Por: Redacción Pares Fotografía: Cortesía El Pilón Otro vago y otro clan premiados en la configuración de las nuevas mesas directivas del congreso. Los acuerdos de la coalición de gobierno establecen que además de Arturo Char en la presidencia del Senado, la Comisión Tercera, la de asuntos económicos (considerada la más importante junto con la Primera y la de económica) quedaría en manos de José Alfredo Gnecco quien, al igual que Arturo Char es un ausentista reconocido y un gris parlamentario a a quien no se le conoce ni un proyecto ni un debate. La elección de Arturo Char como presidente del Senado indica que ni la rebelión social, ni la crisis inédita que vive al país a causa de la pandemia, empuja a la clase política a realizar cambios. Así lo señaló León Valencia, director de Pares, en su columna de opinión de este domingo. Ni siquiera, señala el analista, mínimos cambios. Mover un acuerdo. Pensar en las personas que designan para ocupar altos cargos. Son ciegos y sordos ante el llamado que les hizo la sociedad a finales del pasado año con la protesta social y la elección de alcaldes y gobernadores alternativos y ante la tormenta desatada por la Covid 19. José Alfredo Gnecco Ahora el turno llegó para José Alfredo Gnecco, miembro del Clan Gnecco y primo del gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien acaba de ser condenado por la Corte Suprema de Justicia por delitos electorales y corrupción al sufragante en hechos ocurridos en las elecciones del 2011. Fue representante a la Cámara por el Cesar (2010-2014). Es hijo de Lucas Gnecco y sobrino de Cielo Gnecco. Llegó al Senado con el apoyo en La Guajira de “Kiko” Gómez Cerchar, quien es primo de Cielo Gnecco y fue condenado a 55 años de prisión por homicidio. El Clan Gnecco, en cabeza de Cielo Gnecco, en las elecciones parlamentarias 2018 logró ampliar su fuerza en el Congreso a pesar de los probados vínculos que han tenido con paramilitares, narcotraficantes y los juicios en su contra que van desde desvío de recursos públicos hasta condenas por homicidio. Los candidatos del clan que se quemaron fueron: Fawzi Muvdi Anillo, y el hijo del condenado homicida y ex gobernador de la Guajira «Kiko» Gómez, Francisco Gómez Bacci, quien era candidato por Opción Ciudadana. Sin embargo, el clan logra consolidar su fuerza en el Cesar, con dos representantes a la cámara y su presencia nacional con dos (2) curules en el senado. El Clan Gnecco La familia Gnecco, de origen guajiro y filiación liberal, reunió una fortuna durante el auge del contrabando y la bonanza marimbera. Aunque no era una familia tradicional del Cesar, entraron sin dificultad a la élite. Aproximadamente, en 1995, Jorge Gnecco inició la participación política del Clan. Jorge fue conocido por su relación con grupos paramilitares. Mientras estuvo a la cabeza del clan, lograron un poder en la región sin precedentes. Aseguraron puestos de representación política tanto en las autoridades locales, como en las esferas nacionales: el hermano de Jorge, Lucas Gnecco, fue gobernador del Cesar en dos periodos (1988 y 1992). El sobrino, Hugo Gnecco, fue alcalde de Santa Marta en 2000 y 2003; su hermano, Pepe Gnecco, fue parlamentario en 1998; su cuñado, Rafael Bolaños, fue gobernador del Cesar en 1998; y su sobrina, Flor Gnecco, fue elegida senadora en las elecciones de 2001. La era dorada del Clan terminó con el asesinato de Jorge en 2001 a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La muerte del patriarca, sumado a los continuos escándalos de corrupción y vínculos ilícitos del resto de sus miembros, mermaron el poder de los Gnecco. Uno a uno enfrentó cargos. Lucas Gnecco fue condenado a 36 meses de prisión por el delito de constreñimiento electoral, además, entre 2000 y 2009 fue condenado tres veces por la Corte Suprema por los delitos de celebración indebida de contratos y delitos de prevaricato. Hugo Gnecco fue investigado por irregularidades en materia de contratación pública y fue extraditado en 2007 desde Venezuela por delitos asociados a desfalcos en la administración pública cuando se desempeñó como alcalde de Santa Marta. Rafael Bolaños fue destituido como gobernador del Cesar por la Procuraduría.

Por: León Valencia, director – Pares La elección de Arturo Char como presidente del Senado indica que ni la rebelión social, ni la crisis inédita que vive al país a causa de la pandemia, empuja a la clase política a realizar cambios. Ni siquiera mínimos cambios. Mover un acuerdo. Pensar en las personas que designan para ocupar altos cargos. Son ciegos y sordos ante el llamado que les hizo la sociedad a finales del pasado año con la protesta social y la elección de alcaldes y gobernadores alternativos y ante la tormenta desatada por la Covid 19. Ni Cambio Radical -el partido que por acuerdo debía postular el candidato- ni los demás partidos, fueron capaces de preguntarse por el momento del país y por las calidades profesionales, morales y éticas de quien debe presidir el legislativo en un momento decisivo de la vida nacional. No hay disculpa. Hay hechos inmediatos y públicos que obligaban a sacar a Arturo Char del llavero de los candidatos a presidir el Congreso. No era necesario remontarse a la historia familiar. El señor Char está señalado por Aida Merlano de participar en la trama de corrupción que la llevó a la cárcel y también de haber participado en la burlesca fuga que protagonizó la condenada. Por estas acusaciones, la Corte Suprema adelanta una indagación. Es un impedimento ético indiscutible. Pero si esto fuera poco, está el impedimento profesional. La organización Trabajen Vagos le registra 149 asistencias al Congreso entre los años 2014 y 2018. Un vago metido en escabrosas investigaciones judiciales es quien va a orientar las labores del Congreso. Sólo hay una explicación para este desafuero. El enorme poder acumulado por el Clan Char. Las elecciones parlamentarias y locales de 2018 y 2019, mostraron el vertiginoso ascenso de este clan político. Mal contados, el clan sacó seis senadores y tres representantes en las parlamentarias, y en las locales se alzó con la Alcaldía de Barranquilla y la gobernación del Atlántico; participó, además, en la mayoría de las coaliciones políticas ganadoras en los siete departamentos de la Costa Atlántica. El emporio empresarial no es menor: la cadena de supertiendas y droguerías Olímpica ocupa el tercer puesto entre las empresas más poderosas del país, según la revista Dinero, en el segmento de alimentos; y en el segmento de televisión y radio la organización Olímpica ocupa el octavo lugar. Tienen además equipo de fútbol y banca propia, amén de otros negocios. Hay quienes calculan su fortuna en cerca de 500 millones de dólares. Los Char han puesto alcaldes en Barranquilla, entre estos Elsa Noguera, han movido fichas en el Congreso que han servido al clan para su anclaje a través de una transferencia del capital político que han construido por años. Imagen: Pares. Con esta fuerza económica y política se han hecho al control real de Cambio Radical en desmedro de Germán Vargas Lleras, que se ha visto obligado a negociar y ceder buena parte de la representación de ese partido. La conquista de la presidencia del Senado es un paso en firme hacia la postulación de Alejandro Char, quien fuera alcalde de Barranquilla, a la Presidencia de la República. Tales son las aspiraciones de este clan. Entre los cercanos a la familia existe la convicción de que él éxito se debe a las ambiciones y habilidades empresariales y políticas de Fuad Char, el patriarca del clan. Eso tiene mucho de verdad. Pero también es verdad que para acumular tal fortuna e influencia han recurrido a todas las prácticas indebidas e ilegales corrientes en la vida colombiana. Aprovechan la vida pública para alimentar con contratos sus empresas y para desarrollar el más descarado clientelismo político. Una rama de la familia tiene a David Char declarando ante la Jurisdicción Especial de Paz sus nexos con los paramilitares y narcotraficantes de la costa. Para amargarles un poco el rato, la Fuerza Social de Respuesta Anticorrupción -Fuerza-, se atrevió a enviarles a todos los parlamentarios un derecho de petición buscando que aclararan si han tenido negocios o aportes de las empresas de los Char que pudieran significar un impedimento para votar por Arturo Char a la presidencia del Senado. Se trata de indicarle al Clan Char que su enorme poder tiene vigilancia en la sociedad civil, que en estos años serán monitoreados y tendrán siempre una contraparte crítica en la ciudadanía. También la oposición al interior del Congreso está haciendo lo suyo para enviarle un mensaje a la sociedad. Un grupo de parlamentarios ha postulado al senador Iván Marulanda para presidir el Senado. Esta postulación, que seguramente tendrá importantes votos de carne y hueso, tiene una enorme carga simbólica, como quiera que Marulanda fue compañero inseparable de Luis Carlos Galán en su proyecto político y ha tenido una trayectoria especialmente decente en la vida pública colombiana.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. Las tortugas tienen un caparazón para esconderse en cualquier lado. Si yo también tuviera uno, no habría pasado nada. Si yo fuera fuerte, como el león, habría peleado. Pero no, hermana, el espanto bajó del barranco, me cogió, y yo grité asustada. Fragmento de Las Tortugas escrito por Diana Jimena Martínez, incluido en el libro VISIBLEMENTE. En las últimas semanas se ha comenzado a abrir más profundamente unos de los capítulos más dolorosos del conflicto armado: la violencia sexual. Esto luego que se conociera el abuso sexual del que fue víctima una menor perteneciente en la comunidad Embera Katio por parte de siete miembros del Ejército Nacional del Batallón Alta Montaña de Génova (Quindío) y que prestaban labores de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo (Risaralda). El hecho ha permitido que otras mujeres, que por años han guardado silencio, comiencen a hablar. Lo que, más allá de la cifra que se presenta sobre mujeres víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual – 29,189-, pone sobre la mesa que todavía hay un camino largo por caminar y relatos por escuchar para conocer la realidad de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. En ese camino también debe abrirse con urgencia la discusión y diálogo sobre los procesos de reparación, partiendo de un análisis interseccional que permita atender de manera efectiva y diferencial a las víctimas de este crimen, generando a su vez que la denuncia y los procesos de judicialización sean principalmente responsables con las mujeres. De esta forma una de las experiencias a destacar es la de Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, una organización que trabaja por los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, que han logrado incidir en procesos de 665 mujeres víctimas de VS en nueve departamentos del país: Cauca, Antioquia, Bolívar, Neiva, Cúcuta, Arauca, Meta y Cundinamarca. Adicionalmente, entre los procesos que ha adelantado la Red está la realización de 19 jornadas colectivas en las que 1.238 víctimas han denunciado casos de violencia sexual, la presentación de un informe a la JEP sobre violencia sexual, la incidencia en el diseño de la ley 1719 de 2014 y la participación en las delegaciones de víctimas que fueron a la Mesa de conversaciones en La Habana, quienes lograron incluir la VS y el enfoque de género en el Acuerdo de Paz. Además de estas incidencias, donde se incluye también la implementación de la estrategia de