Por: Redacción Pares. Más de 70.000 indígenas han sido afectados por la pandemia de COVID-19 en América, 23.000 de ellos viven en los 190 pueblos originarios de la cuenca del Amazonas, donde se ha registrado más de un millar de fallecimientos, señaló la ONU. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que la diseminación de la pandemia de coronavirus se está cobrando un alto precio en forma de víctimas entre los miembros de los pueblos indígenas y que la enfermedad, junto a los desafíos medioambientales, representa una gran amenaza para estas comunidades. En su mensaje para el Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra el 9 de agosto, Michelle Bachelet denunció que estas comunidades, habitualmente ubicadas en lugares remotos, se enfrentan a múltiples dificultades como un acceso inadecuado a los servicios de salud, agua potable y saneamiento básico en los casi 90 países donde habitan. Al mismo tiempo razonó que “su estilo de vida comunitario puede incrementar la probabilidad de contagio, aunque en todo el mundo hemos visto ejemplos inspiradores de cómo las comunidades indígenas han tomado medidas basadas en su fuerte organización interna para limitar la propagación del virus y reducir sus impactos”. Una situación que, según la Alta Comisionada, no se produce entre los indígenas que habitan en áreas urbanas donde “usualmente sufren pobreza multidimensional y las afectaciones se agravan por la severa discriminación, que incluye el acceso a la salud”. Más de 70.000 contagios en el continente americano Bachelet cifró en más de 70.000 el número de personas indígenas afectadas por la pandemia del COVID-19 en las Américas, e incluyó entre ellas a las 23.000 repartidas entre los 190 pueblos indígenas en la cuenca del Amazonas, donde se ha registrado más de un millar de fallecimientos. Estas muertes suponen un alto costo para estas comunidades ya que incluyen a varios indígenas de edad avanzada que poseían un profundo conocimiento de las tradiciones ancestrales de estos pueblos. Un ejemplo es el caso del jefe Aritana del pueblo Yawalapiti, muerto esta semana en Brasil. La Alta Comisionada explicó que en la cuenca del Amazonas, que abarca territorio de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa, viven más de 420 pueblos indígenas cuyas tierras son constantemente dañadas y contaminadas por la minería ilegal, la explotación forestal y la agricultura de tala y quema. “A pesar de las regulaciones que restringen el movimiento y la actividad económica, muchas de estas actividades ilegales han continuado en los meses recientes, junto con los movimientos de los misioneros religiosos, que también exponen a las comunidades a un alto riesgo de infección”, destacó. Igualmente subrayó que las comunidades indígenas que viven en condiciones de aislamiento voluntario pueden tener poca inmunidad a la infección del virus, creando situaciones de riesgo. Los territorios en Colombia reclaman atención Aunque los niveles más altos de contagio se concentran en algunas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, las cuales acumulan el 59,8% de los casos, llama la atención que en poco tiempo la pandemia ha logrado trasladarse a municipios cercanos con poblaciones de 100.000 habitantes aproximadamente, donde el principal problema es la capacidad de atención hospitalaria, pues al haber un sistema centralizado de salud y con precarias condiciones de cobertura, estas zonas quedan en un alto riesgo de contagio y propagación. Asimismo, otra condición para tener en cuenta es que cerca de estos puntos se encuentran la mayoría de los asentamientos indígenas. La Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC ha denunciado que se ha insistido por varias vías la atención, acciones y respuestas de Iván Duque, exigiendo, principalmente, garantías de alimentación, agua y salud. Aunque estos deberes no habían sido cumplidos por parte del Gobierno, éste informó al CIDH la entrega de ayudas humanitarias por medio del programa “Colombia Está Contigo-Un Millón de Familias”, así como el desarrollo del “Plan de acciones urgentes en los territorios indígenas para la mitigación de la pandemia COVID-19 y para el autocuidado propio en el marco del SISPI en coordinación con el SGSSS”. “Estas gestiones que hasta el momento no se han concretado de manera efectiva, puesto que, en la mayoría de los territorios indígenas no se registra la entrega de equipos de bioseguridad, ni fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos indígenas, ni programas de información adecuados, y tampoco garantías para el aislamiento preventivo obligatorio”, afirmó la ONIC.

Por: León Valencia, director – Pares Me van a perdonar todos los líderes de opinión, los políticos, los seguidores de Uribe, que creen que la prisión domiciliaria y el juicio por soborno a testigos y fraude procesal contra el expresidente es una injusticia y una tragedia que va a generar más violencia y nos va a alejar para siempre de la reconciliación nacional. Creo todo lo contrario. Mi argumento es este. La conciencia heroica del expresidente Uribe y de una parte de las élites políticas del país, es lo que ha impedido que dejemos atrás la guerra y avancemos hacia la reconciliación nacional. ¿Qué es la conciencia heroica? La convicción de la que causa era justa y los medios que se utilizaron para defenderla también lo eran. La triste idea de que las más de ocho millones de víctimas que produjo el conflicto armado eran necesarias. La paz empezó a ganar terreno cuando la izquierda comenzó a declinar su conciencia heroica y luego tuvo un salto muy importante cuando sectores de las élites políticas entraron por ese camino. Primero fueron los intelectuales de la izquierda que espoleados por el dolor inmenso que se vivía en los campos colombianos empezaron a preguntarse por la validez de las guerrillas. La crítica a la aventura armada de personas que apoyaron por largo tiempo esta forma de lucha le restó legitimidad a la insurgencia y la empujó a los acuerdos de paz. Belisario Betancur fue pionero entre las élites de ese declinar de la conciencia heroica. ¡Ni una gota más de sangre entre colombianos! Dijo en su posesión presidencial. No pudo cumplir su propósito, pero abrió el camino. No es un gesto vano reconocer esta iluminada decisión. Hace tres años en la Feria del Libro de Bogotá discutía con Pastor Alape, unos de los líderes de las FARC, sobre esta larga y ominosa guerra. Pastor insistía en la causa, en la justicia de la causa, en los ideales que inspiraron a muchos jóvenes -entre ellos Camilo Torres y Manuel Marulanda Vélez- a ir a las guerrillas. Le dije que después de cincuenta años de esta confrontación teníamos que evaluar la guerra por los resultados y estos eran impresionantemente tristes y desastrosos. Nos equivocamos los que fuimos a las guerrillas, se equivocaron quienes desde el Estado repelieron el alzamiento. Equivocarse es de humanos. Rectificar es de sabios. Eso es que pide hoy buena parte del país. Eso es lo que exige la nación. Fíjense que el proceso en que está ahora Uribe empezó con unas acusaciones que le hizo Iván Cepeda. Apoyado en unos testimonios de paramilitares, Cepeda señaló a Uribe de haber contribuido a formar el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Una más de muchas acusaciones que ha recibido el expresidente a lo largo de estos veinte años por acción u omisión en masacres, asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado de personas. La respuesta fue contratar unos abogados para tratar de limpiar su imagen enlodando la de Cepeda. El expresidente Uribe está ahora en un círculo vicioso del cual no saldrá nunca -ni él, ni su familia, por varias generaciones- mientras no decline la idea de que todas sus actuaciones en esta oscura guerra han sido justas y legítimas. El mundo después de las guerras dolorosas del siglo veinte encontró un lugar donde se pueden reconocer los graves errores, los crímenes impensables, las actuaciones desviadas, salvando el honor y obviando la cárcel, pero afrontando la sanción moral y social. Ese lugar es la justicia transicional. En Colombia todavía hay mucho tiempo para que los actores claves de la confrontación acudan a ella. Uribe puede acortar el camino de la reconciliación si no insiste en defender, en tribunales ordinarios, una inocencia que no existe y no tiene porque existir cuando ha sido el líder máximo en una guerra irregular, lastrada por la ignominia y la perversión, por la trampa y la sevicia. Ningún bien, le hacen al expresidente Uribe, los periodistas, los seguidores obsesionados, los partidarios interesados, los obcecados, ilusionándolo con un apoyo masivo del país a su inocencia. No pasará mucho tiempo para que quienes lo quieren de verdad, quienes saben que fue tan sincero en su causa como equivocado en sus métodos, le aconsejen que doble la amarga página y empiece el proceso de reconocimiento de la verdad tal como lo están haciendo poco a poco sus feroces enemigos de las FARC.

