Por: Laura Cano. Periodista Pares. Ya está lista la terna para elegir en las próximas semanas a la nueva o nuevo procurador general. Esto luego de una convocatoria presentada a mediados de junio por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, donde se eligió a Juan Carlos Cortés y Wilson Ruíz, respectivamente. Con esto decidido faltaba conocer quién sería el o la seleccionada de Iván Duque, donde todo apuntaba que sería la ahora ministra de Justicia, Margarita Cabello, presentimiento que en la mañana de este viernes fue confirmado. “He decidido presentar para esta terna a Margarita Cabello Blanco. Colombia merece tener por primera vez una mujer procuradora, quien ha trabajado a lo largo de toda una vida en el sistema judicial. Ella ha sido jueza, magistrada y presidenta de la Corte Suprema de Justicia. En el último año ha avanzado en temas tan importantes como la infraestructura y política carcelaria, e impulsó la cadena perpetúa para violadores de menores”, aseveró Iván Duque a través de su cuenta de Twitter. Ante esta afirmación hay varios cuestionamientos que hacer. Sin dejar de lado que en este panorama político también se jugó la suerte de la Defensoría del Pueblo, proceso que ha estado marcado por lo intereses del Ejecutivo, los que dieron frutos con la elección de Carlos Camargo, director hasta el momento de la Federación Nacional de Departamentos, quien ha brillado mediáticamente por hechos como la engavetada en el CNE de la investigación en contra de Óscar Iván Zuluaga por la presunta entrada de dineros de Odebrecht a su campaña, también por su entrega irregular de contratos en el FND, y además, por gastos excesivos con tarjetas de crédito de esta misma entidad. Hoy fue elegido por la Cámara de Representantes con una contundente votación a favor (140 votos), poniendo, como desde Pares se advirtió hace unos días, el trabajo de la Defensoría en un riesgo inminente. A esto se suma el nuevo espaldarazo de Duque para que otra de las instituciones con más relevancia de control y veeduría tenga el sello del ahora presidente, lo que además de ser grave por esto, también lo es por una serie de hechos que deberían ser tenidos en cuenta de forma similar públicamente, pues hasta el momento con relación a la candidata lo que ha resaltado Duque son las medallas y reconocimientos por su gestión judicial. Masacre carcelaria, la sombra que acompaña a Cabello Poco se ha dicho de su responsabilidad y falta de respuestas ante la masacre ocurrida el 21 de marzo, fecha en la que en 15 centros de reclusión se desató una tragedia humanitaria, tras enfrentamientos que se dieron en 13 de las 15 cárceles, los cuales causaron, por lo menos, 26 muertos (24 en Bogotá, 2 en Cómbita) y 120 heridos, distribuidos entre la cárcel Modelo de Bogotá (83), Modelo de Cúcuta (36) y Bellavista de Medellín (1). Ante esto la ahora Ministra salió a decir que el hecho se trató de “un plan criminal de fugas, que fue exitosamente frustrado”. Bajo esto la acción además de ser prácticamente legitimada institucionalmente, también dio paso a que las investigaciones quedaran estancadas, incluso habiendo a mayo, casi dos meses después de los hechos, cuatro personas de las que no se tenía ningún dato, y dos de las que las y los familiares solo sabían que estaban vivos, pero sin información de su paradero y estado de salud. La prensa y las instituciones pasaron la página mientras la crisis se acentuaba. Como lo mencionaba Giorgio Londoño, investigador de Pares, un hecho también rodeado de impunidad y expuesto como un “éxito” habiendo atrás una masacre y grave violación de Derechos Humanos, ocurrió en 2006 en la Granja Penal de Pavón de Guatemala. Hecho en el que Alejandro Giammattei – ahora presidente del nombrado país-, puso en marcha un operativo policial dentro del establecimiento en el que fueron asesinadas siete personas privadas de la libertad. Plan que luego sería presentado como “un duro golpe al crimen organizado”. Este hecho sería una catapulta para el puesto que hoy ocupa Giammattei. Poco se ha hablado de la responsabilidad de Margarita Cabello ante la masacre ocurrida el 21 de marzo, fecha en la que en 15 centros de reclusión se desató una tragedia humanitaria, tras enfrentamientos que se dieron en 13 de las 15 cárceles, los cuales causaron, por lo menos, 26 muertos (24 en Bogotá, 2 en Cómbita) y 120 heridos, distribuidos entre la cárcel Modelo de Bogotá (83), Modelo de Cúcuta (36) y Bellavista de Medellín (1). Imagen: Pares. Panorama con algunas similitudes se ve ahora en Colombia, donde quien está en uno de los cargos más importantes para la protección de la población reclusa, hoy se disputa un cargo con significativa injerencia en el control político, pero con la sombra encima de lo ocurrido el pasado 21 de marzo y de las pocas respuestas que ha habido para este hecho, donde además se le aplaude por su gestión en la política penitenciaria, resaltando, por otra parte, su promoción a la infraestructura carcelaria. “Ahí no está el problema del sistema penitenciario. Está en que se manda mucha gente a la cárcel innecesariamente. Sobre eso salen otros frentes en los que se debería estar trabajando y que la pandemia mostró que no se están atendiendo. Por ejemplo, la garantía al derecho de la salud, la búsqueda de penas alternativas y lo que se ha estado advirtiendo en la declaratoria del Estado de cosas Inconstitucional y las tres emergencias carcelarias que se han declarado en la última década. Esa mentalidad carcelera que están motivando es lo que hace ese tipo de masacres se legitimen. Lo que ha hecho que se banalice la gente que se está contagiando y muriendo a causa del Covid-19 en las cárceles”. Frente esto último, vale la pena mencionar que, al 14 de agosto, según cifras del INPEC, hay 3.061 casos positivos en 41 de las 132 cárceles que hay en el país. De este total 2.845 son personas privadas de la libertad. Cifras en las que se omite cuántas personas han fallecido, pero en las que el pasado 05 de agosto se comunicó que iban 24 personas, agregándose que este miércoles se informó a través de medios de comunicación sobre la muerte de una persona privada de la libertad de la Penitenciaria de Palmira, quien estaba hospitalizada a causa del virus desde el 29 de julio. Esta situación sanitaria ha provocado cerca de 80 protestas en los distintos centros penitenciarios, manifestaciones en las que se exige que se garantice el derecho a la vida. No obstante, y como lo explicaba hace uso días a Pares Gloria Silva, integrante del Equipo Jurídico Pueblos, “tristemente las respuestas a las protestas por parte del Estado y de las instituciones encargadas, se podría decir, han sido nulas”. ¿Qué panorama político acompaña a Margarita Cabello? Antes de ser confirmada la terna con la ahora Ministra de Justicia, desde muchos sectores se advertía que prácticamente la elección de Cabello era un hecho. Lo que ha marcado por dónde van las intenciones presidenciales, pues hay que mencionar lo cercana que ha sido Cabello al uribismo, nombrándose que ejerció durante tres años (2009-2012) como Procuradora Delegada de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, nombrada por Alejandro Ordoñez. Además, habría sido por medio del exprocurador que Álvaro Uribe, en el 2009, la incluyó en la segunda terna que presentó a la Corte Suprema para elegir Fiscal General de la Nación. Incluso durante el periodo de Duque, además de su puesto en el Ministerio, también fue ternada para que la Corte Suprema eligiera un fiscal general ad hoc para investigar tres casos del escándalo de Odebrecht, pues el entonces fiscal, Néstor Humberto Martínez, se había declarado impedido. Cabello renunció a la terna porque existían dudas sobre si estaba habilitada. Asimismo, Cabello es cercana a David Name, el hermano de José Name Terán. Este último le habría dado apoyo para su candidatura a la Gobernación del Atlántico (2011), en donde también contó con Fuad Char Abdala y Roberto Gerlein. En ese momento al cargo fue elegido José Antonio Segebre. Cabello es hermana de María Elvira Cabello, compañera de lista de Mauricio Pimiento, exgobernador del Cesar y exsenador, condenado en 2013 por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con paramilitares de la Costa Caribe. Vale la pena traer a colación dos panoramas; por un lado, que uno de los discursos de los que hace uso Duque para postular a Cabello es el de “la primera mujer procuradora”, el mismo que utilizó con Marta Lucía Ramírez como “primera mujer vicepresidenta”. No obstante, más allá de la paridad como estrategia política habría que analizar qué más allá del género acompaña una candidatura como esta. Pues, por ejemplo, en el caso de la vicepresidenta no justamente ha brillado por su protección a las mujeres, sino por el contrario, por cargas y responsabilidades políticas con las que venía antes de asumir el cargo. Tal es el caso de su presunta sociedad con el narcotraficante Memo Fantasma; la fianza que pagó por su hermano, también relacionado con actividades de narcotráfico; e incluso, la sombra que la sigue con hechos como la Operación Orión, cometida mientras era Ministra de Defensa. Por otra parte, hay que mencionar que en la pugna que se concluirá en las próximas semanas en el Senado, Cabello cuenta con el apoyo del Centro Democrático, el Partido Conservador, los seis senadores de los partidos cristianos Mira y Colombia Justa Libres y algunos congresistas de Cambio Radical. Por su parte, Wilson Ruíz, también con una importante cercanía a Álvaro Uribe, tendría a su favor parte de los conservadores, parte de los congresistas de Cambio Radical, y parte de los partidos Liberal y de la U. Adicionalmente, este panorama podría inclinar la balanza de los partidos de oposición hacia Juan Carlos Cortés, que, además, estaría respaldado por la casa Gaviria, lo que le pondría a favor parte del Partido Liberal. Con esto, vale la pena preguntarse si los favores políticos y la falta de interés por la protección de los Derechos Humanos por parte de la clase dirigente, podrán a correr la misma suerte de la Defensoría del Pueblo a la Procuraduría General de la Nación.

