Por: Dennis Arley Huffington. Investigador Regional, Oficina Pares-Pacífico. El pasado domingo 30 de agosto se registró el asesinato de un ciclista en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Según fuentes, hombres armados que se movilizaban en 6 motocicletas detuvieron a un grupo de 8 ciclistas aficionados que se desplazaban por La Estrella, vereda de San Vicente en una ruta conocida como ‘Herradura’ que lleva a la parte urbana del municipio; en el primer abordaje les pidieron documentación y celulares y los dejaron ir, en un segundo momento retuvieron a uno de ellos y en un tercer momento les dijeron que habían matado a su compañero de pedaleo. Se trataba de Camilo Andrés Vergara, un oficial retirado del ejército que se identificó con un carnet de militar, lo que generó que fuera retenido y posteriormente asesinado con 25 disparos y el cuerpo dejado a un costado de la carretera. Este asesinato puede significar un punto de quiebre en la estrategia de seguridad para Jamundí desde el gobierno nacional. Los sujetos armados se identificaron como miembros de la GAPF Columna Móvil Jaime Martínez, quienes, junto al cartel de Sinaloa, se disputan el control territorial de esta zona con el ELN, el Clan del Golfo y los Pelusos, lo que ha recrudecido las violencias, como lo advirtió la Fundación Paz y Reconciliación a través de la oficina Pacífico a inicios del año como uno de los principales desafíos que debería enfrentar el entrante alcalde Andrés Felipe Ramirez. Las zonas de disputa y los actores armados La parte alta ha sido la principal zona de disputa, en todo el corredor que conecta la cordillera occidental desde el municipio de Suárez-Cauca y el PNN Los Farallones. Además, es el punto fronterizo entre Jamundí, Cali, Dagua y Buenaventura, razón por la cual es un lugar geoestratégico para economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal que se desarrolla en el Parque Natural. La presencia de actores armados y grupos de narcotraficantes se ha decantado hacia un fortalecimiento del GAPF Columna Móvil Jaime Martínez al mando de alias ‘El Flaco’, que además le presta servicios de seguridad a las estructuras de los carteles mexicanos de la droga y los emisarios que llegan a negociar los cargamentos y armas, especialmente del Cartel de Sinaloa. Jamundí concentra el mayor número de hectáreas del departamento vallecaucano que se conecta con los registrados en el Naya y son disputados desde el Norte del Cauca, municipio de Suárez por la GAPF Nueva Marquetalia, por el oriente, desde Buenaventura por la GAPF Defensores del Pacífico y los Pelusos; y, por el ELN, con presencia histórica en la zona y el Clan del Golfo. Foto: Cortesía. El cruce geográfico de Jamundí se ha convertido en la columna vertebral del narcotráfico en el pacífico por su salida al mar a través del Naya y la entrada al interior del país a través de Cali, generando una empresa, como en los tiempos de los grandes capos, que ha penetrado la fuerza pública: A inicios del 2020 por una investigación de la Revista Semana se conoció sobre la alianza entre la estructura armada a mando de alias ‘Mayimbú’ y agentes de la fuerza pública en Jamundí: un intendente de la Policía y una patrullera fueron sindicados de secuestrar y entregar un ciudadano a la Jaime Martínez para ser asesinado y cinco uniformados han sido capturados por vender armas de guerra a esta misma agrupación. Por su parte, en Buenaventura, el año pasado se capturó al subcomandante de la Policía y a un patrullero de la misma institución por pertenecer al Clan del Golfo/La Local, otro actor en la disputa por este corredor del narcotráfico que en los últimos años se ha recrudecido debido, por un lado al fortalecimiento de los grupos armados ilegales gracias a los dineros de la droga y por el otro por las alianzas y nexos con la fuerza pública dedicada a combatirlas. El problema de los cultivos ilícitos Fuente: Elaboración Pares-Pacífico con datos del Observatorio de Drogas de Colombia. En Jamundí sucedió el aumento más grande del país entre 2018 y 2019 en hectáreas de cultivos de coca. No es un municipio PNIS y hay presencia organizativa de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana -COCCAM-, se ha tratado de buscar desde la alcaldía y los campesinos cultivadores espacios de negociación para la sustitución concertada, pero con lo sucedido el anuncio es que se viene un proceso de erradicación forzada y sin ninguna alternativa. Jamundí concentra el mayor número de hectáreas del departamento vallecaucano que se conecta con los registrados en el Naya y son disputados desde el Norte del Cauca, municipio de Suárez por la GAPF Nueva Marquetalia, por el oriente, desde Buenaventura por la GAPF Defensores del Pacífico y los Pelusos; y, por el ELN, con presencia histórica en la zona y el Clan del Golfo. El asesinato del exmilitar se toma como un mensaje contra la posible presencia de inteligencia de las Fuerzas Armadas, pero el efecto ha sido contrario porque el anuncio fue de establecer presencia permanente del ejército en todo el corredor. El ex oficial (mayor) del ejército resultó ser hermano de un diputado colombiano en Brasil, lo que generó que una vez conocida la noticia se realizara un consejo extraordinario de seguridad con la presencia del viceministro de defensa el día lunes y hoy 01 de septiembre se espera la visita del Ministro de Defensa para anunciar la fórmula que se ha repetido a lo largo del país: erradicación forzosa y militarizar la zona. Esta ha sido la respuesta del gobierno del presidente Duque en todo el territorio nacional, quien cumpliendo su promesa de campaña de hacer trizas los acuerdos de paz, se niega a su implementación y le apuesta a la reactivación de la fumigación aérea con glifosato y la erradicación forzada de los cultivos ilícitos por parte de la fuerza pública como la fórmula para acabar con los problemas desbordados de violencia. El anuncio se espera esta tarde por parte de Carlos Holmes Trujillo, ministro de defensa, quien estará en Jamundí atendiendo el caso del ciclista asesinado. De todas formas, que ya se reconozca por parte de la gobernadora Clara Luz Roldán que esa zona de Los Farallones ya no es segura para la práctica deportiva, se configura como un fracaso para las autoridades regionales en materia de no poder garantizar la seguridad para un gremio tan importante como son los ciclistas de la región. Foto: Tomada de redes sociales, imagen Pares. El quiebre de la seguridad Si bien, la seguridad no se deterioró con el caso registrado este domingo, sí significa un punto de giro, teniendo en cuenta el contexto nacional, por las recientes denuncias de violación de DD.HH por parte de las Fuerzas Armadas contra las comunidades campesinas y en especial contra menores de edad. A pesar de que la Gobernación del Valle respaldan estas medidas, su implementación no será fácil debido al fortalecimiento de los grupos armados ilegales con presencia en la zona, caso particular de la Columna Móvil Jaime Martínez del comando Coordinador de Occidente que viene aumentando sus acciones bélicas y propagandísticas. De todas formas, que ya se reconozca por parte de la gobernadora Clara Luz Roldán que esa zona de Los Farallones ya no es segura para la práctica deportiva, se configura como un fracaso para las autoridades regionales en materia de no poder garantizar la seguridad para un gremio tan importante como son los ciclistas de la región. No se puede desconocer que en los últimos dos años han acontecido una serie de hechos que evidencian el deterioro de las condiciones de seguridad en el municipio de Jamundí, incluso al nuevo alcalde le tocó enfrentar una masacre a solo dos semanas de iniciado su mandato en enero del presente año. En 2019 en la zona montañosa de Jamundí hubo dos masacres y un caso muy sonado del asesinato de un indígena que fue un intento de ejecución extrajudicial por parte de unidades militares. Pero el asesinato en la vereda San Vicente del mayor retirado del ejército mientras practicaba ciclo montañismo ocurrido el fin de semana produjo un quiebre de lo que será la política de seguridad para Jamundí, ahora estará centrada en la creación de unidades militares para hacer operaciones de seguridad en los territorios y la eliminación de los cultivos ilícitos mediante la erradicación forzada. La lógica del Ministerio de Defensa es que la única forma de acabar con el narcotráfico es acabando con los cultivos ilícitos, algo que vienen repitiendo en los diferentes municipios donde se han presentado hechos que alteran el orden público y que desconocen la historia ligada al narcotráfico, corrupción al interior de las Fuerzas Armadas, negligencia institucional y violencia.

