Por: Laura Cano, Periodista Pares. A poco menos de dos años para las elecciones presidenciales de 2022, ya se empieza a prever un panorama político de posibles candidatos y de los escenarios sociales en los que avanzarán las campañas en los próximos meses. Esto como resultado, en un primer momento, de la crisis que se ha acentuado con la pandemia y el mal momento de gobernabilidad por el que pasa Iván Duque, que pareciese dejar camino abierto, y además por la agitación social que se vive, por lo menos, desde el inicio del Paro Nacional en noviembre de 2019. El subdirector de Pares, Ariel Ávila, en el programa El Poder de Semana TV afirmó que hasta el momento hay cinco bloques políticos en los cuales se distribuyen 21 posibles candidatos y candidatas presidenciales. Así, esta división estaría dándose de la siguiente manera: · Primer bloque – izquierda: Gustavo Petro (Colombia Humana) y Jorge Robledo (Polo democrático) · Segundo bloque – centro izquierda: Carlos Amaya (ex gobernador de Boyacá), Camilo Romero (ex gobernador de Nariño), los senadores Jorge Londoño y Antonio Sanguino, y Sergio Fajardo. · Tercer bloque – centro derecha (partido de la U): estaría alguno de los hermanos Galán, quienes lograron 1 millón de votos a la Alcaldía de Bogotá; Roy Barreras; Fernando Carrillo; Juan Fernando Cristo y Alejandro Gaviria. · Cuarto bloque – derecha (partido Conservador): Mauricio Cárdenas (exministro de Hacienda), Marta Lucía Ramírez, Alex Char y Germán Vargas Lleras (este último deberá medirse en una consulta con los Char) y Luis Alberto Moreno, quien ha sido durante muchos años presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. · Quinto bloque – extrema derecha (Centro Democrático): Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, quien estaría buscando cupo en el Centro Democrático; Paloma Valencia; Rafael Nieto; Paola Holguín y Carlos Holmes Trujillo. “Estos dos años que vienen van a ser bastante agitados” Vale la pena señalar que en este paisaje político hay quienes ya han venido haciendo una carrera hacia la presidencia, tal es el caso de Gustavo Petro, quien obtuvo 8.034.189 votos en la segunda vuelta presidencial de 2018; Sergio Fajardo que logró 4.602.916 votos en la primera vuelta de las pasadas elecciones y Germán Vargas Lleras que alcanzó los 1.412.392 votos en ese mismo periodo. Asimismo, van apareciendo nombres que, desde el Congreso, ministerios, gobernaciones y entidades gubernamentales, han venido creando una presencia política que se pondrá en pulso en los próximos meses y que desde ya se ubican dentro de las posibilidades de ejercer como primer mandatario o mandataria del país. “Estos dos años que vienen van a ser bastante agitados. Para algunos, la situación ya está más o menos cantada entre cuatro, o cinco candidatos. Para otros el país de la pospandemia puede darle un vuelco a la política”, afirmó León Valencia, director de Pares, en el programa El Poder. Este vuelco al que hace referencia Valencia, respondería a un cambio de prioridades políticas, donde, si bien, tendría relevancia, como históricamente la ha tenido las políticas de seguridad y el debate entre la guerra y la paz, también habría una discusión especial que determinaría las campañas políticas y las elecciones, esta estaría centrada en los programas sociales que respondan a la crisis que se ha acentuado y se acentuará con el Covid-19. Vale la pena señalar que una de las políticas que se han exigido desde diversos sectores es la implementación de una renta básica universal, la cual, incluso se ha dado con propuestas de dónde podría salir ese dinero, el cual tendría como interés atender las necesidades básicas de quienes no pueden solventar esos gastos, y por esa misma vía garantizar condiciones dignas de vida, esto como un proyecto de largo aliento, pero con especial importancia durante la pandemia. No obstante, en este escenario se presentan dos posibilidades sustentadas por León Valencia y Héctor Riveros, analistas invitados al programa. Por un lado, como lo expuso Valencia, se podría “tener un escenario muy parecido al de 2018, es decir, más el electorado eligiendo entre alternativas políticas, que por personas. En el 2018 estuvo la izquierda y la derecha en la disputa política, ahora tienen muchas posibilidades un candidato de izquierda y centro izquierda”. Por otra parte, Riveros aseveró que “los ciudadanos colombianos están menos matriculados que quienes están en la tertulia permanente, por eso la inmensa mayoría de colombianos está por fuera de ese debate y no