Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. La ‘mano dura’ que ha querido presentar el gobierno de Iván Duque ha sido contra las drogas. Para ello, a través de la cartera del ministerio de Defensa, ha desplegado operativos de erradicación forzada en las subregiones del Sur del Meta, Pacífico Nariñense, Bajo Putumayo, Nudo del Paramillo, Catatumbo, Cauca; en las que las organizaciones sociales han registrado violaciones a los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Militares, asesinatos de campesinos. Sin embargo, muy poco se ha referido al caso de la narcofinca perteneciente a la familia del exembajador de Uruguay, Fernando Sanclemente, ubicada en Guasca muy cerca de la capital de la República. Muy mal habla este caso sobre la ‘mano dura’ de Duque contra las drogas, ya que el mismo gobierno del regreso de las banderas del uribismo contra las drogas se planteó exterminar 130.000 hectáreas de coca, lo cual significa 62% más que 2019, teniendo una narcofinca vinculada con un embajador a escasos metros Bogotá. Casi dos meses después de que se conociera sobre la producción de cocaína en la finca Haras de San Francisco, en Guasca, Sanclemente envío su carta de denuncia al presidente Duque. En la misiva, el exembajador señaló «Ante las recientes declaraciones dadas por el señor fiscal (…) en las que anuncia su determinación de citarme y vincularme formalmente al proceso que se adelanta, se hace necesario marginarme de su administración y empeñarme a fondo en la defensa cerrada de nuestro buen nombre”. Esto, en razón a que el fiscal Francisco Barbosa — a quien, entre otras cosas, hoy por hoy, el Consejo de Estado le admitió una denuncia que pide anular su elección— para abril de este año declaró que el exembajador iba a ser citado y vinculado a la investigación de la narcofinca. Sin embargo, y muy a pesar de la bandera de “no privilegios, ni privilegiados”, ni de su indignación porque a las afueras de Bogotá se produjeran 1,8 toneladas de cocaína; lo cierto es que el embajador continúa libre y parece más bien desentendido de las investigaciones. Recientemente se conocieron los primero condenados sobre el caso y, tanto la opinión pública como la sociedad en genera; esperan que las investigaciones continúen y establezcan las responsabilidades del caso que pueda tener Sanclemente. Antesala a las últimas decisiones de la narcofinca Cabe recordar que en el operativo del pasado 12 de febrero, se decomisaron 6.896 kilos de sustancias químicas para la elaboración del clorhidrato de cocaína, además de 9.453 gramos de cocaína y pasta de base. Asimismo, desde ese momento, Pares ha venido alertando que alrededor de lo ocurrido ha reinado un silencio generalizado por el gobierno nacional. Además, Pares en su momento resaltó las observaciones esbozadas por la Cancillería “(…) Antes de asumir como Embajador, el Representante Legal de la Sociedad ’Las Colinas de Guasca Ltda’ era el actual embajador Fernando Sanclemente Alzate. Hoy por hoy, esa representación legal está en cabeza de su hermano, Gilberto Sanclemente Alzate”, además que: “Desde el 15 de junio de 2017 hasta junio de 2020, la Sociedad ‘Colinas de Guasca Ltda’ ha entregado en arriendo un globo de terreno de 36 fanegadas de la Finca en cuestión”. De igual forma, Pares señaló que en la finca de Sanclemente era procesada cocaína que luego era enviada a Estados Unidos y algunos países de Europa. A este predio se llegó por alertas que se habían presentado por una fuente humana que llevó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos y a la Policía de Colombia a realizar la investigación y posterior operación, tras también venir investigando la presencia de un grupo narcotraficante ubicado en Cundinamarca y Boyacá que desde el Aeropuerto Internacional El Dorado hacían los envíos de la droga a sus destinos. Capturas y extinción de dominio Recientemente, sobre el caso de la narcofinca de Sanclemente, se ha conocido —por medio del Juzgado Segundo Especializado de Cundinamarca— un preacuerdo avalado por dicho juzgado por medio del cual se dicto condena a ocho (8) años y seis (6) meses de precisión a Pablo Emilio Castillo, Dumer Gustavo Bohórquez, Jhefer Iván Castillo Gómez, John Jairo Morales Zambrano y Cristian Aníbal Gómez. Asimismo, cada uno deberá pagar cerca de 1.657 millones de pesos. Además, de acuerdo con el boletín 34543 de la Fiscalía General de la Nación, el ente investigador señaló que “logró la captura de Miguel Antonio Gómez Piñeros, quien sería uno de los financiadores de la producción y comercialización de la cocaína que salía del laboratorio encontrado. Esta persona se presentó en la estación de policía de Guayatá (Boyacá), el 22 de julio pasado, donde se hizo efectiva la orden judicial que pesaba en su contra.” Asimismo, “en las diligencias en las que fueron detenidas estas personas, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, además de la infraestructura y maquinaria dispuesta para procesar droga, incautaron en su momento cerca de siete toneladas de insumos, entre hidrocarburos, acetonas, metabisulfito, ácidos clorhídrico y sulfúrico, y cloruro de calcio; además de 251 gramos de clorhidrato de cocaína y 9.202 gramos de base de cocaína”. Cabe recordar que, el pasado 01 de julio de 2020, la Fiscalía dio a conocer que había materializado las medidas cautelares con fines de extinción de dominio a la finca del exembajador Sanclemente. Este operativo a cargo de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio arrojó, entre otras cosas, la afectación a de los inmuebles que tenían un valor comercial $150.000’000.000 millones de pesos, que se encuentran en control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). De esta forma, procedieron la ocupación de “cuatro (4) predios rurales y dos (2) vehículos pertenecientes a la persona jurídica denominada Las Colinas de Guasca Ltda., una sociedad de la cual hace parte el exembajador de Colombia en Uruguay Fernando Sanclemente e integrantes de su núcleo familiar y fue su representante legal hasta el 6 febrero de 2019.” De acuerdo con El Espectador, esta finca de Haras de San Francisco ha sido propiedad de Las Colinas de Guasca Ltda por más de 20 años. Es decir, propiedad de la sociedad de las familias Spiwak y Sanclemente Alzate. Además, este medio insiste que, a pesar de la defensa a la que recurrió Sanclemente de manera inicial —arrendamiento para cultivos de papa— dicho contrato de alquiler “no había sido divulgado en la sociedad hasta que ocurrió el allanamiento”.

Por: Redacción Pares Un nuevo informe de ONU explica que si unos 3000 millones de personas no tuvieran que salir a trabajar todos los días para sobrevivir, se podría frenar el ritmo de contagio del coronavirus y aboga por garantizar un ingreso básico durante seis meses a los sectores de población que viven por debajo o en la línea de pobreza. La medida costaría casi 200.000 millones de dólares. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pugnó este jueves por la introducción inmediata de un ingreso básico temporal para las personas más pobres del mundo con el propósito de reducir el aumento de casos de COVID-19. Según un nuevo informe, la garantía de esos recursos permitiría que cerca de 3.000 millones de personas permanecieran en sus hogares durante la pandemia. El documento “Ingreso Básico Temporal: Proteger a las Personas Pobres y Vulnerables en los Países en Desarrollo” estima que proveer un ingreso básico durante seis meses a los 2700 millones de personas que viven por debajo o apenas por encima del umbral de pobreza en 132 países en desarrollo costaría 199.000 millones de dólares. Ese costo representa el 12% del total de la respuesta financiera al COVID-19 prevista para 2020, o el equivalente a una tercera parte del monto que los países en desarrollo deben pagar por su deuda externa este año. Viable y urgente El PNUD asevera que la medida es viable y urgente ya que la pandemia avanza a un ritmo que supera el millón y medio de casos nuevos por semana, sobre todo en los países en desarrollo, donde siete de cada diez trabajadores generan su sustento en la economía informal y no pueden subsistir si no salen de sus casas ya que no cuentan con ninguna protección social. Un ingreso básico temporal les brindaría los medios necesarios para comprar alimentos y costear sus gastos de salud y educación. “Estos tiempos sin precedentes exigen medidas sociales y económicas sin precedentes. La introducción de un ingreso básico temporal para las personas más pobres del mundo se ha planteado como una opción, algo que habría parecido imposible sólo unos meses atrás”, señaló el administrador del PNUD. Achim Steiner sostuvo que los rescates y los planes de recuperación no pueden centrarse únicamente en los grandes mercados y negocios. “Un ingreso básico temporal podría permitir a los gobiernos dar a las personas en confinamiento un sustento financiero, volver a inyectar efectivo en las economías locales para ayudar a mantener los pequeños negocios a flote, y desacelerar el devastador avance de la COVID-19”. Colombia: Renta Básica para los más vulnerables Un Mínimo para la Vida es una propuesta realizada por la bancada de oposición del Congreso compuesta por más de 50 parlamentarios. La propuesta tiene dos ejes. En un primer escenario se plantea poder entregar un subsidio por el valor de un salario mensual en el que se incluyan todas las prestaciones sociales, lo que equivaldría a $1.409.000 que serían entregados a trabajadores y trabajadoras que ejercen de manera formal e informal y que sus actividades hacen parte de los sectores más afectados. De esta forma se verían impactadas 3.5 millones de personas. Esta iniciativa es la respuesta a un confinamiento que demostró que este sistema económico, político y social siempre pone sus consecuencias en la misma gente; quienes primero se quedaron sin qué comer, los que primero perdieron sus empleos, los se quedaron sin dónde dormir, los que no tenían un hospital al cual acudir, y otros escenarios en los que se mostró que cada una de estas personas respondía a una misma clase, clase que, además, mantiene este sistema de pie. La propuesta pretende que el Estado asegure la alimentación y los pagos de servicios públicos domiciliarios, dirigido a todas las personas que están en situación de vulnerabilidad socioeconómica, laboral y de ingresos, priorizando madres cabeza de familia, víctimas del conflicto armado, trabajadores informales, personas con discapacidad sus cuidadoras y cuidadores, personas reincorporadas, y a su vez teniendo en cuenta un enfoque de género y étnico, se responde a ese mismo interés y se establece la entrega de un salario mínimo ($877.000) a 31 millones de personas, lo que representa 9.5 millones de hogares con más riesgos y vulneración a derechos durante el tiempo en el que esté presente el virus. La propagación del coronavirus ha exacerbado las desigualdades que ya existían a nivel mundial y nacional y ha generado nuevas disparidades que están perjudicando en mayor medida a las personas más vulnerables. El PNUD estima que el desarrollo humano retrocederá a nivel global este año por primera vez desde que empezó a medirse dado que hasta 100 millones de personas más caerán en la pobreza, que 1400 millones de niños son afectados por el cierre de las escuelas y que se registran niveles récord de desempleo y pérdida de medios de vida.