Por: Laura Cano. Periodista Pares. Esta semana se conoció que un juez estadounidense había aceptado los argumentos de la defensa del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y había ordenado su deportación a Italia. Esta noticia fue un golpe para las víctimas del paramilitarismo, quienes esperaban que Mancuso volviera a Colombia para decir la verdad de hechos que quedaron en el limbo tras su extradición a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008. Esa decisión fue tomada con un amplio registro de hechos atrás, los cuales señalan varias cosas. Por un lado, la poca intención que ha demostrado el Gobierno para gestionar el retorno de Mancuso. Por otra parte, un interés político, jurídico y hasta económico con que Mancuso no cuente las cosas que le quedan por decir. Además, de un largo historial delictivo donde hay más de 75.000 crímenes cometidos bajo sus órdenes. ¿Y Duque qué? Antes de conocerse que había vía libre para que Mancuso fuera extraditado a Italia, -tras cumplir su pena de 15 años y 10 meses, a la que fue condenado en junio de 2015 en la Corte del Distrito de Columbia en Washington, tras haber aceptado los cargos en su contra en enero de 2007 con base en los beneficios de la Lay de Justicia y Paz-, había un paso a seguir y era buscar por parte del Estado colombiano las formas de que el exparamilitar regresara a Colombia. Un motivo: el respeto a las víctimas. Aunque se hicieron intentos todos han sido hasta el momento fallidos, incluso en medio del debate se ha dicho que los errores cometidos son de ‘principiantes’. Así, hay que iniciar diciendo que el Gobierno presentó dos solicitudes iniciales de extradición por requerimiento de la sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla el 15 de abril y el 13 de mayo. A éstos la respuesta por parte de la Embajada de Estados Unidos fue que eran inviables, pues no correspondían a figuras legales de ese país. El tercer error llegó cuando el Juzgado 18 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá ordenó presentar otra solicitud, la cual tuvo que ser retirada el 17 de julio porque la condena ya había sido unificada con las sentencias de Justicia y Paz y la pena ya había sido cumplida. En este contexto José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch dijo a través de un comunicado que “teniendo en cuenta que hay cientos de casos pendientes contra Mancuso y que las autoridades colombianas tienen una importante experiencia con procesos de extradición, estas tres pobres solicitudes de extradición son difíciles de compatibilizar con la importancia que debería tener este caso”. Adicionalmente, el 20 de agosto se radicó ante el Departamento de Estado la petición de captura con fines de extradición que emitió la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá -en español y traducida al inglés-, pero que su formalización aún no se ha realizado porque faltan aún varias traducciones. Ahora, con la autorización del traslado de Salvatore Mancuso a Italia, firmado por Richard J. Leon, se conoce que se tiene hasta el 4 de septiembre para que el condenado paramilitar viaje a Europa. Mientras tanto el panorama no pinta bien para quienes están en Colombia esperando la verdad– como lo han hecho por años-, pues las propuestas del Gobierno se fueron de nuevo por el camino equivocado. Por un lado, Duque dijo que acudirá a la Corte Penal Internacional, mientras que Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, aseguró que él hará su parte por medio del Tribunal Europeo. ¿Cuál es el problema con esto? Pues, como se ha hecho referencia desde que se conocieron estas afirmaciones, lo engorroso que encontrarían los dos funcionarios es que la Corte Penal Internacional podría investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares en su conjunto, pero este proceso no lo puede hacer contra solo a una persona. Algo similar pasaría con la propuesta de Ceballos, pues el Tribunal Europeo juzga a los Estados, no a individuos por sus crímenes. De ‘posibilidad’ a imposibilidad. ¿Hay temor a que Mancuso hable? De Mancuso, sus delitos, y lo que ha sido este proceso hay más aristas que las nombradas. No obstante, se mencionan estas dando relación a los primeros postulados expuestos. Así hay que decir que Mancuso, hijo de Gladys Gómez y del inmigrante italiano Salvatore Mancuso D’Angiolella (motivo por el que el exparamilitar tiene nacionalidad italiana), contribuyó junto a los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil a la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Estando allí comandó el Bloque Catatumbo, que según la Fiscalía mientras estuvo al frente de éste pasó de tener 270 miembros a 2.500, crecimiento que se daría por el apoyo empresarial, político y además del narcotráfico con el que contó este grupo. De esta cantidad de integrantes de este Bloque solo se desmovilizaron 1.437, incluido Mancuso, durante el proceso de Justicia y Paz promovido por el entonces presidente Uribe. Durante este proceso Mancuso entregó 22 bienes y confesó 402 delitos puntuables entre los que están: concierto para delinquir agravado; actos de terrorismo; homicidio en persona protegida; homicidio en persona protegida en la modalidad de tentativa; tortura en persona protegida; toma de rehenes; destrucción y apropiación de bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Además, está señalado por hurto calificado y agravado; exacción o contribuciones arbitrarias; secuestro simple y agravado; desaparición forzada; actos de barbarie; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; tratos inhumanos y degradantes; represalias; obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias; despojo en campo de batalla; simulación de investidura o cargo; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; destinación ilícita de muebles o inmuebles; tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos; conservación o financiación de plantaciones; existencia construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje. Hay que decir que en medio de este contexto la Fiscalía responsabilizó a Mancuso, entre otras, por las masacres de El Aro y la Granja, las mismas con las que se relaciona al expresidente Uribe y por el que hace tan solo unos días se conoció, que en el marco del proceso que lleva Uribe por falsos testigos por el que le fue impuesta prisión domiciliaria el pasado 04 de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema había citado al exsenador a versión libre en el alto tribunal el próximo 16 de septiembre por su presunto relacionamiento con estos crímenes. A esto además se sumó la denuncia interpuesta por el exfiscal, Eduardo Montealegre y el exvicefiscal, Jorge Perdomo, quienes señalan la presunta culpabilidad de Uribe en estas masacres por omisión, pues para ese momento él fungía como gobernador, y aunque habría recibido alertas no evitó los crímenes. Incluso tanto en versiones libres de exparamilitares como en lo nombrado en esta denuncia se infiere la colaboración de la Fuerza Pública, acción que no sería propia de estas masacres, sino que se convirtió en un patrón de apoyo para los paramilitares. Otro punto donde Mancuso tiene mucho que decir. Adicionalmente, hay que mencionar que con un retorno de Mancuso se abrirían capítulos del paramilitarismo, que como lo expuso Ariel Ávila en su programa El Poder, tendrían que ver con la paraeconomía y los empresarios, ganaderos, terratenientes que habrían colaborado con el accionar y crecimiento de las AUC y también con la relación con políticos y los movimientos que se dieron desde estas esferas para que se cometieran los crímenes realizados por este grupo. La no llegada de Mancuso daría un espaldarazo para proteger a quienes se aliaron con los paramilitares con distintos fines, siendo trasversal en estos intereses el despojo de tierras, que además de ser bancado con lo errores del Gobierno para el retorno del exparamilitar, ya venía siendo impulsado con el proyecto de ley presentado por María Fernanda Cabal, que como indicó Ariel Ávila en El Poder “es un canto a la impunidad para beneficiar los terceros de buena fe, es decir, a la gente que se quedó con la tierra despojada”. Lo que quedaría es que se dé la posibilidad de que a través de los distintos escenarios dispuestos por Sistema de Justicia, Verdad y Reparación, que nacieron tras el acuerdo de paz con las Farc, Mancuso dé su testimonio ya sea en la JEP, donde está a la espera de la decisión para acogerlo, y voluntariamente podría acudir a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Por: Redacción Pares. Los senadores Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Feliciano Valencia enviaron una carta a los verificadores internacionales y miembros de las instancias de acompañamiento del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la exguerrilla de las FARC, con el fin de hacer seguimiento y verificación al punto 4 del Acuerdo que aborda el tema de la “solución al problema de las drogas ilícitas en Colombia”. Esta solicitud se da en el marco de diferentes incumplimientos por parte del Gobierno Nacional en la implementación del punto 4 del Acuerdo. Entre los incumplimientos que denuncian los congresistas se encuentra la desfinanciación al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS–, la aspersión con glifosato y la violación de Derechos Humanos en operaciones de erradicación forzada. “Si bien, se han impulsado algunas iniciativas legislativas para dar lugar al cumplimiento del punto 4, ellas no han conseguido consensos entre lo pactado, y la visión de Gobierno. Esa circunstancia ha conducido a que entre 2016 y 2020 hayan sido privados de la libertad, por cuenta de medidas de aseguramiento o condenas, 174 pequeños productores; y hayan sido capturadas, en ese mismo periodo, otras 306 personas, señaladas de los delitos de “conservación o financiación de plantaciones” y de “destinación ilícita de muebles e inmuebles”, señala la misiva enviada por los parlamentarios. En ese sentido, los senadores denuncian que la financiación por parte del Gobierno Nacional a los programas para sustituir los cultivos de uso ilícito se han recortado sin una justificación clara. Según el informe de la Contraloría General de la República, en el periodo 2017-2019, para la implementación del punto 4 se registró una ejecución de $3 billones de pesos, sin embargo, sin explicación, en 2020 el Gobierno destinó solo 97.527 millones. Es decir, disminuyó notoriamente los recursos para la ejecución de este programa. Para el senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino, la política del Gobierno Duque está enfocada en la erradicación forzada y la militarización de las regiones con altos índices de violencia. “El Gobierno Nacional seleccionó unas zonas en el país denominadas ‘Zonas Futuro’, que reviven la vieja la estrategia Uribista de militarizar las regiones con cultivos ilícitos, sin ofrecer opciones alternativas a los campesinos, recrudeciendo la violencia y generando altos índices de violación a los DDHH.” Por su parte, el senador Iván Cepeda sostuvo que el Gobierno señala que el narcotráfico prolifera, pero no implementa el Acuerdo como la única fórmula eficaz para contrarrestar en los territorios esta economía ilícita, con el desarrollo de programas que ayuden al campesinado para que pueda optar por la sustitución. “Ante el incumplimiento de todo lo acordado en el punto cuarto del acuerdo de La Habana, con relación a la sustitución de cultivos y una política y un enfoque distintos frente al narcotráfico, hemos elevado una petición a los organismos que verifican el Acuerdo para que haya una exigencia de cumplimiento al Gobierno Nacional”. La misiva fue enviada a José Mujica Cordano y Felipe González, Notables para la verificación de la implementación del Acuerdo de Paz; António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas; Ghada Waly, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Khalid Tinasti, secretario ejecutivo de la Comisión Global de Política de Drogas.