Por: Laura Cano. Periodista Pares. Este martes 4 de agosto de 2020, en una histórica decisión, la Corte Suprema dictó medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe Vélez. El expresidente es investigado por presunta manipulación de testigos, en un caso que involucra a exparamilitares y al abogado Diego Cadena, y que perjudicó a Iván Cepeda. En los últimos días de nuevo ha vuelto a debate nacional el proceso de Uribe por posible manipulación de testigos. Esta inédita decisión de un tribunal de justicia colombiano ocurrió luego de iniciado el proceso contra Diego Cadena y Juan José Salazar por soborno en actuación penal y fraude procesal en calidad de coautores. Tras esto hubo dos comunicaciones importantes; por un lado, la del partido Centro Democrático blindado al expresidente. Por otra parte, la de la Corte Suprema de Justicia haciendo un llamado a confiar en la acción de los jueces dentro de este proceso, en el que la presión política ha resaltado. Tras esto, uno de los cuestionamientos era ¿cuál iba a ser la situación política de Uribe?, que como se afirmaba estaba próxima de definirse por parte de la Corte y por medio de los magistrados de la Sala de Instrucción: César Reyes, Héctor Alarcón, Misael Rodríguez, Marco Rueda y Francisco Farfán. Hoy ya hay un paso dado: la medida de aseguramiento domiciliaria para Álvaro Uribe Vélez, una decisión histórica que se da para proteger el proceso que adelanta la Corte. En el contexto de las advertencias que se hicieron antes de conocerse esta decisión en El Poder de Semana TV León Valencia, director de Pares, estuvo analizando el panorama en el que se daba este debate, en el que resaltaba la presión a la Corte, acompañado de una instigación política en el nombre de la repercusión que tuvo el ahora senador en sus dos periodos presidenciales, en este sentido, una de las advertencias que se daban era la detonación de hechos violentos. Ante esto Valencia afirmó que: “Ahora es más difícil que la gente vaya a enfrentar al Estado por defenderlo, menos en un caso judicial donde hay muchas pruebas para condenarlo. No creo que eso ocurra. Pero sí va a ser un acontecimiento político muy notable en el país, pero no veo que eso vaya a tener unas consecuencias de violencia y de armas, porque de eso está muy cansado el país”. Por otra parte, otro de los cuestionamientos era sobre el respeto y la protección a la democracia con el acatamiento de las decisión que tomara la Corte, la cual, como lo exponía Valencia, tiene un gran reto al enfrentarse a un hecho con gran impacto nacional, pero también con un proceso que ha estado por años con varios estancamientos, además de contar con uno de los equipos de abogados con más injerencia mediática y muchos recursos para defender a Uribe y atacar a quienes lo acusan. “La Corte actúa en derecho, además da una señal de vigencia de la justicia en Colombia. Sé que es un proceso judicial difícil, que incluso los nuevos magistrados se atemorizarán mucho. Por algo en la posesión de Duque colocaron a todas las cortes muy atrás del escenario, desde ahí se mandó un mensaje muy fuerte, diciendo que las iban a reformar. Desde ahí ha habido una presión muy fuerte contra las cortes porque están tratando de proteger la democracia”. Adicionalmente, y en el marco de los delitos que fueron cometidos dentro del conflicto armado, se aseveró que Uribe podría reconocer lo cometido y así acceder a la JEP, lo que no le daría cárcel, pero, en primera medida, sí permitiría esclarecer los hechos, exigencia que han hecho miles de víctimas durante años. “Allí, si confiesa, tendrá una condena importante pero que no le dará cárcel, ese es un recurso al que podría acudir Uribe en vez de ponerse a sobornar testigos, en vez de obstruir a justicia y de enfrentarse al país como lo está haciendo”, agregó. Ahora, luego de una decisión unánime por parte de los cinco magistrados de la Corte, Uribe deberá responder por lo que se le acusa, en este caso habiendo cerca de diez testigos que habrían recibido prebendas para dar falsas declaraciones. Además, también se abre uno de los capítulos políticos, democráticos y jurídicos con mayor relevancia. “Acaba de ocurrir algo lógico en derecho: un acusado, Álvaro Uribe, tiene sobre sus hombres pruebas ciertas de fraude procesal y compra de testigos y un tribunal lo llama a juicio y debe ordenar su detención porque precisamente la materia del delito es obstrucción a la justicia”, trinó León Valencia.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. En las horas de la madrugada de este domingo 2 de agosto, hombres armados arribaron hasta un establecimiento público en la vereda California —en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca)— y allí asesinaron a Lizardo Collazos Findo (23 años), Brayan Stiven Guetio Ipia (18 años) y Manuel David Larrahondo (24 años). La denuncia de la masacre la hizo la Asociación de Cabildos Indígena del Norte de Cauca (ACIN), quien además señaló que los jóvenes asesinados eran comuneros del resguardo Canoas. La importancia geográfica de Santander de Quilichao Según Juan Manuel Torres Erazo, coordinador de la oficina Pares Pacífico, señaló “al ser capital del Norte del Cauca, ahí confluyen todas las dinámicas afro, campesinas, indígenas. Por ejemplo, allí tiene su asentamiento la sede del Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN), la ACIN. Esto, de alguna manera, expone a las comunidades y sus procesos comunitarios. Es decir, sucesos como atentados, homicidios”. Por otra parte, Torres resalta, que, ante la importancia geográfica de Santander de Quilichao, se gestan presencias de los grupos armados “es el caso del ELN —que si bien no está tan fuerte como antes— continúa ejerciendo presencia en zona rural del municipio. Sumado a esto, la presencia de la GAPF de la Segunda Marquetalia y la Dagoberto Ramos. Esa confluencia de grupos armados expone al municipio a los hechos victimizantes.” Finalmente, para Erazo, hay que prestarles atención a indicadores de seguridad tales como que “desde 2019 en Santander de Quilichao se viene presentando una tasa de homicidios muy alta. Quilichao tiene problemas de violencia urbana, derivada de microtráfico, ajustes de cuentas”. De acuerdo con las investigaciones de Pares, en el municipio de Santander de Quilichao hace presencia el ELN con el Frente Manuel Vásquez Castaño. El ELN hace presencia en Cauca en 22 municipios, con dos frentes. Asimismo, hacen presencia dos (2) Grupos Armados PostFarc (GAPF): la Columna Móvil Dagoberto Ramos y GAPF Segunda Marquetalia. En suelo caucano, hay seis (6) GAPF que tienen un copamiento territorial que alcanza los 27 municipios. Alertas tempranas desatendidas La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas en 2019 en los municipios del Patía y Santander de Quilichao. A su vez, emitió una de inminencia en Argelia y El Tambo. De acuerdo con la Alerta Temprana Nº 18 de 2020, ha proliferado el uso de repertorios de violencia, por parte de los grupos armados ilegales, tales como amenazas. “En departamentos como Cauca, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca, Guaviare, entre otros, han hecho públicos sus mensajes, principalmente, mediante la circulación de comunicados y panfletos entre los cuales es común el respaldo al aislamiento con imposición de regulaciones y normas de conducta, así como amenazas de homicidio, agresión, desplazamiento forzado y restricciones a la movilidad, bajo el argumento de prevenir la propagación del contagio”, señala la Defensoría. Cauca y Santander de Quilichao bajo fuego Por otra parte, de acuerdo con el Sistema de Información SIPARES —de Pares— el departamento del Cauca ha sido en donde más han sido asesinados líderes, lideresas y defensores/as de Derechos Humanos. El del 200% de los asesinatos tras la firma del Acuerdo de Paz, 21.7% se han perpetrado en Cauca. Además, entre los 10 municipios más violentos para los liderazgos sociales; Cauca tiene cuatro (4) municipios (Caloto, Toribio, Corinto y Santander de Quilichao). Líderes asesinados en el departamento del Cauca. Elaboración: Pares. Asimismo, continúa la tendencia de la victimización en el Cauca para 2020, pues del total de asesinatos en Colombia, concentra el 22,2% de los hechos. Este año los municipios más victimizados son Santander de Quilichao y El Tambo. Además, en Cauca el perfil de liderazgo más asesinado es el de líder indígena que concentra el 29,4% de los hechos registrados. Otros perfiles altamente victimizados en suelo caucano son las y los líderes campesinos (23,5% de los hechos) y los y las líderes JAC (17,6%). «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. Jorge Ruiz Pacheco fue un dirigente Del Frente Estudiantil Revolucionario Sin Permiso (del cual igualmente hizo parte Guillermo Figueroa asesinado en esa época por el barrio la Esmeralda en Popayán). Líder de los años 80 en la universidad, cuando se preparaba para ser economista; igualmente en lo político y lo social desde su paso por el ejecutivo nacional de Aluchar (organización de izquierda en los 80 y en inicios del nuevo siglo), hasta ahora se consagró al trabajo cooperativo desde SERMUTUAL, y en todos esos espacios y momentos de su vida nos encontramos: él imprimiendo el sello de responsabilidad y vocación y yo entre otros, ayudándole a establecer relaciones para la implementación de sus proyectos en el Cauca. Jorge Muñoz Fernández, fue personero de Popayán (nuestra ciudad capital), facilitador del diálogo y acuerdo con el M19 para su paso a los escenarios “democráticos”; impulsor de nuevas institucionalidades reconocidas por nuestra constitución, defensor regional del pueblo, docente, asesor, y columnista del diario El Nuevo Liberal, poeta, escritor, bohemio, ser pensante y profundo en sus análisis. Con los Danieles y los Gustavos, los Jorges tenían mucho en común, creían en la libertad, la música que hace hombres y mujeres libres, apostaban a construir una sociedad más justa, de más oportunidades; últimamente Jorge Ruiz Pacheco a construir economía popular y Jorge Fernández a retratar en sus columnas y poemas las esperanzas de un mejor mañana. Que partan se entiende que es la ley de la vida, lo que hace brotar con mucho sentimiento lágrimas de mis ojos es que esta maldita pandemia, nos impide acompañarles a su última morada y reencontrarnos con los amigos, las compañeras, abrazar y ser abrazados, sentir el afecto transmitido en el apretón fraterno y la voz de consuelo mutuo. Partieron el mismo día, dos amigos, dos personas que admiré por su entrega a sus ideales y coherencia con sus escritos. Avancen así como lo hicieron acá en la tierra, vayan preparando la mesa para las tertulias, el compartir de las ideas, la sonrisa plena como la de Fernández o la carcajada de Pacheco, nosotros… llegaremos luego.