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. El 26 de marzo se reportó el primer caso de Covid-19 en las comunidades indígenas del país. Se trataba de una mujer del pueblo Yukpa, que se había instalado en un campamento en el barrio Escobal, en Cúcuta, donde estaban asentados alrededor de 174 indígenas de su comunidad que llegaron desde Venezuela hace cerca de dos años. Desde esa fecha y hasta mayo los casos venían aumentado, si bien, no con mucha rapidez, pero sí con el riesgo de un colapso en la atención médica, que en ese mes – al 7 mayo – con los 45 casos positivos, ya muchas zonas, como es el caso del Amazonas, alertaban sobre la necesidad de medidas efectivas para atender la crisis, pues el panorama pintaba -y pinta-: pocas o inexistentes camas de UCI y respiradores, adeudamiento de los hospitales y las prestadoras de salud con las y los trabajadores, y, en general, una falta de recursos humanos y físicos que denota la problemática en salud que nos sigue hace más de 20 años. En el marco general de indígenas contagiados, el 54.9% se reportan en hombres y el 45,1% en mujeres, y por edades el 3,4% de los casos se registran en menores de 9 años, el 11,6% entre 10 y 19 años; el 72,2% de los 20 y 59 años y un 12,4% en mayores de 60 años. Imagen: Pares. Con este panorama, una de las primeras cosas que hay que mencionar, siguiendo el más reciente informe de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), es que la “curva de contagio de la población indígena se ha tornado exponencial”, provocando que al 15 de julio los casos positivos hayan llegado a 2.500, lo que podría interpretarse como el aumento de 23 casos nuevos diarios y una duplicación de contagios cada 8,7 días. Las cifras de los temores A la fecha mencionada son 54 las comunidades afectadas por el virus, reportando los casos en el siguiente orden: Zenú (379), Tikuna (312), Mokaná (217), Uitoto (124), Los Pastos (123), Pijao (113), Wayuu (61), Muisca (59), Cocama (42), Nasa (42), Embera (36), Misak (31), Inga (25), Kankuamo (16), Bora (13), Wounaan (10), Yagua (10), Quillacinga (9), Yukuna (9), Desano (8), Embera Chamí (7), Matapí (7), Sikuani (7), Tucano (7), Awá (6), Embera Katío (6), Cubeo (5), Yanacona (5), Miraña (4), Muinane (4), Yukpa (4), Curripaco (3), Jiw (3), Puinave (3), Andoque (2), Koreguaje (2), Murui (2), Piratapuyo (2), Polindara (2), Tanimuca (2), Achagua (1), Arhuaco (1), Amorua (1), Eperara Siapidara (1), Karapaná (1), Kiszgó (1), Letuama (1), Macahuán (1), Ocaina (1), Piapoco (1), Sáliba (1), Tuyuca (1), U’wa (1), Wanano (1) Y 760 casos por establecer el pueblo indígena al que pertenecen. Vale la pena mencionar que esta cifra total -2.500 y 90 fallecimientos- sale de la información del Instituto Nacional de Salud del boletín número 16 del 13 de julio, donde se encontraron 2.338 casos, y del cruce de estos datos con lo reportado en el Sistema de Monitoreo Territorial – SMT de la ONIC. Asimismo, se llama la atención sobre el número de familias indígenas en riesgo, habiendo 398.365 en alerta por probabilidad de contagio; 2% sen riesgo extremo, 2% en muy alto, 9% en alto, 68% en moderado y 19% en bajo, esto partiendo de factores como la prevalencia, letalidad y cercanía a centros poblados con casos confirmado -radio entre 15 y 45 kilómetros de los centros poblados con casos confirmados-. Ante toda la situación concurrente de violencia, de abandono estatal y ahora de pandemia, la ONIC ha solicitado especial atención y protección a los pueblos indígenas. Foto: Cortesía. or otra parte, desde lo informado por el Instituto Nacional de Salud (INS) se conoce que el Covid-19 se ha expandido a 733 municipios y seis (6) áreas no municipalizadas: Yavaraté (Vaupés), La Chorrera, La Pedrera (Amazonas), Mapiripana, San Felipe y Puerto Colombia (Guainía), y en cuanto a zonas en las que habitan comunidades indígenas el virus ha llegado a 137 municipios y 3 áreas no municipalizadas: Yavaraté (Vaupés), La Chorrera (Amazonas) y Mapiripana (Guainía), focalizándose el 60% de los contagios en Leticia, Bogotá, Malambo, Sincelejo e Ipiales. Además, las zonas con mayor registro de muertes son Leticia (27), Bogotá (12), Malambo (10), Lorica (4) y Tuchín (4), mencionado que el 66.7% de los fallecimientos corresponden a personas mayores de 60 años. Otros datos relevantes que informa la ONIC es que, en el marco general de indígenas contagiados, el 54.9% se reportan en hombres y el 45,1% en mujeres, y por edades el 3,4% de los casos se registran en menores de 9 años, el 11,6% entre 10 y 19 años; el 72,2% de los 20 y 59 años y un 12,4% en mayores de 60 años. Con este panorama una de las alertas que lanza la ONIC es la gran pérdida para el movimiento indígena, que en el momento se centra en la Macro Amazonía (34,4%) y en la Macro Norte (38,9%). Además, el valor que hay con que las cifras de fallecimientos estén centradas en las personas mayores de 60 años, pues, como lo indica el informe “significa una pérdida sensible para los Pueblos Indígenas, en la medida que nuestros Sabios (as), Mayores (as) y Ancianos (as) son los encargados de transmitir los saberes milenarios de generación en generación”. El contexto que acompaña la crisis A pesar de lo crítico de los anteriores datos, no hay que dejar de lado que la situación de riesgo se potencia en las zonas donde además la ausencia del Estado y la presencia de los grupos armados son el denominador. Donde la violencia es una constante que no da tregua y que en tiempos como los de ahora el confinamiento no solo se da por el virus, sino también por las leyes impuestas por los actores armados. Esta realidad ha generado que además de lo expuestos que están los pueblos indígenas al virus, también estén vulnerables a hechos victimizantes, los cuales se pueden ver reflejados en sucesos como el ocurrido el 22 de julio en Jamundí, donde Cristian Camilo Toconas, gobernador del cabildo Kwesx Kiwe Nasa fue víctima de un atentado. También en un hecho similar ocurrido a principios de junio en el resguardo Tóez, en zona rural de Caloto, Cauca, donde hombres armados llegaron a la zona disparado contra la comunidad y dejando heridos dos comuneros. A este panorama se debe agregar el asesinato de una menor de 09 años en medio de enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en el Alto Baudó, Chocó de la comunidad indígena Geandó. También el de Rodrigo Salazar, gobernador suplente del resguardo Piguambí Palangala, ocurrido en Tumaco, Nariño. Además, el de las 14 personas indígenas que, por lo menos, han sido asesinadas en escenarios de violencia durante el aislamiento. Agregándose, que incluso en medio de la cuarentena comunidades indígenas se han visto obligadas a desplazarse forzadamente. Registrándose en este período el hecho reportado el 04 de abril en Bojayá, Chocó, donde 74 familias conformadas por 393 personas pertenecientes a la comunidad indígena Emberá dejaron su territorio, trasladándose desde el resguardo Pichicora Chicue-Punto Alegre, hacia la vereda Las Peñitas, esto producto de enfrentamientos que se presentan en la zona entre el ELN y el Clan del Golfo. Es necesario adicionar que en estas violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas, también han ocurrido casos cometidos directamente por la Fuerza Pública, tal es el caso del abuso sexual y secuestro cometido contra una menor de 12 años perteneciente a la comunidad Gito Dokabu– Embera Katio, cometido por 7 miembros del Ejército pertenecientes al Batallón Alta Montaña de Génova (Quindío) y que prestaban labores de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo (Risaralda). También la ejecución extrajudicial de Joel Villamizar, directivo de la Asociación U’wa y Coordinador de Educación de esta comunidad indígena, que fue asesinado en el municipio de Chitagá, Norte de Santander por tropas de la Trigésima Brigada, adscritas a la Segunda División del Ejército, cuando las tropas desarrollaban una operación contra alias «Marcial», líder de la Comisión Martha Cecilia Pabón del ELN, quien se encontraba junto a cuatro integrantes de esa guerrilla en las inmediaciones de la vivienda donde estaba el líder indígena. Y el de Ángel Artemino Nastacuas Villarreal, integrante del resguardo Pialapí Pueblo Viejo, Ricaurte, quien fue asesinado por la Policía de Nariño en medio de operativos de erradicación forzada que se realizaban en Tumaco. Vale la pena mencionar que por este hecho el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto ordenó suspender la erradicación forzada en el resguardo sin antes realizarse una consulta previa con las y los representantes de la comunidad. Ante toda la situación concurrente de violencia, de abandono estatal y ahora de pandemia, la ONIC ha solicitado especial atención y protección a los pueblos indígenas, así como un trabajo de forma “coordinada con los pueblos y naciones indígenas en la consolidación de la red de vigilancia comunitaria y monitoreo a la pandemia; esto para mejorar la capacidad de respuesta en los procesos de atención y mejorar la calidad de la información recabada”.