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El lunes 24 de agosto fue asesinado Edis Care, quien era parte del Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU) del municipio de Riosucio, Chocó. Hombres armados arribaron hasta su casa en la vereda Villanueva —en Riosucio— para asesinarlo. Edis hacía parte de un hogar, deja a su esposa y cinco hijos. Los hechos del asesinato de Edis Según dio a conocer el Consejo, Edis Manuel Caré Pérez tenía 65 años y trabajaba como presidente del Consejo Local de la comunidad de Despenda Media (Consejo Comunitario de Curbaradó) y, hace un par de años, vivía en Villa Nueva (COCOLATU). A las 9 pm —del lunes 24 de noviembre— dos (2) hombres armados lo asesinaron cuando se encontraba en compañía de su esposa, hijos e hijas. En este sentido, COCOLATU exige de manera inmediata que la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que implementen medidas de protección efectivas para los y las integrantes de este Consejo, amparándose en la resolución 787 de 2020. De igual forma, elevó su voz de exigencia a la Fiscalía General de la Nación para que adelante con celeridad los procesos de investigación del asesinato de Edis, así como de las amenazas y acciones violentas que se han registrado en contra de este Consejo. COCOLATU, a su vez, ha venido haciendo denuncias sobre violación de Derechos Humanos en medio de erradicaciones forzadas que se han realizado en el territorio. Desde la comunidad se alerta sobre la violencia que se ha drecrudecido por el accionar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). ¿Qué es COCOLATU? Cabe recordar que, tal como lo documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU) es “un territorio de propiedad colectiva adjudicado en el año 2000 a las comunidades negras del Bajo Atrato en el marco de la implementación de la Ley 70 de 1993”. Asimismo, de acuerdo con el CNMH, este territorio colectivo que se ubica entre el Bajo Atrato chocoano y el Urabá antiqueño tiene una extensión aproximada de 107.064 hectáreas. Además, el territorio es bañado por el río Tumaradó y el río La Larga. Este territorio, históricamente, ha sido golpeado por la violencia no sólo hacia la labor que adelantan como líderes o lideresas sino que, según lo documentó el CNMH, la extracción de recursos naturales, la ubicación estratégica de la zona y la puesta en marcha de proyectos económicos de gran escala son algunos de los factores que han motivado la llegada de la violencia a COCOLATU. Los embates de la violencia se fueron traduciendo en desplazamientos forzados y, los retornos de las comunidades a sus territorios han sido una lucha por la reclamación de la tierra. Lucha que les ha significado amenazas y asesinatos. Debido terceros, grupos armados ilegales y privados se han querido adjudicar estas tierras. Advertencias Este miércoles, 26 de agosto, el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU) emitió un comunicado ante la opinión pública en el que resalta que las amenazas sobre los y las integrantes del Consejo vienen desde hace años y no han sido atendidas por las autoridades. Insistiendo que estas son en razón del liderazgo que ejercen como Consejo en la región. Esto último, frente a la estigmatización que están recibiendo las comunidades por parte del Gobierno Nacional. Exigencias, una directa a Iván Duque COCOLATU exige con urgencia un Consejo de Seguridad con la presencia ineludible del presidente Duque para que atienda la situación que se está presentado en Riosucio y, en especial, “se evalúe la situación de orden público y los últimos hechos violentos ocurridos en la subregión del Bajo Atrato”. Asimismo, solicitaron al Ejército y a la Policía que reconozcan la estrategia de violencia sistemática en contra de los procesos organizativos y reclamantes de tierras del Bajo Atrato. Al gobierno departamental pidió “citar, liderar y realizar un Comité de Justicia Transicional Ampliado en el cual se formalice, adopte y defina la implementación de medidas efectivas de atención, prevención y protección en contra de los reclamantes de tierras de la región del Bajo Atrato y Urabá antioqueño.” Restitución de tierras con garantías COCOLATU hizo un llamado a la Unidad de Restitución de Tierras para que brinde garantías y condiciones de seguridad de las víctimas del Consejo. Esto, en el marco la etapa judicial del proceso de restitución de tierras. De igual forma, extendió el llamado al Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó. COCOLATU resalta que hay un incumplimiento sistemático de medida cautelar Nº 00181, del 12 de diciembre de 2014. ¿Qué viene para COCOLATU? El Consejo dio a conocer que en las próximas semanas presentarán, en conjunto con el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), su informe ante la JEP y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV). A propósito solicitaron a estas instancias —JEP y CEV— especiales que les “reconozca como autoridad étnica y nos garantice una real, efectiva y diferenciada participación en el Sistema Integral”. Presencia de grupos armados De acuerdo con cifras del Sistema de información SIPARES, de la Fundación Paz & Reconciliación, el municipio de Riosucio ha sido el que más asesinatos en contra de líderes y lideresas registra, al igual Quibdó que es capital del departamento. Por otra parte los mayores perpetradores de los hechos han sido el Clan del Golfo. Los perfiles de líderes y lideresas más victimizados en suelo chocoano son líder indígena, líder JAC, líder de comunidades Negras o Afrodescendientes, líder que adelantan procesos de Restitución de Tierras. Mapa: SIPARES. Sobre el Bajo Atrato , que es una región que está compuesta por los municipios de Apartadó, Chigorodó, Turbo y Carepa, en el Urabá antioqueño, y por Riosucio y Carmen del Darién, en el Urabá chocoano; hay que decir que la presencia de grupos armados ilegales es de la siguiente manera: El actor más predominante son las AGC que operan en los seis (6) municipios que componen el Bajo Atrato. El ELN opera en los dos (2) de suelo chocoano y los Caparros en Turbo y Carepa. Según COCOLATU, existe una estrategia sistemática por parte de terceros y grupos armados ilegales, para obstaculizar la implementación de la ley de víctimas y de restitución de tierras. De esta manera, minando la participación de las comunidades en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, siendo que COCOLATU fue acreditada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante el Auto 004.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Desde el pasado 23 de agosto a través de redes sociales y del portal Comunidades Construyendo Paz en Colombia, se alertó sobre la posibilidad de una masacre en el Territorio Colectivo del Rio Naya, donde se ubican 73 comunidades que conforman el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del río Naya (Cauca y Valle del Cauca). Esta alerta fue hecha bajo tres contextos: el primero ante una creciente ola de violencia que solo en agosto ha dejado el saldo de, por lo menos, 10 masacres cometidas, 48 personas asesinadas en éstas, las cuales se han realizado en 6 departamentos. · 02 de agosto: Santander de Quilichao, Cauca. Brayan Stiven Guetio Ipia (18 años), Manuel David Larrahondo (24 años) y Lizardo Collazos Findo (23 años). · 03 agosto: Puerto Santander, Cúcuta, Norte de Santander. Seis personas asesinadas. · 12 de agosto: Llano Verde, Cali, Valle del Cauca. Luis Fernando Montaño (15 años), Álvaro José Caicedo (14 años), Jean Paul Cruz Perlaza (16 años), Jair Andrés Cortés Castro (14 años) y Léider Cárdenas (15 años). · 15 de agosto. Santa Catalina, Samaniego, Nariño. Brayan Alexis Cuarán (25 años), Sebastián Quintero (23 años), Laura Michel Melo Riascos (19 años), Byron Patiño (25 años), Óscar Andrés Obando (23 años), Rubén Darío Ibarra (20 años), Daniel Steven Vargas (22 años) y Elian Benavides (19 años). · 18 de agosto: Pialapi Pueblo Viejo, Ricaurte, Nariño. 03 jóvenes indígenas asesinados. · 21 de agosto: La Uribe, El Tambó, Cauca. 06 personas asesinadas. · 21 de agosto: El Caracol, Arauca. 05 personas asesinadas. · 22 de agosto: Guayacana, Tumaco, Nariño. Jorge Alexander Cortes (22 años), Eduar Everi (50 años), Duvan Erney Quiroz (22 años), Eduard Quiroz (24 años), Jesús Casanova (37 años), Diego Roney Acosa (17 años). · 24 de agosto: Venecia, Antioquia. Yornan Dávila Henao (18 años), José David Velásquez Rojas (19 años), Juan David Mesa (15 años). · 25 de agosto: Ábrego, Norte de Santander. 3 personas asesinadas. El Naya es una comunidad compuesta por 22.814 habitantes dividida en Alto Naya, Medio y Bajo Naya. Como se había advertido desde Pares hace algunos meses, la comunidad del río Naya atraviesa una situación compleja; integra una ruta del narcotráfico que une el norte del Cauca con Jamundí, que actualmente es disputada por el ELN, las disidencias de las FARC, carteles colombianos y los carteles mexicanos de Jalisco y Sinaloa. Por otra parte, se hace en el marco de una serie de publicaciones que han circulado por redes sociales en las que se afirma: “¡ATENCIÓN! Según una fuente podría haber una masacre en Naya, Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia. Llegarán sicarios mexicanos por tomarse esa ruta de la droga. ¡Por favor, medidas de prevención para esta zona del país!”