Por: Fredy Chaverra. Colaborador Pares. En el Bajo Cauca, subregión ubicada al norte de Antioquia, entre los departamentos de Córdoba y Bolívar e integrada por seis municipios, la mayor amenaza para la seguridad de sus 320.000 habitantes no se reduce a la presencia de la COVD-19; la debilidad de un sistema sanitario dependiente de un único Hospital de segundo nivel o el desempleo derivado de la cuarentena, no, la principal pandemia que se viene sintiendo en el territorio es una violencia barbárica y degradada que en lo corrido del año ha dejado decenas de jóvenes asesinados en los municipios de Tarazá, Cáceres, El Bagre y Caucasia. Si en enero el país se estremeció con el decapitamiento de dos jóvenes en zona rural de Caucasia, en una práctica de control territorial que recuerda los años más crudos del conflicto, en el último mes la subregión no sale del asombro por la cantidad de personas que han sido degolladas. El último caso registrado fue el de los hermanos gemelos de 17 años, Andrés y Alfonso Ramírez, quienes habían denunciado amenazas de un grupo armado e inclusive se encontraban en medio de una ruta de atención humanitaria; sin embargo, esto no fue suficiente para salvaguardar sus vidas ya que fueron degollados cerca de la cabecera municipal de Tarazá, sus cuerpos presentaban señales de tortura. Aunque esta difícil situación de orden público no es nueva, en lo corrido del 2020 se ha intensificado. A los asesinatos se agregan recientes hechos de desplazamiento forzado como el registrado en la vereda La Esperanza en Tarazá; el asesinato de líderes sociales adscritos el programa de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS); masacres y un incierto indicador de desaparición forzadas. No importa que esta sea una subregión tres veces priorizada en la implementación del Acuerdo de Paz (PDET, PNIS y ZOMAC); que en la política de seguridad territorial de Duque se haya priorizado como una Zona Estratégica de Intervención Integral (Zona Futuro) o que sea el área más militarizada en Antioquia, la violencia no cesa y antes empeora. En el Bajo Cauca se comprueba esa paradoja de la promesa de la paz que llevó la incierta realidad de una guerra. A pesar que la extinta guerrilla de las Farc no eran un actor determinante en la regulación social del orden, tras su salida del territorio se aceleró un proceso de expansión y consolidación de otras estructuras armadas como las AGC o Clan del Golfo; los Caparros; el ELN y las disidencias de las Farc. Grupos que se disputan a sangre y fuego corredores de movilidad para el control de rentas criminales derivadas del narcotráfico, minería ilegal y la extorsión. Ante el estancamiento del programa de sustitución (es el territorio con más coca en Antioquia) y el precario aterrizaje del PDET, la paz en este territorio no pasa de ser un memorial de buenas intenciones. Esa tan solo es una breve radiografía de la indolente pandemia de violencia que azota al Bajo Cauca, pandemia que no cede y cuya solución no resulta tan sencilla como encontrar una vacuna “milagrosa”. ¿Qué hacer ante esa situación? ¿cómo responder esa pregunta ante la indiferencia del gobierno y la degradación de una guerra barbárica? La única certeza es que las comunidades siguen resistiendo en medio de un silencio que hiela la sangre. Es claro que el Bajo Cauca no es territorio de paz o si quiera una zona “futuro” (como mal la llama el gobierno), pues esa terrible pandemia de la violencia, ensañada con sus jóvenes, parece no que no fuera a terminar.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares La violencia selectiva no cesa en Colombia. En el pasado fin de semana fueron asesinados dos líderes sociales, dos lideresas y un firmante de paz. También, tal como lo había advertido Pares, la incursión paramilitar fue un hecho y no fue suficiente la atención de la Fuerza Pública. El epicentro de estas violencias han sido los departamentos de Bolívar, Antioquia y Meta. Dos liderazgos asesinados en Bolívar EL pasado sábado 29 de agosto las comunicadades del sur del departamento de Bolívar denunciaron el asesinato de Omaira Alcaráz y Fernando Gaviria en el municipio de San Pablo, en el corregimiento de Cerro Azul , en la vereda Alto San Juan. El Congreso de los Pueblos denuncio que los hechos ocurrieron en el marco de “la avanzada de grupos paramilitares” en lo que denominaron un “genocidio”. De acuerdo con la descripción hecha por el Congreso de los Pueblos “dos hombres encapuchados con armas tipo mini uzi, ingresaron a la casa de Omaira, la amarraron a ella y a toda su familia”. Entre tanto, los hombres salieron en búsqueda de Fernando que estaba trabajando como tendero, los hombres armados le ordenan ir a casa de Omaira y al él resistirse los hombres abren fuego. Tras el asesinato fueron a casa de Omaira para matarla en presencia de su familia. Tal como lo confirmó el Congreso de los Pueblos Omaira era fiscal de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Alto San Juan, mientras que Fernando era un reconocido líder del CFP y del Coordinador Nacional Agrario (CNA). Asesinan a firmante de paz El pasado viernes 28 de agosto en la Vereda Palmachica, fue asesinado el firmante de paz Jorge Iván Ramos Camacho en la Serranía de San Lucas en el municipio de Santa Rosa (Sur de Bolívar). Jorge era padre de dos hijos menores de 10 años. Durante el gobierno de Iván Duque han sido 149 firmantes de la paz, 43 de ellos han sido asesinados en 2020 y 27 desde que e registró el primer caso de Covid19 en Colombia. Además, Jorge Iván hacía parte de la Junta de Direccionamiento Estratégico del Programa de sustitución de cultivos PNIS. Esta Unidad tiene como objetivo la orientación, evaluación y monitoreo de la gestión e implementación del Programa de Sustitución PNIS. En tiempos de la otrora guerrilla de las FARC – EP, Jorge Iván era comandante del frente 37 que operó en la región de Montes de María. La Unidad especializada de investigación de la Fiscalía asumió la investigación del asesinato del firmante de paz de Jorge Iván. Esto para continuar develar qué hay detrás de un homicidio que, hasta el momento según lo señaló FARC, todo apunta a que los responsables son miembros del ELN. “Jorge Iván fue asesinado a sangre fría y de una forma bárbara por el grupo armado Ejército de Liberación Nacional”, precisó el partido FARC. Antioquia: asesinatos y desplazamientos El epicentro de los hechos victimizantes en el departamento de Antioquia ha sido la subregión del Bajo Cauca antioqueño. En la verede de El Solito fueron asesinados dos hermanos: Edil Alfondo y Wilmer Andrés Ramírez que tenían 17 años. Los jóvenes fueron reportados como desaparecidos el 27 de agosto, al momento en el que salieran de una comisaría en donde retiraron unas amenazas. El otro hecho que mantiene la zozobra en la subregión tiene que ver con el asesinato de la lideresa social, Sandra Banda de 48 años. Sandra era lideresa comunal y presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio EL Paraíso, del corregimiento de La Caucana en el municipio de Tarazá. Según las versiones de las comunidades, el asesinato que habría sido perpetrado en el sector conocido como EL 90 a manos de hombres armados pertenecientes de ‘Los Caparrapos’. Más de 50 personas (más de 12 familias) se desplazaron forzadamente del municipio de Tarazá por cuenta de la violencia que están ejerciendo los grupos armados. Según las autoridades, además del asesinato de la lideresa, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y ‘Los Caparros’ están agudizando una situación que no atiende el gobierno nacional. Con este sería el quinto desplazamiento de la región. La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana Nº 045 – 2020 de este 31 de agosto, en donde señalan a La Caucana como un sector de alto riesgo. Tanto en 2018 como en 2019 la Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo la dificil la situación por cuenta de los grupos armados en la región. Desde el pasado 28 de agosto Pares denunció la incursión de un grupo paramilitar estuvo entre la noche del 26 y la mañana del 27 de agosto en la vía Segovia-Cañaveral, en cercanías de Carrizal. Solicitaron, además, a la Defensoría del Pueblo la activación de una alerta temprana para evitar violaciones de DDHH, masacres, asesinatos a líderes y lideresas y desapariciones forzadas. Esto, en razón a la información que alertó el Congreso de los Pueblos. Líder asesinado en el Meta El asesinato de Julio César Sogamoso, presidente de la Junta de acción comunal de la vereda Barranco Colorado, municipio de Puerto Rico en el Meta, integrante de lo Asociación campesina AGROCAFRE; se conoció el pasado sábado 29 de agosto. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado sábado se hizo el lanzamiento virtual de ¿Por qué los matan?, el más reciente libro de Ariel Ávila, subdirector de Pares. Esta publicación llega en un momento en el que la violencia contra líderes y lideresas ha provocado por lo menos 600 asesinatos entre 2016 y 2019. En la publicación, como contó Ávila a Yesid Lancheros en el marco de la Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro, se identificó, entre otras cosas que “la violencia se convirtió en un mecanismo para tramitar conflictos políticos”. De esto dan cuenta varios escenarios. Por una parte, como un hallazgo de la investigación, que “el 70% de los victimarios identificados son sicarios que ni siquiera saben quién los contrató y el 30% son disidencias de las Farc, ELN, Clan del Golfo, etc.”