Por: Paola Perdomo, investigadora nacional y Cristian Peña, enlace territorial de la subregión Catatumbo. Pares. En lo corrido del año 2020 Pares ha registrado en seis (6) departamentos del país 13 masacres, la última, ocurrida el 18 de julio de 2020 en las veredas Totumito y Vigilancia, corregimiento Banco de Arena, zona rural entre Tibú y Cúcuta, Norte de Santander, donde ocho (8) personas fueron masacradas presuntamente por Los Rastrojos; seis (6) de las víctimas fueron asesinadas en la vereda Totumito y dos (2) más en la vereda Vigilancia, en cercanía con la jurisdicción de Boca de Grita, Venezuela. Hasta el momento se han identificado tres de las ocho víctimas de la masacre: Mauricio García Jiménez y Yúnior Manuel Yanes González, labriegos del sector, además de Ernesto Aguilar Barreras, campesino agricultor propietario de una finca en el sector de vigilancia, miembro de ASCAMCAT, coordinaba un comité veredal de dicha organización y era miembro de la Junta de Acción Comunal de esta vereda. Aunque este lamentable hecho tuvo lugar en horas de la madrugada del 18 de julio de 2020, solo hasta 24 horas después la Defensoría del Pueblo llegó al lugar de los hechos para hacer la respectiva verificación. Para este momento, las comunidades de estas veredas ya se desplazaban forzosamente hacia la cabecera de los corregimientos Banco de Arena, zona rural de Cúcuta, y Campo Dos, Tibú, por temor a una incursión armada mucho más fuerte. Según Wilder Mora, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT y la Coordinadora de Cultivadores Coca, Mariguana Amapola – COCCAM, a la fecha más de 700 personas han tenido que salir de las veredas en las que ocurrieron los hechos a falta de garantías de protección. Un territorio sin dios ni ley Esta masacre está antecedida por dos hechos similares más, al parecer ocurridos del lado venezolano, entre el 7 y 8 de marzo del 2020. En la primera, se hallaron ocho (8) cuerpos en el corregimiento de Palmarito, zona rural de Cúcuta, después de haber registrado enfrentamientos entre el ELN y los Rastrojos en jurisdicción de Boca Grita, territorio venezolano, apareciendo un día después cinco (5) cuerpos más en el sector de Mate Curo, municipio de Ayacucho, Venezuela. A esto se suman otros hechos violentos ocurridos dentro de esta misma zona, entre estos, retenes ilegales en las vías que comunican los corregimientos de la zona rural de Cúcuta por parte de Los Rastrojos, reclutamiento forzado y la reciente desaparición de cuatro (4) personas, miembros de una misma familia, en cercanías de la vereda Puerto León, también atribuida a esta estructura criminal. Dos de ellas fueron halladas desmembradas y con señales de tortura en el río Zulia, el 9 de Julio de 2020. Estos hechos recientes evidencian la compleja situación de seguridad que vive hace más de tres años la subregión del Catatumbo y el Área metropolitana de Cúcuta, luego de la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, periodo durante el cual se ha intensificado la violencia producto de los enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales como el ELN, EPL y Los Rastrojos, quienes han perseguido el copamiento de las antiguas zonas de presencia de la extinta guerrilla y hoy libran una fuerte disputa por el control de la rutas del narcotráfico y otras economías ilegales características de la zona fronteriza, tales como el contrabando, el control de las trochas o pasos ilegales y la trata de personas. Puerto Santander, Cúcuta y Tibú han sido el principal escenario de estos enfrentamientos durante los últimos meses, pues la pandemia por COVID-19 ha facilitado la movilidad de estos grupos y sus posibilidades de combate. Foto: Cortesía. Desde el mes de febrero del presente año, luego del paro armado declarado por el ELN y el EPL en el departamento de Norte de Santander, el ELN ha avanzado desde su centro de operaciones en el Catatumbo a municipios del área metropolitana como Cúcuta y Puerto Santander, donde Los Rastrojos tienen un fuerte control territorial, lo que ha desatado esta violencia, que apenas empieza adquirir rostro, pues el riesgo inminente entre estas dos estructuras armadas que ya ha advertido organizaciones sociales, organismos de cooperación internacional y la misma Defensoría del Pueblo, es mucho más complejo que lo ocurrido en los últimos días. Esto teniendo en cuenta que el ELN ha logrado llegar hasta el centro de operaciones de Los Rastrojos en Boca de Grita, Táchira, Venezuela, donde han provocado el repliegue los integrantes de este grupo. «El Estado ha sido muy ausente» Y a su vez, Los Rastrojos han incursionado en zona rural de Tibú, en el Catatumbo, ocasionando gravísimos hechos como el ocurrido el 18 de julio, y que son apenas una evidencia de la violencia fuertemente desencadenada contra la población civil por parte este grupo criminal, el cual ha demostrado desde hace ya tiempo sus repertorios de violencia sumamente sangrientos a través de descuartizamientos, asesinatos selectivos con señales de tortura y masacres como la que acaba de suceder. La Defensoría del Pueblo ya había emitido el 13 de marzo del presente año la Alerta Temprana 011 de 2020, en la que advertía la situación de riesgo inminente que vivían desde entonces las comunidades de 41 veredas de 7 corregimientos de la zona rural de Cúcuta limítrofe de Tibú, por el intenso accionar de Los Rastrojos en esta zona y posibles enfrentamientos con el ELN, además hacía las respectivas recomendaciones y solicitud de medidas urgentes para la prevención y protección de estas comunidades con el fin de evitar la crisis humanitaria que sale a toda luz con estos hechos recientes. Las constantes denuncias que vienen adelantando organizaciones sociales, defensores y defensoras de Derechos Humanos que hacen parte de este territorio, confirman esta omisión por parte de las autoridades competentes. Preocupa, sobre todo, cuando existe una fuerte presencia de la Fuerza Pública dirigida al control de los cultivos de uso ilícito en el departamento, pero, contrario a un ejercicio que garantice la seguridad de las comunidades, ha representado una afectación de derechos humanos adicional dentro de las que el Ejército presuntamente habría cometido tres ejecuciones extrajudiciales en Sardinata, Cúcuta y Chitagá (SIPARES), desde el 11 de marzo del 2020 a la fecha cuando iniciaron operaciones de erradicación forzada en el departamento. En entrevista con el líder y dirigente Wilder Mora, miembro de ASCAMCAT y la COCCAM, y la líder y defensora de derechos humanos Carmen García, que hace parte de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, se constata la preocupación sobre el accionar y respuesta institucional frente a las dinámicas de seguridad, tanto de la subregión del Catatumbo, como del área metropolitana de Cúcuta. “El Estado no llega a responder con lo que le corresponde, ni en la prevención de los hechos de violencia, ni en atención al desplazamiento de 700 personas que ya no tienen que comer”, asegura Wilder Mora, a lo que agrega Carmen García: “lo que se ha visto es ausencia del Estado con esta situación, el Estado no ha hecho acompañamiento a las personas víctimas, el Estado ha sido muy ausente”. Estas palabras además tienen lugar en el marco de las constantes denuncias que se presentan frente a la carente implementación del Acuerdo de Paz firmado entre las FARC – EP y el Estado, de manera especial en lo que respecta al cumplimiento de la Reforma Rural Integral y de la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito (Punto 1 y 4 respectivamente). “Es fundamental construir un proceso de paz en unidad con todos los actores de la región, lo cual evitaría que se presenten los hechos de violencia que estamos viviendo el día de hoy”, precisa Wilder Mora. En este sentido, resalta una vez más la importancia de los llamados a continuar con los diálogos de paz adelantados entre el ELN y el Estado colombiano, y que fueron suspendidos a inicios del año 2018 tras el atentado a la Escuela General Santander por parte del ELN. Las comunidades exigen protección No obstante, la reciente negativa del gobierno de Iván Duque frente a la propuesta del ELN y el Concejo de Seguridad de Naciones Unidas frente a un Cese al Fuego Bilateral, reitera la falta de interés y disposición del actual gobierno respecto a dar respuesta a la compleja situación humanitaria que vive el país, aún en medio de la pandemia por COVID-19. Es claro entonces que las masacres, desde Bojayá, Chocó, una de las más fatídicas y anunciadas durante el conflicto armado en Colombia el 2 de mayo de 2002, hasta la más reciente ocurrida en Tibú, Norte de Santander, luego de tres años de la firma del Acuerdo de Paz, han sido expresión de la degradación de los actores armados y la desprotección de la sociedad civil en medio de las confrontaciones armadas. Tibú cuenta con la mayor cantidad de hectáreas de coca cultivada en el país, 16.096 hectáreas. En este territorio de manera violenta grupos armados como el ELN, EPL y Los Rastrojos. Foto: Cortesía Especialmente en aquellos lugares que, por su posición estratégica o privilegiado acceso a recursos, se han convertido en el objetivo de Estructuras Armadas Ilegales y sus disputas territoriales, sumado a que actualmente el municipio de Tibú cuenta con la mayor cantidad de hectáreas de coca cultivada en el país, 16.096 hectáreas. “Joya de la corona” por la que han coincidido en este territorio de manera violenta grupos armados como el ELN, EPL y Los Rastrojos. Parece entonces que “la historia se repite”, como lo resaltan Wilder y Carmen, recordando la incursión paramilitar en Norte de Santander vivida a finales de los años noventa e inicios del 2000, en donde la población civil llevó la peor parte y en donde se evidenció la ausencia u omisión estatal ante el repunte de las violencias. Reiteramos el llamado de la sociedad civil, organizaciones sociales, defensores y defensores de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo, para que el gobierno y las autoridades competentes garanticen la protección de las comunidades inmersas en la actual crisis humanitaria en Norte de Santander.