Por: Fredy Chaverra. Politólogo y asesor. En la geografía política nacional, Bello es reconocido como un municipio conservador. En las últimas dos décadas el partido conservador (y sus diferentes matices) han ostentado un poder hegemónico en el municipio. Hasta 2010 el conservatismo fue orientado por el exalcalde y exsenador condenado por vínculos con el paramilitarismo Óscar Suárez Mira. Sin embargo, su línea siguió detentando el poder en la política local con dirigentes de su cuerda y con su hermana Olga Suárez en la Comisión Tercera del Senado. Bello es de los pocos municipios en el país, desde la aprobación de la elección popular de alcaldes en 1988, donde tres hermanos se han alternado en una alcaldía. Al analizar ese fenómeno desde la Ciencia Política, resulta fácil concluir que en Bello ha operado una concentración del poder político en una tendencia partidista que ha configurado un cacicazgo clientelar de corte familiar. Pero ese control casi hegemónico va perdiendo fuerza y en el municipio se pueden avizorar tiempos de cambio y renovación. En las elecciones locales de 2019 se presentaron dos rupturas históricas: el candidato del suarismo fue derrotado e ingresó al Concejo Municipal una bancada alternativa. La primera ruptura sin duda es parcial porque el actual alcalde, Óscar Andrés Pérez, creció a la sombra de la casa Suárez y su partido Centro Democrático tiene vasos comunicantes con ese sector político. Su elección no simboliza un cambio estructural en las dinámicas políticas del municipio y antes ratifica la tendencia conservadora del electorado bellanita. La segunda ruptura si es más representativa ya que evidencia el crecimiento electoral de los sectores alternativos. Con la llegada de tres concejales verdes y un concejal de la coalición Unidos por Bello, por primera vez en la historia del Concejo, hay una bancada opositora. También hay que destacar el porcentaje del voto en blanco en las elecciones a la alcaldía ya que se ubicó en el 19.16% con 27.546 sufragios. Un voto protesta y de inconformidad ciudadana. Uno de los instrumentos con los que cuenta la bancada alternativa se encuentra en el Estatuto de la Oposición, es decir, la Ley estatutaria 1909 de 2018 que entró en vigencia este año para Juntas Administradoras Locales, Concejos y Asambleas. En esta ley se establecen una serie de garantías y derechos que cobijan a los sectores opositores y que les permiten ejercer una función de control y fiscalización más exhaustiva. Entre ellas: participación en las mesas directivas; agendamiento del orden del día; participación en medios de comunicación y uso de un mecanismo de amparo ante el desconocimiento del derecho fundamental a la oposición. Este Estatuto representa un gran avance democrático en un país que se ha caracterizado por la estigmatización y los altos niveles de violencia política. También se concibe como un instrumento para cohesionar a los sectores opositores y que en el mediano plazo se conviertan en alternativa de poder. El Estatuto ejemplifica una de las formas de ejercer la oposición política, pues también hay un tipo de oposición que se expresa por fuera de las corporaciones públicas, como la cultural, simbólica o social. Expresiones de resistencia ciudadana que también se deben respetar y acompañar. Por el momento, en Bello el Estatuto ha operado con algunas dificultades y el mayor reto se encuentra en visibilizar su importancia y alcances. Lo que sí queda claro es que traza una ruta y un camino para que en la ciudad de los artistas se pueda vislumbrar una renovación real, una forma diferente de hacer política y agendas públicas más cercanas a la ciudadanía. Bello lo merece.