Por: Oficina Pares-Pacífico. En la noche del 11 de agosto cinco adolescentes negros del barrio Llano Verde en Cali fueron torturados y masacrados en un cañaduzal de la vía que conduce al antiguo basurero de Navarro. Después de una búsqueda desesperada en la oscuridad de la noche, sus familiares encontraron una horripilante escena de muerte que ni el más surrealista de los cineastas del “Caliwood” de los 70 hubiera podido imaginar. Hasta el momento no se conocen los autores materiales de este atroz crimen, el o los monstruos de los cañales continúan sueltos. Esta nueva masacre es una muestra brutal de la violencia racista que se ensaña contra los jóvenes negros y sus familias en el oriente de la ciudad, una zona de mayoría de población afrodescendiente y con una larga historia de poblamiento a partir del desplazamiento forzado de familias provenientes de toda la región Pacífica. Este es el caso del barrio Llano Verde, un barrio conformado en su totalidad por familias de desplazados por la violencia del conflicto armado y que sufren procesos de re-victimización en los contextos urbanos en los que logran establecerse. El dolor, la rabia y la indignación generaron una movilización espontánea por parte de las personas de la comunidad pidiendo justicia por este crimen, no es la primera vez que los barrios del oriente se ven manchados de sangre de los jóvenes negros, así manifiesta la asociación AFRODÉS este drama: “asesinar nuestros niños y jóvenes implica destruir la posibilidad de continuar nuestra existencia cultural: ni siquiera tenemos el derecho a la vida”. Cali: una ciudad segregada racialmente Como señala la urbanista Ángela Franco, el modelo de ciudad y planificación urbana que impera en Colombia y en Cali es de tipo neoliberal autoritario, en ese sentido, su propósito principal es reducir el “déficit cuantitativo de vivienda” promoviendo los proyectos de construcción masiva en áreas periféricas de las ciudades. Ese modelo favorece los intereses de las grandes constructoras y los bancos, y de paso genera mayores niveles de segregación socio-residencial, informalidad, detrimento de la calidad de vida, imposibilidad de participación comunitaria activa en la construcción de soluciones habitacionales, clientelismo político, además de importantes afectaciones al medio ambiente. El barrio Llano Verde, un barrio conformado en su totalidad por familias de desplazados por la violencia del conflicto armado y que sufren procesos de revictimización en los contextos urbanos en los que logran establecerse. Imágen: Pares Pacífico. En la ciudad de Cali, el modelo de ciudad neoliberal se articula con el racismo estructural como un factor clave en la producción de desigualdades sociales que precarizan y descartan las vidas de la población negra, este racismo estructural se expresa de múltiples formas en el barrio Llano Verde, un proyecto de urbanización del gobierno Santos que al igual que el proyecto previo de viviendas en el barrio “Llano Grande”, reforzó la clásica segregación socio-residencial de la población negra y pobre en el oriente de la ciudad: -La mayoría de sus habitantes son desplazados por el conflicto armado de varias regiones del pacífico colombiano, igualmente se encuentran familias de reinsertados tanto de la guerrilla como de los paramilitares. -Se presenta un alto porcentaje de mujeres negras madres cabeza de hogar con bajos ingresos, se trata de hogares con alta dependencia juvenil y por lo mismo mayor vulnerabilidad socio-demográfica. -Existe un alto porcentaje de trabajadores informales de bajos ingresos y población desempleada, es decir segregación socio-ocupacional principalmente de los jóvenes, esto se ha visto agravado por la pandemia. -Por estar ubicados espacialmente en la periferia, la población tiene dificultades de movilidad para acceder al centro de la ciudad, a los nodos económicos (otras centralidades) y a las zonas de servicios (salud, educación, recreación, trámites administrativos, etc.). -Existe una alta densidad en las construcciones y las viviendas tienen un tamaño muy reducido. Por el tipo de diseño impuesto por las inmobiliarias (maximizando sus ganancias), la población tiene que realizar adecuaciones a las viviendas generando procesos de construcción informal para una mejor utilización del espacio, principalmente porque se trata de familias numerosas de origen rural. -En términos de planificación urbana, Llano verde presenta un déficit de mobiliario urbano, parques, vegetación y arborización en un clima como el de Cali, que es extremadamente caluroso. Al respecto, se destaca que los jóvenes masacrados se encontraban calmando el calor en un lago de propiedad privada dentro de un cañaduzal. -La alta precariedad en el acceso a los servicios públicos, muchas familias tienen que pre-pagar la energía y muchas veces prefieren dejar de comer para poder tener acceso continuo a estos servicios. -La presencia de múltiples pandillas, oficinas de cobro y redes de micro-tráfico. “El racismo subjetivo también mata” El caso de la masacre de los jóvenes de Llano Verde en un contexto de racismo estructural previamente descrito, también nos lleva a reflexionar en las manifestaciones subjetivas del racismo expresadas en la indolencia, el desprecio y la desvalorización de las vidas de los/as niños/as y jóvenes negros/as del oriente por parte de la policía (principales sospechosos hasta ahora) y las instituciones del Estado en todos sus niveles, las cuales históricamente no han logrado garantizar el goce efectivo de derechos de la población negra, empezando por el derecho fundamental a la vida. El racismo estructural subjetivo también se expresa como una actitud indolente, agresiva/violenta y cómplice por parte de otras familias blancas-mestizas y algunos comerciantes y vecinos de los barrios circundantes, quienes desde un inicio se opusieron a la creación de Llano Verde, realizando actos de rechazo e incluso fomentando la idea de realizar una ‘limpieza social’ como estrategia de seguridad. Sin embargo, también es importante hacer explícito el racismo y la indolencia de la ciudad blanca-mestiza ubicada “de la Simón bolívar para acá”, la cual naturaliza la violencia cotidiana y la miseria material de los condenados de la tierra -parafraseando a Fanón-, conviviendo y beneficiándose de este oprobio. En el contexto de la pandemia por Covid 19, el discurso moralista/racialista de la indisciplina social por parte de la administración municipal ha alimentado los estigmas racistas de la población blanca-mestiza sobre la gente negra, principalmente la de estratos más bajos. Recientemente, ha tomado fuerza el histórico imaginario de la blanquitud de responsabilizar a la población racializada de sus problemas sociales: violencia, desigualdad, desempleo y hoy, culpables de la elevada cifra de contagios que registra la capital vallecaucana hasta la fecha. Estos estereotipos hacen que la masacre sea vista como una tragedia para Llano Verde y para el Oriente, porque el racismo estructural/subjetivo de la elite y la sociedad caleña impide que el asesinato de cinco (5) menores de edad sea vista como una tragedia de ciudad y nacional.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Recientemente se publicó la encuesta de Pulso País en la que se midieron varios aspectos de la coyuntura nacional, la mayoría se fueron en picada. Por un lado, hay que mencionar que en este momento según el estudio Duque pasó del 36% de favorabilidad al 32%, mientras que la de Uribe disminuyó de 32% a 29% y solo el 47% dice apoyar el proyecto del Centro Democrático. Esto, mientras el 64% de los encuestados dijeron estar de acuerdo con la detención domiciliaria que le fue impuesta por la Corte Suprema de Justicia a Uribe. Ante este panorama, al que se suma que solo el 26% considera que el país va por buen camino, desde el programa El Poder de Semana Tv dirigido por Ariel Ávila se analizó cuáles podrían ser los rumbos de la derecha en Colombia, partiendo que ahora con la situación jurídica del expresidente se pierde una de las figuras y lideres más visibles. Allí estuvo León Valencia, director de Pares, quien dio sus visiones sobre lo que se podría venir a nivel político y las predicciones que esta coyuntura, además atravesada por una crisis social acentuada por el Covid-19, trae para lo que serían las elecciones presidenciales del 2022, en las que se decidirá si la derecha de la mano del uribismo sigue en el poder, o si se dará un vuelco a otras corrientes políticas. Esto, pues la decisión que tomó la Corte da nuevas aristas para ver lo que podría suceder, especialmente con el proyecto político del Centro Democrático que se ha fortalecido a través de discursos de seguridad, principalmente, que como lo afirma Valencia es necesario cambiarlo pues por un lado, “están peleando con fantasmas”, pero además, “lo que está vigente es el gran problema social que se viene, incluso, el gran problema de corrupción, que si va a tratar teniendo como una cara visible a alguien con problemas judiciales, no hay forma que el discurso cale”. Lo anterior, no solo reseña lo urgente de un cambio de discursos, sino a su vez, como lo explica León, en la posibilidad de que quienes lleguen a dirigir el país desde la presidencia sean de partidos alternativos a los que han estado en estos cargos mayoritariamente, pues, en un primer lugar, “Duque va a llegar en una condición muy maltrecha en el 2022”, y adicionalmente, “para el 2022 tiene que cometer muchos errores la centro izquierda y la izquierda para no quedarse con la presidencia”, sumándosele, que para el analista, seguramente de la derecha, para esa pugna por en las elecciones , “deben salir nuevos liderazgos, los cuales, es probable, que salgan del Partido Conservador”. ¿Cómo queda parado Uribe en la opinión pública? Este es uno de los temas que más ha generado posiciones, por lo menos desde el pasado 04 de agosto, pues como se esperaba, mediáticamente ha salido una defensa notable por el expresidente Álvaro Uribe, que incluso llegó por parte del Centro Democrático poco antes de conocerse la decisión de la Corte Suprema, en la que el Partido asume la situación judicial como la consecuencia de una “propaganda antiuribista” que pretendía “tejer un imaginario criminal desde el cual fueron preconstituyendo la apariencia de una verdad, ficticiamente incriminante, para deformar -en la percepción pública- la conducta institucional y privada de quien ha observado una vida intachable”. Esta, que como lo indicaba el comunicado sería previa a la detención domiciliaría de Uribe, se convirtió en una de las primeras posiciones que iría por la vía de las justificaciones y la discusión política, motivando pasar de lado que esta determinación más allá de este ámbito, es el resultado de un actuar con efectos jurídicos, por uno de los tantos hechos con los que se relaciona al expresidente. En este sentido no hay que dejar de nombrar que, desde Lina Moreno, pasando por algunos/as periodistas, hasta el mismo presidente, además del partido de Gobierno y el expresidente, han salido públicamente apelando a un ambiente de odio promovido por la izquierda como lo que promovió la decisión de la Corte. Ante esto León Valencia afirma que “Es muy difícil ya de devolver esa narrativa que se ha creado por la situación contra Uribe. Es una bola de nieve que lo va a cubrir. Le irá peor si no toman consciencia de eso él, su familia y su entorno político, si siguen creyendo que es una invención de la guerrilla, que es un complot para hacer daño, etc. La autoconciencia de una persona es muy importante para salir de esos escenarios. Él ha hecho mucho daño y si quiere cambiar esa narrativa debe asumir una actitud distinta. Si alguien como Uribe pide perdón eso puede, va a la JEP o a la Comisión de la Verdad eso puede cambiar su situación”. ¿Y Duque? La situación tampoco ha dejado bien parado al ahora presidente, que incluso recibió un regaño de la Procuraduría por la posición pública que ha tomado frente a la decisión de la Corte, a esto se suma que según la encuesta de Pulso País su aprobación sigue cayendo, incluso no solo la de él, sino también la de su gabinete de ministros que, como lo contó Cesar Caballero de Cifras y Conceptos en El Poder, ninguno/a pasa de un calificación de 2.7 en una escala de 1 a 5. Esto, como lo señalaron, obedece a varias causas. Por una parte, que justo Duque llega a la presidencia valiéndose de los mismos discursos que hoy la opinión nacional pide que sean cambiados. Además, el uribismo ha sido su catapulta, y esa vía se ha convertido también en lo que hoy lo pone como uno de los presidentes con peor gestión, donde los niveles de reprobación cada vez son más altos, y los que seguramente tendrán sus efectos, de nuevo negativos, una vez la pandemia termine de desatar la crisis social y económica que se ha estado alertando. “El destino de Duque y Uribe están unidos, y con panorama que no se ve enderezarse porque no se sabe cómo. Duque está en el peor de los escenarios porque no tiene el carácter de Uribe, pero se compró todos los problemas del expresidente y se metió en su proyecto político sin movilidad a otro. No puede inventarse, ni tener una fuga hacia adelante, que es lo que haría una persona con carisma y habilidad”, concluyó León Valencia.

