Por: Redacción Pares. La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas advirtieron que la política de víctimas se encuentra en un escenario de incertidumbre sobre su financiación, nuevas metas, y la atención a esta población, cuyas vulnerabilidades han aumentado durante la emergencia por el Covid -19. Las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y a los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011 advirtieron que por la crisis derivada de la pandemia puede que un porcentaje significativo del 1’813.644 víctimas que habían mejorado sus condiciones en 2019, vea deteriorada su situación socioeconómica, volviendo a vivir en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Por ello se requiere una política de generación de ingresos para esta población, con oferta de proyectos integrales a mediano plazo y articulada entre las entidades. La pandemia en los territorios y comunidades étnicas podría generar un etnocidio, como consecuencia del estado de crisis humanitaria agravando los procesos de desaparición física y cultural que el conflicto armado y sus factores subyacentes han generado. Para las comisiones, es fundamental que el Gobierno nacional ante la contingencia generada por el coronavirus adopte urgentemente correctivos y medidas especiales, que mitiguen el impacto de la pandemia en las víctimas y los previsibles retrocesos en su estabilización socioeconómica. A pesar de las estrategias implementadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, no se ha logrado atender de manera oportuna y eficiente la alta demanda de solicitudes de las víctimas en materia de ayuda humanitaria e indemnización, durante la emergencia. Entre 2019 y junio de 2020 la reconfiguración de los escenarios de violencia, motivada por la disputa territorial tras la firma del Acuerdo Final de Paz y la emergencia causada por el covid-19, generaron un crecimiento en el número de desplazamientos masivos y confinamientos, principalmente de pueblos étnicos que no han recibido la atención y la reparación integral requerida. Se encontraron casos en que algunas comunidades confinadas en Alto Baudó, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen del Darién, El Carmen de Atrato y Riosucio (Chocó), han tenido que esperar más de seis meses la entrega de la ayuda humanitaria, y otros donde los actores armados aprovecharon la emergencia sanitaria para aumentar su intimidación en las zonas donde delinquen. Sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras A pesar de la insistencia de los órganos de control, el Gobierno nacional no ha presentado una proyección detallada de los recursos necesarios para garantizar los derechos de las víctimas en un tiempo razonable. Tampoco se cuenta con un nuevo CONPES que incluya la implementación de los decretos leyes étnicos y la articulación con el Acuerdo Final de Paz. El esfuerzo fiscal del Gobierno nacional de $118 billones entre 2012 y 2020 fue insuficiente para atender al universo de víctimas, que hoy supera los 9 millones. Es imperativo hacer ajustes administrativos, legales y de procedimiento que permitan asignar recursos suficientes, y fortalecer la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos. Según cálculos de la Contraloría General de la República, a 2030 se requieren más de $357,4 billones para ejecutar 14 medidas dirigidas a garantizar derechos a la indemnización individual y colectiva ($48,7 billones); a vivienda urbana y rural ($26,2 billones); a alimentación ($24,8 billones), retornos y reubicaciones ($20,5 billones), educación y salud – SGP ($197,3 billones), entre otros. La materialización del derecho a la restitución de tierras presenta escasos avances ante el incumplimiento de las órdenes proferidas por los jueces. Durante los años 2018 y 2019 no se cumplió ninguna de las 1.463 órdenes en materia de vivienda. En los casos de víctimas de pueblos étnicos solo se han expedido 18 sentencias en 9 años, y de 1.292 órdenes judiciales únicamente se han hecho efectivas 11.4%. Frente a la restitución de derechos territoriales para los pueblos indígenas y comunidades negras se requiere el pleno funcionamiento del componente étnico del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Asimismo, no se ha logrado un aporte significativo para la protección y formalización de la propiedad de las comunidades étnicas. Durante toda la vigencia de la Ley y los Decretos Leyes se han restituido en sentencia 382.755 hectáreas, de las cuales el 58% corresponde a grupos étnicos y el 99% de estas, a territorios ya formalizados (resguardos y territorios colectivos de comunidades negras titulados). Seguimiento en cifras En total, 879.821 víctimas han sido indemnizadas, lo que corresponde a casi el 13% de los 7.261.998 sujetos de reparación. A este ritmo se necesitan más 50 años para indemnizar al universo de víctimas sujetos de reparación. Entre el 2019 y el primer trimestre de 2020 se pagaron 95.127 indemnizaciones. Sin embargo, existe un rezago de 1’320.177 solicitudes, frente a las cuales no se han asignado citas para iniciar trámite de documentación. La Reparación Colectiva presenta escasos avances. De los 755 Sujetos de Reparación Colectiva –SRC- incluidos en el Registro Único de Víctimas –RUV-, solo 156 tiene Plan Integral de Reparación Colectiva –PIRC- aprobado y de esos apenas el 2% ha finalizado su implementación. Cabe anotar que para el caso de sujetos étnicos (539), el 11% se encuentra en implementación. Solo un 4% de las víctimas pendiente de atención ha tenido acceso a programas de vivienda. Entre 2018 y 2020 se otorgaron 27.778 subsidios familiares de vivienda (63% urbanos y 37% rurales), frente a 715.899 hogares pendientes de atención. El derecho a la participación en las Mesas de Víctimas tampoco ha sido respetado por parte de algunas gobernaciones y alcaldías, que no han tenido en cuenta a esta población en sus planes de desarrollo. Por lo que se reiteró el llamado a las entidades territoriales a garantizar el derecho a la participación de las víctimas en la formulación de los Planes de Acción Territorial, con estrategias que permitan superar las limitaciones impuestas por la actual emergencia sanitaria.