Por: Joker Y salió encanado! Es la frase correcta para iniciar esta columna tomando en cuenta el orden de los hechos judiciales con efecto bumerang, que hoy mantienen al alevoso y disminuido expresidente Álvaro Uribe en detención domiciliaria; pero a pesar de ser un hecho poco común en un país donde la justicia también se desnuda y duerme con la corrupción, lo cierto es que de acuerdo al concepto de respetados juristas, las pruebas poseen el suficiente peso incriminatorio, para que el líder del partido de gobierno esté privado de la libertad en institución carcelaria. Subsisten varios aspectos que son innegables y se deben decir, por ejemplo, que la cárcel actual de Uribe es más grande y lujosa que todas las cárceles del país juntas, como lo dijera el Senador Gustavo Petro en la red social twitter, pero además, también se puede decir que ni el extinto Narcotraficante Pablo Escobar pudo soñar con tal lujo, ya que esta propiedad conocida como el Ubérrimo se conforma de no menos de 1.500 hectáreas, permitiendo el desarrollo comercial de la cría de ganado y de caballos finos. Incluso se denuncia la construcción de un puente y de un distrito de riego con dineros del estado en el periodo presidencial del líder paisa, obras que beneficiaron y valorizaron aún más estas tierras. Sus pobladores le dicen a esta portentosa plenillanura “la mesa de billar del Sinú”, por su perpetua dimensión tan plana como verdosa, que se extingue en la lejanía. Se vale agregar en este informe, que con Uribe hay cerca de 2.500 colombianos que son dueños de más de 40 millones de hectáreas, consagrándose como terratenientes verificados por los organismos internacionales, los cuales ahondan las brechas de la desigualdad social en Colombia; claro, en honor a la verdad no es el único político o funcionario público, pues ya se puso en evidencia que familiares del exministro Iragorri y otros del mismo corte, figuran en investigaciones por apropiaciones de terrenos baldíos en el Vichada y en el Meta. Sin embargo, la verdadera cárcel de este senador confinado está en su ego, su narcisismo y excentricidad lo llevó a creer que podía consolidar en Colombia una monarquía, se consideró insustituible e intocable y la verdad es que cada día se revelan hechos que lo dejan ver como un ordinario rufián, magnificado por la codicia y la corrupción de un puñado de empresarios, periodistas, banqueros y mafiosos arribistas, que tienen como excusa el áspero y trillado discurso, que todo aquel que no es uribista es guerrillero. Pero roto el escudo, vulnerado el mito, y la muralla uribista quedó con fisuras que no le permitirán contener otras investigaciones más graves y serias, que avanzan a paso largo y le darán aforo al concepto de la justicia internacional, sobre hechos que redundan en las órbitas de los crímenes de lesa humanidad. Todo se empieza a derrumbar y aunque la cárcel sea de oro es cárcel, y así el orgullo demencial de sus alfiles Paloma Valencia y Paola Holguín quiera corroer los barrotes de la decisión judicial y promuevan marchas insolentes de camionetas blindadas y vidrios oscuros en medio de la pobreza nacional y se amenace con constituyentes, con tutelas, no dejarán de ser más que ridículas pataletas, pues ya no tienen capital político y menos credibilidad dentro de la sociedad nacional. Sin miedo y sin titubeos se puede gritar, que el uribismo hoy por hoy, se comporta y se viste como una banda delincuencial. También es muy cierto que los expresidentes y presidentes en Colombia tienen todo un arsenal de marrullerías jurídicas para colocarse al nivel de probidad del mismo Jesús de Nazaret, haciéndolos intocables ante cualquier investigación, pero recordemos que Uribe es senador de la república y el fuero impúdico ya no lo cobija y le correspondió a la Corte Suprema juzgarlo por acciones posteriores a su periodo de gobierno. Caso contrario en otros países como Brasil, Argentina, Ecuador y Perú, donde se puede observar que sus constituciones permiten abiertamente investigar a un Presidente o expresidente, juzgarlo y destituirlo, y en el menor de los casos llevarlo a los estrados judiciales a responder por sus acusaciones. Pero mientras Uribe pasa los días de reclusión en el safari de su lujosa hacienda, Vicky Dávila periodista sesgada y frontalmente casada con esta doctrina política, llora y rezonga contra la Corte Suprema de Justicia, según ella por extralimitarse con la sentencia sobre el magnánimo congresista, pero calla que la bandera roja insignia del hambre y de la crisis pandémica, flamea en todas las cárceles del país y sobre todo en las viviendas de los ciudadanos uribistas y no uribistas de Colombia. Lo mismo hacen los medios la W, Blu Radio y El Tiempo, donde laboran los más desvergonzados remolones de los gobiernos de turno, todos ajustados al libreto… “Hay que respetar las decisiones judiciales de las Cortes pero…” Lanzan su inconformismo sin lógica jurídica, sin argumento válido, sólo aduciendo que Uribe debe ser perdonado porque los guerrilleros también son criminales. Lo que no le dicen a la ciudadanía conociendo la información en detalle, es que el escenario jurídico de Timochenko es totalmente diferente al del manido expresidente, todos sabemos que el excomandante guerrillero se sometió a la justicia especial para la paz, mientras que Uribe y su gobierno juraron destruir la JEP, sobra decir que los embates en el congreso contra la misma son constantes y feroces. La cosa es sencilla, si Uribe no quería ser juzgado por la justicia ordinaria, debió desmovilizarse como lo hicieron gran parte de las FARC y someterse a la Justicia Especial, pero los egos mencionados no lo dejan, lo poseen y lo llevarán por un camino escabroso de fracasos y humillaciones. Con todo, son obtusos y padecen de instinto de extinción, seguirán culpando al Gobierno de Santos, a Petro, a las FARC, al Foro de Sao Paulo, a Maduro, de todos los problemas de Colombia y del juicio contra su líder, incluso dirán que si en EEUU gana Joe Biden para todos será peor, pero obvian con cinismo los 400 muertos diarios producto del pésimo manejo de la pandemia, el asesinato de líderes sociales, reinsertados, ambientalistas y opositores; lo único que conciben con adicción es una Colombia rendida a los pies de su jefe, por eso el inepto Iván Duque (No puedo decirle Presidente, me parece que es un término que le queda muy grande) representan un gobierno al garete, acéfalo y sin rumbo. Así que no nos dejaremos intimidar, ya sabemos que son expertos en hacer bulla, disparar al aire y controvertir con las mismas vulgaridades de hace décadas. No tienen capital político y las lujosas camionetas no votan, y algo bien importante, es que sus aliados de base, abandonados a la desidia de la pandemia, cada día reflexionan admitiendo que sólo fueron un instrumento de utilidad electoral. ————– (Tengo que agradecer al twitero @Knomesigan Juan Forero por ponerle la sal correspondiente a esta columna) Joker Rio Cuarto Argentina

Por. Daniel Abello. Investigador Pares. En el momento en que se publica esta nota, alrededor de 30 campesinos que habitan la vereda Nueva Colombia, en el sur del río Guayabero, Meta, son atacados a bala por parte del Ejército de Colombia, específicamente por la fuerza de tarea OMEGA, al mano del general Raúl Hernando Flórez. Son numerosos los llamados por parte de las organizaciones sociales, entre ellas la Fundación Paz y Reconciliación, por atención inmediata del gobierno nacional, departamental y local frente a esta grave situación que está sufriendo esta comunidad. Al parecer, según comunidades campesinas del sur de Meta y Guaviare, hay 15 personas heridas de gravedad: por fragmentos de proyectiles, golpes, cortadas, y disparos. Estos hechos son graves tratándose, presuntamente de la Fuerza Pública como responsable de los atropellos e intimidaciones, y quienes por mandato constitucional debe proteger y velar por los derechos de los colombianos. Una de las zonas más victimizadas por cuenta de los operativos de erradicación forzada que se han desplegado por distintas zonas del país es, sin dudas, la región conocida como Guayabero, ubicada entre los departamentos del Meta y Guaviare. Actualmente hay una avanzada del Ejército en distintas zonas del país para implementar operativos de erradicación forzada, de los cuales las comunidades campesinas han registrado heridos y, también, asesinatos. ¿Quién es el general Flórez? Al revisar la hoja de vida del general Raúl Hernando Flórez, profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes, Administrador de Empresas, con Maestría en Estudios Estratégicos, Maestría en Asuntos Estratégicos de Seguridad en Contrainsurgencia y Contraterrorismo, Especialización en Alta Gerencia Internacional y Maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra1, es claro que tiene la trayectoria profesional para diferenciar un campesino de un criminal que haya traicionado los acuerdos de La Habana. Entretanto, ha habido constantes ataques mediáticos y juzgamientos sin contexto ni fundamento por parte de este brigadier y del mismo gobernador del Meta, donde se condenan a los campesinos del Guayabero acusándolos de colaborar con grupos armados ilegales. Al parecer, el Gobierno nacional y local se niega a sentarse a dialogar con la comunidad sobre sustitución cultivos ilícitos, hallar soluciones, implementar programas de sustitución voluntaria, y repeler estructuralmente a las organizaciones criminales armadas. A este panorama se suma las denuncias realizadas por la organización Rutas del Conflicto, en cabeza de la Misión Humanitaria por la Orinoquia, los llanos orientales y la amazonia, el pasado 27 de julio, en una rueda de prensa, donde se denunció que el Ejército colombiano, amedrentaba las comunidades del sur de Meta y Guayabero anunciando la venida de las Autodefensas Unidas de Colombia. Mediante un comunicado divulgado el día de hoy, las organizaciones campesinas claman nuevamente la intervención del gobierno de Iván Duque y los organismos internacionales para asegurar y preservar la vida de los campesinos que habitan en esta zona.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo “Tenemos entre cuatro y cinco millones de personas desempleadas. Hay una tasa de desempleo de 19,8. Se requieren espacios de diálogo social que sean participativos, que se tomen medidas para la formalidad laboral. En Colombia hay cerca de 9 millones de hogares que están en situación de pobreza. El ingreso solidario ha demostrado ser insuficiente. No asegura los niveles de demanda. Se requiere que a las personas se les proteja el acceso a mínimos vitales”. Así lo aseguró en entrevista con Pares, Iván Jaramillo Jassir, docente de la Universidad del Rosario e integrante del Observatorio Laboral de la misma institución. Recientemente, el DANE presentó el reporte de las cifras de desempleo durante el mes de julio, las cuales han generado alarma, pues como se ha previsto, este es uno de los aspectos que tendrá peores consecuencias e impactos con la situación actual a raíz del Covid-19. Como referencia de lo anterior vale la pena mencionar que para el mes de abril la tasa de desempleo del total nacional fue 19.8 %, lo que significó una subida de 9.5 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2019 (10.3%), adicionalmente, la tasa de ocupación tuvo una disminución de 14.2 puntos porcentuales en la misma referencia, siendo para abril de 2020 de 41.6% y de 2019 de 55.8%. “Los problemas estructurales en materia laboral en la región de América Latina han sido desnudados por la pandemia. Uno de esos casos tiene que ver con la distribución de los ingresos”, explica el profesor Jaramillo. Hoy las cifras indican que para el mes de julio el desempleo llegó a una tasa de 19.8%, lo que significó un incremento de 2,3 millones de personas frente a ese mes de 2019, en el que era de 10,5%. Además, la población ocupada fue de 17,3 millones de personas, lo que infiere una disminución de 4,9 millones frente al mismo mes de 2019. Tras este panorama Pares habló con el experto Iván Daniel Jaramillo Jassir, abogado egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana. Curso de Post-grado en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca. Ex Becario del Curso para Expertos Latinoamericanos en Problemas del Trabajo y Relaciones Laborales de la OIT, Universidad de Bolonia y Universidad de Castilla La Mancha.