. En este panorama hay que señalar que, aunque la sistematicidad no se ve desde quienes cometen los crímenes, sí se hace con quienes son víctimas y en las zonas donde más se cometen asesinatos contra líderes y lideresas. En ese sentido, y en concordancia con lo anterior, uno de los focos donde se concentra esta violencia es en personas que participan política en los territorios. “Encontré candidatos a alcaldías que mandaban a matar a líderes sociales y que ahora son alcaldes o lo fueron. Encontré disputas entre miembros de juntas de acción comunal, disputas entre despojadores de tierras y reclamantes, etc. En las regiones prefieren pagar a sicarios para que maten a líderes sociales, lo que varía de lo que se vivió hace años, donde se tenían ejércitos privados”. En este sentido y entendiendo que estos crímenes también van en vía de silenciar, además de quienes participan en política, a reclamantes de tierra y verdad, y gente que se opone a economías ilegales, hay alertas en las que el Gobierno Nacional debería poner el ojo, entendiendo los patrones en los perfiles de quienes son asesinados y las zonas donde se ubican. Las alertas que propone Ávila se dan en tres sentidos: “El otro año cuando comiencen a salir las sentencias de la JEP, la situación se agravará para los reclamantes de tierra y verdad. Asimismo, el oro subió su precio a 2.000 dólares la onza, cuando hace un año estaba en 1.200. Y, adicionalmente, se aproximan las campañas electorales para 2022. Así ya se sabe lo qué puede pasar y las zonas con mayor riesgo y Duque debería actuar ahí”. “Hay una masacre de la democracia colombiana” Esta oleada de violencia, además de las vidas que se está llevando por delante y el dolor que ha producido, también está dejando como una grave consecuencia el deterioro de la democracia. Si bien, como lo expone Ariel Ávila, se esperaba la crisis en algunas regiones del país a causa de la salida de las Farc luego de la firma del Acuerdo, también se esperaba la reacción e intervención del Gobierno para reducir los riesgos. No obstante, ese accionar todavía no se ha dado, el Gobierno sigue sin llegar a algunos municipios donde la violencia se desató. Con esta ausencia gubernamental y el control de grupos armados ilegales, lo que se está fortaleciendo, como lo conceptualiza Ávila, es un “autoritarismo” en las regiones, autoritarismo que no permite las denuncias, el control político. Y que, además, se agudiza con lo que el autor llama “homicidios ejemplarizantes”, entendiendo que ”ya no matan 40, 50 personas. Matan un líder y callan todo. Es una alerta porque se somete la democracia local y esos homicidios ejemplarizantes terminan callando a toda una zona”. Catatumbo es la zona más complicada Ariel Ávila asevera que hay zonas donde ya no hay marcha atrás, donde no hay soluciones milagrosas y en donde los altos niveles de violencia se vivirán, por lo menos, por dos o tres años más. Una de estas zonas es el Catatumbo, que como lo afirma Ávila “es la zona más complicada en cuanto a seguridad. Matan y desaparecen venezolanos indocumentados y nadie toma en cuenta ese fenómeno para las cifras oficiales. (…) Además, el ELN se apoderó de la frontera y los grupos que allí estaban se pasaron al lado colombiano (…) y como esos grupos no pueden con el ELN cometen violencia muy selectiva en la zona fronteriza para mandar mensajes a sus adversarios y eso es lo que vive en esta región. A esto se suma, algo que no se esperaba y es que el área rural de Cúcuta está llena de coca”. Economías ilegales, gobierno y narcotráfico Otro panorama en el que Ariel Ávila hace los respectivos llamados es lo que atraviesa las economías ilegales en el país, actividades donde centran sus esfuerzos parte de los sectores más amenazados por los asesinatos selectivos. Así, hay que anotar varios inconvenientes que de aquí se desprenden. Por una parte, uno de los problemas que se ha expuesto, incluso desde Pares, es la presencia de carteles mexicanos en territorio colombiano. De allí el autor saca varias apreciaciones, una de las más importantes es que “hay cuatro regiones (Buenaventura, Norte de Santander, Antioquia y la Costa Pacífica Nariñense), donde los carteles tienen emisarios de forma directa en Colombia para tres cosas: comprar cultivos de uso ilícito, para esconderse de las guerras en México, y para lavar activos. Hay emisarios, pero no ejércitos propios. Además, los carteles están pagando con armas, realidad que el gobierno está leyendo de forma equivocada”. Adicionalmente, hay que decir que respecto a las hectáreas de cultivos de uso ilícito el país sigue con una situación cada vez peor. Con esto, vale la pena señalar que a 1995 se registraban 124.000 hectáreas, hoy hay, por lo menos, 170.000. Todavía con este aumento las estrategias para eliminar estos cultivos siguen siendo las mismas que el primer año señalado: fumigaciones, erradicaciones manuales y echar a los campesinos a la cárcel. “Dos décadas después estamos en el mismo punto. Cualquier Perona concluiría que si luego de 25 años se está peor que cuando se empezó la política pública es un fracaso. Me duele que se siga una estrategia fracasada”. A esta situación, y a la fijación del Gobierno por argumentar que la erradicación forzada es la solución para las problemáticas que atacan al país en materia de seguridad, se le suma otro panorama que se alerta y es la subida en el precio del oro, lo que lleva a Ávila a decir “que los cultivos de uso ilícito van a bajar por los menos un 20%, no por las fumigaciones sino por el precio del oro. Mucha gente se va a ir a sacar oro en lugar de sembrar coca por el disparo que hay en el precio del oro. Con esto el desastre ambiental va a ser brutal”. A este escenario que se ve crítico social y ambientalmente por donde se le vea, se le agrega que los esfuerzos del Gobierno siguen centrándose en quienes cultivan, en este caso campesinos/as que son el eslabón de más bajo de la cadena de producción, donde perseguirles solo está desatando un circulo vicioso en el que no se disminuye ningún efecto negativo, y por el contrario se siguen fortaleciendo las cabezas del narcotráfico. “Hoy un gramo de cocaína en calles de Washington vale 160 dólares, es decir 500 mil pesos. A un campesino de Norte de Santander le pagan por un gramo de pasta base de coca 1.900 pesos. Al campesino que gana eso se le fumiga, se le echa a la cárcel y se le persigue, mientras que no se hace nada contra quienes se quedan con los otros 498.000 pesos”, contó Ávila. ¿Qué puede venir en los próximos años? Hay que iniciar diciendo que en los dos años de periodo presidencial de Duque, Ariel Ávila afirma que aunque se han hecho acciones, estas han tenido cero impacto, por el contrario solo han servido para mostrar reportes en informes, cifras, etc., mientras que, por lo menos, en 250 municipios del país el panorama de seguridad sigue siendo crítico. A esto se suma el poco interés de los gobiernos regionales por atender los asesinatos selectivos y desincentivar la impunidad que cubre a estos crímenes. Esto además se ha dado en un escenario donde solo en el último mes se han cometido al menos diez (10) masacres, que como Ávila lo explica se debe a un ‘empate técnico negativo’, el cual se nombra “cuando en una disputa no hay un ganador y se comienza una degradación de la violencia, asesinando población civil para mandar mensajes a los otros grupos y a la gente que habita la zona”. Con esto como lo prevé el autor “la seguridad va a estar un poco peor de lo que está ahorita, y así estaremos seguramente hasta 2022, por eso la seguridad volverá a estar en la agenda de las elecciones para 2022, donde seguramente estén como mucha fuerza cuatro sectores políticos en cabeza de Alex Char, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Gustavo Petro”. Por último, y extendiendo la revisión completa de el libro ¿Por qué los matan?, Ariel Ávila plantea que hay tres recomendaciones al Gobierno Nacional para que pare la violencia contra lideresas y líderes sociales: “Uno, sabemos las zonas más afectadas de victimización a líderes sociales, hagamos planes para estos puntos. Dos, sabemos que va a pasar el otro año cuando comiencen a surgir los temas de verdad y sustitución de tierras en la JEP, entonces protejamos esos líderes que trabajan desde ahí. Tres, recuperemos la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad”.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. Hemos comentado el diagnóstico: que es la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y el centralismo Bogotano y NO el narcotráfico el principal problema del Cauca y del suroccidente; que el gobierno nacional de manera vedada ha dejado el manejo del orden público a las mafias del narcotráfico y la minería ilegal, así como a aquello de que el mandatario de los caucanos y las fuerzas del “orden”, se convirtieron en NOTARIOS del conflicto armado, con inservibles consejos de seguridad para contar lideresas, líderes asesinados y masacres en nuestro territorio. Hablemos ahora, desde las propuestas ciudadanas para el que hacer frente a la paquidermia institucional para frenar esta oleada de acciones contra las esperanzas de cambios sociales, económicos y políticos. Impulsar ACUERDOS HUMANITARIOS LOCALES, esto es, diálogo de la sociedad civil con los actores armados con permiso o sin permiso del gobierno nacional, que debe comprender el respeto al territorio en relación a la no siembra de minas antipersona, el respeto a las actividades de las organizaciones sociales, comunitarias (productivas, culturales, religiosas, políticas), el respeto a la opción de la diversidad sexual, la no utilización de la mujer y su cuerpo como arma de guerra y el no reclutamiento forzado de menores a sus filas. Hoy que el silencio se ha constituido en nuestros campos en el seguro de vida, es necesario que desde plataformas como el ESPACIO REGIONAL DE PAZ, en asocio con el CONSEJO GREMIAL y la PASTORAL SOCIAL, se avance rápidamente en establecer estos contactos que garanticen a la comunidad rural y urbana, a los diversos gremios su permanencia y el de sus actividades en el Cauca. Y como no podemos ir todos a hablar, comentar y acordar el respeto a la vida de las personas y los territorios (que son igualmente seres vivos), lograr este equilibrio de convivencia en armonía hombre –naturaleza, se debe establecer una COMISIÓN DE PAZ CAUCANA, que sea la vocera del sentir y querer del millón cuatrocientos mil habitantes que clamamos por la resolución pacífica de conflictos y por la vida como el bien supremo. Exigir el cumplimiento del “acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, así como diferenciar la interlocución entre la guerrilla del ELN y los otros grupos armados ilegales, es importante, deben saber que nuestro clamor por el reinicio de los diálogos en el orden nacional insurgencia con comisión en la Habana y gobierno nacional, es otro capítulo en la vía de cimentar la paz. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, reza nuestra carta constitucional, si es débil la gobernabilidad y la gobernanza de nuestros mandatarios nacionales y regionales para alcanzarla, es un imperativo ético que la ciudadanía libre se proponga desde la periferia al centro, de abajo hacia arriba, desde quienes vivimos la tragedia de la guerra hacia quienes la motivan, diariamente clamar… ¡ACUERDOS HUMANITARIOS REGIONALES Y LOCALES YA!