Por: Jaime Palma. Investigador Pares. A propósito de la expedición del acto legislativo que decreta la creación de la Región Metropolitana de Bogotá y Cundinamarca, es preciso hacer énfasis en una de las incertidumbres que trae consigo la conformación de la Región Metropolitana de Bogotá y Cundinamarca, la cual corresponde a las características y alcance que asumirá la gestión, en el marco del particular esquema asociativo, de la seguridad y convivencia ciudadana. El propósito de los comentarios que se presentan a continuación es lograr un acercamiento a elementos que deberían observarse en la construcción de un referencial conjunto de seguridad, a lo que se dedica la última sección. Para ello, se observan cinco puntos que continuarán marcando el debate público y que terminarán impactando la recodificación de futuras ideas de seguridad en la Región, siempre y cuando el proyecto logre sortear la reticencia de sus opositores. En el proceso de gestación del particular arreglo metropolitano, la relación cercana entre la alcaldesa y el gobernador ha sido su principal motor. Sin embargo, no ha sido suficiente para determinar los municipios que harían parte de este. Imagen:Pares. Oposición a la Región Metropolitana La oposición de la que ha sido objeto el proyecto, puede sintetizarse en dos conjuntos de razones que incluyen, en primer lugar, el hecho de que la reforma constitucional dio al traste con la expresión de la voluntad popular que exigía la ley de áreas metropolitanas, según la cual se requiere realizar una consulta popular en la que la ciudadanía demuestra el interés de que su entidad territorial haga parte de este tipo de asociaciones. La preocupación no es infundada pues bajo tal argumento, se soporta una demanda de inconstitucionalidad anunciada por el Senador Gustavo Petro. En segundo lugar, se han criticado los múltiples pendientes que se trasladaron para el proceso de formulación de la ley orgánica entre los cuales se encontrarían, como se observa en el acto legislativo 02 de 2020 y en la página de construcción de la ley orgánica: la definición del proceso de participación ciudadana para elaborar la ley; su estructura temática; el procedimiento y las condiciones para la asociación de los municipios; mecanismos de participación ciudadana en el marco de la región-metropolitana; la estructura, funciones y sistemas de toma de decisiones del consejo regional; los parámetros de identificación de hechos metropolitanos; los mecanismos de financiación; y los de control político. De cualquier manera, la preocupación central es que, en detrimento de la autonomía territorial, la región metropolitana termine cediendo mayor poder a intereses políticos y económicos particulares, que terminen dando continuidad a la urbanización desorganizada, que solo beneficia a algunos conglomerados de la construcción y a los involucrados en la práctica de volteo de tierras; patrón que se ha venido presentando en la sabana de Bogotá, precisamente, tras la ausencia de gestión metropolitana. Por tanto, el temor al proyecto es que la figura termine instrumentalizándose en contra de todo aquello para lo cual pretende construirse. Por su parte, la posibilidad de que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del acto legislativo continúa siendo un riesgo. En consecuencia, los magistrados deberán ponderar entre proteger el derecho a la decisión ciudadana consagrado en el mecanismo de consulta popular y las múltiples afectaciones de derechos que de por sí produce dejar que la conurbación se siga gestionando a partir de la negociación directa entre el distrito y los municipios, con escasa capacidad de coordinación del departamento. La segunda opción sería volver al punto de partida y se sumaría a los múltiples intentos fallidos que han buscado lograr la gestión de los asuntos metropolitanos de la sabana. Lo anterior, a pesar de que las diferentes vertientes políticas parecen coincidir en la necesidad de lograr un arreglo institucional que permita ponerle freno al uso irracional del suelo y a la sobrecarga ambiental que representa la aglomeración urbana del corazón del país. La preocupación central es que, en detrimento de la autonomía territorial, la región metropolitana termine cediendo mayor poder a intereses políticos y económicos particulares, que terminen dando continuidad a la urbanización desorganizada. Foto: Pares. La relación Bogotá-Cundinamarca En el proceso de gestación del particular arreglo metropolitano, la relación cercana entre la alcaldesa y el gobernador ha sido su principal motor. Sin embargo, no ha sido suficiente para determinar los municipios que harían parte de este. Por lo pronto, la representante promotora, Juanita Goebertus, ha señalado que la composición de los municipios y los temas a gestionar podrían darse a partir de “anillos” de integración. La cuestión de la composición está relacionada, a su vez, con contradicciones referentes al núcleo del poder de decisión incluidas, de hecho, en el acto legislativo. Así, si bien el numeral 5 del segundo parágrafo transitorio del artículo constitucional 325 reformado contempla un sistema de decisiones que debe promover el consenso, de facto sí existe un poder de veto que está dado por la capacidad que tiene la Alcaldía Mayor y la Gobernación de Cundinamarca para decidir sobre el nombramiento y retiro del Director, y sobre los gastos y las inversiones de la Región Metropolitana. Este será uno de los puntos de mayor debate en la formulación de la ley orgánica en tanto que de existir convergencia de visiones entre el distrito y el departamento, se promovería la eficiencia a la hora de disponer de políticas públicas conjuntas. Situación diferente ocurriría en el futuro cuando exista divergencia entre las dos entidades territoriales. Participación en el marco de la Región Metropolitana Adicionalmente, se debe evaluar la forma de restringir el poder de este leviatán sobre la autonomía territorial de los municipios que la integren. En consecuencia, en la creación de la ley debe evaluarse, principalmente, la posibilidad de que los municipios asociados tengan la capacidad de determinar la postura departamental, evitando que esta se encuentre supeditada a intereses políticos del gobernador de turno. Los municipios no pueden perder la capacidad de influir cuando las decisiones, tanto en sus componentes urbanos como rurales, les afecten de forma directa. Dado que el acto legislativo logró excluir el principio de consulta popular para la integración a esquemas asociativos, otro elemento que debe considerarse es un mecanismo efectivo de participación que no delegue exclusivamente las decisiones a la democracia representativa en el marco del Consejo Regional. A tal efecto, es necesario que se contemple un mecanismo de participación en el que los ciudadanos y los concejos territoriales tengan la capacidad de influenciar la toma de decisiones. Indeterminación de competencias Hasta el momento, tampoco existe completa claridad sobre las competencias que asumiría la Región Metropolitana. El arreglo institucional ha estado influenciado, de forma determinante, por el estudio de ProBogotá: La Región Metropolitana de la Sabana de Bogotá. Una propuesta para la asociatividad y gobernanza regional. En este se afirma que el gobierno metropolitano debería buscar desde una visión de largo plazo la “sostenibilidad ambiental, la competitividad económica y la equidad social del territorio”. En tal lógica, la representante promotora ha señalado también que el objetivo del esquema asociativo se dirigiría a la puesta en marcha de políticas de desarrollo sostenible para la región, buscando garantizar con ello la seguridad económica, ambiental y social, mientras los temas de uso del suelo deberían seguir estando asignados a los concejos territoriales. La dificultad en la determinación de competencias está dada también por las confusiones que genera una asociación que pretende incluir, al tiempo, los componentes de región y área metropolitana. Es decir, el esquema lleva inmersas ambigüedades en la definición de su vocación, y podría conducir tanto a contradicciones como a duplicidad de funciones en relación con la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E). En tal sentido, aunque en el marco de la RAP-E no se generan decisiones vinculantes, sí busca – al igual que las áreas metropolitanas – impulsar iniciativas regionales de desarrollo económico y social para los asociados, por lo que resulta necesario que la Región Metropolitana logre una adecuada articulación de los planes de desarrollo y defina competencias específicas en relación con la Región Central. En definitiva, al tiempo que se van definiendo los parámetros de determinación de los hechos metropolitanos, los analistas consideran que la discusión, mientras se allega el plazo de radicación de la Ley para marzo de 2021, será amplia e incluiría, entre otros, temas relacionados con transporte, residuos sólidos, seguridad ciudadana, planificación del suelo y proyectos urbanos de magnitud metropolitana. Limitantes de financiación El debate sobre las competencias y alcances se encuentra estrechamente vinculado con las dificultades que pueden presentarse en el mecanismo de financiación de la figura asociativa en un horizonte de crisis económica a causa de la pandemia. Las experiencias de otras áreas metropolitanas evidencian que las principales fuentes de financiación de los esquemas asociativos corresponden a la sobretasa del 2×1000 sobre el avalúo catastral y a los aportes de participación de las entidades asociadas. Por su parte, la atención a la emergencia sanitaria ha implicado ajustes de metas y reducción del presupuesto de los planes locales de desarrollo, al tiempo que se esperan impactos fiscales a causa de la disminución del recaudo, conforme se acentúen problemas como el desempleo, reducción de salarios e incremento de la pobreza. Es decir, las entidades están gastando más, a sabiendas que los ingresos serán menores. Todo lo anterior representaría limitaciones para la financiación de la Región Metropolitana a lo que debe sumarse la armonización de aportes entre entidades territoriales con marcadas diferencias socioeconómicas, incluyendo las relacionadas con la capacidad de financiación de sus estructuras de gasto en función de sus ingresos corrientes de libre destinación. Por ejemplo, tan solo en las 11 entidades que hacen parte de lo que el estudio de ProBogotá denomina como “perímetro crítico óptimo para iniciar una figura de gobierno metropolitano” se encuentran 5 grandes entidades: Bogotá en categoría especial y Chía, Funza, Mosquera y Soacha en categoría 1; 6 municipios intermedios: Cajicá, Cota, Madrid, y Tocancipá en categoría 2, Sopó y La Calera en 3 y 4 respectivamente; y un municipio básico correspondiente a Gachancipá en categoría 6. Otros dos conjuntos de municipios corresponderían al “perímetro de extensión prioritaria”. El primero de ellos conformado por 9 municipios con dos entidades intermedias Facatativá (2) y Zipaquirá (2) y siete básicas: Cogua (5), Sibaté (5), Nemocón (6), Tabio(6), Guatavita (6), Sesquilé (6) y Tausa. El segundo de ellos compuesto por una entidad intermedia: Tenjo (3); y 3 básicas: Bojacá (6), Guasca (6) y Sutatausa (6). Hacia un referencial regional de seguridad Las precisiones señaladas invitan a los analistas a observar los efectos que traería una Ley Orgánica que, de quedar mal formulada, tan solo contribuiría a incrementar la segregación y desigualdad; realidades que necesitan ser atajadas como base para la construcción de cualquier visión regional de seguridad. Desde el enfoque francés de política pública, el acto legislativo representa una oportunidad para avanzar en la construcción de un referencial conjunto de seguridad, que ha sido obstruido precisamente por la inexistencia de un