Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. Pares ha venido alertando la situación de riesgo que han enfrentado los más de 13.000 exguerrilleros que se encuentran adelantando su proceso de reincorporación en los denominados Antiguos Espacios de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y en las Nuevas Áreas de Reincorporación. Fundamentalmente, durante el periodo de pandemia en Colombia se ha recrudecido la violencia en contra de los y las firmantes de paz. En los últimos cinco días se ha registrado el asesinato de tres firmantes de paz, dos atentados y una denuncia de desaparición forzada de un firmante de paz y su familia. Pandemia bajo fuego De acuerdo con cifras de Farc, han sido asesinados 222 firmantes de paz tras la firma del Acuerdo. Ahora bien, desde el primer caso de coronavirus registrado en suelo colombiano, el pasado 6 de marzo, han sido asesinados 25 firmantes de paz, cuando en lo corrido del año 2020 han asesinadas 39 personas en proceso de reincorporación. El más reciente asesinato fue denunciado en horas de la noche de este 28 de julio, cuando hombres armados acabaron con la vida de Unaldo Castillo en Urrao, Antioquia. En el hecho, según FARC Antioquia, también fue asesinado Yoiman Jiménez—firmante de paz— y quien hacía parte del esquema de protección del firmante de paz, José Ignacio Sánchez Ramírez quien sobrevivió al ataque. Por su parte, el pasado 26 de Julio fue hallado el cuerpo del firmante de la paz Héctor Zambrano, quien fue asesinado el 24 de julio en el municipio de Barbacoas, Nariño. De acuerdo con las comunidades, Héctor fue sacado a la fuerza por hombres del GAPF Oliver Sinisterra. Su hermano Freddy Zambrano, también firmante de paz, tuvo que desplazarse forzadamente de la zona. Angustia por paradero de firmante de paz En horas de la mañana de este 29 de julio, se conoció la denuncia de un caso de desaparición forzada en la vereda Pie de Cuesta, entre municipios de Ocaña y San Calixto (Norte de Santander). De acuerdo con versiones preliminares en terreno, hombres armados que se identificaron como pertenecientes a un grupo armado habrían arribado hasta la casa del firmante de paz, Omar Andrés Becerra, y se lo habrían llevado a la fuerza. Asimismo, fuentes le dijeron a Pares que, además del paso del tiempo sin conocer del paradero de Omar, podría tratarse de una múltiple desaparición. Atentado en Buga De igual forma, el partido FARC, el pasado 27 de Julio, alertó sobre un atentado que sufrió Uriel Molina Cuadros, un firmante de paz en zona rural del municipio de Buga (Valle del Cauca). De acuerdo con las versiones del atentado, Uriel se encontraba en la vereda El Crucero cuando, hombre armados y encapuchados, abrieron fuego contra él. La gravedad de sus heridas hicieron que Uriel fuera trasladado hasta Cali, en donde se encuentra con pronóstico reservado. La expectativa por garantías aguardan en los territorios De acuerdo con el más reciente Informe Trimestral del Consejo de Seguridad de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia: “La sostenibilidad del proceso de reincorporación se ha visto afectada por la pandemia, principalmente a causa de las consecuencias económicas en los proyectos productivos de excombatientes y el aumento de la vulnerabilidad de excombatientes que viven fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, también en nuevas áreas de reincorporación colectiva, quienes tienen un mayor riesgo de contagiarse, ya que la mayoría viven lejos de establecimientos médicos y tienen oportunidades sociales y económicas limitadas.” Cabe recordar que Pares ha advertido la preocupación del CNR Farc sobre la situación de más de 70% de ellos se encuentran por fuera de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), según el Consejo Nacional de Reincorporación del componente FARC (CNR FARC). De esta forma, los más de 9.000 firmantes de paz están en las denominadas Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) que no son reconocidas por el Gobierno Nacional. Frente a esta realidad, el informe precisó que hay vulnerabilidad de los excombatientes y las excombatientes fuera de los antiguos espacios territoriales, la Misión está colaborando cada vez más con el Gobierno y FARC para atender sus necesidades específicas, entre otras cosas en materia de acceso a la atención de la salud y servicios básicos, y para mejorar la asistencia técnica a fin de ayudarlos a implementar sus proyectos productivos en el marco de la pandemia.” El informe, también se refirió a un tema que preocupa y es el que tiene que ver con la asignación de tierras para los firmantes de paz que se encuentran realizando su proceso de reincorporación. El informe señaló “Los avances en la asignación de tierras a excombatientes, esencial para la sostenibilidad del proceso de reincorporación, siguen siendo limitados. Hasta la fecha la Agencia Nacional de Tierras solamente ha adquirido un predio, en el antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de Colinas (Guaviare), pero aún no se ha adjudicado debido a obstáculos jurídicos.” La expectativa en los territorios se mantiene alta, pues la población en proceso de reincorporación —ante los asesinatos continuos— espera contar con garantías que permitan fortalecer este proceso. Frente a ello, el informe rescató un evento que se advierte como positivo; “en mayo se reunió la Mesa Técnica de Tierras del Consejo Nacional de Reincorporación, foro en el que se está discutiendo la exploración de vías alternativas para que los excombatientes y las excombatientes accedan a tierras, entre otras cosas para proyectos productivos”. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Laura Cano. Periodista Pares. A comienzos de julio se conoció que el exfiscal, Eduardo Montealegre y el exvicefiscal, Jorge Perdomo, tenían preparada una denuncia que será interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia – una vez las condiciones de bioseguridad lo permitan -, en la que señalan la responsabilidad que Álvaro Uribe Vélez tendría respecto a las masacres de El Aro y La Granja. El argumento en el que está sentada la denuncia, en palabras de Montealegre, es que “Álvaro Uribe tenía el deber de proteger a toda la población como supremo director del orden público del departamento y también de la Fuerza Pública. Uribe tenía un deber especial, una posición de garante. Teniendo esa posición y estando advertido sobre las masacres Uribe no hizo absolutamente nada”. Vale la pena mencionar que las masacres de El Aro y La Granja ocurridas desde el 22 de octubre de 1997 y el 11 de junio de 1996, respectivamente, dejaron, al menos, 22 personas asesinadas, 702 pobladores desplazados forzosamente, 42 casas incineradas, el robo de 1.200 reses y un sinnúmero de actos denigrantes como torturas y abusos sexuales. Hay que señalar que, en mayo de 2018, y en el marco de la indagación previa 45110 que venía desde 2014 contra Uribe por nexos con el paramilitarismo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró crímenes de lesa humanidad las masacres, además del asesinato de Jesús María Valle. Señalando que estos son comprendidos de esta forma cuando se cometen graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos. Adicional, cuando estos obedecen a hechos no aislados, sistemáticos e inhumanos contra la población civil. Asimismo, en el 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado por la responsabilidad en las masacres a pagar una indemnización cercana a los $3.400 millones a los 123 familiares de las víctimas. Declaraciones claves Recientemente en el programa El Poder de Semana TV habló Rubén Darío Pinilla, exmagistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, quien aseveró que “la masacre de El Aro fue planificada previamente, en la cual se contó con información de las Fuerzas Militares. Según las versiones de Salvatore Mancuso y otros miembros de las AUC, el general Manosalva Flórez, comandante de ese entonces de la Cuarta Brigada, fue quien les dio la información sobre sitios, ubicación de tropas, campamentos guerrilleros para que las AUC ingresaran a la zona”. Los testimonios de Pinilla llegan alimentando el debate que había suscitado las anteriores declaraciones de Eduardo Montealegre, pues a través de estos se pone sobre la mesa, una vez más, la responsabilidad por omisión de Álvaro Uribe Vélez -quien para ese momento ejercía como gobernador de Antioquia-, en lo ocurrido, en este caso, específicamente, en el corregimiento de El Aro. Señalando esto, vale la pena mencionar, que en el periodo en el que se desarrolló esta masacre – 22 al 31 de octubre de 1997 -, también se realizaron las elecciones regionales, las cuales se llevaron a cabo el 26 de octubre de dicho año, mientras en el corregimiento de Ituango se vivía un quinto día de masacre. Este contexto pone dos puntos en la lupa: por un lado, la responsabilidad que las autoridades gubernamentales tenían para velar por el orden público. Por otra parte, la ausencia de Fuerza Pública directamente en la zona, aun en el marco del evento electoral. “Se sabe que en ese periodo sobrevolaron varios helicópteros, entre ellos dos: uno, el helicóptero artillado de las Fuerzas Militares, hacia el día 29 de octubre. Otro, el de la Gobernación de Antioquia que también sobrevoló la zona en ese periodo, además de un helicóptero de los paramilitares”, indicó Pinilla. Igualmente, según lo dicho por el exmagistrado, sobre la situación estaban enteradas la Gobernación de Antioquia por medio del alcalde de ese momento de Ituango, también el Batallón Girardot, que dependía de la Cuarta Brigada, que estuvo a cargo de José María Clavijo, quien fue condenado en 2001 por concierto para delinquir en la modalidad de organizar, fomentar o promover grupos de justicia privada; y por Germán Morantes, quien también tuvo vínculos con los paramilitares. Asimismo, estaba informado Pedro Juan Moreno, secretario de gobierno del gobernador en ese momento, sobre quién Pinilla afirmó que: “también se supo en Justicia y Paz que era uno de los asesores de las Autodefensas Unidas de Colombia, y era una persona cercana a Carlos Castaño”. “Suena inverosímil que el gobernador no se haya enterado de esa situación. Hay surge una figura Jurídica, pues desde la Gobernación se estaba en posición de garante. La sola