Por: Cristian Mauricio Peña Acosta. Investigador Territorial Catatumbo. Pares. “Nunca dejaremos su búsqueda hasta encontrarlo. Mantenemos las mismas fuerzas desde el inicio. Henry es una persona tan importante para su comunidad, para su familia, que todos los días esperamos su llegada”. Con estas palabras, Elibeth Murcia le cuenta a la Fundación Paz y Reconciliación cómo ha sido el proceso de búsqueda del líder Henry Pérez, desaparecido desde el 26 de enero del 2016 en el corregimiento de la Gabarra, municipio de Tibú. La subregión del Catatumbo ha sido uno de los territorios más golpeados por la desaparición forzada, hallando así, según el reporte del Registro Único de Victimas (RUV) y el informe expuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad del 2020, solo para el municipio de Tibú, 561 víctimas directas y 1659 víctimas indirectas. ¿Quién es Henry Pérez? Henry, una persona nata para el liderazgo de su comunidad, hizo parte fundamental en la construcción de la organización social del corregimiento de La Gabarra, resaltando su presidencia en la Junta de la vereda Trocha Ganadera, en la Asociación de Juntas de Acciones Comunales y como gerente de ASOPROCAT, además de ser dos veces candidato al consejo de Tibú, construyendo e implementando de manera permanente propuestas de bienestar y diálogo en la región. Con su familia, Henry se hizo cargo de sus dos hijos y se entendía de la mejor manera con su compañera sentimental Elibeth, quien lo describe como una persona amorosa y responsable. “Aunque no fueron sus hijos biológicos él los protegió mejor que un padre”. Henry siempre conservó una vida familiar tranquila, llena de propuestas y esperanzas que no se describen simplemente con palabras. Hoy en día la vida de Elibeth y su familia se concentra en la búsqueda de Henry, quien señala esta incertidumbre como “la forma de vivir más precaria e inhumana”. ¿Y cómo va el proceso de búsqueda? “La búsqueda continúa y nunca pararemos hasta encontrarlo…”, responde Elibeth. Por eso, resalta su fortaleza en este proceso gracias al apoyo que han brindado las organizaciones sociales defensoras de DDHH, agradece a la comunidad por sus acciones de unidad y respaldo y relata cómo al inicio de la búsqueda se hubo interés de parte del Estado, mientras que hoy en día impera su ausencia en una investigación de 4 años y 7 meses que se mantiene sin respuestas. Una de las grandes interrogantes de Elibeth durante este proceso de búsqueda es “¿por qué desaparece Henry en el marco de un proceso de paz que se está formalizando entre las FARC y el Estado, en una zona donde hace presencia este grupo armado y la Fuerza Pública?” y aclara que se ha tratado de comunicar con todos los grupos armados presentes en el territorio sin tener ningún tipo de respuesta. Mensaje a todas las mujeres y familias buscadoras “No dejemos de buscar a nuestros seres queridos, no podemos descansar hasta encontrarlos”. Esta es una de las frases de Elibeth, que recalca la importancia de mantener estos procesos con el mayor respaldo posible. Su llamado convoca a no desfallecer y seguir denunciando el gran daño que causa la desaparición forzada en las familias, las comunidades y las madres que dejan de lado sus vidas para consagrarse a la búsqueda. Solicita aumentar el apoyo por parte del Estado, profundizar en el esclarecimiento de la verdad por parte de los actores que se acogieron al proceso de paz, y demanda tajantemente la eliminación de este tipo de prácticas que define como “la forma más atroz de la violencia”. Hoy, en el día internacional de las víctimas de desaparición forzada, recordamos las voces que han acallado violentamente y acompañamos las luchas de buscadoras y familiares por encontrar la verdad sobre sus seres queridos. ¡Ni uno más!

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares “Lamentablemente la desaparición forzada es una realidad vigente en Colombia y esperamos que este crimen de lesa humanidad algún día llegue a ser un tema del pasado en nuestro país. Por ahora no lo es, y lo que tenemos que hacer como sociedad y como Estado es rodear a las víctimas”. Pares habló con Luz Marina Monzón Cifuentes , directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas – UBPD. Ha trabajado en la defensa de derechos humanos durante más de veinte años representando a víctimas colombianas ante instancias judiciales internas y el sistema interamericano de derechos humanos. A partir de la experiencia y del conocimiento de las expectativas de las víctimas ha desarrollado investigaciones sobre el derecho a la verdad y la justicia. Pares: ¿Cuál es su evaluación sobre el delito de desaparición forzada en Colombia y cómo la UBPD puede hacer un aporte importante al fortalecimiento de los derechos humanos con respecto a ese delito que afecta a varios de estos derechos? L.M.M: Espero que la Unidad, con la tarea humanitaria y extrajudicial que tiene de buscar a las personas desaparecidas y de contribuir a la verdad en la búsqueda de esos desaparecidos, pueda sacar de la incertidumbre y del desconocimiento sobre qué es la desaparición y qué ha sido la desaparición forzada en Colombia. La Unidad va a contar quiénes son los desaparecidos, cuándo fueron desaparecidos y a dónde fueron llevados. Yo creo que esto es una verdad que ayudaría cualitativamente a pasar de la cifra al contenido sustantivo de qué significa y qué ha sido la desaparición en Colombia. Yo esperaría que esto ayudara a que esa verdad permita, no solamente a la sociedad civil a conocer lo sucedido, sino sobre todo al Estado a implementar políticas públicas que apunten a algo tan fundamental que es la no repetición. Es muy dramático y muy doloroso que hoy sigan desapareciendo a las personas; entonces, yo esperaría que la Unidad ayude a generar condiciones de no repetición. Una víctima me decía en estos días que aunque no encontremos a su ser querido desaparecido, ella quiere que se hable de los desaparecidos, que se hable de quiénes son los desaparecidos porque son seres humanos. Parece sencilla la frase pero es muy potente, y es eso lo que perdemos con la desaparición, ya que los perpetradores lo que quieren es que de esa persona no quede rastro. Además, la dinámica de la impunidad y la falta de aclaración sobre lo que pasó llevan a que toda la sociedad asuma que las personas desaparecidos no han existido. Tenemos que hacernos cargo y ayudaría a que seamos conscientes de que hay 120.000 o más personas, seres humanos como nosotros, de los cuales no se sabe qué pasó.