prevención de violencia sexual en 29 colegios con 289 jóvenes y 303 mujeres de las nueve regiones, también han realizado procesos de reparación a través de relatos literarios hechos con mujeres que han vivido estos casos y que han sido compilados en el documento VISIBLEMENTE. Asimismo, lograron producir nueve capsulas radiofónicas tituladas ‘Para nosotras, pero con nosotras’, en el que oralmente se narran relatos de mujeres víctimas de violencia sexual a través de nueve capítulos (uno por cada zona de trabajo). Estos fueron elaborados como parte de la conmemoración del #25N del 2019, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por todo lo anterior, Pares habló con Ángela María Escobar, representante legal de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, quien además ha participado en las acciones anteriormente nombradas. Pares: ¿Cómo comenzó y por qué se da el trabajo que ahora hace la Red? Ángela María Escobar: Nosotras venimos desde el 2015 trabajando en la visibilización de la violencia sexual, para que las mujeres víctimas de estos hechos podamos tener voz propia y liderazgo sobre nuestros casos, buscando conjuntamente el acceso a la justicia, que, por ejemplo, se da por medio de las jornadas de denuncias colectivas, que fue un modelo que creamos con Claudia Rueda entre 2010 y 2011. Ella inició esto al ver tanta mujer que se acercaba a denunciar y a contar cómo era el maltrato en la Fiscalía, que en ese tiempo no lo nombrábamos revictimización, pero eso era. Ante eso ella empezó a crear ese modelo junto a otras compañeras. En el 2013 empezamos a trabajar con la Fundación Mujer Sigue Mis Pasos, ahí fue cuando una coordinadora de región nos llamó a decirnos que hay muchas mujeres que quieren denunciar, que quieren hablar. Con esto vimos la necesidad de crear un lugar amable y seguro para que la institucionalidad llegue donde están las mujeres y no las mujeres a donde está la institucionalidad. Pares: Desde su experiencia, ¿cuál es la lectura que hacen del actual momento en el que se han comenzado a conocer las historias de más mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado? A.M.E: La lectura es que en este país no hay justicia, si no hay para otros casos es muy difícil que la haya para hechos de violencia sexual. Si bien ahora se están empezando a conocer relatos toca esperar a ver qué va a pasar para que no se siga alimentando la impunidad, porque siempre hemos sido las mujeres las que tenemos que demostrar que no somos culpables de lo que nos pasó, que los culpables son quienes utilizaron nuestros cuerpos para sembrar terror en la guerra. Con esto nos toca seguir exigiéndole a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es la única esperanza que tenemos para que haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que abran ya el caso de violencia sexual, porque nada ganamos con ir de denuncia en denuncia y que no pase nada, que lo único que pase es que sirvamos como estadísticas y cifras. Pares: Uno de los aportes que se han hecho desde la Red ha sido a la JEP. ¿Cuál ha sido el papel de esta jurisdicción para tratar los casos de abusos sexual ocurridos en el conflicto armado? A.M.E: Nosotras en el 2018 hicimos una alianza con la Mesa de Participación de Víctimas con la campaña No Es Hora de Callar y entregamos cerca de 2.000 casos documentados, como Red aportamos casi 700. En agosto del año pasado entregamos ya como organización 163 casos más. Esto fue, entre otras cosas, para pedir que abran ya el caso, porque se les han entregado las suficientes herramientas, casi 21 informes de varias organizaciones. Hay que nombrar, por otro lado, la importancia de la JEP frente a la justicia ordinaria, primero porque en esta última siempre nos veían como – “ya llegaron otra vez a agotar el sistema, a exigir”-. En cambio, en la JEP sentimos que el apoyo es mucho más grande, más efectivo; podemos ir, hablar, preguntar, pero todavía hay exigencias. En una reunión que tuvimos en diciembre con Patricia Linares se quedó en que íbamos a hacer unas mesas de trabajo, sin embargo, hasta ayer llegó un correo diciendo que ya íbamos a iniciar con esas mesas, más de seis meses después. Pares: El tema del acceso es uno de los que requiere mayor atención. En un panorama más amplio de violencia sexual cometido también fuera del conflicto armado, ¿cuáles han encontrado ustedes que son las falencias más graves de para acceder a la justicia? A.M.E: Siempre hay duda del funcionario hacia la mujer. Nos preguntan si en realidad nos violaron, nos cuestionan qué hacíamos y porqué estábamos donde estábamos, siempre nos tratan de hacer culpables. Eso se resume en que les hace falta el suficiente cuidado. Otra falla es que las probabilidades de que archiven los casos son muy altas, entonces ¿para qué denunciar si no pasa nada? Aquí se trata de que se tomen acciones urgentes. Cuando se dice que cadena perpetua para los violadores de niños y niñas yo no sé si es que no se pusieron a pensar en la cantidad de falencias que tiene esa medida. Por ejemplo, una o un menor no va a denunciar si sabe que a su papá lo van a meter toda la vida a la cárcel y él o ella se van a sentir culpable de eso. Hay que nombrar también que la cárcel no resocializa a nadie, lo que hace falta es prevención y educación para poder erradicar la violencia sexual, tanto en contextos de conflicto armado, pero también fuera de este. Hay, además, que erradicar el miedo que nos da poner la denuncia, en esa problemática un camino posible es capacitar de forma efectiva a las y los funcionarios que hacen los procesos judiciales. Pares: Uno de los procesos en el que ustedes hacen hincapié es en el de reparación, ¿qué pasos han dado ustedes y cuáles no se han dado, pero son necesarios? A.M.E: Desde el 2016 tuvimos la oportunidad de traer al doctor Denis Mukwege, con él presentamos la campaña Visiblemente, allí creamos, con más de 108 mujeres, las propuestas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en ese momento estábamos a poco de la firma del Acuerdo de Paz, y por eso lanzamos esa campaña, para decirle a la sociedad – “aquí estamos haciendo visible la violencia sexual”-. En el 2015 nosotras éramos Red, pero no teníamos personería jurídica, en ese momento llegó una estudiante de la Universidad de los Andes, Lucía Gallón, que nos puso en reflexión que se hablaba y hablaba de violencia sexual desde las cifras, pero no pasaba nada. Entonces ella invitó a otras estudiantes y crearon un grupo que se llama Las Troyanas y empezaron a analizar las denuncias que teníamos y de ahí a sacar unos relatos literarios para mostrar la violencia sexual desde otro lado y no con el morbo con el que se tiende a hacer. Luego hicimos otro tipo de relatos a través de unos productos radiofónicos, apelando al valor de la radio y del arraigo que esta tiene en los territorios, lo que nos permitió contar la historia de otra forma, pero de nuevo con la voz de las mujeres que quisieron hablar, resaltando que recogimos historias de varias zonas del país. Después se nos dio la oportunidad de participar en la obra Fragmentos de Doris Salcedo, ella nos dio un reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas de violencia sexual. Hay que decir que nosotras del Estado no hemos tenido ninguna reparación. Ya en 2017 viajamos algunas a Ginebra donde nos pudimos empezar a organizar como red global, y esto nos permitió ir a otras conferencias donde siempre pusimos sobre la mesa el tema de la reparación para trabajarlo más a fondo. Ahí llega también la discusión de las reparaciones tempranas, que es un concepto que venimos trabajando desde la Red y la Unidad de Investigación y Acusación de la mano de Pilar Rueda, quien nos ha dado toda la asesoría y acompañamiento. Con el inicio de ese trabajo nos dimos cuenta de que nos falta mucho por andar para hablar de reparaciones efectivas, por ejemplo, no se habla de la reparación en salud; a las mujeres estos casos, entre otras muchas cosas, les causa, por ejemplo, incontinencia urinaria, enfermedades de transmisión sexual, muchas mujeres quedaron estériles. Tampoco se habla de reparación desde la educación, desde la gestión de la economía; el Estado cree que con dar un proyecto productivo con eso las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto tenemos calidad de vida digna, eso es mentira. Las indemnizaciones no reparan, muchas preferimos entregar esa plata a nuestras familias, como lo hice yo. En ese sentido empezamos a priorizar las reparaciones tempranas, las cuales son aquellas acciones que se hacen sin la necesidad de la decisión de un juez, porque mientras esperamos que un juez investigue los daños causados nunca vamos a ser reparadas. Hemos venido trabajando en la posibilidad de instalar en el país un centro especializado para atención a víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. El doctor Denis Mukwege tiene en el Congo un hospital donde ha hecho reparación a las partes íntimas a más de 2.000 mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia sexual dentro de conflictos armados. Entonces teniendo este referente lo que queremos es que en ese centro especializado exista todo; que haya médicos/as, cirujanos/as, que haya por lo menos asesoría para el acceso a la justicia, que haya ayuda psicosocial y emocional. Pares: Una de las dificultades en la denuncia y también que hay para conocer las verdades sobre la violencia sexual en el conflicto es la falta de la institucionalidad en zonas alejadas de las ciudades. ¿Ustedes cómo han logrado la incidencia en las regiones y el trabajo con las mujeres rurales? A.M.E: Nosotras como organización trabajamos en 9 regiones del país, Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Chocó, Huila, Meta, Norte de Santander y Cundinamarca, con esta presencia lo que nos ha facilitado el trabajo en las regiones es el voz a voz, lo que también nos ha permitido cercanía con las mujeres rurales. No obstante, todavía faltan muchas de estas mujeres, porque la guerra sobre todo se vivió en los territorios, en los mismos donde instaurar una denuncia por violencia sexual es un proceso complejísimo por las mismas dinámicas violentas. Sin embargo, siempre hay alguien que llega habla y luego quiere acompañar estos procesos de denuncia. Cuando una sola mujer rompe el silencio no hay quién las pare. Eso lo hemos visto en las 19 jornadas de denuncias colectivas que hemos tenido, donde muchas mujeres que antes no habían sentido la posibilidad segura de hablar lo sienten con este espacio. Pares: ¿Cuál es el paso a seguir luego de que decepcionan las denuncias colectivas? A.M.E: Cuando hacemos las jornadas las personas nos firman un consentimiento para que hagamos seguimiento a los casos. Nosotras tenemos un sistema de información donde incluimos la denuncia para poder hacer seguimiento ante la Fiscalía, la Defensoría o la entidad donde esté el caso. Por ejemplo, en una jornada de denuncias en Antioquia la coordinadora de esta zona es la única que puede entrar al sistema de información a ver los casos de ese punto. Muchas mujeres nos cuentan en estos procesos que las llama la Policía Judicial y las sigue revictimizando con las preguntas que les hace. Entonces lo que hace la coordinadora bajo el punto de seguimiento es describir lo que la víctima le contó de las palabras del investigador. Si vemos que desde la regional no hay respuesta, lo escalamos y así vamos teniendo constante comunicación con la entidad que lleva el caso para que nos den respuesta de cómo va cada proceso. Pares: ¿Ustedes cómo incentivan