Por: Laura Cano. periodista Pares. Los últimos días han puesto de nuevo la lupa sobre el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra Álvaro Uribe Vélez por posible manipulación de testigos, en la que avanza continúa también el proceso contra Diego Cadena, y por lo que ha salido un comunicado del partido Centro Democrático en el que se “expresa la grave preocupación ante las diferentes versiones de prensa que avisan la inminente decisión que la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia se aprestaría a tomar contra el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez”. Esto, pues es posible que esta semana el alto tribunal decida la suerte del exmandatario, por lo que el partido ha decido salir públicamente a apoyar al expresidente agitando sus banderas políticas y apelando a una “propaganda antiuribista” que se estaría realizando y que supuestamente habría logrado “tejer un imaginario criminal desde el cual fueron preconstituyendo la apariencia de una verdad, ficticiamente incriminante, para deformar -en la percepción pública- la conducta institucional y privada de quien ha observado una vida intachable”. La comunicación, que además circuló por la prensa del país, se da en el marco de la continuación de la audiencia contra Diego Cadena, a quien la Fiscalía y la Procuraduría le solicitaron detención domiciliaria por los delitos de soborno y fraude procesal, tras conocerse declaraciones importantes como la del exparamilitar, Enrique Vélez, quien afirmó haber recibido varios millones de pesos como pago de una promesa total por $200 millones a cambio de declarar a favor del ahora senador. No obstante, en el proceso no han faltado avances que llaman la atención como, por ejemplo, que el fiscal Daniel Hernández, encargado del caso contra Cadena, afirmó que: «Él no solo engañó a la administración de justicia, sino también a los abogados titulares y a su cliente (Álvaro Uribe)», dejando así resaltada la presunta inocencia del expresidente y a su equipo de abogados. Aunque se ha puesto sobre la mesa si está dentro de las funciones emitir dichas afirmaciones por parte del fiscal, o si, en efecto, el actuar del abogado fue realizado conjuntamente con el interés de encubrir a Álvaro Uribe Vélez y de desviar la investigación que se le adelanta, lo cierto es que ahora sale el comunicado, al parecer, ejerciendo una presión con valoraciones políticas ante la Corte Suprema de Justicia, ente que tiene en sus manos definir la situación del expresidente, contra quien en los últimos días también se ha insistido en su responsabilidad por las masacres de El Aro, La Granja y el asesinato de Jesús María Valle. El transcurrir de los falsos testigos La acusación lleva 12 años rondando en búsqueda de justicia. El testimonio que abrió la presunta responsabilidad de Uribe fue el hecho por Francisco Villabalba, exjefe paramilitar, quien en 2008 contó ante el Tribunal de Justicia y Paz que, en el marco de la masacre de El Aro, en la que había participado, habría escuchado una conversación entre Salvatore Mancuso y Álvaro Uribe Vélez, quien para ese momento era gobernador de Antioquia, donde habrían quedado en “borrar al pueblo”. Villalba fue asesinado en abril de 2009; luego que le dieran casa por cárcel, un año después de sus declaraciones, y once años después de entregarse a la justicia como miembro de las AUC, por lo que le imputaron 37 años de prisión. Su muerte provocó varios inciertos, por un lado, porque dejó las afirmaciones abiertas; segundo, porque poco después de sus declaraciones Villalba envió una carta a la Casa de Nariño rectificándose de las acusaciones hechas. Hay que mencionar que para ese momento Uribe estaba en su segundo periodo presidencial. Fue en 2011 el año en el que otras declaraciones vendrían a crear más cuestionamientos sobre Uribe en sus cargos de poder. Se trataba de las que presentó Iván Cepeda, para ese entonces representante a la Cámara, en las que por testimonios de Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve se involucraba al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano Santiago Uribe como cofundadores del Bloque Metro de las Autodefensas. Tras esas declaraciones la Fiscalía sindicó por concierto para delinquir a Luis Guillermo Villegas, Santiago Gallón y Santiago Uribe Vélez. Luego de esto, también por medio de Iván Cepeda se medió la entrega de Carlos Areiza, quien después en dos diligencias en la Corte Suprema relacionaría a políticos antioqueños con nexos con el paramilitarismo. En este caso, como el anterior, las versiones tuvieron un vuelco, pues en 2015 Areiza cambió lo dicho contando que había recibido presiones de Iván Cepeda, más $100 millones para que declarara en contra de los acusados. También como el caso anterior Areiza fue asesinado en abril de 2018 en Bello. Después de estos relacionamientos Álvaro Uribe Vélez interpuso una denuncia contra Iván Cepeda por abuso de la función pública, soborno y fraude procesal. En 2012, Juan Guillermo Monsalve, quien había testificado en 2011 fue atacado con arma blanca, tras esto tuvo que ser trasladado a La Picota, sin embargo, poco después en su celda fue encontrada por Medicina Legal una sustancia altamente venenosa. Vale la pena mencionar que Juan Guillermo Monsalve tuvo relacionamiento con la familia del expresidente desde sus ocho años, pues su padre, Óscar Monsalve – quien luego fue llamado a declarar en el proceso contra Iván Cepeda-, trabajó desde 1986 en la finca Guacharacas, propiedad de los Uribe. Allí estuvieron hasta 1994. A finales de los 90 Juan Guillermo se une formalmente al Bloque Metro de las AUC. En agosto de 2014 la defensa de Uribe cita a declarar en el marco del proceso contra Iván Cepeda, además de Óscar Monsalve, también a Pedro Manuel Benavides y a los paramilitares Jesús Henao y Gabriel Muñoz. Al final los testimonios fueron desestimados por la Corte. Tras esto el ahora senador, Iván Cepeda, cita a debate de control político por los presuntos nexos de Uribe con el paramilitarismo, allí presenta 27 declaraciones que dan razón de lo anterior. En diciembre de 2014 el proceso contra el expresidente pasó al despacho del exmagistrado Gustavo Malo -quien luego sería vinculado al Cartel de la Toga-. En 2015 ordenaron interceptar a Óscar Monsalve buscando pruebas de las presiones para declarar en contra de Cepeda. No obstante, y dando una nueva pista de las amenazas a las que se enfrenta este caso, en marzo de ese año se pierden las grabaciones del sistema de intercepciones, lo cual era un importante material probatorio contra Uribe, esto provoca que la Corte Suprema solicité vincular a una agencia de inteligencia británica. Terminando 2017 la Corte Suprema cierra proceso a favor de Cepeda y abre investigación preliminar contra Uribe por las masacres de San Roque, El Aro, La Granja y el asesinato de Jesús María Valle. Sobre estos hechos el organismo de justicia los declaró en 2018 como crímenes de lesa humanidad. En julio de ese mismo año el ahora senador renuncia a su curul, la Corte le abre proceso formal y lo llama a indagatoria. Tras esto uno de los primeros en pronunciarse fue Iván Duque, para ese momento presidente electo, quien por medio de Twitter aseveró: “Conocemos al expresidente Uribe. Somos testigos de su honorabilidad, rectitud, patriotismo y su incuestionable servicio al país y al Estado de Derecho”. El 08 de octubre de 2019, más de diez años después de que comenzó a conocerse los hechos que darían paso a la situación jurídica, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema vinculó formalmente a Uribe bajo investigación por fraude procesal y soborno. Esto tras rendir indagatoria. En octubre y diciembre del mismo año se reanudó la indagatoria. Hay que mencionar que uno de los argumentos que salieron en estas sesiones fue que los pagos que se hicieron obedecen a auxilios humanitarios. Así otro hecho a resaltar es en el que se ha relacionado a Diego Cadena, en el que también está el abogado Juan José Salazar, caso que además está atado a lo que ocurra en la Corte Suprema de Justicia con Álvaro Uribe Vélez, en donde por el momento participan en la Sala de Instrucción que tomará la decisión, los magistrados: César Reyes, Héctor Alarcón, Misael Rodríguez, Marco Rueda y Francisco Farfán. Ellos tienen en sus manos si se avanza con un llamado a juicio, y de ser así, si se requiere imponer medida de aseguramiento. Esto da luces a muchos sectores que siendo víctimas han exigido justicia, verdad y reparación, incluso a sectores políticos que han aportado denuncias, testimonios y presión para que la situación del expresidente no continúe sin resolverse. Mientras, por el contrario, otro sector, como el del Centro Democrático sigue insistiendo en una supuesta “táctica de conseguir la aniquilación reputacional”. #UribeVinculado

