras el presidente Iván Duque sigue sin pronunciarse ante este hecho, en el municipio de Cáceres, en el corregimiento de Guarumo, aguardan las más de 700 personas que fueron desplazadas forzadamente de la vereda Isla, en lo que fue su segunda noche refugiados en la escuela del corregimiento. “La incertidumbre que se vive en la Escuela Guarumo crece mientras alertan al Gobierno Nacional para que se haga cargo de la critica situación de Derechos Humanos que viven en la región”, dice Luisa Fernanda Peñate, presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Guarumo. “Hay desesperación por parte de las personas porque allá quedaron sus cultivos, tienen sus animales, no les dieron tiempo de sacar más nada, había cultivos que estaban a punto de cosecha, hay animales de engorde para la venta…” “La incertidumbre generalizada es ¿Qué va a pasar con nosotros durante estos meses? En la tarde de este sábado se espera tener mayor claridad una vez se realicen reuniones con las autoridades», según explica Luisa. La primera noche Luisa cuenta que con el esfuerzo de muchos se trató de acondicionar un colegio ausente de estudiantes por cuenta del Covid19, pero ocupado por una población por cuenta de la violencia. Sin embargo, la inclemencia de la noche haría aún más largas las horas por el periplo de dejar la tierra atrás. “Con las colchonetas que nos fueron entregadas fuimos adecuando a las personas en las aulas. Llovió fuerte y, como era de esperarse, hubo inundaciones en las zonas donde estaban durmiendo niños, niñas y adultos mayores. En medio de la noche nos tocó salir corriendo a buscar refugio en lo que los lugares medianamente más protegidas”, cuenta Luisa sobre la noche del jueves. Lloviendo sobre mojado la luz decidía irse por prolongados momentos, “la gente estaba muy angustiada, había niños que no paraban de llorar del miedo. La noche fue pasando y amanecimos en espacios improvisados con las colchonetas. Otros, que tenían hamacas bregaron para poderlas colgar en las ventanas y poder pasar la noche”, señala Luisa. ¿Qué pasa en la región? Según Ximena Sierra, investigadora de Pares en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño, en esta subregión es la que peores condiciones de vida de las nueve (9) subregiones que componen el departamento de Antioquia. Asimismo, señala que es la subregión más empobrecida de Antioquia debido a décadas y décadas de abandono estatal. Además, tal como señala Ximena, en el municipio de Cáceres operan el Clan del Golfo, el ELN, Los Caparros y los Grupos Armado PostFarc (GAPF) Frente 18 y, además, desde mediados de agosto se sumó la presencia del Frente 36. De acuerdo con la investigadora, la violencia se ha ido recrudeciendo desde 2018 por cuenta de la presencia territorial del Clan del Golfo y Los Caparrapos. Estos “financiados y articulados al Cartel de Sinaloa y a Jalisco Nueva Generación. De igual forma, en la subregión hace presencia el ELN y el GAPF Frente 18. La disputa de estas estructuras armadas tiene que ver con el control territorial y las rentas ilegales derivadas de las economías ilícitas como lo son el narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones. Este caldo de cultivo genera fuertes victimizaciones a los Derechos Humanos. La violencia se ha ido recrudeciendo desde 2018 por cuenta de la presencia territorial del Clan del Golfo y Los Caparrapos. Estos “financiados y articulados al Cartel de Sinaloa y a Jalisco Nueva Generación. De igual forma, en la subregión hace presencia el ELN y el GAPF Frente 18. Imagen: Cortesía. De hecho, las mayores victimizaciones en contra de las comunidades se han registrado en zonas rurales. Además de los asesinatos en la subregión, que en lo que va corrido del 2020 ya suman cinco (5) líderes sociales, están los continuos desplazamientos forzados, masacres, desapariciones forzadas y reclutamiento de menores de edad. El comunicado de OIA De acuerdo con un comunicado ante la opinión pública de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), la región se ha convertido en un corredor estratégico utilizado por los grupos armados al margen de la ley. “Situación que ha aumentado ataques indiscriminados, extorsiones, trabajos comunitarios obligatorios, acceso limitado a servicios básicos, reclutamiento forzado, confinamiento en viviendas de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, limitación de prácticas organizativas y de autonomía indígena, así como estigmatización a líderes indígenas, y por supuesto, desplazamientos forzados”. Por ello la OIA, hizo un llamado a la Defensoría, Contraloría, Procuraduría y Gobernación para que adelanten acciones en materia investigativa. Asimismo, recordaron que “los Pueblos indígenas son un grupo poblacional de especial protección según el Auto 004 y la Sentencia T025 de 2004 de la Corte Constitucional. Finalmente, hizo un llamado a estas instituciones para que hagan seguimiento a las condiciones en las que se encuentran las comunidades campesinas e indígenas sinúes que, por el hacinamiento también pueden contagiarse de Covid19. La Unidad de Víctimas El director de la Territorial Antioquia de la Unidad, Wilson Córdoba Mena, ha señalado que “funcionarios de la Subdirección de Prevención de Atención y Prevención de Emergencias ya están en el municipio orientando junto con la Alcaldía la atención y la activación del Plan de contingencia, que incluye el censo y las rutas de atención asociadas a este tipo de emergencias”. De esta forma, se espera que se vayan tomando medidas departamentales y nacionales para atender la grave situación de derechos humanos que están atravesando estas familias.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. El presidente francés Jacques Chirac, propuso a mediados de los años noventa, que para enfrentar el tema de los cultivos de hoja de coca en la región andina y las violencias generadas por esa economía ligada al narcotráfico y su condición de ilegalidad, lo mejor era que los Estados compraran la cosecha de la hoja de coca y proponía un apoyo a esta iniciativa por parte de la Unión Europea. Ahora, un cuarto de siglo después y medio siglo desde que el presidente Nixon decidiera que a las drogas había que declararles la guerra, como un asunto de seguridad nacional y con la amplia evidencia de que es una guerra fracasada, seguimos en Colombia viendo los estragos en nuestra sociedad de una política torpemente llevada, que década tras década ha sido un fiasco y hay que superar. Los senadores Iván Marulanda y Feliciano Valencia han tenido la buena iniciativa de construir un proyecto de Ley centrado en sacar la hoja de coca de la ilegalidad, trayendo al hoy la iniciativa que el presidente Chirac, presentó hace medio siglo: que el Estado compre las cosechas de hoja