omisión los hace responsables penalmente. (…) Sobre esto la Fiscalía tiene una investigación desde 1997, o sea que es una investigación que tiene más de 20 años. Cuando nosotros expedimos copias sabíamos que apenas estaba en indagación preliminar y nunca había avanzado. La Fiscalía tiene una gran responsabilidad en que desde entonces no se hayan adelantado las investigaciones”, aseveró el exmagistrado. Operación Orión: casi 18 años de impunidad También en octubre, pero cinco (5) años después, en 2002, tuvo lugar una de las operaciones entre el Ejército y grupos paramilitares más violentas: la Operación Orión, un hecho ocurrido en la Comuna 13 de Medellín en el que se vieron involucrados alrededor de 2.000 uniformados y funcionarios judiciales del Ejército Nacional, el extinto DAS, la Policía, el CTI y las ‘Fuerzas Especiales Antiterroristas’. El hecho dejó, al menos, 600 víctimas directas entre retenidos, desplazados, heridos, muertos y desaparecidos. Del total, hubo 105 personas desaparecidas forzosamente, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 17 homicidios a manos de la fuerza pública y 80 civiles heridos. Adicionalmente, a principios de julio de este año a través del Auto 097 del 2020 emitido por la JEP, se informó que en el segundo semestre del 2002 – periodo en el que ocurrió el caso- se reportaron 83 víctimas de desaparición forzada, mientras que en el primer semestre del año siguiente esta clase de violencia dejó 43 víctimas. Sobre estos hechos han salido versiones como la de Diego Murillo, alias ‘Don Berna’, quien, en 2009 a través de un escrito dirigido a la Corte del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos, incluyó una declaración juramentada como comandante del Bloque Cacique Nutibara, donde reconoce la coordinación entre el grupo paramilitar y la Cuarta Brigada del Ejército, incluyendo al comandante General Mario Montoya y a Leonardo Gallego, comandante de la Policía de Medellín en ese momento. Sobre este caso, que además se da en el marco del primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, luego de sus cuestionamientos por lo ocurrido en los corregimientos de Ituango, el exmagistrado Rubén Darío Pinilla contó: “La Operación se convierte en la manera de copar el territorio por el Bloque Cacique Nutibara. Con la claridad que en otros lugares de Medellín había bandas criminales, grupos de las AUC cometiendo delitos, pero en esas zonas ni el Ejército ni la Policía adelantó los operativos que adelantó en la Comuna 13. Allá como no se había logrado esa hegemonía del Bloque Cacique Nutibara, hubo más de 12 operativos para desalojar a esos otros grupos armados ilegales. Tras la Operación el copamiento del grupo paramilitar fue total. Eso se conoció como la ‘Donbernabilidad’, pues Diego Murillo era quien controlaba toda la criminalidad de Medellín. Ese fue uno de los resultados de la Operación”. Aunque en las acciones anteriores todavía no es comprobada la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez, sí es un hecho que hay un común denominador en los casos: un poder imperante del ahora senador dentro de la fuerza política del país; una vez como gobernador y luego como presidente de la nación, cargos en el que tenía, por un lado, la responsabilidad de garantizar el bienestar de la población y la protección de los Derechos Humanos, y por otra parte, la verificación del accionar de la Fuerza Pública, que en ambos crímenes resaltaron por su participación directa e indirectamente. “Eso pone sobre la mesa la necesidad de que se investigue. Esas denuncias que han anunciado contra el ahora senador no se ven arbitrarias, sino necesarias y coherentes. (…) Cuando a Uribe se le abren investigaciones en contra se mueven a una velocidad que el país no merece que se muevan a ese ritmo, ni con esa indolencia”, concluyó el abogado Ramiro Bejarano, quien también participó en la emisión de El Poder.

Por: Joker Esta es una grave y certera sentencia, que pretende de forma organizada evidenciar muchos acontecimientos que han marcado las conductas y las acciones ilegítimas del partido de gobierno. Pero antes debemos entender que el país se encuentra inmerso en una ola de emociones colectivas, muy predecibles de acuerdo a las penosas realidades sociológicas que se acrecientan con la pandemia y que agudizan más la vulnerabilidad de los colombianos sin abolengo, sin educación, sin tierra, sin pasado, sin presente y sin futuro. También hay que reconocer que tenemos un modelo socio económico que agrava el escenario cuando protege exclusivamente a la misma minoría de siempre, ya que en nuestro territorio se protege la propiedad privada pero de unos pocos, se propicia el emprenderismo pero de unos pocos, se defiende la honra y los derechos constitucionales pero de unos pocos, y así sucesivamente se va desnudando la aterradora realidad de una patria institucional, abstraída en un libreto que omite y encubre todo con indiferencia. Pero hay un claro y principal genitor de este desorden, que al mismo vaivén de su habladuría ramplona y chacharera, da pie y favorece a que todo el espectro de la institucionalidad se corroa y se vaya a pique; todo esto con el fin mezquino de lograr mantenerse a flote en medio del vendaval de denuncias y reclamos, que aumentan en el entorno social en la misma proporción en que este degradado protagonista se queda sin rumbo programático, sin capital político y sin ética ideológica. Este actor principal sin ninguna duda es la colectividad política que gobierna, tendencia anacrónica que regocija funcionarios sin los estudios correspondientes, presos VIP como los casos de Andrés Felipe Arias y Santiago Uribe, candidatos con brazaletes de seguridad, robo de tierras, títulos falsos, acoso sexual y compra de votos, familiares condenados por paramilitarismo y corrupción gubernamental por mencionar algo del pasado inmediato, antes de pasar al turbulento presente. Hoy es posible reconocer un gobierno mediocre, que arroja la nación al vacío estéril de la desesperanza, pues se vislumbra acéfalo, descoordinado, fraccionado, entelerido, sin fundamentos y sin rumbo, sin embargo, esta torpeza político administrativa, desnudó aún más el secuestro estatal que soportamos los colombianos. En síntesis, el uribismo es un monstruo deforme de muchos tentáculos, que logró fusionarse y transmutar en un híbrido con la banca agiotista y acaparadora, que para subsistir tan sólo tiene que arrojarle monedas a una clase política tan sumisa como corrupta y que consiguió sodomizar a la justicia con el miedo, legitimando toda una cuadrilla de rufianes, muy dispuesta a saciar cualquier apetito y a cualquier costo. También prostituye y deshonra a unos medios de comunicación que ya hacen parte de su nómina regular y que por supuesto siguen fieles al libreto encubridor salvaguardando a este leviatán de varias cabezas; por último y lo más peligroso en mi opinión, es que condicionaron a la fuerza pública a ser sus simples escoltas personales, a cambio de guardarle la espalda en una orgía de corrupción, como lo hacen lo viles secuaces de la delincuencia común. Recordemos al extinto DAS y toda la degradación de estas instituciones, donde se venden los lineamientos constitucionales, borrachos de la violencia, el dinero fácil y la represión hacia los civiles indignados. Eventos recientes sobran, donde las garras y los dientes de estos demonios creados para mantener el statu quo de un establecimiento probadamente ineficiente, corrupto e incompetente, como la ridícula investigación que abre el CNE en contra del jefe de la oposición Gustavo Petro, aduciendo irregularidades en los aportes de unos docentes a la campaña de la Colombia Humana por un monto no superior a los 400 mil pesos, al tiempo que baja la mirada con indiferencia ante los miles de audios y decenas de fotografías, que prueban que el narcotraficante Ñeñe Hernández no solo compartía una estrecha amistad con Iván Duque, sino que financió con miles de millones de pesos esta campaña en muchos lugares del país. Seguidamente una gran contradicción aflora apuntando a los dineros del chavismo, pues al parecer no ingresaron a la campaña de la calumniada Colombia Humana, sino que fortalecieron la candidatura del Centro Democrático con una donación de 300 mil dólares. ¡Recordemos que los uribistas son los más fieros querellantes del chavismo, hasta el arriesgado punto de convertirse en uno de sus más enconados conspiradores! Satíricamente y saltando sobre piedras calientes como es común, miembros de esta colectividad salieron a decir que la contabilidad de esta campaña fue transparente y estuvo regida por los principios legales, tratando de omitir pruebas fehacientes que hoy están siendo evaluadas por los organismos de justicia competentes. Con todo, para el grueso de los ciudadanos no hay mucha esperanza en estas investigaciones, ya que el Fiscal General de la nación es el jurista Francisco Roberto Barbosa Delgado, entrañable amigo del electo Duque quien antes de su designación fuera un aguerrido derrotero de la campaña uribista. Se puede decir que el fiscal es un árbitro purasangre, pitando penales a favor del uribismo en una contienda saturada de injustas infracciones, que no disminuirán hasta que vayan ganando el partido y puedan terminarlo. Pero otro hecho que agrava al resto de la institucionalidad y que debe ser expuesto ante los ojos del mundo, es que el 9 de marzo de 2019, mientras Iván Duque expresaba en Saravena Arauca lo importante de la legalidad, el narcotraficante Hernández se desplazaba en una aeronave donada por el gobierno de EE.UU. con el fin de apoyar justamente la lucha antidrogas. El ejército colombiano confirmó la noticia aduciendo que la aeronave de matrícula EJC1136, sí desplazó al ciudadano José Guillermo Hernández Aponte desde Aguachica hasta Valledupar. Los motivos que exponen son confusos y hacen parte de la investigación, entre otros que el personaje en cuestión para las fechas era conocido como un prestigioso ganadero. Esta información fue publicada por varios medios, tales como El País, El Heraldo y El Tiempo entre las fechas del 9 al 10 de marzo del 2020. Todo es tan quijotesco y bochornoso, que la misma Embajada Norteamericana en Bogotá pareciera dormir apaciblemente encima del alud de pruebas, y de las descalificadoras