Por: Red de Organizaciones Sociales y Campesinas de Norte y Bajo Cauca En nuestros territorios se han concentrado las guerras de las últimas cuatro décadas. Hemos sido testigos directos de sus innumerables efectos. Por ello nos ha tomado un largo tiempo decidir si era prudente o no comenzar a escribir sobre la situación actual de los Derechos Humanos en el Nudo del Paramillo. Esto, sin duda implica hablar de dinámicas propias de los grupos presentes y abrir la puerta a las consecuencias adversas que esto trae para las comunidades y organizaciones sociales, principalmente, debido a las estrategias sociales y militares que sus estructuras han venido desarrollando para ejercer control sobre del territorio. Nuestra base y sustento para este modesto escrito es la experiencia de haber sobrevivido las diferentes etapas de las operaciones Militares derivadas del Plan Colombia, de la Guerra que desarrollaron el Bloque José María Córdoba de las antiguas FARC-EP y, además, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá – ACCU, entre 1997 y 2006. Sobrevivir a estas guerras nos fue enseñando a la fuerza los puntos geográficos sensibles y de importancia en la guerra pasada -puntos que hoy siguen siendo estratégicos para los actores armados que abierta disputa buscan controlarlos y que son constantemente ampliados y modificados por las grandes empresas que intervienen en el territorio-. Curiosamente, esos lugares fueron entregados por las FARC-EP al Estado colombiano para que asumiera su control en el marco del acuerdo de PAZ, pero actualmente el gobierno Duque reconoce que siguen siendo escenarios de disputa armada. Allí, la confrontación produce una constante vulneración de los Derechos Humanos de las comunidades y las organizaciones sociales. Desde las comunidades, tuvimos la esperanza en que la llegada del Estado se traduciría en la posibilidad de hablar, buscar y encontrar nuestros desaparecidos. Pero no fue así, para esta realidad parece que no existieran las garantías que requerimos los familiares y organizaciones sociales que indagamos y buscamos. Los pocos ejercicios de reconstrucción de memoria y verdad que logramos realizar antes de que se desatara la actual disputa armada nos permitieron comprender que el fenómeno de desaparición forzada en estos territorios es más complejo y diverso de lo que se ha descrito e investigado, pero la violencia coartó este proceso. Para nosotros, el fenómeno de desaparición forzada ha ocurrido de manera dispersa, más que concentrada. No obstante, en la región la discusión sobre el comportamiento de la desaparición forzada se ha centrado, sobre todo, en subrayar lo ocurrido en una de las fronteras del Nudo del Paramillo: la zona que comprende el área de inundación de la Represa de Hidroituango. Esto es importante resaltarlo porque el territorio que estuvo en disputa entre las FARC-EP, las ACCU y el Estado colombiano entre 1996 y 2006 fue el Nudo del Paramillo en su totalidad, lo cual implica un espacio más amplio y complejo que una sola de sus fronteras. Sentimos que esa visión induce a errores de análisis que van quitándole fuerza y posibilidades de búsqueda de desparecidos a otros lugares y fronteras importantes. Cuando se dice que hay más de 1.900 casos de desaparición forzada ocurridos en el marco del conflicto armado en este territorio, de inmediato suele pensarse que están bajo las aguas de Hidroituango. Esto sería comprimir el complejo desarrollo del conflicto armado a un lugar. Es decir, tendríamos que aceptar que la guerra por el control de Nudo del Paramillo y sus estrategias de violencia se desarrollaron dentro del polígono de inundación de Hidroituango y esto está lejos de ser cierto. El grueso del conflicto no se desarrolló en esta parte de la frontera. Aclaramos, por supuesto, que no estamos negando esta dolorosa realidad ni lo que ocurrió allí. Es un hecho que las aguas y los ríos de Colombia se convirtieron en una fosa común. Sin embargo, sentimos que es necesario ampliar y visibilizar mucho más las posibilidades de compresión de esta realidad. Decimos que es un fenómeno disperso por el comportamiento de los grupos armados entre 1996 y 2006, por la estrategia que desarrollaron las ACCU para expulsar la insurgencia y por las estrategias que utilizó el Bloque José María Córdoba para mantenerse en el territorio. Está claramente documentado en diferentes investigaciones que los grupos paramilitares cercaron los perímetros de los pueblos y regiones para asfixiar logísticamente a la insurgencia y que una vez podían ingresar aplicaban la política de “tierra arrasada”. En esa estrategia de cerco lo que finalmente terminaron controlando mediante retenes y puntos de control fueron las vías de transporte de los campesinos y las comunidades y, por ende, las alternativas y formas de movilidad de la población civil. En estos retenes fueron asesinados muchos campesinos y campesinas y una cantidad importante también fueron desaparecidos y desaparecidas. Como constancia de estos hechos quedaron a lo largo de las vías los “calvarios”; cruces y lápidas que se ponían conmemorativamente y que guardaban la memoria de quienes fueron arrebatados violentamente. En la ampliación de carreteras para Hidroituango estos fueron removidos por parte de EPM, llevándose las marcas de familiares y seres queridos sobre las desapariciones. Fotografías: Red de organizaciones sociales y campesinas del Norte y Bajo Cauca Cuando finalizamos ese ejercicio de reconstrucción de memoria concluimos que la mayoría de nuestros desaparecidos se perdieron en esos puntos de control o retenes que se instalaron en las vías intermunicipales, secundarias, veredales y en los caminos de herradura. Solo basta pensar en aquellos que conducen de los llanos de Cuiva al municipio de Ituango, o del casco urbano de Ituango al corregimiento de la Granja y al de Santa Rita, para cuestionarse sobre cuántas personas pudieron desaparecer en más de 20 retenes ubicados en estos trayectos. Para que nunca se olviden, queremos nombrar aquellos que hemos documentado y en los cuales asesinaron campesinos y campesinas y relatos de desaparición forzada: Retenes o puntos de control en la vía que conduce al municipio de Ituango desde los llanos de Cuiva. – Llanos de cuiva – Partidas de san José de la montaña – El barro – Alto seco – Las partidas de san miguel – Los naranjos – Quebrada del acerradero – Quebrada Taque – La matanza – Cuni – Tacui – Pescadero – El bombillo – Mote – El libano – Los galgos – Agualinda – La trituradora – Filo de la aurora Retenes o puntos de control de grupos armados en la vía que conduce del municipio de Ituango a los Corregimientos de la Granja y Santa Rita – Filo del tejar – Las chambas – El rio – La partidas para quebrada del medio – Palmitas – La poloma – La graciana – El sancudo – La cumbre – Partidas de pascuita – El alto el burro – Ventiadero – Arenales Hay que seguir insistiendo en conocer la verdad del conflicto armado en nuestras regiones y más cuando la violencia actual nos quiere quitar esta posibilidad. El universo de las personas desaparecidas en estos territorios no está claro, pero si sabemos del dolor que sienten madres, padres, hijos y hermanos al no encontrarlos. Es lo mismo que sentimos nosotros. También recalcamos que los familiares de los combatientes de las ACCU, de las antiguas FARC-EP y de las fuerzas militares tienen el mismo derecho a encontrar sus hijos perdidos en estas tierras del Nudo del Paramillo en una guerra que sinceramente pensamos que había acabado. A ellos y ellas este poema: EN ALGÚN LUGAR ESTÁN Debajo, al lado, Arriba; quizás en el Corazón del árbol, en el moho de la roca o en la nube están. En algún lugar. Tal vez el viento y los espíritus; los duendes y las hadas; los grillos y las aves; tal vez, las hormigas o los peces sepan el lugar. Alguien debe saber dónde están. En algún lugar escondidos duermen a la fuerza, de a uno, de a dos, de a muchos; los esconden solos, pero también juntos. Debajo; en los suelos de esta indomable tierra están los que han sido buscados y no encontrados, los que nunca serán buscados, los ya encontrados y escondidos de nuevo. Al lado; en los bosques están los abandonados, que los grillos, las hormigas y las aves escondieran en sus vientres. En los hormigueros, nidos, ramas y árboles están. Arriba; en las nubes están aquellos que escondieron en los ríos y el tiempo fusionara con el agua hasta transformarlos en vapor. En la infinidad del silencio están hasta que la voz de las historias los vuelve sonido; en el recuerdo y amarga ilusión de la esperanza están aferrados con tanta fe como dolor, esperando ser encontrados. En la voz; en las historias y el recuerdo están sus espíritus cuidados por duendes y hadas. ¡Aquí están! ¡En estas tierras están! Más de 2.000 casos de desaparición forzada en nuestro territorio ¿cuántos escondidos en estas montañas?