de coca; y van más allá, proponen que el Estado sea el proveedor de todos los derivados de la hoja de coca, que son muchos y van hasta que sea el mismo Estado el que oferte la cocaína a los doscientos treinta mil consumidores, que en Colombia tienen una relación habitual con este producto. Un producto que ha sido satanizado hasta hoy y contrario a toda la evidencia que muestra que la cocaína está ligada a prácticas culturales y que está lejos de ser una práctica de malevos y violentos. Nada más alejado de la realidad; hay gente muy productiva, creativa y pacífica que ha establecido una relación permanente con la cocaína. La idea de los senadores Marulanda y Valencia apenas inicia un camino teniendo como entrada la gran virtud de avivar un debate siempre pertinente y necesario en un país mojigato, que sigue anclado en unas miradas estrechas y negacionistas de una realidad que está ahí: las drogas son parte de la cultura, de prácticas fuertemente arraigadas en muchas comunidades y personas, que no van a separarse de ellas, no lo han hecho, a pesar de las persecuciones y las estigmatizaciones, y sufrimientos provocados por el lugar prohibido al que se ha condenado a quienes han ligado sus vidas al consumo de drogas. La iniciativa de que sea el Estado quien compre las cosechas, industrialice la producción de todos los derivados, que son muchos, y sea el garante de la calidad, es sin duda una propuesta audaz. Nada nueva, como ya se ha referenciado, y ubica el debate sobre las políticas frente a las drogas en otro tinglado, saca el tema por fuera de la fuerza, el glifosato y la persecución y lo lleva al escenario de regulación y controles, desde el estado, algo que puede abrir un camino muy importante a recorrer, para desandar tantos fracasos. Uno puede encontrarle mil peros a esta iniciativa: que no va a resolver el tema del narcotráfico en un mundo que está demandando más cocaína – solo el 36% de los consumidores están en Estados Unidos- que se nos va a venir el mundo encima, que se requieren modificaciones en la normatividad internacional, que los recursos para sustentar esta política, que hay que decir que ya se aplica en Perú y Bolivia. Todos estos temas son importantes para valorar, y ese es el plus de esta iniciativa: hay que discutir de la manera más amplia posible, en tiempos de pandemia, ésta pertinente iniciativa. Una política como la que proponen los senadores Feliciano Valencia e Iván Marulanda no va a terminar con la guerra contra el narcotráfico, pero si avanza podrá mostrar otras vías para un país que debe buscar alternativas ante una realidad que demanda innovaciones y salir de los caminos trillados y fracasados. Un sistema político, tan permeado por el poder del narco, no va a ceder de manera fácil a políticas que nos alejen de la fracasada política antidrogas, en la que este gobierno persevera en seguir atacando al campesinado, que como sabemos es el eslabón más débil de una larga y compleja cadena, donde hay involucrados grandes y poderosos jugadores. Sacar la hoja de coca de la ilegalidad, montar una industria de derivados regulada y de calidad, sería un gran paso, hay que conocer y debatir esta iniciativa y sobre todo, lograr el respaldo político que la haga realidad.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Desde la Fundación Paz y Reconciliación se ha hecho un juicioso seguimiento a las irregularidades en contrataciones que se han dado en medio de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, en donde en un primer momento en el informe El cuestionado manejo de recursos públicos en medio de la pandemia, se encontraron 313 casos de contratos en los que habría irregularidades, estos se celebraron en 29 de los 32 departamentos de Colombia y su Distrito Capital. Descargue aquí el informe completo Ahora, también por medio de la Fundación Paz y Reconciliación se alerta sobre cuestionados contratos que se han hecho por medio de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres a empresas que por años han estado relacionadas con hechos irregulares, pero que sin embargo siguen siendo contratadas y gozando de impunidad. Los hechos fueron presentados en el programa El Poder de Ariel Ávila, donde el pasado jueves junto a Daniela Gómez Rivas, coordinadora de la Línea de Democracia y Gobernabilidad, se hizo un recorrido por los hechos que enlodan a cuatro empresas que han estado relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de distintos departamentos, también con la entrega de alimento en las Fuerzas Militares, y algunas instituciones y cárceles del país. Hay que iniciar diciendo que estas empresas hacen parte de una dinámica para conseguir contratos denominada cartelización, que como se explicó en medio del programa son acuerdos entre competidores para defraudar al Estado, en el que se enmarcan pactos para generar sobrecostos, presión en organismos para promover las contrataciones, prorrogas o adiciones en procesos contractuales. El equipo de investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad, y su equipo de trabajo hicieron un recorrido por los hechos que enlodan a cuatro empresas que han estado relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de distintos departamentos, también con la entrega de alimento en las Fuerzas Militares, y algunas instituciones y cárceles del país. Imagen: Pares. Previo a los hallazgos de Pares, en abril de este año, La W informó sobre unos presuntos sobrecostos a la hora de contratar mercados que fueron entregados durante la pandemia. Igualmente, de cuestionados comportamientos de los contratistas que hicieron estos multimillonarios contratos que estarían involucrados en presuntas cartelizaciones, y, además, de posibles coimas que estarían pidiendo para entregar contratos. Estas son algunas de las empresas que encontró la Fundación Pares con cuestionables actuaciones, que han sido contratadas por la UNGRD: 1. Proalimentos Liber S.A.S Sobre esta empresa, que está representada legalmente por Jairo Humberto Becerra Rojas, se encontró que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a través de la Resolución 46587 de 2018, abrió un proceso, pues Proalimentos Liber S.A.S habría hecho parte de un cartel de contratación para quedarse con distintas licitaciones de miles de millones de pesos por más de una década dentro del programa de refrigerios escolares. A esto se suma que también se les involucra con la creación de la Asociación Colombiana de Alimento ASOPROAL, con la que se habrían aliado para incidir en las licitaciones. Esto fue probado por distintas conversaciones halladas por la SIC; en las que, entre otras cosas, mostraban cómo entre Beatriz Becerra, representante legal suplente de Proalimentos Liber y Mónica Becerra, directora de ASOPROAL, se