. Y, además, teniendo como marco histórico la masacre ocurrida en 2001, cuando en medio de la conmemoración de Semana Santa más de 100 miembros del Bloque Calima, en cabeza de José Hebert Veloza alias ‘HH’, asesinaron, según cifras oficiales, a 30 personas. Mientras que la comunidad dice que esta cifra es mayor a las cien personas, pues muchos cuerpos, ante la sevicia del hecho, no fueron reconocidos ni hallados. De este caso hay que decir que El Naya empezó a ser víctima del Bloque Calima desde mayo de 2000, cuando fueron creados el Frente Pacífico y el Frente Farrallones, los cuales además de llegar a la zona para atacar al Frente 30 de las Farc y al ELN, también lo hacían, por orden de Carlos Castaño, para crear el Bloque Pacífico con el fin de tomar el control desde las costas de Nariño hasta las de Chocó, y así apoderarse de las finanzas que dejaban el cobro de gramaje a los narcotraficantes que sacaban drogas por ese corredor. Con esta grave situación de seguridad el 11 de abril, días antes de la masacre, organizaciones de Derechos Humanos habían denunciado el riesgo en el que estaba la comunidad. No obstante, las autoridades no se refirieron al respecto, incluso en las versiones dadas en Justicia y Paz por Armando Lugo, alias ‘El Cabezón’, uno de los jefes del Bloque Calima, contó que consiguió material de guerra para la incursión de El Naya en el Batallón Pichincha, con sede en Cali. Además, también se afirmó que a través del, para entonces, coronel Tony Alberto Vargas Petecua, se recibieron entre 10 y 15 millones de pesos. Adicionalmente, se habría coordinado con los retenes de la zona para que pudieran pasar hacia la zona del Naya sin complicaciones. Esta información cobra relevancia ahora, pues justo en este momento las alarmas también están encendidas por organizaciones sociales y de Derechos Humanos que informaron la llegada de grupos dedicados al narcotráfico que estarían planeando asesinatos múltiples para tomarse las rutas de salida de droga, pues hay que recordar que por esta zona del país sale cerca del 70%. A este miedo se suma las masacres que se han reportado en este mes, pues muchas de estas han sido en departamentos vecinos. ¿Qué pasa en el Naya? El Naya es una comunidad compuesta por 22.814 habitantes dividida en Alto Naya, Medio y Bajo Naya. Como se había advertido desde Pares hace algunos meses, la comunidad del río Naya atraviesa una situación compleja; integra una ruta del narcotráfico que une el norte del Cauca con Jamundí, que actualmente es disputada por el ELN, las disidencias de las FARC, carteles colombianos y los carteles mexicanos de Jalisco y Sinaloa. Además, la comunidad enfrenta el miedo de sufrir un irreversible daño ambiental sobre sus territorios por 5 concesiones mineras que advierten se han otorgado en el alto del río violando la normatividad existente que protege los territorios colectivos. A este panorama se suma, como lo expone Dennis Arley Huffington, investigador Regional Pares-Pacífico que en la zona tienen presencia “las Fuerzas Unidad del Pacífico y Defensores del Pacífico, que están en disputa. Mientras que por el lado de Yurumaguí y Cajambre viene bajando la columna Jaime Martínez y ésta al parecer ha hecho alianza con las Fuerzas Unidas del Pacífico. Mientras que Defensores del Pacífico, que maneja la frontera entre el Cauca y Buenaventura y parte de la cordillera con Jamundí, tiene alianza con el EPL. Ese es el enfrentamiento que se viene dando, al que se le suma la reciente llegada del ELN, que tiene presencia en la parte alta de Cajambre. Se habla también de actores extranjeros, que podría ser el Cartel Nuevo Jalisco que tiene presencia en Jamundí”. Aquí hay dos puntos importantes de señalar: también desde Pares se alertó a principios de 2020 sobre la situación de Jamundí, municipio que se convirtió en el centro de disputa violenta entre carteles y grupos armados ilegales por su posición como corredor estratégico y centro de negociación para los grupos ilegales, al punto que allí se instalaron los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, quienes disputan el control de las rutas del narcotráfico con las disidencias de las FARC y el ELN. Adicionalmente, Yurumanguí, corregimiento de Buenaventura, sigue siendo un territorio libre de cultivos ilícitos, una razón más, sumadas a las anteriores, por las que expone Huffington que en efecto es posible una masacre en esta zona, pues “el narcotráfico es uno de los principales motivos de disputa, por los que incluso se han amenazado y asesinado a líderes”. Hay que decir que una vez hecha pública la situación el alcalde de Buenaventura, Víctor Vidal, citó a un consejo de seguridad con voceros del territorio, en donde además de hacer el llamado al Gobierno Nacional y a los organismos internacionales de verificación, también informó que la Unidad Nacional de Protección está trabajando con los líderes sociales de la zona. Además, dijo que “la Fuerza Pública hoy nos ha dado un parte de tranquilidad, no hay indicios reales en que se pueda presentar este evento, de igual manera, se están tomando medidas preventivas, cautelares y protección colectiva para evitar cualquier acto violento en la comunidad Naya”. “Las medidas que se tomaron han sido adecuadas, pues no están esperando que suceda algo para ahí sí actuar, sino que desde ya se hicieron los llamados y acciones correspondientes. Hay que decir que en la entrada de El Naya hay una base de la Armada, pero la misma gente dice que por al frente suben y bajan las lanchas de la guerrilla. Con esto lo que se pide es que más que militarizar el territorio realmente se controlen las entradas de éste”, concluyó Dennis Arley Huffington.

Por: Lina Gaitán Mateus. Investigadora Pares. Las lideresas sociales y defensoras de Derechos Humanos en Colombia no solo se enfrentan a las violencias que los actores armados focalizan contra esta población, sino que enfrentan violencias estructurales contra las mujeres. De hecho, las voces de las mujeres son escuchadas en los territorios sólo cuando ejercen algún rol social, como si el ser ciudadanas no fuese suficiente para que el Estado y sus instituciones atienda sus demandas. La plataforma EICOS, a través de la organización CORPOHUMADEA, se focaliza en el acompañamiento a los proyectos de mujeres en la región del Guayabero y el departamento del Meta. Quienes la conforman han tenido que crear espacios en los que puedan tramitar las cargas emocionales de su labor social, pues la experiencia les ha enseñado que su vocación hacia la comunidad no pude llevarlas a sobrecargarse emocionalmente. A través del trabajo comunitario y el autoaprendizaje han buscado maneras de sanar las heridas de quienes integran sus organizaciones, pues como dice Miryam Moreno, lideresa del Meta e integrante de esta plataforma: “Uno no borra lo que le hizo daño, pero por lo menos puede hacer que le duela menos […] en últimas lo que le queda a uno como mujer es el haber podido hacer un proceso de sanación uno mismo”. A través del relato de Miryam, PARES explora las situaciones a las que se enfrentan en medio de la pandemia aquellas mujeres que han decidido aportar desde su trabajo a las comunidades. Las líneas presentadas a continuación contienen el sentir de Miryam pues son, en gran medida, la transcripción literal de sus respuestas. Pares: A partir de la experiencia que EICOS y CORPOHUMADEA han tenido en la habitabilidad y defensa del territorio ¿Qué lectura tienen actualmente de la reconfiguración de grupos armados en la región y qué impacto podría tener este fenómeno dentro de sus comunidades? “Sabemos que en la región del Guayabero tienen presencia las disidencias, los grupos conformados por quienes se han distanciado del proceso, quienes no se acogieron o quienes se acogieron y se devolvieron. También tenemos conocimiento de la presencia de los grupos paramilitares que siempre han estado, que nunca se fueron, ni siquiera cuando tuvo lugar el proceso de Justicia y Paz; esos grupos se quedaron en el territorio y actualmente están reconfigurándose para fortalecer su control. “Nuestras lecturas territoriales señalan que la gente que había erradicado ha vuelto a sembrar porque, en algunos casos es la única manera de supervivencia, y en otros casos los grupos que se sustenta de esas economías ilícitas los obligan a sembrar debido a que ostentan el control territorial.« De esos actores paramilitares, sabemos que en Vista Hermosa tienen presencia Los Puntilleros, que han sido la reconfiguración de las Águilas Negras, las Autodefensas Unidas de Colombia, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, pero a la vez ese último grupo también está aquí. Aunque son más fuertes en algunos municipios, están en toda la región. Adicionalmente, la Fuerza Pública se ha fortalecido porque ha vuelto a tener más presencia en la región”. Pares: Entendiendo que la presencia de estos grupos armados representa una amenaza para las comunidades ¿a qué tipo de vulneraciones y agresiones podrían enfrentarse las poblaciones y habitantes del territorio si este fenómeno sigue escalando dentro de la región? “Nuestras lecturas territoriales señalan que la gente que había erradicado ha vuelto a sembrar porque, en algunos casos es la única manera de supervivencia, y en otros casos los grupos que se sustenta de esas economías ilícitas los obligan a sembrar debido a que ostentan el control territorial. Si usted no siembra coca tiene que salir del territorio porque no está cumpliendo con esas nuevas “normas” que han llegado a dictar los grupos armados. A esto también se suma un crecimiento del tema de reclutamiento forzado; por no permitir que se lleven a sus hijos e hijas, las familias se tienen que ir y dejar todo lo que tienen, y eso las somete a continuar viviendo ciclos de violencia. Es importante señalar que las tierras de quienes son desplazados son ocupadas por terceros. A veces por los mismos actores armados, o por terceros, lo que genera una cadena de desposesión. Detrás de eso hay muchas dinámicas, la gente queda sin poder volver a la región y hacer un retorno a si tierra porque al irse tienen que salir del territorio”. Pares: Desde la experiencia de EICOS y de CORPOHUMADEA ¿se ha logrado fortalecer dentro del territorio el proceso de reconciliación con actores armados en procesos de desmovilización? ¿El gobierno actual ha velado por proteger esta experiencia en la coyuntura que vive actualmente el país? Estas iniciativas han partido más desde las comunidades. Nosotras hemos hecho algunos encuentros, sobre todo con mujeres reincorporadas de este proceso que firmó el gobierno Santos con las FARC, en vías de generar confianzas entre ellas y nosotras, para que las veamos como iguales: como mujeres que están viviendo un proceso, mujeres que sufrieron violencias como el reclutamiento forzado y que son iguales a nosotras. Creo que hemos llegado a entender todo lo que implican también sus realidades. La sociedad civil ha emprendido estos procesos porque desde las instituciones no se está haciendo nada. El Consejo de Paz y Convivencia, del que la plataforma hace parte y que debe tratar los temas de paz, reconciliación y convivencia, no ha sesionado ni una sola vez; así que nosotras como ciudadanas nos propusimos mover esas fibras para ir pensando conjuntamente que, si todos somos iguales, pues cabemos en el mismo territorio. Pero esta labor no ha sido fácil porque en el Meta hay muchas personas que fueron afectadas de manera directa por la guerrilla y descargan el dolor y la rabia que sienten contra quienes se reconocen