Por: Laura Cano. Periodista Pares. “Las violencias que de manera directa afectan las posibilidades de las personas, particularmente de las niñas, jóvenes y mujeres, de decidir sobre su salud reproductiva, han sido poco visibilizadas y en muchos casos las mujeres siguen sufriendo los impactos de estas acciones en su día a día”. (Centro de Derechos Reproductivos, 2020). El pasado 28 de julio el Centro de Derechos Reproductivos entregó a la Comisión de la Verdad el informe titulado Una radiografía sobre la Violencia Reproductiva contra mujeres y niñas durante el Conflicto Armado colombiano, en el que se busca reconocer este tipo violencia cometida por grupos armados ilegales, particularmente por paramilitares, ELN, el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) y las FARC-EP, así como por miembros de la Fuerza Pública. Lo anterior como estrategia de guerra para generar terror, dominar la capacidad reproductiva de las mujeres, usar sus cuerpos y controlar a la población de los territorios. Este tipo de casos, como lo plantea el documento “han mantenido en muchas ocasiones la vida de las mujeres en vilo, algunas han padecido dolores físicos y emocionales permanentes, han visto truncados sus planes reproductivos, sus entornos han resultado afectados y no cuentan aún con acceso a los derechos vulnerados”. Así, uno de los fines del Centro de Derechos Reproductivos es poner sobre la mesa la necesidad de reparaciones individuales, colectivas e integrales, como uno de los pasos del reconocimiento de estas violencias, pero también identificar la ocurrencia de estos hechos como graves violaciones a los Derechos Humanos de distintas dimensiones dentro de un contexto de mayores afectaciones a niñas, mujeres y personas LGBTI. ¿Qué es la violencia reproductiva? Si bien la violencia reproductiva no solo se presenta en escenarios de conflicto, éste sí acentúa estas vulneraciones a los Derechos Humanos, especialmente a las mujeres, pues, siguiendo las palabras de la Corte Constitucional, “la violencia ejercida en el conflicto armado colombiano victimiza de manera diferencial y agudizada a las mujeres, porque por causa de su condición de género están expuestas a riesgos particulares y vulnerabilidades específicas”. En este sentido, y como una relación causa efecto, hay que mencionar que en este contexto no hay que perder de vista los estereotipos de género y las vulneraciones a la autonomía reproductiva, que también enmarcan la gravedad de la violencia reproductiva y ayudan a entender lo sistemático de los casos y a su vez la naturalización y minimización de los hechos nombrados a continuación: anticoncepción o planificación forzada, esterilización forzada, embarazo forzado o coaccionado, maternidades forzadas o coaccionadas, aborto forzados o sin consentimiento, empalamiento, violencias ejercidas sobre mujeres gestantes, mutilación de órganos sexuales, golpes y laceraciones en el abdomen y los senos e insultos que hacen referencia particular a la vida sexual de las mujeres. Asimismo, están las violencias reproductivas directamente relacionados con la responsabilidad del Estado como la denegación de la provisión de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y los abortos involuntarios causados por las aspersiones de glifosato. Violencia reproductiva en el conflicto armado Referente a estas violencias desde el Centro de Derechos Reproductivos se analizó que la anticoncepción forzada fue una de las prácticas impuestas por las FARC-EP y el ELN a las mujeres que eran reclutadas. Ésta se realizaba, por lo general, con métodos hormonales como inyecciones e implantes. Adicionalmente, respecto a los grupos paramilitares, no era fácilmente distinguible un patrón de anticoncepción forzada, según el informe por dos motivos: “Primero, porque las mujeres en filas eran pocas. Segundo, porque no parece haber una directriz unificada al respecto, pues según los datos existentes, cada comandante decidía sobre esto. Existe evidencia de que las Autodefensas Campesinas del Casanare y el Bloque Norte impusieron la anticoncepción como política del grupo armado”. Por otra parte, vale la pena señalar que recientemente desde la campaña No Es Hora de Callar se informó de casos documentados entre 2008 y 2017 sobre 23 niñas indígenas de 12 y 13 años de las comunidades Nukak Makú y Guajibos que quedaron embarazadas luego de abusos sexuales cometidos por militares en Guaviare. En contextos como el anterior vale la pena mencionar que desde el documento realizado por el Centro de Derechos Reproductivos se establece como una de las causas de los embarazos forzados las dificultades para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, más aún en medio de escenarios de violencia que se agudizan cuando también son zonas sin cobertura de este tipo de servicios y con altos índices de pobreza. Adicionalmente, otra de las formas de ejercer estos tipos de violencia era contra mujeres lesbianas y hombres trans, quienes eran víctimas de llamadas violaciones “correctivas”, que incluso eran utilizadas con el fin de provocar embarazos. Estas acciones, además de estar atravesadas por intereses de dominación y poder, también lo estaban por estereotipos de género estrechamente relacionados con la maternidad y la disputa con la transformación y la autonomía corporal. El informe cita la siguiente experiencia: “Por mi condición de chico trans, he recibido insultos de parte de paramilitares, de guerrilleros, de hecho, fui víctima de violencia sexual, producto de esta violación tengo un niño. En el momento que duró, durante el momento de la violación siempre me estaban diciendo que yo no era un hombre, que a mí me podían hacer lo que le hacían a cualquier mujer, que el hombre tenía pene y que dónde estaba mi pene (…). Tengo todos los brazos marcados, porque ellos me cortaban, no sé, estaban endemoniados, no sé por qué disfrutaban haciéndome daño, abusando sexualmente de mí y cortándome en la pierna, en el muslo también tengo una cortada. Producto de eso salí embarazada, muchas personas me han dicho que por qué no aborté”. Aborto forzado: una práctica de guerra Vale la pena mencionar que el aborto forzado dentro del conflicto armado tenía, principalmente, tres intenciones: la dominación al interior del grupo armado, “borrar las huellas” de violaciones sexuales y generar terror en la población civil. Así, uno de los escenarios que da luces acerca de lo sistemático de esta clase de práctica es que, por ejemplo, dentro de las FARC-EP, según el Centro de Derechos Reproductivos, “había Controles permanentes para detectar los embarazos, personas “especializadas” en la realización de los procedimientos, disposición de medicamentos como Misoprostol y material quirúrgico para desarrollar intervenciones, además de espacios físicos destinados para este fin”. Vale la pena mencionar que la Fiscalía General de la Nación en una tercera entrega de informes a la JEP dio información sobre las investigaciones que adelantaba por violencia basada en género cometida por las Farc.ep y agentes del Estado con ocasión del conflicto, en total reportó 874, entre las que había 945 víctimas, 876 de ellas mujeres. De este total de investigaciones el 21% eran por aborto sin consentimiento. Por otra parte, los grupos paramilitares utilizaban los abortos forzados a mujeres que, además, habían sido víctimas de violencia sexual, esto bajo el interés de ocultamiento de los hechos denigrantes contra las mujeres, quienes también en ocasiones eran sometidas a esclavitud sexual. En relación con esto en la discriminación de sentencias proferidas a febrero de 2016 por la Sala de Justicia y Paz Tribunal Superior de Bogotá, se informa sobre 16 procesos priorizados por esclavitud sexual y 4 por aborto sin consentimiento por parte del Bloque Norte, Catatumbo, Montes de María y Córdoba. Asimismo, este hecho victimizante era utilizado contra la población civil en el marco de masacres donde “las mujeres embarazadas eran usadas de manera particular para infligir terror sobre una población. Los paramilitares usaron estas violencias como formas particulares de malos tratos y asesinato de las mujeres embarazadas. En una sociedad en la que la figura de la mujer madre tiene una connotación importante, la violencia ejercida sobre los cuerpos de mujeres gestantes envía el mensaje de la inexistencia de límites y de aniquilación del enemigo”. Dado esto hay que señalar que según el informe La guerra inscrita en el cuerpo del Centro Nacional de Memoria Histórica, de las 15.076 personas víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual conocidas a 2017 y desde mayo de 1985 por el Observatorio de Memoria y Conflicto, los paramilitares han sido responsables de 4.837 casos, es decir el 32,2% del total. Responsabilidad estatal En estos hechos la responsabilidad del Estado va por dos vías. Una inicial en la revictimización producto de la inoperancia estatal para dar atención oportuna, efectiva, pronta e integral a las víctimas de violencia sexual, expresándose, por ejemplo, en la inexistencia de garantías para que las víctimas de abuso sexual en el marco del conflicto accedieran a servicios de salud reproductiva como la IVE. Agregándose que hay una continuación de la violencia al no respetarse la confidencialidad de los hechos y al haber una falta de espacios seguros y privados para la atención. Por otro lado, en 2017 la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-236 del 2017, concluyó que existían elementos para afirmar que el uso glifosato tenía impactos negativos en quienes estaban expuestos a éste, pues por sus componentes tóxicos podría causar afectaciones directas a las mujeres gestantes y a los fetos como problemas de crecimiento fetal, abortos involuntarios y posibles discapacidades físicas y/o cognitivas en el feto durante el embarazo. “En ese sentido, existen reportes de casos de abortos involuntarios que fueron resultado de exposiciones de las mujeres embarazadas al glifosato, cuando fue asperjado por agentes estatales”, agrega. Por todo lo anterior, en lo que se insiste desde el Centro de Derechos Reproductivos es en implementar con urgencia medidas de reparación, partiendo en las consecuencias materiales e inmateriales de estos hechos, pero también en las garantías de no repetición, aclarando que para empezar a recorrer un camino en esto se debe iniciar reconociendo los tipos de violencia reproductiva, su gravedad y causas diversas, que, por un lado, están en el marco de Conflicto Armado, y por otra parte, como consecuencias de una estructura que tiene enraizadas las violencias basadas en género y además la invisibilización de éstas. De esta forma, más allá de las indemnizaciones económicas, se requiere abordar las necesidades particulares de las víctimas, en las que haya acompañamiento para tratar las secuelas físicas y emocionales, tanto de ellas como de sus círculos cercanos, sin dejar de lado la insistencia en que a cada mujer se le salvaguarde el acceso a servicios de salud reproductiva en cualquier contexto social y económico.