están encasillados entre derecha e izquierda. Sin embargo, al final la agrupación se va dando por personas que representen valores similares a los que se tiene, incluso teniendo ahí posibilidad las nuevas caras. Por ejemplo, Luis Alberto Moreno, es del tipo de personajes que van a aparecer en la política colombiana para la elección presidencial, al igual que posiblemente Juanita Goebertus”. “Se requieren coaliciones para llegar fortalecido” Asimismo, se enfatizó en la necesidad de crear coaliciones para fortalecer las campañas y por esa vía las posibilidades de elección, en donde tendrá que haber una primera consulta partidista dentro de los bloques políticos para de allí establecer un primer grupo elegido de candidatos. “Esta carrera política, al menos, tiene dos cosas claras: por un lado, que nadie llega solo, se requiere coaliciones grandes para llegar fortalecido. Segundo, parece que estas coaliciones están tomando más forma en la izquierda que en la derecha”, indicó Ariel Ávila. Adicionalmente, se estableció que habría una primera línea de coalición que implicaría los candidatos de centro derecha y derecha radical, la cual lideraría Alex Char y el uribismo pondría la vicepresidencia, pero también tendría una oposición por el lado de Vargas Lleras y Federico Gutiérrez. También se mencionó que una segunda línea estaría compuesta por una coalición liderada por Federico Gutiérrez, donde se esperaría que el uribismo coloque la fórmula vicepresidencial. “En los lados de la izquierda y centro izquierda es todavía más complejo, porque los enfrentamientos entre petristas y fajardistas están dañando cualquier tipo de posibilidad de coalición. La única para algunos sectores es sumar a los hermanos Galán y a la coalición del santismo donde están Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Carrillo, y a partir de ahí inventarse alguna consulta”, agregó Ávila.

Por: Redacción Pares Cada día Colombia despierta con la noticia del asesinato de una persona indígena o afrodescendiente, con una nueva amenaza a defensores de derechos humanos y líderes sociales, y con la violación de niñas y mujeres, denunció una lideresa social al Consejo de Seguridad de la ONU. El Representante del Secretario General presentó su informe trimestral sobre la situación en Colombia y destacó que la pandemia se ha convertido en una oportunidad para la violencia. Los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales en Colombia están aprovechando la pandemia para expandir su control territorial, aumentando el sufrimiento de las comunidades y las personas, asegura un nuevo informe del Secretario General sobre el país presentado este martes al Consejo de Seguridad. “Pese al compromiso y las medidas implementadas por el Gobierno y autoridades del Estado, el número de excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz sobrepasó los 200, llegando a 210. La violencia contra quienes dejaron las armas en el contexto del Acuerdo, y contra quienes defienden los derechos humanos y los derechos de las comunidades devastadas por el conflicto, sigue siendo la amenaza más grave para la construcción de paz en Colombia”, aseguró el representante de la Misión de la ONU en Colombia. Carlos Ruiz Massieu aseguró que la inseguridad que enfrentan los excombatientes, las comunidades, los defensores de derechos humanos y los líderes sociales continúa siendo la mayor preocupación de las Naciones Unidas en el país, y que la pandemia no la ha detenido. Siguen muriendo defensores de derechos humanos “Desde la invasión española hace más de 500 años que contrajo la esclavización, el despojo y la muerte para nuestros pueblos de América, debemos decir que el genocidio en Colombia aún no para. Todos los días despertamos con la noticia del asesinato de una persona negra o indígena, despertamos con la amenaza para un integrante de la guardia indígena o cimarrona, despertamos con la noticia de que se ha violado a una mujer, niña o adulta, y que la muerte a líderes y lideresas defensoras de derechos humanos persiste”, testificó ante el Clemencia Carabalí, lideresa social de las comunidades Afrocolombianas víctimas del conflicto en el departamento del Cauca. Carabalí fue objetivo de un ataque perpetrado por grupos armados en mayo de 2019, en el que también se puso en riesgo la vida de otros 25 líderes sociales. “Son situaciones que se han agudizado con la presencia del COVID-19 en Colombia”, expresó la lideresa, quien recordó que desde que se firmó el Acuerdo de Paz, han sido asesinadas de 686 personas entre