como ex integrantes de las FARC. Aunque las mujeres en proceso de reincorporación participan con una actitud de reconocimiento y de pedir perdón, y uno de corazón les ve la intención de participar y construir, se generan choques que pueden llegar a dificultar los procesos. En estos momentos esos choques se deben a la realidad misma del país por la que, si no hay un conocimiento y entendimiento del conflicto, la guerra se reproduce de distintas maneras. Y cuando el Estado no reconoce a las víctimas, ni les ofrece verdad, justicia, reparación ni medidas de no repetición, pues la gente seguimos con la rabia, el dolor y el odio hacia el otro. Si una no logra hacer bien esa tramitación se siguen reproduciendo las violencias. Para manejar esos choques nosotras hemos recurrido a generar consciencia sobre lo que ellas también vivieron, a escuchar sus historias de vida, porque cuando uno logra entender eso también las atiende a ellas. Hemos tenido que entender, como organización y como comunidad, que todas hemos pasado de diferentes maneras por muchas formas de violencia, y que eso ha afectado al colectivo, a la comunidad y a las personas. Acá nos enfrentamos a muchos temas psicosociales y emocionales para los que el Estado no ha propuesta rutas o formas de tratamiento, y eso represa emociones que dificultan la reconstrucción de un tejido social. «Sabemos que en Vista Hermosa tienen presencia Los Puntilleros, que han sido la reconfiguración de las Águilas Negras, las Autodefensas Unidas de Colombia, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, pero a la vez ese último grupo también está aquí. Aunque son más fuertes en algunos municipios, están en toda la región.« Pares: ¿Los procesos sociales y comunitarios que viene acompañando EICOS y CORPOHUMADEA se han visto afectados por la actual coyuntura del COVID-19? Si es así, ¿Cómo han enfrentado esta situación?, ¿Se ha profundizado la situación de vulnerabilidad y pobreza dentro del territorio? La situación de vulnerabilidad y pobreza es generalizada en toda la población, pero afecta de manera particular a las mujeres. La mayoría de las compañeras que hacen trabajos de liderazgo y de defensa de los Derechos Humanos no tienen un trabajo estable; tenemos que estar confinadas en nuestras casas por temas de salud, pero no recibimos ningún tipo de apoyo porque no se identifican nuestras necesidades y las necesidades e nuestras familias. Las mujeres en últimas terminamos asumiendo cargas comunitarias y económicas sin ningún acompañamiento, porque hasta donde hemos verificado ninguna compañera ha salido beneficiada por los programas del gobierno; pero además tenemos que sobrellevar las cargas de cuidado y de las labores del hogar junto a la carga emocional por la preocupación de no tener qué desayunar o almorzar, o no tener con qué pagar el arriendo, los servicios y las necesidades básicas. Adicionalmente las labores de acompañamiento territorial se han visto limitadas por las dificultades que tenemos para desplazarnos. Pares: ¿Cuál es la agenda social y política que las mujeres vienen desarrollando o acompañando actualmente en la región?, ¿Qué obstáculos o desafíos enfrentan para el desarrollo de esos procesos? Nosotras nos hemos focalizado en estos momentos en poder documentar la situación de las mujeres y las poblaciones, y poder ponerla en conocimiento de las instituciones encargadas de atender y generar garantías. Emprendemos procesos de acompañamiento para saber en qué se puede colaborar para que las mujeres sean tenidas en cuenta en estas ayudas o programas planteados por el gobierno. Nuestro accionar se ha visto restringido por el tema de bioseguridad, porque no contamos con los permisos para movernos en los territorios y eso limita el que podamos estar más cerca de la gente. Además, el tema económico nos hace impide hacer viajes porque uno no tiene como movilizarse. Pares: ¿A qué tipo de vulneraciones o hechos victimizantes se exponen hoy las lideresas sociales de la región del Guayabero?, ¿Identifican ustedes agresiones que van más allá del asesinato, es decir, violencias ocultas dentro del territorio? La violencia contra nosotras es económica, política, emocional y psicosocial porque algunas han sufrido afectaciones directas pero también sufrimos por las violencias contra otros: son nuestros hijos, nuestros esposos y familiares los que han tenido que sufrir ataque o agresiones de la Fuerza Pública o de actores armados ilegales; abandonamos nuestros hogares para proteger la vida de nuestras familias y de nosotras mismas, y todo eso nos genera zozobra, miedo y afectaciones psicosociales. Un ejemplo muy diciente de eso es el caso de una mujer embarazada a la que desplazaron de su hogar, y del susto por las violencias que padeció perdió a su bebé. A eso se suma que estamos padeciendo violencias que pensamos que no volverían a suceder. Hemos sufrido ataques de la Fuerza Pública a los y las civiles cuando se pensaba que eso acabaría tras el proceso de paz. Esto no solo se está repitiendo, sino que se está fortaleciendo en los territorios. Y mientras la Fuerza Pública nos atropella y agrede, contrario a su deber de garantizar la vida y los Derechos Humanos, los grupos armados ilegales condicionan la habitabilidad de nuestros hogares: las comunidades quedan a merced de lo que decidan terceros, no tenemos derecho a decidir. Pero a estos hechos se suma que las mujeres vivimos en círculos de violencia que no se han logrado superar. Nos agreden a las lideresas, a las excombatientes, pero también a las mujeres en general. A nosotras como mujeres nos ha tocado vivir todas las formas de violencia porque somos las sobrevivientes: enfrentamos violencias hacia familiares, violencias estructurales por ser mujeres, y en muchos casos violencias sexuales. Conocemos casos de mujeres con cargas muy altas de violencias y como plataforma nos preocupa, porque son situaciones con las que debemos seguir cargando. Una de nuestras preocupaciones constantes es pensar cómo mostramos estas cosas que suceden, y cómo logramos que no se sigan reproduciendo en la vida de las mujeres y de sus familias, porque si las mujeres se ven afectadas pues sus familias seguramente también. Aunque conocemos la ley y la difundimos para que las mujeres puedan exigir a través de los mecanismos existentes, sabemos que estos no funcionan, ni operan, y entonces nos deja con la carga de encontrar una manera para resolverlo. Las psicólogas y profesionales que están en esas rutas y programas de atención tienen un enfoque muy académico; por el contrario, nosotras sabemos que hay mujeres que tienen procesos y propuestas populares, con iniciativas que generan confianza, y eso es lo que queremos para nosotras y para las mujeres con quienes trabajamos: que no sea algo lejano desde un escritorio, sino que parta de las vivencias y de lo colectivo. «Las mujeres vivimos en círculos de violencia que no se han logrado superar. Nos agreden a las lideresas, a las excombatientes, pero también a las mujeres en general. A nosotras como mujeres nos ha tocado vivir todas las formas de violencia porque somos las sobrevivientes: enfrentamos violencias hacia familiares, violencias estructurales por ser mujeres, y en muchos casos violencias sexuales.« Pares: ¿Cuál consideran que es la estrategia o propuesta de autoprotección que ha permitido que tanto EICOS como las comunidades con quienes trabaja puedan implementar en el territorio la defensa de la vida y los procesos sociales que allí se gestan? Hemos podido seguir construyendo en el territorio gracias a los ejercicios de la denuncia que nos permiten poner en la palestra pública estas situaciones. También ha sido importante el acompañamiento de algunas organizaciones, que hacen posible el diagnóstico y la investigación de estas situaciones; ese acompañamiento también se convierte en una forma de protegernos porque pone en evidencia lo que sucede en los lugares que habitamos. Mientras no se dé cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo de Paz, a aquello con lo que el gobierno se comprometió, habrá excusas para que se den conflictos en el territorio. Pares: ¿Cuál sería para ustedes la más importante lección o aprendizaje que EICOS, CORPOHUMADEA y la región del Guayabero le compartirían a las instituciones y funcionarios del Estado en materia de protección y seguridad para los territorios más azotados por el conflicto armado interno? El mayor aprendizaje que podemos aportar es la necesidad de hablar y trabajar el tema de las mujeres; estos son temas a los que no se les presta la debida atención o se les da el tratamiento adecuado cuando se discute sobre la presencia de actores armados, o sus acciones, o las estrategias contra ellos por parte del Estado. Por parte de las instituciones estatales no se alcanza a percibir que hablar de los derechos de las mujeres también implica conocimiento de las situaciones que viven y de esos derechos, un fortalecimiento institucional, y la generación de oportunidades de vida para ellas; para las instituciones estos temas no son prioritarios. Hemos notado que les parece importante hablar de campesinas y de defensores o defensoras de Derechos Humanos, así si nos prestan atención, entonces eso es una herramienta que nos ha permitido no pasar desapercibidas y nos ha permitido movilizarnos en el territorio, hablar del tema de mujeres, incentivar un conocimiento de la ley, y generar un ejercicio bonito en el que las mujeres aprendamos a defender nuestros derechos. Pares: Finalmente, ¿se han logrado avances en la plataforma EICOS en cuanto al fortalecimiento de las acciones de autoprotección en acciones conjuntas o de la mano de entidades gubernamentales?, de ser así ¿Cuáles avances se han dado?, ¿con qué entidades se han podido establecer esos puentes de acción? Primero acudimos entre nosotras mismas y quien tiene mayor reconocimiento se articula con otras organizaciones para producir la cadena de información que termina en la institución. Nosotras como plataforma generamos puentes con personas que tienen contactos y una relación más cercana con las instituciones. «Ha sido importante el acompañamiento de algunas organizaciones, que hacen posible el diagnóstico y la investigación de estas situaciones; ese acompañamiento también se convierte en una forma de protegernos porque pone en evidencia lo que sucede en los lugares que habitamos. Mientras no se dé cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo de Paz, a aquello con lo que el gobierno se comprometió, habrá excusas para que se den conflictos en el territorio.» Esas personas llaman y hacen la gestión para desplegar las rutas de atención y para que las entidades estatales hagan los estudios de análisis del riesgo; cuando identifican que los riesgos son altos y amerita medidas urgentes se emprende la gestión para sacar a las personas del territorio. Cuando las instituciones nos escuchan hemos podido generar inmediatamente las alertas y se inician las rutas de protección. Esa estrategia de puentes o redes de contactos nos ha funcionado y hemos podido proteger a nuestras compañeras. En cuanto a las instituciones con quienes se han podido establecer esas conexión están la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, y actualmente la Secretaría de la Mujer. Mantener contacto con otras organizaciones como Naciones Unidas nos ha permitido ser escuchadas también.