sistema de gobernanza regional para temas compartidos. De lograrse la conformación de la Región Metropolitana, en consecuencia, deberá considerarse el estudio de otros esquemas internacionales y nacionales que pueden contribuir en el intento de asegurarla. De un lado, experiencias internacionales evidencian la importancia de que prime la visión de largo plazo por encima de los intereses de los gobiernos locales de turno. De otro, la conurbación del Valle de Aburrá que ha transitado desde la formulación de un Plan Integral de Seguridad (PISCC) Metropolitano a la configuración de una Política Pública Metropolitana de Seguridad y Convivencia, tiene mucho que aportar. Frente al componente geográfico, se observa que sin determinarse los municipios que la conformen resultará difícil ejecutar un diagnóstico de las dinámicas de seguridad pública rurales y urbanas, sobre las cuales se pretenda intervenir. De cualquier manera, un primer anillo de integración deberá contemplar la asociación necesaria con los municipios que comparten frontera con Bogotá. Una investigación desarrollada el año pasado por la Fundación Paz y Reconciliación observó la magnitud metropolitana que han adquirido las rentas y grupos de criminalidad que, a diferencia del distrito y los municipios, logran evadir las capacidades y las fronteras jurisdiccionales. En consecuencia, la preocupación no debería ser solo en relación con Soacha y el sur de Bogotá, sino también por el hecho de que las organizaciones delincuenciales han ampliado su rango de acción hacia municipios de sabana occidente y centro, y en el caso de La Calera se encuentran también activas dinámicas de urbanización ilegal que han logrado limitar la acción pública, ya que la frontera es difusa y los entes territoriales no han logrado ponerse de acuerdo en quién debe atenderlas. Por su parte, la administración distrital comparte esta comprensión en tanto que desde el plan de gobierno se contemplaron planes para la gestión conjunta de las fronteras. Posteriormente, ante la integración de un segundo anillo, y dada la vocación agrícola y rural de algunos municipios, la gestión regional de la seguridad deberá preocuparse por desarrollar componentes de seguridad ciudadana en el campo. Esto implica ampliar y fortalecer la oferta integral de seguridad hacia poblaciones rurales que, si bien continuará requiriendo de la articulación de capacidades entre las Fuerzas Militares y Policía Nacional para reducir las actividades de las organizaciones delictivas que van más allá de las áreas urbanas, también requieren de sendas inversiones en política social y acceso a la justicia en los lugares más apartados de los municipios. Un referencial de seguridad para la sabana debe dirigirse a ser garantía adicional de seguridad para grupos de especial protección, como para la ampliación del catálogo de derechos para todos sus ciudadanos. Foto: Pares. En relación con lo anterior, resulta necesario destacar que la seguridad de la Región Metropolitana coincidiría con asegurar las fronteras y vías que conectan a Cundinamarca con otros departamentos; por donde transitan, principalmente, las drogas que surten la demanda de consumo de la conurbación más grande del país y por donde se deben movilizar todo tipo de bienes y activos de la criminalidad organizada. En consecuencia, el fortalecimiento de capacidades locales de investigación criminal y las sinergias que en esta materia emanen de la institucionalidad de la Región Metropolitana deberá dirigirse a desarticular bandas en los centros urbanos, a afectar la presencia de células urbanas de grupos armados organizados en Soacha y al sur de la capital, y a cortar los lazos que tienen con bandas locales por medio de dinámicas de subcontratación criminal. Otro elemento más lejano a discutir radica en la creación de arquitecturas institucionales, como en el fortalecimiento de las locales. En esta medida, la evaluación de políticas locales y conjuntas de seguridad y convivencia debe ser objeto de estudio central del Observatorio que se disponga dentro del esquema asociativo, quien a su vez deberá contemplar la creación de arquitecturas conjuntas que permitan materializar su operatividad. Es decir, se deberá evaluar, de un lado, cuáles serán los espacios institucionales de coordinación en materia de seguridad y convivencia ciudadana donde haya representación de los secretarios y organismos locales encargados de estos temas; o bien, si es necesario una Secretaría exclusiva; o bien, si se deben crear secretarías de seguridad para algunos municipios que no cuentan con ellas. En definitiva, se debe configurar un mecanismo complejo de integración de instancias departamentales, distritales y municipales con capacidad para formular y poner en marcha las políticas conjuntas. De otro, se deberá revisar la figura de operatividad policial para la Región Metropolitana, lo que implica contemplar la creación de una jurisdicción de Policía Metropolitana para todos los municipios asociados de la conurbación, así como los mecanismos de coordinación con la Policía de Cundinamarca en aquellos municipios colindantes que decidan no hacer parte del esquema asociativo. Adicionalmente, la seguridad de la Región no puede centrarse exclusivamente en su concepto restringido, también debe contemplar intervenciones en un concepto amplio de seguridad humana y en relación con la materialización del Acuerdo de Paz. De esta forma, partiendo de la condición de municipios receptores de población víctima de otras entidades colindantes con la capital, resultará útil desde el esquema de gobernanza regional promover mayores estrategias para su implementación. Para ello, las experiencias de los PDET urbano y rural que pretende desarrollar la administración distrital, pueden ser objeto de transferencia de política pública hacia la figura regional. Por último, un referencial de seguridad para la sabana debe dirigirse a ser garantía adicional de seguridad para grupos de especial protección, como para la ampliación del catálogo de derechos para todos sus ciudadanos. En consecuencia, la Región Metropolitana debe considerar mayores intervenciones de política pública social, así como las modificaciones que sobre esta deje el trámite legislativo del ingreso básico universal. A pesar de los múltiples retos frente a la formulación de la Ley Orgánica y los relacionados con la seguridad y convivencia, la disposición de un sistema de gobernanza regional permitiría innumerables potencialidades en términos de resiliencia que podrían contribuir a superar los devastadores efectos económicos y sociales de la pandemia.

Por: Redacción Pares. The Peace and Reconciliation Foundation (Fundación Paz y Reconciliación) deployed a team of around 50 people throughout the country to conduct an investigation aimed at shedding light on the security situation in Colombia. The objective was three-fold. First, to account for Iván Duque’s first year in office by analyzing security advances and setbacks and evaluating the Defense and Security Policy (Política de Defensa y Seguridad), which was launched at the beginning of the year. This objective was particularly urgent given that improved security was one of Duque’s central campaign promises. Download the full report Second, to understand the current state of territorial security nearly three years after the Peace Accord was signed at the Colón Theatre. Academics working in the field of post-conflict studies divide this transitional period into two phases. The first, known as the Stabilization Phase, spans the first three years following the signing of the Accord. It is a period when it is important to control security indicators in post-conflict zones, prevent the emergence of illegal armed organizations that aim to take over territory, and, above all, it is a period when the State should begin to make its presence felt in regions previously administered by the demobilized armed group. After this period, and for the next seven years, comes the Normalization Phase, which refers to the Reconciliation period and, in general, to national transformations which promote peace. In theory, the Stabilization Phase is about to end; for this reason, it is important to take stock of the behavior of security indicators and the state of the ELN, Organized Armed Groups and post-FARC or dissident groups in order to determine the future of various regions of the country. It is also necessary to analyze the situation of social leaders, human rights defenders and FARC ex-combatants as well as assess the dynamics of political violence as they occurred during this past election year. Additionally, there was a third objective, which was to clarify the debate. For instance, in an interview with CNN, Senator Álvaro Uribe said there were more than 5,000 FARC dissidents and that ELN membership could reach 15,000. These numbers seem absurd, but nevertheless require investigation to confirm or deny them. Also, in many parts of the country, social organizations have affirmed the reemergence of paramilitary groups; another assertion which required investigation. It was therefore necessary to clarify the state of security in the country.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. El Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN) dio a conocer que el líder social afrocolombiano Patrocinio Bonilla fue asesinado en la comunidad Santa Rita, quebrada Emparaidá, en el municipio de Alto Baudó (Chocó). De acuerdo con el PCN, Patrocinio antes de ser asesinado por paramilitares fue retenido, al igual que a otras 15 personas. Patrocinio Bonilla, según lo dio a conocer el Coordinador Nacional Agrario, además de su liderazgo social en la región, fue fundador de ASOKINCHAS y fue miembro de la Junta Nacional y ejecutivo Nacional del CNA. ASOKINCHAS es una organización agroecológica interétnica. Desde el CNA, su coordinador expresó «Las organizaciones, liderazgos y procesos sociales seguimos enfrentando la peor pandemia de la historia. El aniquilamiento y genocidio; nuevamente el terrorismo de Estado llena de luto a las familias más vulnerables. Exigimos al Gobierno que pare la ofensiva paramilitar contra los líderes sociales», expresó el Coordinador Nacional Agrario CNA. Grupos y victimización en la región De acuerdo con cifras de Pares, del Sistema de Información del SIPARES, en el departamento de Chocó la violencia en contra de líderes y lideresas sociales ha tenido, particularmente, una impunidad sobre el perpetrador. Es decir, sobre el 60% de los asesinatos en suelo chocoano las autoridades no han podido determinar su agente perpetrador. El Clan del Golfo es uno de los grandes perpetradores. El Clan del Golfo opera en 18 municipios: Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen del Darién, Condoto, Istmina, Juradó, Litoral de San Juan, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Medio San Juan, Nuquí, Quibdó, Río Quito, Riosucio, San José del Palmar y Tadó. Mapa: Pares. En el Chocó el ELN opera 24 municipios, uno de ellos en el Alto Baudó. Por su parte hay dos Grupos Armados Postfarc (GAPF), Frente 30 y GAPF Guerrillas Unidas del Pacífico, en Novita y Litoral de San Juan. Asimismo, los perfiles de liderazgos más victimizados han sido: líder/sa indígena con un 27.3% de los asesinatos, liderazgos de comunidades negras o afrodescendientes con 18.2% y liderazgo JAC con el 13.6% de los asesinatos. Esta situación, sumada a la contingencia del Covid-19 ha traído hechos como lo que ha alertado Human Rights Watch sobre los panfletos amenazantes de los Grupos Armados Ilegales imponiendo medidas. Chocó es uno de estos departamentos, acompañados de Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Comunidades acorraladas por el reclutamiento De acuerdo con la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés), en