Por: Redacción Pares Este jueves, la Fuerza de Respuesta Social Anticorrupción (FUERSA), una coalición de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la prevención y sanción de la corrupción en Colombia, manifestó mediante un comunicado dirigido a José Andrés O’Meara Riveira, Director de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, una serie de cuestionamientos sobre la forma en la que se está llevando a cabo la contratación estatal en este marco de la pandemia. FUERSA considera su obligación poner a consideración de su despacho algunas reflexiones a propósito de la aprobación de la ley que ordena extender la utilización de documentos tipo a todos los sectores de la economía, dice el comunicado. Las preocupaciones que expresa la organización FUERSA sobre la aplicación de pliegos tipo y su reglamentación por Colombia Compra Eficiente, están centradas en la revisión de lo ocurrido con la utilización de documentos tipo en el sector transporte desde el 1 de abril de 2019 y el impacto que ha causado la utilización de la Versión 2 de Pliegos Tipo desde el 10 de marzo de 2020. FUERSA invita a los veedores y medios de comunicación a continuar ejerciendo control social con valentía en medio de un contexto que demanda el máximo de sus capacidades y compromiso en la lucha contra la corrupción. La historia de Colombia y sus innumerables capítulos de malos manejos y excesos nos obligan a insistir en esta advertencia. Esperamos, señala el comunicado, que esas reflexiones y recomendaciones sean recibidas con el mismo ánimo que las escribimos y que buscan que Colombia pueda contar con instrumentos idóneos para garantizar una contratación pública decente y libre de corrupción. Descargue aquí el comunicado completo FUERSA está conformada por: Iván Velásquez, de la Corporación Justicia y Democracia; León Valencia, Ariel Ávila y Daniela Gómez, de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), Catherine Juvinao, de la Veeduría al Congreso “Trabajen Vagos”; Camilo Enciso y Margie Mojica, del Instituto Anticorrupción; y Jesús Rodrigo Fernández, Asesor Experto en Contratación Estatal y Obra Pública.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. Desde el pasado 28 de abril, tras una toma pacífica de la sede de Bucaramanga de la Universidad Industrial de Santander, varias y varios estudiantes comenzaron a exigir que, ante el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica que se vive en el país, se garantizara la matrícula cero, es decir, que se cubrirá a través del Gobierno Nacional, alcaldías y gobernaciones los costos de las matrículas de universidades públicas, evitando, entre otras cosas, altos índices de deserción. Este acto simbólico, además de abrir la discusión, también generó que más estudiantes de diversas universidades del país se movilizaran de distintas formas presionando para que se avanzara en el tema. Así, en los últimos meses se han registrado toma de instalaciones de universidades, plantones y huelgas de hambre, además, como es el caso de la Unicauca, que ha participado en la Marcha por la Dignidad, la cual ha pasado por varias ciudades. Estos espacios han generado que a la fecha instituciones de educación superior públicas hayan aprobado total o parcialmente la matrícula cero a estudiantes de pregrado, siendo estas las que hasta al momento la han implementado: · Universidad de Cundinamarca: matrícula cero para 12.742 alumnos. · Universidad del Valle sede Cali: matrícula cero para las y los estudiantes estrato 1 y 2. · Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar: aprobó el subsidio del 100% de la matrícula para cerca de 1.600 estudiantes de los 2.266 que tiene. · Universidad del Magdalena: 12.710 alumnos recibirán la matrícula cero para el 2020-2. · Universidad del Atlántico: 100% de las matrículas de todas y todos los estudiantes. · Universidad Popular del Cesar: se anunció la matrícula cero para estudiantes estrato 1 y 2 de la Institución. · Universidad de Córdoba: matrícula cero para 11.974 estudiantes. · Universidad de Nariño sede Ipiales: matrícula cero para cerca de 700 estudiantes. · Universidad del Tolima: se le dará matrícula cero a cerca de 13 mil estudiantes de la modalidad presencial y a distancia. · Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia e Institución Digital de Antioquia: matrícula cero para cerca de 22.600. · Universidad de Antioquia: se garantizará la matrícula cero para la totalidad de estudiantes. · UTS: beneficio para cerca de 6 mil estudiantes estrato 1 y 2. · Universidad de la Guajira: el beneficio se dará a estudiantes estrato 1 y 2. · Universidad Distrital: matrícula cero para las y los estudiantes estrato cero, uno y dos. · Universidad de Cartagena y UNIBAC: matrícula cero para la totalidad de estudiantes. · Unillanos: matrícula cero para todas y todos los estudiantes de la IES. · Universidad del Cauca e IES Colegio Mayor del Cauca: matrícula cero para estudiantes de estrato 1 y 2. · UTP y Universidad de Caldas: matrícula cero para estudiantes estrato 1. · UIS: matrícula cero para alumnos estrato 1 y 2. · UNIPAZ: matrícula cero para el 97.4% de estudiantes. No obstante, todavía hay estudiantes que continúan en sus esfuerzos por conseguir que las IES en las que estudian aprueben la matrícula cero, de no haberlo hecho, o que la implementen para la totalidad de estudiantes. Muestra de esto son los más recientes plantones realizados el día de ayer por parte de estudiantes de la Universidad Nacional sede Bogotá, y la huelga de hambre iniciada hoy por estudiantes de la Universidad Surcolombiana. “Se vuelve necesario que se fortalezca el acceso y permanencia a la Educación Superior como una garantía al derecho fundamental de las y los estudiantes de la Universidad Surcolombiana, esto contra la visión privatizadora de la educación pública. En este sentido, hemos decidido entrar en huelga de hambre como una propuesta de protesta pacífica en representación del estamento estudiantil”, indica el comunicado de las y los estudiantes que iniciaron la huelga de hambre. Es necesario hacer énfasis en dos panoramas. Por un lado, en que según una investigación del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, se necesitarían $919.457’240.141 para poder cubrir la matrícula cero en las 32 universidades públicas, señalando que estos serían los recursos faltantes correspondientes a lo que es pagado por las y los estudiantes. Por otra parte, que la gratuidad de la educación superior se ha convertido en una bandera histórica de las luchas del movimiento estudiantil, de la mano de la oposición a la privatización de esta, en lo que pareciese insistirse, por lo menos desde los 90, en donde ha resaltado en políticas públicas el crédito estudiantil por encima de inversiones directas a las instituciones de educación superior, en este caso, públicas. Por lo anterior, Pares habló con Andrés Felipe Mora, docente asociado al departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional y director del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior. Pares: El debate sobre matrícula cero también ha puesto sobre la mesa el de gratuidad, ¿cuál es la diferencia de estos dos conceptos? Andrés Felipe Mora: Gratuidad hace parte de un concepto más amplio asociado a la garantía del derecho a la educación superior, que se esperaría que en virtud de esta consideración se avanzara progresivamente sobre el tema de acceso, eliminando las barreras económicas. Se piensa como una política sostenible en el tiempo. Matrícula cero se plantea hoy como una salida de urgencia de corto plazo, para garantizar que las y los estudiantes se mantengan en el sistema educativo, disminuyendo la tasa de deserción que predeciblemente va a aumentar en el marco de la pandemia, esto en el semestre que está por comenzar o que ya iniciaron. Pares: ¿Con la matrícula cero se avanza en el problema de financiación que por años ha tenido las universidades públicas? A.F.M: La matrícula cero al ser una medida de urgencia, que, si bien ayuda a disminuir la posible deserción, no ayuda a cubrir o saldar la deuda histórica que hay con las universidades públicas del país, las cuales acumulan hoy un desfinanciamiento estructural que supera los 18 billones de pesos, lo que, entre otras cosas, ha provocado que las universidades deban buscar recursos propios como venta de servicios por extensión o investigación, y por medio de las matrículas. Así lo que se esperaría para hacerle frente a esta situación es que, desde distintas fuentes, principalmente desde el Gobierno, se cubran esas matrículas para cubrir el flujo de caja que normalmente tendrían las universidades y que aporte a solucionar el desfinanciamiento que sufren las 32 universidades públicas del país. Hay que destacar que lo que piden las y los estudiantes es que haya una reivindicación para que la matrícula cero sea sostenible y se pueda avanzar en ese criterio de gratuidad. Sin embargo, hay otro tema y es que en varias universidades se habla de matrícula cero focalizada, es decir, que no beneficia a todas y todos los estudiantes, sino a quienes son estrato 1 y 2. Eso también se debe problematizar y poner en discusión, porque lo que se pelea, además, es que dentro de ese potencial transformador del mecanismo se incluyan tres condiciones. Uno, que esa plata entre a la base presupuestal de las universidades. Dos, que además de ser sostenible, involucre a todas y todos los estudiantes por lo menos de pregrado, porque las clases medias también la están pasando mal y no se quiere que las universidades sea el espacio de la focalización de la política social. Tres, que la discusión esté acompañada por discusiones en las IES sobre qué significa realmente la gratuidad y el problema del desfinanciamiento estructural, para así proponer alternativas para reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que son los que definen el financiamiento para universidades públicas del país. Pares: Se han dado pasos con la matrícula cero, ¿también se han dado con la gratuidad? A.F.M: Ese tema está muy crudo, lo que ha querido el Gobierno es llevar una política totalmente opuesta a la idea de gratuidad, por cuanto lo que ha querido es estimular el crédito educativo y subsidio a la demanda para las y los estudiantes, esto por medio del Ser Pilo Paga, Generación E, del modelo de Financiación contingente de ingreso (FCI) y en general con el aumento de personas que acceden a créditos educativos con el Icetex. Con esto estamos lejos de acercarnos a un modelo de gratuidad, al contrario, se están profundizando las políticas de privatización y endeudamiento de las personas que quieren acceder a la educación superior universitaria, que es una bandera que los estudiantes y varios grupos de profesores reivindican, asumiendo que la gratuidad sería una consecuencia de tomar la educación superior como un derecho. De hecho, ahora en la pandemia lo que se está motivando es el endeudamiento de las personas. En las medidas que ha tomado en este tiempo el Gobierno para las IES públicas y privadas es facilitar el acceso a créditos, es un tratamiento como si fueran unas empresas. Con esto se ve que la gratuidad está en la agenda del movimiento estudiantil, pero por fuera de la del Gobierno.