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. A comienzos de julio se conoció que comienzos el exfiscal, Eduardo Montealegre y el exvicefiscal, Jorge Perdomo, tenían preparada una denuncia que sería interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia por la responsabilidad que Álvaro Uribe Vélez tendría respecto a las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato de Jesús María Valle. Hoy se conoce que finalmente la denuncia preparada por los exfuncionarios fue radicada ante la Corte. Específicamente fue dirigido un documento de 93 páginas al magistrado César Reyes, quien lleva el caso del expresidente, allí se exponen los motivos por los que Uribe debe ser procesado por estos casos a título de autor en comisión por omisión. Vale la pena señalar, que, aunque ya se conocía la intención de la colocación de esta denuncia hace poco más de un mes, la noticia regresa en un panorama que ha tenido varios giros relevantes. Así, antes de mencionar las implicaciones que hace Montealegre y Perdomo, hay que decir que a la fecha hay tres decisiones importantes para tener en cuenta. Por una parte, el pasado 04 de agosto se conoció que la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación que se le adelanta a Uribe por presunta manipulación de testigos, en un caso que involucra a exparamilitares y al abogado Diego Cadena, y que perjudicó a Iván Cepeda, decidió imponerle prisión domiciliaria. Una decisión histórica para el país y que desde ese momento ha abierto el debate sobre la determinación de la Corte, pero también sobre el actuar del expresidente y de su partido político. Por otro lado, el 18 de agosto el detenido envió una carta al Congreso, que luego sería conocida por Twitter, en la que renunciaba a su curul al Senado, diciendo, entre otras cosas, que “fue detenido por inferencias, sin pruebas directas, sin recibir varias declaraciones, con compulsa a testigos a favor, sin que mis abogados hubieran podido contra interrogar». Ese día Daniela Gómez Rivas, coordinadora de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares analizó que si bien esta decisión no le quita competencia a la Corte «sí busca hacerle una jugada al sistema democrático y al Congreso, pues todo apunta a que si Uribe es condenado se le debería aplicar la silla vacía. Por tanto, esta acción lo que busca es burlar la última reforma política que buscaba castigar a los partidos por avalar personas que resultaran condenadas en el ejercicio de sus cargos”. Adicionalmente, el 24 de agosto se supo que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema citó al exsenador Álvaro Uribe a versión libre en el alto tribunal el próximo 16 de septiembre por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro, La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle. Esto se determinó “con el propósito de establecer si los hechos denunciados en contra de Uribe han tenido ocurrencia”. Tras esto Jaime Granados, uno de los abogados de Uribe indicó que “esa actuación, en nuestro criterio, carece de soporte jurídico pues la Sala Especial de Instrucción perdió competencia, para continuar con dicha investigación, desde el 18 de agosto de 2020, fecha en que el Senado aceptó su renuncia”. Hay que nombrar que en la mañana del 25 de agosto la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte remitir el expediente contra Uribe por presunto soborno en la actuación penal y fraude procesal a la Fiscalía, esto, pues con la renuncia de Uribe al Senado desaparece el fuero de la Corte y sólo podrá conocer los casos de los delitos de los que se le acusa en relación directa con su función de congresista. Qué sucederá es todavía incierto, pero a este litigio se suma ahora la denuncia que se interpondrá por parte de los exfuncionarios y las solicitudes que ellos hacen a la Corte respecto al proceso contra Uribe. La acción de Montealegre y Perdomo Hay que iniciar señalando en relación con lo anterior, que justamente uno de los apartados del documento enviado por los dos exfuncionarios plantea que: “existe un vínculo con el delito y la función pública cuando: «se realiza por causa del servicio, con ocasión al mismo o en ejercicio de funciones inherentes al cargo». (…) La Corte Suprema de Justicia ha reorientado esta tesis y ha señalado que cuando cesen las funciones de los altos funcionarios, cesará dicho fuero, salvo que se trate de conductas punibles que tengan relación con sus funciones desempeñadas”. En este sentido se solicita a la Corte mantener la competencia y el conocimiento de los hechos que se denuncian por parte de Montealegre y Perdomo, a pesar de la renuncia del denunciado a su curul en el Congreso de la República. Así, se inicia diciendo que la acusación que hacen el exfiscal y exvicefiscal giran en torno a la responsabilidad de Uribe frente a las masacres de El Aro, La Granja y el homicidio de Jesús María Valle en su condición de gobernador de Antioquia, pues como se ha afirmado por parte de los denunciantes, Uribe presuntamente tuvo conocimiento y las herramientas para haber evitado que se cometieran estos crímenes, sin embargo, como lo dijo Montealegre hace un tiempo en Semana, “el expresidente no hizo nada”. Antes de indicar cuáles son los delitos en los que habría incurrido el exgobernador, hay que recordar que el 11 de junio de 1996 22 integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), llegaron al corregimiento La Granja, en el municipio de Ituango, Antioquia, donde recorrieron el casco urbano del caserío intimidando a los habitantes de la zona, torturando y asesinando públicamente a sus pobladores. (05 personas asesinadas). Poco más de un año después, el 22 de octubre de 1997, 150 miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), llegaron al corregimiento El Aro, en Ituango, permaneciendo siete días en la zona en donde torturaron públicamente a las víctimas, quemaron 42 de las 60 casas del caserío, y robaron 1.200 reses. Además, en el hecho 17 personas fueron asesinadas. -Estos dos casos dejaron cerca de 702 personas desplazadas forzosamente-. ¿Qué pasó para que hoy se le denuncie a Uribe? Tras estos hechos la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que “En los primeros meses del año 1996, distintos sectores de la sociedad, encabezados por el doctor Jesús María Valle Jaramillo, expresaron a las autoridades del departamento su temor y preocupación por la posibilidad de una incursión armada paramilitar en la zona de Ituango. (…) El 20 de noviembre de 1996 se comunicó con el Gobernador de Antioquia y con el Defensor del Pueblo de Medellín con el fin de solicitar protección para la población de Ituango”. No obstante, y aunque había una alerta de por medio, ninguna Fuerza Pública hizo presencia en los lugares, incluso cuando en el periodo de la masacre de El Aro también se realizaron las elecciones regionales, las cuales se llevaron a cabo el 26 de octubre. Este contexto pone dos puntos en la lupa: por un lado, la responsabilidad que las autoridades gubernamentales tenían para velar por el orden público. Por otra parte, la ausencia de Fuerza Pública directamente en la zona, aun en el marco del evento electoral. Además, del claro deber de Álvaro Uribe de proteger a toda la población como mandatario del departamento. En relación con esto la Sala Especial de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín consideró que: “El Coronel Germán Morantes Hernández, quien sustituyó al anterior como comandante del Batallón Girardot, también tenía estrechos vínculos con los grupos paramilitares, según declaró el alcalde Gustavo Giraldo Giraldo. Dicho Coronel fue el primero que llegó al corregimiento de El Aro, sólo que 15 días después de perpetrada la masacre cometida entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 por los paramilitares. Ninguna ayuda les prestó a los pobladores mientras se perpetraba ésta, a pesar de que duró 10 días y desde el domingo 26 de octubre se tuvieron las primeras informaciones de lo que estaba sucediendo, las cuales se transmitieron a la Gobernación de Antioquia, para ese entonces a cargo del ex- Presidente Álvaro Uribe Vélez, a la base militar de Santa Rita y al Batallón Girardot, que estaba bajo el mando del Coronel Germán Morantes”. Además, adiciona: “Por dicha masacre fueron condenados un Teniente y un Cabo del Ejército, pero eso no excluye -y antes confirma y sugiere- la participación de otros, pues no parece creíble que esa operación, que duró 10 días e implicó la movilización de una tropa numerosa y la sustracción y movilización por carretera de unas 1.200 cabezas de ganado, contara y dependiera sólo de la cooperación de un Teniente y un suboficial”. Hay que señalar que, en mayo de 2018, y en el marco de la indagación previa 45110 que venía desde 2014 contra Uribe por nexos con el paramilitarismo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró crímenes de lesa humanidad las masacres, además del asesinato de Jesús María Valle. Señalando que estos son comprendidos de esta forma cuando se cometen graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos. Adicional, cuando estos obedecen a hechos no aislados, sistemáticos e inhumanos contra la población civil. Asimismo, en el 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado por la responsabilidad en las masacres a pagar una indemnización cercana a los $3.400 millones a los 123 familiares de las víctimas. De esta forma los delitos que señalan Montealegre y Perdomo que habría cometido Uribe son: homicidio en persona protegida; lesiones en persona protegida; actos de terrorismo; desaparición forzada; tortura agravada; desplazamiento forzado agravado, los cuales le serían imputables a título de autor, en comisión por omisión. Hay que señalar que los denunciantes argumentan que no entregan pruebas nuevas, sino que proponen una nueva lectura de material judicial y periodístico. Incluso señalan en el documento que hay que tener en cuenta que mientras Uribe ejercía como gobernador (1995 – 1997) hubo un incremento de 371.4% de las masacres, lo cual lo relacionan con el surgimiento de las conocidas CONVIVIR. Con este panorama hay que esperar qué se resuelve de la situación jurídica del expresidente, pues esta nueva denuncia sigue poniendo sobre la mesa los casos por los que se le acusa a Uribe aparte del caso por el que actualmente está con medida de detención domiciliaria. No obstante, con el nuevo giro que hoy dio la Procuraduría, habría que esperar cuál es el rumbo de esta nueva e importante denuncia contra Uribe.