Por: Redacción Pares. La Procuraduría General de la Nación pidió al director de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), Rodrigo Suárez Castaño, y al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible ad hoc, Alberto Carrasquilla Barrera, activar con urgencia el Consejo Técnico Consultivo para el proyecto de Explotación Subterránea de Minerales Soto Norte de la empresa Minesa en el Páramo de Santurbán. En carta enviada al director de la ANLA y al ministro ad hoc el órgano de control pidió un reporte de la planificación dispuesta para activar esta instancia en desarrollo del trámite del licenciamiento del proyecto minero, y recordó la importancia de hacer una evaluación técnica diligente que contemple “las conexiones funcionales de las áreas de especial valor ambiental” . Para el Ministerio Público es necesario invitar a las sesiones del consejo técnico a académicos, expertos y organizaciones nacionales e independientes, “cuyo perfil debe responder a la especialidad del tema para así someter a consideración de estos actores especializados las diversas materias del proyecto”. La Entidad enfatizó en la importancia de la implementación de esta instancia consultiva, teniendo en cuenta que este proyecto “presenta complejidades de orden ambiental y social, ante la posibilidad de afectación de suelo, fauna, flora, aire, agua y las dinámicas de las comunidades asentadas en el área de jurisdicción del mismo”.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Las últimas semanas prácticamente han sido el día a día de un juvenicidio. La ONU informó que en lo corrido del año se han registrado 33 masacres, mientras que 7 más que están en proceso de documentación. Este panorama parece ser ajeno a la clase dirigente del país, que, por un lado, califican su balance frente a los hechos violentos como ‘positivos’, y, por otra parte, mientras sus agendas se ocupan en instalaciones de aeropuertos o en exaltar el nombre del expresidente Uribe. Mientras esto ocurre solo en los últimos días las comunidades, organizaciones y medios de comunicación han alertado sobre cinco masacres y asesinatos cometidos contra jóvenes. Uno primero, conocido el pasado 11 de agosto, cuando en una caseta de vigilancia de un cañaduzal cercano al barrio Llano Verde en Cali, fueron encontrados cinco menores: Luis Fernando Montaño de 15 años, quien era estudiante de octavo grado en el colegio Instituto Los Ángeles de Dios; Álvaro José Caicedo de 14 años, heredó el nombre de su papá, un hombre que se dedica a la soldadura en el barrio caleño; Jean Paul Cruz Perlaza de 16 años, quien llegó a esta zona en el 2013 junto a sus padres José Rogelio Cruz y Sandra Perlaza y sus dos hermanos tras ser desplazados de Buenaventura; Jair Andrés Cortés Castro de 14 años, hijo de Ruby Cortés, hermano de Eliza Mina Cortés y nieto de Wilson Cortés; y Léider Cárdenas de 15 años, un joven de una familia que vivía del ‘rebusque’ diario en Llano Verde, y, además, entregado al deporte, al fútbol, especialmente. Poco tiempo había pasado cuando más familias tenían que despedirse a causa de la violencia de sus familiares. La noche del sábado 15 de agosto otros 9 jóvenes fueron asesinados en Samaniego, Nariño, luego que 4 hombres armados ingresaran a una casa ubicada en la vereda Santa Catalina, donde dispararon en forma indiscriminada. En este hecho las víctimas fueron: Brayan Alexis Cuarán de 25 años, oriundo de la ciudad de Pasto; Sebastián Quintero de 23 años, quien también tenía una especial inclinación por el fútbol; Laura Michel Melo Riascos de 19 años, hija de Gloria Riascos; Byron Patiño de 25 años, un joven que estaba a poco de graduarse como contador; Óscar Andrés Obando 23 años, estudiante de la Escuela del Deporte del Valle del Cauca; Rubén Darío Ibarra de 20 años, estudiante de auxiliar de enfermería del Politécnico San Juan de Pasto; Daniel Steven Vargas Jurado de 22 años, estudiante de radiología; Elian Benavides de 19 años, estudiante de grado once, quien había sido seleccionado por un club de fútbol de ese México; y Yésica Zúñiga Jaramillo de 26 años, quien trabajaba en Samaniego, pues era proveniente de Cartago. Un día después se conocería que el 12 de agosto dos hermanos: Jeison Fajardo Ruiz y Alejandro Fajardo Ruiz, de 15 y 16 años, respectivamente habían sido asesinados. Ellos oriundos de Caquetá, habían llegado al municipio El Patía, en el sur del Cauca, donde además de quitarles la vida también los torturaron. Un hecho similar había ocurrido días antes en Leiva, Nariño, donde fueron asesinados otros dos menores; Cristián Caicedo (12 años) y Maicol Ibarra (17 años), quienes iban en camino desde Balboa al municipio nariñense a dejar tareas al colegio San Gerardo, pues ante la poca la poca conectividad en el sector, esta opción era la que tenían los menores para cumplir con sus responsabilidades académicas. No obstante, en una de sus rutinas que en medio de la pandemia se convirtieron en sus cotidianidades, fueron asesinados por miembros de las Autodefensas Gaitanistas. Por último, hace tan solo dos días el gobernador de Nariño, John Rojas, informó sobre la masacre a tres jóvenes indígenas pertenecientes al resguardo Canawari, en jurisdicción de Pueblo Viejo en el departamento de Nariño. Ante este hecho la ONIC comunicó que: “Este execrable crimen que enluta una vez más al Pueblo Awá, se suma a un proceso de genocidio en contra de los Pueblos Indígenas en el que la ausencia del Estado es caldo de cultivo a la ya situación crítica que se vive en los territorios. (…) La omisión y el silencio del Gobierno deja entrever su desinterés en actuar para detener las acciones criminales y de barbarie que se están presentando contra la vida”. A las calles otra vez Tras estos hechos y las pocas respuestas y garantías del Gobierno Nacional, varias organizaciones han decidido volver a las calles como muestra simbólica, más aún en tiempos de aislamiento obligatorio, de rechazo a los hechos violentos que han enlutado al país durante los últimos meses y, en especial, en las más recientes semanas. Así, desde distintas zonas del país hoy, 21 de agosto, algunas plazas y calles vuelven a ser el punto de encuentro de manifestaciones. A continuación, se nombran algunos de los puntos de encuentro: · Ibagué: 37 con 5. Hora: 2:00 p.m. · Manizales: Plaza Bolívar. Hora: 2:00 p.m. · Pereira: Parque Olaya. Hora: 3:00 p.m. · Soacha: Parque Principal. Hora: 3:30 p.m. · Cali: Parque de las Banderas. Hora: 5:00 p.m. · Medellín: Parque San Antonio. Hora: 3:00 p.m. · Bajo Cauca: alcaldías municipales. Hora: 4:00 p.m. · Tunja: Las Nieves. Hora: 5:00 p.m. · Santander de Quilichao: Parque del Saman. Hora: 3:00 p.m. · Bucarmanja: Palacio de Justicia. Hora: 3:00 p.m. Bogotá: · Zona norte: Av. Cali con Calle 68. Hora: 3:00 p.m. · Zona suroriente: Av. Primera de Mayo con Carrera Décima. Hora: 3:00 p.m. Asimismo, en el momento en el que se escribe esta nota, algunas movilizaciones ya han salido de zonas como Popayán y varios barrios de Bogotá. Adicionalmente, indígenas del CRIC bloquean la vía Panamericana como acto de rechazo a la violación de Derechos Humanos, exigiendo, además, al Gobierno Nacional que pare las masacres ya.