Por: Lizneira Roncancio Arias. Colaboradora Pares. Como de rastreros, han calificado los ataques contra la Comisión de la Verdad. Y aunque es un término coloquial, no se puede considerar de otro modo. Los Comisionados, todos sin excepción, son personas de reconocida trayectoria, sus hojas de vida son una entrega al altruismo, al ideal de país que desde hace mucho tiempo deseamos y buscamos afanosamente. Así se percibe en cada palmo y en cada actividad que hace parte de la experiencia y trayectoria de quienes la conforman. Y con esa misma entrega y honestidad ha sido el trabajo realizado para La Comisión de la Verdad: con mucha responsabilidad, humanismo y seriedad, hasta el punto de franquear fronteras para recoger los testimonios de quienes en aras de defender su vida o atenuar el dolor, cruzaron mares y océanos, sin que el momento aciago que los obligó a partir se haya borrado de sus mentes, porque en su equipaje se colaron esos recuerdos nefastos que hoy como un puzzle la Comisión de la Verdad está armando. En el caso de los Nodos Europa el trabajo se ha realizado enfrentando muchos desafíos, en principio porque la meta de 800 testimonios son piezas dispersas por todo el mundo, una misión que se está cumpliendo con gran fidelidad pues su período abarca una diversidad generacional de 30 años, los mismos que los colombianos llevamos soportando el recrudecimiento de una violencia subterránea. “Si no hubiera salido de Colombia, ya estaría muerto” Cada una de esas piezas tiene una fuerte carga de dolor, de desarraigo, de la tragedia que en algo ha tocado a cada hogar colombiano. Lo esencial para reconciliar ese país fracturado es conocer la verdad. “La verdad os hará libre”, dijo Jesús a los apóstoles, una frase que sigue alentando las luchas por la libertad, el pandemoniun de los sectores extremistas en Colombia; muchos intentos para taparla, para evadirla, para desconocerla y para restarle importancia, justamente en este momento trascendental. “Yo sueño con una Colombia en Paz, quiero ver ese momento para regresar; es lo mínimo a lo que uno tiene derecho, porque la tierra llama”. Imágen: Pares. Existe el deseo y la necesidad impostergable de desenterrar esa verdad oculta en muertos, fosas y desaparecidos, episodios que gravitan en la mente de los sobrevivientes y que La Comisión tiene el propósito de entregar a los colombianos. Serán la impronta de una violencia de la que estamos saturados. Es algo en lo que todos y todas coinciden, tal como lo expresa Isabel*, una mujer del campo colombiano que vio matar a su esposo “Son imágenes que no he podido enterrar, contárselo a la Comisión ha permitido que esa carga sea más liviana”. Son muchas víctimas que un equipo interdisciplinario, en su mayoría voluntarios, ha ubicado a lo largo y ancho de Europa y a quienes les han dedicado muchas horas y hasta días, pues es un proceso de escucha dispendioso. Hacer que las víctimas cuenten su versión de los hechos es una circunstancia que no se puede forzar, hay que entrar en confianza con la persona, para muchas han pasado años y aunque es un recuerdo imperecedero contar esa verdad requiere un esfuerzo emocional que va acompañado de sufrimiento y muchas lágrimas, es como abrir nuevamente la herida. Así lo relata Kristian Herbolzheimer Director del Instituto Catalán Internacional para la Paz ICIP, el organismo que asumió la función de Secretaría Técnica de los Nodos en Europa y que tiene al médico vasco en calidad de Comisionado como su Consejero, dada su experiencia en Justicia Transicional y encargado del tema exilio o Macro-territorial quien desde hace unos años a través de la Taula Catalana apoya y acompaña a mujeres migrantes en Barcelona. “Un trabajo que implica mucha responsabilidad”, agrega Kristian. "Dar el testimonio a la Comisión fue compartir mi dolor" Vale la pena destacar el aporte y trabajo decidido de varias organizaciones, todo el activismo de ONGs de víctimas que existen en Europa, así como de GESTAPAZ, (La Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, que representa una significativa cooperación del gobierno catalán), la asistencia de la Diáspora colombiana y organizaciones de refugiados dispersas por España, Suiza, Suecia y Francia, países de reconocida trayectoria en acompañamiento de procesos de paz, derechos humanos y reconciliación en el mundo, que han acompañado el proceso de paz en Colombia. Han sido apoyos fundamentales en varias direcciones, desde lo académico, lo logístico y lo económico, ya que los recursos hemos tenido que buscarlos, porque además de la toma de testimonios se han realizado encuentros y grupos de trabajo internodal especialmente en el tema de género, como una forma de articular todo los aspectos que implica la migración y sus secuelas psicológicas y sociales dadas a lo largo de todos los años del conflicto. “Mi decisión de salir me llevó tiempo, porque es dejar muchas cosas, pero la presión que se siente por pensar diferente pesa mucho”. Las víctimas se sometieron a esa catarsis, para cumplir el más importante de los componentes del proceso de paz, porque todas y todos los que se sentaron en la Mesa de negociaciones en La Habana estuvieron de acuerdo en la importancia de la verdad para el proceso de reconciliación; saber por qué ocurrieron los hechos, por qué hubo tantos inocentes convertidos en víctimas a quienes ni el tiempo ni la distancia ha logrado sanar esa herida; por qué muchos colombianos tuvieron que dejarlo todo para protegerse, un aspecto que la Comisión quiere ayudar a reparar en aras de uno de sus principios de “No repetición” y con el objeto de abarcar todas las dimensiones de las secuelas del conflicto. “Es difícil salir de nuestro país y adaptarse a otra cultura, otro idioma, sin familia, sin amigos y con un dolor a cuestas”. Un componente que hemos tenido que asumir es lograr que la sociedad entienda por qué los colombianos tuvieron que salir huyendo de su país, en ello es importante el compromiso de los Consulados –se exceptúa el Catalán-, que estén en disposición de hacer su trabajo logístico, pedagógico y psicosocial en los procesos de resiliencia, pues es un trabajo que exige un alto sentido humanitario para borrar o al menos atenuar los insondables traumas producto de tanta barbarie que siguen grabados en la mente de los colombianos dice Kristian Herbolzheimer, ese es otro desafío, hay que buscar aliados que crean en el proceso, es una labor de responsabilidad y rigurosidad. “Yo sueño con una Colombia en Paz, quiero ver ese momento para regresar; es lo mínimo a lo que uno tiene derecho, porque la tierra llama”. El Acuerdo se instauró con la posibilidad de encontrar ese nuevo orden democrático, con justicia social, con propuestas conciliadoras y fórmulas pacifistas, incluidas dentro del proceso de Justicia Transicional cuya principal herramienta es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Lamentablemente para algunos sectores, especialmente para el que ostenta el mandato, este proceso no ha contado con el apoyo suficiente, por el contrario, lo sienten como una amenaza, le desconocen el compromiso adquirido y como tal el apoyo ha sido débil, tal como ha quedado evidenciado en los continuos ataques hacia la JEP, ente rector y protector del Acuerdo de Paz. Sin embargo, la Comisión de la Verdad y sus 15 Nodos dispersos en diferentes ciudades de Europa, avanzan en el compromiso adquirido con voluntad y modestia, a pesar de los grandes retos que ha representado la toma de los testimonios. Fundamental ha sido la solidaridad y el aporte de varios países que hacen parte de la Diáspora, de los activistas y de los voluntarios, ello, gracias a un equipo que cree que esta labor es trascendental para la reconciliación de los colombianos y la construcción del nuevo país. ———— *La identidad ha sido cambiada por seguridad

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Recientemente el INPEC informó que a la fecha se reportan 24 muertes de personas privadas de la libertad a causa del virus COVID-19. La pandemia ha llegado a 38 de las 132 cárceles del país, y, por lo menos, ha registrado 3.196 contagios, de los cuales 2.582 son reclusos/as, 178 miembros del cuerpo de custodia, 22 auxiliares y 14 funcionarios administrativos. La situación es alarmante, pues desde conocerse el primer caso en Colombia – 6 de marzo-, y también desde saberse el primer contagio y muerte en las cárceles del país – 07 de abril, Villavicencio-, se ha insistido en que se tomen medidas efectivas para atender a la población carcelaria, la que hoy sigue exigiendo atención, aunque la crisis ya es un hecho. En este marco es necesario nombrar que una de las cárceles con una de las situaciones más críticas al momento es La Picota, donde hay 8.304 personas privadas de la libertad; 1.496 casos positivos de COVID-19; por lo menos, cuatro fallecimientos de PPL y uno del cabo del INPEC Rafael Pérez; y más del 90% de hacinamiento. Además, luego de informar sobre una disminución de los casos en mayo, ahora hay un rebrote que ha afectado, especialmente, a la población de una de las tres estructuras del centro penitenciario: la conocida como Penal, en la que los casos se concentran en los patios cinco y siete. Situación similar se vive en La Modelo (Bogotá) y el Buen Pastor, las siguientes dos cárceles con mayores reportes de