Por: Dennis Arley Huffington. Investigador Regional, Oficina Pares-Pacífico Una semana completa Buenaventura encabezando las noticias nacionales y otra vez es por culpa de la inseguridad y la violencia. En la madrugada del 26 de julio, en medio del toque de queda decretado por la alcaldía distrital, fueron hurtados equipos técnicos del Barco Hospital San Raffaele, que atiende a la población rural de Buenaventura y el Pacífico donde hay ausencia de este servicio. Luego, el 29 de julio, apareció circulando un panfleto del GAPF Columna Móvil Jaime Martínez, quienes tienen presencia en las cuencas de los ríos de Buenaventura, amenazando con disputarle el control territorial al Clan del Golfo/La Local y la organización delincuencial la Empresa y anunciando su llegada al área urbana de la ciudad. Y para completar, el sábado 01 de agosto en horas de la noche, fue arrojado un artefacto explosivo contra las instalaciones de la alcaldía distrital, en lo que parece ser una respuesta al llamado que el alcalde Víctor Vidal le ha hecho al Gobierno Nacional, para combatir estas agrupaciones y recuperar la seguridad en el distrito. Las curvas de la violencia En Buenaventura la violencia y la inseguridad se establecen como condiciones que se autorrefuerzan. Aparecen cada vez en nuevas modalidades y luego decrece producto de la manifestación de las organizaciones sociales o cuando llega a un extremo tal, que no deja de hacer eco en la opinión pública. Así ocurrió en el 2007 con el denominado ‘periodo de las bombas’ cuando la antigua guerrilla de las FARC-EP y los Rastrojos se disputaban el control territorial. Posteriormente en el 2014, en las disputas entre los grupos armados ilegales Los Urabeños y la Empresa, estuvo marcado por ‘las casas de pique’. Ante esto, las organizaciones sociales junto a la ciudadanía realizaron la Marcha por la Vida, donde asistieron más de 10.000 personas exigiendo al Gobierno local y nacional que tomara medidas contra este fenómeno de la violencia, lo que obligó al gobierno nacional a militarizar el distrito. En 2018 se repitió la formula, cuando la ciudad quedó en medio de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo/La Local y la Empresa, lo que llevó a la Diócesis de Buenaventura y al Comité del Paro Cívico a realizar la caminata por la vida y la tranquilidad, el resultado fue un pacto silencioso de no agresión entre los grupos armados ilegales y reforzar la policía con 35 hombres nuevos. Hoy, nuevamente el temor se apodera de Buenaventura: entre abril y mayo hubo 24 asesinatos, en lo que parece ser retaliaciones entre los grupos armados después de que circulara un video de un sujeto encapuchado anunciando la toma de la comuna 4 y 11 por órdenes de alias Pepo, nuevo cabecilla de Clan del Golfo/La Local. Además, los hurtos como el ocurrido al Barco Hospital San Raffaele, los hechos del 29 de junio donde fueron asesinadas tres personas mediante retén ilegal y posterior persecución criminal a un vehículo de servicio público tipo colectivo desde el barrio Punta del Este hasta el 14 de Julio por rehusarse a ser robados; y, el atentado con artefacto explosivo en el barrio Alberto Lleras Camargo el 6 de julio, son las situaciones que más han impactado en la ciudadanía y las autoridades locales. Pero no son los únicos, en las redes sociales a diario se denuncian robos, retenes ilegales, anarquismo violento, extorsiones y enfrentamientos entre grupos armados; lo que ha generado terror en la comunidad, como lo advierte el propio alcalde: “Durante los últimos cuatro (4) meses, de manera simultánea a la declaratoria de emergencia decretada por el Gobierno Nacional, hemos padecido una oleada de hechos violentos y acciones vandálicas que dejan entrever un fortalecimiento de las bandas criminales y la delincuencia común asentadas en nuestro territorio […] Han creado un estado de zozobra, desasosiego y terror en la población, que se le han sumado a las preocupaciones que emergen de los contagios y muertes por causa del COVID-19” (Víctor Vidal, alcalde de Buenaventura). El llamado que desafía a los grupos armados En una carta dirigida al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Consejo Superior de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho y Procuraduría General de la Nación, el alcalde Victor Vidal solicitó habilitar de manera urgente de una mesa nacional de seguridad para el distrito de Buenaventura. En ella manifiesta que: “Desde la administración Distrital, junto con los comandantes locales de la fuerza pública, realizando esfuerzos para contrarrestar la criminalidad, sin embargo, dada nuestras limitaciones, legales, de pie de fuerza, carcelarias, financieras y la baja inversión social, las acciones realizadas no han sido suficientes para lograr reducir estas estructuras vandálicas y los actos criminales que padecemos […] En ese sentido, creemos es necesario y urgente, la conformación de una mesa nacional de seguridad especial para el Distrito de Buenaventura bajo la coordinación del ministerio del interior” (Víctor Vidal, Alcalde de Buenaventura). A través de esta carta, el propio alcalde reconoce la dificultad que tiene la policía local de enfrentar estas agrupaciones, requiere medidas especiales. Este llamado cuenta con el respaldado de organizaciones sociales, comunitarias y étnicas tales como el Proceso de Comunidades Negras –PCN– y el Comité Interorganizacional por la Defensa de los Territorios Ganados al Mar a través de comunicados públicos. Este pedido de auxilio se presenta seis (6) meses después de que el 15 de enero se presentara en Buenaventura la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, lo que pone en cuestionamiento la efectividad de dicha unidad, pues contrario a su propósito, los grupos armados en la ciudad parecen haberse fortalecido, y no se sabe en qué va dicha unidad desde que Marta Mancera dejó su dirección para ocupar el cargo de Vicefiscal General de la Nación. En Buenaventura otra vez se posiciona en la agenda pública el problema de la inseguridad, como algo recurrente que siempre vuelve reforzado y con nuevos repertorios de acción, en un escenario de pandemia que agrava la situación. Este círculo vicioso deja un panorama que preocupa por la llegada de la Jaime Martínez y el petardo que explotó en la alcaldía, que se sospecha fue la respuesta de los grupos violentos ante el pedido de Vidal al Gobierno nacional de una mesa especial de seguridad para el Distrito.

Por: León Valencia, director – Pares En el libro El Regreso del Uribismo que escribí cuando comenzaba al gobierno de Iván Duque afirmé que la separación del cargo era uno de los escenarios que tenía al frente el presidente. Era, desde luego, la opción más improbable, porque no había mecanismos institucionales distintos a su renuncia y al ascenso de Marta Lucía Ramírez. Pero la crisis del gobierno a los cien días era tan profunda que la caída de Duque no resultaba un escenario descabellado. Tenía un poco más del 20% de aceptación en las encuestas y un rechazo que rondaba el 70%. No tenía mayorías en el Congreso. Su propio partido y su líder, Álvaro Uribe Vélez, lo criticaban y presionaban. Las protestas sociales se extendían por todo el país. A dos años de gobierno, el escenario de la caída de Iván Duque se puede descartar. No porque haya enderezado su marcha y levantado cabeza, sino porque vamos hacia el tramo final de su mandato en medio de la catástrofe generada por la Covid-19 y en ese contexto nadie buscará su renuncia. Llegará cojeando al final de su presidencia y seguramente le abrirá las puertas del gobierno a un candidato alternativo, crítico y distante de las estructuras políticas tradicionales. Pero el tiempo que le falta será realmente penoso. Duque tuvo un respiro en la opinión pública al empezar la pandemia. Al terminar la vigencia del primer estado de emergencia y pese a los cuestionamientos sobre la estrategia del Gobierno para enfrentar la crisis, el presidente registraba un 52% de aprobación, un gran salto de 29 puntos. Esta foto no se repitió en la encuesta realizada a finales de junio donde la aprobación de Duque pasó de 52% a 41% perdiendo 11 puntos y la desaprobación saltó de 39% a 52%. La tendencia a la baja quizá continuará en los próximos meses a medida que la pandemia cause más estragos en la salud, la vida y la economía. La situación real el presidente es ahora más grave que al principio. En ese tiempo su obsesión de tumbar a Nicolás Maduro no le daba resultado; el compromiso de reducir los cultivos ilícitos y aminorar el narcotráfico se caía y Estados Unidos le jalaba las orejas; perdía el pulso de realizar cambios al acuerdo de paz por la vía jurídica; se veía obligado a ceder a las protestas estudiantiles; la estrategia de hacer una gran reforma tributaria se quedó a medias; pero la economía empezaba a reaccionar favorablemente a pesar de la caída en los precios del petróleo. Ahora ese factor clave en la marcha de un gobierno se fue al suelo con el confinamiento obligado por el coronavirus. Los más optimistas afirman que la economía caerá hasta -5.5% y los pesimistas señalan que la caída en el 2020 llegará a -7.0%. Las consecuencias sociales serán desastrosas. El desempleo saltó a 21.5% y la pobreza aumentará de manera exponencial. Se le fue el único conejo que hubiera podido presentar al final de la jornada. Podría haber aprovechado las enormes dificultades que generó la pandemia para ganar el favor de la opinión y mostrar otro temple, otra faceta de su vida, un nuevo liderazgo. Esa fue la ilusión que tuvieron los seguidores del uribismo en las primeras semanas de la crisis cuando se concentró en la atención de la crisis y levantó en las encuestas, pero esa ilusión se desvaneció rapidamente. Duque no tenía en su equipaje para este viaje en la pandemia mayores habilidades, ni fuerza de carácter. Tampoco estaba bien rodeado, ni se preocupó por buscar inmediatamente una nueva coalición, una fuerza realmente mayoritaria para convocar al país a la unidad y empezar la tarea de atender tanto los efectos inmediatos de la crisis, como los duraderos, mediante grandes reformas. Se ha movido siempre en la duda fatal. Entre las presiones para que alivie o anule el confinamiento para favorecer a los empresarios y atender necesidades sentidas de la comunidad y los llamados de los expertos y algunos mandatarios locales para que priorice la salud y la vida de los colombianos siendo más estricto y riguroso en el confinamiento. En esas dos aguas ha nadado una y otra vez. Los tres días sin IVA que decretó para aliviar la economía y sus consecuencias en el aceleramiento de los contagios y las muertes pesarán mucho a la hora de los balances. También la incapacidad para meter en cintura al sistema de salud. Duque no ha tenido ni visión de largo plazo, ni capacidad para atender con eficacia las graves consecuencias inmediatas del coronavirus.