las jornadas de denuncia colectiva? A.M.E: Aquí es por las mujeres. Si una mujer se dio cuenta que otra mujer en su región habló de violencia sexual en medio del conflicto, ellas mismas se van acercando. Eso se convierte en una voz a voz donde somos un referente de confianza que nos permite tener unos talleres de formación donde ellas van identificando los tipos de violencia y así van decidiendo que quieren denunciar. Pares: Ustedes también han trabajado con comunidades indígenas, ¿cómo manejar los procesos de reparación teniendo en cuenta la relación de las mujeres víctimas con sus comunidades? A.M.E: Con las Red hemos hecho tres jornadas de denuncias colectivas con las comunidades Embera Katio y Embera Chamí de los resguardos de Chigorodó, Antioquia. Allá tenemos una coordinadora y ha sido esta mujer la que ha venido trabajando todo este tema en estas comunidades, donde también hay una capacitación a los gobernadores del territorio porque, en este punto, hay que hacer hincapié en que en contextos como los de estas comunidades el diálogo debe ser más amplio. Así se ha logrado una identificación de violencias y derechos por parte de las mujeres indígenas de estos resguardos. En esta experiencia en particular el gobernador mayor ha sido muy consciente de las dimensiones de esta problemática y por medio de él se nos ha permitido llegar a las mujeres indígenas para que ellas denuncien. Recuerdo que después de la primera jornada el gobernador de la comunidad nos envió una carta diciéndonos que había más mujeres que querían denunciar. Pares: ¿Cuál es la evaluación que desde la Red hacen a la implementación del Acuerdo de Paz? A.M.E: Cuando se firmó el Acuerdo de Paz quedó la violencia sexual como un punto específico e independiente. Sabemos que ha sido difícil la implementación del Acuerdo por los opositores que ha tenido, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de exigir que se cumplan cada uno de los puntos pactados. Esa implementación facilita que la JEP abra el caso de violencia sexual, nosotras no estamos diciendo que abran 1.000, 2.000, 5.000 casos, con un caso que abran nos vamos a ver representadas muchas mujeres. Defendemos el Acuerdo de Paz, defendemos la JEP porque en los casos de violencia sexual es prioridad que haya una justicia restaurativa y participativa. Cuando se creó la Ley 1975 de Justicia y Paz fue una verdad a medias; las mujeres que fuimos víctimas de violencia sexual por parte de paramilitares nunca conocimos una verdad. La JEP ahora es una posibilidad pertinente porque es una justicia que nos va a permitir conocer esas verdades, es la esperanza que tenemos y seguiremos luchando para que estos casos de violencia sexual tan degradantes no sigan siendo una constante y también para que en realidad haya una paz estable y duradera.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo “Cuestionamos la legitimidad del presidente porque desde la compra de un voto deslegitima una campaña. Además, para el caso de esta presidencia, estamos hablando de asuntos escandalosos como los de la ‘ñeñepolítica’. Estamos ante un gobierno ilegítimo, y en el marco de una Fiscalía que no investiga. El Fiscal hizo parte de la campaña de Duque y es su amigo de infancia” Pares habló con María José Pizarro, Representante a la Cámara por Bogotá, integrante de la Comisión Sexta Constitucional, Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Representantes y Copresidenta de la Comisión de Paz. Hablamos de la Renta Básica, una propuesta realizada por la bancada de oposición del Congreso. La propuesta tiene dos ejes. En un primer escenario se plantea poder entregar un subsidio por el valor de un salario mensual en el que se incluyan todas las prestaciones sociales, lo que equivaldría a $1.409.000 que serían entregados a trabajadores y trabajadoras que ejercen de manera formal e informal y que sus actividades hacen parte de los sectores más afectados. De esta forma se verían impactadas 3.5 millones de personas. «El ingreso solidario del Gobierno Nacional, en términos económicos, es una ayuda paupérrima. No alcanza para la realidad para la población más vulnerable. Proponemos es un salario mínimo vigente, que le permitiría, entre otras cosas, solventar la situación que trae este pico de la pandemia.” Por otra parte, la discusión por la democratización de la educación superior no es nueva y no ha dejado de estar en las exigencias del movimiento social. Una de las exigencias del sector estudiantil tiene que ver con las problemáticas por el acceso a la educación, la calidad de los espacios educativos virtuales y los pagos de matrícula. “Matrícula cero, señala Pizarro, propone que durante este semestre los estudiantes de las universidades públicas, que adopten este modelo, no tengan que pagar. En el caso de la universidad de Cundinamarca el gobierno departamental asumió más del 50 %, el ministerio de Educación más del 30% y la universidad el porcentaje restante. Esto permite mantener garantía al derecho fundamental de educación”. Sobre la coyuntura política y a poco menos de dos años para las elecciones presidenciales de 2022, ya se empieza a prever un panorama político de posibles candidatos y de los escenarios sociales en los que avanzarán las campañas en los próximos meses. En este paisaje político hay quienes ya han venido haciendo una carrera hacia la presidencia, tal es el caso de Gustavo Petro, quien obtuvo 8.034.189 votos en la segunda vuelta presidencial de 2018 y Sergio Fajardo que logró 4.602.916 votos en la primera vuelta de las pasadas elecciones. “Estos dos años que vienen van a ser bastante agitados. Para algunos, la situación ya está más o menos cantada entre cuatro, o cinco candidatos. Para otros el país de la pospandemia puede darle un vuelco a la política”, afirmó León Valencia, director de Pares. Acerca de esta carrera que ya arrancó, la representante Pizarro indicó: “En este momento agito las banderas, de cara a la presidencia, a Gustavo Petro porque plantea cambios estructurales. No podría acompañar a Sergio Fajardo, yo creo en líderes que sienten posición y que no lleguen tarde a las realidades. Le propongo a Fajardo que si levanta las banderas del progresismo que se mida en democracia con Gustavo Petro.»

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. Foto Portada: Cortesía del portal @180GradosPrensa Una masacre en la vereda de Quebradón Sur, en Algeciras, continúa alertando sobre la crítica situación de Derechos Humanos que se está viviendo en este municipio del departamento del Huila. Vienen siendo desatendidas las denuncias que distintos líderes, lideresas y firmantes de paz han hecho sobre sobre Algeciras. Este 16 de julio, a eso de las 8:30 de la noche, 12 hombres armados asesinaron a cuatro personas entre las que se encontraría un familiar de un firmante de paz, Nencer Barrera. Fuentes del municipio le dijeron a Pares que los hombres armados, tras la masacre, amenazaron contra la población diciendo que la idea era “acabar con toda la familia Barrera e incluyendo las familias de las otras víctimas”. Esto ha generado temor y deseo de salir al casco urbano de Algeciras —donde esperaran declarar la situación y el desplazamiento forzado— y de allí a ir rumbo a Neiva. Familias piden ayuda para desplazarse del municipio De acuerdo con FARC, dentro de las víctimas mortales se encuentra el menor de 16 años Edinson Moya, Juan David, Luis Gómez y Luz Burgos. Asimismo, entre las víctimas que resultaron heridas se encuentra el niño de ocho (8) años Sebastián Muñoz y Noé Cifuentes. De esta forma, las fuentes del municipio le comunicaron a Pares que hay familias esperando ser evacuadas del sector conocido como Primavera de Quebradón Sur, donde fueron asesinadas estas personas anoche. Según estas fuentes, la preocupación avanza debido a que no quieren que la noche los tome en esta zona rural. También, le hicieron saber a Pares que desde la media noche del 16 y desde la madrugada de este 17 de julio, las comunidades han intentado establecer condiciones de seguridad, pero no han contado con mucho apoyo de la institucionalidad y ha sido nula la ayuda de la Fuerza Pública. Las comunidades hacen un llamado a la Defensoría del Pueblo, a Defensores de Derechos Humanos y a la Personería Municipal para atienda esta situación. Situación de la región Cacica Atahualpa, quien es una firmante de paz, precisa que “la situación en el departamento de Huila, en lo que va corrido del año, es muy preocupante ya que se ha incrementado los casos de desplazamiento forzado, los asesinatos sistemáticos y selectivos. Lo que tiene que ver con el municipio de Algeciras, que es —hoy por hoy— el epicentro de la violencia—; de allá han tenido que salir más de 60 familias desplazadas, dentro de las que se encuentran 11 familias de firmantes del Acuerdo de Paz.« En el Huila han sido asesinadas, tras la firma de los acuerdos, siete (8) personas en proceso de reincorporación. El 100% de los casos han sido perpetrados en el gobierno Duque, es más, los asesinatos han ocurrido en entre el 2 de Julio de 2019, cuando fuera asesinado Héctor Delio Cuasulán Guangua, y el más reciente el pasado 14 de julio cuando hombres armados acabaron con la vida de José Antonio Rivera de 53 años en Pitalito, quien hacía parte de la cooperativa de COOAGROPAZ. Asimismo, más de la mitad de los asesinatos —cinco (5)— han sido durante el 2020, teniendo como último registro la masacre perpetrada por 12 hombres armados, tal como lo dio a conocer el Partido FARC e información que le confirmaron fuentes en territorio a Pares. De acuerdo con estas versiones, este grupo de hombres armados —a los cuales no se les ha podido determinar a qué pertenecen— incursionaron, en horas de la noche de este jueves 16 de julio, por la vereda Quebradón Sur, en un sector conocido como Primavera. Huila y Algeciras: territorios de riesgo Cabe recordar que recordar, además, a nivel nacional —durante la pandemia del Covid-19 en Colombia que registró su primer caso positivo el pasado 6 de marzo— han sido asesinados 22 firmantes de paz. Huila está dentro de los tres departamentos más victimizados en contra de exguerrilleros, con Putumayo con cinco (5) asesinatos) y en Meta ocho (8). Por otra parte, Huila hace parte de los cinco departamentos que en donde más han asesinados líderes y lideresas sociales en 2020, el 7,2% de los asesinatos han ocurrido en territorio huilense. Además, Algeciras, el municipio en cuestión, hace parte de los cinco municipios más victimizados a nivel nacional. El 5.8% de los asesinatos han tenido ocurrencia allí, es el segundo después de Tibú que tiene 7,2%. Sin garantías y con presencia de grupos armados De acuerdo con investigaciones de Pares, en el departamento del Huila hace presencia el Clan del Golfo en el municipio de Tello. Asimismo, hace presencia el Grupo Armado PostFarc Frente 17 en Tello y Algeciras y el Frente 3 en Neiva y Suaza. Por otro lado, las comunidades han denunciado hechos de violación de Derechos Humanos en municipios como, por ejemplo, Algeciras. De acuerdo con Cacica, la zozobra y el miedo se tomó al municipio e incluso porque “no existen garantías para las familias” de los líderes y lideresas sociales, ni de los exguerrilleros que hacen su proceso de reincorporación en el municipio. Frente a la situación de las familias que piden ser evacuadas por la institucionalidad, la noticia continúa en desarrollo debido a que en el municipio se está llevando a cabo un consejo de seguridad en el que se está valorando la situación, de acuerdo como le confirmaron a Pares.