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. “El reclutamiento como la utilización no han sido operaciones aleatorias, han respondido a un conjunto de definiciones y acciones relacionadas con las apuestas estratégicas, políticas y militares de los grupos armados y que se desarrollan en el marco de la cotidianidad de los niños, niñas y adolescentes”. Una guerra sin edad, CNMH El pasado 01 de marzo de 2019 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el Caso 07, el cual investiga los hechos de reclutamiento forzado y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado, y otros delitos de los que pudieron ser víctimas, como consecuencia o en relación con su vinculación a la guerra. En este sentido son alrededor de 8.000 casos los que se trabajan, los cuales fueron reportados por la Fiscalía General de la Nación. Vale la pena mencionar que éstos tratan sobre la vinculación de niños y niñas a la guerra por parte de la antigua FARC-EP y la Fuerza Pública, tanto de quienes integraron sus filas para combate, pero también quienes lo hicieron para realizar otras tareas como cocineros, cargadores, mensajeros, informantes, acompañantes del grupo, y de quienes fueron reclutados para propósitos sexuales. Adicionalmente, en el Caso también se investiga otro tipo de vulneraciones a menores dentro de las dinámicas de la vinculación a los grupos armados, delitos que además de afectar a las niñas y niños, también lo hicieron con sus familias y comunidades; como el desplazamiento, homicidios, amenazas, violencia sexual, anticoncepción, embarazos y abortos forzados (violencia reproductiva). Vale la pena mencionar que, como lo dicta el informe «Una guerra sin edad» del Centro Nacional de Memoria Histórica, “las modalidades de reclutamiento no han sido uniformes ni han permanecido estáticas en el tiempo. Además, su ocurrencia ha estado estrechamente vinculada a la heterogeneidad de experiencias, a los territorios y zonas de influencia de cada actor armado, así como, a las particularidades de cada grupo para determinar su capacidad y estrategias para reclutar y fortalecer sus tropas en sus zonas de retaguardia y de expansión”. Ante esto la JEP decidió investigar el caso en subcasos; primero el sub-caso Farc EP como responsables del delito y otro como el sub-caso Fuerza Pública. Adicionalmente, y ante un número de hechos importe cometidos contra miembros de comunidades indígenas (471) y afrodescendientes (413), el organismo también estableció la pertenencia étnica como una línea trasversal. En este punto vale la pena nombrar dos cosas: por un lado, según lo informado por la JEP, se identificó que desde 1997 hubo una constante ascendente hasta el 2000 -fecha con mayor número de hechos registrados-, dinámica que se mantuvo hasta 2011. Un año después se registró un nuevo pico y tras esto los casos descendieron. En cuanto a los casos cometidos presuntamente por las Farc la JEP muestra la siguiente gráfica: Por otra parte, hay que decir que grupos como las AUC no fueron ajenos a esta práctica, incluso cuando en su Estatuto se establecía la prohibición del reclutamiento de personas menores de 18 años. Muestra de esto es que sentencias de Justicia y Paz registran 1.625 víctimas de reclutamiento ilícito y, de acuerdo con la información de la base del Observatorio de Memoria y Conflicto se informa de 3.041 registros atribuibles a los grupos paramilitares entre los años 90 y 2006. Las Farc comparecen por reclutamiento a menores Con este panorama la JEP decidió vincular a 37 comparecientes ex miembros de las Farc EP. De estos ha citado a 15: Pablo Catatumbo Torres Victoria, Edgar López Gómez, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Rodolfo Restrepo Ruiz, Martín Cruz Vega, Luis Óscar Úsuga Restrepo, Jesús Mario Arenas Rojas, Milton de Jesús Toncel Redondo, Julián Gallo Cubillos, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Jhon Jairo Pardo Hernández, Rodrigo Londoño Echeverry, Juan Hermilo Cabrera Díaz, Abelardo Caicedo Colorado y Diego Ardila Merchán. Los anteriores comenzaron a dar sus versiones virtualmente desde el 18 de agosto hasta el 11 de septiembre, dando orden a las citaciones por medio de los bloques a los que pertenecían. Así el primero es el Bloque Occidental y le seguirán el Bloque Magdalena Medio, Bloque Noroccidental, Bloque Sur, Bloque Oriental, de nuevo el Bloque Magdalena Medio, y por último el Bloque Caribe. Estas primeras personas que fueron llamadas a la Sala de Reconocimiento de Verdad fueron citadas para poder establecer cuáles fueron las decisiones que se tomaron desde las directivas de las Farc frente al reclutamiento de niñas y niño, por lo que además estos exintegrantes de la antigua guerrilla también fueron miembros del Estado Mayor Central y el Secretariado entre 1978 y 2007. Igualmente, se encontró que ellos habían participado en las VI, VII, VIII y IX Conferencias Nacionales Guerrilleras y los Plenos del Estado Mayor Central de 1997 y 2000, donde se perfiló esta práctica. De esta forma hasta el momento se han tenido varios avances. El primero de ellos fue acercarse a lo que en los cinco eventos nombrados anteriormente se llegó desde las Farc frente a los reglamentos de reclutamiento a menores. También ya se comenzaron a escuchar a los primeros excomandantes citados: Pablo Catatumbo (miércoles 19 de agosto) y Édgar López Gómez (20 de agosto). En estas sesiones estuvieron los magistrados Iván González y Óscar Parra de la Sala de Reconocimiento de la JEP, además de los representantes de las víctimas acreditadas y de funcionarios del Ministerio Público. Por último, en este Caso la JEP a través de los informes que ha obtenido a través del Inventario del conflicto armado interno, el informe No. 4 Vinculación y utilización de niños, niñas y Adolescentes por las Farc EP, la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Observatorio de Memoria y Conflicto, la Organización Nacional Indígena de Colombia, el Centro de Cooperación Indígena, COALICO, Colombia-Nación de Muchach@s y Women’s Link WorldWide; adicional de documentos rectores de la extinta guerrilla, se ha encontrado “que en una base de datos contenida en los computadores del Bloque Oriental se encontraron 286 registros de personas que ingresaron siendo menores de 18 años y murieron dentro de la organización. De este grupo, 60 fueron fusilados después de consejos de guerra y ocho se suicidaron”. Todo esto son pasos importantes para el esclarecimiento de lo ocurrido en medio del conflicto armado y llamados por las garantías de reparación y no repetición. Son muestra también del compromiso y el trabajo juicioso de la JEP y la voluntad de aportar a lo acordado en La Habana por parte de los exguerrilleros.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El objeto más noble que puede ocupar el hombre es ilustrar a sus semejantes. (Simón Bolívar) En la madrugada de este jueves se conoció que Abel Rodríguez, uno de los educadores más importantes del país, había muerto a sus 72 años a causa de Covid– 19. Tras la noticia han sido varios los reconocimientos a su vida y trabajo por la educación. En Pares nos unimos a la conmemoración a su labor. Abel Rodríguez, conocido como el ‘maestro de maestros’, durante su vida fue nombrado en 1995 por el Gobierno Nacional, en ese momento de la mano de Ernesto Samper, como gerente del Primer Plan Decenal de Educación. De allí pasaría a ser viceministro de Educación y ministro de Educación encargado. No obstante, allí no empezó la carrera de Abel, pues años antes ya era reconocido por su liderazgo dentro del Movimiento Pedagógico en Colombia. Inició sus estudios en una escuela pública de Piedras (Tolima). Después de esto, en Ibagué consiguió su título de maestro en la Escuela Normal de la ciudad (1965), lo que lo llevaría a iniciar su largo e importante recorrido en la escuela rural del municipio de Algeciras, Huila. Tras esta experiencia llegó a Bogotá, donde además de seguir con su labor dando clases en el barrio San Pablo, también inició estudios en Licenciatura en Español y Literatura en la Universidad Pedagógica Nacional. Una vez en la capital del país, logró convertirse en el presidente de la Asociación Distrital de Educadores (ADE). Además, consiguió también ser el dirigente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) durante los años setenta y ochenta. Desde allí promovió ña expedición del Estatuto Docente (1979), que estableció garantías de prestaciones sociales y salarios justos para profesores/as. Estando dentro de Fecode, Rodríguez promovió la creación de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, además, estuvo al frente del Movimiento Pedagógico Nacional, abriendo camino al que en la Constitución de 1991 la educación fuera consagrada como un derecho fundamental de los niños y niñas, con esto generó discusión para que se diera la Ley General de Educación. Con este recorrido, además de su experiencia dentro del Ministerio público en 1995 y como concejal de Bogotá, Abel Rodríguez llegó a la Secretaría de Educación de Bogotá durante la gestión de Luis Eduardo Garzón en 2008. Desde este cargo trabajó por una política educativa distrital y pública fortalecida. Hoy, por su trayectoria y sus grandes aportes para el acceso y la calidad educativa, varias han sido las muestras de agradecimiento, entre esas la de una de las organizaciones donde se formó y aportó: Fecode, quienes a través de su cuenta de Twitter escribieron: “Fecode lamenta profundamente el fallecimiento de Abel Rodríguez Céspedes, nuestro expresidente y exsecretario de educación. Gran docente y líder, que deja un legado enorme para la educación pública y la democracia nacional. Un abrazo solidario a su familia y allegados”. Asimismo, Luis Eduardo Garzón, quien lo nombró como Secretario de Educación dijo: “Abel Rodríguez nos enseñó que el sindicalismo no solo le habla a sus militantes, sino a la ciudad y al país”.