circunstancias que envuelven al Centro Democrático y al Presidente; toda vez que también involucran a otras relevantes figuras del mismo gobierno, como los casos probados de los laboratorios de cocaína en finca del embajador Sanclemente y los vínculos de la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez con memo el fantasma. Pero afortunadamente esta misma degenerada corrupción, ya hizo que voces principales del congreso de los EE.UU. mayoritariamente demócrata y en cabeza del senador Patrick Leahy, quien es vicepresidente del comité de apropiaciones, pusieran a la luz de los hechos que en los últimos 3 años Colombia ha recibido la no despreciable suma de 450 millones de dólares, con el fin de contribuir con diversos programas en nuestro país. Pero manifiesta abiertamente, sentirse consternado por las múltiples violaciones a los derechos humanos perpetrados por el ejército y la actitud parsimoniosa de la justicia para investigarlos. Se unieron inesperadamente los demócratas Jim McGovern y Alexandria Ocasio Cortez, redactando un par de enmiendas dirigidas al Comité de Reglas de la Cámara de Estados Unidos, exigiendo en su naturaleza jurídica al gobierno de Donald Trump condicionar y suspender las ayudas económicas a nuestro país. Los fundamentos se entrelazan entre sí y se enmarcan en generalidades relacionadas con la violación de los derechos humanos: asesinatos sistemáticos y espionaje a líderes sociales, periodistas, representantes de la justicia y opositores políticos, configurando lo dicho como una actividad ilegal de inteligencia. “Ningún equipo militar o de inteligencia o suministros transferidos o vendidos al Gobierno de Colombia bajo programas de asistencia en seguridad de Estados Unidos podrá ser usado para propósitos de vigilancia o inteligencia ilegal dirigida contra la población civil, incluidos defensores de derechos humanos, personal de justicia, periodistas u opositores políticos” manifiesta McGovern. En otro aparte Ocasio Cortez menciona: “Ningún fondo destinado a la fumigación de cultivos ilícitos se podrá entregar a Colombia si no hay una demostración por parte del Gobierno de Colombia de que está cumpliendo las regulaciones del país en esa materia”. Pero el nudo de tropiezos se sigue acumulando y todo pareciera no tener otro fin distinto al de una explosión advertida, las denuncias de soldados, mujeres y niñas indígenas violadas, las investigaciones que involucran a efectivos militares de EE.UU. en la venta de narcóticos y armas junto a paramilitares de nuestro país, coroneles protegiendo a narcos en bases militares, generales dando información vital a la oficina de Envigado, policías involucrados en microtráfico, secuestros y así un sinfín de descubrimientos desalentadores para el colombiano regular. Es triste admitirlo y escribirlo, pero se puede asegurar que un colombiano siente el mismo miedo al encontrarse hoy al ejército o a la guerrilla en cualquier carretera rural de Colombia, o en su defecto a la policía en el sector urbano, pues las realidades nos muestran, que los otrora héroes de la patria, cada día se parecen más a los delincuentes que dicen combatir. Pero como lo afirmé con anterioridad, todo esto es un caldo de cultivo propiciado por el Centro Democrático, quienes legalizan la represión y protegen cualquier intento de la ciudadanía de denunciar los abusos de la fuerza pública con los civiles, ellos con la experticia del belicista de oficina promueven la guerra y atacan la paz desde la comodidad de sus privilegios, nunca irán a la guerra o al campo de batalla y mucho menos sus descendientes. El caso es que este partido de extrema derecha lo está pudriendo todo, sumando que el ocaso del malévolo expresidente se acerca y él está dispuesto a llevarse a la nación por el precipicio de su fracaso. ¡No triunfará, pues se estrelló con una nueva generación que no cree en discursos de culebrero! Joker 28-julio-2020 Rio Cuarto.

Por: Línea de Democracia y gobernabilidad. Pares. Las contrataciones que se han realizado en medio de la pandemia para el manejo y atención de la crisis siguen presentando irregularidades que han venido siendo objeto de denuncia por parte de la ciudadanía. La Fundación Paz y Reconciliación ha conocido una nueva denuncia ciudadana del municipio de Villa Rica, Cauca, por irregularidades en cinco contratos celebrados en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, los cuales son presentados a continuación: El primero de ellos, es un contrato suscrito entre el alcalde municipal de Villa Rica, Cauca, Roller Escobar Rodríguez y Tecnisound Producciones S.A.S. con NIT 901176945-9, representada por Nubia del Socorro Riascos Riaño, cuyo objeto es el “Suministro de elementos para la ejecución del plan de contingencia causado por la emergencia sanitaria del coronavirus (Covid-19)” por un valor de $53.765.688 pesos. El segundo caso, hay dos presuntas irregularidades manifestadas en la denuncia, que tienen que ver con dos contratos celebrados por el ente territorial con la empresa Hacienda Eficiente S.A.S. con NIT 900466567-9. El primero de ellos es un contrato por $225.032.876 pesos, que tiene por objeto la “Compra de suministros hospitalarios para el plan de contingencia ocasionados por emergencia sanitaria del coronavirus (Covid-19)”, mientras el segundo se realizó con el objeto del “Suministro de víveres y abarrotes para tres mil familias vulnerables del municipio de Villa Rica, Cauca por emergencia sanitaria del coronavirus (Covid-19)” por un valor de $270.000.000 pesos. Cuando se realiza la revisión del objeto social de la empresa en el RUES, las cuatro actividades que figuran en el sistema son: “Construcción de otras obras de ingeniería civil”, “Otras actividades deportivas”, “Catering para eventos” y “Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados”, lo cual no corresponde con el objeto de ambos contratos. Sin embargo, en su Cámara de Comercio (la cual se encuentra en los documentos adicionales cargados en el Secop), se puede evidenciar que en su objeto social se registran 75 actividades económicas, donde la número 33 hace referencia al comercio al por mayor de alimentos. Por otro lado, al revisar su experiencia en la Cámara de Comercio de Cali, no se encontró ningún contrato asociado al suministro de equipos médicos. En tercer lugar, el contrato celebrado con la empresa Americana de Construcciones S.A.S., por un valor de $ 379.356.734 millones de pesos, y cuyo objeto es: “Adecuación de la infraestructura municipal para la atención de la emergencia por covid-19 Centro Recreativo Parque Sur, CDI, entradas y salidas del municipio de Villa Rica Cauca, presenta tres posibles irregularidades. En primer lugar, no cuenta con estudios previos registrados en SECOP, de forma que no hay un parámetro que permita identificar que esa era la mejor opción. En segundo lugar, el objeto del contrato no permite identificar claramente la obra a desarrollar. Dentro de los documentos adicionales se encuentra un título “Presupuesto”, en el cual se lista materiales y actividades a desarrollar, pero como el objeto no es claro resulta difícil evidenciar la pertinencia de las labores y los productos allí establecidos. En tercer lugar, en los documentos adicionales se mencionan las pólizas de garantías, sin embargo, estas no aparecen colgadas en el SECOP.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. Esta pandemia ha puesto de manera visible cada uno de los problemas sociales que históricamente han acompañado la realidad de millones de familias. Tan solo pocos días después de iniciado el aislamiento preventivo obligatorio, decretado desde el pasado 25 de marzo, en varios hogares del país se comenzaron a izar trapos rojos como señal de una dramática situación que es el día a día de muchas y muchos: el hambre. Así, en los barrios periféricos y en varios municipios se comenzó a convertir en parte del paisaje ver trapos rojos en las calles, en las fachadas, situación que revelaba de manera simbólica cifras propias de la desigualdad que ha dejado el sistema social, político y económico que nos rige: una pobreza multidimensional de 17.5% en 2019 y un aumento del desempleo que alcanzó el 21.4% en mayo 2020, según datos del DANE. “El Estado garantizará el derecho a la alimentación adecuada y a estar protegido contra el hambre y la desnutrición. Así mismo, promoverá condiciones de seguridad y soberanía alimentaria en el territorio nacional”. Foto: Pares. A esto se suma que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en 2019 en Colombia 2,4 millones de personas (4,8%) padeció hambre entre 2016 y 2018. Asimismo, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Encuesta Nacional de Situación Nutrición se informó que para el 2015 el 54.2% de los hogares colombianos no tenía condiciones para acceder a alimentos suficientes para que sus integrantes lleven una vida sana (inseguridad alimentaria). Mientras que en esta misma situación estaban el 68.9% de las familias afrodescendientes y el 77% de los hogares indígenas. Adicionalmente, se puntualiza que el 10.8% de los niños y niñas menores de 5 años se encuentran en situación de desnutrición crónica y el 2.3% en desnutrición aguda. Igualmente, en menores de 5 a 12 años, 7 de cada 100 menores presentan desnutrición crónica. Esta situación se traslada a las comunidades indígenas afectado a 30 de cada 100 menores. A esto se agrega que en personas de 13 a 17 años la desnutrición crónica les afecta a uno de cada diez, concentrándose en población indígena con un 36,5%. La propuesta para atender el hambre Lo que ha hecho la pandemia es permitir reconocer un problema que ha estado ahí y está presente en todos los contextos; en una ciudad como Bogotá, pero también en los territorios más alejados del centro del país. Además, hay que decir que Colombia es un país que no es soberano, pues durante muchos años se ha dedicado a importar más del 70% de los alimentos de la base alimentaria”, afirmó en #ConversatorioPares Sara del Castillo, coordinadora del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria (OBSSAN) de la Universidad Nacional. Dado esto, por lo menos, desde el 2018 se ha insistido tres veces en llevar al Congreso el debate sobre la necesidad de consagrar el derecho a la alimentación adecuada. Este panorama ha puesto