Por: Red de organizaciones sociales y campesinas del Norte y Bajo Cauca. La mayoría de los análisis sobre lo que ocurre en nuestros territorios del Norte de Antioquia se desvanecen en la generalidad y ello dificulta dar cuenta de las duras realidades de un conflicto creciente y en desarrollo que ha roto nuevamente la tranquilidad de las comunidades. El conflicto armado que hoy tiene como epicentro el Nudo del Paramillo no se puede entender desde las divisiones político-administrativas impuestas sobre los territorios. Separar en fracciones, no da claridad acerca del trasfondo de las confrontaciones y tensiones entre grupos armados. Al privilegiar una vista enmarcada entre límites se incurre en un grave error: no se da cuenta de las complejas realidades de las disputas violentas. Basta pensar, por ejemplo, en el argumento común a través del cual se explica la situación de Guerra que actualmente ocurre entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- y los frentes 18 y 36 de las llamadas “Disidencias de las FARC”. Este, usualmente se describe como un problema centrado en el control de rutas del narcotráfico en el municipio de Ituango y, así, se asume que esta realidad no tiene nada que ver con el Nudo del Paramillo o con lo que ocurre en la zona conocida como “tres cañones”; un extenso territorio conformado por el cañón del río Cauca (en límites de Ituango con Briceño y Sabanalarga), el Cañón del río San Andrés (en límites de Yarumal con Briceño San Andrés de Cuerquia y Toledo, y de San Andrés de Cuerquia con Sabanalarga) y el Cañón de la Santa María (en límites de Toledo con San Andrés de Cuerquia y Sabanalarga); o tampoco con lo que actualmente ocurre en el Cañón de San Pablo, en límites entre Campamento, Guadalupe, Angostura y Anorí. Cañón de la Santa María. Fotografía: Red de organizaciones sociales y campesinas del Norte y Bajo Cauca. No hay que olvidar que Ituango es el nudo del paramillo y que las dinámicas de violencia del Norte de Antioquia están estrechamente ligadas a este basto y biodiverso territorio. Es real la existencia de una guerra por el control de las economías lícitas e ilícitas presentes en estos territorios, pero no es el objetivo en sí de las disputas actuales. La disputa actual tiene el objetivo de consolidar una retaguardia armada para el actor armado que logre consolidarse. Actualmente, las AGC están en Guerra en el Chocó y en el Bajo Cauca antioqueño y el Nudo del Paramillo les permite estar en medio de estos dos frentes de Guerra. La conquista del Nudo del paramillo para las AGC significaría la hegemonía militar en Antioquia y la posibilidad de futuras ofensivas para controlar nuevos territorios y para las disidencias de las FARC significaría el inicio de la reconstrucción del antiguo Bloque Efraín Guzmán y el inicio de la retoma de las subregiones del Norte, Occidente, Nordeste, Urabá, parte del Bajo Cauca y el Chocó. El conflicto que padecemos las comunidades por estos tiempos es milimétricamente territorial y va más allá de la disputa por Ituango. Mientras tanto, el avance de los grupos armados parece no encontrar obstáculos en el Norte de Antioquia. Dos grandes movimientos armados se presentan en la actualidad en la subregión. Por una parte, está en marcha el denominado “plan mil” con el que las AGC pretenden hacerse al control del Norte de Antioquia y Bajo Cauca y, por otra, nos encontramos en pleno despliegue de lo que se ha conocido como “COMANDO ANTIPARAMILITAR” de las disidencias del Frente 36, con el que han ocupado los cañones del río San Andrés y el de la Santa María. Es por ello por lo que en lo corrido del 2020 se han intensificado las acciones violentas contra las comunidades. San José de La Montaña. Fotografía: Red de organizaciones sociales y campesinas del Norte y Bajo Cauca. Solo en el Norte de Antioquia en lo ocurrido del 2020 se han registrado más de mil personas desplazadas de sus hogares, siendo Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia y Yarumal los municipios más afectados con esta situación. Desde el 15 de junio, en los corregimientos El Llano, La Loma y Ochali del municipio de Yarumal, más de 20 personas, entre las cuales hay niños, niñas y adolescentes, así como líderes y lideresas sociales han tenido que abandonar su hogar por amenazas. Además de esto se presentaron cinco asesinatos de campesinos en los municipios de Yarumal y Toledo en el mes de junio en el marco de estos enfrentamientos. Corregimiento El Llano, Yarumal. Fotografía: Red de organizaciones sociales y campesinas del Norte y Bajo Cauca. En últimas, el aumento de la violencia en los municipios que rodean el perímetro de la frontera Norte del Municipio Ituango responde a dos situaciones: 1- Después de que la segunda Marquetalia asumiera el control y la coordinación de las disidencias del frente 18 y 36, se comenzaron a notar cambios en el comportamiento de estos grupos en el territorio. Por ejemplo, la primera movida estratégica en Antioquia fue la separación de las dos estructuras de los Frentes 18 y 36. Este último se concentró inicialmente en el municipio de Briceño y confluyó con el 18 a la altura del río Cauca. No obstante, la estructura del Frente 36 fue concentrada en el Cañón de San Pablo y desde allí han logrado extenderse hasta el sector de Doradas, en límites entre Anorí y Tarazá y el sector que comprende los tres cañones. Así, el control de una parte del Municipio de Briceño, que asumió el Frente 36, quedó bajo el control de las disidencias del Frente 18. No hay que olvidar que, en el año 2019, en el mes de octubre, se registraron enfrentamientos entre estos y la Fuerza Púbica, así como la realización de reuniones entre el Frente 18 y las comunidades, donde el grupo armado informaba que estaban al mando de la zona. 2- La confrontación Armada entre las disidencias del Frente 18 y las AGC comenzó a concentrarse en la frontera occidente del municipio de Ituango desde el, en las veredas Guacharaquero, Paloblanco, La florida, La honda, El Cedral, Santa Ana y Quebrada del medio, que limitan con el municipio de Peque. Este movimiento desembocó en que el 23 de febrero del presente año se registrara un desplazamiento de 863 personas en estos territorios y en el mes de junio una masacre en la vereda Quebrada del medio. Asimismo, las disidencias del Frente 36 tienen la intención de trasladarse a la frontera occidente del municipio de Ituango para reforzar la disputa armada que se ha concentrado allí con las AGC. A eso responde el desplazamiento de hombres armados que ha ocurrido desde el pasado 15 junio. Este frente se ha instalado en los cañones del río San Andrés y en el Cañón de la Santa María para ejercer control del corregimiento el Oro, del municipio de Sabanalarga, quedando a un paso del municipio de Ituango. En su paso han realizado por lo menos tres tomas a veredas del cañón de la Santa María. Desde el 25 de junio las comunidades empezaron a denunciar la presencia de entre 20 y 30 hombres armados en la vereda Biogui, en la vereda Helechales el de 10 de julio y en la vereda El Llano del corregimiento el Oro el 25 de julio. Tras esta avanzada de las disidencias del Frente 36 hacia el occidente de Ituango las AGC se retiraron del corregimiento el Oro. Actualmente, hay temor en las comunidades, pues se cree que esta es una salida momentánea con la que las AGC buscan reforzarse para enfrentar a las disidencias. Con gran preocupación vemos el desarrollo de los últimos acontecimientos en el Norte de Antioquia y el desinterés por parte del gobierno nacional de realizar acciones encaminadas a la garantía de los derechos humanos de estas comunidades que hoy de nuevo se convierten en focos de violencia por el accionar de estos grupos armados ilegales.