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Desde el 09 de diciembre e 2013 la Procuraduría General de la Nación, en ese momento en cabeza de Alejandro Ordoñez, tomó la decisión de destituir e inhabilitar al entonces alcalde de Bogotá por 15 años. La determinación llegó después que la entidad informara que durante la gestión de Petro se “provocó crisis y caos en el mes de diciembre de 2012, además, de la incorrecta prestación del servicio de aseo por la utilización de volquetas hasta el mes de julio de 2013 y el riesgo de que los vehículos compactadores que adquirió la ciudad se perdieran, todo ello atribuible a la manifiesta incapacidad del Acueducto de Bogotá y la empresa Aguas de Bogotá. Así mismo, se probó que las decisiones del señor alcalde mayor de Bogotá vulneraron el principio de libertad de empresa y pusieron en riesgo el medio ambiente y la salud humana de los habitantes de Bogotá”. Tras esto, Petro apeló la decisión, además, con un apoyo que se hizo sentir fuerte en la Plaza de Bolívar una vez tomada la decisión. No obstante, en enero de 2014, la Procuraduría se pronunció y dejó la sanción en firme. Hecho por el que el exalcalde acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que este caso obedecía a una persecución política. Dos meses después, en marzo, el organismo ordenó medidas cautelares para evitar que Petro fuera destituido. En este escenario tuvo relevancia el apoyo ciudadano a Petro durante el proceso, que, incluso, por medio de este y de una tutela que se interpuso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvo que ordenar ponerle freno a la destitución. Sin embargo, en otro vaivén y en segunda instancia, el Consejo de Estado revocó esa decisión y, además, Santos, presidente del país para ese momento, ordenó a Petro la salida de la Alcaldía de Bogotá. Ahí una nueva demanda se interpuso por parte del exalcalde ante el Consejo de Estado. Esto dio paso a que en mayo de 2014 desde el Consejo de Estado se blindara al exalcalde para que pudiera retornar a su cargo, aun cuando la Procuraduría había presentado un recurso de súplica. Sin embargo, no pasó mayor cosa hasta finales de 2017, cuando la Sala plena del Consejo de Estado tumbó el fallo, sosteniendo que Ordóñez no tenía cómo comprobar la mala intención de Petro con el cambio del esquema de basuras de Bogotá. Desde ese momento hasta ayer el caso iba ahí. Un nuevo capítulo en el caso de Petro Hace poco se conoció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable al Estado colombiano por las violaciones a los derechos políticos de Gustavo Petro. Ante esto, la organización encargada de la protección de los Derechos Humano en América Latina ordenó varias cosas. En primer lugar, la Corte indicó que: “en el proceso disciplinario seguido contra del señor Petro se violó el principio de jurisdiccionalidad, la garantía de imparcialidad, el principio de presunción de inocencia, y el derecho a la defensa. En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado es responsable por la violación al artículo 23 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, y por la violación a los artículos 8.1 y 8.2.d, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento”. Por esto, se estableció el pago de «indemnizaciones compensatorias», por una parte, por las sumas monetarias fijadas en la sentencia por los conceptos relativos al daño inmaterial; y, por otro lado, por el reintegro de gastos y costas. Así, se dispuso que fueran 10 mil y 18 mil dólares, respectivamente. Monto que deberá asumir la Nación. Además de esto, también se solicitó “publicar el resumen oficial de la Sentencia una sola vez en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, y 2) publicar la Sentencia en su integridad en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la Nación”. Frente a esto Petro a través de una rueda de prensa dada este miércoles, aseveró que Ordóñez es el responsable directo de esta violación a los derechos políticos y de participación, por lo que resaltó que: “En Colombia existe el procedimiento por medio del cual el Estado recupera lo que paga de indemnización por vía del pago del responsable directo y físico del hecho, que en este caso es Ordóñez”. A esto se suma una de las una de las peticiones que más ha causado discusión, pues como garantía de no repetición se solicitó adecuar el ordenamiento interno de la Procuraduría respecto a la Sentencia, para así evitar que funcionarios elegidos a través de voto popular sean destituidos o inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas. Esto, partiendo de que la Corte: “concluyó que la vigencia de las normas que facultan a la Procuraduría a imponer dichas sanciones a funcionarios democráticamente electos –como fue el caso del señor Petro- así como aquellas que tienen el efecto práctico de producir una inhabilidad en el ejercicio de los derechos políticos como resultado de una decisión de la Contraloría, constituyen una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Según el procurador general, Fernando Carrillo Flórez, la sentencia de la CIDH contra Estado colombiano puede llevar ajustes normativos, pero NO para beneficiar funcionarios de elección popular que han actuado indebidamente. Ante esta decisión, Sebastián Mora, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares analizó que: “Hay, por un lado, repercusiones muy grandes porque obliga al Estado colombiano a cambiar estructuralmente el funcionamiento de dos órganos de control, los cuales, bajo la visión de la Constitución del 91 eran una novedad para apostarle al control de corrupción a los cargos del Ejecutivo, en su mayoría. No obstante, esa decisión también viene amparada por la protección de los derechos políticos, de votar y ser elegido, los cuales están enmarcados en el continente en la Convención Americana. Así que se resalta ese derecho a la participación como un derecho humano”. Por su parte, el senador nombró en medio de la rueda de prensa que la corrupción, uno de los casos más comunes en los que entraba a actuar la Procuraduría, deberían ser tramitados a través de la Fiscalía como delitos, más no como irregularidades, valorando así este tipo de hechos desde lo judicial, más no desde lo político. “Al dejar este tipo de problemas a autoridades políticas, lo que se construyó en Colombia fue un sistema de extorsión política. Porque lo que hacen algunos procuradores y contralores regionales es pedir el ‘CVY’ en el proceso de corrupción que ha detectado y dejarlo en la impunidad. Así es como se está haciendo la política en Colombia” señaló el investigador. Con esto vale la pena mencionar que sería el nuevo procurador o procuradora quien esté a cargo de asumir este cambio y buscar nuevas formas de control y sanción, pues el periodo de Fernando Carrillo está culminando, y ahora, con este hecho se hace urgente evaluar el trabajo de la Procuraduría para que quien llegue a su dirección vele mediante las herramientas dispuestas a hacer un verdadero, responsable y juicioso trabajo de veeduría sin atender a favores e intereses personales. Lo que con el actual panorama en la competencia por la dirección de la Procuraduría se ve incierto, con la mayoría de escenarios a favor de Margarita Cabello, y por esa vía, también de Iván Duque.