sobre la mesa la urgencia que amerita promover medidas que garanticen el acceso a alimentos de calidad. “No se puede negar que en ningún momento el país no ha tenido ni seguridad ni soberanía alimentaria. Foto: Pares. En este punto vale la pena señalar que al respecto de esto la Constitución establece el artículo 65, el mismo que ahora se pide sea modificado, gracias a una propuesta de la senadora del partido de la U, Maritza Martínez y 29 firmantes más de los partidos Liberal, Cambio Radical, Colombia Humana, FARC, Polo, Alianza Verde, Mais, Partido de la U y Decentes. La modificación instaría para que la Constitución de 1991 consagre explícitamente el derecho a la alimentación y el derecho fundamental a no padecer hambre. Hay que resaltar respecto a lo anterior que actualmente el artículo 65 plantea que: “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad”. Igualmente, hay que decir que hoy en día existe la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), la cual se creó a través del Decreto 2055 de 2009, bajo el interés de tener a su cargo la coordinación y seguimiento de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN). La Comisión según el Decreto está conformada por ministros, viceministro, gerentes, directores y/o delegados del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o sus, el Alto Consejero para la Acción Social y la Cooperación, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. No obstante, ahora, además de exigir la soberanía y seguridad alimentaria también se propone la creación del Consejo Nacional del Derecho a la Alimentación, en el que tendría participación productores de alimentos, mujeres rurales, campesinado, indígenas, afrocolombianos, organizaciones de economía solidaria, entre otros, partiendo que ese diálogo de saberes no existe en el CISAN, donde no hay participación de la ciudadanía. “Garantizando el derecho a la alimentación, como lo pretendemos con nuestro proyecto de Acto Legislativo, acabaríamos con el principal factor de mortalidad infantil: la desnutrición. Igualmente daríamos cumplimiento a varias obligaciones adquiridas por el Estado colombiano en ese mismo sentido a través de varios instrumentos internacionales”, agregó a través de Twitter Maritza Martínez, senadora del Partido de la U. El acto legislativo ya fue radicado en el Congreso de la República lo que lo pondrá en debate en los próximos meses, y de ser aprobado permitiría la modificación del artículo 65, agregando a su primera parte que: “El Estado garantizará el derecho a la alimentación adecuada y a estar protegido contra el hambre y la desnutrición. Así mismo, promoverá condiciones de seguridad y soberanía alimentaria en el territorio nacional”.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. El largo y revictimizante camino de los campesinos por reclamar las tierras que les fueron despojadas es fielmente retratado por los casos de los corregimientos de Macondo y Blanquiceth, en el municipio de Turbo. Actualmente, estas comunidades que retornaron a su territorio en 2014 están siendo víctimas de amenazas, agresiones y presiones. Incluso hombres armados exigen el 50% de las tierras de estos campesinos. Son cerca de 30 reclamantes de tierra los que están en riesgo, quienes no cuentan con las garantías de no repetición. La mano armada De acuerdo con la Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el Instituto Popular de Capacitación (IPCI), las agresiones se dan en el marco de una disputa judicial en el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó. La disputa judicial entre los campesinos reclamantes y los administradores de las Haciendas quienes —según el comunicado a la opinión publica de estas tres organizaciones— estarían siendo acompañados por hombres armados para exigir la entrega de ese 50% de los predios que trabajan los campesinos. Asimismo, según estas organizaciones, la situación se ha venido presentando desde hace 15 días en las veredas de El Cedro y Tumaradocito que componen la Hacienda Flor del Monte. Según el comunicado, está hacienda “figura en cabeza de la familia Hernández de la Cuesta, opositores en procesos de restitución de tierras”. Las organizaciones responsabilizan de la seguridad e integridad de las comunidades de Macondo y Blanquiceth a las personas y empresas que actúan como opositores del proceso de restitución de tierras que se encuentra en trámite de en Juzgado Primero Civil, del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Quibdó. Comunidades protegidas por medidas cautelares Por otra parte, las organizaciones han señalado que la acción por vías ilegales adelantadas por los administradores de las haciendas —y denunciadas por las comunidades— tiene que ver con que las familias campesinas reclamantes de tierras están protegidas por medidas cautelares. Una emitida, el 12 de diciembre de 2014, en el auto 181 por el Juzgado Primero Civil, del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Quibdó. Otra emitida, el 21 de marzo de 2018, auto Nº 035. Por tanto, las medidas cautelares han ordenado “la suspensión de cualquier proceso legal contra estas comunidades, hasta que las reclamaciones de esos predios se decidan mediante la sentencia judicial”. Tras esto, denuncian las comunidades, es que ha llegado a intervenir la mano armada criminal. El lastre criminal Históricamente las comunidades de la región del Urabá Antioqueño —ubicada entre los d epartamentos de Antioquia, Chocó, y Córdoba, en la zona conocida como Tapón del Darién en zona fronteriza con Panamá— han adelantado una lucha en busca de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición. Precisamente, una de sus luchas tiene que ver con la restitución de tierras en una zona bananera, con alta presencia y victimización paramilitar. Vale la pena recordar que, según un análisis hecho por la Fundación Forjando Futuros a 3.761 sentencias, arrojó que el paramilitarismo es responsable del 55% del despojo y abandono de tierra, por enfrentamientos el 22%, guerrilla el 16%, no definido el 6% y el Estado 1%. En el caso del municipio de Turbo, el despojo de tierra ha sido, en el mayor de los casos, responsabilidad de los grupos paramilitares en un 87%. Durante el proceso paramilitar, testaferros vendieron o cedieron a políticos y empresarios tierra despojada. Muchos de ellos se hicieron pasar como Terceros de Buena Fe que adquirieron la tierra pero que, alegan, no sabían que era producto de desplazamiento. Según investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, Turbo es el bastión originario del Clan del Golfo. De hecho, el Clan del Golfo opera en 27 municipios del departamento de Antioquia, ubicando su despliegue criminal hacia la zona del Tapón del Darién, las fronteras entre suelo antioqueño y los departamentos de Chocó y Córdoba. A su vez, sobre toda la zona fronteriza con Panamá. Especialmente, Turbo comunica estratégicamente a las poblaciones del Golfo de Urabá, tiene la salida por el mar Caribe —salida de rutas del narcotráfico— y está bañado por el Río Atrato. Por otra parte, los Caparrapos hacen presencia en este municipio del Urabá antioqueño. Una disputa por la tierra La región viene presentando estas disputas por la justicia de los campesinos despojados. Hace no más dos meses, el Tribunal Superior de Antioquia, por medio de la Sala Especializada en Restitución de Tierras— le solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a BANACOL, Bananeras de Urabá S.A y UNIBAN por, presuntamente, concierto para delinquir y financiación voluntaria de grupos paramilitares, delito que es considerado por la Fiscalía como de Lesa Humanidad, tal como señala el fallo. Este fallo resuelve declarar imprósperas las oposiciones planteadas por Bananeras de Urabá S.A., Aristóbulo Vinicio Cabrales Barrera y Agricola Sara Palma S.A. y, en consecuencia, no reconocer compensación por no acreditarse el obrar de buena fe exenta de culpa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; ni tampoco se otorgará ninguna medida adicional a su favor al no reunir las condiciones descritas por la Corte Constitucional en la sentencia C-330 del 23 de junio de 2016 para ser considerados segundos ocupantes, según lo motivado en esta providencia.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. Es cierto que a los funcionarios públicos les está prohibido aportar recursos económicos a las campañas políticas según la ley 734 de 2002, lo que no tengo claro es cuántos del 1’173.000 que existen en nuestro país lo saben. Es por ello que llama la atención la inexistencia de “proporcionalidad” con la que actuó el magistrado Renato Contreras del Consejo Nacional Electoral; iniciar proceso, enviar copias a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, porque en su revisión a las cuentas de la gesta presidencial del 2018, presentadas por la campaña de Gustavo Petro identificó la donación de $ 360.000 pesos, efectuada por unos profesores en el Caribe colombiano. La campaña no actuó de mala fe, pudo no haberlo reportado (práctica perversa y dañina para la democracia) sin embargo lo hizo, y las tres personas que hicieron su donación, nunca creyeron estar haciendo algo ilegal, ni afectaron el patrimonio de lo público. Llama la atención la “celeridad” con la que después de investigar a partir de una denuncia “anónima”, de un supuesto apoyo de la empresa colombo venezolana Monomeros S. A. a la campaña de Petro y no encontrar nada (pero hacer el daño, recordemos: “calumniad calumniad que de la calumnia algo queda”), aparece el caso del aporte por funcionarios públicos. Si estuviésemos en un Estado Social de Derecho y no entrando al Estado de opinión del uribismo, este hallazgo sería interesante elemento para realizar una campaña nacional pedagógica, sobre limitaciones de la participación de funcionarios públicos en empresas electorales. Claro, como tenemos derechos y deberes, se actuaría como una justicia restaurativa y no vengativa, una sanción de unos días no remunerados, una tarea de socializar en el gremio con los y las estudiantes los alcances de la ley; sin el escarnio público ni la ridícula amenaza del castigo penal. Como cuando Marulanda le recibió el reloj a Pastrana y se convirtió en uno de sus más significativos electores, sigan persiguiendo a Petro y verán que el efecto será el mismo.