un informe sobre Chocó a corte de julio de 2020, hay un incremento de denuncias “por reclutamiento forzado, uso, utilización y violencia sexual contra niñas y adolescentes por parte de los Grupos Armados Organizados (GAO) y estructuras criminales en municipios como Lloró, Bojayá e Istmina y de forma más reciente, en Quibdó”. Según el informe de 2019 de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (COALICO) del 2019, Chocó es el segundo departamento en el que más se victimiza a niños, niñas y adolescentes. Desplazamiento y confinamiento OCHA señaló que a junio de 2020, en Chocó hay registro de “4.324 personas en situación de desplazamiento. Esto es, 66% más víctimas por este hecho comparado al mismo periodo en 2019 y 80% más frente al primer semestre del 2018”. El municipio más victmizado ha sido Alto Baudó, con 2.877 personas, municipio donde asesinaron a el líder social. Asimismo, han advertido que hay una fuerte afectación a la población étnica por cuenta del accionar de los Grupos Armados Organizados. Señalan, desplazamientos y confinamientos en el Litoral del San Juan, Lloró, Bojayá, Itsmina y Alto Baudó. Este último municipio en donde fue asesinado Patrocinio. De hecho, OCHA, en su reporte de impacto humanitario de Colombia en el primer semestre señaló que el 34,2% de los confinamientos se concentran en Chocó, Antioquia y Nariño. Los municipios del Chocó en los que OCHA presenta especial alerta por el registro de desplazamientos activos son: Alto Baudó, Bojayá, Nuquí, Medio Baudó y Tadó. “preocupan las condiciones de hacinamiento que, sumadas a la falta de agua potable, disposición de aguas residuales y condiciones óptimas de habitabilidad pueden convertirse en vectores de contagio del COVID-19”, señalan. En síntesis, durante los primeros seis meses del año, según OCHA, se han registrado 10.431 víctimas por confinamiento, 551 por restricciones al acceso humanitario y 1.355 por restricciones a la movilidad, para un total de 12.337 personas afectadas. Violencia étnica Según OCHA, En el primer semestre del 2020, al menos 11.146 personas pertenecientes a comunidades étnicas afro (43%) e indígenas (53%) han sido víctimas del conflicto armado. Esto se sigue a lo que ha denunciado PARES sobre la victimización que ejercen los grupos armados ilegales en su disputa a sangre y fuego por los territorios. Durante el primer semestre de 2020, OCHA precisa que se han registrado al menos “17 eventos relacionados con amenazas colectivas e individuales, 9 casos de secuestro y 11 eventos de homicidio selectivo en el marco del conflicto armado en el departamento del Chocó”.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Iniciando 2020 se conoció que el Ejército Nacional estaba realizando seguimientos informáticos ilegales a periodistas, políticos, defensores/as de Derechos Humanos y organizaciones, en los que estaban siendo perfiladas cerca de 130 personas. El hecho fue informado a través de Semana y fue conocido como las llamadas “Carpetas Secretas”. Con esto, el hecho que se ha producido más recientemente tiene que ver con la decisión que tomó en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de ordenar al Ministerio de Defensa entregar a la congresista Katherine Miranda información relacionada con las acciones que tuvieron como resultado los perfilamientos. “A raíz de este caso yo presenté un derecho de petición muy completo pidiendo al Ministerio de Defensa la lista de quiénes habían sido perfilados, seguidos y chuzados. Lamentablemente el Ministerio no me respondió, por lo que me tocó interponer una tutela que fue fallada a mi favor. Posteriormente, el MinDefensa escondiéndose para no darle la cara al país y seguir ocultando estos hechos, apeló esta decisión, pero finalmente el Tribunal nuevamente me dio la razón y el Ministerio debe responder”, aseveró Katherine Miranda en sesión del Congreso. Con esto se esperaría que en los próximos días desde el Ministerio de Defensa, y como parte de una veeduría política, responda, entre otras cosas, sobre quién dio la orden de los seguimientos informáticos ilegales, y, además, cómo se financiaron estas acciones. Cuestionamientos en los que se ha insistido desde que se hizo público el caso. El mismo en el que la congresista ha esperado respuesta por parte del Ministerio desde hace tres meses y medio. “No puede perder de vista el Ministerio de Defensa Nacional, que quien hace la petición es una representante a la Cámara por Bogotá y por lo tanto, la información que esta solicita no solo la requiere en ejercicio de su derecho fundamental de petición, sino para poder ejercer el control político que al legislativo corresponde respecto del ejecutivo; por tanto, las respuestas deben ser suficientemente claras a fin de no entorpecer tal propósito”, indica el fallo. Hechos que se suman Además de esta decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, también hay que señalar tres hechos recientes que se deben agregar a lo que ha venido conociéndose sobre los perfilamientos realizados por el Ejército Nacional. Por una parte, hay que mencionar que el pasado 06 de agosto a través de Caracol Radio se dieron a conocer pruebas que tienen en sus manos la Procuraduría en las que se involucran a dos generales, cinco coroneles, tres mayores, un teniente, un sargento y un cabo. Entre los documentos que están siendo investigados, como lo informó el medio de comunicación, estaría un chat que probaría las órdenes que militares recibían de superiores, incluso recibiendo felicitaciones luego de realizar las acciones. Cita Caracol Radio que el documento de la Procuraduría dice que: “Los chats aportados por el sargento Cadena dan cuenta de la forma cómo el comandante de ciberinteligencia alaba su labor de perfilamiento desempeñada”. Imágen: documento tomado de Caracol Radio. Adicionalmente, y en relación con el segundo hecho a mencionar, el medio se hace público que en el documento se hacen declaraciones de la responsabilidad de Nicacio Martínez, excomandante del Ejército. “En uno de los folios, uno de los subalternos que rindió su versión le dice a la Procuraduría que aportó una de estas carpetas de perfilamiento al comandante de la brigada de inteligencia militar al coronel, Juan Esteban Zapata y al comandante de apoyo de combate de inteligencia militar, el general Gonzalo García Luna, y que este le dijo que se la daría al propio comandante del Ejército el general Nicacio Martínez”, advierte el artículo. En relación con esto, y con las implicaciones todavía irresueltas sobre la responsabilidad de los altos mando del Ejército con los seguimientos informáticos, hay que señalar también que el pasado 29 de julio desde el Senado se dio vía libre para el ascenso de 06 militares, decisión que fue reprochada por el sector de oposición del Congreso, que solicitó que no fueran aprobados los ascensos hasta que se resolviera quiénes estaban relacionados con los perfilamientos. A esto se agrega que, incluso, los llamados para que el Ejército responda por este caso han llegado desde el Congreso de Estados Unidos, en donde con 295 votos a favor y 125 en contra se promovió, en cabeza de Jim McGovern, que se agregara una adenda (medida para modificar, ampliar, o definir los términos de las obligaciones contraídas) para que antes que el país norteamericano hiciera entrega de ayudas económicas a Colombia, el Gobierno estadounidense indague sobre las interceptaciones ilegales realizadas entre 2002 y 2020. Lo que permitiría avanzar no solo en las investigaciones de los hechos cometidos recientemente, sino también en las interceptaciones hechas en los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. No obstante, y con estos pasos dados, la pregunta sigue siendo si ahora sí se recibirán las respuestas sobre los perfilamientos hechos por el Ejército por parte Ministerio de Defensa, el cual ha brillado por su silencio no solo en este caso, sino también en otros hechos en los que se relaciona a la Fuerza Pública con la vulneración de Derechos Humanos, donde solo durante este año se pueden mencionar abusos sexuales, ejecuciones extrajudiciales, persecución y abusos físicos contra campesinos/as, atropellos contra la población civil, además de los ya expuestos perfilamientos.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. La Jurisdicción especial dio a conocer que cuenta —hasta el momento— con una base de datos construida por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de 459 víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín, entre 1978 y 2016. Sin embargo, el universo de víctimas de desaparición forzada puede seguir ascendiendo a 1.071. Asimismo, solicitó que “recopilar ADN de familiares de víctimas de desaparición forzada de esta comuna en la capital antioqueña. De acuerdo con el tribunal especial, el material genético permitirá, entre otras cosas, cotejar con los 59 cuerpos recuperados de Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia. Cabe recordar que, en noviembre de 2019, JEP decretó medida cautelar de protección sobre algunos cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia. La JEP ha señalado que los picos más altos de desaparición forzada se dieron en el lapso de un años: entre 2002 y 2003. Justamente, la época que coincide con las operaciones militares y con el posicionamiento paramilitar. Un alto porcentaje de esas víctimas, al menos 130 fueron cometidas entre el segundo semestre de 2002 y el primer semestre de 2003. ¿Qué pasa con el ADN que ya entregaron las víctimas? Adriana Arboleda, quien hace parte de Corporación jurídica libertad y es vocera del Movice, señaló que este auto 119, en el cual se ordena que se tome muestra de ADN a los familiares de víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13 para que sean cotejadas, señaló que es una acción “que se llevará a cabo entre la Mesa Técnica entre la UBPD y la JEP, con el apoyo de Medicina Legal y de la Acladía de Medellín. “Lo que nosotros estamos solicitando es que se tenga en cuenta que la mayoría de los familiares ya entregaron muestras de sangre. Es muy importante que, entonces, que Medicina Legal aclare dónde están esas muestras y si ya fueron analizadas.”, señala Arboleda. A partir de esta solicitud, insiste, “se pueda adelantar la labor de cotejo entre la información genética de los familiares con los cuerpos que hayan sido recuperados. Empieza un trabajo de coordinación interinstitucional con la participación de las organizaciones sociales víctimas y de Derechos Humanos que acompañamos este proceso en el marco de las medidas cautelares de 2018.” Cabe recordar que el avance de este proceso está en el marco de que el pasado 29 de agosto de 2018, nueve (9) peticionarios —dos (2) representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete (7) familiares de desaparecidos— le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales «se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado». El proceso De acuerdo con el comunicado, la JEP espera que, de la mano con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), conforme a como se comporte el virus del Covid19 en Colombia puedan: “Convocar jornadas de toma de muestras tan pronto como la pandemia lo permita. Todo lo anterior con el fin de “promover la participación de las víctimas y sus organizaciones en todas las fases del proceso de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado». Asimismo, el tribunal especial, según el Auto 119 de 2020, asigna como deber a la Alcaldía de Medellín a “debe contribuir con toda la información que posea y resulte útil para consolidar los listados de víctimas, especialmente en primer grado civil o de consanguinidad, así como a sus cónyuges o compañeros permanentes, a fin de informales sobre el proceso y garantizar sus derechos.” Incrementa el número de víctimas Además de la consolidación