Por: Laura Cano Después de aplazarse en tres ocasiones el debate sobre la responsabilidad de la Fuerza Pública en hechos de violencia sexual, finalmente tuvo lugar el pasado 30 de julio, tras ser aplazado el 15 de julio, el 17 y el 23 del mismo mes. Allí, uno de los temas a discutir era la sistematicidad de los hechos, pues este precisamente ha puesto sobre la mesa el cuestionamiento si se trata -como se ha querido mostrar- de “manzanas podridas”, o si por el contrario es el resultado de una formación en la habría ausencia de la enseñanza de los principios democráticos y de respeto a los Derechos Humanos, y en la que a su vez predomina la doctrina del enemigo interno. Con esto, hay que resaltar que en una de sus intervenciones la senadora Aída Avella señaló que: “El problema no es de ahora, el problema se ha vuelto repetitivo dentro de todas las Fuerzas, esa es una situación que nos tiene que preocupar porque es la autoridad, porque aquí el Ejército y la Policía tienen el predominio de las armas”. En este sentido y siguiendo las palabras de la congresista, hay que señalar que este debate se da a causa de una serie de relatos de mujeres víctimas de hechos de violencia sexual cometidos por miembros da las Fuerzas Militares, en el que se enmarca el de la menor Emberá Katío secuestrada y abusada sexualmente por siete (7) miembros del Ejército pertenecientes al Batallón Alta Montaña de Génova (Quindío) y que prestaban labores de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo (Risaralda). Con ocasión al debate realizado y con lo dicho por Avella es importante hacer referencia a este hecho específico porque fue éste junto con la valentía de la víctima al contarlo y la presión mediática lo que sentó la necesidad de reconocer la violencia sexual como uno de los hechos más denigrantes cometidos contra las mujeres por parte de la Fuerza Pública tanto en el marco del Conflicto Armado, como en otros contextos. Agregándose que además de dar paso a la discusión pública, también permitió que otras mujeres comenzaran a contar y denunciar sus casos. Igualmente, a que organizaciones sociales, defensoras de Derechos Humanos y feministas pusieran dentro de sus esfuerzos conocer lo sucedido, promover la no repetición e instar para que las instituciones dispuestas para la denuncia, atención y acompañamiento realmente sí hagan su trabajo de forma efectiva y oportuna en relación con las víctimas. “Falta articulación entre entidades que atienden a las mujeres, porque ahora más o menos funciona sometiendo a las a la dinámica del pin pon, de un lado para el otro, ruedan por todo lado y nadie les da ninguna solución. Yo admiro las redes de mujeres que sacan a la luz los maltratadores, porque eso nadie más es capaz de hacerlo y esa acción es una forma de defender a las mujeres. Esta situación se nos ha vuelto una epidemia muy complicada”, enfatizó Aída Avella. Vale la pena señalar que mientras algunos congresistas como Ruby Chagüi, del Centro Democrático, afirmaban que no se puede desprestigiar a las Fuerzas Militares de Colombia, «por unos cuantos que realizan hechos delictivos”, y que además las políticas del Ejército “nunca han estado diseñadas para violar los derechos de los niños de Colombia, sino para asegurar la vigencia del orden democrático y el pleno respeto de los derechos humanos.», por otra parte, se enfatizaba en la urgencia de conocer en qué está basada la formación militar y reformar dichos programas, priorizando la responsabilidad del Ejército con la población civil. Pistas para no hablar de hechos aislados Dentro de sus argumentos la senadora Aída Avella citó, a partir de los reportado por Medicina Legal, que desde enero de 2020 se han practicado 7.544 exámenes médicos legales por presunto delito sexual y 6.479 de ellos fueron a menores de edad. Agregó también que Sisma Mujer registró que durante 2017 se denunciaron 43 casos de violencia sexual cometidos por las Fuerzas Militares y la Policía, mientras que en 2018 los casos subieron a 74. Adicionalmente, respecto a lo corrido del 2020 advirtió que «la Defensoría del Pueblo indica que en los primeros cuatro meses atendió 122 casos de violencia sexual contra mujeres en el marco del conflicto y en 2019 fueron 595 casos”. Además, llamó la atención a la forma en la que se están tramitando estos casos cuando involucran comunidades indígenas, pues señaló que las instituciones «desconocen las lenguas indígenas para el trámite de las denuncias», lo que además provoca una doble victimización. Si bien estas cifras responden también de alguna forma a los subregistros que especialmente este tipo de violencia y este tipo de victimarios provocan, sí hay que nombrar que desde distintas entidades, como las anteriores, se han dado pistas de que los múltiples hechos conocidos en las últimas semanas no son casos aislados, incluso en medio de este contexto el general Eduardo Zapateiro, señaló que desde 2016 hay 118 uniformados bajo investigación por casos de abuso sexual que involucran a niñas, niños y adolescentes. De estos, 76 han sido retirados del servicio activo y los demás son investigados disciplinariamente. Por otra parte, desde Temblores ONG se encontraron 241 denuncias contra miembros de la Fuerza Pública por violencia sexual en Colombia entre 2017 y 2019. Del total, 139 casos habrían sido cometidos por miembros de las Fuerzas Militares, mientras que los 109 restantes por miembros de la Policía, reportándose 54 en 2017, 101 en 2018 y 86 para el 2019. Adicionalmente, hay que nombrar que desde lo analizado por la organización se halló que en el 74% de los casos las víctimas habían sido mujeres, asimismo, la mayoría de estos hechos son denunciados en Bogotá. Lo que pone en discusión el creciente subregistro que podría presentarse en las regiones donde instaurar una denuncia está atravesado por complicaciones de cobertura institucional, pero también de prejuicios y problemáticas sociales, además de contextos de violencia. Esto resalta la necesidad de descentralizar el debate, las medidas, la institucionalidad, pero también de seguir reconociendo los tipos de violencia cometidos diferencialmente contra las mujeres e instar por la reparación y no repetición, más aún cuando estos hechos han sido cometidos por un organismo que debe brindar protección. Por todo esto, una las solicitudes de la senadora Aida Avella en medio del debate, fue pedir el acompañamiento de la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Šimonovic, para que se pueda hacer desde este organismo veeduría a esta situación, partiendo del control que se necesita para evitar que la impunidad en estos hechos relacionados con la Fuerza Pública siga siendo el denominador.