firmantes del Acuerdo y defensores de los derechos humanos, 120 de éstas solo en 2020. Según el informe del Secretario General, el departamento del Cauca sigue teniendo los niveles más altos de violencia contra líderes sociales a pesar del aumento del despliegue de la Fuerza Pública, que casi se ha duplicado desde comienzo del año. Durante la cuarentena se ha informado ya de cinco masacres y varios asesinatos, incluidos los de líderes sociales y sus familiares. Los grupos armados han asesinado niños, niñas, adultos mayores, y hasta mujeres embarazadas. La situación de seguridad en el departamento del Putumayo en el sur del país también es de preocupación, incluidos riesgos específicos a mujeres líderes, organizaciones de mujeres y participantes en las iniciativas de sustitución de cultivos ilícitos. En Norte de Santander, la ONU reportó más de 45.000 personas sometidas a confinamiento forzoso en mayo. Asimismo, más de 7500 personas fueron desplazadas por la fuerza en la región del Pacífico, más del 80% eran mujeres y niños y el 50% pertenecían a comunidades étnicas. Además, el reclutamiento y la utilización de niños y niñas por grupos armados ilegales y organizaciones criminales siguió siendo motivo de grave preocupación y, según la Defensoría del Pueblo, el riesgo ha aumentado durante la cuarentena. Seguridad de los excombatientes El informe del Secretario General asegura que las organizaciones criminales y otros grupos armados han aprovechado la cuarentena para fortalecer su control sobre rutas estratégicas de tráfico ilícito, especialmente en los departamentos del Cauca, el Meta, Putumayo, el Chocó, Nariño y Antioquia. “En estas regiones, la Misión ha verificado asesinatos de excombatientes de las FARC-EP que viven en antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación y en nuevas áreas de reincorporación colectiva, así como amenazas contra ellos”, expresa el documento. El Secretario General describe como preocupante la situación en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación de Ituango (Antioquia) y Miranda (Cauca) donde excombatientes los han abandonado a causa del deterioro de las condiciones de seguridad y de las amenazas de grupos armados, dirigidas también contra las comunidades locales. Los exmiembros de las FARC-EP que viven fuera de estos espacios también siguen siendo particularmente vulnerables a las amenazas, los ataques y el desplazamiento y el reclutamiento forzados, así como a la estigmatización y las represalias. Desde el 26 de marzo la Misión ha verificado 19 asesinatos, para un total de 37 en 2020, incluidas dos mujeres. Se necesita presencia del Estado y garantías de seguridad El Secretario General exhortó una vez más al Gobierno y a las instituciones del Estado a que utilicen plenamente los mecanismos de garantías de seguridad previstos en el Acuerdo Final para producir resultados concretos y poner fin a las tragedias para líderes sociales, defensores y excombatientes. El informe afirma que es necesario que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad avance en el diseño y la implementación de la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo. Muchos excombatientes y líderes sociales han sido asesinados mientras esperaban respuesta a sus solicitudes de protección. “Como el Secretario General ha señalado repetidamente, la presencia consolidada e integrada de las instituciones estatales es la solución a largo plazo para la violencia que azota las regiones rurales de Colombia”, expresó ante el Consejo el representante de la Misión. Un llamado al cese al fuego Carlos Ruiz Massieu aseguró que espera que la llamada del Consejo de Seguridad a un alto el fuego mundial, pueda inspirar los esfuerzos de todos los interesados para detener la violencia y facilitar la respuesta a la pandemia. “No hay justificación para continuar infligiendo violencia a los colombianos vulnerables que ya están bajo tremendas dificultades. Ya hemos visto cómo incluso las cesiones temporales de violencia pueden brindar alivio a las comunidades que sufren en el terreno”, dijo. Para el jefe de la Misión, todos los esfuerzos en este momento deberían centrarse en abordar los efectos de la pandemia, proteger a los más vulnerables y garantizar que los esfuerzos de consolidación de la paz continúen avanzando en medio de esta difícil tormenta. “Animo a los colombianos a permanecer unidos mientras navegan por esta crisis y mantener sus miras y acciones establecidas en sus objetivos comunes de seguridad, desarrollo y paz genuina y duradera”.