acordaron los términos de las adiciones de contratos realizados por la Secretaría de Educación de Bogotá para la provisión del PAE, – esas conversaciones se habrían dado en 2016-. “Ellos manejaron más o menos durante unos 15 años el PAE en Bogotá, era un cartel que tenía más o menos unas 20 empresas que fueron investigadas no solo en este cartel, sino también en otros. Se les extendió el tiempo y solo hasta 2018 se les investiga en la SIC con un proceso muy robusto, con pruebas muy contundentes”, contó Daniela Gómez Rivas. Como indicó Daniela Gómez, esta empresa no solo estaba involucrada con este cartel, también lo estuvo con Unión Temporal ProSantander, al que el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, entregó por contratación directa parte de la operación del PAE a dicho cartel que está conformado por en un 55% por Proalimentos Liber. Además, hay que decir que en 2016 y 2018 Germán Trujillo Manrique fue vinculado, primero en un proceso penal por irregularidades en la contratación del PAE en Santander, y luego por la cartelización empresarial en 21 procesos de contratación. Trujillo era miembro del cartel nombrado y además es esposo de Cielo González Villa, exgobernadora del Huila. Adicionalmente, en Norte de Santander la Unión Temporal Nutrinorte, que también estaba conformada por Proalimentos Liber S.A.S, fue inhabilitada jurídicamente por la omisión de la presentación de la póliza de seriedad de la oferta. A esto se suma que, en marzo de 2020, según el diario El Tiempo, empleados de esta empresa encargada de la alimentación de los presos en cáceles de Boyacá y Bogotá se les encontró entre la comida que debían proveer a Cómbita: 52 celulares, 68 cargadores, 52 manos libres, 54 cables de USB, 5 baterías para aparatos móviles. Además, días antes se les había incautado 20 celulares que trataban de ingresar a la cárcel El Buen Pastor. “Resulta muy extraño que sean tantas las irregularidades y es de suma gravedad que se haya incautado no solo en Cómbita, sino también en el Buen Pastor. El gerente de esta empresa ha dicho que los responsables son sus subalternos y que ellos no han tenido nada que ver, pero es raro que sea en dos procesos diferentes, porque estos procesos de provisión de alimentación en las cárceles son raciones muy grandes y se manejan por lo general divididos”, señala la investigadora. El llamado a la Unidad es que esta se puede regir por contratación por derecho privado, siempre lo ha hecho así, quien paga los contratos incluso son las fiduciarias del Estado, pero eso no obsta para que esté obligado a publicar todas sus restricciones. Para la Fundación Pares fue casi imposible reconstruir y conseguir el manual que ellos citan en la respuesta, dado que no está publicado en la página web, solamente se encontró este en una copia en caché. Es un llamado a mejorar los estándares de transparencia y a asumir los estándares frente a los contratistas que están presuntamente cartelizados. Imagen:Pares. 2. Iberoamericana de Alimentos y Servicios S.A. -Ibeaser S.A. De esta empresa, de la cual el representante legal es Juan Carlos Almansa Latorre, se informó en El Poder que obtuvo un contrato de casi $1.000 millones en la UNGRD, pero que también tiene cuestionamientos. Incluso en 2018 junto a la empresa anterior, se le imputaron cargos por parte de la SIC. Este proceso fue sancionado en agosto 3 de 2020 con una multa de $2.200 millones que debía pagar Ibeaser y $1.600 millones por los que debía responder Almansa Latorre. Todavía más grave, fue que se halló que había relaciones con la empresa Catalinsa, la misma que resultó con el mismo objeto social y dueños de Mauro Food, la cual hizo parte del cartel de la contratación en Bogotá en la época de Samuel Moreno. Que, como se denunció, a pesar de dedicarse a actividades relacionadas con alimentos, terminó de contratista en la construcción de una calzada de la Calle 153. Por otra parte, y en relación con estas empresas nombradas, hay que señalar que la SIC alertó que la directora de ASOPROAL y el gerente administrativo y financiero de Ibeaser se habían puesto de acuerdo para presionar en la entrega de licitaciones a través de miembros del Concejo de Bogotá. Asimismo, se afirmó que en el cartel al que estaban afiliados Ibeaser y Catalinsa fueron direccionados contratos por más de $45 mil millones entre 2011 y 2018 con sobrecostos de hasta el 50%, en donde además de estar vinculadas directamente estas dos empresas, también lo estaban Hayder Mauricio Villalobos (gerente de Mauros Food y asesor externo de Catalinsa) y Juan Carlos Almansa (gerente y representante legal de Ibeaser). Por esto, Ibeaser ante la SIC reconoció haber incurrido en los comportamientos ilegales de los que se le acusaba, por lo que en 2019 la delegatura de la protección de la competencia recomendó declararlos culpables. Sobre esto Daniela Gómez Rivas dijo que: “Ellos reconocen eso para que se les haga una rebaja en la multa que se les pondría. Esto es un entramado demasiado complejo, son más de $45 mil millones los que se redireccionaron por casi 10 años, e incluía desde la creación de asociaciones para demandar licitaciones que no ganaban o incidir en otras que necesitaban como las adiciones del PAE en Bogotá, hasta hablar con miembros del Concejo y además para que presionaran a la Alcaldía Local para que les entregara esas contrataciones. Hay que señalar que hasta el momento no se han compulsado copias a pesar de que se probaron las conductas criminales”. 3. Ardiko A&S construcciones, suministros y servicios SAS En esta empresa se quedó un contrato por $4.689 millones. Además, Pares encontró que este es solo uno de los 143 procesos de contratación que, según Secop, tiene la empresa desde 2010 con entidades públicas como el INPEC, las Fuerzas Militares y las alcaldías de Villeta y Mosquera. De esta empresa también se encuentran varias particularidades. Por un lado, como se dijo en El Poder: “entre 2011 y el 2016 hizo parte de la Unión Temporal, la cual proveía alimentos en la Universidad Distrital, las Fuerzas Militares y el Sena. En ese momento trabajaba junto a Francisco Javier Sandoval, quien, según el portal Verdad Abierta, habría sido acusado por varios paramilitares de ser el artífice de la llegada de las AUC a Fresno, Tolima. Así como de haber adquirido diferentes predios a partir de la presión ejercida por este grupo”. Por otro lado, en 2013 le fue suspendido el registro de Invima, decisión argumentada por la falta de estándares de salubridad en alimentos que repartían en las cárceles de El Bosque (Barranquilla) y el Buen Pastor. No obstante, y con estos cuestionamientos encima, Ardiko tiene en su lista de logros más recientes, además del contrato celebrado, hacer parte -con un 20%- de la Unión temporal que se ganó el PAE en Santander. Además, también lo es de la Unión Temporal Quindío Solidario 2020, que este año se quedó con la administración del PAE en ese departamento. 