Por: Javier Alejandro Jiménez. Colaborador Pares. En medio de la emergencia sanitaria desatada por el contagio continuo del nuevo coronavirus (COVID-19) a nivel mundial, en Colombia las jornadas de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito no han dado tregua, ni siquiera en medio de las medidas de aislamiento social obligatorio. Ante esto el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo manifestó que no frenará estas acciones ni siquiera en medio de la cuarentena y, en su momento, contaría con el asesoramiento de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos en tres (3) regiones denominadas por el Gobierno en su política de seguridad como Zonas Futuro: Catatumbo, Pacífico Nariñense y Sur del Meta. En el marco de la Ruta Futuro: Política integral para enfrentar el Problema de las Drogas impulsada por el Gobierno de Iván Duque, para este año la meta en materia de erradicación de cultivos de uso ilícito está alrededor de las 130.000 hectáreas, intencionalidad auspiciada por el Gobierno de los Estados Unidos como gran financiador de la “guerra contra las drogas”. En dicha política se plantea que el aumento de estos cultivos trae consigo el deterioro de “la gobernabilidad, la seguridad, del tejido social, y desafíos a las oportunidades de integración económica para el desarrollo” así como graves consecuencias medioambientales. No obstante, las acciones institucionales que se han adelantado para la erradicación forzada por medio de operativos indiscriminados por parte de la Fuerza Pública antes que un proceso de sustitución concertada que garantice la transformación de la economía e involucré a los pobladores en una cultura de la legalidad, evidencian la incapacidad del gobierno actual para comprender las conflictividades territoriales existentes y contrario a lo esperado, una continuidad en la violación a los derechos de las comunidades. Campesinos, el eslabón más débil En regiones como Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño, Pacífico nariñense, Putumayo, Chocó, Caquetá y Sur del Meta, se han desarrollado en los últimos cuatro meses distintas acciones u operativos por parte de la Fuerza Pública, cuyas estrategias y tácticas militares han generado altercados entre el pie de fuerza que entra a erradicar los cultivos de hoja de coca y las comunidades campesinas que se resisten a dicha práctica que de forma invasiva atenta contra su seguridad y la de sus habitantes. La comunidad y diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos decidieron realizar un cerco humanitario como estrategia para evitar los operativos militares de erradicación forzada. Imágen: Pares. Estos campesinos y campesinas son el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, sin embargo son los más perseguidos y sufren la violencia de manera directa sin brindarles oportunidades reales para dejar de depender de esa economía ilícita. Hasta el momento, en el marco de la emergencia sanitaria, producto de estos altercados han muerto dos campesinos y un indígena, decenas de campesinos heridos quienes han padecido mutilaciones en sus cuerpos y, paralelamente, se han realizado detenciones arbitrarias a manifestantes y líderes sociales que han participado en la denuncia de estos hechos. En este caso la Fuerza Pública viola los derechos de las comunidades en el momento que abre fuego de manera indiscriminada e infringe el DIH al no cumplir con el principio de distinción entre población civil y combatientes en el desarrollo de hostilidades, tal como ha ocurrido en la región del Guayabero durante las últimas nueve semanas. Al respecto las Fuerzas Armadas se refieren a estos acontecimientos como meros hechos disuasivos mediante el uso legítimo de la fuerza, acompañados por unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) sin siquiera referirse al uso de armas de fuego, tal como ocurrió tras los hechos ocurridos el 26 de mayo y el 4 de junio en la vereda Tercermilenio del municipio de Vistahermosa, Meta, cuando el Brigadier de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega señaló que la tropa sufrió de constreñimiento y obstrucción en su accionar por cuenta de una “asonada violenta con vías de hecho”. En un comunicado la Fuerza de Tarea Conjunta Omega expresó: “Cabe recordar que los pobladores de la región adelantan esta acción [de asonada] hacia las tropas, bajo la presión ejercida por los alias Gentil Duarte, Maneto, Leopoldo, integrantes del Grupo Armado Organizado Residual, (GAO-r), Estructura Séptima”. A este argumento se suma el Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga el cual ha expresado en distintos medios de comunicación que lo acontecido en esta zona del Sur del Meta obedece a un asunto de seguridad nacional y que lo que allí ocurre es una lucha de delincuentes en donde se obligan a los campesinos a salir a marchar en contra de la Fuerza Pública por cuenta de los intereses del narcotráfico, sin mencionar las condiciones de vulnerabilidad económica y social que allí se viven: falta de acceso a servicios públicos, ausencia de oportunidades laborales, garantías mínimas para que estas comunidades no recurran a la hoja de coca para subsistir. Estigmatización contra defensores de derechos humanos Sus pronunciamientos al respecto han reforzado la estigmatización social en contra de defensores, defensoras de D.H. y las organizaciones que denuncian estos actos y que exigen reiteradamente al gobierno local soluciones alternativas al cultivo de uso ilícito y el control del accionar violento de las unidades de la Fuerza Pública. Afirmar sin pruebas sólidas que las comunidades y asociaciones campesinas que allí habitan “representan” a Grupos Armados PostFARC (GAPF) y son instrumentalizados para evitar la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona, es una sentencia peligrosa por parte de las autoridades locales la cual pone a las organizaciones sociales y asociaciones campesinas como objetos legítimos de victimizaciones en medio de estos operativos. Ante este fenómeno, el Ministro Holmes manifestó que en el desarrollo de estos operativos se aplican protocolos sobre uso de la fuerza acorde a la normatividad nacional e internacional con el acompañamiento de autoridades del Ministerio Público en los niveles regional y local como la Defensoría del Pueblo y Personerías Municipales. Según el testimonio de fuentes locales, estas instituciones nunca han estado presentes en medio de dichos operativos. La presencia del Ministerio Público no se hizo efectiva sino hasta una semana después de la llegada de tropa a esta zona, cuando el Personero municipal de La Macarena llegó al territorio para mediar en esta situación entre las comunidades campesinas y la Fuerza Pública desplegada en ese sector. Desde entonces, varias organizaciones de derechos humanos han solicitado la interlocución con instituciones estatales en aras de lograr una salida negociada al asunto y, sobre todo, sean garantizados los derechos de las comunidades, especialmente protección a la vida, acceso a salud y seguridad alimentaria. Para la segunda semana de junio fue posible la instalación de una mesa de diálogo en la cual se logró acordar el envío de una comisión de verificación de derechos humanos por parte de la Gobernación departamental, pero no se llegaron a acuerdos sobre la suspensión de la erradicación forzada y de la salida de la Fuerza Pública de esta zona, las cuales avanzan en la ocupación del territorio, como por ejemplo la llegada de más unidades de la Fuerza Pública a la vereda de El Silencio. Cerco Humanitario Ante este panorama, la comunidad y diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos decidieron realizar un cerco humanitario como estrategia para evitar los operativos militares de erradicación forzada, ejercicio que trajo como respuesta la detonación de un artefacto explosivo y resultó herido el campesino Luis Fernando Valoy Potes, quien perdió su pierna derecha como producto de las heridas causadas por la explosión. Sumado a esto, se encuentra el asesinato de Yohanni Yeffer Vanegas a finales de junio, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en la vereda Picalojo con cuatro impactos de bala. Este líder campesino y participante de las movilizaciones en este sector, promovió la realización del espacio de diálogo entre funcionarios del gobierno nacional y departamental, altos mandos militares y voceros de la comunidad, realizado el pasado 11 de junio. Este asesinato se dio en medio de las denuncias por parte de las comunidades campesinas sobre presuntos perfilamientos y seguimientos realizados por miembros de la Fuerza Pública a quienes han participado no solo de las jornadas de protesta sino del dialogo con las instituciones. ¿Soluciones a la vista? Las acciones de erradicación en la zona no son acciones particulares de este gobierno, ya que se han desarrollado desde muchos años atrás, especialmente iniciando del año 2000, el departamento del Meta era uno de los departamentos con mayor área cultivada de coca y sus municipios eran objetivos de aspersión aérea de glifosato, entre estos Vistahermosa, por la alta dependencia de los habitantes del territorio a los cultivos de coca y la falta de acceso a economías legales sostenibles con estrategias sólidas para la comercialización de productos agrícolas. A pesar de la continuidad de operaciones de erradicación forzada – ahora de tipo manual – en municipios del sur del Meta como Vistahermosa y La Macarena, la efectividad de estas acciones los últimos cinco (5) años, es cuestionable. A continuación una evidencia en términos de las áreas cultivadas de coca frente a las erradicadas durante los últimos cinco años: El departamento del Meta registró en el 2018, 3.688,34 hectáreas erradicadas manualmente, donde los municipios de Vistahermosa y La Macarena tuvieron 16% y 23% de esta cifra global. Ya para el año 2019, hubo una reducción en las hectáreas erradicadas, 768,7, donde los mismos municipios tuvieron, de nuevo, una participación considerable, La Macarena con 42% y Vistahermosa con 11%. Y finalmente, lo que lleva el año 2020, con corte al 31 de mayo, se han erradicado 129 hectáreas, de las cuales La Macarena han sido el 20% y Vistahermosa el 19%. Las anteriores cifras, proporcionados por Grupos Móviles de Erradicación-GME, Policía