contagios, donde hay 276 y 217, respectivamente. Centro penitenciarios donde también se han realizado protestas como petición simbólica a la protección del virus, e igualmente por los problemas estructurales que hoy se acentúan en las cárceles del país como: hacinamiento e infraestructura; acceso a alimento; mantenimiento de los vínculos familiares; y atención médica. Una de estas protestas ocurrió el pasado 21 de marzo en 15 centros de reclusión, que desató una tragedia humanitaria, tras enfrentamientos que se dieron en 13 de las 15 cárceles, los cuales causaron, por lo menos, 26 muertos y 120 heridos, distribuidos entre la cárcel Modelo de Bogotá (83), La Modelo de Cúcuta (36) y Bellavista de Medellín (1). No obstante, esta protesta no ha sido la única que ha ocurrido durante la pandemia, por el contrario, desde la fecha se ha reportado un aumento de los hechos que, al 05 de agosto dan un total de 77 actos en los que se han realizado huelgas de hambre, cacerolazos, concentraciones, desobediencia civil, velatones y obras de teatro; estrategias que no solo han sido llevadas acabo por la población privada de la libertad, sino también por familiares y organizaciones sociales. Desatención: contagios sin freno El 03 de abril se conoció que un hombre de 63 años, tras recuperar su libertad el 01 de abril, seis días después murió a causa de Covid-19 en el Hospital Departamental de Villavicencio. Este hecho marcó lo que sería la crisis venidera en los centros de reclusión, en especial, en el de la capital del Meta, donde a mayo se reportó un pico de 878 contagios, crisis que sería superada finalizando mayo. Según la Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo en su reporte diario con corte al 04 de agosto, las cárceles donde se reportan contagios son: La Picota (1.479); La Modelo, Bogotá (286);Buen Pastor (203); EPMSC-RM Pasto (203); Coiba Ibagué (183); Rodrigo Bastidas (129); La Paz (90); Itsmina (53); Villahermosa (52); Las Mercedes (40); EPMSC Valledupar (35); La Vega (29); Espinal (21); Jamundí (19); Ternera (17); Modelo, Ocaña (12); Buenaventura (11); Palmira (11); Heliconias (11); Bucaramanga (9); Camilo Torres (8); Combita (6); Modelo, Cúcuta (6); Doña Juana (4); Pitalito (4); Puerto Triunfo (4); El Bosque (3); Tuluá (3); Rivera (1); Tierralta (1); Acacias (1); Bellavista (1); y Modelo, Barranquilla (1). Asimismo, los 24 fallecimientos de los que da cuenta el INPEC se registran en las cárceles de Cali con ocho casos; La Picota y Barranquilla con tres cada una; El Buen Pastor, Tuluá, La Paz, Leticia con un caso y la de Pasto, Cartagena y Villavicencio con dos muertes en cada centro. Vale la pena mencionar que en la mañana de este 5 de agosto en la cárcel Modelo en Cúcuta se reportaron 20 PPL contagiados, además de la muerte de un dragoneante del INPEC, Saúl Martínez Luque. Por otra parte, hay que señalar que a julio habían 106.404 PPL en las 132 cárceles del país, habiendo un hacinamiento del 31.46%, pues la capacidad de los centros penitenciarios es de 80.941 cupos. No obstante, este porcentaje de hacinamiento, según el INPEC, ha ido disminuyendo respecto a los meses de enero y abril, donde la sobrepoblación correspondía al 53.53% y 45.62%, respectivamente. Con esto el llamado sigue siendo a que se tomen medidas con urgencia. Que se dé viabilidad al Decreto 546 para que en efecto la excarcelación sí propenda por mejorar las condiciones de las y los privados de la libertad. Por otro lado, a que se garantice el derecho a la protesta mientras en las cárceles del país los problemas estructurales sean el día a día en los centros de reclusión, que ahora con la pandemia se agudizan cobrando hasta el momento 24 vidas en un escenario crítico sobre el que se está pidiendo atención, por lo menos, desde hace 22 años. Respecto a esta situación Pares habló con Gloria Silva, integrante del Equipo Jurídico Pueblos, organización que ha estado haciendo veeduría de la situación de Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad. Pares: ¿Ha surtido algún efecto importante el Decreto 546? Gloria Silva :Como se esperaba, no iba a haber una excarcelación masiva producto de ese Decreto. Los niveles de hacinamiento se siguen manteniendo muy altos y el distanciamiento social es posible de realizar en los establecimientos de reclusión. Por otra parte, tampoco ha habido cambios sustanciales en condiciones como de salubridad, que se convierten en factores de riesgo adicionales. Además, el sistema de salud no ha sido fortalecido, luego, para los casos confirmados de Covid-19 las condiciones de aislamiento son muy precarias. Otras de las cosas que preocupa es que está impidiendo cualquier tipo de contacto, incluso telefónico, con los familiares de los PPL, eso está llevando a que algunas personas estén negándose a reportar síntomas y a que se den contagios masivos. Lo otro es que a pesar de todas las exigencias y protestas que se han hecho para que se permita el ingreso elementos de protección, la entrega de estos sigue siendo sin ser total. Incluso cuando son organizaciones o familiares quienes los llevan hay muchas dificultades para poder ingresarlos. Todo esto ha venido incrementando un problema de corrupción muy grave en la cotidianidad penitenciaria; la guardia se está lucrando para permitir el ingreso y también para generar el trámite de documentación que se necesita para solicitar libertad, haciendo uso de los listados que les corresponde enviar de las personas que consideran cumplen con los requisitos del Decreto. A eso se suma que tramitar quejas y denuncias que surgen de esto se complica y ralentiza por la pandemia. Vale la pena mencionar que las condiciones están generando unas complicaciones psicosociales que no han sido ni siquiera consideradas por parte de las autoridades penitenciarias. Si bien, algunas medidas tienen relación con la necesidad de contener el avance del virus como las restricciones de visitas o de actividades recreativas, estas no pueden ser suspendidas indefinidamente porque no existen herramientas que amortigüen esos efectos tan adversos para los PPL, porque la falta de ocupación, además del aislamiento, genera otras consecuencias que se pueden convertir en otra bomba de tiempo dentro de las prisiones. Pares: Actualmente el INPEC dice que han fallecido 24 personas por COVID-19 y que hay 3.196 contagios. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de estas cifras y de la información que ha dado el INPEC durante la emergencia? G.S: Un primer punto es que hay PPL que presentan síntomas y que no se les hace ni siquiera la prueba. Teniendo en cuenta esto, y que como nos informan, estos casos no son pocos, es muy difícil poder confiar en las cifras que está dando el INPEC, además, es posible que solo estén reportando los positivos de las pruebas que ellos practican, que desde nuestra perspectiva no son suficientes porque ni siquiera hay criterios claros para aplicar las pruebas, pues así tengan síntomas de contagio no se hacen las pruebas. En relación con las cifras de hacinamiento, efectivamente el INPEC empezó a registrar unas cifras de hacinamiento en reducción, incluso antes de que se presentara el primer caso dentro de las cárceles. Nosotros no tenemos ninguna otra fuente de verificación de cifras para saber si realmente ha bajado o no en esas proporciones. Si bien, los jueces de ejecución de penas han concedido algunas detenciones domiciliarias o libertades que estaban represadas, las condiciones de reclusión siguen presentando dificultades para guardar el distanciamiento social que recomienda la OMS. Además, desde adentro de las prisiones se siguen denunciando situaciones que nos llevan a pensar que la forma en la que se está informando sobre el hacinamiento no refleja la realidad por varios factores: uno, ese hacinamiento que presenta el INPEC invisibiliza las problemáticas que hay en las 132 cárceles del país, agregándose que éstas en los distintos centros de reclusión y patios de los mismos se dan con dinámicas muy diversas, pero como se ve desde una globalidad no se ponen sobre la mesa esas particularidades y realidades. Dos, se crea una separación muy artificiosa de infraestructura y de condiciones de ésta. El INPEC pareciera medir el hacinamiento entre PPL en cada establecimiento y en el número de camas disponibles, eso desconoce por ejemplo la disposición misma de las celdas, de los espacios comunes, que también marcan si esas condiciones de espacio mínimo se están cumpliendo. Adicionalmente, porque esto tiene un valor importante en las actividades colectivas, de esparcimiento, educación, etc., que además ya se ven afectadas por el sistema carcelario en el que se dan, pues no es un sistema que esté pensado para preparar a la gente para sus vidas en libertad, ni para potenciar sus capacidades, que es lo que se supone que debe hacerse en el marco de un proyecto penitenciario decente. Por otra parte, con las organizaciones que trabajamos conjuntamente y que nos reportan la situación, no han manifestado que se hayan dado reales condiciones de cambio en la reclusión y que sean consecuencia de esa reducción de hacinamiento. Pares: La situación ahora en La Picota es la más crítica, a pesar de que desde allí se informó que en mayo la curva de contagio había decrecido. ¿Qué pasa en La Picota? G.S: En La Picota con el aumento de casos