4. Luket SAS Por último, en esta tanda de empresas, se presentó a Luket SAS, la que está bajo la representación legal de Luis Eduardo López Rosero. Aquí y siguiendo a lo expuesto en El Poder, hay un importante cuestionamiento que hacer y es que esta fue una de las entidades beneficiadas por la contratación exprés por más de $53 mil millones entregados durante el periodo de Juan Manuel Santos para la construcción de las zonas veredales transitorias de normalización, en las que se instalarían los excombatientes de la antigua Farc EP en proceso de reincorporación. ¿Qué pasó ahí? Pues bien, se conoce que del total del dinero dispuesto fueron entregados cerca de $20 mil millones a esta empresa. Sobre este dinero se hizo un primer contrato por cerca de $11 mil millones con el objeto de entregar la adecuación de terreno y la construcción de alojamientos temporales, zonas comunes, instalación de servicios de esenciales; agua, saneamiento básico y energía, en las zonas veredales a su cargo: Nariño: Betania (Policarpa), Variante (Tumaco); Guaviare: Colinas (San José del Guaviare), Charras (San José del Guaviare); Caquetá: El Carmen (La Montañita), Miravalle (San Vicente del Caguán) y La Esperanza (Cartagena del Chairá). Luego se le hizo una adición a ese contrato y se hicieron varias prrrogas, “el contratista que había incumplido de forma reiterada. De hecho, según el portal ColombiaCheck, para el caso de La Paloma el presupuesto terminó siendo de 1.388 millones de pesos y solo se dejó un depósito de madera que hoy se mantiene como la única intervención de la empresa en la zona veredal. Mientras tanto la Unidad de Gestión de Riesgo no hace públicos los informes de interventoría a la labor de Luket para saber qué pasó con la plata pagada”. En relación con esto Daniela Gómez también aseveró que “finalmente las ZVTN nunca fueron entregadas y no nos han dejado conocer los informes de veeduría de estas zonas, pero en efecto no se hicieron porque ni en la Variante (Tumaco), ni en La Paloma, ni en Guaviare se entregaron al final esas obras, que en algunos casos fueron los exguerrilleros quienes tuvieron que hacer sus propios cambuches, zonas comunales y carreteras”. ¿Qué dice la UNGRD? Durante la emisión de El Poder se informó que se le solicitó a la Unidad que informara si tenía conocimiento de los cuestionamientos de las empresas investigadas, las cuales son contratistas de dicha entidad. Sobre esta solicitud se recibió un documento, en el que parte de la respuesta decía: “La Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres de acuerdo con el manual de contratación el Fondo Nacional de Riesgos y Desastres adoptado mediante la resolución 0683 de 20 de julio de 2017, establece que para los trámites respectivos de contratación para la adquisición de Asistencia Humanitaria de Emergencia (alimentaria y no alimentaria), materiales, elementos, equipos, servicios, alquileres, suministros para la ejecución de respuesta ante la emergencia que haya generado la declaratoria de calamidad pública, desastres o similar naturaleza requiere de parte de los proveedores o la parte a contratar antecedentes disciplinarios, penales y fiscales de la empresa promovedora, en ese sentido a la fecha y de acuerdo con la información radicada por los proveedores en mención y la verificación realizada por la UNGRD no se encontró ninguna inhabilidad para la prestación del servicio requerido por la entidad”. Igualmente, de cuestionados comportamientos de los contratistas que hicieron estos multimillonarios contratos que estarían involucrados en presuntas cartelizaciones, y, además, de posibles coimas que estarían pidiendo para entregar contratos. Imagen: Pares. Con esto la conclusión que dio Daniela Gómez Rivas fue: “El llamado a la Unidad es que esta se puede regir por contratación por derecho privado, siempre lo ha hecho así, quien paga los contratos incluso son las fiduciarias del Estado, pero eso no obsta para que esté obligado a publicar todas sus restricciones. Para la Fundación Pares fue casi imposible reconstruir y conseguir el manual que ellos citan en la respuesta, dado que no está publicado en la página web, solamente se encontró este en una copia en caché. Es un llamado a mejorar los estándares de transparencia y a asumir los estándares frente a los contratistas que están presuntamente cartelizados”.

Por: Redacción Pares. El continente americano es la región con el mayor número de casos de COVID-19 entre los trabajadores sanitarios, alertó este miércoles la Organización Mundial de la Salud durante su encuentro semanal con los medios de comunicación. En Colombia han fallecido 63 trabajadores de la salud, según el reporte más reciente del Instituto Nacional de la Salud (INS) sobre la afectación del covid-19 en esta población. “Nuestros datos muestran que se han enfermado casi 570.000 trabajadores de la salud en toda nuestra región y más de 2500 han sucumbido al virus. Basándonos en estos datos, hasta la fecha, tenemos el mayor número de trabajadores de la salud infectados en el mundo”, advertía la directora de la Organización Carissa Etienne. En total, en Colombia se cuentan 8.885 infecciones en profesionales de la salud, de los cuales el 96,2 % ya se considera como recuperados y hay 271 casos en aislamiento. Del mismo modo, destacó que casi tres cuartas partes de los trabajadores de la salud diagnosticados con COVID-19 en la región son mujeres, una cifra que arroja la cuestión sobre por qué hay tantos trabajadores infectados. Etienne, atribuyó las cifras a la falta de entrenamiento del personal, a los hospitales abarrotados de pacientes y a la falta de equipos de protección personal, entre otros motivos. “Es por ello por lo que le pido a los países de las Américas que tomen las medidas necesarias para brindarles a nuestros trabajadores de salud la protección y la tranquilidad que se merecen ahora y en el futuro”, dijo Etienne. Las cifras de la pandemia en Bogotá El 29 de agosto de 2020, se confirmaron en Bogotá 207.403 casos de los cuales 2,9 % corresponden a trabajadores del sector salud. De los casos reportados 74,6 % son mujeres, comportamiento diferente al observado en los datos globales y nacionales con respecto a la distribución por sexo, en el cual predominan los hombres. Con respecto a la edad, el promedio es 36 años y se observa que el mayor grupo se encuentra en las edades de 25 a 44 años (65,9%). Las ocupaciones con más casos reportados son Auxiliares de enfermería 1.381, Médicos 867 y Enfermeros profesionales 473. En cuanto a las áreas de servicio se evidencia que Hospitalización, Unidades de Cuidados Intensivos y Urgencias presentan la mayor parte de los casos. A la fecha de corte de 29 de agosto, 25,6 % de los casos se encontraban en estado Leve 2.943, el 1,6% en estado Moderado 130, 0,08% en estado Grave 5, 0,3 % han fallecido 16 y se han recuperado 72,5% 2.863. Actualmente el 96,7 % se encuentra en casa, el 2,8 % está hospitalizado y el 0,1 % en Unidades de Cuidado Intensivo.