Por: Línea Democracia y gobernabilidad La Fundación Paz y Reconciliación en su informe “El cuestionado manejo de los recursos públicos en medio de la pandemia” denunció anomalías en la contratación del departamento de Córdoba, donde encontró 25 contratos cuestionados; entre los cuales se destacan las irregularidades en la contratación de la alcaldía de Puerto Escondido y la investigación sobre un convenio interadministrativo que firmó la gobernación de Córdoba con la alcaldía de Sahagún; en donde no sólo se denunciaron posibles sobrecostos e incrementos en el valor de los mercados, también contratistas que no se encuentran habilitados para cumplir con el objeto del contrato. Mientras que unos chats de WhatsApp publicados por Mauricio Castilla señalarían que los concejales Santiago Miguel Pérez Posada y Andrés Felipe Negrete Bonilla, del Centro Democrático, y Luis Carlos López, del movimiento indígena AICO de Córdoba, habrían declarado que no existía remordimiento ante el robo de recursos de un contrato para la entrega de mercados ya que “… el pobre está acostumbrado a aguantar hambre… Uno tiene que recuperar la inversión de la campaña como sea”. Revelamos las investigaciones que están realizando los entes de control en el departamento, y nuevos hallazgos de irregularidades de la Fundación Paz y Reconciliación en contratación Covid en los municipios de Montelíbano, San Antero, Buenavista, Chimá, San Andrés Sotavento, Purísima y Sahagún. Respecto a los entes control la Procuraduría General de la Nación anunció el 17 de junio que adelanta 29 procesos en el departamento de Córdoba; destacando que a inicios del mes de mayo, la Procuraduría abrió investigación y ordenó la suspensión por tres meses del alcalde de Tierralta, Córdoba, Daniel Enrique Montero Montes, y del secretario de Gobierno, Loyar Manuel Pineda Delgado, por presuntos sobrecostos en un contrato por $750 millones para la adquisición de mercados; así como abrió investigación y suspendió provisionalmente por tres meses al alcalde de Cereté, Córdoba, Luis Antonio Rhenals Otero, y al Secretario de Desarrollo e Inclusión Social, Juan Felipe Angulo Eljach, por presuntos sobrecostos en la compra de 20 mil mercados por $500 millones, destinados a familias vulnerables del municipio por la emergencia del covid-19 . Por su parte, la Contraloría de Córdoba también adelanta procesos de seguimiento en 12 alcaldías del departamento en donde se investiga el detrimento patrimonial por más de 1.800 millones de pesos. El contralor de Córdoba indicó que de las anomalías las auditorías detectaron 98 observaciones con incidencias administrativas, 82 de tipo disciplinario, 10 de tipo penal y 10 de tipo fiscal . Mientras que la Contraloría General de la Nación, ha anunciado investigaciones en Puerto Escondido y Montería, por contratos con presuntos sobrecostos y falta de especificidad en la población objeto del contrato y la existencia de estudios previos. La investigación a profundidad de siete (7) contratos del departamento con presuntas irregularidades suma un total de $2.323.550.000 pesos. En estos contratos no sólo existen irregularidades como contratistas que registran actividades no relacionadas con el objeto del contrato, sino también la falta de estudios previos, contratos donde no se especifica el objeto del contrato, montos de imprevistos, costos adicionales de administración y contratos donde se desconoce el contenido de 7.000 mercados entregados. A continuación, les presentamos los hallazgos. Montelíbano En el municipio de Montelíbano se ejecutó un contrato por $317.500.000 pesos con el objeto de 12.700 paquetes de la canasta familiar, siendo nefasto que el contrato no especifica en ninguna de sus cláusulas los alimentos y cantidades de los paquetes de canasta familiar. Adicionalmente, en el Secop no se encuentra ningún tipo de estudio previo o cotización para el contrato de 317 millones con Alexander de Jesús Pineda Montes. Buenavista En el contrato celebrado por $162.000.000 de pesos entre la alcaldía de Buenavista Córdoba y la Fundación Social para el desarrollo cultural, tecnológico y ecológico de Colombia, tiene por objeto “Aunar esfuerzos necesarios para atender la emergencia en relación con el evento Covid-19 en las fases de contingencia y mitigación de la enfermedad en el municipio de Buenavista, Córdoba”. No obstante, en las obligaciones del contratista no especifica las actividades y el mismo objeto del contrato generando incertidumbre de qué tipo de actividades va a realizar el contratista, desconociendo que tipo de bienes y servicios tiene como obligación el contratista, más allá de los que determine el Municipio de Buenavista. Siendo firmado el contrato el 24 de abril del 2020, sólo hasta el 5 mayo en el documento “Modificatorio N°2 y Adición N°1”, se extiende el objeto del contrato y se describe los elementos de higiene que debe suministrar el contratista; 11 días después de la firma del contrato. Chimá El contrato por $155.000.000 pesos entre la alcaldía de Chimá y Tece Proyectos y Consultores S.A.S., tiene por objeto “Compraventa/ suministro de ayuda humanitaria a través de alimentos, agua potable y ayudas en especie para la población más vulnerable del municipio de Chima departamento de Córdoba en el marco de la calamidad pública decretada el 30 de enero de 2020”. Al revisar el contratista en RUES las actividades registradas corresponden a actividades de consultoría, de investigación y actividades de arquitectura. Actividades no relacionadas con el suministro de 1.000 mercados Covid. San Antero El contrato por $469.050.000 entre la alcaldía de San Antero y la Fundación Avancemos con Amor, ejecutado en 8 días, tiene por objeto el “Suministro de mercados como ayuda humanitaria para apoyar la emergencia social en el municipio de San Antero en atención a la pandemia del Covid-19”. La fundación registra en el RUES como actividades “9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p.” e inscribe por tipo de organización “Asociaciones, corporaciones, fundaciones e instituciones de utilidad común (gremiales, de beneficencia, profesionales, juveniles, sociales, democráticas y participativas, cívicas y comunitarias, de egresados, de rehabilitación social y ayuda a indigentes y clubes sociales).”. Por otro lado, en los estudios previos para el suministro de 9.950 mercados que estipula el contrato, no se especifica el valor por unidad de cada uno de los alimentos en los kits alimenticios. Por último, es un contrato que cobra un total de $11.925.000 pesos para “imprevistos” y realiza el cobro de $59.625.000 bajo el concepto de “administración”; estos montos ya incluyendo $30.000.000 para costos de logística. San Andrés de Sotavento El contrato por $370.000.000 pesos entre la alcaldía de San Andrés Sotavento y la Fundación Nueva Ilusión tiene por objeto “Desarrollo del programa de alimentación escolar- PAE-, a través del suministro de raciones alimenticia para preparar en casa (RPC), en el marco del Estado de Emergencia derivado de la pandemia Covid-19, en el municipio de San Andrés de Sotavento, Córdoba”. Sin embargo, al investigar al contratista en el RUES no relacionadas con la distribución de alimentos ni con el objeto del contrato. Purísima El contrato por $350.000.000 entre el municipio de Purísima y la Fundación para el desarrollo integral de las entidades territoriales y de salud de Colombia “Fundietsa”, tiene por objeto el “suministro de siete mil (7.000) mercados, como ayuda humanitaria para apoyar la emergencia social en el municipio de Purísima departamento de Córdoba en atención a la pandemia del Covid-19”. Pese a que el contrato estipula en la primera cláusula que la entrega de dichos mercados se realizará de conformidad de la ficha técnica adjunta donde se describen los productos a entregar y sus cantidades, no existe ningún tipo de ficha técnica adjunta al contrato o disponible en el Secop. En consecuencia, se desconoce el contenido de los 7.000 mercados que debe suministrar el contratista. Sahagún El contrato de $500.000.000 pesos entre el municipio de Sahagún y el contratista Innova Servicios S.A.S., con el objeto “suministro de mercados, como ayuda humanitaria para apoyar la emergencia social en el municipio de Sahagún departamento de Córdoba en atención a la pandemia del Covid-19”. Al investigar el contratista Innova Servicios S.A.S. en el RUES, cuenta por actividades de confección de ropa, ingeniería civil y comercio de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. En el marco de las celebraciones del 20 de julio, mientras el presidente Iván Duque hacía su discurso en la instalación del Congreso de la República el país se preguntaba ¿De qué Colombia habla el presidente? La herida estaba abierta, pues el pueblo colombiano conocía por las noticias que se perpetraron dos masacres en dos días. Comunidades desplazadas y en zozobra. En palabras del senador Iván Cepeda: “Bajo su gobierno han sido asesinados más de 200 líderes u lideresas sociales y ya van 219 exguerrilleros asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. ¿Ni una sola palabra sobre cómo va a proteger a quienes están en peligro en los territorios?” Llamado urgente para atención a población desplazada Pares habló con Carmen García, presidenta de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, quienes están acompañando a la población que fue desplazada tras la masacre. Las Madres hacen un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos, porque de acuerdo con Carmen, la población ha estado durmiendo debajo de árboles. No cuentan tampoco con implementos como tapabocas, agua potable. Hay personas que no se han podido cambiar de ropa, porque al momento del desplazamiento forzado tuvieron que salir con la misma ropa. Foto: Cortesía Los epicentros de los hechos victimizantes han sido los departamentos de Huila, Norte de Santander y Cauca fueron la antesala de este 20 de julio de 2020. Lejos del discurso del Jefe de Estado, están los territorios en los que los grupos armados se están disputando el control a sangre y fuego y, en el que el Estado está perdiendo la batalla. Durante el regreso del uribismo, se ha incrementado el asesinato selectivo de líderes, lideres y firmantes de paz. Para Ariel Ávila, subdirector de Pares, hay un deterioro en materia de seguridad en el gobierno Duque. Dramáticamente —para el analista— el deterioro se ha notado más en el último año, pero en general en los dos años de gobierno. “Muestra de ello, tiene que, por ejemplo, tiene que ver con que las disidencias de la FARC hacían presencia en 56 municipios, una vez Duque llega a la Casa de Nariño y, hoy por hoy, ocupar 101 municipios. Por su parte, el ELN está operando en más de 140 municipios y recién empezó el gobierno de Duque; no llegaban a los cien municipios.