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Este es un país donde se mata desde muchos lados: los que defienden un orden, los que retan un orden, somos una nación ensangrentada desde hace muchos años, eso nos ha tornado en una sociedad enferma, enferma de barbaries por doquier y enferma de indiferencia. De ambas enfermedades poco a poco nos hemos ido curando, pero sigue habiendo tarea. Las cifras de muertos por violencia, es decir de homicidios, viene bajando en los últimos quince años. El global de los homicidios, de los cuales menos del 10% son aporte de la violencia organizada. El otro 90% es la expresión de las violencias “difusas”, de quienes ejercen violencia de manera no organizada: que podríamos dividir esquemáticamente en dos campos: por gente que se conoce y tramita sus conflictos con violencia o la violencia por codicia, es decir atracos, robos. Esto nos debe colocar ante un reto de superación de culturas que promueven violencias y el permanente reto de la seguridad ciudadana. Vivimos en plenitud un nuevo ciclo de violencia que parte desde el momento en que las FARC se transformó de guerrilla a partido político -menos del 10% no entraron al Acuerdo de Paz y muchísimos menos son disidentes- y el Estado no ha podido o no ha querido tener control efectivo de los territorios donde operaban las FARC. Esa continuidad de una violencia afincada en por los menos ciento cincuenta municipios- siempre recordemos que hace 20 años, la cifra era el triple-, nos sigue colocando el desafío de someter a mafias e integrar políticamente al ELN, mediante la construcción de un acuerdo negociado, el horizonte de una “paz completa”, luego de treinta años de trasegar por acuerdos parciales, importantes y con sus logros concretos. Hoy tenemos más madurez democrática, más calidad en la acción ciudadana, más instituciones para avanzar en un estado social y de derecho, faltando aún un buen trecho para considerarnos una democracia “madura”, lejos estamos de ello. Las masacres que se vienen presentando en las últimas semanas, vuelven a colocar el debate sobre responsables, motivaciones, lo que implica para la convivencia y para las instituciones. El responsable de garantizar los derechos y más los fundamentales como lo es la vida, es el Estado, por eso es que afirmo que el responsable de estas masacres es el Estado colombiano, que debe proteger la vida de todas y todos los ciudadanos y no es retórica, es el ordenamiento que nos hemos dado y debe exigírsele de manera particular al gobierno, en este caso al gobierno del Presidente Iván Duque, que responda por estas masacres, si no las puede prevenir, como está demostrado, debía aclararlas, judicializar y sancionar penalmente a sus responsables. Trabajar por prevenirlas es una exigencia que debemos mantener, a pesar de que sabemos que la impunidad ante los graves crímenes nos dejan la dura realidad de la impunidad, ante la cual no podemos resignarnos, exigimos sanciones a los responsables y no podemos aceptar la impunidad. Este gobierno agencia políticas que promueven las masacres: una constante de estas masacres es que se da en zonas donde el Estado no funciona de manera plena y legítima. Otros actores, llámense mafias, guerrilla, nuevos o viejos grupos paramilitares, son los que ejercen más autoridad que las instituciones estatales, y este gobierno, al desconocer el cumplimiento cabal del acuerdo de paz firmado con las FARC, que tiene en uno de sus ejes un proceso de construcción concertada de Estado en aquellas regiones donde este no funciona de manera efectiva y que tiene en la figura de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, los PDET. Estos son una acción de gran calado para avanzar en darle estado de calidad a los territorios que han adolecido de él y unas condiciones de infraestructura para un desarrollo económico y un ejercicio efectivo de derechos, todo eso es desconocido por este gobierno, lo que se hace es para darle viabilidad a las inversiones pensando en grandes negocios a futuro, esto se traduce en vías, que por supuesto son importantes, pero el resto falta, y así se puede evidenciar en los recursos que tienen los PDET, menos de un una quinta parte de los recursos que requeriría una acción como la que se concertó, en el acuerdo de paz. La otra política que promueve esta barbarie, es insistir en la fracasada política contra el narcotráfico, centrada en la fuerza, la imposición y el desconocimiento de lo pactado, el PNIS – El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos- que igualmente se pactó en el acuerdo de paz, que tenía como lógica, dos ejes: concertación con las comunidades campesinas ligadas a la economía de la coca y alternativas concretas, para dejar estos cultivos y tener algo concreto para sustentar la vida, estos dos ejes han sido desconocidos por este gobierno, desconocimiento a los planes concertados con las familias y nuevamente utilización de la fuerza y la amenaza de que volverán las fumigaciones, eso es volver a lo que ha sido un fracaso y solo está dejando sangre. El gobierno dice que todas estas masacres se explica por la coca, una coca que sigue en ciento veinte municipios, que las familias no pueden dejar si el gobierno no da alternativas concretas de subsistencia, y garantías de seguridad, y esto está lejos, cuando este gobierno no tiene ningún compromiso con trabajar en desarrollar políticas para la economía campesina, hacer realidad el punto primero del acuerdo de paz, una reforma rural integral, donde está la cura para tanta pobreza y exclusión en el mundo rural, y sobre esas tremendas desigualdades es que se instaló la economía de la coca, como alternativa concreta ante tanto abandono. Las masacres se van a seguir presentando, hasta que no tengamos control democrático del territorio por parte del estado, lo cual implica transformar estas políticas fracasadas, hay que trabajar por ello, otras políticas, que parten de aplicar de manera cabal y estricta el acuerdo de paz, políticas construidas con las comunidades organizadas para un orden democrático del territorio, ese sigue siendo el desafío.

Por: Daniel Jiménez y Diego Jiménez. Colaboradores Pares. En los últimos meses el movimiento estudiantil ha venido atravesando un momento decisivo, los y las estudiantes de universidades públicas como la Universidad del Cauca, Pedagógica y la Nacional han emprendido una lucha con el objetivo de que la institucionalidad les brinde una serie de garantías mínimas para que puedan continuar con su proceso educativo. Propuestas como la de la Matrícula Cero buscan que se les garantice la matrícula sin costo alguno a la plenitud de la comunidad estudiantil en las universidades públicas del país. Desde años anteriores se han venido intensificado las exigencias de garantías para la comunidad estudiantil en Colombia. Con la llegada de la pandemia, se sumaron exigencias, como lo fue la reivindicación de condiciones para la permanencia y el acceso a las universidades de los y las estudiantes alrededor del país. No obstante, la situación dificultó adelantar manifestaciones masivas como las que se venían realizando, que, sin ausentarse del todo, en los últimos meses hemos visto cómo la comunidad estudiantil ha transformado las maneras y estrategias que utilizan para protestar. Movilización estudiantil del 21 de agosto de 2020 en Bogotá. Fotografía: Anderson Mamayate. Gracias a la base de datos sobre protestas de PARES se ha podido determinar que desde que se decretó el estado de emergencia sanitaria el 12 de marzo a la fecha se han presentado por lo menos 21 manifestaciones que han sido lideradas por estudiantes, 20 de estas presentándose en los últimos 3 meses (junio, julio y agosto), lo cual nos muestra que se ha venido reactivando los procesos de protestas en el ámbito estudiantil con respecto a los primeros meses de cuarentena a nivel nacional. A partir de estos datos es posible afirmar que la mayoría (90%) de las protestas estudiantiles se realizaron para exigir derechos vinculados con la educación, permaneciendo la población estudiantil ligada a otras agendas de movilización como es característico, el resto de acciones (10%) se enmarcan en el rechazo a las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional. En cuanto a las estrategias utilizadas para movilizar sus demandas, la base muestras que, si bien el repertorio de acciones al que acuden los y las estudiantes para protestar es diverso, un 29% se manifestó mediante algún tipo de concentración pública, a esta estrategia le siguen dos tipos de acciones que nos muestran la diversificación que ha tenido el movimiento estudiantil a la hora de movilizarse, en este sentido, se han dado acciones como la Toma Pacífica generalmente de las instalaciones de las universidades en un 24% y de igual manera, han empleado el mecanismo de la Huelga de Hambre en un 24%. En un 19% se manifestaron mediante Bloqueos a alguna vía pública y finalmente en un 5% realizaron la protesta mediante performances o expresiones artísticas. Para poder entender de primera mano las necesidades y exigencias que se están esbozando desde los y las estudiantes del país, desde PARES hemos hablado con dos