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. En el Congreso se venía dando un debate acerca del artículo 210 del proyecto de modificación del Sistema General de Regalías. ¿Por qué? Pues desde antes de la votación realizada ayer en el Senado para aprobar o no dicho apartado, se había alertado que este favorecería no solo la realización de fracking en Colombia, sino a las multinacionales que adelanten la explotación del gas y el petróleo mediante esta técnica de extracción de hidrocarburos. Antes de esta votación realizada ayer, el 17 de agosto se conoció que dicha reforma había sido aprobada en el Congreso por las comisiones quintas conjuntas de Senado y Cámara, las cuales en primer debate le dieron vía al proyecto de ley, que en principio busca redistribuir las asignaciones presupuestales en los territorios pasando de un 11 % a un 25 %. No obstante, dentro de este estaba el discutido artículo 210, el cual en medio de la sesión realizada este miércoles en el Senado fue suprimido del proyecto con 39 votos en contra de eliminarlo y 44 a favor de que dejara de estar en la modificación del Sistema General de Regalías, que incluso antes de ser discutido ya había generado varias reacciones, entre ellas la de la senadora Angélica Lozano, quien había dicho que este artículo incluye una “barbaridad de permitir el fracking y fijarle una tarifa reducida del Estado a multinacionales en yacimientos no convencionales con fracking”. Hay que decir, que justo en relación con lo afirmado por Lozano, el artículo 210 otorgaba incentivos tributarios para las empresas que realizaran extracción de hidrocarburos de yacimientos no convencionales a través de la técnica de fracking en el país. Esto mientras el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, aseguraba que: “Aquí no se está autorizando ningún tipo de actividad, ni prohibiéndola. Lo único que hacía el artículo era dar claridad y corregir ese descuento que se otorgó en la ley 1530 del 40 por ciento a la explotación de yacimientos no convencionales y se dice que a futuro se va a pagar una regalía plena”. Lo cierto es que con el rechazo en el Senado el paso que sigue dentro de la modificación del Sistema General de Regalías es la conciliación de los dos textos aprobados en el Senado y la Cámara de Representantes – que aprobó dicho punto el pasado sábado-, donde seguramente el artículo 210 volverá a ser tema de discusión, pues no hay que dejar de nombrar que éste también tuvo apoyo e incluso varios mostraron su inconformidad con la decisión tomada. Tal fue el caso del representante a la Cámara, César Lorduy, quien dijo que lo que se interpretaba del artículo estaba siendo equivocado, pues, en sus palabras: “En Colombia se aprobaron unos pilotos, por orden, entre otras cosas, del Consejo de Estado. La Ley 1530 de 2012, dice, por otro lado, que mientras sean pilotos las empresas que firmaron contratos para hacerlos pagarán el 60 por ciento de las regalías. No se habla de extracciones comerciales ni en etapas de producción luego de haberse determinado su viabilidad, en cuyo caso se les debe aplicar el régimen común, es decir, el ciento por ciento del pago de las regalías». Por el momento, la senadora Maritza Martínez es la elegida de ir a la conciliación como ponente del proyecto, mientras que hoy el presidente de la Cámara, Germán Blanco, deberá elegir al representante de esa corporación que irá a la discusión de los dos textos aprobados. Con esto, se ha llamado la atención sobre la posibilidad de que el artículo sea agregado en último momento, por lo que se insta a la vigilancia y control desde distintos sectores.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El vaivén producido por el proyecto de Explotación Subterránea de Minerales Soto Norte de la empresa Minesa en el Páramo de Santurbán continúa. Esta vez tras conocerse que el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán interpondrá hoy una acción popular en contra del Gobierno Nacional, el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Minería, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y Minesa, solicitando, principalmente, que se suspenda definitivamente la explotación minera que pretende hacer la empresa árabe en inmediaciones del complejo natural. La demanda será interpuesta ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander bajo el argumento que este proyecto amenaza el derecho al agua y a un ambiente sano, además, se afirma, como se ha hecho reiterativamente, que se pone en riesgo la vida de 2.5 millones de colombianos al amenazar las aguas subterráneas y superficiales de este ecosistema. Adicionalmente, se alerta que esta explotación liberará tóxicos como el uranio, arsénico y pirita, que, como se asegura desde el Comité, pueden ser más peligrosos que el cianuro y el mercurio. Hay que mencionar que esta acción llega tras una serie de hechos en los que no se baja la guardia para que se suspenda este proyecto que ha tenido a la comunidad en una constante defensa del complejo natural, y que aún con varias iniciativas adelantadas no se ha logrado que finalmente el Gobierno respete lo que dijo en campaña sobre el interés -que en ese momento parecía evidente- por la protección de los páramos. Una comunidad en defensa del páramo Así, los más recientes hechos que rodean esta acción que será hoy puesta son: por una parte, lo solicitado por la Procuraduría General de la Nación para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y al Ministerio de Ambiente activen un consejo consultivo para el proyecto. Además, se pidió un reporte de la planificación dispuesta para activar esta instancia en desarrollo del trámite del licenciamiento del proyecto minero, y recordó la importancia de hacer una evaluación técnica diligente que contemple “las conexiones funcionales de las áreas de especial valor ambiental”. Asimismo, se enfatizó en la necesidad de invitar a las sesiones del consejo técnico a académicos, expertos y organizaciones nacionales e independientes, “cuyo perfil debe responder a la especialidad del tema para así someter a consideración de estos actores especializados las diversas materias del proyecto”. Adicionalmente, el pasado 11 de agosto, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, afirmó que pareciera que desde Minesa creen que la comunidad y el gobierno