Por: Walter Aldana. Colaborador Pares. Monseñor Oscar Darío Monsalve, arzobispo de Cali se pronunció de la siguiente manera: “Estamos llegando a casi el medio millar de líderes sociales asesinados, en los últimos cuatro años” y esa urgencia es parar estos asesinatos, que yo identifico como una venganza genocida. Inmediatamente el Senador del Centro Democrático Gabriel Velasco, solicitó a las autoridades de la iglesia católica para que sea trasladado de Cali, argumentando que “ sus constantes interlocuciones politizadas no le quedan bien a quien debe guiar la fe de los caleños y debe ser un ejemplo para los caleños”. Esto con el fin de hostigar al prelado por su apuesta en la implementación de los acuerdos con las Farc, el reinicio de negociaciones con el ELN y el llamado a que cesen los homicidios de lideresas y líderes sociales. Desde la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Enero de 1979 en Puebla, México, donde ganó un espacio importante al interior de la institución católica, la teología de la liberación como movimiento y/o como pensamiento, mantiene una permanente puja con la ortodoxia conservadora, representada hoy por el Opus Dei, versus el ministerio del Papa Francisco, jesuita argentino. Ello explica el nombramiento de José Rueda Aparicio (hombre de avanzada y pensamiento social) como arzobispo Primado de Bogotá. La iglesia católica ha jugado históricamente un papel importante en la búsqueda de soluciones a los problemas de orden público que por más de cinco décadas hemos sufrido, su papel de mediador y acompañante ha sido reconocido por las partes en litigio y la comunidad internacional, siempre en la “neutralidad”, aunque no así en la neutralidad política cuando el Papa Francisco llama a apoyar el referendo por la paz y las directivas católicas, se hacen las sordas y mudas ante el llamado. Para quienes nos negamos a ser notarios del conflicto armado y contar asesinados, que se hagan tomas a nuestros pueblos y masacres, nos llena de fe en cristo vivo y actuante en la mente y las acciones de los hombres, las aseveraciones de Monseñor Monsalve que rezan: “Permítame que vuelva a tomar el crucifijo en mi mano, la fidelidad del evangelio, al evangelio, no nos permite ser tibios, ni mudos”. El arzobispo Monsalve no sólo es un ejemplo para los caleños, lo es para los colombianos, todos debemos recordar: … “la verdad os hará libres”. A propósito de quienes plantean que decir la verdad es polarizar, y ser incendiarios.