Por: Isaac Morales Pérez. Coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado, Pares. Human Rights Watch presentó un informe en el que revela que varios grupos armados en Colombia han cometido asesinatos y otros abusos contra civiles para imponer sus propias medidas en contra de la propagación de la COVID-19, han estado ejerciendo control sobre la población y el territorio para evitar la propagación del virus; la organización internacional asegura que en al menos 11 de los 32 departamentos del país, estos episodios se han registrado desde inicios de las medidas de aislamiento obligatorio que decretó el Gobierno Nacional. “En al menos cinco de estos departamentos, los grupos utilizaron la violencia para imponer el cumplimiento de sus normas, y en al menos otros cuatro amenazaron con recurrir a la violencia. Los grupos han comunicado, generalmente a través de panfletos y mensajes de Whatsapp, una amplia variedad de medidas que incluyen toques de queda; cuarentenas; restricciones a la circulación de personas, automóviles y embarcaciones; límites con respecto a los días y horarios de apertura de tiendas; y la prohibición de acceso a las comunidades para extranjeros y personas de otras zonas del país.”, reporta Human Rights Watch. Entre los hechos registrados, se presentan asesinatos, quema de motos y amenazan de muerte a la población civil, adicionalmente llaman la atención sobre las consecuencias nefastas de estas medidas impuestas por la violencia, como la imposibilidad de movilización en casos de extrema urgencia e incluso la obtención de recursos económicos ya que en muchas de estas poblaciones las personas viven de la venta informal de comida y otros artículos en las calles, al no haber personas en las calles y al imponerse el miedo estos pequeños negocios dejan de existir, condenando a la pobreza y al hambre a muchas familias. Dentro del informe presentado, se reseñan actos cometidos por grupos de las disidencias de las FARC como el Frente 1, 7 y 10 en Arauca y Guaviare, el Frente Carolina Ramírez, la Columna Móvil Jaime Martínez, el Frente Oliver Sinisterra en Putumayo y Nariño; Grupos Armados Organizados como las AGC, La Mafia, Los Contadores, el ELN en Bolívar, entre otros. Lo que sostienen Human Rights Watch, es que el Estado Colombiano no está garantizando la protección y garantía de los derechos humanos de los ciudadanos en estas zonas del país y que los grupos armados de igual forma violan todo tipo de acuerdos relacionados con los derechos de la población civil. Claramente este tipo de hechos son consecuencia del histórico abandono estatal que se ha notado en varias zonas del país, la ausencia de la presencia institucional con oferta integral en muchos aspectos da lugar a que organizaciones armadas de este tipo tengan la capacidad de controlar estos territorios, sin acceso a la justicia, a educación y salud los pobladores se ven en alto riesgo y por ende obligados a cumplir los mandatos de miedo que les imponen. Por ello es preciso un esfuerzo mayor por parte del Estado para consolidar su presencia y es además un llamado a la exigencia de la implementación del acuerdo de paz que preveía estos vacíos institucionales que de alguna una otra forma serian cooptados por nuevos grupos armados. Ahora bien, lo que revela Human Rights Watch esta relacionado con el control de la movilidad, quizá asociado a la mayor diligencia de sus economías ilegales; por su parte, la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado se PARES ha prestado importante atención a hechos similares, quizá no de imposición de medidas, pero sí de presencia de grupos en varias partes del país, por ejemplo, en Santa Marta y la troncal del Caribe La Silla, Los Pacheca y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra siguen en disputas por el control de los corredores de drogas en el Caribe, aún más tras la baja de Alias 80. En Cúcuta las disputa por el microtráfico se intensificó durante el mes de mayo en las comunas 6,7,8,9 y 10, entre bandas que distribuyen la droga del ELN y Los Rastrojos, y en Villavicencio se observa la incursión del Clan del Golfo en municipios del Meta y zonas de Villavicencio, con el presunto propósito de permear grupos de delincuencia común. El esfuerzo del Gobierno Nacional debe orientarse a reconocer la amenaza directa que estos grupos armados y delincuenciales representan; la deuda sigue en acciones de estabilización y consolidación responsabilidad directa del Estado tras haber pactado la paz con la guerrilla de las FARC, es preciso que la oferta institucional integral llegue a las zonas más vulnerables, cooptadas por la ilegalidad y evitar así un mal mayor para el país.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. Luis Alberto Monsalvo, parte del clan Gnecco, hijo de Cielo Gnecco, heredera del poder político de su hermano Jorge Gnecco, cuestionado por sus nexos con paramilitares, aliados en un principio y posteriores responsables de su muerte. También el encargado de volver a poner en el mapa político a este clan, luego que a principios de los 2000, perdieran parte de su poder cuando la justicia condenó a Lucas Gnecco por el delito de constreñimiento electoral, sumado a otras condenas que acumulaba en la Corte Suprema de Justicia por los delitos de celebración indebida de contratos y prevaricato cuando pasó por la Gobernación. Este retorno fue en el 2011, cuando Luis Alberto Monsalvo, pese a investigaciones por corrupción al sufragante e invasión de tierras, llegó a la Gobernación del Cesar, puesto que ocupo durante 2012 y 2015, para luego ser reelegido en las elecciones pasadas -2019-. Solo durante este tiempo de su segundo mandato y en época de pandemia, Monsalvo ha sido cuestionado por su manejo de recursos durante la crisis sanitaria, en donde se halló que habría realizado 32 contratos con irregularidades, las cuales se centrarían en sobrecostos y doble contabilidad de algunos de los productos. Como se denunció en el informe ‘El cuestionado manejo de recursos públicos en medio de la pandemia’ de la Fundación Paz y Reconciliación, se encontraron irregularidades por cerca de $4 ́589.144.000. En el caso de la doble contabilidad los recursos comprometidos serían de $375.251.474, más $28 millones adicionales de un contrato para la compra de panela. Igualmente, Pares informó que de los 32 contratos solo 24 tenían soportes públicos. Lo anterior son cabos que se atan con la más reciente decisión de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la cual declaró a Monsalvo Gnecco como responsable del delito de corrupción al sufragante, acción realizada durante la primera campaña a la Gobernación, la cual se llevó a cabo durante el 2011. La investigación adelantada habría evidenciado que Monsalvo Gnecco durante campaña para la gobernación del Cesar habría firmado pactos con los representantes de los sectores de invasión Tierra Prometida, Guasimales y Emmanuel, en Valledupar, con el compromiso de mantenerles la situación de ilegalidad a cambio de votos. En este proceso la Fiscalía presentó 13 elementos materiales probatorios, entre los que hay evidencias físicas y los testimonios de tres personas, entre las cuales está Freddy Socarrás, exalcalde del Valledupar. En este hecho también se relaciona a Augusto Daniel Ramírez Uhía, conocido como «Tuto Uhía», quien fungió como alcalde de Valledupar entre 2016 y 2019, pero también quien en 2011 habría hecho campaña prometiendo la construcción de 2.500 viviendas para quienes se encontraban en los terrenos ilegalmente (800 familias), esto a cambio de votos. Aunque en ese periodo Ramírez Uhía no fue elegido, sí se le condenó por el delito de corrupción al sufragante. Los compromisos, incluso, habían sido autenticados en notaría, lo que sirvió a la Fiscalía para probar la responsabilidad de Monsalvo Gnecco en los hechos, la cual se venía investigando desde 2015, y que durante este tiempo permitió hallar que, de los tres documentos realizados, dos tenían la firma del ahora gobernador. “Al ser el aspirante con mayor opción, acudió a ciudadanos desprotegidos, víctimas del conflicto armado, en una condición manifiesta de marginalidad, con la intención dolosa de alcanzar el falso favor de electores merced a la preventa corrupta, manifestada en la promesa analizada. Es incuestionable la responsabilidad penal de Luis Alberto Monsalvo Gnecco como autor del delito de corrupción al sufragante”, puntualiza el fallo de la Corte. Vale la pena mencionar que, iniciado el primer periodo de Monsalvo en la gobernación, habría llegado un primer fallo de tutela de la Corte Constitucional, en el que se ordenaba el desalojo de las familias con quien Monsalvo había firmado el acuerdo meses antes. Esto dado que se había probado que estas personas se habían instalado en el terreno ilegalmente, sin un acuerdo o autorización con Alberto Pimienta Cotes, dueño del predio. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría General de la Nación solicitaron la separación del cargo del mandatario. No obstante, hay que esperar que se haga lectura del fallo en primera instancia y se conozca la pena que se le imputará con más detalle. Este evento está programado para el próximo 27 de julio y podría presentar dos escenarios: primero, que se le imponga una pena privativa de la libertad, caso en el que Iván Duque deberá elegir un gobernador provisional mientras se convocan nuevas elecciones en el departamento. Por otra parte, si la condena no es privativa de la libertad, Monsalvo podría seguir en su cargo o renunciar al mismo.