Nacional y Fuerzas Militares, dejan ver una caída dramática en las hectáreas erradicadas, lo cual no necesariamente está directamente relacionado con el éxito de estas acciones militares en la reducción de cultivos de coca. En el departamento del Meta se han erradicado voluntariamente 2604 hectáreas de coca (casi 200 hectáreas más de las erradicadas manualmente en el 2017) y el porcentaje de la resiembra para la región y los municipios en mención es del 0%, según los datos registrados a 31 de marzo del año en curso. Imagen: Pares. En efecto, los municipios de La Macarena y Vistahermosa han tenido no solo una reducción en las hectáreas erradicadas manualmente sino también en el número de hectáreas cultivadas, lo cual no se debe a la eficacia de este tipo de acciones represivas para acabar con los cultivos de uso ilícito, sino también por el compromiso de las familias y personas que suscribieron compromisos de sustitución de cultivos de manera voluntaria y concertada; según datos de la UNODC, para estos municipios hay registro de 1602 (en La Macarena) y 1451 familias (en Vistahermosa) con beneficios de pagos por suscribir estos compromisos. De igual manera, esta organización registró que en el departamento se han erradicado voluntariamente 2604 hectáreas de coca (casi 200 hectáreas más de las erradicadas manualmente en el 2017) y el porcentaje de la resiembra para la región y los municipios en mención es del 0%, según los datos registrados a 31 de marzo del año en curso. Lo anterior, plantea una posibilidad que debe ser tenida en cuenta para el avance de los diálogos entre las comunidades campesinas del Guayabero, instituciones del Estado y plataformas de derechos humanos: la erradicación forzada no es la única salida para acabar con el problema de la producción de estupefacientes en el país, mucho menos cuando se violan derechos de las comunidades que, debido a la falta de vinculación al mercado licito, no han encontrado otra oportunidad para subsistir. En este sentido, además de la necesidad de suspender estos operativos represivos, el calve que tanto el gobierno nacional como local se comprometan a avanzar en la puesta en marcha del punto 4 del Acuerdo de Paz concerniente a la solución del problema de las drogas ilícitas y, en esa medida, optar por alternativas como la sustitución voluntaria y concertada para las familias que dependen de los ingresos de la coca y que no están cobijados por los beneficios del Acuerdo. La erradicación forzada debe ser el último recurso cuando efectivamente se demuestre la falta de voluntad o el incumplimiento de las personas que se manifiesten buscar salidas lícitas a los cultivos de coca, especialmente en comunidades como las de Tercermilenio y El Silencio que aún no cuentan con otra alternativa. Misión Humanitaria por la Paz Como se mencionó previamente, hasta el momento se han realizado algunos espacios de diálogo entre instituciones estatales, comunidades campesinas de la región, con el acompañamiento de organizaciones internacionales y plataformas defensoras de derechos humanos como veedores de estos espacios, dado el grado de tensión existente alrededor de la problemática en esta subregión del Guayabero. Esto en medio de las dificultades de conexión a medios virtuales por parte de las comunidades de la región, así como de las restricciones de movilidad por cuenta de las medidas decretadas para mitigar el contagio del coronavirus; sin embargo, aún es un espacio estigmatizado y deslegitimado por las autoridades departamentales como lo ha dejado ver el gobernador del Meta en sus distintas intervenciones públicas. Finalmente, ante la negativa del gobierno departamental para enviar la comisión de verificación de derechos humanos, se conformó la denominada Misión Humanitaria por la Vida y la Paz en los Llanos Orientales y la Orinoquia cuyo propósito es el acompañamiento y documentación de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en las comunidades de San José del Guaviare, La Macarena, Vistahermosa, Mesetas y La Uribe, en medio de estos operativos de erradicación por parte de la Fuera Pública. Esta comitiva de organizaciones defensoras de derechos humanos locales y nacionales realizó estas jornadas entre el 18 y el 27 de julio y fue primordial que la sociedad civil acompañara estos espacios de diálogo para la búsqueda de una salida concertada a la problemática del cultivo ilícito en dichos territorios y exigir un compromiso eficaz del gobierno nacional para la protección de la población campesina y sus organizaciones, las cuales pese al impacto de las agresiones de la Fuerza Pública, siguen determinadas a seguir apostando por la paz.

Por: Redacción Pares Al acoger la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Superior de Cartagena ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas –UAEGRTD- compensar con $2.059 millones a los propietarios del predio ‘La Esperanza’, en jurisdicción de Agustín Codazzi, Cesar, luego de establecer que fueron obligados a abandonarlo en 1993 por amenazas de grupos armados al margen de la ley. En el mismo fallo proferido por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras se ordenó transferir la finca, de aproximadamente 600 hectáreas, al Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras, para que a su vez haga entrega de Unidades Agrícolas Familiares -UAF- a 18 personas reconocidas como segundos ocupantes del terreno, quienes junto con sus familias vivieron en el predio con autorización de los propietarios y fueron víctimas de desplazamiento forzado entre 2001 y 2002. El documento precisó que cada UAF deberá incluir un proyecto productivo que garantice el acceso a la tierra y el mínimo vital de los segundos ocupantes. La sentencia también aclaró que de la extensión total de la finca se deberán descontar 32 hectáreas que fueron restituidas a un tercero debidamente acreditado. En el caso de los propietarios del terreno, el tribunal estableció que desde su desplazamiento adelantaron un proceso de venta ante el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –Incora- para que fuera adjudicado a campesinos de la región.

Por: León Valencia, director – Pares Hace pocos días participé en el programa Voces RCN junto a los parlamentarios Eduard Rodriguez y Angélica Lozano, también estaba el presidente de la Federación de Ganaderos, José Félix Lafaurie. Debatimos, entre otros temas, sobre la gestión de la pandemia por parte del presidente Duque y del gobierno nacional. Rodríguez y Lafaurie hicieron una defensa de las decisiones de Duque y Angélica y yo esbozamos algunas críticas. Debo decir que hablé con una especial vehemencia de la dolorosa ambigüedad con la que el presidente Duque se había movido en la disyuntiva de priorizar la economía o la salud y la vida. Estaba particularmente afectado por el grave aceleramiento de los contagios y las muertes por Covid 19 en el país. Dieciocho días antes, el viernes 3 de julio, se había realizado el segundo día sin IVA. La gente se lanzó a las calles y a los supermercados. Las grandes filas y las aglomeraciones menudearon en todas las ciudades. Todos los protocolos de distanciamiento y cuidado se fueron al suelo. Justo el viernes 18 de julio, quince días exactos después del día sin IVA, tiempo en el que se calcula la incubación del coronavirus, los contagios y las muertes dieron un salto y los primeros pasaron la barrera de los seis mil casos por día y los decesos empezaron a acercarse a trescientos por día. Entramos entre los 15 países de mayores contagios y muertes. Le atribuí esta grave situación a la decisión presidencial. Después me puse a pensar si no había sido injusto en esta valoración. Eso me preocupó. Libro una lucha permanente por ser justo en las críticas a los mandatarios, tengo por oficio el análisis, no la oposición, me afano en la búsqueda de datos y razones para dar debates ciertos. Se ha ido una semana después del debate y los contagios y las muertes siguen al alza. La incertidumbre y el miedo son enormes. Los hospitales han empezado a colapsar. Las unidades de cuidados intensivos no dan abasto. La saturación es impresionante. Bogotá es la que más sufre. Pero Medellín ha entrado también entre las ciudades más afectadas, y de Montería y muchos lugares llegan noticias muy preocupantes. Quizá es exagerado atribuir a la sola decisión de aliviar o anular por momentos el confinamiento la expansión de la peste. El virus es misterioso y elusivo y va produciendo desastres sin que las personas y el Estado podamos hacer nada. Pero la actitud de los mandatarios sí ayuda a la contención o acelera el contagio. La draconiana decisión del gobierno chino de cerrar la ciudad Wuhan y otras ciudades una vez se advirtió la presencia del coronavirus en ese vasto y poblado país, fue un factor clave para controlar la pandemia. Después el virus viajero sorprendería a los gobiernos de Italia, Francia y España, los mandatarios de esos países se demoraron para tomar medidas drásticas y rápidamente saltaron la barrera de los veinte mil muertos. La excepción fue Alemania, Angela Merkel, con el apoyo de los gobiernos regionales y de un robusto sistema de salud logró meter al país en cintura con resultados admirables en en el control de la enfermedad. Pero, la demostración más contundente de que la actitud de los mandatarios es decisiva la tenemos en los cuatro países más afectados por la pandemia. La irresponsabilidad manifiesta de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Jhonson y Juan Manuel López Obrador, en Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y México, está produciendo una tragedia incalculable. Menospreciaron el virus y cedieron a las presiones de los empresarios y a las necesidades y las angustias de la ciudadanía, que en todas partes tiende en forma más que natural a salir, a buscar la calle, a realizar sus actividades, a ejercer su libertad. En el debate de Voces RCN Eduard Rodriguez y José Félix Lafaurie hablaron de no establecer la falsa disyuntiva –economía o salud y vida- y llamaron a no utilizar políticamente la pandemia. Pero la verdad pura y dura es que la disyuntiva existe y no se puede ignorar. Los resultados dependen de cual variable se prioriza. El presidente Duque se ha movido en esas dos variables de manera dubitativa. Tuvo el acierto de llamar al cuidado y al distanciamiento en el momento en que advirtió los primeros casos de contagio en el país, pero se demoró para imponer el confinamiento, lo hizo empujado por mandatarios locales que fueron tomando esas decisiones a su arbitrio. Después, poco a poco, fue ampliando las excepciones al confinamiento sin poner atención al llamado que se le hacía desde espacios críticos de la sociedad. También decretó los tres días sin IVA y sólo ante el desastre del segundo día y el reclamo de algunos alcaldes anuló el tercero. Decir estas cosas no es enrostrarle al presidente Iván Duque de manera oportunista los errores. Es una obligación ciudadana advertir los riesgos y las consecuencias de las decisiones del gobierno. Creo que fue Thomas Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos entre 1913 y 1921, quien dijo que los políticos y los gobernantes deben estar dispuestos a ponerle la cara a la candela todos los días. Estamos en la mitad de una crisis que ha sacudido los cimientos de la sociedad. De esta no saldremos bien librados, pero la profundidad de las afectaciones depende, en gran parte, del comportamiento de los gobernantes y de los políticos, y por eso es hacia ellos que miramos cuando analizamos la marcha de la crisis.