se vio que hay un subregistro de casos. Esto por varias cosas, en las que hay que decir que las personas que mandan a aislamiento ni siquiera cuenta con la posibilidad de comunicarle a sus familiares la situación en la que están, información que no llega de ninguna otra forma a la familia de las personas privadas de la libertad; de un momento a otro se desaparece la gente, no se tiene razón de nada. Asimismo, hay población con alto riesgo de contagio que no ha sido llevada a lugares especiales para evitar consecuencias fatales. Adicionalmente, también hay otra denuncia y es que hay patios donde hay contagios y la guardia entra a decir –“ustedes verán si se aíslan o no- “, decisión que está marcada por las condiciones en las que se da el aislamiento, por lo que la gente prefiere permanecer en sus patios y tratar de tener medianas condiciones de protección para evitar el contagio de otras personas. Pares: Desde la emergencia se han reportado cerca de 77 protestas en las cárceles del país. ¿Las exigencias que allí se han hecho han tenido alguna respuesta? ¿Qué puede pasar en los meses siguientes con estos actos? G.S: Tristemente las respuestas del Estado a las protestas, se podría decir, han sido nulas. Por ejemplo, en los elementos de protección no ha pasado nada. Realmente no se sabe qué es lo que ha pasado para que el índice de mortalidad de personas que han sido contagiadas no sea tan alto como se esperaba. Esto ha ayudado a aprobar el relajamiento de las autoridades del Estado, que no cuidan ni de su propia guardia penitenciaria. Se prevé que va a haber un incremento de las protestas. Lo que dice la gente literalmente es que –“lo que se respira adentro de las cárceles es miedo a morir por el virus o en una protesta social”-. Sabemos que se están organizando nuevas jornadas, nuevas acciones, buscando que el Gobierno garantice las medidas más básicas de bioseguridad y para que se empiecen a pensar otras alternativas que no sometan a la población reclusa. Hay que decir que, aunque el INPEC dice que han implementado llamadas virtuales para que los PPL puedan comunicarse con sus familias, los mismos internos nos han dicho que eso es falso, que al contrario se sigue persiguiendo la tenencia de teléfonos personales, que sabemos existen. Estas restricciones, por ejemplo, en La Picota, han provocado que incluso no se les permita asistir a las audiencias virtuales, lo que es desproporcionado y viola los derechos fundamentales de la población reclusa.

Por: Isaac Morales Pérez. Coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado, Pares. Un mes se cumple hoy de la trágica mañana que golpeó al corregimiento de Tasajera en Pueblo Viejo – Magdalena. Por Tasajera he pasado unas cuantas veces, desde pequeño y al ser de origen caribe y vivir buena parte de mi vida en la Costa, transitaba la Troncal del Caribe entre Barranquilla y Santa Marta y siempre me impresionaba el hecho de que una carretera de dos carriles haya dividido la armonía del manglar y el mar, que tienen sus propias barreras naturales borradas por las manos del hombre, me impresionaba también ver las casas en condiciones muy precarias, hechas con palos y bolsas plásticas. La mañana del 6 de julio, mi WhatsApp se llenó de fotos y videos de personas con quemaduras muy graves en el cuerpo que corrían desesperadamente por una carretera y vi a otros montados en ambulancias improvisadas, no entendía por qué mis amigos de Barranquilla, Montería y Magdalena me las compartían. Al poco tiempo me enteré del trágico desenlace de un volcamiento de un camión cisterna sobre la troncal del caribe a la altura de Tasajera, que los pobladores del pueblito habían ido a saquear el combustible para después revenderlo. Lo que no esperaban era contar con la desdicha del abrazo de la muerte ardiente que a hoy deja 45 hombres fallecidos y casi 50 heridos; los habitantes de Tasajera por el afán de conseguir un poco de gasolina que sería una forma de supervivir el día, que para muchos iniciaba sin un centavo en el bolsillo, no contaban con el desenlace tan macabro que vivieron. Este episodio nos deja varios puntos para tener en cuenta y no olvidar. Nos recordó la tragedia que vivió también un municipio de Magdalena, Fundación, donde en 2014 se vio morir a 33 niños y niñas incinerados en un bus, nos recordó la precariedad del sistema de salud y las deficiente capacidad de respuesta del mismo, los heridos de tasajera resultaron en varios centros hospitalarios de varias partes de la Costa, incluso al pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar en Bogotá llegaron varios. Nos recordó la herencia de una tradición corrupta que el Clan Cotes sembró en las tierras del Magdalena, esta corruptela que había estado enquistada hasta el 31 de diciembre del 2019 había sido cómplice y provocador de la pobreza que en general el departamento del Magdalena vive y que hoy ve una luz de cambio con su nuevo Gobernador Caicedo; un clan que le quitó al pueblo la salud, la educación y hasta el agua potable. Tasajera le recordó a Colombia esa pobreza estructural que vive gran parte de su población, sobre todo la rural, esa Colombia profunda que se despierta con más incertidumbres que con las que se acuesta. Los habitantes de Tasajera dejaron ver también una modalidad de saqueo común en estas carreteras: la provocada por el hambre, como ocurrió al inicio de la pandemia en carreteras del Cesar donde se hurtaron alimentos de un camión de abastos, demostró que la necesidad supera el sentido común de la salvaguarda propia de la vida, que pende de un hilo con la chispa de una batería en una nube de gas inflamable. Develó también la calaña de muchos connacionales que con comentarios regionalistas e incluso clasistas nos atacaron a nosotros los costeños como brutos, pero claro, desde la comodidad de un hogar sin preocupaciones. Muchos también dijeron que esto es una práctica recurrente en este sector de Pueblo Viejo, que en el tinto mezclan escopolamina y esto provoca el volcamiento de camiones para saquear su contenido, y si es así no será pues por las mismas condiciones de inseguridad del corregimiento, no solo de seguridad en términos estrictos, sino de la seguridad humana que incluye también el bienestar de las personas, si esto es así, las autoridades locales deberían acompañar a esta comunidad y adelantar acciones de prevención que anticipen estos hechos. Hoy, seguramente este episodio del 2020 tan trágico ya quedó en el olvido para muchos, pero el sufrimiento de esas familias no cesará tan fácilmente; Colombia no puede olvidar el trasfondo de este hecho, no puede desconocer la corresponsabilidad que se tiene al momento de elegir mal a gobiernos indolentes de espalda a las realidades que son múltiples en este país, no podemos dejar de hacer presión para que se escuche los gritos de esa pobreza estructural, de esa desigualdad ahora más marcada por el Covid-19, debemos hablar de una renta básica que podría salvar vidas, hablar de oportunidades reales en zonas alejadas y sumidas en la pobreza.

Por: Redacción Pares. La Procuraduría General de la Nación recordó el imperativo para todas las ramas del poder público de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales. Por ende, ningún servidor público está habilitado para promover o alentar su incumplimiento. Es el acatamiento a la ley lo que garantiza la supervivencia de la democracia y el Estado de derecho. Como presidente, Iván Duque debe conservar una postura frente a las decisiones judiciales que tiene que ser neutral o, en su defecto, a favor de la justicia. Lo que estaría haciendo en un trino publicado desde la cuenta de Twitter del mandatario de todos los colombianos, es acusar a la Corte Suprema de Justicia de haber cometido un error en su sentencia en el caso del expresidente Uribe. https://twitter.com/IvanDuque/status/1290755832330813442?s=20 El único escenario legítimo, dice el organismo de control, para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso provee. La controversia de las providencias emanadas de los jueces en ámbitos distintos al judicial, atenta contra los principios de autonomía e independencia en que se cimenta esta rama del poder público, y que constituyen pilares esenciales de nuestra democracia. De otra parte, la Constitución le señaló a la Procuraduría General de la Nación la competencia de velar por las garantías procesales de los ciudadanos que sean investigados dentro de una actuación penal. Por consiguiente, la Procuraduría General de la Nación actuando en el marco de sus competencias constitucionales y legales, continuará ejerciendo su labor de vigilancia dentro del proceso penal que se adelanta en contra del senador Álvaro Uribe Vélez, y, en ese marco, examinará la pertinencia de ejercer los controles procesales que la ley contempla para la medida de aseguramiento dictada en su contra, en procura de la preservación de la integridad del orden jurídico y la intangibilidad de las garantías procesales. Según la Procuraduría General de la Nación, los colombianos debemos desactivar la pugnacidad y la extrema polarización que pueden estimular nuevos escenarios de violencia. A la crisis generada por la pandemia del Covid-19 no se le puede agregar una pandemia de odio que nuble el futuro, amenace la democracia y nos sume en una nueva noche de dolor.