« Frente al departamento de Cauca y Norte de Santander, hace más de dos años, según Ávila, “se está viviendo una verdadera reconfiguración criminal que no para. En Algeciras, si viene presentando una situación más reciente de deterioro en su seguridad.» Frente a la capacidad de respuesta de las Fuerzas Militares, para Ávila, el Ejército colombiano —en el marco de los escándalos sobre violencia sexual, chuzadas— “esta dedicado a defenderse acosado con las denuncias que se han destapado. Parte de estas acciones, justamente, tiene que ver con haber volcado el sector de inteligencia para la oposición y periodistas. Algo así como un Ejército en otro lado”. Asimismo, según el analista, hay problemas de mando y control derivado de los escándalos. A su vez, este panorama de derrota del gobierno Duque en materia de seguridad en los territorios es que “no han logrado entender que el crimen en Colombia cambió y por eso les va tan mal”. Norte de Santander víctima del regreso del uribismo Tras la masacre perpetrada en el corregimiento Carboneras —en la vereda conocida como Totumito-Carboneras— de Tibú, el país conoció las imágenes del desplazamiento forzado de las familias que componen algunos corregimientos de zona rural de Tibú, Norte de Santander, hacia el casco urbano del municipio. Entre otras cosas, Tibú es el municipio donde más asesinatos se han registrado en contra de líderes y lideresas sociales. Según cifras Pares, el 7,2 % de los hechos victimizantes han ocurrido allí. La denuncia la hizo la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), quienes señalaron que la masacre fue a manos de Los Rastrojos y que causó el desplazamiento forzado de casi 300 personas. Este grupo armado ilegal ha perpetrado dos masacres en un lapso de 10 días. Tras la masacre perpetrada en el corregimiento Carboneras —en la vereda conocida como Totumito-Carboneras— de Tibú, el país conoció las imágenes del desplazamiento forzado de las familias que componen algunos corregimientos de zona rural de Tibú, Norte de Santander, hacia el casco urbano del municipio. Cabe recordar que Pares alertó sobre la otra denuncia de masacre, que realizó la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz —el pasado 8 de julio— sobre el asesinato de cuatro personas en un retén hecho por Los Rastrojos, en zona rural del Área Metropolitana de Cúcuta. Además, los cuerpos habrían sido arrojados al Río Zulia. De acuerdo con Cristián Peña, enlace territorial de Norte de Santander de Pares, resulta clave resaltar que “el área de frontera con el Área Metropolitana de Cúcuta —lo que es Puerto Santander, Villa del Rosario, zona rural de Cúcuta y, sobretodo, esa parte entre Cúcuta, Tibú y Venezuela—; ha sido de dominio paramilitar”. Peña precisa que incluso hay que remontarse a 1996 cuando los paramilitares se toman gran parte de la subregión del Catatumbo. Bajan a Cúcuta para inicio del 2000, es decir, según el investigador, esa presencia en Área de Frontera con la capital del departamento es de vieja data. “Esto para hacerse al control de las economías ilegales y así fortalecerse operativamente a través de ese financiamiento ilegal. Aquí entran las AUC, bajo el Frente Fronteras —de la mano del Iguano— y copan Área Metropolitana de Cúcuta y parte de Tibú”. Tras Justicia y Paz y sus grietas, Peña explica que quienes no se sometieron y se empiezan a conocer grupos como el Clan del Golfo, otro grupo de esa herencia paramilitar son Los Rastrojos. Éstos últimos se disputan el control de esa zona Frontera replicando repertorios de violencia. De esta forma, de acuerdo con el investigador, Los Rastrojos operan como economías ilegales a través de la extorsión, narcotráfico, prostitución infantil. Lo que tiene que ver con el accionar Bélico, Peña indica que se da con asesinato selectivo, desaparición forzada, tortura. Insiste en que el repertorio de violencia devela el accionar de Los Rastrojos: mutilaciones, cuerpos descuartizados, degollados, cuerpos en bolsas. El investigador advierte que Los Rastrojos están se encuentran en un momento de fortalecimiento y eso da cuenta las recientes masacre. También que, de acuerdo con prensa, por cuenta de que su cierto dominio en frontera con Venezuela lo ha venido perdiendo por la expulsión de dicha zona por las Fuerzas Armadas Venezolanas y esto los ha llevado a acentuarse en zona rural de Cúcuta. Los Rastrojos operan en una zona conocida como Los Patios (Área Metropolitana de Cúcuta), Villa del Rosario, zona Rural de Cúcuta, Tibú y fuertemente en Puerto Santander en donde han hecho retenes. Las heridas de la obstinada venganza en Algeciras La Masacre en Algeciras el pasado 16 de julio de 2020, en donde fueron asesinadas cuatro personas. Vecinos y una familiar —cuñada— de Nencer Barrera, firmante de paz quien trabaja como escolta en la Unidad Nacional de Protección. Tal como las comunidades le dijeron a Pares que los hombres armados, tras la masacre, amenazaron contra la población diciendo que la idea era “acabar con toda la familia Barrera e incluyendo las familias de las otras víctimas”. La Masacre en Algeciras el pasado 16 de julio de 2020, en donde fueron asesinadas cuatro personas. Vecinos y una familiar —cuñada— de Nencer Barrera, firmante de paz quien trabaja como escolta en la Unidad Nacional de Protección. Las víctimas mortales de esta masacre son el menor de 16 años Edinson Moya, Juan David, Luis Gómez y Luz Burgos. Asimismo, entre las víctimas que resultaron heridas se encuentra el niño de ocho (8) años Sebastián Muñoz y Noé Cifuentes. Asimismo, según fuentes en el departamento, tan solo en Algeciras han tenido que salir más de 60 familias desplazadas, dentro de las que se encuentran 11 familias de firmantes del Acuerdo de Paz. En el Huila han sido asesinadas, tras la firma de los acuerdos, ocho (8) personas en proceso de reincorporación. El 100% de los casos han sido perpetrados en el gobierno Duque, es más, los asesinatos han ocurrido en entre el 2 de Julio de 2019, cuando fuera asesinado Héctor Delio Cuasulán Guangua, y el más reciente el pasado 14 de julio cuando hombres armados acabaron con la vida de José Antonio Rivera de 53 años en Pitalito, quien hacía parte de la cooperativa de COOAGROPAZ. Por otra parte, Huila hace parte de los cinco departamentos que en donde más han asesinados líderes y lideresas sociales en 2020, el 7,2% de los asesinatos han ocurrido en territorio huilense. Además, Algeciras, el municipio en cuestión, hace parte de los cinco municipios más victimizados a nivel nacional. El 5.8% de los asesinatos han tenido ocurrencia allí. Cauca, donde más asesinan líderes y lideresas No solo tras la firma, sino durante 2020 el departamento caucano ha sido el que más se ha visto afectado por la violencia selectiva en contra líderes, lideresas y defensores/as de Derechos Humanos en Colombia. Más del 20% de los asesinatos ocurridos durante 2020, han sido perpetrados en Cauca. Muestra de ello, tiene que ver con el reciente asesinato de Sigilfredo Gutiérrez, líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento de San Isidro, en el municipio de Morales. Sigilfredo Gutiérrez, líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento de San Isidro, en el municipio de Morales. Foto: Cortesía. Estos hechos demuestran que, según Pares, los perfiles de liderazgos más victimizados en Colombia son, justamente, líderes y lideresas vinculados con Juntas de Acción Comunal que representa el 30% de los asesinatos. A su vez, los liderazgos indígenas 18% y liderazgos campesinos 14% han sido fuertemente victimizado. En Morales, el pasado 16 de julio fueron asesinadas dos personas. Yohan Andrés Prado, menor de edad de 17 años y Óscar Andrés Ceballos. Los dos jóvenes fueron asesinados por hombres armados que arribaron hasta el barrio La Floresta en la que fueron ultimados. Cabe recordar que, a finales de junio, del presente año, fueron asesinados en la vereda San Isidro el campesino Antonio Cuero y la lideresa Rosalbina Becoche Yandi en un puesto de control dispuestos por las comunidades para evitar el contagio en el municipio de Morales. Presencia y disputa territorial en Norte de Santander De acuerdo con las investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, el ELN hace presencia en 24 municipios del Norte de Santander: Abrego, Arboledas, Bucarasica, Chitigá, Convención, Cucutilla, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Hacarí, Herrán, La Playa, Los Patios, Ocaña, Pamplona, Puerto Santander, Ragonvalia, Salazar, San Calixto, Sardinata, Teorama, Toledo, Villa Rosario, Tibú y en Cúcuta. La presencia de los Grupos Armados PostFarc (GAPF) alcanza 9 municipios y la capital. En este sentido, el Frente 33 hace presencia en Tíbú, Sardinata, El Tarra, Cúcuta, Convención, Teorama, El Tarra, San Calixto y Hacarí. Por su parte, el EPL, hace presencia y se disputa el control de Cúcuta, Ocaña, Villa del Rosario, Tibú, Abrego, Sardinata, El Tarra, Convención, Teorama, El Carmen, San Calixto, Hacarí, Arboledas, Puerto Santander, La Playa y Bucarasica. Presencia y disputa territorial en Cauca Por otro lado, en el departamento del Cauca —según Pares, hay seis (6) Frentes de GAPF que se disputan y hace presencia en 27 municipios. Esta la Columna Móvil Jaime Martínez (López de Micay, Suárez, Morales, Cajibío, Buenos Aires), Dagoberto Ramos (Totoró, Toribío, Santander de Quilichao, Páez, Caldono, Jambaló, Inzá, Corinto, Caloto, Miranda, Silvia), GAPF Segunda Marquetalia (Santander de Quilichao, Caloto, Buenos Aires, Corinto, Toribio), Frente Carlos Patiño (Patía, Balboa, El Tambo, Argelia, Mercaderes, Sucre), Frente 30 o Rafael Aguilera (López de Micay, Timbiquí, Guapi) y el Frente 48 en Piamonte. Asimismo, otro actor en Cauca es sin dudas el ELN quien tiene un copamiento territorial que alczna 22 municipios en suelo caucano. Por un lado está el Frente Manuel Vásquez Castaño en Almaguer, Bolívar, Florencia, La Sierra, La Vega, Mercaderes, Rosas, San Sebastián, Santader de Quilichao, Sucre, Caloto, Corinto, Miranda, Puracé, Santa Rosa, Sotará. Por otro, Frente José María Becerra: El Tambo, Guapi, López de Micay, Timbiquí, Argelia, Patía. De igual forma, está la presencia del EPL en Toribío, Miranda y Corinto. El Clan del Golfo se encuentra en López de Micay. Presencia y disputa territorial en Huila En territorio huilense los hay dos frentes GAPF que hacen presencia en cuatro (4) municipios. Frente 17: Tello, Algeciras y Frente 3: Neiva, Suaza. El Clan del Golfo adelanta acciones en Tello y, de acuerdo con las comunidades, está haciendo hostigamientos en Algeciras. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Piedad Córdoba Fotografía: Cortesía El País. Hace pocos días anuncié mi retirada de la política electoral y aunque el anuncio es reciente, la decisión no tanto. Empecé en la política desde muy joven y desde ese momento y trabajando con la gente, me reafirmé y lo sigo haciendo, a pesar de esta decisión, en que la política es el arte para servir a la gente y con esta premisa me recorrí Medellín y Antioquia, en un principio y luego todo el país; cada ciudad, cada pueblo, vereda y por supuesto una que otra parte de nuestra hermosa selva. Fui a una Colombia que no sale en los medios, una Colombia olvidada de las políticas de salud, educación, cultura y demás bienes preciados a los que tenemos derecho todos los ciudadanos. En dichos recorridos me encontré de frente con la ignominia, la pobreza y el hambre en medio de territorios inmensos y ricos en recursos naturales, esto último me significó, a pesar de la impotencia y la rabia, la fuerza para batallar desde y en la política para lograr una vida mejor para los siempre postergados y excluidos por el poder. Estuve más de 19 años debatiendo con ideas y pasión en el Congreso, promoviendo políticas de inclusión y reconocimiento de la mujer, el campesinado, los jóvenes y los afrocolombianos con la ley 70 de 1993 y los derechos de las diversidades sexo genéricas. Mi lucha y práctica política trascendió este escenario cuando empecé a buscar todas las formas (im)posibles para la liberación de policías, militares y políticos secuestrados en la selvas por las Farc y como si esto hubiera significado el peor error de mi vida política, arreciaron aún más mis problemas de seguridad e integridad personal, pues a raíz de esto se me persiguió, me despojaron mis derechos políticos al inhabilitarme y arrebatarme mi curul y fui sometida al linchamiento público, fui víctima de secuestro por los paramilitares y me tuve que exiliar con mis hijos. Sin embargo, a pesar de lo difícil de esta situación, seguí creyendo que la política era parte de mí y era el mejor tributo que podía hacerle a mi país. Yo sacrifiqué mi vida personal y familiar y me quemé mucho políticamente desde que empecé a trabajar obstinadamente para que se acabara la guerra, no descansé hasta lograr la libertad de compatriotas, de ahí que me haya dedicado a trabajar con los sectores alternativos, de los cuales aprendí y confié, por eso, fue muy duro y frustrante ver que a la hora de requerir su apoyo, no estuvieron ahí, sentí como si hubiera perdido todo el tiempo que había hecho en política, como si hubiera echado por