lideresas estudiantiles de la Universidad del Cauca y la Universidad Nacional de Colombia, quienes nos han brindado una mirada más profunda a esta situación. La mayoría (90%) de las protestas estudiantiles se realizaron para exigir derechos vinculados con la educación, permaneciendo la población estudiantil ligada a otras agendas de movilización como es característico, el resto de acciones (10%) se enmarcan en el rechazo a las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional. Estudiantes huelguistas de la Universidad Nacional sede Bogotá. Fotografía: (Alvarado, 2020). UniCauca: logros parciales de una lucha histórica Los procesos estudiantiles de la Universidad el Cauca, desde hace décadas vienen construyéndose alrededor de la obtención de condiciones dignas para la comunidad estudiantil. En el presente conocemos algunos de los antecedentes que han configurado la manera en que afrontan estas exigencias dentro de la coyuntura actual de la emergencia sanitaria, de la voz de Angie Agudelo estudiante perteneciente al proceso organizativo “Para UniCauca Transformar”. En el caso de UniCauca, las jornadas de protesta dadas desde el paro nacional universitario del año 2018 permitieron la consolidación de una mesa de negociación “triestamentaria” en la cual se ha incluido el tema de la matrícula cero. En ese sentido, existe un espacio donde plantear las opiniones, sin embargo, las dificultades ante la crisis no cesan pues en lo que respecta a una segunda fase de la mesa con entes del ejecutivo, dice: “Se supone que parcialmente la matrícula está, se supone que a los estudiantes de la UniCauca les garantizaron matrícula cero, pero entonces la universidad va a asumir un porcentaje mayor al que va a asumir la alcaldía, entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que esos presupuestos cambien, que las administraciones municipales se hagan cargo de eso porque lo que va a dar la universidad podrían ser garantías del bienestar de la universidad”. Cabe resaltar que, si bien en la universidad se ha logrado dicha instancia de negociación, no es el único frente en donde la movilización respalda las exigencias de los estudiantes, ya que varios grupos independientes también hacen presencia mediante plantones y campamentos simbólicos en la misma vía de reclamos y propuestas, sin necesariamente sentarse en la mesa, aclara su vocera. Estudiantes de la Universidad del Cauca manifestándose. Fotografía: “Para UniCauca Transformar”. Retomando lo dicho por Angie Agudelo desde Popayán, en la mesa de negociación se tocan puntos importantes como la oferta de materias, especialmente las prácticas en el caso de quienes estén acabando su ciclo y las tarifas de transporte diferenciadas, resaltando las especificidades que pueden tener las instituciones con mayor proximidad a ámbitos rurales. Esta coyuntura, sin duda, ha permitido reconocer otros sectores de la sociedad en el contexto de las protestas, algunos más conocidos en procesos de movilización previos y otros emergentes, por lo cual Angie nos menciona: “Este tema de la pandemia no nos puede desmovilizar, es necesario seguir en la movilización, es necesario tener otras propuestas de movilización efectivas, que hagan que la gente tenga presente la necesidad de hacer estas exigencias. Esta coyuntura no puede dejarnos quietos, al contrario, debe servir para movernos por lo que nos compete. Sigue siendo el momento para alzar la voz ante las injusticias.” Universidad Nacional: En primera línea de defensa La situación que vive actualmente la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) de igual manera ha sido bastante álgida, al punto que actualmente un grupo de estudiantes de la universidad en sus sedes de Bogotá y Medellín han decidido iniciar un campamento en las inmediaciones de las porterías y desde el 10 de agosto, cinco (5) estudiantes de la sede de Bogotá decidieron una iniciar una huelga de hambre. Para conocer la situación que están viviendo los estudiantes de la Universidad Nacional hablamos con María Alejandra Baquero, quien es estudiante de Arquitectura y Urbanismo, representante estudiantil ante el consejo en la sede Bogotá e integrante de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU). En palabras de ella, la universidad viene de un proceso de varios años en donde presenta un déficit financiero muy alto, que no permite cubrir la base presupuestal de la universidad para su funcionamiento. Esta crisis, según sus palabras, ha aumentado exponencialmente bajo el contexto de la pandemia. Actualmente, se calcula que el déficit alcanza la cifra de los 77.000 millones de pesos cuando a principio de año era de 44.000 millones, según María Alejandra. Además, existe una gran dificultad por parte de los estudiantes para poder pagar sus matrículas debido a la crisis social y económica desatada por la pandemia y la gestión blanda del gobierno. Producto de esta situación, La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) calcula que es muy posible llegar al alarmante índice de deserción del 50%. En este sentido, las organizaciones estudiantiles huelguistas de la UNAL están pidiendo lo siguiente: “En concreto tenemos dos exigencias, primero matrícula 0 universal para todos los estudiantes de pregrado y posgrado, y segundo, un salvamento presupuestal para la Universidad Nacional de 32.881 millones de pesos, que es hasta el mes de marzo lo que tenía calculado la universidad que iba a costarle la pandemia, por lo que probablemente sea más.” Actualmente, se calcula que el déficit en la Universidad Nacional alcanza la cifra de los 77.000 millones de pesos cuando a principio de año era de 44.000 millones, según María Alejandra. Además, existe una gran dificultad por parte de los estudiantes para poder pagar sus matrículas debido a la crisis social y económica desatada por la pandemia y la gestión blanda del Gobierno. Fotografías: Cortesía UNESS Bogotá. Ahora bien, en la Universidad Nacional se han venido presentado diferentes tipos de protestas por parte de la comunidad estudiantil, frente a esto María Alejandra, nos comenta lo siguiente: “Ha sido un recorrido, desde la declaratoria de emergencia exigimos las garantías de acceso y permanencia para los y las estudiantes. Sin embargo, frente a la desatención por parte del gobierno nacional hemos decidido montar un campamento desde el 27 de julio en la sede de Bogotá y de Medellín y actualmente en Bogotá iniciamos una Huelga de Hambre desde el 10 de agosto con cinco compañeros y compañeras.” Teniendo en cuenta lo previamente dicho sus demandas se encaminan en la siguiente dirección: “Nuestras exigencias van dirigidas al gobierno nacional en específico, sin embargo, no desconocemos la deficiente labor de la administración de la universidad en cabeza de Dolly Montoya, en cuanto que han decidido utilizar 2.200 millones de recursos de la universidad para cubrir parte de la matrícula de los y las estudiantes de pregrado, disculpando y desconociendo el deber del gobierno nacional de entregar los recursos necesarios para poder sostener a la universidad y, además, aumentando el déficit presupuestal de la misma. Creemos que debe haber un mayor gasto social en materia de educación por parte del gobierno para poder garantizar el derecho a la educación de los y las estudiantes del país, y creemos que la administración de la universidad debe exigirles lo necesario.” Finalmente, María Alejandra nos comenta que al momento de la entrevista no habían recibido respuesta alguna por parte del gobierno nacional ni de la administración universitaria, además, la situación agrava pues esta última ha desconocido el proceso de movilización que han llevado a cabo, razón por la cual no se les ha brindado lo necesario a los y las huelguistas, ni ha habido voluntad para reunirse con ellos. Mediante procesos de protesta los y las estudiantes de distintas universidades han logrado conquistar la obtención de la Matrícula Cero en 15 de 32 universidades públicas del país. Caso contrario, en el que se encuentran las universidades dependientes directamente del presupuesto del Gobierno nacional (UNAL o UPN), en donde no han recibido mayor respuesta, amenazando la continuidad de miles de estudiantes y promoviendo un escenario crítico de vulneración de sus derechos a la educación. El caso de la Universidad del Cauca, demuestra que gracias a los esfuerzos de movilización previos y paralelos de carácter local, se ha logrado obtener espacios de concertación que permitan la elaboración de soluciones más concretas y de mayor eficiencia.