Por: Línea de Democracia y gobernabilidad. Pares. A poco tiempo de cumplir cuatro años en su cargo -el 16 de enero de 2021-, Fernando Carrillo se prepara para dejar su puesto en la Procuraduría General de la Nación, cargo en el que fue elegido en octubre de 2017 con 92 votos del Senado. Ahora, de nuevo, el turno es para el Consejo de Estado, la Corte Suprema y el presidente Iván Duque, quienes deberán presentar a sus elegidos -uno por cada institución- ante el Senado de la República, donde finalmente se decidirá quién será la nueva o el nuevo procurador. Este proceso inicia en el Consejo de Estado y la Corte Suprema con una convocatoria, la cual fue presentada a mediados de junio, dando un plazo de llenar las inscripciones hasta finales del mismo mes. Así, desde el pasado 2 julio y hasta el 15 de julio la lista de aspirantes estuvo disponible para recibir observaciones de la ciudadanía. Ahora el paso a seguir es el análisis de cada Corte, que comenzará el próximo 27 de julio. Realizado este paso, y con un primer grupo de preseleccionados, el 04 de agosto los candidatos se deberán presentar ante el Consejo de Estado, y el 6 del mismo mes, en la Corte Suprema. Con esto se esperaría que el 13 de agosto la Corte Suprema elija a su candidato, para ser publicado el día siguiente, mientras que el Consejo de Estado hará ese mismo proceso entre el 11 y 12 de agosto. Claro esto, el siguiente turno sería para el presidente Iván Duque para elegir a su candidato o candidata. Con esto listo los seleccionados serán presentados ante el Senado, donde se adelantará una votación. Ante este panorama Pares presenta 10 candidatos de los 59 inscritos -37 en la Corte Suprema y 25 en el Consejo de Estado-, de quienes se estudiaron sus hojas de vida desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. Estos fueron los resultados: · Ernesto Amézquita Camacho De acuerdo con el SIGEP, Amézquita es abogado y máster en Derecho de Familia de la Universidad Libre, y doctor en Seguridad y Desarrollo Integral de la Universidad UNEFA en Caracas. Cuenta con dos especializaciones, una en ciencias penales y penitenciarias, y otra en Derecho laboral. Ha alternado su carrera judicial con la docencia, la cual ha ejercido durante 30 años en universidades como la Cooperativa de Colombia, la Libre, Incca, Nacional, Universidad del Quindío, entre otras. También se ha desempeñado como magistrado del Tribunal de Garantías Electorales de Colombia, canciller internacional de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes de Colombia, vicepresidente de la Asociación Americana de Juristas, presidente de la Corporación Jurídica Internacional y asesor jurídico de Cancillería en 2014. Recientemente, fungió como procurador regional de Quindío, hasta principios de 2019, luego fue procurador regional de Risaralda y posteriormente procurador ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora aspira a ser Procurador General de la Nación. Amézquita ha saltado a la fama por varias razones. Una de las primeras fue por la defensa que le brindó a Santiago Medina Serna, quien era tesorero de campaña de Ernesto Samper en su cuestionada campaña presidencial, a quien habría presionado para que no contara de lo que sabía sobre la infiltración de los dineros del cartel de Cali en la campaña. Luego de ser despedido por Medina se enfrentó a una investigación disciplinaria solicitada por el entonces fiscal general de la nación, Alfonso Valdivieso Sarmiento, al Consejo Superior de la judicatura. Mientras estaba siendo investigado, Amézquita defendió al expresidente de Perú, Alan García, quien estaba asilado en Colombia desde 1992 y que para la época tenía graves denuncias en su contra por los delitos cometidos en su país. Tras esto se lanzó a la defensa de los tres irlandeses sindicados de asesorar militarmente a las Farc-ep, así como cuatro (4) venezolanos acusados de venderles armas. Luego de este último proceso, según un Confidencial de Semana a principios de 2004, tuvo que salir por amenazas del país hacia Venezuela donde trabajó directamente para Hugo Chávez durante varios años, en los que tuvo cercanía con el círculo militar del expresidente venezolano y, según el diario digital El Expreso, obtuvo la nacionalidad del país vecino. Según lo relata El Tiempo en 2005, Amézquita también sindicado por haber intentado cobrar un presunto título falso por 25 millones de dólares en el Banco Central de Venezuela, razón por la cual le pusieron medida cautelar no privativa de la libertad. En su momento, las autoridades venezolanas revelaron la existencia de una presunta red internacional de falsificación de bonos y señalaron especialmente a Amézquita por su facilidad de entrar y salir de Venezuela. Con base en lo anterior, fue condenado a 2 años y 8 meses por estafa agravada en grado de tentativa. No obstante, el 7 de junio de 2007 apeló a su condena ante la Corte de Apelaciones de Caracas del Circuito Penal Judicial. Amézquita siguió su carrera en la Procuraduría de la mano del procurador general Carrillo, pasando por la procuraduría de en Armenia, luego por la regional del Quindío, por Manizales, Valle del Cauca y finalmente fue nombrado en el mismo cargo para el departamento de Risaralda en marzo de 2019. Un año antes, el entonces gobernador del Quindío solicitó a la Procuraduría General de la Nación una investigación contra Amézquita y el órgano de control seccional por filtraciones de investigaciones en su contra. A principios de año se solicitó otra investigación disciplinaria al procurador general de la nación Fernando Carrillo, por presuntamente haber dilatado los procesos en los casos del ex contralor de Dosquebradas Fernán Alberto Cañas, quien tenía un fallo de segunda instancia con sanción de destitución e inhabilidad por 15 años. A pesar de todo lo anterior, Carrillo habría premiado a Amézquita como procurador delegado ante la JEP en febrero de 2020. Según los certificados de antecedentes especiales de la Procuraduría y la Policía nacional no cuenta con ningún antecedente. Ahora aspira a ser Procurador General de la Nación, luego de recibir la invitación de parte de la ONG Fundación Escuela de Derechos Humanos Paz y Reconciliación Héctor Abad Gómez, creada en febrero de 2018 en Armenia, así como por la Asociación de Abogados Litigantes de Colombia. · Juan Gregorio Eljach Pacheco Según el SIGEP, Estudió Derecho en la Universidad del Cauca, es magíster en Gobierno Municipal y especialista en Gestión de Entidades Territoriales, Derecho Público, Derecho Constitucional y Parlamentario y, Derecho Urbano en la Universidad Externado de Colombia. En su hoja de vida presentada para su aspiración a Procurador, también ha sido docente universitario, conferencista y autor de muchas publicaciones. Es fundador del Centro de Investigaciones y Estudios Legislativos. Su carrera ha estado marcada especialmente por su paso como secretario del Senado de la República, cargo al que llegó con el respaldo del exministro Aurelio Iragorri, con quien comparten un fortín en el Cauca. De hecho, Eljach trabajó durante varios años como su asesor técnico cuando era senador. A partir de este trabajo, se acercó al Congreso, donde trabajó como abogado y secretario General de la Comisión Especial de Seguimiento. También se desempeñó como director del Ordenamiento Territorial del Congreso, participando en la confección de la normatividad de los entes territoriales, organismos de control y los códigos disciplinario y ético. De ahí, saltó a la secretaría general del Congreso. Su aspiración llegó apadrinada por partido de la U. A pesar de las irregularidades en su elección, por diversas demandas presentadas, en 2015 el Consejo de Estado lo ratificó en su cargo. En 2014, el Senado lo reeligió y desde ahí ha ocupado el cargo ininterrumpidamente hasta la actualidad. Se posicionó como uno de los funcionarios más poderosos del Congreso, pues es en la Secretaría donde se organizan las sesiones del Senado y es un cargo estratégico para el trámite legislativo, el funcionamiento del Congreso y las demandas de pérdida de investidura de los Senadores ante el Consejo de Estado, con lo cual tendría cercanía con sus magistrados y esto coincide con que fue a esta entidad a la que le presentó su hoja de vida para aspirar a la Procuraduría. Durante ocho años en el cargo protagonizó diversas polémicas por dejar el micrófono abierto y presuntamente extralimitarse en sus funciones aconsejando jugadas para la aprobación o no de diversas leyes, como por ejemplo quedó registrado en noviembre de 2015 en donde se le oyó decir: “No le dé más papaya a Robledo”, con lo que buscaba interrumpir la intervención del mencionado senador. También tuvo a cuestas investigaciones relacionadas por la presunta filtración de documentos reservados en la investigación contra Jorge Pretelt. De hecho, en junio de 2015 durante el interrogatorio en la fiscalía guardó silencio en todo el interrogatorio. Según el expediente, la Fiscalía tenía los videos en los que se observaba al funcionario repartiendo los documentos; no obstante, en enero de 2017, el ente investigador decidió archivar la investigación porque que no se pudo comprobar que Eljach incurriera en maniobras para afectar la investigación disciplinaria contra Pretelt Chaljub. Así pues, actualmente tiene una doble aspiración: la de la Procuraduría y la de ser reelegido en su actual cargo en el Congreso el 20 de julio. De acuerdo con el sonajero de candidatos, Eljach entraría a la carrera con el apoyo del registrador Alexander Vega y Aurelio Irragori, así como una parte del partido de la U, y alguna porción del