una cañería un prestigio. Si algo tengo que decir de mis años en la política es que ¡No me arrepiento de nada! Pero debo confesar ciertas decepciones, no del poder político formal de este país, porque de él nunca he esperado nada bueno, sino de quienes se ufanan de ser diferentes y contradictores de ese poder, aquellos con los que compartí escenarios públicos, luchas y proyectos en común y reuniones fraternas, de los que espere solidaridad y reciprocidad; aquellos que en el momento de mi candidatura presidencial y posterior renuncia a ella, cerraron sus puertas, no contestaron mis llamadas, me aislaron de los escenarios de la coyuntura electoral, me quisieron desconocer. Algunos creerán que pequé de ingenua, que la política electoral es así y pienso entonces que, la derrota de la política es esta victoria (un poco falsa además) del marketing, de la pose, de la impostura y también, entonces, la derrota de los principios, a la cual me niego y por eso decido levar anclas, partir hacia otros rumbos, reinventándome con las decepciones para seguir, como la canción, “cantando al sol, como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra.” Mi retirada de la política, es una retirada de su ámbito electoral, calculador y rastrero. Estos dos últimos años y la actual cuarentena me han permitido reflexionar sobre la urgencia de una política anclada mucho más a intereses colectivos y comunitarios, forjando nuevas prácticas y narrativas para que la ciudadanía se apropie y le guste hacer política y esta no sea única y exclusivamente un sinónimo de dinero y conveniencias sino una búsqueda del bienestar común. Por esta razón, reafirmo mi anhelo y compromiso de reinventar las formas de hacer política en el país, de continuar creyendo que el Guainía, el Guaviare, la Guajira y el Chocó hacen parte de nuestro país y nosotres debemos hacer parte de ellos también, allá hay otras perspectivas de cómo se vive el país, otras solidaridades, otras formas de hacer y sentir que se deben integrar en la cultura, el arte, la economía y otros ámbitos.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. Ayer en medio de la instalación de la legislatura del Congreso se escuchó a la senadora Aída Avella, quien ha forjado su carrera política desde las luchas justas por más de 30 años y desde el respeto y defensa a quienes han estado desprotegidos históricamente. Ella fue la encargada de pronunciarse en nombre de la oposición, demostrando en sus palabras la responsabilidad, análisis y experiencia de alguien que ha vivido la realidad del país. En su discurso, a diferencia de lo dicho por Duque quien se ufanaba de logros como la supuesta disminución de asesinatos a lideresas y líderes sociales en un 25%, Avella trajo de nuevo a la discusión temas que deberían ser centrales en la agenda nacional, y que parecen pasar de lado, no solo ayer, sino en los más de cien días de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Dado esto es necesario retomar las palabras y reclamos de Aída Avella, exigencias que no son nuevas, y que con el panorama sociopolítico actual del país es de urgencia empezar a presionar a las y los dirigentes del país. "El país se inundó de decretos, resoluciones y normas" El debate sobre la necesidad de retomar las sesiones del Congreso de manera presencial se sigue dando, muestra de esto fue la presencia de más de 35 parlamentarios el día de ayer en las instalaciones del Congreso, esto como reclamo a que la virtualidad ha impedido “dar debates profundos” y que este pareciera estar funcionando solo como una “plataforma virtual”. En este sentido la senadora señaló que en este periodo en el que la presidencia ha tenido vía libre para expedir decretos, resoluciones y normas, se han expedido “164 decretos, solamente cinco se refieren a la salud, varios tocaron temas sensibles para la sociedad, como las pensiones, la eliminación de aranceles para las importaciones, la enajenación de bienes públicos, entre otros. Llama la atención que muy pocos fueron dirigidos a los sectores sociales y todos, absolutamente todos, carecieron de perspectiva de género, permitiendo que los efectos de esta pandemia recaigan arbitrariamente en las mujeres”. Con este panorama se pueden evaluar varios de los cuestionamientos que han surgido respecto a las medidas tomadas. Siendo una de las primeras los espaldarazos que ha dado el Gobierno Nacional al sector bancario, centrando muchas de las decisiones en alivios para estos que terminan convirtiéndose en créditos que las personas más vulnerables deben sacar para poder solventar la crisis económica. “Para la atención de la emergencia se han colocado 117 billones de pesos, se invirtieron 7,2 en salud, 4,5 en atención humanitaria, 2,6 para entidades territoriales y 60 billones como respaldo a créditos, es decir, la banca es la gran beneficiada”, aseguró Avella. En vía a esto se instó en la necesidad de generar aportes de los sectores más ricos para poder hacerle frente a la crisis a través de programas sociales, insistiendo, por otra parte, en la urgencia de frenar la reforma tributaria, que en palabras de la senadora “regresiva para el pueblo trabajador, pobres y capas medias”. Lo anterior sin dejar de lado una de las problemáticas creciente con la pandemia, y que se ve acentuada con la crisis económica, social y sanitaria: el desempleo, que, según las más recientes cifras del DANE, en mayo la tasa total llegó al 21.4%, presentando un aumento de 10.9 puntos respecto al mismo mes de 2019. Lo anterior es una de las razones por las que se exige la entrega de una renta básica correspondiente a un salario mínimo, acción que ha sido propuesta reiteradamente, incluso estableciendo de dónde podrían salir esos recursos. Esto sumado a uno de los dramas más notables y dolorosos que la pandemia ha expuesto: el hambre que ronda en las calles y que ha obligado a millones de personas a dejar de estar en confinamiento para buscar las formas de poder acceder a alimento. “No es posible que un gobierno no entienda que esa es una forma de activar la economía, entregándole ingresos a 9 millones de hogares, beneficiando a 32 millones de personas. (…) Con la renta básica todos los negocias se reactivan; las tiendas de barrio, los restaurantes y la compra de los productos del campo.” "Hay un detrimento en los servicios de salud" Según el Ministerio de Salud al 20 de julio en Colombia había 204.005 casos confirmados de Covid-19, 100.870 casos activos y 6.929 muertes, esto mientras el Gobierno desde inicios de marzo pedía tiempo en confinamiento para evitar un colapso de los centros médicos. No obstante, la falta de priorización en las medidas implementadas no logró un panorama muy diferente al que se evitaba. A hoy, solo en Bogotá se pasó por el 90% de ocupación de las 1.083 camas de UCI disponibles en la capital para pacientes con Coronavirus. Sin dejar de lado que en Medellín la ocupación ronda e 86%, en Barranquilla llegó al 73% luego de pasar por el 90%, en Cali el porcentaje está en el 95%. En Córdoba de las 259 camas que disponen el 81.8% están ocupadas. En Riohacha 22 de las 29 camas que tienen están ocupadas. En Quibdó hay 36 camas, sin embargo, solo 30 cuentan con ventiladores y de estas 24 ya están ocupadas. Esto, como se venía advirtiendo, es el resultado de un problema estructural sin atención, que incluso ha promovido paros, movilizaciones, y que hoy salta a la luz la validez de cada exigencia. “Persisten las dificultades provocadas por las EPS, que incluso en tiempo de pandemia el Gobierno no se atreve a toma bajo su control el financiamiento. La intermediación dificulta, corrompe y entorpece la prestación de salud en el país. Usted presidente, ha desaprovechado un momento crucial. La Ley 100 no ha servido en 27 años y hay que cambiarla”. “Hay otra pandemia, violencia contra niñas y mujeres" Así como iniciaba diciendo la senadora, a las medidas tomadas durante la pandemia han carecido de perspectiva de género, no evaluaron los innumerables riegos a los que están expuestas las mujeres durante la pandemia, y resultado de esto, es que durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio se hayan registrado, por lo menos, 148 feminicidios en el país. Agregando que solo en Bogotá las llamadas y denuncias que han sido atendidas a través de la Línea Purpura aumentaron en un 200% Sin dejar de lado, que siguiendo los datos de Medicina Legal se han reportado 2.962 hechos de violencia intrafamiliar y 933 de violencia sexual, esto como consecuencia, como lo indica Avella, que “en pandemia muchas familias deben convivir con un maltratador las 24 horas del día”. A este panorama se suma los abusos sexuales cometidos por la Fuerza Pública que han sido conocidos en este periodo. Siendo el caso de la menor Embera Katio abusada sexualmente por siete miembros del Ejército, el que motivó que muchas otras mujeres comenzaran a contar sus historias, poniendo a la luz pública que no son hechos aislados y que estamos en camino de conocer dolorosos hechos de violencia sexual cometidos por la Fuerza Pública. “Los actos de abuso sexual cometidos contra las mujeres por parte de miembros de la Fuerzas Militares merecen especial atención y castigo, porque nadie debe utilizar sus cargos de mando ni sus armas para violentar e intimidar a las mujeres y a los y las menores de edad. No se trata de manzanas podridas. Es necesario analizar el tipo de formación que reciben los militares en nuestro país. La oposición ha presentado un proyecto cuyo objetivo es la reforma a las Fuerzas Militares, con énfasis en la construcción de paz”. “Nos devolvieron a los asesinatos, a las masacres" Solo días antes del discurso de Aída Avella en el país se vivieron dos masacres. Una en Quebradón Sur, en Algeciras, donde, a pesar de que se alertó sobre la crítica situación de Derechos Humanos, 16 de julio, a eso de las 8:30 de la noche, 12 hombres armados asesinaron a cuatro personas (Edinson Moya, Juan David, Luis Gómez y Luz Burgos), entre las que se encontraría un familiar de un firmante de paz, Nencer Barrera. Días después, el 18 de julio, en Tibú, Norte de Santander, otra masacre se perpetró contra la comunidad de la vereda Totumito – Carboneras por parte de Los Rastrojos, causando la muerte de ocho personas y el desplazamiento forzado hacia el casco urbano del municipio de cerca de 450 personas en las que hay 23 adultos mayores, 132 niños, 5 en condición de discapacidad y 47 migrantes venezolanos. Este panorama pone sobre la mesa la grave situaciones que se vive en las regiones, donde además del virus se ven enfrentadas a los contextos de amenaza a las que están expuestas a causa de la presencia y disputa que ejercen grupos armados ilegales, quienes incluso han impuesto sus propias reglas para hacer cumplir la cuarentena. Adicionalente, reclaman la arremetida del Gobierno Nacional, que hace presencia, pero para adelantar procesos de erradicación forzada, acciones en las que se ha denunciado el asesinato por parte del Ejército de, por lo menos, cinco (5) personas: Alejandro Carvajal. Sardinata, Norte de Santander. 26 de marzo; Ángel Artemino Nastacuas Villarreal. Tumaco, Nariño. 22 de abril; Emérito Digno Buendía Martínez. Cúcuta, Norte de Santander. 18 de mayo; Ariolfo Sánchez Ruíz. Anori, Antioquia. 20 de mayo; Salvador Jaime Durán. Teorama, Norte de Santander. 27 de junio. “Las zonas futuro simplemente están diseñadas por una serie de proyectos que lejos de garantizar el porvenir para los habitantes restringen sus derechos a la defensa de sus tierras. Estas estrategias solo traen violencia”, indicó Aída Avella. A este panorama también se adiciona el asesinato de líderes y lideresas sociales, que solo en la pandemia, según el sistema de información Sipares van 38 víctimas. Mientras que en este mismo periodo se han cometido 14 asesinatos contra personas en proceso de reincorporación. “Nos solidarizamos con los firmantes, reconocemos su valioso compromiso. No es concebible que sigan siendo asesinados”, agregó.