Por: Nataly Triana y Esteban Salazar. De acuerdo con una investigación en desarrollo por parte de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, se presenta una radiografía sobre las problemáticas más complejas, desde la visión del estado del Zulia en Venezuela, y cómo esto afecta la situación en la frontera colombo-venezolana con el departamento de La Guajira. Estos hechos, que han sido documentados, se agravaron con mayor intensidad en el marco de la pandemia actual. La frontera entre Colombia y Venezuela tiene un tramo de 2.219 kilómetros en la cual se han dado dinámicas históricas de ausencia estatal, una alta militarización como respuesta de ambos Estados para hacer presencia institucional, pero, sobre todo, una porosidad criminal persistente. Entre las principales problemáticas relacionadas el Covid-19 es el protagonista en seis aspectos específicos: i) la crisis migratoria; ii) el colapso de servicios públicos en el Zulia; iii) la seguridad alimentaria; iv) las condiciones del personal de salud y; v) la atención a pacientes Covid-19. A su vez, vi) el incremento de abusos de autoridad de la Guardia Nacional Bolivariana en contra de periodistas. El retorno de los migrantes La declaración de la cuarentena nacional en Colombia, y la dependencia de los mercados informales por parte de la población migrante venezolana, ha incentivado el masivo retorno de estos al Zulia, por medio de Paraguachón, generando aglomeraciones en los municipios fronterizos de Maicao, La Guajira y Guajira, Zulia; las cuales oscilan entre unas frágiles relaciones bilaterales y unas bajas condiciones básicas de agua potable y saneamiento básico, lo que genera una alta exposición al contagio. En esta situación 90.000 venezolanos retornaron a su país. De estos, el 76% retornaron de forma legal, mientras el resto acudieron al retorno rápido pero peligroso a través de las numerosas trochas disputadas por grupos al margen de la ley. Independientemente de la manera de retorno, los migrantes venezolanos han sido expuestos a una estigmatización por parte del régimen de Nicolás Maduro, asegurando que son “esclavos y mendigos» a lo que se suma una persecución judicial por ser los responsables del aumento de casos de Covid en el país, los cuales llegan a 20.206 al cierre del 3 de agosto de 2020, siendo Caracas el más afectado con 4.693 casos, seguido por Zulia con 3.421 casos. No obstante, cabe resaltar que ante la información reportada por el Gobierno de Nicolás Maduro se debe mantener cierta especulación, ya que líderes de la oposición han cuestionado las cifras por la posible falta de transparencia en los reportes de casos. Esto ha ambientado la discriminación del gobierno venezolano, estableciendo que el virus proveniente de Colombia es mayormente peligroso y tiene como propósito desestabilizar el Estado Venezolano, siendo un arma biológica. En efecto, como estrategia de Maduro para contener a los migrantes ha implementado la creación de los Puestos de Atención Integral (Pasi), lugares donde estos sufren de maltratos, abastecimiento de agua no potable y racionamiento de comida, mientras se encuentran en confinamiento por parte de la Guardia Nacional. La declaración de la cuarentena nacional en Colombia, y la dependencia de los mercados informales por parte de la población migrante venezolana, ha incentivado el masivo retorno de estos al Zulia, por medio de Paraguachón, generando aglomeraciones en los municipios fronterizos de Maicao, La Guajira y Guajira, Zulia. Foto: Pares. De acuerdo con diversos medios regionales en el Zulia, se les reprocha “que ellos no debieron irse del país para luego exigir mejores condiciones”. La denuncia de estos abusos contra la población migrante ha desencadenado una serie de amenazas, desapariciones forzadas y golpes por parte de la Guardia Nacional hacia los periodistas. A pesar de que algunos casos de Covid sí son de origen importado, no se puede asegurar que la ola de propagación actual tenga preponderante y exclusivamente este origen, ni mucho menos existen pruebas científicas que demuestren que los contagios provenientes de otros países posean una cepa del virus más letal. El Zulia, una crisis sanitaria La gravedad del contagio en el Zulia se encuentra relacionada estrictamente con una crisis hídrica existente desde hace una década, que ha generado deplorables condiciones de agua potable para la mayor parte de la población que no tiene acceso a esta como servicio domiciliario. Frente a este último hecho, Dora Colmenares, secretaria del Colegio de Médicos del Zulia, señaló que siendo el Zulia el estado más poblado de Venezuela, no posee la primera condición de prevención del Covid-19 que es el lavado de manos, pues no tienen agua. Por añadidura, el agua no es el único servicio sin funcionamiento, entre estos también se destaca la energía eléctrica, el gas y el hacinamiento. La cuestión de los servicios domiciliarios está profundamente ligada a la seguridad alimentaria de las personas. De acuerdo con una investigación de la Ucab, el 79,3% de los venezolanos no tiene cómo cubrir la canasta de alimentos, lo que ha generado en el Zulia, según la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado del Zulia (Codhez), que muchas familias de diversos municipios deban adoptar estrategias de sobrevivencia de manera colectiva, entre las cuales se destaca el intercambio de alimentos, la cocina colectiva y la caminata por los alimentos. Estas prácticas en plena pandemia son altamente riesgosas porque no permiten el distanciamiento social necesario para la prevención y el cuidado frente al Covid-19. En especial, hacen disfuncionales las medidas de cuarentena estricta debido a la necesidad de colectividad para la supervivencia. La medida del Gobierno venezolano y estadal ha sido la provisión de alimentos casa por casa a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP); empero, esta medida es insuficiente, máxime si se tiene en cuenta que no existen las condiciones básicas de sanidad para una preparación adecuada de los alimentos. Además, se debe tener en cuenta que parte de estos han sido señalados por estar empaquetados por Salva Foods, empresa que no cumplió con las medidas de bioseguridad y la que se le atribuye un foco de contagio (además de las investigaciones sobre sus relaciones con Alex Saab y el lavado de activos). La medida del Gobierno venezolano y estadal ha sido la provisión de alimentos casa por casa a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP); empero, esta medida es insuficiente, máxime si se tiene en cuenta que no existen las condiciones básicas de sanidad para una preparación adecuada de los alimentos. Foto: Pares. Estas realidades no son ajenas de los hospitales centinelas, como es el caso del Hospital de Maracaibo y en general de los hospitales del Zulia, donde el personal de salud ha denunciado estar en una situación crítica debido a la falta de agua, los implementos básicos de bioseguridad, las constantes fluctuaciones eléctricas y la mala calidad de los alimentos. Personal médico insuficiente A esto se le debe añadir las dificultades relacionadas con el personal de salud disponible para atender la emergencia, donde algunos se negaron a la atención de pacientes a causa del alto riesgo e incluso renunciaron a sus puestos de trabajo, a lo que el gobierno respondió mediante la intimidación por medio de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), encargados de buscarlos casa por casa para forzarlos a ejercer el servicio de atención. Una criminalización indiscriminada de migrantes y personal de salud. La situación es aún más preocupante sabiendo que existe un 40% de déficit en personal médico y quienes ejercen remuneran entre cuatro y nueve dólares al mes. Mientras tanto, al 3 de agosto se registraban 23 galenos fallecidos por Covid en el Zulia. Por este motivo, los gremios de la salud en general exigen al gobierno regional que actúe en concordancia con las recomendaciones de quienes ejercen la profesión. Las ineficiencias en la atención hospitalaria han causado que pacientes no hayan completado el tiempo necesario en observación, pues estos se han sido dados de alta de manera precipitada o se han escapado. La atención para pacientes asintomáticos en hoteles no difiere de esta realidad. Los anteriores motivos son la causa de porqué para el último informe del Codhez el Covid en el estado del Zulia se incrementó en un 800%. Toda esta situación ha llevado a una crisis humanitaria sin precedentes en el Zulia y que se puede convertir en un efecto rebote en La Guajira, Colombia, luego de que se disminuyan las restricciones fronterizas, toda vez que la pandemia está terminando de desnudar la compleja situación que aqueja no solo al personal de salud y migrantes, sino a la población en general.