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. A principios del mes de junio desde la Secretaría de la Mujer de Manizales se informó que, en compañía de la Alcaldía, la Secretaría de las TIC, Fenalco y el SENA iniciarían una prueba piloto para virtualizar el trabajo sexual en la ciudad. Esto con motivo de la pandemia y las restricciones que ésta ha traído. La iniciativa venía precedida por un proyecto educativo para trabajadoras sexuales, en el que se había comenzado a trabajar de la mano de ellas y también de organizaciones e instituciones, en el que ya se había logrado, en principio, trabajar con el aval de la Secretaría de Educación y con la Institución Educativa San Agustín, ubicada en la Galería. Según cuenta Matilda González, secretaria de las Mujeres y Equidad de Género, este “es un sector como entre Corabastos y el Santa Fe, ya que es la despensa, pero también es un lugar donde hay trabajo sexual”. Con este primer paso se había creado una alianza para iniciar un proceso de escolarización, en el que en primera medida las trabajadoras sexuales debían buscar o recordar hasta qué grado habían llegado para así empezar a planear estrategias donde todas se vieran incluidas, ya que se había de detectado que alrededor de 25 trabajadoras sexuales y personas trans no sabían leer ni escribir, pero tenían muchas ganas de poder hacerlo. No obstante, a mediados marzo, inició la pandemia y se implementaron las medidas para mitigar los riesgos de contagio, por lo que la idea inicial tuvo que reformarse y centrarse en la utilización de herramientas tecnológicas. “Ahí contactamos a Fenalco, quienes nos dicen que nos pueden apoyar con sus programas de emprendimiento, economía, modelos de negocio, etc., pero aclarando que el pensum debía ser hecho participativamente con ellas para así saber qué era lo que querían. También se une el Sena y nos presta seis (6) computadores. Era el gancho perfecto para que ellas tuvieran los equipos, pero también hicieran los cursos”, cuenta Matilda González. Cuando les iban a comunicar el proyecto a las trabajadoras sexuales ellas informaron que se han visto afectadas económicamente por las medidas, y que por eso ya algunas habían comenzado a virtualizar el trabajo. “Eso nos pareció muy buena idea, porque nos daba pistas para que la iniciativa además de tener impacto en lo educativo, también lo pudiera tener en cuanto a seguridad y salud”, agregó Matilda. Siguiendo las palabras de Matilda, se pretende un impacto en seguridad porque seguridad porque “cualquier medio que reduzca la práctica en la calle, también reduce el contacto con la Policía y mitiga la vulneración de sus derechos por parte de los miembros de esa institución. Hay unos temas de ciberseguridad que nos estábamos dando cuenta que teníamos que evaluar y tomar medidas, pero en todo caso el riesgo es diferente. Y en salud porque no tener contacto físico es uno de los objetivos, lo que permite que no sea un impacto en salud pública solo para ellas”. Así se inició la prueba piloto, en la cual de nueve (9) trabajadoras sexuales que estaban desde el inicio del proyecto, cuatro (4) virtualizaron el trabajo sexual, quienes manifestaron que mensualmente ganaban entre $300.000 y $350.000, dinero que utilizaban para solventar varios de sus gastos como pago de habitaciones para poder pasar la cuarentena y alimentación. La Procuraduría frena el proyecto En este contexto, el 1 de julio, la Procuraduría a través de la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, Adriana Herrera Beltrán, envió un oficio dirigido al alcalde municipal, Carlos Mario Marín Correa, en el cual se alertaba sobre una presunta irregularidad que estaría promoviendo el delito de inducción al comercio carnal o la prostitución en campaña institucional en redes sociales. Este postulado hacía referencia precisamente al video publicado a través de las redes de la Secretaría de la Mujer el 11 de junio en el que se promociona el proyecto ya expuesto. Por otro lado, también al artículo 213 del Código Penal que tipifica el delito de inducción a la prostitución como la conducta de quien “con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra persona”; y al 188A que se refiere a la trata de personas y explotación como la acción para “obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona”. Basados en esto desde el ente de control se sentenció que: “(…) Nos preocupa este tipo de programas, en donde podrían, además de incentivarse actividades contrarias a la ley vigente, inclusive tipificadas como delitos en el Código Penal, estigmatizar a las mujeres trans, como el caso de la modelo utilizada en el video, que propone como forma de conseguir ingresos durante la cuarentena, la de ser explotada sexualmente a través de los entornos digitales”. De: la Secretaría – Para: la Procuraduría Ante las afirmaciones de la Procuraduría, Matilda González como secretaria de las Mujeres y Equidad de Género dio respuesta a lo estipulado por el ente de control. En el documento emitido se exponían varios puntos. Por una parte, sobre las intenciones y objetivos del proyecto Resignificación en proyectos de vida y condiciones de trabajo en mujeres que ejercen el trabajo sexual en la ciudad de Manizales, y, por otro lado, del marco legal que lo respaldaba. “Los objetivos específicos del proyecto, son los siguientes: (i) caracterizar a las mujeres cis y transgénero que ejercen el trabajo sexual en la ciudad de Manizales, (ii) mejorar las condiciones laborales de mujeres que ejercen el trabajo sexual, mediante el uso de las plataformas tecnológicas (iii) brindar oportunidades de capacitación y formación en áreas de interés a las mujeres que deseen incursionar en labores diferentes al trabajo sexual y (iv) prevenir el contagio y la propagación de la COVID19”. En el documento también se establecía que el plazo de este proyecto era de seis (6) meses, tiempo en el que se propendería por mejorar las condiciones laborales, dignificar la profesión y participar en la construcción de nuevos proyectos de vida con mujeres que ejercen el trabajo sexual en Manizales. Asimismo, se cuenta que el Sena prestó seis (6) computadores, de los cuales tres (3) fueron entregados a mujeres trans “con el compromiso que, en primer lugar, nos cuenten sus sueños, necesidades y aspiraciones individuales, material imprescindible para la formulación de la política pública de trabajo sexual de la ciudad, contemplada en el PDM Manizales Más Grande 2020-2023; y segundo, para que reciban formación en herramientas tecnológicas y en formación para el trabajo”. En este punto es importante señalar que la Corte Constitucional en la Sentencia 062 de 2019 establece una aclaración importante referente a los temas planteados por ambas instituciones: “Existe una diferencia entre el trabajo sexual lícito que parte del ejercicio de la voluntad libre y razonada de su titular, así como de contextos de vulnerabilidad socioeconómica, y la prostitución forzada o la explotación de seres humanos por el lucro económico de terceros”. En ese orden ha establecido el trabajo sexual como un trabajo, esto a través la Sentencia T-425 de 1992, que a su vez se ha retomado entre otras sentencias como la C-815 de 2001, C389 de 2002, C-615 de 2002 y C-992 de 2006. Adicionalmente, por medio de la Sentencia T-073/17 se insiste en que está prohibido “tomar medidas de prevención negativa contra la prostitución, a través de medidas penales o de policía, sino que su principal propósito debe ser el de proteger y entender a estas personas, brindándoles también la oportunidad de salir de este ambiente, pero respetando la decisión libre que han tomado”. Las primeras consecuencias Solo en Manizales, y gracias a un censo realizado con activistas y organizaciones sociales, se conoce que, por lo menos, 205 mujeres ejercen trabajo sexual en esa ciudad. Esto demuestra que más allá de los debates sobre apoyar o no esta actividad, se debe pensar que este es un escenario que requiere atención y acciones profundas. Pues, si bien, la explotación sexual y la trata de personas son prácticas por cuya abolición se debe propender, también hay reconocer que el trabajo sexual es una realidad de la que actualmente dependen muchas mujeres ante un panorama de desigualdad que las afecta de diferentes formas. Así, hay que resaltar que la medida de la Secretaría insiste en la reducción de riesgos a los que están expuestas las trabajadoras sexuales hoy en día, pero también en la intención de promover el acceso a la información y a la educación, brindando otras posibilidades dentro de sus proyectos de vida. No obstante, tras la alerta hecha por la Procuraduría estos intereses se vieron frenados, y uno de los hechos que marcó el rumbo que llevaba el proyecto fue la decisión del Sena de no renovar el apoyo que se había dado con los computadores, pues, aunque éste solo se había hecho inicialmente por dos meses, se tenía previsto que la iniciativa llevaría más tiempo. “Les dije a los del Sena que en un momento donde lo único que está evitando que ellas salgan a las calles son esos