de la base de datos que tiene la JEP —459 víctimas de desaparición forzada— la Fiscalía General de la Nación le aportó a la JEP 612 casos que continúan construyendo la información para determinar la verificación. En este sentido, se estará hablando de más de 1.000 vícitmas en la Comuna 13 de Medellín. Antecedentes del caso Para noviembre de 2019, la JEP decretó el sellamiento parcial y temporal de este Laboratorio para que los cuerpos fueran preservados y conservados, al igual que la información relacionada con estos. De hecho, para ese momento la decisión se tomó la determinación se tomó tras dos inspecciones a este laboratorio de la UdeA: La primera fue ordenada en la audiencia de Hidroituango, los pasados 8 y 9 de octubre, que investigó por los restos de los desaparecidos en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico, y que, especialmente, indagó sobre los cuerpos que fueron transportados desde de los cementerios de Orobajo, Barbacoas y la Fortuna, de Antioquia. Este traslado lo hizo la Universidad de Antioquia en el marco de un convenio con Empresas Púbicas de Medellín. En dicha inspección, el 29 de octubre 2019, la JEP encontró que el laboratorio no tenía una clasificación, registro y organización documental adecuada de los cuerpos que allí han sido trasladados. La JEP solo encontró clasificados restos que parecían provenir del cementerio de Orobajo (de Sabanalarga) y no los cuerpos procedentes de los cementerios de Barbacoas (Peque) y La Fortuna (Buriticá), aunque en la audiencia de octubre la antropóloga de esta Universidad, Timisay Monsalve, afirmó que se habían trasladado restos desde estos cementerios. En el Auto 076 de 2019, que ordena la medida cautelar, se afirma que entre los restos que presuntamente provienen de Orobajo había “varias cajas contenedoras de cuerpos esqueletizados con el rótulo de ‘DISPERSOS’. Cajas que contienen partes de cuerpos que corresponden a varios individuos, pero sin que exista registro alguno con nivel de certeza, del número de individuos a los cuales pertenecían». Inspecciones La primera inspección hecha en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia también le permitió a la JEP constatar que allí están cuerpos esqueletizados provenientes del cementerio El Universal de Medellín. Sobre este camposanto se evalúa tomar medidas cautelares porque en ese lugar podrían encontrarse restos de personas desaparecidas de la comuna 13. En ese sentido, esta jurisdicción ordenó, mediante el Auto 072 de 2019, realizar una segunda inspección en la Universidad de Antioquia para incluir los restos encontrados provenientes de El Universal. Esta inspección se hizo el pasado 30 de octubre. En esta segunda inspección se encontró que el 23 por ciento de los cuerpos provenientes del cementerio El Universal son de personas cuya muerte, posiblemente, fue por lesiones de causa externa, en forma violenta. Es por esta razón que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP decidió decretar la medida cautelar de protección sobre cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia. En el auto que ordena el sellamiento de esta parte del laboratorio también se vincula formalmente al trámite de las medidas cautelares a la Universidad de Antioquia. Además, entre otras disposiciones, se ordena al Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) la elaboración técnica de un inventario general de los cuerpos hallados en este laboratorio, y un plan de trabajo y protocolo que permita la organización de los cuerpos no identificados que puedan corresponder a víctimas del conflicto armado.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. Un año y cuatro meses después del asesinato de Dimar Torres, firmante de paz, a manos del ejército—en la tarde del 22 de abril de 2019—; la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 20 años al entonces comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 del Ejército Nacional, Jorge Armando Pérez, como determinador, provocador e instigador del homicidio de Dimar Torres Arévalo. Asimismo, la Procuraduría “destituyó e inhabilitó por 14 años al cabo segundo Daniel Eduardo Gómez, como autor material del crimen de Dimar Torres, y por 12 años a los soldados Cristian David Casimilas, William Andrés Alarcón y Yorman Alexander Buriticá, como cómplices de la conducta delictiva.” A pesar de la determinación, el único condenado penalmente continúa siendo El cabo Daniel Eduardo Gómez. Dilan espera vivir otra vida que no sea la guerra Hace cerca de dos meses Pares habló con Alexandra quien era la de Dimar hasta que, en la tarde del 22 de abril de 2019, uniformados de las fuerzas militares lo asesinaron e intentaron sepultar su cuerpo en una fosa. Dilan, en cambio, no había nacido, su madre tenía dos meses de embarazo, cuando a su padre lo mató el ejército, frente a la base Militar de Sinaí en la vereda Carrizal del municipio nortesantandereano de Convención. Alexandra explicaba que su hijo le ha cambiado la vida y espera qué, a diferencia de su padre, pueda vivir por fuera de esta horrenda guerra… Espera que, con esta decisión se camine hacia una condena de tipo penal para los responsables. La decisión En el fallo se lee: «Está demostrado que el coronel Pérez Amézquita, comandante del batallón operaciones terrestres 11 fue el determinador, provocador e instigador. Fue quien conminó al cabo Gómez Robledo a asesinarlo (a Dimar) a sangre fría». La procuraduría, además, señaló que Pérez Amézquita dio la orden de “matar, no capturar a los oficiales a través de la radio. Asimismo, tras el asesinato atribuyó a la responsabilidad a sus subalternos. Resulta importante señalar que el ente investigador resalta en el fallo que Dimar Torres, a diferencia de los señalamientos en su contra que pretendía desvincularlo de su condición como firmante de paz; estaba cumpliendo con las actividades agrícolas correspondientes al proceso de reincorporación. De hecho, Pares había advertido, desde el 23 de abril de 2019, que según confirmó la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Dimar Torres venía cumpliendo a cabalidad con el proceso de tránsito a la vida civil y, en razón de esto, hoy presentaría un proyecto productivo. Cabe recordar que el ente acusador— durante estos dos meses— había precisado que el coronel Pérez Amézquita aprovechó su condición de comandante del Batallón de Operaciones Especiales 11 para ordenar a sus subalternos hacer seguimientos ilegales a la esposa de Dimar, a su hermana y a su papá. De hecho, en la compulsa de pruebas están las grabaciones del coronel presionando para que los uniformados no lo involucraran en el asesinato, incluso si de mentir se tratase. De eso se espera tener información. Versiones de Gobierno, MinDefensa y Ejército se cayeron Durante más de un año las versiones de la comunidad de Campoalegre sobre el asesinato de Dimar Torres se han comprobado y las del ministerio de la Defensa y del Gobierno Nacional se cayeron. Este hecho ha estado en el marco de las críticas sobre el papel del gobierno Duque en la implementación del Acuerdo de Paz. A este caso, como era de esperarse, no le ha faltado la polémica. De hecho, en algún momento, hubo la intención de que el caso fuera juzgado por la Justicia Penal Militar. La defensa de los uniformados pretendía que los delitos cometidos por la Fuerza Pública fueran vistos en el marco del servicio activo. Esa tesis se cayó ya que el hecho no fue considerado como acto del servicio. El caso del crimen de Dimar es un proceso de competencia de la jurisdicción ordinaria. Cabe recordar que, Alejandro Ramírez, director ejecutivo de la Justicia Penal Militar, señaló —en noviembre de 2019— que para esa instancia el caso del crimen de Dimar es un proceso de competencia de la jurisdicción ordinaria. El pueblo salvando al pueblo Pares reconoce que la comunidad, la noche del 22 de abril jugaría un papel que, hoy por hoy, ha llevado esta decisión a Jorge Pérez Amézquita y a los soldados profesionales Cristian David Casilimas Pulido, Yorman Alexander Buriticá Duarte y William Alarcón. El cabo Daniel Gómez Robledo, autor material de los hechos, ya fue condenado por el juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta a 20 años. Gómez Robledo, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía entregando información. Pares alerta que la comunidad de Campoalegre, que ha luchado durante estos meses por la dignidad de la memoria de Dimar —lejos del cuadro injusto que compuso el ejército esa noche con un cuerpo arrastrado, torturado y dispuesto a ser echado en tierra— aún es perseguida por la sombra criminal, aún sigue perseguida tal como fuentes en terreno nos han dado a conocer. En la vereda de CampoAlegre, en el municipio de Convención, esa noche se dio a cabo la acción soberana del pueblo salvando al pueblo… y aunque le salvaron la vida se disputan la memoria. Esa noche cerca de 80 campesinos salieron a buscar a Dimar por un camino que conduce a la carretera en la que el Ejército Nacional hace presencia permanente. Allí indagaron a los soldados por el origen de los disparos y si tenían retenido a Dimar. Allá se toparon con el cadaver de Dimar y un hueco en la tierra recién cavado donde pretendían enterrarlo. Así se ha dado el caso en 2020 En enero de 2020, la Fiscalía imputó a los cuatro militares retirados por el delito de homicidio en persona protegida. De hecho, señaló que el coronel Pérez Amézquita fue determinador del crimen pues, el ente resaltó, «sus órdenes de matar fueron concretas y directas a sus subordinados». De hecho, en el Boletín No 31708 el ente acusador resaltó “Durante las audiencias concentradas, el fiscal de conocimiento argumentó que la muerte del exintegrante de las desmovilizadas Farc se podría considerar como una ejecución extrajudicial, en el entendido de que la víctima era una persona en estado de indefensión, desarmada y no combatiente.”. Los procesados no aceptaron los cargos en su contra. La Procuraduría General de la Nación reanudó las audiencias de juicio disciplinario contra los uniformados en este mes de junio. La Procuraduría quiere determinar la posible complicidad de tres hombres del Batallón de Operaciones Terrestres N° 11 en el crimen, así como la participación del coronel Pérez Amézquita como «determinador del homicidio». Las audiencias que están programadas hasta el 30 de junio, se han desarrollado de forma virtual por COVID-19. Paralelamente, la Fiscalía arrojó la decisión de la permanencia del coronel y los tres soldados en la cárcel de alta y mediana seguridad para miembros de la fuerza Pública del municipio de Facatativá en Cundinamarca. Un año y dos meses después del asesinato Dimar Torres, el Juez 18 de Bogotá confirmó, en segunda instancia, medida de aseguramiento al coronel y a los tres soldados. Las mentiras del Gobierno Nacional Continúa retumbando, de esta manera, el chat de Whastapp que llevaba por nombre “Dimar Torres, sobre el que, el periodista José Guarnizo dio a conocer que el coronel Amézquita habría escrito: “A ese man no hay que capturarlo, hay es que matarlo porque no aguanta que se vaya de engorde a la cárcel”. A su vez, según lo escrito por Guarnizo “El coronel le ordenó al cabo que vigilara y que identificara al resto de la comunidad que estaba reclamando e invocando por el paradero de su paisano. Y le aseguró textualmente: “Chequéelos, porque esos son los que siguen”. Asimismo, cabe recordar que en octubre de 2019, Botero estaba sin salida y contra las cuerdas. Al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez Neira le llegaron los resultados de la necrópsia, el fiscal y el ministro de Defensa tuvieron que aceptar ante el país que a Dimar Torres lo asesinó el Ejército. Sobre ello, sin mucho reparo, Botero señaló: “Si hubo un homicidio ha tenido que haber alguna motivación, a menos que haya sido un acto de esos de intemperancia o alguna cosa, vaya uno a saber porqué”. Durante más de un año las versiones de la comunidad se han comprobado y las del ministerio de la Defensa y del Gobierno Nacional se han ido cayendo. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Este viernes se elegiría al nuevo/a Defensor/a del Pueblo, decisión que se ha visto atravesada por una pugna política en la que se han destapado los intereses con los que desde el ejecutivo se han puesto o dejado de poner candidatos y candidatas en la terna. En el momento en el pulso están Myriam Martínez y Carlos Camargo. Esto, luego de que Elizabeth Martínez renunciara a su candidatura el pasado lunes. En esta elección, que pareciera dejar bien parado a Carlos Camargo, ha sido un conflicto, por un lado, por la importancia del organismo frente a la situación de Derechos Humanos que vive el país. Por otra parte, por la gran cuota burocrática con la que llegaría quien sea elegido, pues en sus manos quedarían cerca de 4.000m puestos. Ante este escenario Ariel Ávila en su programa El Poder de Semana TV tuvo como invitadas a Daniela Gómez Rivas, coordinadora de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares y Diana Salinas, cofundadora de Cuestión Pública, quienes estuvieron analizando las aristas anteriores y otras que acompañan la decisión que está a días de ser tomada. Por un lado, hay que señalar quiénes son los quedan en la terna: Myriam Martínez y Carlos Camargo, que, en el caso de la primera candidata, actualmente es directora de la Agencia Nacional de Tierras, nombrando que hace poco más de un año fue tema mediático al hacerse públicos unos videos en los que se escuchaban cómo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en lo que podría ser una extralimitación de sus funciones, le daba ordenes directas a Martínez respecto al manejo de terrenos en el Cauca y Caldas. Por su parte, Camargo, director de la Federación Nacional de Departamentos, ha brillado mediáticamente específicamente en tres ocasiones, una de ellas muy relacionada con el porqué ahora es la terna de la bancada de Gobierno. Por un lado, en agosto de 2019 desde Pares se denunció que Camargo, que para ese momento figuraba como candidato a registrador nacional, estaría desde la FND “entregando contratos a diestra y siniestra privilegiando a exmagistrados del Consejo de Estado, familiares de los actuales magistrados y renombrados políticos que podrían favorecer sus propios intereses. Entre los contratos se encuentran algunos ejecutados en periodos de tiempo y fechas insustentables, otros con el mismo objeto contractual y algunos que se caracterizan por implementar la técnica de la puerta giratoria”. Adicionalmente, antes de este escándalo, por el que renunció a la candidatura en la que en ese momento estaba, también se conoció que él desde el CNE y como magistrado en su momento fue el responsable de archivar la investigación en contra de Óscar Iván Zuluaga por la presunta entrada de dineros de Odebrecht a su campaña. Esto de la mano de Felipe García Echeverri, quien fue nombrado embajador en Bruselas por el ahora presidente. Además, en agosto de 2019 por medio de una investigación de Semana, también fue cuestionado por gastos excesivos en tarjetas de crédito de la FNA, donde se incluían compras en Salvatore Ferragamo, Tous, Brillos de Plata, Tommy Hilfiger e incluso, compra de rosas. Vale la pena mencionar que luego de la salida de Elizabeth Martínez, y ante reiteradas peticiones para que se suspendiera la evaluación de hojas de vida de la y el candidato, el presidente Iván Duque decidió colocar en la terna a Luis Fernando Fajardo, quien sería el único en la lista con experiencia en materia de Derechos Humanos, pero que incluso así no deja inclinar la balanza hacia Carlos Camargo. Adicionalmente, se ha informado que tras este nuevo nombre que entra a disputar el puesto en la Defensoría solo tres días antes de la elección, ésta no cambiará de día y según el cronograma la fecha sigue siendo el 14 de agosto, pues como indicó Germán Blanco, presidente de la Cámara de Representantes, este nuevo panorama permite disponer de los tres días hábiles que requiere la evaluación de las hojas de vida. ¿Quién será el reemplazo de Negret? Con este primer panorama y con el ajedrez político que pareciera ser muy favorable para el gobierno de Iván Duque, Diana Salinas expuso: “Que venga Camargo del CNE es un antecedente bastante importante y además es apoyado por Jaime Amín, quien fue congresista y es alguien que está con el Gobierno. Además, él fue apoyado por el Partido Conservador para ser de la Federación Nacional de Departamentos”. Por otra, parte otra arista desde la que se debe ver esta próxima elección es la que propone Daniela Gómez, pues: “Hay una gran cuota burocrática. Son aproximadamente 4.000 puestos de trabajo que maneja el Defensor, que además en su mayoría no son cargos de carrera administrativa. En ese sentido la cuota burocrática es muy importante. Hay muchos partidos detrás de esto, principalmente el partido de la U que estaba esperando que se le mantuviera la Defensoría”. A esto se suma que para Diana Salinas en las posiciones a favor o en contra que hay para el y la candidata entra a jugar un papel muy importante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de imponerle medida de aseguramiento a Álvaro Uribe Vélez, lo que terminó “volteando el pulso político” en donde, en palabras de la analista “el uribismo no cederá ni un centímetro en ningún cargo en el que pueda estar”. A esto se agrega, que con Camargo están la mayoría de los integrantes de los partidos Liberal, Cambio Radical, Conservadores y Centro Democrático, lo que lo pone como virtual Defensor del Pueblo. Sin embargo, también hay que resaltar que es Germán Blanco el presidente de la Cámara de Representantes -donde se tomará la decisión-, quien además es miembro del Partido Conservador, lo que pone a esta colectividad en un papel determinante. Como lo expresa Salinas “los conservadores van a ser como la joya de la corona, porque a quién decida el partido Liberal y el Conservador, ahí se queda ese puesto, donde Camargo tiene varias posibilidades”. El riesgo de que la Defensoría caiga en malas manos Como se mencionaba en un principio una de las aristas para evaluar lo importante de la discusión, es justamente la importancia de esta entidad en medio de la situación de Derechos Humanos que vive el país, donde, por ejemplo, solo en este año se han asesinado 42 firmantes de paz, y por lo menos, según el sistema de información Sipares, 74 lideresas y líderes sociales. Asimismo, mientras que, en este mismo periodo, se han reportado cerca de 67 hechos de desplazamiento forzado. Hechos que no dejan de tener una relación directa con el copamiento de grupos armados en las regiones del país. Situaciones en las que la Defensoría, bajo la dirección de Carlos Negret, ha puesto la lupa por medio de las alertas tempranas. Ahora, y en un escenario de conflicto social y vulneración de Derechos Humanos que pareciera no mejorar, la Defensoría tendrá un cambio que impactará los procesos que se llevan desde esta entidad. Gestión que además ha llevado, como lo señala Gómez Rivas, “a que se haya convertido en el organismo que probablemente produce la mejor información sobre la situación de seguridad en el país porque tiene presencia en todo el territorio nacional. Es un cargo muy importante para Colombia”. Así, vale la pena no dejar de lado, que las entidades estrechamente relacionadas con la veeduría de la situación de Derechos Humanos en el país, se han convertido en un botín para el gobierno de turno, en donde se puede destacar la elección de Francisco Barbosa en la Fiscalía, hecho atravesado por relaciones personales de Duque con el ahora fiscal, quien antes estuvo en la Alta Consejería para DDHH, puesto que luego entró a ocupar Nancy Patricia Gutiérrez, quien venía del Ministerio del Interior, en el que durante su gestión se conocieron los informes del personero de Puerto Rico, Caquetá sobre el reclutamiento de menores, tema en el que el Ministerio, como lo resalta Salinas, “no hizo nada por proteger los DDHH de esos menores. No obstante, pasó a Nancy a ese puesto en la Alta Consejería”. De esto no se aleja que durante el periodo de Barbosa en su anterior puesto, se hizo un llamado de atención desde Dejusticia, pues Iván Duque había afirmado que durante su primer año en la presidencia había reducido un 35% el asesinato a lideresas y líderes sociales, esto supuestamente por medio del Plan de Acción Oportuna, mecanismo que, según el informe de Barbosa desde la Alta Consejería, había logrado dicha reducción. Desde la organización se aseveró que la afirmación era insostenible y que en ella había errores como la omisión de un análisis completo de la situación de seguridad de estas personas de forma amplia. Esto lleva a concluir en el programa El Poder respecto a la elección de Defensor/a, que seguramente se siga esta forma de asignar puestos relacionados con temas de Derechos Humanos, donde, como lo indica Daniela Gómez, en este caso “ninguno tiene trayectoria en el tema de DDHH. Lo que resulta preocupante”, pero, además, siguiendo lo dicho por Salinas, hay un interés del Gobierno en que “las entidades de DDHH maquillen la situación en esta materia ante instancias internacionales, por lo que el Gobierno no se va a dejar arrancar ese cargo de la Defensoría”.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. Estos días de agite político o politiquero, ha venido a mi recuerdo el impase de las autoridades norteamericanas con el tema del balserito: Elián Gonzáles fue un niño que en 1999 fue sacado de Cuba por su madre sin permiso de su progenitor, cuando este tenía cinco añitos. Por más que sea Cuba el enemigo encarnizado de los gringos, estos no dudaron – por obvia acción- de la justicia americana, el devolver a su padre y a la isla caribeña, el menor. Cualquiera diría que cedió y la pelea se la ganó el comunismo al capitalismo, pues no, la pelea la ganó la LEGALIDAD, de lo contrario se abriría paso a la excusa ideológica para pisotear la ley y por ahí mismo la constitución. El ungido por aquello de “votar por quien diga Uribe”, sale obedientemente a la defensa de su mentor político, con los argumentos de que debe permitírsele defenderse en libertad y que la medida de aseguramiento es “un gran desequilibrio”, haciendo referencia a la presencia de ex-guerrilleros de las Farc en el parlamento colombiano. El argumento de la “defensa en libertad”, es rebatido por la votación UNÁNIME de los cinco magistrados, quiere decir esto que el acervo probatorio es de tal contundencia que se considera por los togados que el senador podría ejercer presión sobre el proceso estando sin la medida de aseguramiento que se concreta en arresto domiciliario. El desequilibrio, lo argumenta el “mandatario” de los uribistas, basado en el plan de hacer trizas los “acuerdos para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera”, en su desacuerdo con lo pactado, muestra de ello es la parsimonia de su implementación en todos los terrenos. Lo cierto es que gústele o no al presidente, a su partido y a quienes por el votaron, el acuerdo está blindado por ser incorporado al bloque de constitucionalidad a través de la refrendación que el Congreso hizo por medio del fast track (vía rápida), figura contemplada en el acto legislativo número 1 de 2016 que redujo el número de debates en el Congreso para aprobar leyes y reformas constitucionales, en la brega por cumplir el acuerdo. Responder de esa manera, ante un fallo frente a una inicial decisión de la justicia con relación a un acto criminal de una persona, (poniendo en peligro toda la institucionalidad que él representa como primera autoridad de Colombia), eso no es lealtad, ¡eso es complicidad!