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado domingo en Semana Tv, dos periodistas entrevistaron a Álvaro Uribe Vélez, siendo una de las primeras intervenciones mediáticas que el expresidente daría luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia conocida el 04 de agosto, cuando finalmente se determinó que por el caso de falsos testigos a Uribe se le aplicaría detención domiciliaria. No obstante, en esta entrevista lo que se reforzó por parte de Uribe fue la idea de la persecución política contra él, lo que traería como consecuencia la situación jurídica que hoy lo acompaña. Por ejemplo, algunas de sus afirmaciones fueron: “No me dejaron defender en libertad por un sesgo político”. “El sesgo provocó que el resultado de los magistrados cambiara del 3-2 al 5-0. (…) Eso fue un procedimiento mafioso. Estoy condenado por mentiras, por pruebas ilegales. Esos cinco votos solo se consiguieron de manera mafiosa”. “La Corte niega las pruebas de Álvaro Hernán Prada, pero sí le dice al senador Cepeda de las Farc: -cuidado, si usted revela sus chats con Monsalve se auto incrimina- “. “¡Cómo me violan las garantías a mí! Por eso dijo que yo no estoy preso, yo estoy más que preso, estoy secuestrado”. “Me meten a la cárcel sin pruebas directas, cuando para los cargos que me imputan hay testigos y no los oyeron”. “Me hacen 22.000 interceptaciones a mí por mi intensa actividad política”. “Que las instituciones se hagan respetar. Cuando hay unos magistrados al servicio de unos intereses políticos que en Colombia defienden a terroristas y a aliados, son esos magistrados los que están irrespetando la institucionalidad”. “Estoy secuestrado por la complicidad de unos magistrados y el joven senador Cepeda, afín a las Farc. Yo siento que padezco un secuestro”. Las respuestas de Iván Cepeda a Uribe Poco después de las declaraciones del expresidente, el Senador Iván Cepeda anunció que denunciará a Uribe por injuria y calumnia ante las instancias nacionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, adicionó que: “La extensa entrevista del senador Uribe ayer en la Revista Semana es un compendio de mentiras. También es un rabioso ataque en mi contra y una afrenta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”. Adicionalmente, a través de su cuenta de Twitter y de una entrevista que tuvo posteriormente con Gustavo Bolívar, hizo referencia a varias de las afirmaciones de Uribe, donde además de desmentirlo y cuestionarlo, también aportó argumentos para contraponer lo dicho por el expresidente en el medio de comunicación. Así, por ejemplo, y haciendo referencia a su alianza con las Farc, Cepeda retomó que a la fecha nunca ha sido denunciado por esos supuestos vínculos, lo que daría pistas que Uribe no tendría cómo sustentar esa acusación, que llega en un momento en el que parece hacerse peligrosamente y además como un juego mediático en el que por todos los medios posibles se ha intentado hacer ver la decisión judicial como producto de una “propaganda antiuribista”. En ese sentido, otras de las posiciones que han brillado son las directamente relacionadas con el desprestigio y presión a la Corte y sus magistrados, señalamientos que venía desde antes de la entrevista, pero que de nuevo fue uno de los patrones discursivos. Ante esto el senador Cepeda se refirió de varias formas, incluso aseveró que irá a la Comisión Interamericana y a la ONU por la forma en la que Uribe ha tratado a los magistrados. Cepeda advirtió a través de su cuenta de Twitter: “La larga entrevista de anoche en Revista Semana prueba que la decisión de la CSJ de privar de libertad a Uribe para evitar que obstruya la justicia es totalmente apropiada, justa y proporcionada. Él no pretende defenderse (no tiene como hacerlo). Pretende liquidar a la Corte”. Asimismo, agregó: “El senador Uribe ha contado con plenas garantías tanto en su condición de acusador como de acusado. Extrañamente durante 6 años cuando presentó 20 testigos falsos en mi contra nunca se quejó de los magistrados. Solo ahora cuando es llamado a rendir cuentas agrede a la Corte”. Po otra parte, respecto a las acusaciones directas contra hechos puntuales en relación con la Corte se mencionó, en principio, que Cepeda no ha presentado ante la Corte ningún testigo, asegurando el senador que es “falso que yo ‘haya comprado’ 10 testigos. A propósito, la Procuraduría dijo en octubre de 2018: – Los argumentos de los testigos, aunque resulta ser un libreto único, resultan contradictorios-, lo que llevó a concluir que no ofrecí beneficios a cambio de testimonios”. Frente a este tema salieron varias revelaciones. Primero, aclaró Juan Guillermo Monsalve -hijo del mayordomo de Gucharacas-, quien ha afirmado que Uribe está relacionado con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas, ha sostenido siempre sus declaraciones. Esto lo dice valiéndose del Auto Inhibitorio de 2018. Además, el senador del Polo asegura que tiene consigo los chats con Monsalve, los cuales son una de las pruebas contundentes, que en este momento desde la parte del acusado se pide que sean declaradas nulas. Asimismo, a cuenta de los dineros que dice Uribe haber movido Cepeda durante el proceso a través del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, organización que, según Uribe, le dio cerca de 11 millones a la familia de Monsalve, plata que había salido de unas sumas de dinero que Cepeda le daba al CSPP. Ante esta afirmación, Cepeda twitteó: “En realidad son donaciones al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado por más de $350 millones de mi salario. El Comité sólo ha administrado esos recursos que han ido en su totalidad al Movice”. Otra de las conclusiones que hace Cepeda, que además se da en medio de un ambiente en el que el senador ha hecho denuncias sobre amenazas que le han llegado – en aumento desde que se conoció la decisión de la Corte-. a él, su familia y colaboradores, caso por el que acudió durante la semana pasada a la Fiscalía, y que ahora, en el marco de las respuestas que le da a Uribe asegura: “Senador Uribe, no pediré asilo. No lo hice cuando bajo sus gobiernos fui perseguido y víctima de “chuzadas”, no lo haré ahora a pesar de amenazas de muerte que recibo con mi familia desde que a usted le dictaron medida de aseguramiento. Se lo repito: no me dejaré intimidar”.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo y Laura Cano. “Estamos, teóricamente, en una democracia y, por tanto, hay una separación de poderes. No puede haber intromisión, lo que hizo el Presidente Iván Duque fue una grosera intromisión en la rama Judicial. Es un rompimiento de los cimientos del Estado de Derecho. Por otra parte, el expresidente Uribe debe entender que la ley es para todos y que nadie está por fuera, ni por encima de la ley, por poderoso que sea y que si hay inocencia, que sean los estrados judiciales los que lo definan, y si en los estrados judiciales encuentran que hay responsabilidad, que se defina allí.« Pares habló con Reynaldo Villalba Vargas, abogado defensor de Derechos Humanos por más de 25 años y miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Actualmente ejerce en representación del senador Iván Cepeda Castro en el caso de los dos procesos que se adelantan contra el senador Uribe Vélez y que se originan en la compulsa de copias que ordenó la Corte Suprema de Justicia en 2018 por manipulación de testigos contra el senador Iván Cepeda Castro, quien había sido previamente acusado de los mismos cargos por Uribe. El martes 4 de agosto de 2020, en una histórica decisión, la Corte Suprema dictó medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe Vélez. El expresidente es investigado por presunta manipulación de testigos, en un caso que involucra a exparamilitares y al abogado Diego Cadena, y que perjudicó a Iván Cepeda. En los últimos días de nuevo ha vuelto a debate nacional el proceso de Uribe por posible manipulación de testigos. Esta inédita decisión de un tribunal de justicia colombiano ocurrió luego de iniciado el proceso contra Diego Cadena y Juan José Salazar por soborno en actuación penal y fraude procesal en calidad de coautores. «La Corte Suprema no se dejó amedrentar de las presiones hechas por el Presidente, de ministros y de altos funcionarios sobre la decisión de este 4 de agosto.» enfatizó Villalba. Tras esto hubo dos comunicaciones importantes; por un lado, la del partido Centro Democrático blindado al expresidente. Por otra parte, la de la Corte Suprema de Justicia haciendo un llamado a confiar en la acción de los jueces dentro de este proceso, en el que la presión política ha resaltado. «Uribe vélez es una persona que tiene mucho poder y que realiza campañas de desprestigio contra los funcionarios judiciales que intentan investigar hechos en los que él estaría presuntamente involucrado. Digamos que ha habido un comportamiento histórico del senador Uribe de perseguir a las cortes y eso no es nuevo ya que por lo que ocurrió con el DAS quedó absolutamente claro. Las denuncias y persecuciones que se hacen contra los magistrados que toman de decisiones que no le gustan.» señaló el abogado Villalba.