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Fredy Chaverra. Politólogo y asesor en temas de paz. El país está a punto de iniciar su cosecha de café. Desde agosto y hasta noviembre, las distintas regiones cafeteras se enfrentarán a la etapa de recolección del grano. Este es un reto de gran envergadura, pues, además movilizar unos 135.000 recolectores y generar, entre trabajadores directos e indirectos, unos 2 millones de empleos, cubre 853.000 hectáreas destinadas a este cultivo, distribuidas en 606 municipios (alrededor del 60% del territorio nacional). Para este año, se estima que la producción alcance los 14 millones de sacos. Que a un precio interno por carga de entre $900.000 y $ 1 millón de pesos, representa para la economía el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) del sector agropecuario (para el 2019 el valor de la cosecha fue aproximadamente de $7,2 billones). Ad portas de iniciar la cosecha, el gremio se enfrenta a dos grandes problemáticas: la primera es la crisis sanitaria asociada a la pandemia de la Covid-19, circunstancia que obligará a la adopción de una serie de protocolos y medidas de bioseguridad en toda la cadena de producción y comercialización del grano, para reducir el riesgo de contagio y proteger sus vidas. El segundo problema no es tan visible, pero es tal vez la mayor dificultad a la que se ha enfrentado el gremio en los últimos años: el incremento de la tasa de homicidios en los territorios cafeteros. El ejemplo crítico es el suroeste antioqueño, una de las subregiones más tradicionales de Antioquia, donde se ha venido registrando un alarmante incremento de los homicidios y se viene posicionando como un territorio violento. Las regiones cafeteras están sufriendo las consecuencias de una expansión progresiva de las organizaciones armadas ilegales. Las cuales buscan ampliar sus rentas criminales asociadas principalmente al narcotráfico y la extorsión. Son territorios donde hacen presencia los grupos armados organizados (GAO) como el Clan del Golfo y estructuras como la Terraza, la Oficina y otras organizaciones criminales. Imagen: Pares. En este territorio, que lo componen 23 municipios y donde habitan 372.000 personas, la principal actividad económica es la siembra y recolección del café. Para 2019, la cosecha cafetera en el suroeste aportó el 63% de los sacos de café pergamino producidos en Antioquia (2.792.840). Son miles de familias y jornaleros que ven en la temporada de cosecha una oportunidad de empleo (se espera movilizar entre 40 y 50 mil recolectores en estos próximos meses). De allí que el incremento acelerado en la tasa de homicidios en esta subregión sea muy preocupante para el departamento. Según datos oficiales, hasta el pasado 23 de junio, habían sido asesinadas 145 personas, que corresponden al 65,3% de los 222 homicidios presentados durante todo el 2019, es decir, se reporta un incremento del 40% en comparación con el primer semestre del año anterior. Como siempre, las explicaciones que se dan a este incremento en la violencia de las regiones cafeteras son diversas. Pero al revisar el micro dato, se observa que buena parte de muertes están asociadas al narcomenudeo local. Muchas de las muertes, dicen las autoridades, tienen móviles relacionados con la compra y venta de drogas ilícitas. Y es que estas regiones están sufriendo las consecuencias de una expansión progresiva de las organizaciones armadas ilegales. Las cuales buscan ampliar sus rentas criminales asociadas principalmente al narcotráfico y la extorsión. Son territorios donde hacen presencia los grupos armados organizados (GAO) como el Clan del Golfo y estructuras como la Terraza, la Oficina y otras organizaciones criminales. Estas organizaciones criminales ven las zonas cafeteras como lugares estratégicos para expandir sus negocios y aumentar los ingresos. De allí, que muchos asesinatos en los territorios cafeteros estén relacionados, o bien a la lucha entre organizaciones por copar corredores de movilidad, o bien a cobro de deudas por el tráfico de drogas. En síntesis, los homicidios representan jugadas de las estructuras armadas, es una disputa por los salarios de cientos de recolectores de café. Problemática que requiere una solución integral. Además de un aumento de la fuerza pública en estos territorios y de un plan estructural que busque dar captura de los homicidas e integrantes de las estructuras que tienen en jaque la tranquilidad en la zona, se requiere de otras acciones del Estado que vayan más allá del corto plazo. Priorizando la atención al consumo de drogas que también evidencia un notable incremento en estos territorios. Los homicidios representan