Por: Dennis Huffington. Investigador regional Pares-Pacífico Sin servicio de agua potable, con una red de salud desmantelada, con bloqueos constantes en las vías por la protesta social y con el control territorial ejercido por los grupos armados, así se padecen las consecuencias de décadas de saqueos al erario público y las complicidades entre las autoridades administrativas y la ilegalidad en Buenaventura. En las últimas dos semanas este escenario de crisis se vivió en todo su esplendor y la ciudad se enfrenta a un panorama desalentador en materia sanitaria y económica. La pandemia ha puesto en evidencia la profundidad de las desigualdades sociales que, en la cotidianidad, a veces se normalizan pero que en los días recientes no hubo forma de ocultar: la falta de un servicio vital como el agua potable llevó a la angustia a los habitantes de la zona urbana del Distrito y despertó la rabia social de las comunidades que no aguantaron la situación, convirtiendo la calle y las redes sociales en los canales de desahogo, esperando que las lluvias recurrentes del Pacífico paliaran la necesidad. Y si bien el servicio de agua potable fue restablecida luego de 14 días críticos vividos en Buenaventura, causados por el daño en la tubería principal de 39 pulgadas en el paso por San Cipriano, y que dejó al 70% de la población sin el servicio de agua desde el 23 de junio, los problemas con la prestación de servicios de saneamiento básico han sido la constante desde que la empresa Hidropacífico S.A E.S.P es la operadora. Así le despojaron el agua a los bonaverenses En 1996 el Gobierno nacional aprueba el CONPES 2861 el cual permitió al Estado contratar créditos externos de hasta $17.000 millones de pesos para financiar el plan de alcantarillado y saneamiento de Buenaventura. Para hacer uso de estos recursos la administración municipal debía permitir la participación del sector privado a través de la creación de una empresa que estuviera a cargo de la operación, administración y gestión de los servicios de acueducto y alcantarillado que hasta el momento venían desempeñando las Empresas Públicas Municipales de Buenaventura y la empresa Sociedad De Acueductos y Alcantarillados Del Valle Del Cauca – Acuavalle S A E S P –, contrato que tenía fecha de finalización diciembre de 2001. En los 18 años que llevan operando la Saab e Hidropacífico en Buenaventura, el servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad desmejoró, al punto que se tuvo que sufrir la ausencia del líquido durante 14 días en medio del peor momento de la emergencia sanitaria del COVID-19 en el distrito, donde el agua es esencial como medida de bioseguridad para prevenir los contagios del virus con el lavado constante de manos, el agua es un derecho. Fotografías: Cortesía . Ese mismo año, en la administración del entonces alcalde Jaime Mosquera Borja, se creó a través de la escritura 902 del 30 de julio del 2001 la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura –Saab –, empresa mixta que se encargaría de la administración del sistema. Cinco meses después, la Saab y el municipio realizaron un polémico contrato a 20 años con la empresa Hidropacífico. Dicho contrato se realizó el 28 de diciembre de 2001, fecha paradójica de la corrupción en Colombia y en la que se celebra el día de los inocentes, con el agravante que esta empresa tan solo llevaba 24 horas de ser creada, según reposa en el registro No. 330 del libro IX de la Cámara de Comercio de Medellín. Se trata de una sociedad entre la empresa antioqueña Conhydra anónima y la firma bogotana HMV Ingenieros Limitada, que nació de la fusión que realizó el Grupo Helm entre Hidroservicios, fundada por los ingenieros Julio Escobar, Ernesto Carrizosa, Carlos Tamayo y Hernando Duran, y la empresa medellinense Mejía-Villegas de Víctor Mejía y Álvaro Villegas en 2001. En los 18 años que llevan operando la Saab e Hidropacífico en Buenaventura, el servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad desmejoró, al punto que se tuvo que sufrir la ausencia del líquido durante 14 días en medio del peor momento de la emergencia sanitaria del COVID-19 en el distrito, donde el agua es esencial como medida de bioseguridad para prevenir los contagios del virus con el lavado constante de manos, el agua es un derecho. Según manifestó el comité por el agua – hoy Comité del Paro Cívico –, en el 2002 el promedio de servicio de agua en los hogares era de 12 horas diarias mientras que en la actualidad es de 6 horas día de por medio. Además, una cuarta parte de la ciudad no tiene acceso al servicio de acueducto y una tercera parte no tiene un sistema de alcantarillado (Dane, 2018). Buenaventura: otra víctima de los “Bonos Carrasquilla” A lo anterior se le suma el despilfarro de recursos y las escandalosas deudas que hoy arrastra el municipio producto de los créditos para lo que se suponía iba a ser la adecuación del acueducto y alcantarillado que han administrado Hidropacífico y la Saab en estos 18 años. Hasta el 2017 se habían conseguido alrededor de $200.000 mil millones de pesos con el propósito de mejorar las redes. En 2004 se adquirió un crédito con Instituto para el Desarrollo de Antioquia para mantenimiento de tanques y extender algunas redes. En el 2007 ingresaron producto de regalías $22.000 millones de pesos para la construcción del acueducto, sin que se ejecutaran las obras. En el año 2009, el municipio recibió: $32.000 millones por parte del Ministerio de Ambiente; $11.400 millones por parte de la CVC para la construcción del acueducto de Ladrilleros, Juanchaco y La Barra; y, $43.000 millones en créditos del Plan Carrasquilla o denominados ‘bonos carrasquillas’. En 2012 ingresaron $12.000 millones de pesos desde la nación. Los demás recursos han ingresado por concepto de regalías, convenios o transferencias de recursos de la nación, sin embargo, por los ‘bonos carrasquilla’ el Distrito se ha visto en la obligación de abonar a la deuda $56.000 millones, de los cuales $49.000 son en intereses y solo $7.000 al capital. Y aún quedan 10 años de pagos de intereses. Lo que se proyecta es que el distrito de Buenaventura terminará pagando $230.000 millones de pesos por las deudas de los “bonos Carrasquilla”, de un crédito inicial por $43.000 millones para unas obras en acueductos y alcantarillados que en su mayoría no se realizaron. Fotografías: Cortesía. Las consecuencias de 18 años de mala gestión Desde el 2002 hasta la fecha, los más beneficiados en la prestación del servicio de agua potable han sido las empresas Hidropacífico y la Saab. Según especificaciones del Contrato, a Hidropacífico se le adjudicó la planta física con un canon mínimo de arrendamiento. Se le eximió de responsabilidad en el mantenimiento y obras de para el mejoramiento del servicio; se le concedió el recaudo del servicio sin especificaciones en su distribución y se le entregó una cartera de $8.000 millones en mora que le pertenecía a Acuavalle. Además, recibe un porcentaje del 12% por cada obra de adecuación o construcción: 8% por los diseños y 4% por la interventoría, del total del contrato. Mientras que la Saab, tampoco ha cumplido a cabalidad con su responsabilidad de hacer los mantenimientos a las tuberías del acueducto y alcantarillado de la ciudad, lo que generó el daño del tubo de 39 pulgadas en San Cipriano que fue instalado hace más de 50 años sin que se le hicieran los mantenimientos requeridos y que pudo haber evitado la emergencia presentada en plena pandemia desde el 23 de junio hasta el 6 de julio. Del río Escalerete, de donde proviene el agua que abastece a la ciudad de Buenaventura, se toman 1.700 litros por segundo, pero se pierde un 70% por falta de infraestructura, control y mantenimiento. Todo esto hizo que las consecuencias recaigan sobre la ciudadanía, que en los desesperos y la urgencia por contar con el líquido se va a las vías de hecho, como ocurrió durante los 14 días donde se presentaron 9 bloqueos en toda la ciudad exigiendo suministro de agua. Esas semanas se convirtieron en un cruel reflejo de las decisiones políticas de los últimos 20 años y que por las crisis por la pandemia, se vieron atravesadas por hechos de violencia que dejaron múltiples robos en vías principales y cuatro (4) personas asesinadas, tres (3) de ellas por en un atraco frustrado a una buseta del transporte público en inmediaciones del barrio La Inmaculada. El lastre de Vidal, el alcalde cívico de Buenaventura En Buenaventura hay una administración de corte alternativo, nacida de las entrañas de los movimientos sociales que se articularon en lo que hoy se conoce como el Comité del Paro Cívico y que la lucha por el agua ha sido protagonista. Al alcalde Víctor Vidal es a quien le ha tocado lidiar en los últimos meses con algo para lo que el Distrito no estaba preparado: la COVID-19, la reactivación de la violencia entre los grupos armados de La Empresa y el Clan del Golfo (AGC)/La Local, sumada a la peor de las crisis en la prestación del servicio de agua de la ciudad en los últimos años y las fuertes críticas de los sectores que tradicionalmente gobernaban la ciudad. Hasta el momento el mandatario ha podido hacerle frente a la crisis, pero el movimiento del Paro Cívico se ha visto entre el reclamo popular como lo hacía antaño o apoyar la administración actual. Desde el 23 de junio se declaró la Calamidad Pública en el Distrito, se deducía que la ineficiencia de las dos empresas encargadas del servicio no permitiría una solución pronta, gracias a esta medida se convocaron ayudas a nivel nacional y departamental para la reparación del daño. En palabras del alcalde: “Se logró obtener el apoyo de la ANI, el Batallón de ingenieros Agustín Codazzi de Palmira y el programa presidencial Todos Somos Pacífico, para salir de la emergencia lo más pronto posible.« A pesar de que la emergencia por el servicio del agua se pudo subsanar, el alcalde distrital debe fijar una meta en a largo plazo que permita darle una solución al tema del agua en Buenaventura. A Hidropacífico le queda un año y medio de contrato en la ciudad y él, como alcalde cívico de la dignidad, en cumplimiento de su promesa, no podría renovarle el contrato. Desde ya se debe ir diseñando la estrategia que permita que un nuevo operador trabaje de manera eficiente, principalmente ahora que se viene la implementación del Plan de Maestro de Acueducto y Alcantarillado logrado en el paro cívico que manejará $153.000 millones de pesos. Todo apuntaría a una asociación entre una empresa pública de Buenaventura y un operador con experiencia y prestigio. Lo que no debe quedar en duda es que ya se tiene que considerar el remplazo de la Saab e Hidropacífico.