Por. Redacción Pares. La ONU en Colombia expresa su enérgica condena por la masacre de 8 jóvenes en el municipio de Samaniego, Nariño el día 16 de agosto, así como por los demás hechos violentos que han ocurrido en las últimas semanas en diferentes regiones, afectando la seguridad de las comunidades. Asimismo, manifiesta su honda preocupación por la continuidad de homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y de ex combatientes de FARC-EP en 2020. En lo que va del año, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado 33 masacres y viene dando seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, a la fecha ha verificado 45 homicidios. A su vez, la Misión de Verificación de Naciones Unidas ha verificado 41 asesinatos de personas en proceso de reincorporación en el primer semestre de 2020, registrando un aumento del 10% de los asesinatos contra estas personas comparado con el primer semestre de 2019. Un total de 215 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016. Estos hechos violentos, con serios impactos humanitarios, están ocurriendo en territorios con presencia de grupos armados ilegales y otras organizaciones generadoras de violencia, de economías ilegales, pobreza y caracterizado por una limitada presencia del Estado. Por lo tanto, es crucial avanzar y profundizar la implementación integral del Acuerdo de Paz especialmente su capítulo 3.4 sobre garantías de seguridad que ofrece mecanismos e instrumentos de prevención, protección y seguridad. A su vez es importante y urgente que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad avance en el diseño e implementación de la política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, como parte de los esfuerzos por consolidar el despliegue y la acción integral del Estado, especialmente en las zonas más vulnerables y afectadas por el conflicto. Debido a estos hechos preocupantes, la ONU hace un llamado a las autoridades competentes a fortalecer las medidas adoptadas y realizar todas las acciones necesarias para eliminar esta violencia y a no escatimar esfuerzos en investigaciones y judicializaciones de quienes atentan contra las garantías de seguridad de las comunidades.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. Actuando como vicepresidente de Colombia, el segundo al mando de los EEUU se pronunció esta semana sobre el caso Uribe. Expresó Pence que: «Respetamos las instituciones colombianas y su independencia, pero estando el ex presidente Álvaro Uribe bajo arresto domiciliario, nos unimos a todas las voces amantes de la libertad en todo el mundo para pedir a los funcionarios colombianos que permitan que este héroe, que ha recibido la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, se defienda como un hombre libre». De esta forma, el gobierno del norte irrespeta la soberanía y la autonomía de nuestro Estado Social de Derecho. Y es que la polarización es mundial, Jair Bolsonaro de Brasil y la golpista Boliviana Jeanine Áñez y Donald Trump presidente numero cuarenta y cinco de américa del norte, tienen en común ser conservadores (de pensamiento, palabra, obra y omisión). Con la mezcla de religión y política han llegado vía elecciones caso Colombia y Brasil, o golpe de estado como lo fue a Evo Morales; el común denominador ha sido la mentira, haciendo aplicado uso de aquello de “calumniad con audacia; siempre quedará algo”, máxima del escritor y filósofo Inglés Francis Bacon y práctica replicada a través de los grandes medios de comunicación, al fin y al cabo de su propiedad. Por ello el calificativo de “héroe” a Uribe por parte del gobierno de Trump, pues le adjudican la tarea de ser policía para Latinoamérica, porque según ellos un fantasma recorre el continente. Tan acostumbrados a que se metan en los asuntos de América Latina que algunos creen que lo dicho por el sr Mike Pence, es una opinión sobre el arresto o libertad del senador y no una intromisión en la autonomía y soberanía Colombiana. Y es que a lo que ellos se han dado en llamar el “comunismo internacional”, el “Castro Chavismo”, la “ideología de género”, es lo que la alternatividad ha calificado como ciudadanías libres, construcción de pensamiento crítico, es ni más ni menos ejercer el derecho a construir en democracia.

Por: Ximena Sierra y Francisco Daza. Investigadores Pares. El pasado 15 de julio se dio el desplazamiento de 68 firmantes de paz y sus familias desde el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Román Ruíz en la vereda Santa Lucía del municipio de Ituango hacia el municipio de Mutatá en el Urabá antioqueño. Entre las causas de dicho desplazamiento se encuentra la falta de garantías en materia de seguridad para los excombatientes y sus familias, quienes desde el momento en que decidieron dejar las armas y firmar el acuerdo de paz, fueron objeto de amenazas por grupos armados ilegales. Panorama desde la salida A la fecha, en el municipio de Ituango se han registrado 12 asesinatos a excombatientes, cifra que hace parte de los 26 homicidios que se han presentado en el departamento de Antioquia hacia firmantes del acuerdo de paz. Este desplazamiento es una evidencia del incumplimiento y la falta de compromiso por parte del gobierno nacional a la implementación de los acuerdos. A pesar, de que el desplazamiento se da en medio del Acuerdo de Voluntariedad y Compromiso de Salida del ETCR Santa Lucía entre el gobierno nacional y el partido político FARC, la sensación que tienen los firmantes de paz que pertenecen a dicho espacio, es que han sido desplazados del lugar que por años fue su hogar. Cabe resaltar, que la mayoría de los excombatientes del ETCR Román Ruíz son ituanguinos. No solo los excombatientes de esta zona del país han sido víctimas de asesinatos, también sus familiares se han convertido en objeto de violencia por parte de actores armados ilegales. El pasado 6 de junio el Clan del Golfo asesinó a Camilo Sucerquia Durango de 15 años y a Carlos Barrera de 17 años en la vereda Quebrada del Medio del municipio de Ituango, estos dos menores de edad eran familiares de dos excombatientes. Estos asesinatos ocurrieron cerca del ETCR Román Ruíz y se suman a lista de antecedentes de violencia contra esta población expuestos por la Fiscalía General de la Nación durante el periodo 2017-2019 en el que se registran 41 homicidios a familiares de excombatientes de las extintas FARC-EP. Un nuevo día a día en Mutatá Un mes después de la salida del ETCR Román Ruíz de Santa Lucía en el municipio de Ituango hacia el municipio de Mutatá, se encuentra que el panorama actual de los firmantes de paz y sus núcleos familiares está en una fase adaptativa. El cambió en el contexto social y territorial ha representado para los integrantes del mencionado ETCR tener que encontrar estrategias que en primera instancia se centren en el establecimiento de asentamientos adecuados y seguros para sus familias para así poder dar paso al proceso de planeación y ejecución de actividades productivas. No solo los excombatientes de esta zona del país han sido víctimas de asesinatos, también sus familiares se han convertido en objeto de violencia por parte de actores armados ilegales. Foto: Cortesía ETCR. En este último caso, a través de una cooperativa se busca articular los proyectos productivos que estaban operando en Ituango, sin embargo, algunos