Senado con quien ha trabajado de la mano. · Luis Felipe Henao Cardona Henao es una de las fichas políticas más fuertes en la aspiración a procurador. Es bien sabido por la opinión pública, dada su trayectoria, el apoyo que tiene con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y su cercanía con los Char. Luis Felipe es abogado de la Universidad del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y tiene diversas especializaciones en Derecho de Empresas y Estudios Superiores en Problemas Actuales de Derecho Penal. Su carrera en el derecho la empezó en la oficina del abogado Jaime Lombana. De ahí, pasó a la fiscalía como técnico investigador en la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico. En 2006 fue elegido Secretario General del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cargo que ocupó hasta el 2007 cuando fue nombrado viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial. En 2010, Henao llegó a la Secretaría General del Ministerio y en febrero de 2012 ascendió a viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos. También ocupó cargos como director encargado del INPEC y de la otrora Dirección Nacional de Estupefacientes. A mediados de mayo de 2012 pasó a ser viceministro de Vivienda y un año después, en mayo de 2013, Santos lo nombró Ministro de Vivienda. Debido a los altos cargos que ha ocupado, Henao también ha estado involucrado en hechos polémicos. El primero de estos fue en 2017 cuando la Corte Suprema de Justicia lo citó a declarar en el marco de la investigación que se adelantaba contra el exsenador corrupto Bernardo “Ñoño” Elías y con la que se buscaba determinar la responsabilidad de los miembros del alto gobierno en el Conpes que dio viabilidad para la realización de la cuestionada vía Ocaña-Gamarra afectada por el escándalo de Odebrecht. Paralelamente, la periodista Vicky Dávila escribió una columna sobre presuntas anomalías en la adjudicación de contratos de la multinacional Cemex relacionados con los programas de vivienda, dado que esta firma fue una de las aportantes a la campaña de Santos en 2014. Según Dávila, mientras Henao fungía como ministro, Cemex se quedó con 14 proyectos de vivienda correspondientes a 4.930 casas por un valor de más de 200 mil millones de pesos. A esto se agregaron dos cosas, por un lado, la afirmación de Dávila que indicaba que Henao habría tenido encuentros en vacaciones en Puerto Vallarta, México, en enero de 2015 con Carlos Jacks, el entonces presidente de Cemex. Por otra parte, un estudio de la Universidad Nacional en el que se advirtió sobre las irregularidades presentadas en la adquisición de la sede del ministerio de Vivienda; sobrevalorada en $1.500 millones. En febrero de 2019 la Procuraduría General de la Nación vinculó a Elsa Noguera y Luis Felipe Henao, como exministros de la cartera ministerial encargada de la adquisición del elefante blanco. Según los certificados de antecedentes especiales de la Procuraduría y la Policía nacional no cuenta con ningún antecedente. Aspira al cargo de Procurador General de la Nación, con el apoyo de Vargas Lleras y, al parecer, algunos miembros de Cambio Radical y Clan Char. · Juan Carlos Novoa Buendía Novoa es abogado de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bucaramanga, con maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional, y especializaciones en Derecho Administrativo y Derecho Tributario. Según el SIGEP, cuenta con numerosos y millonarios contratos en el Senado de la República, por $73,3 millones de pesos para ejecutar de julio a septiembre; en el SENA, por $141 millones, para ejecutar de enero a diciembre; en la Agencia Nacional de Hidrocarburos; en el Ministerio de Justicia, por 135 millones de febrero a diciembre. Todos en el 2020. Novoa era procurador delegado para asuntos disciplinarios cuando, en 2014, se firmó la destitución del entonces alcalde Gustavo Petro. También se le recuerda porque ese mismo año apeló las sanciones de inhabilidad por 11 años para ocupar cargos públicos del exgobernador cuestionado Óscar Barreto (2008-2011), y los funcionarios Olga Lucía Alfonso y Alejandro Martínez, por la entrega de la licitación de la pavimentación Líbano-Villahermosa. El resultado fue la absolución por parte de Novoa el 27 de septiembre de 2014 a estos funcionarios, abriéndoles las puertas para participar electoralmente y ser nombrados en cargos públicos. Pero, este no es el único cuestionamiento. De acuerdo con una denuncia realizada por Daniel Coronell en octubre de 2015, Novoa utilizó la Procuraduría como su propia bolsa de empleo, en donde trabajaron 2 parientes políticos y varios amigos. Según relata Coronell, se trataba de su hermana Rocío Novoa, asesora grado 24; cuatro primos: Hambeydy Novoa, auxiliar administrativa, José Novoa, sustanciador, Marleny Novoa, profesional universitaria y Jenny Ardila Buendía, profesional; una cuñada, Paola Polanía; y Yeimy Vargas, su concuñada. Para completar el dossier de inconsistencias, Coronell también reseñó como Novoa habría realizado un presunto favorecimiento al otrora representante a la Cámara de Santander Holger Díaz, quien llego al Congreso con el aval del PIN, partido que en su momento apoyó la reelección de Ordoñez. El caso específico se derivó luego que de que Holger diera información del trámite legislativo de la ley de salud, de la cual era ponente, al presidente de Saludcoop al tiempo que le pedía dinero para consignarlo a una empresa llamada Salud con Calidad LTDA, fundada por el congresista, su esposa Gloria Quiroz y su suegro Franklin Quiroz. Según Coronell, esta investigación llegó justamente a la sala de Novoa, quien concluyó de Holger no tenía responsabilidad porque había vendido sus acciones dos días antes de convertirse en representante a la Cámara a su suegro Franklin Quiroz, quien, en pleno proceso de la ley de salud expuesta por Holger, le vendió las acciones a Margareth Liliana Castro, su nuera. Otro de los hechos polémicos es que Novoa también fungió como abogado suplente del senador Ernesto Macías, luego de que la procuraduría le abriera una investigación por el episodio de la “última jugadita” cuando ocupaba el cargo de presidente del Senado. Novoa actualmente se presenta al cargo de Procurador con el apoyo de Ordoñez. Según los certificados de antecedentes especiales de la Procuraduría y la Policía nacional no cuenta con ningún antecedente. · José Andrés Omeara Riveira Omeara es abogado de la Universidad Segio Arboleda; magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Javeriana; Magíster en Derecho Púbico de la Universidad Externado y Magíster en Estado de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Su vida profesional se ha alternado entre la docencia, el sector público y el litigio. En cuanto a su trayectoria en el sector público se resaltan cargos como la dirección de asuntos políticos y electorales del Ministerio del Interior y Justicia, así como director jurídico de este; la dirección de vigilancia fiscal de la Contraloría General de la República; contralor delegado del sector social y contralor delegado del sector Defensa, Justicia y Seguridad. Aunque no resultó elegido cargo como Contralor General de la República, cargo al que se presentó en diciembre de 2018, le dieron el puesto de director general de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. De acuerdo con diversas fuentes, Omeara tiene un grave cuestionamiento derivado de su presunta relación con el escándalo de la Yidispolítica. Esto es así, toda vez que su hermano, el entonces notario Luis Camilo Omeara, quien fue director de asuntos jurídicos y luego director político y electoral (mismo cargo que ocupó su hermano) del Ministerior del Interior y de Justicia en cabeza de Carlos Holmes, habría encabezado la venta de la Notaría 67 de Bogotá a Teodolindo Avendaño por un valor de $450 millones de pesos soportados en un pagaré en el que habría intermediado José Andrés, lo que sirvió como una de las dádivas para que Yidis Medina diera su voto a cambio de reformar la Constitución para permitir la reelección de Uribe en 2006. Actualmente, aspira al cargo de Procurador General de la Nación. Según los certificados de antecedentes especiales de la Procuraduría y la Policía nacional no cuenta con ningún antecedente. · Humberto Antonio Sierra Porto Sierra es abogado de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una especialización en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 2013 es Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fungió como presidente en el bienio 2014-2015. Se desempeñó como Magistrado de la Corte Constitucional entre 2004 y 2012, Conjuez 2001 y auxiliar en 1992. Es conocido por ser escogido por azar como ponente del fallo que hundió el referendo reeleccionista, que de haber sido aprobado habría permitido el tercer periodo presidencial a Álvaro Uribe Vélez. Adicionalmente, antes de abandonar su cargo como magistrado, fue ponente del fallo que obligó al Procurador Alejandro Ordoñez a rectificar varias afirmaciones y decisiones en relación con el aborto. · Marco Antonio Velilla Moreno Velilla es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, cuenta con una especialización en derecho comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana y una maestría en derecho civil (D.S.U.) de la Universidad París II y una maestría de estado en derecho económico (D.E.A.) de la Universidad de Orléans, Francia. Magistrado del Consejo de Estado donde cumplió su periodo de ocho años hasta el 2015, cargo al que fue postulado en cinco ocasiones. En 2018 recibió la condecoración de la medalla Luis