Por. Redacción Pares. Un nuevo giro se produjo en el caso judicial del ex senador Uribe Vélez. Esta vez, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitir el expediente que adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, porque con la renuncia a su curul perdió la competencia para continuar con los procesos que tengan relación con delitos comunes. El Ministerio Público ratificó el llamado del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, frente al deber que tienen todos los funcionarios de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales, y señaló que, con la separación definitiva del entonces congresista a su curul, desaparece el fuero que la Constitución le otorgaba, por lo que la Corte Suprema solo podrá conocer de los procesos en los que los presuntos delitos tuvieran relación directa con su función de congresista. “El único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso consagra, y a ninguno otro ajeno al mismo, por parte de las autoridades o de los ciudadanos.» indicó Carrillo. El funcionario añadió que: «Todos los funcionarios públicos desde el Señor Presidente de la República hasta el más modesto de los servidores públicos deben respetar y cumplir las decisiones de la justicia, absteniéndose de cuestionar, desacatar o promover el incumplimiento de las mismas, sin interferir los principios de independencia y autonomía del poder judicial, básicos para un Estado que presuma ser de derecho”. Con renuncia al senado desaparece competencia de CSJ El pasado 4 de agosto de 2020, en una histórica decisión, la Corte Suprema dictó medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe Vélez. El expresidente es investigado por presunta manipulación de testigos, en un caso que involucra a exparamilitares y al abogado Diego Cadena, y que perjudicó a Iván Cepeda. En los últimos días de nuevo ha vuelto a debate nacional el proceso de Uribe por posible manipulación de testigos. Esta inédita decisión de un tribunal de justicia colombiano ocurrió luego de iniciado el proceso contra Diego Cadena y Juan José Salazar por soborno en actuación penal y fraude procesal en calidad de coautores. Tras esto hubo dos comunicaciones importantes; por un lado, la del partido Centro Democrático blindado al expresidente. Por otra parte, la de la Corte Suprema de Justicia haciendo un llamado a confiar en la acción de los jueces dentro de este proceso, en el que la presión política ha resaltado. Sin embargo, para la Procuraduría, con la renuncia de Uribe al senado desaparece la competencia de la Sala Especial de Instrucción, toda vez que los cargos por los que es investigado el exsenador corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista. En su análisis, la Procuraduría estableció que la Sala no relacionó actuaciones desplegadas por el entonces senador dirigidas a consolidar un abuso de poder para controlar su liderazgo político, que pudiera tener incidencia en el caudal electoral o que diera paso a un acercamiento a las regiones de manera delictiva para consolidar su dominio y el posicionamiento en el cargo. Tampoco se demostró que hubiera utilizado servidores de su Unidad de Trabajo Legislativo –UTL–o que pusiera en peligro latente su actividad en el Congreso de la República. «No hay prueba de que el doctor URIBE VÉLEZ –con ocasión de los presuntos punibles en los que incurrió-, hubiere comportado un ejercicio abusivo de sus funciones o eficaz para acceder a la posición de poder; ello, pues téngase en cuenta: por un lado, que si no existe prueba siquiera sumaria de que el sindicado se hubiere valido o utilizado sus facultades como Senador para supuestamente cometer tales delitos, mucho menos obra alguna encaminada a demostrar que en la presunta comisión de los mismos se excedió o abusó de sus labores congresuales; y por el otro, se observa que los hechos ocurrieron en época ajena a campañas políticas o contiendas electorales –en tanto ya era Congresista para ese momento-, sin que pueda entonces evidenciarse relación entre estos y los objetivos de lograr una curul en el Senado de la República». A juicio del Ministerio Público, la simple coincidencia temporal de la presunta comisión de los hechos y la condición de ostentar el cargo de Senador de la República, no puede considerarse como suficiente para extender el fuero y por ende la competencia de la Sala Especial de Instrucción, luego de la renuncia al cargo. Finalmente, precisó la Procuraduría que esta intervención responde a sus funciones constitucionales como Ministerio Público, en defensa de los intereses jurídicos y en procura de la preservación de la integridad del orden jurídico y no puede ser interpretada como el desconocimiento a la dignidad de la Corte Suprema de Justicia y sus decisiones. Ires y venires del caso La acusación lleva 12 años rondando en búsqueda de justicia. El testimonio que abrió la presunta responsabilidad de Uribe fue el hecho por Francisco Villabalba, exjefe paramilitar, quien en 2008 contó ante el Tribunal de Justicia y Paz que, en el marco de la masacre de El Aro, en la que había participado, habría escuchado una conversación entre Salvatore Mancuso y Álvaro Uribe Vélez, quien para ese momento era gobernador de Antioquia, donde habrían quedado en “borrar al pueblo”. Villalba fue asesinado en abril de 2009; luego que le dieran casa por cárcel, un año después de sus declaraciones, y once años después de entregarse a la justicia como miembro de las AUC, por lo que le imputaron 37 años de prisión. Su muerte provocó varios inciertos, por un lado, porque dejó las afirmaciones abiertas; segundo, porque poco después de sus declaraciones Villalba envió una carta a la Casa de Nariño rectificándose de las acusaciones hechas. Hay que mencionar que para ese momento Uribe estaba en su segundo periodo presidencial. Fue en 2011 el año en el que otras declaraciones vendrían a crear más cuestionamientos sobre Uribe en sus cargos de poder. Se trataba de las que presentó Iván Cepeda, para ese entonces representante a la Cámara, en las que por testimonios de Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve se involucraba al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano Santiago Uribe como cofundadores del Bloque Metro de las Autodefensas. Tras esas declaraciones la Fiscalía sindicó por concierto para delinquir a Luis Guillermo Villegas, Santiago Gallón y Santiago Uribe Vélez. Luego de esto, también por medio de Iván Cepeda se medió la entrega de Carlos Areiza, quien después en dos diligencias en la Corte Suprema relacionaría a políticos antioqueños con nexos con el paramilitarismo. En este caso, como el anterior, las versiones tuvieron un vuelco, pues en 2015 Areiza cambió lo dicho contando que había recibido presiones de Iván Cepeda, más $100 millones para que declarara en contra de los acusados. También como el caso anterior Areiza fue asesinado en abril de 2018 en Bello. Después de estos relacionamientos Álvaro Uribe Vélez interpuso una denuncia contra Iván Cepeda por abuso de la función pública, soborno y fraude procesal. En 2012, Juan Guillermo Monsalve, quien había testificado en 2011 fue atacado con arma blanca, tras esto tuvo que ser trasladado a La Picota, sin embargo, poco después en su celda fue encontrada por Medicina Legal una sustancia altamente venenosa. Vale la pena mencionar que Juan Guillermo Monsalve tuvo relacionamiento con la familia del expresidente desde sus ocho años, pues su padre, Óscar Monsalve – quien luego fue llamado a declarar en el proceso contra Iván Cepeda-, trabajó desde 1986 en la finca Guacharacas, propiedad de los Uribe. Allí estuvieron hasta 1994. A finales de los 90 Juan Guillermo se une formalmente al Bloque Metro de las AUC. En agosto de 2014 la defensa de Uribe cita a declarar en el marco del proceso contra Iván Cepeda, además de Óscar Monsalve, también a Pedro Manuel Benavides y a los paramilitares Jesús Henao y Gabriel Muñoz. Al final los testimonios fueron desestimados por la Corte. Tras esto el ahora senador, Iván Cepeda, cita a debate de control político por los presuntos nexos de Uribe con el paramilitarismo, allí presenta 27 declaraciones que dan razón de lo anterior. En diciembre de 2014 el proceso contra el expresidente pasó al despacho del exmagistrado Gustavo Malo -quien luego sería vinculado al Cartel de la Toga-. En 2015 ordenaron interceptar a Óscar Monsalve buscando pruebas de las presiones para declarar en contra de Cepeda. No obstante, y dando una nueva pista de las amenazas a las que se enfrenta este caso, en marzo de ese año se pierden las grabaciones del sistema de intercepciones, lo cual era un importante material probatorio contra Uribe, esto provoca que la Corte Suprema solicité vincular a una agencia de inteligencia británica. Terminando 2017 la Corte Suprema cierra proceso a favor de Cepeda y abre investigación preliminar contra Uribe por las masacres de San Roque, El Aro, La Granja y el asesinato de Jesús María Valle. Sobre estos hechos el organismo de justicia los declaró en 2018 como crímenes de lesa humanidad. En julio de ese mismo año el ahora senador renuncia a su curul, la Corte le abre proceso formal y lo llama a indagatoria. Tras esto uno de los primeros en pronunciarse fue Iván Duque, para ese momento presidente electo, quien por medio de Twitter aseveró: “Conocemos al expresidente Uribe. Somos testigos de su honorabilidad, rectitud, patriotismo y su incuestionable servicio al país y al Estado de Derecho”. El 08 de octubre de 2019, más de diez años después de que comenzó a conocerse los hechos que darían paso a la situación jurídica, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema vinculó formalmente a Uribe bajo investigación por fraude procesal y soborno. Esto tras rendir indagatoria. En octubre y diciembre del mismo año se reanudó la indagatoria. Hay que mencionar que uno de los argumentos que salieron en estas sesiones fue que los pagos que se hicieron obedecen a auxilios humanitarios. Así otro hecho a resaltar es en el que se ha relacionado a Diego Cadena, en el que también está el abogado Juan José Salazar, caso que además está atado a lo que ocurra en la Corte Suprema de Justicia con Álvaro Uribe Vélez, en donde por el momento participan en la Sala de Instrucción que tomará la decisión, los magistrados: César Reyes, Héctor Alarcón, Misael Rodríguez, Marco Rueda y Francisco Farfán. Ellos tienen en sus manos si se avanza con un llamado a juicio, y de ser así, si se requiere imponer medida de aseguramiento. Esto da luces a muchos sectores que siendo víctimas han exigido justicia, verdad y reparación, incluso a sectores políticos que han aportado denuncias, testimonios y presión para que la situación del expresidente no continúe sin resolverse. Mientras, por el contrario, otro sector, como el del Centro Democrático sigue insistiendo en una supuesta “táctica de conseguir la aniquilación reputacional”.

Por: Redacción Pares con información de ONU El director de la Organización Mundial de la Salud anunció este lunes que 172 países, que representan el 70% de la población mundial, se han unido o mostrado interés en la coalición COVAX, el mecanismo de la OMS para lograr el desarrollo y la distribución equitativa de una vacuna contra el COVID-19. “El mecanismo tiene el portafolio de vacunas más grande y diverso del mundo. Actualmente tenemos nueve candidatas, y estamos revisando y actualizando constantemente para garantizar el acceso a la mejor gama de productos posible”, aseguró Tedros Adhanom Gebreyesus durante su conferencia de prensa habitual. El objetivo de COVAX, es entregar al menos 2000 millones de dosis de vacunas seguras y efectivas para finales de 2021. “Si bien estamos agradecidos por los fondos que ya se han comprometido, se necesitan más con urgencia para seguir avanzando. A medida que los gobiernos invierten billones en estímulos económicos, el Fondo COVAX ofrece un gran retorno de la inversión. Hay luz al final del túnel y como dije la semana pasada, juntos podemos hacerlo”, agregó Tedros. COVAX es la única iniciativa global que está trabajando con gobiernos y fabricantes para garantizar que las vacunas COVID-19 estén disponibles en todo el mundo tanto para países de ingresos altos como de ingresos bajos. “Una nueva investigación describe que la competencia mundial por las dosis de vacunas podría llevar a que los precios se disparen exponencialmente en comparación con un esfuerzo de colaboración. También conduciría a una pandemia prolongada, ya que solo un pequeño número de países obtendría la mayor parte del suministro. La distribución de las vacunas Tedros explicó que inicialmente se entregarían las vacunas a las personas con mayor riesgo de ser infectadas, como los trabajadores de salud, las personas mayores de 65 años y aquellas que tienen ciertas enfermedades que aumentan su riesgo de morir por COVID-19. “Varias vacunas se encuentran ahora en la etapa final de ensayos clínicos y todos esperamos tener múltiples candidatas exitosos que sean seguras y efectivas”, anunció. Sin embargo, recordó que mientras se invierte colectivamente en la investigación y el desarrollo de estas herramientas, es necesario utilizar las que ya existen para suprimir el virus: como rastrear contactos, aislar y cuidar a los pacientes, y poner en cuarentena a sus contactos. Respondiendo a preguntas de periodistas, Bruce Aylward, epidemiólogo de la OMS, dijo que era decisión de los países hacer la vacuna contra el COVID-19 obligatoria o no para sus ciudadanos. “En la organización lo que queremos es fomentar la aceptación voluntaria de la vacuna, así como el comportamiento de las personas para que busquen obtenerla. Queremos que las personas entiendan los beneficios de las vacunas y su calidad, más allá de que sea algo requerido o mandatorio”, explicó.