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. Al norte del departamento de Antioquia, recostada sobre la Cordillera Occidental colombiana y bañada por el río Cauca, en lo alto de la región montañosa, se encontraba lo que en 2017 se conocía como la Zona Veredal Transitoria de Santa Lucía, en Ituango, que recibía a los exguerrilleros de las FARC-EP quienes esperaban hacer de ésta su espacio de paz. Sin embargo, este 15 de julio de 2020, 82 hombres y mujeres firmantes del Acuerdo de Paz huyen del ETCR Román Ruíz de Santa Lucía, producto de la violencia. Su destino es Mutatá, 11 personas se suman desde Medellín rumbo a este municipio ubicado al sur de la subregión del Urabá antioqueño; que esperan sea su espacio de paz. Se quedaron 30 personas en Santa Lucía pese a sombra de la muerte, a quienes el Gobierno Nacional no debe abandonar. Irregularidades y riesgo inminente De acuerdo con la comunidad, esta jornada ha estado marcada por la nostalgia, pero también por la esperanza de que en Mutatá puedan seguir apostando por la paz. De por sí, son días de ansiedad y estrés por la logística que supone el trasladado de una población en un trayecto de 300 kilómetros que, entre otras cosas, fue amenazada colectivamente el 17 de mayo de este año por grupos armados ilegales en Ituango, quienes exigían su salida del ETCR Román Ruiz. De acuerdo con la comunidad, esta jornada ha estado marcada por la nostalgia, pero también por la esperanza de que en Mutatá puedan seguir apostando por la paz. Foto: Cortesía. Sumado a este panorama y como si fuera poco, el traslado de las personas del ETCR hacia Mutatá ha presentado irregularidades. Manuel González —quien hace parte de la dirección en Antioquia de FARC— señaló que “ha sido una ‘marcha forzada’ la de este 15 de julio, impuesta por el Gobierno. Nosotros pedimos descansar en la noche y continuar la marcha en la mañana”. Sin embargo, partieron de Ituango a Mutatá en la tarde de este miércoles 15. Son días de ansiedad y estrés por la logística que supone el trasladado de una población en un trayecto de 300 kilómetros que, entre otras cosas, fue amenazada colectivamente el 17 de mayo de este año por grupos armados ilegales en Ituango, quienes exigían su salida del ETCR Román Ruiz. Foto: Cortesía. Por otro lado, González resaltó otro hecho que muestra un cambio de agenda, debido a que la ruta había sido planificada por la Vía Nacional y pretenden hacerlos salir a San Cristóbal bajo el argumento de que es más cerca. “Para nosotros es más riesgoso, esa carretera es mucho más estrecha.” González, además, pidió acompañamiento de cómo se está desarrollando la jornada, “acá llevamos la semilla de la paz, de la vida y de la reconciliación”. Estas dificultades ya habían sido advertidas por Marcos Urbano, responsable del traslado del personal del ETCR. Marcos se refirió a los hechos cuando la jornada del 14 de julio se frustró por incumplimiento de la logistica por parte del Gobierno. “Ya se había acordado con ARN una agenda en los días previos, pero eso fue cambiado abruptamente por imposición de una ruta diseñada por el Ministerio de Defensa que no tuvo en cuenta a los líderes del ETCR. Además, los buses llegaron muy tarde el martes y desde el inicio hemos manifestado no hacer desplazamientos en horas de la noche, porque representan riesgos innecesarios”. La seguridad no ha sido atendida por el Gobierno En Ituango, según cifras de CNR FARC han sido asesinados 11 firmantes de paz. Sin embargo, las afectaciones también han sido en contra de sus familias, como lo fue el caso del asesinato de Camilo Sucerquia Durango, hijo de la firmante de paz Nifia Sucerquia. El asesinato del menor de 15 años fue perpetrado en cercanías al ETCR Santa Lucía. De acuerdo con la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte y Bajo Cauca (REDOSC) , en el municipio de Ituango hacen presencia los Grupos Armados PostFarc (GAPF) del Frente 18 y 36 y, el Clan del Golfo. De hecho, según esta Red, el Clan del Golfo se ha venido expandiendo y bajo la denominada “Operación Mil” pretenderían hacerse al control total de Ituango. Incluso, parece ser que desde mayo, del presente año, el Clan del Golfo habría trasladado tropas desde Chocó, Córdoba y Urabá por el corredor del Bajo Cauca —Nudo de Paramillo—; para dicho objetivo. Por otra parte, el GAPF Frente 36 se ha ubicado en la Cordillera Occidental que rodea a los cañones de Santa María y Río San Andrés para tratar de frenar la avanzada del Clan del Golfo. Justamente, la REDOSC este 15 de Julio señaló, por medio de un comunicado público, que el Gobierno Nacional está poniendo en riesgo a la comunidad que está haciendo el traslado, pues está desconociendo las condiciones de seguridad que demanda transitar en horas de la noche y por vías intermunicipales. La Red insistió que el retraso del Gobierno en la logística no puede suponer una marcha forzada que los pone en riesgo inminente. «Este desplazamiento muestra un Estado fallido« Pares Habló con Omar Restrepo, representante a la Cámara por el partido FARC, quien indicó que este desplazamiento enmarca un “Estado fallido que por voluntad no ha podido garantizar las condiciones ni ha implementado el Acuerdo de Paz”. Restrepo resaltó, además, que tan solo en Antioquia han sido asesinados 27 firmantes de paz, de los cuales cerca de la mitad se han perpetrado en Ituango. Por ello se refirió especialmente a la población que decidió quedarse en Ituango, la cual debe ser rodeada para evitar su masacre. Asimismo, Restrepo señala que éste es un desplazamiento de familias nuevas o reencontradas tras la firma; que se ven en la obligación de huir de la violencia. Caso especial de los niños y niñas del ETCR quienes estaban adelantando un proceso de crianza, un proceso de estudio, un proceso de arraigo; que conlleva a afectaciones particulares. Pares: ¿Qué significa para el Proceso de Paz el desplazamiento forzado de los y las firmantes de paz de Ituango hacia Mutatá? Omar Restrepo: Es un ejemplo de lo que no debería estar ocurriendo, en un país que logró a través de unos actores firmar un Acuerdo para cerrar un conflicto armado de más de 50 años. El cual tiene como propósito seguir avanzando para lograr incluso la paz completa, con los demás actores armados. El ELN, la desarticulación de las otras estructuras del paramilitarismo que siguen teniendo presencia y ejercen control en territorios. El proceso de paz fue pensado, entre otras cosas, para garantizar la vida a los reincorporados, a las comunidades. Pensado para la vida, para la reconciliación, para el desarrollo social, para una paz con justicia social. Pares: ¿Cuál es su mensaje hacia el Gobierno Nacional para que garantice las medidas de seguridad para el traslado de los y las firmantes de paz del ETCR Santa Lucía a Mutatá, jornada se hará entre este miércoles 15 de julio y se extenderá hasta el jueves 16? O.R.: El gobierno tiene que garantizar la seguridad de quienes se deben desplazar por la fuerza, un hecho en contra de su voluntad. En los acuerdos está contemplada la reincorporación, no solo económica, política, social; sino también familiar y cultural. Los compañeros y compañeras que han vivido en el ETCR de Santa Lucía Ituango, son en su mayoría oriundos de esta tierra. Tienen por tanto, su arraigo allí. Asimismo, el proceso de reencuentro de familias o los nacimientos de niños y niñas tras la firma daban cuenta de un proceso, que por este desplazamiento, se afectó. El proceso de paz fue pensado, entre otras cosas, para garantizar la vida a los reincorporados, a las comunidades. Pensado para la vida, para la reconciliación, para el desarrollo social, para una paz con justicia social. Foto: Cortesía. A raíz de condiciones de seguridad, se ven en la obligación del desarraigo, les toca abandonar sus recuerdos, dejar a sus familias, dejar su territorio. Se exige al Gobierno Nacional las condiciones para salvaguardar la vida durante su trayecto, pero también que garantice la integridad una vez estén en Mutatá. Allá llevarán a cabo su proyectos productivos, estarán en un proceso de reconstruir sus sueños. Estas son personas que le están apostándo a la paz, que hiceron su dejación de armas. Necesitan posibilidades en medio de una Colombia agobiada por la guerra y los asesinatos. Pares: ¿En qué condiciones quedarán las cerca de 30 personas que se mantendrán en Ituango? O.R.: Las compañeras y compañeros que se decidieron mantenerse en Ituango, dentro de los cuales están sus familias, quedan aún más desprotegidos. ¿Qué garantizaba que no se hubiese cometido una masacre contra la comunidad del ETCR de Santa Lucía? Pues que estaba el ETCR como figura, eso tiene un peso no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional. Pedimos que el Estado les garantice la vida, que la comunidad internacional continúe con los ojos puestos en Ituango. Esperamos que a través de las instituciones que le hacen seguimiento al proceso de reincorporación se vele por garantías para esta población que decidió quedarse. Urge que el Gobierno emita acciones que les permita continuar con su apuesta de vida en Ituango. También, que las comunidades aledañas los rodeen, la sociedad en general, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. Además, hay que decir que detrás de los grupos armados que azotan a Ituango hay intereses de explotación de recursos naturales, concentración de tierra, también uno no puede negar hay intereses de megaproyectos hidroeléctricos que están en desarrollo en estos momentos, que aunque públicos hay intereses privados y particulares. El papel de la sociedad y de sectores que apoyan el Acuerdo de Paz, más aún en el marco de esta crítica situación por cuenta de los asesinatos, resulta vital. Hoy por hoy, existe un rechazo generalizado por estos asesinatos. También se cuestiona la ineficacia por las garantías, eso se debe mantener. A su vez, que estas acciones de apoyo se den con las inciativas productivas en las que se encuentran trabajando en Santa Lucía. Estos proyectos se han desarrollado durante estos tres años con dineros de Cooperación Internacional, también de ahorros de la renta básica. Proyectos de comunicaciones, cooperativas como la de Café Paramillo seguirán trabajando de la mano de las comunidades y se necesita acompañamiento de este proceso. Pares ¿En qué condiciones de seguridad recibe Mutatá a la población desplazada? O.R.: En Mutatá se ha ido hablando con las comunidades, se habló con la administración municipal, con las comunidades indígenas y existe una buena recepción frente a la llegada de la población reincorporada. Desde luego, es posible que exista quienes no estén de acuerdo porque quizá pueda convertir en otro foco de violencia o porque políticamente no les convenga, o por algún resentimiento, producto de alguna afectación hecha por las FARC-EP en su momento. «Al Gobierno Nacional le cabe toda la responsabilidad del caso, porque los acuerdos de paz están estructurados para superar las causas que genera la violencia en Colombia. De esta forma, el derecho a la vida es una de las garantías que deberían existir. Pero no ha sido posible por la falta de voluntad política para implementar lo acordado.» Foto: Cortesía. Sin embargo, con quienes se dialogó manifestaron buena disposición. Además, porque a través del proceso de reincorporación se pueda jalonar inversión, desarrollar proyectos productivos con las comunidades, hacer política pública. Eso está estipulado en los acuerdos y eso la gente le guarda esperanza. A uno se lo manifiestan en los territorios. Pares: ¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno Nacional sobre el desplazamiento forzado de esta población en proceso de reincorporación? O.R.: Al Gobierno Nacional le cabe toda la responsabilidad del caso, porque los acuerdos de paz están estructurados para superar las causas que genera la violencia en Colombia. De esta forma, el derecho a la vida es una de las garantías que deberían existir. Pero no ha sido posible por la falta de voluntad política para implementar lo acordado. La no implementación, es muerte. La realidad en el campo es muy compleja, por ejemplo, con la implementación se camina a la superación de los problemas derivados de los cultivos de uso ilícito. Dicha superación generaría que los cultivos no sigan oxigenando a la violencia a través de recursos. Para que los campesinos puedan sembrar comida y no coca. Esto generaría condiciones de bienestar para el sector rural. Estas razones ubican al Gobierno como responsable por no querer implementar la paz. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Laura Cano, Periodista Pares. Desde el pasado 25 de marzo se decretó aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional. Este ha puesto sobre la mesa la necesidad de haber pensado de forma diferencial la manera en que iba a ser implementado, analizando las poblaciones y territorios que quedarían en mayor vulnerabilidad con esta medida. Hoy, casi cuatro meses después, las consecuencias saltan a la vista; trapos rojos que siguen izados en algunos hogares como señal de hambre, una tasa de desempleo que llegó a uno de sus picos más altos con el 21.4%, un último mes – junio – con un total de 54 feminicidios, 21 personas en proceso de reincorporación asesinadas en la cuarentena y, por lo menos, 27 lideresas y líderes sociales que también les arrebataron la vida en este periodo. Lo anterior en un marco de violencia que no abandona el país, el mismo que pareciera sí estar abandonado por sus gobernantes, y que en esa falta de presencia estatal ha permitido que los actores armados sean quienes estén disputándose el control, especialmente, en las zonas que han sido históricamente afectadas por el conflicto armado, donde se ha reclamado atención, y que, aún en medio de una pandemia mundial, esa atención se ve todavía lejana. Ahí está uno de los reclamos realizados por Human Rights Watch, quienes han hecho un llamado al Gobierno Nacional para “proteger los derechos a la vida y a la integridad física, adoptando medidas de prevención adecuadas frente a amenazas razonablemente previsibles por parte de actores privados, incluyendo grupos de crimen organizado y otros grupos armados”. Esto luego de que presentaran un informe sobre las medidas que han implementado los actores armados durante la pandemia para regular la movilidad de los civiles en algunas zonas, quienes han usado, principalmente, panfletos y mensajes de WhatsApp para imponer toques de queda, cuarentenas, restricciones a la circulación, y días y horarios de apertura para las tiendas. Estas medidas, como lo informa la organización, han sido implementadas principalmente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Ejército Popular de Liberación (EPL); las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y de disidencias de las FARC, así como por los llamados Los Contadores y La Mafia. Las medidas de los grupos armados ilegales La orden ahora es permanecer en casa y bajo eso los actores armados han visto una vía para seguir perpetrando la violencia. Radiografía de esto son los hechos que reporta Human Rights Watch en lo que va de la pandemia, en donde, al menos, en 11 de los 32 departamentos de Colombia las reglas las han puesto los actores armados. Estas zonas son: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, puntos donde han amenazado con recurrir a la violencia o han acudido a esta para hacer cumplir las medidas impuestas durante la crisis sanitaria. Muestra de lo anterior son los nueve asesinatos en tres de los anteriores departamentos nombrados. Los cuales, siguiendo lo informado por HRW, ocho se cometieron contra civiles como represalia al no cumplir con las medidas. Mientras que la otra víctima era un líder comunitario del Putumayo que, al parecer, habría sido asesinado por oponerse a lo establecido por los grupos armados. Su nombre era Edison León Pérez, tenía 57 años y se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Juan del Bosco y por su homicidio se responsabiliza al grupo La Mafia, quienes presuntamente lo habrían asesinado como venganza hacia Pérez, quien días antes había enviado una denuncia a la alcaldía de San Miguel (Putumayo) sobre la situación de hostigamiento por parte del actor armado en la zona. La misiva expresaba lo siguiente: “Como es de su conocimiento, aproximadamente a unos trescientos metros del hospital se instaló un puesto de control sanitario con las comunidades, impuesto por el grupo narcotraficante que opera en la región, donde se obliga a las comunidades a colocar personal las 24 horas sin ninguna medida de protección, exponiéndonos a contraer el virus Covid 19 A muchas personas estando enfermas se les niega el paso, los que no tienen problema para cruzar allí son los autorizados por el grupo de narco. (…) Señor alcalde, yo en calidad de presidente de la junta de acción comunal no estoy dispuesto a seguir mandando a mi comunidad a la muerte”. Otras formas de imponer miedo Otra de las denuncias que hizo la organización fue los ataques contra vehículos, caso en los que se han registrado tres hechos; dos en Cauca y otro en Guaviare. Asimismo, se trajo a colación lo sucedido el 04 de abril, cuando hombres armados dispararon contra un vehículo de misión médica que movilizaba cuatro personas en la vía Barbacoas – Tumaco, entre ellas Cristina Lorena Quiñónez, de 28 años, quien era trasladada con un fuerte cuadro de anemia al Hospital San Andrés de Tumaco. La mujer resultó muerta en el hecho, junto con el conductor Wilson Quiñónez. “El ataque fue perpetrado por miembros del grupo armado Los Contadores, que participa en narcotráfico y tiene presencia en la región, según funcionarios judiciales y trabajadores humanitarios y de derechos humanos que analizaron el caso. Según afirmaron, el grupo armado llevó a cabo el ataque para hacer cumplir la orden de que nadie saliera de sus casas después de las 6 p.m”, se aseveró a través de Human Rights Watch. Otro hecho similar ocurrió el 30 de mayo, cuando otro automóvil el que se trasladaban dos fiscales fue atacado en una carretera cerca de Tumaco, presuntamente por miembros del Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC, quienes habrían cometido el acto como respuesta al incumplimiento a un toque de queda que habían instaurado en la zona desde las 4 p.m. Vale la pena mencionar que este mismo Frente a finales de marzo distribuyó un panfleto que advertía que todo aquel que no cumpliera sus medidas se convertiría en “objetivo militar”. Caso similar ocurrió en el Cauca, donde la columna móvil Jaime Martínez también repartió panfletos amenazantes. Mencionando también que este mismo grupo el 26 de abril asesinó a Armando Montaño, Weimar Arará y Humberto Solís, e hirieron a otros cuatro civiles bajo el argumento de incumplimiento a la cuarentena. Adicionalmente, también los grupos armados han acudido a las amenazas directas de forma verbal. Por estos casos se señala a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y al Frente 1 y al Frente 10 de las disidencias de las Farc. Este último ha cometido estos hechos en el departamento de Arauca, especialmente, contra la comunidad indígena Hitnü y migrantes venezolanos alojados en Puerto Jordán. Ante esto, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, concluyó que: “En diversas comunidades a lo largo de Colombia, grupos armados han impuesto violentamente sus propias reglas para prevenir la propagación del Covid-19”. (…) Este brutal control social refleja las históricas falencias del Estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo”.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. Tras el anuncio del Gobierno Nacional sobre el decreto 328 que reglamenta los proyectos pilotos de fracking en Colombia, tres congresistas de la Cámara de Representantes —Katherine Miranda, César Ortiz y César Pachón— radicaron en el Consejo de Estado un recurso de nulidad para este decreto, el pasado 6 de marzo. Cuatro meses después, el Consejo de Estado le dio a conocer a la opinión pública que admitió la demanda. La demanda de los congresistas De esta forma, ya comenzaron a correr los 30 días para conocer un pronunciamiento sobre la demanda interpuesta por congresistas ante el Consejo de Estado. Adicionalmente, los congresistas interpusieron medidas cautelares para “suspender cualquier acción que permita un avance de esta técnica de extracción petrolera en el país.” Asimismo, en la demanda resaltan que el decreto 328 «vulnera los artículos 8, 79, 80 y 334 de la Constitución Política en lo relativo al derecho a un ambiente sano, así como los numerales 1, 2 y 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993 porque desconoce la aplicación del principio de precaución en materia ambiental». Cabe recordar que, de acuerdo con la normativa que había emitido el Ministerio de Minas y Energía, los proyectos denominados por el Gobierno como “Piloto de Investigación Integral (PII) estaban pensados para desarrollarse en la cuenca sedimentaria Cesar-Ranchería, que está ubicada entre la región nordeste del departamento de Cesar y al sur de La Guajira. A su vez, en la cuenca sedimentaria del Valle Medio del Magdalena. Así pues, la bandera que presentó el Gobierno Nacional sobre estos planes piloto eran básicamente dos: por un lado, la veeduría ciudadana y, por el otro, es que dicha exploración estaba motivada por cuenta del plano investigativo y no comercial. Sin embargo, para Miranda y Ortiz, del Partido Verde, y para César Pachón, del Mais, esas banderas están lejos de ser ciertas. Miranda señaló mediante un comunicado a la opinión publica que: “lo cierto es que los pilotos de fracking que propone el gobierno nacional están lejos de tener fines científicos y de investigación, la norma va en contra del principio de precaución en materia ambiental, por eso, solicitamos que se declare la nulidad del decreto por inconstitucionalidad”. La puja ambiental de las organizaciones Sin embargo, las acciones en contra de la avanzada del fracking en Colombia no se han dado a través del Legislativo. El pasado 13 de julio, la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas alertó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los planes de fracking en Colombia. Por su parte, la Alianza Colombia Libre de Fracking también se sumó en que resaltó esta avanzada del Gobierno Nacional ha truncado la participación de las comunidades sobre la realización de los planes pilotos. A su vez, ha señalado falta de información sobre la forma en que se van a llevar a cabo los pilotos, teniendo en cuenta que las regiones a las que atraviesa el fracking están apartadas de la información centralizada y están compuestas por comunidades ampliamente incomunicadas. La Alianza señaló: “alertando la reglamentación de este decreto en medio de la pandemia y el cierre de los juzgados, en particular con la expedición de los términos de referencia de los Proyectos Piloto sin las condiciones de información, participación y justicia, y se encuentra desarrollando nuevas normas para avanzar con esta técnica en Colombia”. ¿Qué es el Fracking? A través de la línea de Conflicto Asociados al Desarrollo de Pares, se esbozó la siguiente definición de lo que es el fracking: Lo que comúnmente se denomina fracking es una técnica usada para extraer los recursos energéticos de origen fósil (gas y petróleo) que están almacenados en formaciones compactas e impermeables, más conocidos como Yacimientos No Convencionales –YNC. Para explotar un yacimiento convencional, se perfora a menor profundidad y, dado que los recursos están concentrados y a altas presiones, basta con perforar para lograr que el petróleo o el gas salgan a la superficie. Por su parte, los YNC se encuentran en depósitos no concentrados, a mayores profundidades, y la poca permeabilidad de la roca no permite que los recursos salgan de manera natural. En esta monografía de la Universidad de América pueden encontrar una descripción detallada de la estimulación hidráulica. La estimulación o fracturamiento hidráulico es una técnica que existe desde hace un buen tiempo y se ha utilizado también en yacimientos convencionales. Sin embargo, en la coyuntura actual es importante señalar que, desde lo que se conoce como shale revolution, su implementación es iterada y en grandes volúmenes para explotar yacimientos que antes no eran rentables económicamente. Es decir, ahora se hace a mayor escala. Para que esto sea posible se requiere la utilización de dos técnicas principalmente: · Perforación horizontal o direccional: técnica que permite aprovechar depósitos dispersos de manera más eficiente, al realizar perforaciones no verticales de manera subterránea. Con esto, se pueden extraer hidrocarburos en un área amplia sin la necesidad de perforar más pozos. · Estimulación hidráulica: que implica el uso de agua con una adición de diversos químicos y material arenoso. Para los yacimientos madre que están dispersos y encapsulados, se realizan fracturas “artificiales” pero controladas en el subsuelo, inyectando a alta presión un compuesto que tiene mayoritariamente agua y arena (entre 99.5%) y una serie de elementos químicos tóxicos y no tóxicos que sirven para distintos propósitos. La polémica que supone el fracking Adicionalmente, la línea de Conflictos Asociados al Desarrollo resaltó, entre otros, cuatro grandes elementos que componen la polémica frente al fracking: 1. El consumo de agua y el estrés hídrico que puede significar en zonas en las que el agua es particularmente escasa. 2. La contaminación de acuíferos con gas metano. 3. La contaminación y afectación de acuíferos superficiales y subterráneos por contacto con la mezcla de agua y químicos. 4. La disposición y almacenamiento seguro de las aguas no tratadas y que representan un potencial riesgo de contaminación de suelos y aguas. Una suma de factores tales como bajos precios del petróleo y la pandemia del coronavirus implicó también un freno en la inversión exploratoria de crudo y gas en Colombia. En resumidas cuentas, el fracking es una tecnología que permitiría aprovechar recursos fósiles de difícil acceso y que antes no eran económicamente rentables. Sin embargo, el impacto ambiental y la oposición por parte de muchas comunidades está en juego. Por ahora, la última palabra la tendrá el alto tribunal.