Carlos Galán por su lucha anticorrupción, luego de ser aprobado por la comisión de ética del Senado. Velilla para ese entonces era el presidente del comité de ética del partido Centro Democrático, cargo por el cual es recordado por archivar la investigación interna contra el excandidato Óscar Iván Zuluaga por presuntamente recibir dineros de Odebrecht para su campaña política. La oposición rechazó la decisión de la condecoración. En su momento Aída Avella recalcó que Velilla demandó en febrero de 2013 a la presidencia de la república y a la Corte Suprema de Justicia por los perjuicios morales causados cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez lo postuló a la terna para reemplazar al entonces fiscal general Mario Iguarán; Velilla alegó que se habría desconocido el debido proceso en las votaciones, cuando tras múltiples sesiones de la Corte Suprema de Justicia nunca pudo elegir fiscal y Juan Manuel Santos en su presidencia retiró la terna y presentó otras postulaciones. Frente a esta demanda el Tribunal aseguró que el exmagistrado actuó de “mala fé” y que el presidente Juan Manuel Santos actúo según sus facultades. Fue Consejero Presidencial durante el periodo constitucional del Expresidente Belisario Betancur, cuenta con una amplia trayectoria académica, experto en Pensamiento Complejo y ha sido asesor directo de Presidencias de Compañías, Direcciones y Gerencias Generales de empresas públicas como Ecopetrol, EPM-Bogotá, ICFES, Ministerio de Educación Nacional y algunos Organismos Internacionales como la UNESCO y la SECAB. · Jorge Armando Otálora Gómez Es abogado de la Universidad Católica de Colombia con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, fue vicefiscal General de la Nación entre 2005 y 2006, cuando Mario Iguarán fue Fiscal y fue decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Santo Tomás. En septiembre de 2012 se posesionó como Defensor del Pueblo luego de recibir 126 votos de 132 de la Cámara de Representantes. Sus contendientes eran Olga Lucia Gaitán y Beatriz Linares, las cuales alcanzaron 8 votos, 4 para cada una. Tras su elección la representante Ángela María Robledo y la directora de la MOE, Alejandra Barrios, manifestaron que Otálora no tenía la trayectoria suficiente para asumir el cargo. En 2016 Astrid Helena Cristancho, exsecretaria privada de Otálora, radicó ante la fiscalía una denuncia por acoso sexual contra el entonces Defensor del Pueblo. A raíz de la denuncia en su contra por acoso, Otálora presentó su carta de renuncia y en marzo de ese mismo año la Cámara de Representantes aprobó su renuncia. Desde 2017 y hasta 2019 se desempeñó como asesor jurídico de la Nueva EPS. · Wilson Ruiz Orejuela Ruíz es abogado con especialización en derecho administrativo y doctorado en derecho. Ha sido docente de la Universidad del Rosario, Sergio Arboleda y Libre en Bogotá. Así como en la Universidad San Buenaventura e ICESI en Valle del Cauca. Sus cargos más reconocidos dentro de la rama judicial fueron primero como conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (2006 – 2008), posteriormente como conjuez del Consejo Superior de la Judicatura (2008 – 2009) y por último como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, sala jurisdiccional disciplinaria (2012 – 2015). Llegó a ser presidente de la sala y de la corporación. Además, cuenta con experiencia como abogado litigante. En 2008 Álvaro Uribe lo ternó para ser Defensor del Pueblo. En 2016 estuvo en la carrera por la Procuraduría. Por último, en 2018 compitió por la Contraloría General de la Nación y llegó a estar entre los últimos 10 candidatos. De acuerdo con la investigación de la Agencia de Periodismo Investigativo, Ruiz nuevamente sería la carta de Uribe, ya sea como ternado por el presidente Duque o como candidato ante la Corte Suprema de Justicia. · Margarita Cabello Cabello es abogada egresada de la Corporación Universitaria de la Costa, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga y Especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad de Cartagena y candidata a Maestría en Derecho Procesal Contemporáneo en la Universidad de Medellín. Ejerció durante tres años (2009-2012) como Procuradora Delegada de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, nombrada por Alejandro Ordoñez. Al parecer fue por medio del exprocurador que Álvaro Uribe, en el 2009, la incluyó en la segunda terna que presentó a la Corte Suprema para elegir Fiscal General de la Nación. Cabello es cercana a David Name, el hermano de José Name Terán. Este último también le habría dado apoyo para su candidatura a la Gobernación del Atlántico, en donde también contó con Fuad Char Abdala y Roberto Gerlein. En ese momento al cargo fue elegido José Antonio Segebre. Cabello es hermana de María Elvira Cabello, compañera de lista de Mauricio Pimiento, condenado por parapolítica. El 11 de junio de 2019 se posesionó como Ministra de Justicia, antes de esto había pasado por Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia como magistrada de la Sala Civil (2012) y como presidenta de esta (2016 – 2017), por la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, donde también fue presidenta. En 2018 Iván Duque la ternó para que la Corte Suprema eligiera un fiscal general ad hoc para investigar tres casos del escándalo de Odebrecht, pues el entonces fiscal, Néstor Humberto Martínez, se había declarado impedido. Cabello renunció a la terna porque existían dudas sobre si estaba habilitada. Margarita Cabello sería la terna que presentará el presidente Iván Duque, por lo que renunciaría al Ministerio de Justicia para poder presentarse al cargo. Esto ha generado inconformidad pues hay quienes aseguran el Gobierno estaría buscando la manera de que la ministra esté en la terna, pero con dos contendores que no sean de alto perfil para que ella sea elegida por el Senado.

Por: León Valencia, director – Pares Hay un gran revuelo en Colombia. Álvaro Uribe Vélez, dos veces presidente y quizá el más hábil y el más popular de los políticos colombianos en los últimos cincuenta años, estará desde hoy en prisión domiciliaria mientras se desarrolla el juicio que por soborno y fraude procesal le adelanta la Corte Suprema de Justicia. Para sus partidarios, entre los cuales se encuentra el hoy presidente del país Iván Duque, es algo inaudito. Pero en realidad tiene toda la lógica jurídica del mundo. Los indicios de que el expresidente tiene responsabilidad en la presión y en el soborno a testigos, son bastante notorios. Los paramilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve sostienen con pruebas a la mano que los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar, actuando en nombre de Álvaro Uribe, los contactaron para que declararán en favor del expresidente a cambio de favores y dinero. Querían, además que sirvieran de testigos contra el senador Iván Cepeda y dijeran que Cepeda los había buscado para acusar falsamente a Uribe. Los abogados, también procesados, no han podido eludir en los tribunales la acusación de que entregaron importantes sumas de dinero y ofrecieron ayudas a estos testigos. La historia es bastante larga. Juan Guillermo Monsalve es un campesino que nació y se crio en la finca Guacharacas, propiedad de Alberto Uribe Sierra, padre de Uribe. Monsalve creció y se vinculó a los paramilitares. Conocía muchos secretos de la familia Uribe. En algún momento Monsalve, quizá porque el expresidente le dio la espalda al acuerdo de desmovilización y desarme que había pactado con los paramilitares y extraditó a sus jefes, o no se sabe porqué otra razón, empezó a dar testimonios contra Uribe señalándolo de contribuir a fundar el Bloque Metro de los paramilitares que operaban en Medellín y en la región antioqueña. Uribe en un primer momento intentó una conciliación con Monsalve mediante mensajeros. El ladino paramilitar no cedió a estas propuestas y persistió en sus denuncias. Posteriormente Monsalve ya preso empezó a recibir graves atentados contra su vida de los cuales se salvó a punta de astucia. Culpa a Uribe de estas acciones. De ahí nació una feroz enemistad. Ahora Vélez y Monsalve están en sociedad para buscar la condena de Uribe y no cejarán en ese empeño. La Corte Suprema no tenía otro camino que llamar a juicio a Uribe y al mismo tiempo ordenar la prisión domiciliaria. Como la esencia de los delitos de que se lo acusa es la obstrucción a la justicia, la indicación es que tiene la voluntad y la posibilidad de influir o poner trabas al libre ejercicio de los investigadores y los jueces. Para evitar esto ordena su reclusión. Ahora bien, la prisión domiciliaria es una decisión dura, pero simbólica. La Corte Suprema tuvo en cuenta la representación y la influencia de Uribe, las dignidades que ha ocupado, y se decidió por una reclusión que en estos tiempos de pandemia no hace muchas diferencias con lo que vive el resto de los colombianos. Lo que sigue no es fácil. Las presiones sobre la Corte aumentarán. Hoy mismo una senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, ha insinuado que las Fuerzas Militares deberían actuar para defender al expresidente, es desde luego un exabrupto, pero no se puede subestimar. La batalla jurídica será también muy dura. Los abogados que defienden a Uribe son muy poderosos. Pero hay una cosa que los partidarios del presidente Uribe no tienen en cuenta. Estamos en el siglo de los jueces. Las cortes tienen una enorme influencia y poder en el mundo de hoy. Enfrentarse a ellas tiene unos costos enormes. Mucho más si las pruebas son consistentes como parecen serlo las que implican al expresidente Uribe.