Por: Redacción Pares. Ariel Ávila, subdirector de Pares y director del programa El Poder de semana TV, reveló algunas cifras del último informe realizado por la Fundación Paz y Reconciliación. En la investigación dirigida por Diego Alejandro Restrepo, se muestra cómo el desplazamiento forzado ha aumentado, al igual que los actos de terrorismo y el número de masacres cometidas contra la población civil. En al menos, seis (6) grandes zonas del país, la situación de seguridad de salió de las manos. Allá, no hay soluciones milagrosas. Será demorada la recuperación de seguridad. Por ejemplo la costa Pacífica nariñense, el sur del Cauca, el Bajo Cauca Antioqueño, norte de Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Putumayo están en estado crítico, señaló Ávila. Esta investigación llevada a cabo por el equipo de investigadores de la Línea de Paz y Postconflicto de la Fundación Pares, indica que la presencia del ELN en Colombia ha aumentado considerablemente y hoy en día es en 167 municipios. En 2018, el ELN tenía un copamiento de 99 municipios, es decir, en los dos años del Gobierno Iván Duque ha incrementado en un 70%. Asimismo los actos de terrorismo en Colombia han aumentado desde 2018. Por otra parte, las disidencias o Grupos Armados Post-Farc que, en 2018 cuando terminó el gobierno de Juan Manuel Santos operaban en 56 municipios, y según la investigación realizada por el equipo de trabajo de la Fundación Paz y Reconciliación, hoy operan en 113 municipios. Es decir se duplicó la presencia de estos grupos armados ilegales en Colombia, y especialmente en los Llanos Orientales, el Pacífico nariñense, caucano y la zona de Buenaventura. Asimismo, el Clan del Golfo, los Caparrapos y Grupos Armados Organizados tienen el control de alrededor de 200 municipios. Los departamentos más victimizados por minas antipersonal en 2020, revela la Fundación Pares, son Norte de Santander 19,30%, Antioquia 19,30% y Nariño 18,28%. Efectivamente, estas zonas son donde hay mayor presencia de grupos armados colombianos y es donde se ha generado un recrudecimiento de la violencia. Fundamentalmente, como lo advierte este y otros informes de Pares, estas nuevas conflictividades se dan producto de la disputa territorial por el control del mercado de la producción de cocaína. Resulta importante señalar que la ausencia de voluntad política del Gobierno Nacional en materia de implementación del Acuerdo de Paz ha desatado efectos negativos. Ya que, como bien lo señala el informe, varias de estas zonas corresponden a territorios donde las FARC-EP hicieron presencia a lo largo de la guerra, y donde luego de la desmovilización se configuraron vacíos de poder que no fueron copados por el Estado, pero sí por grupos del narcotráfico. Según el informe de ONU, hay una leve reducción de las hectáreas cultivadas de coca sin embargo. Hay más producción de coca. Es decir, con menos hoja de coca se produce más cocaína, explicó Ávila. El control de las rutas del narcotráfico cambió, de manera definitiva, con el traslado de más de 13.000 firmantes de paz de la otrora guerrilla de las FARC-EP a lo que se conocieron como las 24 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y que hoy son Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). En la denominada transición o pos-acuerdo, el Estado colombiano no logró hacer presencia en zonas neurálgicas como por ejemplo: el Bajo Cauca Antioqueño, el Pacífico nariñense, caucano o chocoano. Sí lo hizo la ilegalidad que, durante estos años, se ha disputado a fuego y sangre los territorios para hacerse al control de las rutas del narcotráfico. Según esta investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, si bien indicadores como el homicidio y el secuestro mejoran, hay un deterioro sustancial en temas de desplazamientos forzados, actos de terrorismo y expansión criminal. «Es claro que el gobierno está confundiendo una política de lucha contra las drogas con un política de seguridad. Un error de principiantes» enfatiza Ávila. Culpar al proceso de paz del deterioro de la seguridad, como lo hace este gobierno del presidente Duque a diario, es sencillamente ir en contravía de las evidencias y de los hechos: es no saber leer los números sobre la seguridad en Colombia.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. En la noche de este domingo se conoció una nueva masacre en Colombia, exactamente en el barrio Los Álamos del municipio de Venecia al suroeste de Antioquia. En este hecho fueron tres (3) las personas asesinadas: un joven de 19 años, otro de 18 años y un adolescente de 15 años. Esta se convirtió en la cuarta masacre reportada en las últimas horas. ¿Qué está pasando? Ante esta crítica situación León Valencia, director de Pares, estuvo en la emisora universitaria LAUD Estéreo, donde analizó el contexto que antecede la actual coyuntura, que solo en este mes ha dejado a 36 personas asesinadas en medio de masacres. “Esto se me parece mucho a lo que ocurrió en el 2002, 2003. Cuando los paramilitares en ese momento desataron una ola de terror en el norte de Colombia, cuya principal forma eran las masacres. Ahora esta ola de masacres es también impresionante, especialmente, en el sur del país. Que además está ligada al creciente asesinato selectivo de líderes sociales y de excombatientes”, indicó León Valencia en la entrevista. Vale la pena mencionar que, según definiciones de organizaciones nacionales e internacionales, las masacres se producen cuando se cometen homicidios contra tres (3) o más personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), en estado de indefensión y en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar. De esta forma Indepaz identifica que durante el 2020 se han cometido 45 masacres en las que se han asesinado 182 personas, siendo Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Chocó los departamentos con más registros. Asimismo, poniendo al mes en curso como uno de los periodos más violentos en relación con estos crímenes, pues a la fecha y desde el 1 de agosto se informa sobre ocho (8) masacres. A esto, hay que agregar, que, siguiendo las palabras de León, en este panorama se resalta la situación del Pacífico del país, por donde, entre otras cosas, sale cerca del 75% de droga. Lo que ha puesto en el mapa de disputa este territorio, en el que según el informe Más Sombras que Luces de Pares, hay presencia de estructuras ilegales como: el Clan del Golfo, los Contadores, ELN, La Local, el GAPF frente Oliver Sinisterra, frente Gente de Orden y Frente 30, además, de los Marihuanos, las Guerrillas Unidas de Pacífico y la EAI Mario Lata. Adicionalmente, siguiendo el documento hay una “conformación y activación bélica de grupos armados contratados y financiados por narcotraficantes colombianos y por carteles mexicanos, que participan de la disputa por el control territorial de los cultivos de coca, los cristalizaderos y las rutas para la comercialización en Tumaco, el Pacífico Nariñense y el Caucano”. A lo anterior Valencia suma que “hay una guerra por los territorios de las comunidades negras. Donde hay una disputa política impresionante porque en toda esa zona están ganando las elecciones muchos de los gobiernos más alternativos. Entonces ahí hay una preocupación enorme por lo que ocurre”. Iván Duque, ¿la sombra del pasado? Haciendo un repaso de la información que sale respecto a las masacres cometidas en los últimos días, hay que resaltar que éstas mediáticamente y desde dirigentes políticos del país han sido enunciadas desde la posible vinculación de estas personas asesinadas, en su mayoría jóvenes, con bandas criminales dedicadas al narcotráfico, por lo que en sus “hipótesis” resaltan las posibles retaliaciones. Este es otro punto en común entre los hechos cometidos iniciando el siglo con lo sucedido ahora. Pues quienes eran asesinados luego eran presentados como colaboradores de la guerrilla, potencializando el imaginario del enemigo y en virtud de esto legitimando los hechos de violencia, que, en ese entonces como ahora, enlutan diariamente al país. “Se crea un ambiente justificante de la violencia, lo que ha hecho que ésta no pare, por ejemplo, en el Cauca. Esa estigmatización crea un aval público para matar. A eso se suma un ambiente político e ideológico donde se dan todas estas acciones. Sumando la incapacidad para hacer justicia y parar el desangre”, aseveró Valencia para LAUD Stéreo. Con esto el principal cuestionamiento que sale es sobre las acciones que ha tomado Duque frente a este panorama, quien solo hasta este fin de semana llegó a Samaniego, donde ocurrió el 15 de agosto la masacre de los ocho (8) jóvenes. Como se esperaba el ambiente que recibió al dirigente fue de rechazo, pues además de su falta de acción, también ha brillado por el eufemismo con el que se refiere a la realidad del país. Otro periodo presidencial del uribismo ¿es el error? De nuevo, otra mirada al pasado, y esta vez en estrecha relación con Duque, pues como lo expuso Valencia, esta crisis de gobernabilidad tiene que ver “con lo segundos momentos de los gobiernos. Siempre las segundas partes de gobiernos que se basan en el miedo han sido nefastas”. Con estas palabras hay que señalar dos puntos. Por una parte, en los ejercicios de miedo que se ensañan en los territorios, que como lo señala León Valencia, siempre tienen un interés especial, en este caso tomar el dominio de las zonas con fines económicos, políticos y sociales. Escenario equiparable con lo que se vivió durante los primeros años de los 2000, tiempo en el que “toda la ola de violencia se desató para conquistar el poder local, influenciar en el Congreso y decidir la elección presidencial. Al mismo tiempo para apoderarse de tierras, especialmente en la Costa, donde además la pelea era por controlar rentas locales”. Por otro lado, mirando hacia atrás, el director de Pares trae a colación la crisis de violencia que estaba agudizada terminando el primer decenio de este siglo, que luego sería apaciguada con los diálogos que se darían para el Acuerdo de Paz, pero donde ese “incendio” violento dejó unos leños prendidos, leños que no fueron apagados por el ahora presidente y que hoy son una de las aristas que permiten explicar el escenario actual. “Quedó el leño ELN, el del Clan del Golfo y herederos de los paramilitares. Luego quedó el leño de las disidencias de las Farc, también el del narcotráfico en territorios precisos, quedó el de las economías ilegales, y, además, el de la grave situación en la frontera con Venezuela. Así, el gobierno de Duque tenía dos alternativas: echarle agua a esos leños o echarle gasolina. La visión nuestra es que le ha estado echando gasolina y los incendios se están activando otra vez”, preciso Valencia.