jugadas de las estructuras armadas, es una disputa por los salarios de cientos de recolectores de café. Imagen. Pares. Ya hace cuatro años, en la discusión del punto 4 del Acuerdo de paz de La Habana se advirtió que el problema de las drogas ilícitas en Colombia es un tema que aborda tres dimensiones: producción, comercialización y consumo. Comprender el consumo como un asunto de salud pública implica diseñar estrategias integrales de prevención y atención; retomar ese componente del Acuerdo de paz resulta fundamental ante el incremento del consumo en zonas cafeteras y en la búsqueda de una solución integral que desactive la influencia de las organizaciones armadas e impida que miles de recolectores del grano se conviertan en esclavos de la droga.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. Hoy, desde el municipio de Algeciras se reporta una crítica cifra de desplazamiento forzado, al conocerse a través de la Personería Municipal que cerca de 10 familias, integradas por 42 personas, declararon la necesidad de abandonar el municipio. Esto luego de una ola de violencia que viene afectando y causando temor a la población de esta zona, que suma cerca de 24.662 habitantes, y que durante este año ha registrado cerca de 50 desplazamientos forzados. La situación no es nueva, incluso viene precedida por la alerta que se hizo desde el partido Farc sobre el desplazamiento de 11 familias durante las primeras semanas de junio, situación resultante de una agudización en las intimidaciones, persecución y amenazas a las personas en proceso de reincorporación y sus allegados. Es necesario nombrar que los asesinatos sistemáticos contra lideresas y líderes sociales, al igual que de excombatientes, se ha convertido en una constante que ha cobrado solo en el periodo de aislamiento, al menos, la vida de 07 personas que hacían parte de procesos sociales, que se encontraban en proceso de reincorporación o eran familiares de éstos. Justo en este panorama se registró el 05 de julio el asesinato de Gentil Pasos Lizcano, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Puente en el municipio huilense, además también era reconocido por su trabajo en el sector agrario y por su defensa a los derechos de los campesinos. Pasos Lizcano fue interceptado por los atacantes cuando se encontraba en una tienda de la vereda, en la cual también fue dejado un panfleto firmado por la columna móvil Teófilo Forero conformada por disidentes de las Farc, en la cual se amenazan a diez familias, entre ellas la de Gentil Pasos. Este ha sido uno de los hechos precisos que ha generado aumento de desplazamientos forzados en los últimos días. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció al respecto, mostrando su preocupación por la violencia que no da tregua en la zona: “Condenamos las amenazas que hoy desplazan a 7 familias, 42 personas, de la zona rural del municipio de Algeciras, Huila. Estamos en seguimiento a la atención y protección de las víctimas”. Adicionalmente, también hicieron un llamado frente al asesinato de Gentil Pasos y las amenazas que han llegado a la zona, afirmando que harán “seguimiento a la atención y protección de las víctimas. Expresamos nuestra solidaridad y condolencias”. La historia de violencia que se repite Aunque el anterior fue el primer asesinato selectivo ocurrido durante el mes de julio, hay que mencionar que esta crítica situación de Derechos Humanos y desprotección hacia los habitantes de Algeciras ha venido agudizándose desde 2018, año en el que, según la Defensoría del Pueblo, hubo un incremento en los casos de extorsiones, homicidios, amenazas a través de panfletos e instalación de minas antipersonal. Asimismo, según lo analizado en la Alerta Temprana N° 063-18 estas acciones “son atribuibles a disidentes de las FARC-EP que decidieron no acogerse al proceso de paz, y bajo el mando de mandos medios que se han atribuido el comando de estas nuevas estructuras, tienen el interés de controlar el territorio y las comunidades donde las FARC-EP operaron”. Vale la pena mencionar que en Algeciras hace presencia la Columna Teófilo Forero de las disidencias de las Farc, Segunda Marquetalia, a través de la Unidad Oscar Mondragón, la cual en un principio fue creada en el año 1992 para fortalecer acciones bélicas del Bloque Sur de las FARC – EP, la que tuvo una importante incidencia durante el conflicto armado en Caquetá y Huila, dejando, solo en Algeciras, 12.803 víctimas entre 2002 y 2011. Hoy a esta misma columna se le atribuyen algunos de los hechos victimizantes ocurridos en lo que va del año en esta zona, donde se han reportado los asesinatos de: Mireya Hernández Guevara, extesorera de