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Desde varios sectores y organizaciones, entre las que está la Fundación Paz y Reconciliación, se ha venido insistiendo y llamando la atención ante uno de los crímenes que la cuarentena no ha disminuido, sino, por el contrario, ha generado mayor riesgo a las mujeres: los feminicidios. Como panorama de lo anterior, el Observatorio de Feminicidios de Colombia informó que durante el periodo de emergencia sanitaria se han reportado 181 feminicidios (del 16 de marzo al 03 de agosto), siendo junio y julio los meses con más registros con 54 y 50, respectivamente. Asimismo, en junio se dio a conocer que en el país y en lo corrido del año hasta junio se habían cometido 241 feminicidios, en los cuales hay 11 casos cometidos contra migrantes venezolanas, 24 contra menores de edad y, por lo menos, 10 transfeminicidios. En este punto hay dos escenarios importantes de mencionar. Por un lado, que las anteriores cifras pueden variar respecto a los registros de otras entidades, lo que pone sobre la mesa que, en este tipo de delito, que fue categorizado como feminicidio hace tan solo cinco años con la Ley 1761 de 2015 o Ley Rosa Elvira Cely, hay un problema que no deja de rondar, los subregistros del mismo que se pueden percibir en lo variadas que son las cifras, que, por ejemplo, en el mismo periodo, para Medicina Legal hubo 44 feminicidios. Esto lleva a cuestionarse ¿por qué en las entidades oficiales los registros son tan bajos en comparación con los de las organizaciones? También lleva a seguir cuestionando al sistema judicial, al que las mujeres deben seguir acudiendo, incluso cuando este se ha convertido en uno de los escenarios revictimizantes y que ha mostrado inoperancia desde los primeros eslabones de violencia contra la mujer, y, por ende, desmotivado la colocación de denuncias. En este caso se puede traer a colación el caso de Susana Niño Amado, por el que el 17 de marzo la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado interpuso una acción de tutela contra la Comisaría Sexta de Familia de Tunjuelito, la Comisaría Primera de Familia de Zipaquirá, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la dignidad humana, a la seguridad, al libre desarrollo de la personalidad, de acceso a la administración de justicia y al debido proceso. Esto dado que Niño Amado había alertado sobre la violencia física, psicológica y emocional por parte de su compañero Carlos Andrés Roldán Pachón, hecho por el que en agosto de 2014 recibe una primera medida de protección, la cual es finalizada por orden de la Comisaría Primera de Familia de Zipaquirá en diciembre de 2016 “al considerar que no se volvieron a reportar nuevos hechos de agresión entre las partes”. Esta decisión fue calificada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como “no diligente en el seguimiento de esta, pues no tuvo en conocimiento la situación de la denunciante, pues no se desplegó una investigación tendiente a establecer, con certeza, el riesgo de la señora Niño Amado”. En julio de 2018 se brinda una nueva medida de protección, no obstante, en diciembre de 2019 la Comisaría Segunda de Familia de Zipaquirá considera que el maltrato era mutuo por lo que la medida de protección es brindada a ambas partes. Cita la tutela que para Susana esta determinación es “inadecuada, revictimizante e inefectiva”. Ante esto la Sala considera que “lo cierto es que dicho despacho pasó por alto los antecedentes del caso concreto y la necesidad de establecer la gravedad de las agresiones y el nivel de riesgo de la hoy accionante, el cual ha sido catalogado por medicina legal como grave, además de las múltiples pruebas aportadas a este proceso que demuestran que el señor Roldán Pachón es «agresivo, manipulador y dominante». En conclusión, la Comisaría Segunda de Familia de Zipaquirá actuó al margen de la perspectiva de género”. Este caso es una radiografía de los múltiples hechos de violencia basada en género que no son procesados responsablemente con las víctimas, donde brilla la falta de formación en enfoque de género de las y los funcionarios, lo que termina revictimizando y ralentizando la administración de justicia, que acentúa las violencias, incluso dejando de frenar -cuando lo podría hacer- hechos tan graves como los feminicidios que son alertados previamente. Valle de Aburrá, en alerta por feminicidios Por otro lado, el siguiente escenario que resalta en este contexto es que Antioquia se ha convertido en uno de los departamentos con más hechos de feminicidios, incluso también es el departamento con más casos de transfeminicidios cometidos en este año. Con lo anterior, también hay que decir que recientemente, -con motivo de la creación de la Línea 123 Mujer Metropolitana, para la prevención de estos hechos violentos-, desde la Policía del Valle de Aburrá se informó que en esta zona en el primer semestre del año se han cometido 15 presuntos feminicidios, de los cuales solo 4 han sido tipificados como tal. De nuevo, salen dos aspectos importantes que resaltar. Por una parte, que cuando se hace referencia a asesinatos contra mujeres, estos son tipificados de dos formas. Una, a la que hemos hecho referencia – feminicidios-, la cual es categorizada de esta forma cuando el crimen es motivado por el hecho que la víctima sea una mujer. Por otro lado, están los femicidios, que ocurren cuando la víctima del homicidio es una mujer. No obstante, separar uno del otro no deja de ser problemático, pues justamente ante la falta de denuncias previas a los feminicidios, establecer si el asesinato está o no relacionado con causas de género solo sería posible de establecerse con procesos judiciales juiciosos y responsables. Por lo anterior, es necesario no dejar de lado que en ese rastreo que se hace desde el Observatorio de Femicidios de Colombia, desde su repaso mediático, en el Valle de Aburrá la cifra sobre feminicidios es de 36, de los cuales 4 son transfeminicidios. Estos han ocurrido en Copacabana (1), Bello (9), Medellín (22), Itagüí (1), Sabaneta (1) y La Estrella (2). Adicionalmente, hay que mencionar, que por lo menos desde lo analizado por el Observatorio, en el Valle de Aburrá, en los últimos meses y desde abril en esta subregión ha habido 5 feminicidios cada mes, ocurriendo a su vez 6 en marzo, 7 en febrero y 3 en enero. De esta forma solo en el último mes – julio-, de los 5 feminicidios registrados, 4 ocurrieron en Medellín y uno en Itagüí. En estos hechos las víctimas fueron Adriana Alexandra Acosta de 40 años, quien fue asesinada en el barrio Robledo de Medellín por sicarios de quien todavía se desconoce la identidad. Este hecho fue cometido el 05 de julio. Un día después, en el Barrio Enciso, fue asesinada Shantall Escalona de 19 años, mujer trans de quien al momento se desconoce su feminicida. El 07 de julio un nuevo caso se conocía, se trataba del de Daniela Santa Jaramillo de 23 años, asesinada en el barrio El Porvenir de Itagüí. De nuevo, no se tiene reporte de sus feminicidas. El 16 de julio en el corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín Sara Narváez se convirtió en una nueva víctima, y en un retrato más de la poca información que se obtienen luego de estos hechos sobre los feminicidas. En este mes también se conoció que Marta Cecilia Cano, de quien se había reportado su fallecimiento el 01 de junio por un supuesto accidente en el que cayó de un tercer piso de un apartamento de un tercero, en realidad había sido asesinada. Así, hay que mencionar que solo en julio se conoce que en 03 de los 05 hechos ocurrieron en vía pública, uno en la vivienda de un tercero y otro más en una zona verde urbana. Esto de nuevo llama la atención sobre los lugares que habitamos las mujeres y la inseguridad que suponen. Un llamado en el que se sigue insistiendo, mientras los feminicidios sean una realidad diaria y mientras cada mes, de nuevo, haya que decir que seguimos en alerta, pero sin obtener ninguna respuesta, ninguna medida que en realidad sea eficaz y efectiva.