local no son capaces “de entender que efectivamente hay conexión y daño real. Yo creo que hay que repensar ese tipo de planteamientos”. Igualmente, el 24 de julio el mandatario junto al Acueducto Metropolitano y el Área Metropolitana, presentaron un primer informe con observaciones del Estudio de Impacto Ambiental de Minesa, en el que, entre otras cosas, se exponía que existe una conexión entre las aguas afectadas por el proyecto minero y las que abastecen a Bucaramanga a través del río Suratá. A esto se agregó que se halló que los impactos negativos del proyecto superaban los favorables, pues de los 32 impactos que según el estudio generaría la actividad extractiva de Minesa, 26 son negativos, es decir, el 81% del total. Además, haciendo mención a los impactos socioeconómicos se indicó que el 46% de éstos también son negativos, incluso cuando uno de los alegatos que han dado quienes se beneficiarían con este proyecto, es que a Santander le llegarían en promedio 16.000 millones de pesos anuales en regalías. ¿Qué dicen las autoridades? Por otra parte, el 06 de agosto en el Congreso de la República se realizó un debate de control político sobre el proyecto, el cual estuvo antecedido por la intervención del Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa y la viceministra de Minas, Carolina Rojas, quienes aseguraron que “el Gobierno colombiano quiere promover una minería con todos los estándares”, y, además, como lo expuso el ministro, que con la explotación minera «no habrá ninguna afectación a las fuentes de agua”. De esto han salido varios llamados, pues se rechaza el aval y los discursos institucionales para dar vía al proyecto, pero, adicionalmente, se menciona desde el Comité que al ministro de Minas no le corresponde decir qué afectaciones tiene esta extracción minera, pues esta tarea le corresponde a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Adicionalmente, Minesa ha asegurado que “el proyecto está a 2.600 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y desciende hasta los 2.200 m.s.n.m., fuera del área protegida del páramo de Santurbán, que según la Resolución 2090 de 2014 del Ministerio de Ambiente, está entre los 3.100 y 2.800 m.s.n.m”, no obstante, y como parte de la acción que se interpondrá el día de hoy, también se indica desde el Comité que cualquier intervención al subpáramo y/o al bosque altoandino afecta a los ecosistemas se conectan con el páramo. Con esto, es necesario nombrar que durante el gobierno Santos se delimitó Santurbán mediante Resolución 2090 de 2014, – un año antes que se empezara a impulsar el proyecto de la empresa Minesa -, no obstante, esta no atendió a una verdadera protección del recurso natural, por lo que más adelante saldría la Sentencia T-361 (2017) de la Corte Constitucional, la cual exige al Ministerio de Ambiente hacer una nueva delimitación. Con todo esto y con un proyecto que al parecer si fuera por el Gobierno Nacional no tendría marcha atrás, se espera que la acción popular, además de frenar este proyecto, también ponga sobre la mesa el debate sobre los precedentes que traerían dar vía libre para la minería en el Santurbán o en cualquiera de los 36 páramos del país. Hoy, el llamado con la denuncia es a que se frene el proyecto que solo en la etapa de exploración ha generado pérdida de vegetación y la desaparición de 4 quebradas afluentes del río Suratá. Además, a que el Anla no le otorgue la licencia ambiental a Minesa y a que a través de la nueva delimitación en la que se avanza si se protejan los ecosistemas y a la comunidad que habita en el páramo y en sus zonas aledañas.

Por: Redacción Pares con información de ONU. Para 2021, por cada 100 hombres jóvenes que vivan en pobreza extrema habrá 118 mujeres. Las mujeres asumen la mayor parte de la responsabilidad del cuidado de la familia, ganan menos, ahorran menos y tienen trabajos mucho menos seguros, una situación que se ha intensificado con la crisis del coronavirus. La crisis del COVID-19 aumentará drásticamente la tasa de pobreza de las mujeres y ampliará la brecha entre hombres y mujeres que viven en la pobreza, asegura un nuevo informe publicado este miércoles por ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se esperaba que la tasa de pobreza de las mujeres disminuyera en un 2,7% entre 2019 y 2021, pero las proyecciones ahora apuntan a un aumento del 9,1% debido a la pandemia y sus consecuencias, advirtieron las agencias. El resto de datos indican que, si bien la pandemia afectará a la pobreza global en general, las mujeres sufrirán el impacto de manera desproporcionada, especialmente aquellas en edad reproductiva: para 2021, por cada 100 hombres de 25 a 34 años que vivan en pobreza extrema (con 1,90 dólares al día o menos) habrá 118 mujeres, una brecha que podría aumentar a 121 mujeres por cada 100 hombres para 2030. “El aumento de la pobreza extrema de las mujeres, en particular en esa etapa de sus vidas, es una dura muestra de los profundos defectos en la forma en que hemos construido nuestras sociedades y economías”, aseguró en un comunicado la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka. Mlambo-Ngcuka aseguró que las mujeres asumen la mayor parte de la responsabilidad del cuidado de la familia, ganan menos, ahorran menos y tienen trabajos mucho menos seguros. “De hecho, en general, el empleo de las mujeres corre un mayor riesgo que el de los hombres, en un 19%. Las pruebas que tenemos aquí de múltiples desigualdades es fundamental para impulsar una acción política rápida y reconstructiva que sitúe a las mujeres en el centro de la recuperación de la pandemia”, agregó. Las mujeres tienen menos protección social El informe explica que, en general, la pandemia arrastrará á a 96 millones de personas a la pobreza extrema para 2021, entre ellas 47 millones de mujeres y niñas. De este modo, el número total de mujeres y niñas que viven en la pobreza extrema aumentará a 435 millones, y las proyecciones muestran que este número no volverá a los niveles anteriores a la pandemia por lo menos hasta 2030. ONU Mujeres y el PNUD resaltan que la pandemia plantea una grave amenaza a las perspectivas de erradicar la pobreza extrema para fines de esta década, y que la realidad podría ser aún más desalentadora, ya que estas proyecciones de aumento de las tasas de pobreza para mujeres y niñas solo tienen en cuenta la revisión a la baja del producto interno bruto (PIB), excluyendo otros factores, como que las mujeres abandonen la fuerza laboral debido a responsabilidades de cuidado infantil. “Más de 100 millones de mujeres y niñas podrían salir de la pobreza si los gobiernos implementaran una estrategia integral dirigida a mejorar el acceso a la educación y la planificación familiar, salarios justos e iguales y expandir las transferencias sociales”, aseguró Achim Steiner, administrador del PNUD. Según Steiner, las mujeres tienen menos probabilidades de beneficiarse de las medidas de protección social. “Invertir en la reducción de la desigualdad de género no solo es inteligente y asequible, sino también una decisión urgente que los gobiernos pueden tomar para revertir el impacto de la pandemia en la reducción de la pobreza”, expresó.