Por: Juan Camilo Rodríguez Guerra. Investigador Pares. Dos años después de la posesión del presidente Iván Duque no ha sido expedida la política pública del PAO o Plan de Acción Oportuna, estrategia del gobierno para prevenir y proteger a líderes, lideresas y personas defensoras de DD.HH. de la violencia selectiva que les afecta. El PAO, criticado por reemplazar el programa del gobierno Santos para la seguridad y protección de comunidades y organizaciones en los territorios —que se derivaba del Acuerdo de Paz y que, por tanto, es vinculante constitucionalmente—, reduce sus estrategias a la lucha visceral contra el narcotráfico, lo que, paradójicamente, pone en mayor riesgo a corto y mediano plazo a esta población. Evidencia de este enfoque fueron las palabras de Iván Duque sobre la masacre en Samaniego (Nariño), en la que fueron asesinados ocho jóvenes: “quiero hablarle al país con mucha claridad, estos hechos están ocurriendo por el narcotráfico, por la presencia de grupos que quieren llenar de actividades ilícitas muchos lugares del territorio […]”. Si bien la persistencia de economías criminales es un factor de riesgo para las personas que trabajan por el bienestar de las comunidades y de la Tierra, la lucha contra estas debe superar el enfoque de confrontación armada y reconocer los factores de desigualdad que las generan y que incitan la violencia contra líderes y lideresas. El espíritu del Acuerdo de Paz es el enfoque de seguridad humana y ese debe ser el espíritu de su implementación integral. La seguridad en las regiones Son varios los errores del PAO que han imposibilitado la reducción de la violencia letal en el gobierno Duque. El primero es entender la seguridad desde una perspectiva estrictamente militar, ya que esto implica que el copamiento del Ejército es el único camino para detener la violencia en las regiones. Este planteamiento no construye garantías para el ejercicio de la defensa de DD.HH. y, por el contrario, arrecia las confrontaciones entre un bando y otro, lo que aumenta las victimizaciones contra la población civil. El PAO parece una política de protección subordinada a la política de defensa, lo que es muy preocupante en momentos en los que los asesinatos selectivos no dejan de aumentar contra líderes, lideresas y personas defensoras de DD.HH. Imágen:Pares. Según lo observado por Somos Defensores, “es común ver militares y exmilitares al frente de las reuniones, las convocatorias y asesorando el Plan en los territorios”, lo que demuestra una militarización de la política de protección. Al respecto MinInterior respondió a Pares, mediante derecho de petición, que todas las acciones que se realizan mediante el PAO “están en consonancia con esta estrategia gubernamental, la cual busca combatir los factores generadores de riesgo, como lo son: la disputa territorial por parte de grupos armados organizados o de grupos delincuenciales que ejercen las actividades de narcotráfico, extracción ilícita de yacimientos mineros, entre otras”. El PAO parece una política de protección subordinada a la política de defensa, lo que es muy preocupante en momentos en los que los asesinatos selectivos no dejan de aumentar contra líderes, lideresas y personas defensoras de DD.HH. El segundo error es el rechazo de la participación de sociedad civil en la toma de decisiones sobre el PAO, que se ve aún más truncada por la emergencia sanitaria. Solo tres meses después de la posesión del presidente Duque, él creó la Comisión para el Plan de Acción Oportuna, cuya función es sustituir la ya creada Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) a principios de 2017. La diferencia entre la primera y la segunda es la composición de sus miembros. La única diferencia es que la comisión actual excluye a los cinco expertos en DD.HH. que habían sido elegidos de la sociedad civil: “tres a título de expertos, nombrados por consenso del Gobierno y la Farc, y dos en representación de plataformas de derechos humanos” (Gallón, G., 2018) Por si fuera poco, para la construcción de la política pública se esperaba socializar el documento insumo con distintas comunidades y organizaciones del territorio nacional. Esta fase empezó en el segundo semestre de 2019 y se realizaron siete talleres. Los demás estaban proyectados para 2020 pero, por la pandemia, solo se realizaron dos: uno en Cali y otro en Medellín. No hubo plan B para realizar los talleres por vías virtuales o por lo menos para consensuarlo con las personas que participarían en esos talleres, lo que demuestra el poco interés por escuchar y recoger las experiencias y saberes de la población sujeta de especial protección. Todo parece indicar que la política pública para la seguridad y protección de líderes, lideresas y personas defensoras de DD.HH. saldrá con o sin la aprobación de esta población y bajo la perspectiva limitada de la seguridad militar y policiva. Imágen.Pares. El tercer error es la actitud del gobierno para recibir recomendaciones por parte de expertos en el tema. Ya en marzo de 2020 el relator especial para la ONU, Michael Forst, entregó un informe en el que concluye que Colombia es el país más peligroso para personas defensoras de DD.HH. en América Latina, siendo el que concentra más asesinatos selectivos. También concluye que el peligro existe por la acción de organizaciones no-estatales (como los grupos armados) pero también por acciones estatales y de empresas nacionales y transnacionales. El gobierno no tardó en responder por medio de la canciller, Claudia Blum, que el informe no es objetivo ni integral en temas como: “la supuesta criminalización estatal de los defensores de DD.HH. en Colombia, acusación inadmisible que desconoce nuestras garantías […]; las versiones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales: acusaciones graves que se lanzan sin sustento […]”. Este video, colgado en el Twitter oficial de la Cancillería muestra el nulo interés del gobierno por escuchar investigaciones que no aplaudan su labor así vengan de organismos internacionales y legítimos como la Organización de Naciones Unidas: Todo parece indicar que la política pública para la seguridad y protección de líderes, lideresas y personas defensoras de DD.HH. saldrá con o sin la aprobación de esta población y bajo la perspectiva limitada de la seguridad militar y policiva. Empezando de cero la política de protección En el documento titulado Plan de Acción Oportuna de prevención y protección para los defensores de Derechos Humanos, líderes sociales, comunales y periodistas publicado a finales de 2018 por el Ministerio de Interior, el gobierno comunica las razones por las que es necesario un proceso de «articulación y reingeniería institucional» para dar respuesta a la situación de violencia contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de DD.HH. Se explica que, entre 1997 hasta la actualidad, “se identifica la existencia de catorce cuerpos normativos del derecho interno en rango de leyes nacionales y decretos ley que regulan los temas de prevención y protección ante situaciones de violación de derechos humanos (…)” (MinInterior, 2018, p. 19). Llama la atención que, dentro de los catorce cuerpos normativos, se citan ocho leyes, decretos o actos legislativos expedidos después de la firma del Acuerdo de paz. Entre ellos se encuentra el Decreto 660 de 2018, cuyo fin fue crear y reglamentar el Programa propuesto en el Acuerdo —y que, por tanto, que hace parte de la Constitución Política— para la seguridad y protección de comunidades y organizaciones en los territorios. Según el documento, debido a toda esa cantidad de cuerpos normativos “se evidencia la urgencia de articular los esfuerzos institucionales, optimizando los recursos disponibles y mejorando la efectividad de los mecanismos implementados” (MinInterior, 2018, p. 22). Es inquietante que, a pesar de que el Decreto 660 fue expedido en abril de 2018, siete meses después el gobierno Duque tuviera tanta claridad de su ineficacia y también del supuesto despilfarro de recursos. El documento aparenta la intención de reducir los recursos destinados para la seguridad y protección de esta población a pesar del aumento significativo de violencia selectiva en su contra. A finales de 2019, el Gobierno Nacional anunció que la política pública sería adoptada en agosto de 2020. Hoy no se conoce el estado de avance. Lo que resulta claro es que el proceso de formulación de esta no fue suficientemente socializado ni debatido con la población objeto de protección. Teniendo en cuenta que los talleres de participación solo se realizaron en un semestre y que en 2020 no se realizaron —por lo que no quedaron suspendidos sino cancelados—, se materializan las dudas sobre la exclusión de la sociedad civil en la Política de protección a líderes, lideresas, defensores y defensoras de DD.HH. y pone en tela de juicio que el proceso cumpla con lo pactado en los Acuerdos de Paz.

Por: Lizneira Roncancio Arias. Colaboradora Pares. En razón a que continúan los asesinatos selectivos de líderes y lideresas sociales, campesinos e indígenas; han vuelto las masacres, como las ocurridas en distintas zonas del país donde han sido asesinados 18 jóvenes, con el propósito de criminalizar y generar terror para tener razones que les permita destruir el acuerdo social, ambiental y político pactado con las Farc en La Habana, Cuba. Las amenazas y la presión mediática de que han sido objeto la Corte Suprema de Justicia, senadores y dirigentes sociales y políticos opositores, luego de la medida de aseguramiento hacia el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, son hechos que han generado inmensa preocupación en la comunidad colombiana migrante, asentada en diversos países de Europa. El Acuerdo de Paz, firmado en el anterior gobierno y que nos llenó de esperanzas para avanzar y lograr el país equitativo y justo que deseamos, lo están haciendo ¨trizas¨; una sentencia sentida y expresada por parte de integrantes del partido de gobierno se refleja en que los recursos asignados a programas para fortalecerlo no han llegado; más de 200 excombatientes de las Farc, han sido asesinados y los ataques al organismo rector (La Jurisdicción Especial para la Paz JEP) son continuos e infames, con la evidente desaprobación, desautorización y rechazo hacia sus decisiones, por ser el organismo sobre el cual reposa la responsabilidad de saber la verdad del conflicto y la garantía de no repetición. Los colombianos migrantes denunciamos las amenazas y el hostigamiento a Defensores de Derechos Humanos, Organizaciones Sociales, Comunitarias, de Indígenas, de Víctimas, de Reclamantes de tierras; es una violencia selectiva producto de la incriminación y señalamiento hacia sectores opositores, hacia periodistas desde cuya independencia se denuncian estos actos con amenazas; con la manipulación perversa de las normas y leyes establecidas, así como los ataques a la Constitución en busca de una dictadura y la impunidad para muchos involucrados en asesinatos, desplazamientos, masacres, además, con una corrupción desbordada y lesiva a los intereses del país. No aceptamos y rechazamos que el presidente Duque, exprese ante la comunidad internacional que en Colombia los asesinatos se han disminuido, cuando las cifras dicen lo contrario (en lo corrido de su gobierno sobrepasa los 600 asesinatos), que la economía está en recuperación, cuando es evidente que va en declive, más aún debido al manejo errático de la pandemia, pues los recursos donados por organismos internacionales no llegan a los sectores que más los demandan y siguen embolatados en una corrupción vertiginosa; todos los factores de crecimiento, en salud, educación (la deserción estudiantil por falta de recursos para matricularse, es la más alta de la historia de Colombia) y la seguridad, han alcanzado cifras sin precedentes (los recursos para el aparato militar superan los asignados a estos sectores sociales, como se puede comprobar en el nuevo Presupuesto que el Congreso elabora). Denunciamos y exigimos al actual gobierno, en investigación, por supuesta ilegitimidad, para que no sigan aprobando en connivencia con un Congreso manipulado con el incremento de su salario y otras prebendas, leyes que van en contravía de las necesidades y en detrimento de un pueblo al que no le llegan los beneficios. Solicitamos a la Comunidad internacional, a los organismos multilaterales de Derechos Humanos y a los medios en general, confirmen las declaraciones del gobierno colombiano ante su pretensión de encubrir la atroz realidad que vive el país, y el deterioro de las instituciones cooptadas en su totalidad por un narcogobierno disfrazado de democracia, que con dineros sucios quiere comprar conciencias y disposiciones administrativas. Les pedimos, apoyar los Acuerdos de Paz, respaldar el fortalecimiento de los programas hacia la recuperación de la economía y la reconciliación de los colombianos. NOS MAS MASACRES, NOS MAS IMPUNIDAD, NO MAS CORRUPCIÓN; DEFENDEMOS LA VIDA, LAS INSTITUCIONES Y NUESTRO DERECHO A UNA COLOMBIA DIGNA Y EN PAZ. Firmantes: #Comunicado