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Ayer se conoció que finalmente Margarita Cabello había sido elegida procuradora general de la Nación tras obtener 83 votos en el Senado. En la contienda por el cargo también estaban Juan Carlos Cortés y Wilson Ruiz, quienes contaron con 16 votos y cero, respectivamente. “Muy decepcionante la votación en la elección de la procuradora Cabello, la señora obtuvo 83 votos. ¿De dónde? ¿Cómo votó el Partido Verde? Es feo esto. El uribismo se quedó con todos los organismos de control y en esta ocasión con apoyo de gente de la oposición”, dijo León Valencia, director de Pares, a través de Twitter. Desde antes que se conociera esta decisión todo apuntaba a que Cabello iba a ser la elegida, pues el aval del partido de Gobierno y sus simpatizantes volteaba la balanza hacia la exministra. No obstante, incluso con este panorama a favor, las alarmas se encendieron por el riesgo que significa Cabello en este cargo. ¿Por qué? Por una hoja de vida con varios cuestionamientos y por el peligro para la democracia que significa una partidaria más del uribismo y por supuesto de Iván Duque. Cabello en su historial tiene la sombra, como hecho más reciente, la masacre cometida el pasado 21 de marzo, cuando se realizaron protestas en 15 centros de reclusión que terminaron en una tragedia humanitaria, tras enfrentamientos que se dieron en 13 de las 15 cárceles, los cuales causaron, por lo menos, 26 muertos (24 en Bogotá, 2 en Cómbita) y 120 heridos, distribuidos entre la cárcel Modelo de Bogotá (83), Modelo de Cúcuta (36) y Bellavista de Medellín (1). Ante esto la ahora Ministra salió a decir que el hecho se trató de “un plan criminal de fugas, que fue exitosamente frustrado”. Bajo esto, la acción además de ser prácticamente legitimada institucionalmente también dio paso a que las investigaciones quedaran estancadas. Ahora, la pregunta que secunda esa impunidad que ha habido en el caso es ¿en qué quedará la investigación que abrió la Procuraduría sobre este hecho? Adicionalmente, Cabello llega siendo una cuota entre los Char y el Gobierno Nacional, pues hay recordar que la exministra fue precandidata a la gobernación del Atlántico en 2011 con el apoyo de Fuad Char Abdala, Iván Name y Roberto Gerlein. También, ha sido cercana al uribismo, nombrándose que ejerció durante tres años (2009-2012) como Procuradora Delegada de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, nombrada por Alejandro Ordoñez. Igualmente, habría sido por medio del exprocurador que Álvaro Uribe, en el 2009, la incluyó en la segunda terna que presentó a la Corte Suprema para elegir Fiscal General de la Nación. Incluso durante el periodo de Duque, además de su puesto en el Ministerio, también fue ternada para que la Corte Suprema eligiera un fiscal general ad hoc para investigar tres casos del escándalo de Odebrecht, pues el entonces fiscal, Néstor Humberto Martínez, se había declarado impedido. Cabello renunció a la terna porque existían dudas sobre si estaba habilitada. Como se ha insistido desde Pares, la decisión tomada ayer es un riesgo sobre la protección de Derechos Humanos, así como un riesgo en los procesos disciplinarios de sus padrinos y aliados políticos. La democracia está en peligro El anterior es solo uno de los puestos que han llegado con el espaldarazo del Gobierno a la dirección de los organismos de control del país. Lo que pareciera ser un autogol para quienes se rasgaban las vestiduras diciendo en campaña presidencial que el país no podía caer en el castrochavismo, pues justo eso que parecían en su momento defender tanto, es lo mismo que ahora están auspiciando: la centralización de los órganos de control en un solo sector político. Muestra de esto es que no solo la Procuraduría cayó en esta ‘dinámica’, también lo hizo la Fiscalía; con Francisco Barbosa, quien es cercano al presidente desde épocas universitarias, además, fue uno de los arquitectos jurídicos de las objeciones presidenciales a la JEP, adicionalmente, antes de llegar al ente- en enero de este año-, ejercía como consejero presidencial para los Derechos Humanos. Suerte similar tuvo la Contraloría, la cual quedó en cabeza de Carlos Felipe Córdoba en agosto de 2018. De Córdoba hay que decir inició su carrera política en las juventudes uribistas, desde donde le hizo campaña para la elección en 2002 del ahora preso Uribe. Tras esto, y tras la victoria electoral del exsenador, Córdoba tuvo su primer cargo público como coordinador de proyección social del programa de la Presidencia Colombia Joven. Tras varios cargos, durante el periodo presidencial de Juan Manuel Santos, Sandra Morelli, contralora para el momento, nombró a Córdoba delegado de participación ciudadano y en el 2012 lo ascendió a vicecontralor. Ahora, hace tan solo unas semanas se jugó la suerte de la Defensoría del Pueblo, proceso que también estuvo marcado por los intereses del Ejecutivo, los que dieron frutos con la elección de Carlos Camargo, director hasta el momento de la Federación Nacional de Departamentos, quien ha brillado mediáticamente por hechos como la engavetada en el CNE de la investigación en contra de Óscar Iván Zuluaga por la presunta entrada de dineros de Odebrecht a su campaña, también por su entrega irregular de contratos en el FND, y además, por gastos excesivos con tarjetas de crédito de esta misma entidad. El pasado 14 de agosto Camargo fue elegido por la Cámara de Representantes con una contundente votación a favor (140 votos), poniendo, como desde Pares se advirtió, el trabajo de la Defensoría en un riesgo inminente. “Esos son golpes duros a la democracia, son golpes duros para la superación de poderes. Nos avocamos a dos años de un gran sesgo al control de la vida pública, un gran sesgo en la vigilancia de las actuaciones del Gobierno Nacional, y esas cosas tendrán que recaer en organizaciones de la sociedad civil. La sociedad civil tiene una responsabilidad enorme en los próximos dos años para vigilar el poder desde abajo, con todas las limitaciones y dificultades, pero hay que hacerlo, lo vamos a hacer”, concluyó León Valencia.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Este miércoles 26 de agosto las comunidades del corregimiento de Carrizal en el municipio de Segovia (Antioquia), denunciaron la presencia grupo paramilitar. Pares intentó hablar con el alcalde del municipio Didier Osorio y con la institucionalidad, pero no han atendido. Una de las voces de alerta las levantó el Congreso de los Pueblos quienes señalaron que un grupo paramilitar estuvo entre la noche del 26 y la mañana del 27 de agosto en la vía Segovia-Cañaveral, en cercanías de Carrizal. Solicitaron, además, a la Defensoría del Pueblo la activación de una alerta temprana para evitar violaciones de DDHH, masacres, asesinatos a líderes y lideresas y desapariciones forzadas. Asimismo, responsabilizaron al presidente Duque de los hechos que puedan ocurrir en los próximos días al no atender la denuncia. Por su parte, el Mayor General Juan Carlos Ramírez Trujillo señaló que hombres de la Séptima División del Ejército y uniformados de la Policía Nacional se encuentran en el centro poblado y áreas circundantes de Cañaveral. En las últimas horas de este 27 de agosto, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en zona urbana de Segovia. La mujer, según fuentes preliminares, fue asesinada con arma de fuego. La comunidad mantiene la incertidumbre por la situación de orden público. Cabe recordar que, de acuerdo con las investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, en el municipio de Segovia operan y se disputan el territorio las AGC y el ELN La acción paramilitar no se puede repetir En Segovia hay un recuerdo de hace 32 años que nunca se espera repetir. La masacre de Segovia en Antioquia —el 11 de noviembre de 1988—, trabajadores mineros, líderes, lideresas, familiares y pensionados de la extinta Frontino Gold Mine presentaron un informe de 20 páginas en el que denuncian el asesinato de cerca de 50 activistas de Segovia durante las tres décadas subsiguientes a la masacre ocurrida en esta región del alto nordeste antioqueño. Es importante señalar que en la masacre del 11 de noviembre de 1988 fueron asesinados estudiantes, mineros, empleados de la Frontino Gold Mines, obreros, amas de casa, militares y simpatizantes de la Unión Patriótica, coteros, tenderos, habitantes de calle. Para ese momento, en la región, confluyó un auge del oro, hubo un fortalecimiento del sindicalismo y la Unión Patriota recogió el sentir de muchos pobladores del municipio de Segovia. De hecho, la UP logró en los comicios hacerse a la alcaldía de Segovia, Mutatá, Apartadó, Yondó y Remedios. Asimismo, La UP se hizo al 60% de las curules en Segovia y Remedios. En este punto, fue que se consolidó la alianza criminal entre paramilitares del Magdalena Medio, políticos regionales que se autodenominaban de “Muerte a Revolucionarios del Nordeste” y miembros de la Fuerza Pública, la cual se encargó de perpetrar la masacre de 46 personas, múltiples desplazamientos y desgajamiento del tejido social, político y popular de la región del nordeste antioqueño. Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia condenó a los paramilitares Henry Pérez y Fidel Cataño, asimismo, a al exrepresentante a la Cámara por el Partido Liberal quien actúo en cofradía con integrantes del comando de Policía de Segovia y del Batallón Bomboná. A propósito de las muertes que han sucedido después de la masacre, cabe recordar la del poeta y periodista Julio Daniel Chaparro Hurtado y la del fotógrafo Jorge Enrique Torres Navas en el municipio de Segovia, el 24 de abril de 1991. Tanto el periodista, como el fotógrafo se encontraban realizando un trabajo periodístico sobre la violencia en la región de para el diario El Espectador.