la JAC del barrio 20 de julio; John Fredy Álvarez Quinayas, integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Algeciras ASTRACAL; Esder Pineda Peña, integrante de Cooagropaz y ex combatiente de las Farc; Humberto Guzmán Morales, exintegrante del partido Unión Patriótica (UP); Saúl Rojas González, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Juanito; Monroy Buitrago Rojas, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Algeciras; Yhan Carlos Montaño Ovalle, hijo de Javier Montaño, excombatiente de las Farc; Rulber Anacona Ordoñez, recolector de café; Edinson Fernando Pérez Álvarez, primo de Jhon Fredy Álvarez y Orlando de Jesús Quinceno Monsalve, agricultor de la vereda Santuario. Excombatientes en riesgo Otra de las situaciones que pone en la lupa la situación de violencia en este departamento es lo que está pasando en las seis Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) existentes en el Huila, en este caso preciso en la que se encuentra en Algeciras, donde han asesinado a dos firmantes y donde a la fecha cerca de doce familias se han desplazado forzosamente. A esta grave situación se suma que el Gobierno no reconoce oficialmente las NAR, al ser una figura que no está contemplada en el Acuerdo de Paz. Sin embargo, según el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), en esta área se han reportado, por lo menos, 317 amenazas, 36 atentados, doce desplazamientos forzados y 42 persecuciones. Adicionalmente, en la Alerta Temprana N° 063-18 de la Defensoría del Pueblo se puntualizó que en las poblaciones en situación de riesgo en Algeciras se encuentran en un escenario que merece especial atención “la población reincorporada de las FARC que han recibido amenazas y han sido víctimas de atentados”. Es necesario mencionar que la desatención y falta de garantías con la población excombatiente en este municipio no solo se evidencia en los hechos anteriormente nombrados, sino también en el abandono del Estado para dar viabilidad a los proyectos productivos de las personas en proceso de reincorporación que se ubican en Algeciras, donde funciona la Cooperativa Multiactiva Agroindustrial de Algeciras, la cual se ha visto directamente afectada, entre otras cosas, en uno de sus intereses que es sembrar 100.000 matas de café, pero que ante el miedo y amenaza que viven los excombatientes día a día han tenido que poner en pausa el proyecto, logrando hasta el momento solo el 12% de sembradío, que a junio debió ir cerca del 85%. Hoy, una vez más, son necesarias las acciones y la atención del Gobierno, las cuales necesitan de precisión para frenar la ola de violencia que se vive en los territorios, y que hoy como radiografía pone de nuevo el desplazamiento forzado, los asesinatos sistemáticos y las amenazas por parte de grupos armados ilegales como una realidad del presente.

Por: Línea Democracia y gobernabilidad En el informe titulado “El cuestionado manejo de los recursos públicos en la Pandemia”, Pares compiló algunos de los casos en los que se presentan irregularidades en contratación por parte de los entes territoriales en el marco de la crisis sanitaria. Uno de los municipios que allí se presenta es el de Apartadó, Antioquia, donde la alcaldía municipal contrató por más de 550 millones con una empresa que habría sido donante en la campaña del actual alcalde Felipe Cañizales Palacio, quien además, es ficha del “Clan Char”. Sin embargo, las irregularidades no quedaron allí, recientemente Pares tuvo acceso a una denuncia sobre un contrato que firmó la “Empresa Industrial y Comercial del Estado, Terminal de Transportes de Apartadó” con la empresa Ingenio Logístico S.A.S., en la que presuntamente habría sobrecostos en diferentes productos. El contrato suscrito entre Sebastián Franco Mejía, Gerente del terminal de Apartadó y Sebastián Quintero Ayala representante legal de Ingenio Logístico S.A.S por un valor de $22.482.670 pesos y cuyo objeto era la “Instalación y dotación de implementos sanitarios e informativos para la prevención de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19”, presenta tres grandes irregularidades. La primera, tiene que ver con que, en su actividad principal registrada en el RUES no se evidencia relación con el suministro de bienes de seguridad y salud. En segundo lugar, no cuenta con estudios previos registrados en SECOP, es decir, no hay un parámetro que permita identificar que esa era la mejor opción. La tercera irregularidad, está relacionada con los posibles sobrecostos en elementos como tapabocas desechables, gel antibacterial, termómetros infrarrojos y un botiquín de primeros auxilios. Una lista de sobrecostos En la tabla de productos