Por: Redacción Pares La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP impuso medidas cautelares colectivas a los excombatientes de las extintas Farc-EP que están sometidos a la jurisdicción. La medida se tomó luego de constatar que, pese a las labores realizadas por diversas autoridades públicas, persiste una grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales (más de 200 comparecientes han sido asesinados), fenómeno que ha sido suficientemente documentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Instituto Kroc. En ese sentido, la JEP le ordenó al Alto Comisionado para la Paz, al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y a la Unidad Nacional de Protección llevar a cabo ciertas acciones encaminadas a garantizar la seguridad y vida de los reincorporados a la sociedad civil. Estas medidas se toman luego de que la JEP evaluó en dos audiencias la grave condición de seguridad y las razones que llevaron a efectuar el traslado de las familias de excombatientes asentados en Ituango hacia el municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia. Garantizar la vida de los firmantes de paz La JEP le ordenó al Alto Comisionado para la Paz realizar gestiones necesarias para la efectiva puesta en funcionamiento del Programa de Protección Integral para los integrantes del nuevo movimiento político Farc, según lo establece el Decreto 895 de 2017, por lo que debe convocar a la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep). De igual forma, la JEP le dio al Alto Comisionado para la Paz un término para remitir los Lineamientos y el Plan de Acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales de que trata el artículo 1 del Decreto 154 de 2017. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, además, le ordenó al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación convocar a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección para definir las medidas de protección que correspondan frente a solicitudes con análisis de riesgo, así como identificar y gestionar con celeridad lo necesario para la formulación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección. El Consejero debe cumplir con lo dispuesto en el Decreto 301 de 2017 y debe remitirle a la JEP los diagnósticos realizados sobre los Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación y de las Nuevas Áreas de Reincorporación. En relación con la Unidad Nacional de Protección, la JEP dispuso que debe impulsar de manera coordinada con la Mesa Técnica de Seguridad y Protección la adopción e implementación del Plan estratégico de seguridad y protección, así como la implementación inmediata de las medidas de protección pendientes y realizar estudios de riesgo para los comparecientes que lo solicitan, entre otros aspectos. Pandemia bajo fuego De acuerdo con cifras de Farc, han sido asesinados 222 firmantes de paz tras la firma del Acuerdo. Ahora bien, desde el primer caso de coronavirus registrado en suelo colombiano, el pasado 6 de marzo, han sido asesinados 25 firmantes de paz, cuando en lo corrido del año 2020 han asesinadas 39 personas en proceso de reincorporación. El más reciente asesinato fue denunciado en horas de la noche de este 28 de julio, cuando hombres armados acabaron con la vida de Unaldo Castillo en Urrao, Antioquia. En el hecho, según FARC Antioquia, también fue asesinado Yoiman Jiménez—firmante de paz— y quien hacía parte del esquema de protección del firmante de paz, José Ignacio Sánchez Ramírez quien sobrevivió al ataque. Por su parte, el pasado 26 de Julio fue hallado el cuerpo del firmante de la paz Héctor Zambrano, quien fue asesinado el 24 de julio en el municipio de Barbacoas, Nariño. De acuerdo con las comunidades, Héctor fue sacado a la fuerza por hombres del GAPF Oliver Sinisterra. Su hermano Freddy Zambrano, también firmante de paz, tuvo que desplazarse forzadamente de la zona. Angustia por paradero de firmante de paz En horas de la mañana de este 29 de julio, se conoció la denuncia de un caso de desaparición forzada en la vereda Pie de Cuesta, entre municipios de Ocaña y San Calixto (Norte de Santander). De acuerdo con versiones preliminares en terreno, hombres armados que se identificaron como pertenecientes a un grupo armado habrían arribado hasta la casa del firmante de paz, Omar Andrés Becerra, y se lo habrían llevado a la fuerza. Asimismo, fuentes le dijeron a Pares que, además del paso del tiempo sin conocer del paradero de Omar, podría tratarse de una múltiple desaparición.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. En horas de la noche, de este 29 de julio, se realizó la votación en la plenaria que arrojó seis ascensos militares. Uno de estos fue el del actual comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro. Dos hechos que marcaron la jornada. Uno de ellos tuvo que ver con que la bancada de oposición se retiró, sin antes dejar constancia de que Zapateiro tiene procesos activos de tipo penal. El otro tiene que ver con la atmósfera de escándalos que cubre al Ejército. Zapateiro con procesos de tipo penal Una de las voces de rechazo sobre los ascensos fue la del senador Iván Cepeda quien en medio de la Plenaria tras su intervención anunció que no votaría los ascensos. Cepeda se refirió a las dos investigaciones que se encuentran activas en contra del General Zapateiro. Una de ellas, “ante la Corte Suprema de Justicia y Fiscalía Séptima por peculado por peculado por apropiación, caso y proceso activo. La segunda, por trñafico de influencias de servidor público.” De igual forma, Cepeda recordó que Zapateiro “de manera injustificada hizo que el suboficial, que ha denunciado las violaciones hechas por siete militares contra una niña indígena, fuera relevado de su cargo. ¿Es Zapateiro digno del ascenso? Para nosotros ¡No!”. Además, señaló que “hay una crisis estructural de las Fuerzas Militares y de Policía que tienen múltiples componentes; violaciones de Derechos Humanos, violencia sexual contra menores de edad y adolescentes, hechos de corrupción que implican a 16 generales de la República, uso de la inteligencia militar para violar derechos de opositores, periodistas”. Sobre este último aspecto, Cepeda recordó que “la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos ha votado dos enmiendas y, llamo la atención de que esta fue una votación bipartidista —republicanos y demócratas—; cuestionando severamente la manera en cómo se está utilizando la inteligencia militar. También, la manera en cómo los recursos de cooperación y asistencia de Estados Unidos están siendo utilizados en Colombia.” Para Cepeda, hay una fuerte intensión de querer esconder la crisis estructural en la que se encuentran inmersas las Fuerzas Militares. De hecho, Cepeda señalo que las denuncias incluso no las están haciendo la oposición ni las organizaciones de Derechos Humanos, provienen “de miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía que están siendo severamente reprimidos, castigados y perseguidos al interior de las fuerzas militares”. Finalmente, Cepeda habló sobre un proyecto de ley, que ha sido construido por 21 congresistas, presentado “que tiene por propósito modificar el sistema de ascensos. No significa acabar con los ascensos, pero buscamos dar un debate a fondo”. La importancia que le encuentra el Gobierno Duque El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, señaló que los seis ascensos significan “un apoyo pleno a nuestra Fuerza Pública y a su misión constitucional”. Además, el jefe de la cartera de Defensa insistió que el ascenso se da “en virtud de que, a la fecha, ninguno de los seis oficiales tiene una inhabilidad que le hubiera impedido al Senado proceder”. Holmes, tras la decisión de la plenaria, aprovechó para dar un mensaje: “desde el gobierno del presidente Duque se seguirá actuando sin vacilación, sin debilidad alguna, sin sesgos, en defensa de la Fuerza Pública colombiana. No solo lo haremos por razones de índole constitucional, legal e histórico sino por el hecho evidente de que la fortaleza de la democracia, nuestra integridad y soberanía, reposan sobre el pilar insustituible de las Fuerzas armadas.” Holmes, a su vez, precisó que “la defensa incluye hacerles frente a todas las acusaciones que se hacen a la institución, confundiendo los hechos indebidos de individualidades como si se tratara de una política institucional. “Cuando se le hace un daño a la Fuerza Pública, se le hace un inmenso daño a la nación.” De esta manera, el Gobierno Nacional no advierte un tratamiento distinto a las investigaciones que se adelantan contra las acciones por fuera del marco de los Derechos Humanos. Además de Zapateiro, fueron ascendidos el general Jorge León González, el mayor general Ricardo Perico Pinto, el contralmirante Camilo Gómez Becerra, capitán de Navío Orlando Alberto Cubillos y coronel Jorge Torres Mora. Un Ejército que se investiga así mismo Para Ariel Ávila, subdirector de Pares, “todo funcionario público está sujeto a investigaciones, lo cual no es atípico. Ahora, la gran preocupación tiene que ver con que, lo que dice la oposición, es que la mayoría de las investigaciones contra la Fuerza Pública todo se archiva. De esta manera, la sociedad no conoce la verdad; se requieren mayores niveles de control y transparencia en las investigaciones.” En este sentido, para el analista, continuará siendo muy difícil que prosperen las denuncias debido a que “el Ejército se investiga así mismo, la Justicia Penal Militar en Derechos Humanos”. Finalmente, Ávila subrayó que “es necesario revisar y mejorar los mecanismos de ascensos.”