Por: Walter Aldana. Columnista Pares. Todas las instituciones públicas y privadas, los procesos organizativos de la sociedad civil y hasta el himno departamental exaltan nuestro carácter multiétnico y pluricultural; se registra en los ejercicios todos de planeación, pero en lo cotidiano, en la normal puja por concretar los intereses sectoriales, étnicos, políticos, religiosos y/o sociales, es otra la realidad, sin con ello dejar de registrar un discurso reiterativo por parte de todos y todas. La reflexión hoy frente al avance para los compañeros indígenas (que logran llevar a Minagricultura al proceso sobre el “decreto para la clarificación de la vigencia legal de los títulos de origen colonial o republicano”), está signada por la valoración que tengan de las y los otros ocupantes de los territorios Caucanos, más allá de las “fronteras” de sus resguardos. Pasar del elemento discursivo de la “hermandad”, al diálogo de intereses, a la construcción conjunta de “territorios interculturales”, allí donde el bisabuelo y el abuelo afro, campesino e indígena compartían el agua, la madre tierra y enfrentaban al terrateniente en los procesos de recuperación de tierra, cultura y organización, donde transitaban por los mismos desechos para ir a la movilización social con una sola bandera: los desposeídos a enfrentar a los usurpadores de la tierra. No basta con hacer encuentros interétnicos e interculturales que den cuenta de la participación de afros, indígenas y del campesinado, no basta con que de ellos se emitan declaraciones de unidad; es en la implementación de la convivencia entre los pobres, los desposeídos, que reconociendo al otro se construyen espacios territoriales conjuntos, donde la autoridad y la convivencia es ejercida mutuamente, desde las varias cosmovisiones y no la imposición de un pensamiento. Que este decreto no lleve a la tensión de las relaciones territoriales de afros, campesinos e indígenas. Para el buen vivir, hay que impulsar los planes de vida y construir conjuntamente territorios interétnicos e interculturales en el Cauca, con sus planes de incidencia e interlocución conjunta frente a la institucionalidad y sus políticas e intereses.

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Fredy Chaverra. Politólogo y asesor en temas de paz. Desde hace cuatro años, cuando se firmó la paz con las Farc-ep, se identificaron en Colombia dos tipos de territorios: los territorios PDET y los territorios PNIS. Según el Acuerdo Final, estos lugares deberían recibir un trato especial, deberían ser atendidos de forma prioritaria en el posconflicto, con un enfoque territorial y poblacional. Esto debido a que eran los más afectados por el largo conflicto armado y, en consecuencia, donde se concentra el mayor número de víctimas de la violencia. Al primer grupo se llamó territorios PDET, constituido por 170 municipios (11 000 veredas en 19 departamentos) y distribuidos en 16 subregiones, y donde se debían implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Al segundo grupo se le denominó territorios PNIS, constituidos por 52 municipios (3.053 veredas en 14 departamentos), y donde se implementaría el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos y los Programas Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo. Paz en los territorios Entre el 2016 y el 2018 el Gobierno Santos avanzó en el diseño de ambos programas. Con más fortaleza en los territorios PDET en los cuales, desde la Agencia de Renovación del Territorio (ART), se inició un despliegue temprano de oferta instruccional con pequeñas obras de infraestructura; además, una movilización de las comunidades y autoridades locales en torno a priorizar proyectos de inversión social, económica y productiva en los territorios rurales. La idea del gobierno Duque fue cambiar unilateralmente lo pactado en La Habana, paralizando la implementación del PNIS y rebarajando los territorios para el posconflicto. Fotografía: Pares. El Gobierno Santos buscó aterrizar la paz en los territorios y en consonancia con lo acordado en la Reforma Rural Integral, promover el fortalecimiento de las comunidades en la construcción de visiones compartidas de desarrollo en los PDET y el PNIS. Para lograrlo, se adoptó una lógica de diagnóstico e implementación que en las políticas públicas se llama enfoque Bottom-Up (abajo-arriba). Sustentando una dinámica de construcción de paz con un fuerte énfasis en el diseño participativa del desarrollo local. Sin embargo, a pesar de los notables avances alcanzados con los grupos motores en el diseño de los PDET y las asambleas comunitarias del PNIS, al llegar el nuevo gobierno se dio un giro en la visión de intervención pública, en los territorios más afectados por el conflicto. La idea del gobierno Duque fue cambiar unilateralmente lo pactado en La Habana, paralizando la implementación del PNIS y rebarajando los territorios para el posconflicto. Las Zonas Futuro de Duque A la nueva política pública la llamó Paz con legalidad. Con ella el gobierno Duque ha desconocido los espacios de participación y convergencia comunitaria que se habían creado en el Acuerdo. Invirtiendo la lógica de diagnóstico e implementación. Con la Ruta Futuro y la Hoja de Ruta de Planeación para la Estabilización de los Municipios PDET y PNIS el gobierno plantea un plan de acción territorial desde una visión centralista. Es decir, adoptó un enfoque tradicional de gobierno, la de pensar las políticas de arriba hacia abajo, lógica que se conoce como el enfoque Top-Down (arriba-abajo). Este giro en la forma de intervención quedó evidenciado con el lanzamiento en agosto de 2019 de las denominadas Zonas Estratégicas de Intervención Integral. Con la Ley 1941 de 2018 y con el concepto del Consejo de Seguridad Nacional, el gobierno Duque creó estas Zonas Futuro. Son 44 municipios y no 170, son 995 y no 11 mil las veredas que serán priorizadas en Colombia para el posconflicto. Es una nueva geografía que comprende tan sólo el 2,4% del territorio nacional (Pacífico nariñense, el Catatumbo, el Bajo Cauca y sur de Córdoba, Arauca, Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales aledaños). Sin duda el Gobierno Duque cambió las normas de juego y le dio un giro a la política de paz. Ahora, con las Zonas Futuro el objetivo es promover una política de seguridad territorial y no la acordada con los territorios a partir de la planeación del desarrollo local participativo. Es una nueva lógica de intervención estatal caracterizada por el militarismo, con la que se busca el reforzamiento de la presencia del Ejército en regiones donde persisten la confrontación armada, cultivos ilícitos y débil presencia institucional. De esta forma rivalizan en Colombia dos formas de pensar el posconflicto. Las Zonas Futuro viene a imponer otra forma de intervención estatal y que rivaliza con aquella pactada con las familias cocaleras, que suscribieron acuerdos voluntarios de sustitución en el marco del PNIS o están a la espera de las obras integradas al Pdet. Se está perdiendo y desconociendo todo el trabajo realizado de activación social y comunitaria. Un trabajo de organización social con el que se logró crear una visión local de desarrollo. Se está adoptando un viejo modelo de intervención, que no consulta si no que impone. En este caso, se inserta una estrategia de intervención militar, que refuerza la presencia de Fuerza Pública como estrategia para atender los territorios más afectados por el conflicto y con claro abandono estatal. Con las Zonas Futuro el objetivo es promover una política de seguridad territorial y no la acordada con los territorios a partir de la planeación del desarrollo local participativo. Es una nueva lógica de intervención estatal caracterizada por el militarismo, con la que se busca el reforzamiento de la presencia del Ejército en regiones donde persisten la confrontación armada, cultivos ilícitos y débil presencia institucional. Imágen: Pares. Es un programa de construcción de paz que irrumpe nuevamente con la bota militar y que impone la erradicación forzada de cultivos ilícitos sobre la sustitución. Generando con esto desconfianza en el Estado y destrucción del tejido social. Las Zonas Futuro son una propuesta de militarización del porvenir, que está generado un mayor temor en las comunidades y liderazgos locales. En síntesis, conviven en Colombia dos modelos para el posconflicto. Uno pactado y ensayado por las comunidades donde el conflicto armado fue más fuerte, y que se caracteriza por la construcción colectiva y territorial de una visión de futuro. Y otro impuesto unilateralmente, desde arriba, por el Gobierno Duque, y que se caracteriza por la militarización y la seguridad como factores del desarrollo.