Por: Línea Democracia y gobernabilidad Ubicado en el centro del Golfo de Morrosquillo, bañado por playas paradisíacas y posicionado como uno de los municipios más importantes en el departamento de Sucre, Tolú se ha enfrentado a diversos problemas de orden público, así como una grave denuncia sobre presuntos hechos de corrupción durante la pandemia. El 19 de marzo el Esmad disolvió un intento de asociada provocado por los trabajadores informales que han sido afectados por las medidas del Gobierno Nacional. Esta manifestación tuvo lugar en la alcaldía, donde le exigían ayudas al sacerdote y mandatario local, José de Jesús Chadid Anchury. Estas se centraban específicamente en mercados y ayudas económicas tras la caída del turismo, que es de lo que vive una gran proporción de la población. Sin que pasaran tres semanas, el 7 de abril se registró otro hecho en el municipio ante el desespero de la inacción del alcalde Chadid, en esta oportunidad un movimiento cívico impidió el aterrizaje e ingreso de ajenos y nativos que provinieran de ciudades donde había registro de casos de Covid-19. Los polémicos vuelos El escándalo llegó cuando se conoció que Chadid habría autorizado la llegada de un vuelo que traía 29 trabajadores de la empresa Hocol de diversas partes del país donde se habían registrado casos de Covid y que llegaban al municipio a pesar de que sus funciones no estaban enmarcadas en las excepciones del decreto 457. A pesar de los esfuerzos ciudadanos, al parecer dos vuelos lograron aterrizar en el aeropuerto Las Brujas de Corozal y los trabajadores habrían llegado a Tolú vía terrestre. Cabe resaltar que, en ese momento, el municipio estaba libre del virus. Y aunque actualmente no hay prueba que determine si esta fue la razón o no, el municipio registra ocho (8) casos, de los cuales uno se recuperó y el resto se encuentran activos. Según el Instituto Nacional de Salud, el 100% de los casos fueron importados y se empezaron a registrar desde el 2 de junio del año en curso. El municipio registra ocho (8) casos, de los cuales uno se recuperó y el resto se encuentran activos. Según el Instituto Nacional de Salud, el 100% de los casos fueron importados y se empezaron a registrar desde el 2 de junio del año en curso. Fuente: Instituto Nacional de Salud a 7 de julio de 2020. Ahora bien, como si lo anterior no fuera suficiente, paralelo a estos hechos, Pares tuvo acceso a denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la contratación de los mercados y kits alimenticios, que incluirían la ausencia de estudios previos; presuntos sobrecostos; incumplimiento de número de kits entregados; adiciones injustificadas y falta de acciones de parte de los órganos de control y la Fiscalía. Irregularidades en las compras De acuerdo con las denuncias y las pruebas allegadas, el alcalde y sacerdote Chadid, en el marco de la urgencia manifiesta, contrató el suministro de 4.600 kits de alimentos con destino a la población vulnerable. Sin embargo, según la información del SECOP, los estudios con fecha del 30 de marzo no dan ninguna justificación la cantidad de población beneficiaria; pero sí se dispone de las cantidades y especificaciones técnicas, como se observa a continuación: Existen costos adicionales al de los mercados (135.030 c/u), en los que se suman $15.062.000 pesos, correspondientes a los costos de transporte, es decir, $3.274 pesos por mercado; $13.800.000 por empaquetado, es decir, $3.000 pesos por c/u. Fuente: Secop I. Imágen: Pares. Llama la atención que, además de no contar justificación suficiente para el costo de cada kit, según la revisión realizada por Pares, así como por una de las denuncias allegadas, se evidencia que existen costos adicionales al de los mercados (135.030 c/u), en los que se suman $15.062.000 pesos, correspondientes a los costos de transporte, es decir, $3.274 pesos por mercado; $13.800.000 por empaquetado, es decir, $3.000 pesos por c/u. Todo lo anterior, para un valor total del contrato de $650 millones de pesos. Un día después de abrir el proceso, el 31 de marzo, el alcalde Anchury suscribrió el contrato No. ST-049-2020 a través de la modalidad de contratación directa con la Fundación Para la Asistencia Social, Integral y de Medio Ambiente, identificada con NIT: 900.900.799-2, representada por Yeni del Carmen Chica Petro. Yeni Chica también se desempeñaba como contratista para ejecutar lo que ella misma ayudó a diseñar, teniendo en cuenta que el contrato de suministro de kits alimenticios fue el de mayor cuantía. Fuente: Secop I. Cabe resaltar que Chica, a su vez, fue contratista por prestación de servicios por medio del contrato ST-045-2020, de fecha de 24 de marzo, a plazo de un mes con un valor de $20.800.000 pesos, con el objetivo de apoyar la gestión del municipio en el plan de acción con ocasión de la declaratoria de calamidad pública por Covid-19. En esa misma línea, además de diseñar las estrategias de atención por Covid-19, Chica también se desempeñaba como contratista para ejecutar lo que ella misma ayudó a diseñar, teniendo en cuenta que el contrato de suministro de kits alimenticios fue el de mayor cuantía. En otras palabras, juez y parte, como se comprueba a continuación: Yeni Chica fue contratista por prestación de servicios por medio del contrato ST-045-2020, de fecha de 24 de marzo, a plazo de un mes con un valor de $20.800.000 pesos, con el objetivo de apoyar la gestión del municipio en el plan de acción con ocasión de la declaratoria de calamidad pública por Covid-19. Fuente: Secop I. Con relación a esto, a este contrato se le realizó una adición y modificación el día 15 de abril, el cual fue publicado en el Secop I hasta el día 20 de abril, en el cual, según las motivaciones del mismo, la cantidad de beneficiarios no correspondía con la población que debía ser atendida, pues, “de acuerdo con las cifras del Dane que reposan en el proyecto contractual, la población vulnerable beneficiaria de mercados es de SEIS MIL SEISCIENTOS OCHETNA Y DOS PERSONAS (6.682), es decir, que hubo DOS MIL OCHENTA Y DOS PERSONAS (2.082) que no fueron beneficiarias del kit”. Pero, también, se estableció que las supuestas cotizaciones de los mercados adicionales tuvieron un aumento de cada item, al igual que los valores del transporte y empaquetado. Cada mercado pasó de $135.040 pesos a $148.300, un incremento del 9,8% del mercado y los implementos de aseo en menos de un mes; el transporte pasó de $3.274 por c/u a $3.700, subió el 13%; y el empaquetado de $3.000 a $3.200, incrementó 6.67%. Todo lo anterior, sin ninguna justificación en el contrato. Además de que el contrato original ya tenía presuntas irregularidades y posibles sobrecostos por cada mercado, la adición resultó ser todavía más cuestionable, dado que, con lo mencionado anteriormente, según una de las denuncias, ha sido de conocimiento público que el alcalde repartió los mercados, de manera personal, junto a funcionarios de la alcaldía y que no se sabe en dónde se habría efectuado el costo adicional de entrega del contrato original y de la adición del transporte de cada mercado. También, según las denuncias, los mercados entregados no corresponderían a las especificaciones técnicas que plantea el contrato. Con base en lo anterior, ya existen pruebas y denuncias remitidas al Procurador Fernando Carrillo Flórez, al Contralor General Felipe Córdoba y al Fiscal General Francisco Barbosa, quienes a la fecha de realización de este artículo no han tomado acciones pertinentes, a pesar de las pruebas y los hechos de conocimiento público en el municipio de Tolú.