Por: Redacción Pares. «En estas cosas anda la Corte Suprema queridos compatriotas, en estas cosas reprobables, en una campaña infame contra mi gobierno. Así se están fabricando las pruebas contra la dirigencia política que me acompaña, en la oscuridad de las cárceles, donde menudean personas de corazón débil, de maltrecha moral. Esta carta es apenas el iceberg de algo más oscuro y profundo. Están acusando a mi gobierno de interceptaciones telefónicas a los magistrados. En estos días han circulado grabaciones en las que aparece mi voz en una conversación con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y para que se aterren, ocurre al revés, mi teléfono es el interceptado, hasta dónde hemos llegado, interfieren las comunicaciones del palacio de gobierno, no se sabe con qué torvas intenciones. Debo anunciar con amargura que acudiré a la justicia con una acusación contra los dos magistrados, y me he visto obligado a conferir poder a un grupo de abogados para que me representen en este litigio, terminó diciendo». Fragmento de La sombra del presidente p. 198 Las familias Ferraro y Echeverri han estado unidas desde los tiempos en los que la violencia del narcotráfico y del paramilitarismo comenzaba a campear en la Colombia de los años ochenta del siglo XX. Su amistad y cercanía parecían ser eternas hasta que una terrible decisión cambió el curso de sus vidas. Tiempo después, los dos patriarcas familiares deberán enfrentar ese tumultuoso pasado que incluye buena parte de una historia que es un trasunto de la del país de los últimos cincuenta años. Esta es una novela en clave, como El padrino, o La fiesta del Chivo: a través de una extensa investigación, y de la construcción de un puñado de personajes ambiguos, complejos y ominosos, en su mayoría, se reconstruye el entramado de las relaciones filiales que han dejado al país en la ruina moral. Si esta historia existe o no, será problema de cada lector. «La ficción no ha contado de manera contundente la relación entre el poder central y las mafias en Colombia, y eso para mí era un reto muy grande. Esta es una visión literaria de la vida dramática de Colombia a finales del siglo XX y comienzos de este; esta es la intimidad de la relación entre poder, narcotráfico y violencia durante más de treinta años», explica León Valencia. Esta historia que surge de una experiencia como investigador de las relaciones entre política y mafia en Colombia. León Valencia ha sido capaz de tejer una trama usando mucho de la realidad pero imaginando, a partir de allí, cómo sería el desenlace de un poder que se eternizó en el país.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. “Hay un principio que debería regir en el país, pero que se vulnera una y otra vez: el de progresividad y no regresividad. Lo que dice éste es que todo en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales que se han adquirido no deben desmejorar. Es decir, todas las reformas deben ir encaminadas en mejorar la situación de las personas a quienes protegen estos derechos, pero eso no se da. Ejemplo del incumpliendo a ese principio es este caso, pues crea escenarios para vulnerar los derechos adquiridos para las y los trabajadores”, abogada Luisa Perdomo. _____ El pasado 27 de agosto desde la presidencia se expidió el Decreto 1174 “por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el Piso de Protección Social para personas que devengan menos de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente”. La anterior determinación ha desatado una discusión acerca de las intenciones de este Decreto, que, por un lado, se da posterior a la iniciativa que trataba de promover el Gobierno con la llamada reforma laboral que fue rechazada ampliamente en el marco del Paro Nacional iniciado el 21 de noviembre de 2019. Por otra parte, también se da en medio de una crisis económica y laboral acentuada con la pandemia, que solo para el mes de julio de 2020, según cifras del DANE, tuvo como consecuencia que la tasa desempleo llegara al 20,2%, lo que significó un aumento de 9,5 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (10,7%). Adicionalmente, también hay que mencionar que finalizando el 2019 el DANE informó en Colombia 9.400.000 personas ganan menos del salario mínimo, cifra que en ese momento representaba al 47 % de trabajadores y trabajadoras. En ese momento Alicia Arango, quien era ministra de Trabajo, dijo respecto a esta cifra que: “Por eso la preocupación nuestra y de este gobierno de estar muy pendiente de las personas que ganan menos de un salario mínimo, porque simplemente se daba este número y a nadie le importaba, pero vemos hoy que el 47 % de los colombianos está ganando por debajo de esta cifra y por eso estamos pendientes de ellos, tanto para el piso de protección social como para el tema de la vejez”. Esa afirmación parece verse hoy reflejada con la decisión tomada por Iván Duque y el ahora ministro de trabajo Ángel Custodio Cabrera, quien públicamente ha salido a defender el Decreto 1174 con un discurso similar al de Arango el año pasado. El ministro aseguró recientemente en RCN Radio que: “lo que se busca es garantizar la seguridad social, la salud y que empiece a generar un tema de ahorro para la vejez las personas que ganan menos del mínimo”. Con esto es importante que las y los trabajadores tengan en cuenta que “en ningún la inscripción del trabajador al Piso de Protección Social exonera al empleador del pago de las prestaciones sociales y demás obligaciones a que haya lugar que se deriven de la relación laboral. Por otra parte, la inscripción del contratista al Piso de Protección Social tampoco exonera al contratante del cumplimiento de las demás obligaciones propias de la naturaleza del contrato”. Foto: Pares. Lo que dice el Decreto y lo que se le critica El Decreto sale bajo el argumento que se da para reglamentar el acceso y operación del Piso de Protección Social para aquellas personas que mensualmente perciben ingresos inferiores a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente como consecuencia de su dedicación parcial a un trabajo u oficio o actividad económica. Adicionalmente, se aclara que el Piso de Protección Social está integrado por el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS como mecanismo de protección en la vejez y el Seguro Inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por Beneficios Económicos Periódicos – BEPS. Se establece que hay tres sectores que deberán vincularse a este sistema cuando devenguen menos de un SMLV: las personas que tengan uno o varios vínculos laborales, quienes tengan varios contratos por prestación de servicios y quienes cuenten con uno o varios vínculos laborales, y simultáneamente, con uno o varios contratos por prestación de servicios. Igualmente, aplica para quienes lo quieran hacer voluntariamente al no tener una vinculación laboral o no hayan suscrito un contrato de prestación de servicios y no tengan capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización al Sistema Integral de Seguridad Social. En este punto es importante señalar que en el parágrafo 1 de la sección 1 de disposiciones generales hace referencia a que “los vinculados al Piso de Protección Social estarán afiliados al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cumpliendo los requisitos de acceso o permanencia a dicho régimen, pero en ningún caso, este régimen reconocerá prestaciones económicas”. En palabras de la abogada Luisa Perdomo esto es grave, pues ejemplariza la situación con “los casos de las mujeres que quedan embarazadas y están en este sistema; cuando ellas salgan a la licencia de maternidad ese tiempo no se le pagará a la mujer, lo que obliga a estas personas a no tomarse ese tiempo, que es un derecho que tienen las madres, o se lo toman sin tener esa garantía económica, es decir sin recibir dinero durante el tiempo de licencia”. También se especifica que el aporte al Piso de Protección Social debe ser del 15% del ingreso mensual obtenido, este porcentaje se debe, como establece el documento, adicionar a lo que la persona gana, pues no se puede descontar del salario que estaba recibiendo la persona antes de ingresar al sistema. Asimismo, de este total el 14% irá al ahorro individual del vinculado/a y el 1% al pago de la prima del Seguro Inclusivo. -Este dinero se recaudará a través de Colpensiones-. Con esto es importante que las y los trabajadores tengan en cuenta que “en ningún la inscripción del trabajador al Piso de Protección Social exonera al empleador del pago de las prestaciones sociales y demás obligaciones a que haya lugar que se deriven de la relación laboral. Por otra parte, la inscripción del contratista al Piso de Protección Social tampoco exonera al contratante del cumplimiento de las demás obligaciones propias de la naturaleza del contrato”. Adicionalmente, y donde van enfocados varios de los reclamos, es en la conceptualización que en el Decreto se hace del trabajo por tiempo parcial, que en el Decreto se normaliza como desde quienes laboran por periodos inferiores a un mes calendario o menos de la jornada diaria máxima legal. Como explica Perdomo, “si bien no se crea una nueva forma de contratación, sí abren la puerta que con los contratos ya existentes se incluya esta modalidad pagando menos de un salario mínimo. Que, además, hay que decir, el ingreso a este sistema propuesto supone el no poder acceder a las mismas garantías para quienes ganan el SMLV o más, como la pensión y coberturas que se dan, por ejemplo, con las ARL, pues en el Seguro Inclusivo son considerablemente menos las coberturas”. Adicional a esto, y aclarando cuestionamientos que han salido luego de que saliera públicamente el Decreto, Pares habló con Iván Jaramillo, abogado egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, quien también es docente de la Universidad del Rosario e integrante del Observatorio Laboral de la misma institución. Pares: Una de las alertas que se dan con el Decreto es la posibilidad de dar vía libre al trabajo por horas. ¿Cómo se traduce esta preocupación en su análisis del Decreto? Iván Jaramillo: Hay que aclarar que este es un Decreto que reglamenta el artículo 197 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Duque, que busca incorporar el concepto de Piso de Protección Social para extender el ámbito de cobertura del Sistema de Seguridad Social. Es decir, que esos trabajadores que devengan un monto inferior al SMLV se deben inscribir a estos sistemas asistenciales. Así, si alguien labora menos de ocho horas y por ende no alcanza el mínimo y al sistema seguridad social, lo que hace el Decreto es que estas personas se adscriban al sistema de Piso de Protección Social, lo que lleva una reducción de costos, pues en este modelo no se tiene que hacer la cotización completa al sistema de seguridad. El riesgo en esto está en que muchos empleadores para reducir costos obtén por trasladar el esquema de trabajo de tiempo completo, que genera el salario mínimo como base, a sistemas infrasalariales para lograr habilitar matricularse a este nuevo piso y por esa vía reducir costos. De fondo lo que termina pasando es que quien trabaje menos de la jornada completa y devengue menos de SMLV no va a poder acceder al sistema contributivo de construcción de derechos del sistema de seguridad social. Hay que decir que este Decreto iniciará su aplicación el 01 de febrero de 2021, fecha en la que debe estar todo articulado. Pares: Una de las cosas que a dicho el ministro es que esto es un aliciente para la vejez, ¿es realmente así? I.J: Justamente lo que este decreto busca es que las personas que ganan menos del SMLV no vayan al sistema pensional y no crezca la posibilidad de que se puedan pensionar, pues los manda es a un sistema asistencial, el de los BEPS, en el cual se cotizará lo que fija el Decreto y sobre esta cotización el Gobierno aporta el 20% y luego cuando se llegue a la edad en la que se pensionarían lo que hacen es acceder a ese BEPS, que se paga cada dos meses por una cifra no superior al 85% del mínimo. Luego, no hay una cobertura del sistema pensional, pues los BEPS no son pensiones, incluso no son vitalicios. «El riesgo en esto está en que muchos empleadores para reducir costos obtén por trasladar el esquema de trabajo de tiempo completo, que genera el salario mínimo como base, a sistemas infrasalariales para lograr habilitar matricularse a este nuevo piso y por esa vía reducir costos. De fondo lo que termina pasando es que quien trabaje menos de la jornada completa y devengue menos de SMLV no va a poder acceder al sistema contributivo de construcción de derechos del sistema de seguridad social.» Foto: Cortesía. Pares: ¿Es esta la reforma laboral por la que muchas y muchos se opusieron desde finales de 2019? I.J: Yo creo que el Decreto está adscrito al modelo de deterioro de los derechos laborales como fórmula de aumento de la cobertura laboral. Según la OIT estas estrategias de formalización reducen derechos para incluir a los trabajadores en el ámbito de regulación legal. En eso es en lo que se enmarca el Decreto.