computadores y que en un panorama donde ellos como funcionarios tienen el poder de darse la pelea, haber quitado los equipos va más allá del tema legal, sino que ya entra en lo ético”, aseveró Matilda. ¿Hay luz verde? A pesar de los hechos que ocurrieron, el pasado 24 de julio se recibió otra comunicación de la Procuraduría, esta vez dirigida directamente a Matilda González. Allí uno de los primeros postulados que hace el ente de control es que: “Consideramos acertada la política pública, armonizada con “el Plan de desarrollo Municipal, Manizales Más Grande 2020- 2023, línea estratégica”, en la que se desarrolla la iniciativa Resignificación en proyectos de vida y condiciones de trabajo en mujeres que ejercen el trabajo sexual en la ciudad de Manizales. Adicionalmente, afirman que, si bien en el ámbito constitucional del país no hay una prohibición del ‘ejercicio de la prostitución’, sí se debe trabajar para disminuir los efectos negativos de la práctica. De esta manera, finalizan invitando a la Secretaría a trabajar de la mano de la Procuraduría “en la atención, prevención y protección por la garantía de los derechos fundamentales de todas las personas, brindándoles alternativas diferentes de subsistencia. (…) No olvidar que en modo alguno no se puede estigmatizar a las personas en situación de prostitución, señalarlas y mucho menos culpabilizarlas”. Aunque el oficio está siendo revisado en su totalidad para establecer con claridad si, en efecto, se está dando luz verde para seguir con el proyecto, Matilda concluye que de ser así este paso “tendría un impacto a nivel nacional, porque si ya no hay un enfoque moralista y de criminalización al trabajo sexual se abren muchas puertas en todas las instituciones donde antes no se había hecho proyectos con esta población”.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. Los perfilamientos hechos a periodistas, líderes, lideresas, defensores de Derechos Humanos y políticos han generado rechazo y también exigencias para que se responda sobre quiénes son los responsables y las intenciones detrás de las interceptaciones ilegales. Sin embargo, hasta el momento solo han salido tres genérales del Ejército, mientras siguen rondando los cuestionamientos – sin respuesta- sobre la institución y los seguimientos informáticos. No obstante, aunque en Colombia la investigación pareciera dar pocas luces, se ha dado un paso importante en el Congreso de Estados Unidos, donde Jim McGovern promovió una adenda (medida para modificar, ampliar, o definir los términos de las obligaciones contraídas) que podría llevar a que el Gobierno estadounidense indague sobre las interceptaciones ilegales realizadas entre 2002 y 2020. Esto permitiría ahondar en acciones como las llamadas “Carpetas Secretas”, la Operación Andrómeda, pero también en los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez, tiempo en el que se utilizó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para realizar interceptaciones telefónicas, seguimientos ilegales, que luego irían a parar en intimidaciones y persecución contra periodistas, sociedad civil, funcionarios públicos y sus familias, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, y en general, a quien representara oposición a los intereses del gobierno de ese momento. “Durante el gobierno de Uribe él contaba con las mayorías en el Congreso y con una casi ausencia de contrapeso. Adicionando, que la seguridad democrática, que era la política central del Gobierno, dependía principalmente de la cooperación del Plan Colombia. También hay que señalar que el único contrapeso para la violación de Derechos Humanos por parte de agentes del Estado como las masacres y las ejecuciones extrajudiciales era con el condicionamiento de recursos del Plan Colombia”. La iniciativa de McGovern fue aprobada el pasado martes en la Cámara de Representantes de Estados Unidos a través del voice vote, un método que se utiliza solo cuando los proyectos de ley tienen un contundente apoyo. El resultado: 295 votos a favor y 125 en contra. ¿Qué dice la propuesta? Aunque a la adenda le hace falta pasar todavía por el Senado del país norteamericano, ya pasó con un decisivo apoyo por la Cámara, donde se postuló que, para seguir brindado el apoyo económico, que anualmente se da a Colombia habrá nuevas condiciones, entre esas que se investiguen los escándalos en Fuerzas Armadas. En este orden, la enmienda solicita que se entregue un exhaustivo reporte que debe ser entregado 120 días después de que el proyecto se vuelva ley y en el que EE. UU. en el que se dé cuenta que del uso que se les ha dado a los equipos de inteligencia donados o vendidos a Colombia, resaltando que estos no pueden ser usados con el propósito de espiar a la población civil. Además, de contar con el visto bueno del Senado, también se deberá investigar sobre las denuncias de posibles usos ilegales para inteligencia que se les ha dado a los equipos en Colombia en los últimos 18 años. “El Secretario de Estado, en coordinación con el Secretario de Defensa y el Director de Inteligencia Nacional, presentará a los comités competentes del Congreso un informe que evalúe las acusaciones de que la asistencia del sector de seguridad de los EE. UU. proporcionada al Gobierno de Colombia fue utilizada con fines de vigilancia ilegal o recolección de inteligencia dirigida a la población civil, incluidos defensores de los derechos humanos, personal judicial, periodistas y la oposición”, indica el documento. Agregándose a esto, el proyecto incluye otras claridades como que se brinde un resumen detallado respecto a cualquier participación de las unidades militares, policiales, de seguridad o de inteligencia en la vigilancia ilegal o la recolección de inteligencia dirigida a sectores de la población civil y no combatientes. Así como que también se informe sobre cualquier hallazgo con vigilancia ilegal reportada en 2019 y 2020 y una descripción de las medidas tomadas para garantizar que dicho mal uso no se repita. Vale la pena señalar que las ayudas que entregará Estados Unidos a Colombia incluyen unos 457 millones de dólares que serían entregados en 2021. De este monto 146 millones son para el desarrollo económico, 189 millones van para la lucha contra el narcotráfico, 38 millones para las fuerzas armadas, 21 millones para desminado y lucha antiterrorista, y 1,4 millones para educación militar. Imagen:Pares. “En Colombia hasta el momento solo hay una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría y se esperaría que por la gravedad hubiera una investigación penal que hasta el momento no llega. Sin embargo, este hecho sirve de contrapeso al Gobierno Nacional por un escándalo en el que no solo están involucrado los recursos norteamericanos, sino también una persecución política a la oposición en el país, incluyendo a la Fundación Paz y Reconciliación. Esto es el resultado de una presión con un lobby internacional por parte de varios sectores del país”, indica Daniela Gómez Rivas, coordinadora de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares. Otras medidas que se tomarían Vale la pena señalar que las ayudas que entregará Estados Unidos a Colombia incluyen unos 457 millones de dólares que serían entregados en 2021. De este monto 146 millones son para el desarrollo económico, 189 millones van para la lucha contra el narcotráfico, 38 millones para las fuerzas armadas, 21 millones para desminado y lucha antiterrorista, y 1,4 millones para educación militar. Sin embargo, para que estos recursos sean entregados también se hizo otra propuesta promovida por Alexandría Ocasio-Corte, quien puso sobre la mesa que se prohíba usar fondos del departamento de Defensa para la fumigación aérea a menos, esto a menos que el «Gobierno demuestre que se está adhiriendo a las leyes y regulaciones nacionales y locales», las cuales estableció la Corte Constitucional, y también a que se respete lo pactado en el Acuerdo de Paz respecto a la tratamiento de cultivos de uso ilícito. “Esto es muy importante para nuestro país, porque las comunidades ya lo venían exigiendo, pues dentro de la acción hay consecuencias como la contaminación de las fuentes hídricas, y también que se están viendo afectados otros cultivos, pues la erradicación aérea no permite una focalización del objetivo y cuando se esparce pareciera no importar las otras consecuencias”, agregó Gómez Rivas. Adicionalmente, con el proyecto también se instó a que se evalúen las medidas que ha tomado el gobierno de Iván Duque para proteger a las comunidades afro e indígenas y respetando sus derechos territoriales. Así como que el dinero que se brinde sea de apoyo para programas dirigidos a víctimas de desplazamiento, y para las y los campesinos ubicados en zonas afectadas por el conflicto armado y donde una de las economías principales es la derivada de los cultivos de uso ilícito. Igualmente, de aprobarse la enmienda, también se solicitaría que se compruebe que la Jurisdicción Especial para la Paz está tomando medidas respecto a las violaciones de Derechos Humanos y que en efecto hay proyectos de protección y mitigación de persecución a líderes, lideresas y población afrocolombiana e indígena. Además, se agrega que los recursos que sean entregados sean utilizados «incluyendo garantizar que las necesidades básicas de las comunidades sean atendidas, tales como titulación de tierras, seguridad alimentaria y el establecimiento de una presencia estatal duradera y eficaz en zonas de cultivos de coca». Adicionalmente, con el proyecto también se instó a que se evalúen las medidas que ha tomado el gobierno de Iván Duque para proteger a las comunidades afro e indígenas y respetando sus derechos territoriales. Foto: Cortesía ONIC. Como también que se analice si se «continúa implementando una estrategia nacional integral antinarcóticos enfocada en la reducción del 50 % de los niveles de la producción de cocaína y áreas cultivadas para el 2023». “Con esto nuevamente se ratifica que Estados Unidos es una democracia mucho más consolidada que la colombiana y que no depende únicamente de las políticas del gobierno de Donald Trump, sino que tiene un partido demócrata muy fuerte que está vigilante de lo que está pasando en Colombia, que es uno de los principales aliados del país norteamericano”, concluyó Daniela Gómez Rivas.