de ellos como el de la ganadería se han visto estancados ya que aún no cuentan con los predios para el desarrollo de los mismos; otros proyectos como el de internet comunitario con fibra óptica siguen funcionando de manera remota bajo el seguimiento de algunos miembros que se movilizan de manera permanente entre Ituango y Mutatá. En diálogo con PARES, Pedro, firmante de paz que pertenece a dicho al ETCR Santa Lucía expone los contrastes entre la situación de quienes decidieron permanecer en Ituango y quienes están ahora en Mutatá. Sobre los primeros señala que “ante la imposición de llevar a cabo la reincorporación de manera focalizada en otro lugar muchos muchachos manifestaron que sus familias se encontraban en Ituango, por lo que para ellos es muy difícil, ellos dijeron `vamos a esperar´ como hacer resistencia a pesar de que la situación de conflicto es intensa”. Por otro lado, quienes se encuentran en Ituango sienten que cuentan con mayores garantías de seguridad, “hay más Estado, no se ha presentado ninguna dificultad compleja, hay un trabajo con la mano de la alcaldía, en cierta medida hay esa tranquilidad”. Asimismo, señala que, la obtención de un terreno propio para la comunidad podría incidir en que el proceso de arraigo en el territorio se dé de forma más rápida. Los retos y expectativas de reiniciar la vida Las expectativas que expresa Pedro y que tienen los firmantes de la paz frente a este nuevo escenario en el proceso de reincorporación en el municipio de Mutatá, son principalmente lograr tener un terreno propio para la construcción de sus hogares y en el que puedan desarrollar los proyectos productivos que tienen en marcha. Un sueño que no pudieron cumplir en Ituango y que se vieron obligados a poner en marcha de nuevo en Mutatá. A pesar, de que el desplazamiento se da en medio del Acuerdo de Voluntariedad y Compromiso de Salida del ETCR Santa Lucía entre el gobierno nacional y el partido político FARC, la sensación que tienen los firmantes de paz que pertenecen a dicho espacio, es que han sido desplazados del lugar que por años fue su hogar. Foto Cortesía ETCR. Aunque empezar de nuevo, lejos de Ituango se puede tornar difícil, por los diferentes retos sociales, económicos, institucionales y de seguridad. Los excombatientes le siguen apostando a la paz y una muestra de ello es que hayan decidido abandonar su territorio con la esperanza de. PARES le preguntó a Pedro sobre la posibilidad de que regresen a Ituango a lo que respondió que “el proyecto de vida por ahora está en Mutatá”. En los años que permanecieron en el ETCR en Santa Lucía, los excombatientes lograron construir relaciones sociales y de amistad con los habitantes de Santa Lucía, aspecto importante en su proceso de reincorporación; en el tema económico, como se mencionó anteriormente, deberán continuar con los diferentes proyectos productivos que venían desarrollando y que están sujetos al cumplimiento por parte del gobierno de Iván Duque con la entrega de terrenos. Otro aspecto fundamental que se puso en juego con este desplazamiento, es la confianza depositada por los firmantes de paz en las instituciones del Estado, debiendo estas últimas ser garantes del acuerdo de paz y en este sentido debiendo ahora proteger la vida de los excombatientes y sus familias en el municipio de Mutatá. Múltiples intereses y actores en el territorio El panorama social, económico y de seguridad de Ituango y Mutatá está supeditado a las dinámicas de conflicto prexistentes en esa subregión. La presencia de múltiples actores legales e ilegales representa para la población civil tanto de cabeceras municipales como zonas rurales diferentes vulnerabilidades para su vida cotidiana. El desplazamiento de los firmantes de paz que estaban en el ETCR de Santa Lucía en el municipio de Ituango hacia el municipio de Mutatá, es una demostración del incumplimiento del gobierno actual con los acuerdos de paz y la falta de garantías en materia de seguridad para los y las excombatientes y sus familias en este y otros espacios de territorio nacional. Foto: Cortesía ETCR. El contexto de seguridad está mediado por la presencia de la séptima brigada del ejército nacional, así como de grupos armados posfarc (GAPF) con los frentes 18 y 36 así como del Clan del Golfo. De hecho, este último grupo tuvo un enfrentamiento con el ejército en la madrugada del 14 de agosto en la vereda Las Pavas del municipio de Mutatá en dónde se dio de baja a alias ‘Pueblo’, cuarto hombre al mando de dicha organización criminal. Sobre la presencia en el territorio de los distintos actores armados mencionados, alias ‘Ramiro’, comandante del Frente 18 expuso en días recientes, “que la salida de los ex guerrilleros del espacio de Santa Lucía, es y seguirá siendo una jugada política del gobierno para enclavar en esos territorios los proyectos de gran envergadura por parte de las multinacionales”. Esta opinión es compartida por Pedro al afirmar que: «Ituango está en una ubicación estratégica, y cuando estábamos en armas hubo grandes represiones contra el campesinado de esta zona, grandes operaciones paramilitares, grandes operaciones del ejército, vemos que desde años atrás esto parte del deseo de apoderarse que tienen grandes empresarios. Tenemos históricamente lo del Aro, como decimos nosotros, en armas siempre estorbamos y ahora ya después que firmamos el acuerdo seguimos estorbando porque igual nosotros tenemos conocimiento de todo lo que ha sucedido en zonas donde se intensifica el conflicto y después vienen las inversiones de grandes capitales, eso sí lo ve uno como una estrategia. Hay líderes y organizaciones que estorban entonces buscan la manera de sacarlos o hacerlos a un lado, eso es algo que hemos visto desde muchos años atrás. Estas son zonas estratégicas donde quiere posicionarse poderosos.« A esto añade que son conocidas las concesiones como la de Cerro Matoso que viene desde Montelíbano, en el departamento de Córdoba, por el tema minero. Al ser una región con tanta biodiversidad e Ituango ser un municipio PDET hay capitales de por medio y muchas inversiones, por lo cual hay múltiples intereses en el territorio. Un llamado de atención al Gobierno Nacional El desplazamiento de los firmantes de paz que estaban en el ETCR de Santa Lucía en el municipio de Ituango hacia el municipio de Mutatá, es una demostración del incumplimiento del gobierno actual con los acuerdos de paz y la falta de garantías en materia de seguridad para los y las excombatientes y sus familias en este y otros espacios de territorio nacional. Es necesario y urgente que el gobierno investigue hechos de violencia contra dicha población que le apostó a la paz y proteja y garantice su derecho a la vida. Es insólito que a la fecha se registren 224 asesinatos a excombatientes de las extintas FARC- EP en Colombia y que no se presenten avances o capturas a los responsables de estos hechos. Después de casi cuatro años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las extintas FARC-EP, la esperanza de quienes decidieron dejar las armas y reincorporarse a la sociedad permanece. Es necesario que, en los dos próximos años del gobierno de Iván Duque se tomen medidas eficaces para frenar el exterminio del cual están siendo víctimas los excombatientes y se evite a toda costa más casos como el del ETCR Román Ruiz.