que se presentará a continuación, se ve el listado de materiales a distribuir en el contrato. El primer elemento en el que se presume hay sobrecostos es el gel antibacterial por un litro con un valor de $38.080 pesos, no obstante cuando ese mismo producto (con la misma cantidad) se cotiza en establecimientos como Homecenter o páginas como Mercado Libre, hay una escala de valores que oscila entre $10.000 y $28.000 pesos, es decir que en este caso puede haber un sobrecosto de al menos $10.000 pesos. El siguiente producto con posibles sobrecostos es la caja de guantes por 50 unidades con un valor de $190.400; haciendo el mismo ejercicio de cotizar en otros establecimientos, en este caso Farmatodo y Locatel, los precios de la caja de tapabocas desechables por 50 unidades se encuentra entre $38.000 y $89.500 pesos, lo que significaría un sobrecosto de al menos $100.900 pesos. En esa lista se adquiere un kit de primeros auxilios por $583.100 pesos, sin especificar lo que contiene dicho kit, en la comparación de precios se consultaron las mismas dos tiendas mencionadas previamente; en ellas se ve que los kits varían su precio de acuerdo a la cantidad de elementos que tiene cada kit, sin embargo el más caro viene por un valor de $217.000 pesos, es decir que existiría un sobrecosto de $366.000 pesos. Finalmente, el producto que mayor sobrecosto registra es el termómetro infrarrojo, el cual, de acuerdo a la lista, tiene un valor de $809.200 pesos la unidad, sin referencias las características técnicas. Comparando los costos en tiendas en línea como Falabellla y Mercado Libre, un termómetro de este tipo puede costar entre $90.000 y $180.000 pesos, es decir que la diferencia entre el precio fijado en el contrato y el más elevado encontrado en estas páginas es de $629.200 pesos. Una caja de guantes por 50 unidades con un valor de $190.400, cuesta en Farmatodo o Locatel entre $38.000 y máximo $89.500 pesos. En tan solo estos productos revisados el aparente sobrecosto es de al menos $2.370.700 pesos, lo que equivale al 10,54% del total del contrato. Aún quedan dudas sobre productos como los 14 tapabocas de tela, donde si bien en el mercado hay una amplia gama de precios, el valor en el contrato pareciese elevado y a eso se suma la pregunta del ¿por qué adquirir 14 de esos tapabocas cuando se están adquiriendo siete (7) cajas de tapabocas desechables por 50 unidades? E incluso, ¿por qué el valor por hora de una labor como el perifoneo, tiene un costo de $41.650 pesos, y por qué solo se realizará durante 40 horas (lo que podría equivaler a 8 horas durante 5 días hábiles? Este es una llamado a los entes de control que vigilan y a las entidades territoriales, donde durante la emergencia social, económica y ecológica se han presentado casos de este tipo en todo el país.

Por: León Valencia, director – Pares El senador Gustavo Petro sacudió el escenario político convocando a la desobediencia civil. Desconocer el mandato de Iván Duque, porque es fruto de un fraude, de la compra generalizada de votos con dineros de las mafias. No enviar a los hijos al colegio, una vez se abran los establecimientos; y no pagar servicios públicos; son las consignas inaugurales del llamado. Petro, que no había encontrado un gancho poderoso para fungir como cabeza de la oposición y agitar a sus seguidores a lo largo de los dos años del gobierno de Duque, se anotó un gran punto con esta convocatoria. Inmediatamente el establecimiento en masa salió a enfrentarlo con la acusación de irresponsable, de incendiario, de inventar la fábula el triunfo ilegítimo, de aprovechar las angustias populares en medio de la pandemia como bandera política. También en las filas de toda la izquierda sonaron las alarmas. Petro había decidido echarse al mar sólo, en su barca, y buscar el puerto de las elecciones de 2022 enarbolando banderas sociales duras, radicales, que pueden tener recibo en medio de la enorme crisis que va dejando a su paso la pandemia. No es una novedad esta manera de hacer oposición. Este ha sido el tono de los opositores en los últimos diez años. El expresidente Uribe forjó a punta de consignas radicales una feroz y eficaz oposición al gobierno de Santos. Se lanzó contra las negociaciones de paz y acudió a métodos legítimos e ilegítimos para atravesarse en los acuerdos. Llamó a la resistencia civil y al mismo tiempo mantuvo relaciones indebidas con sectores del ejército que comulgaban con sus ideas y prohijó interceptaciones y utilizó información reservada para golpear a los negociadores de la Habana. Así construyó su propio partido, el Centro Democrático, tejió una alianza con el Partido Conservador y con las iglesias evangélicas, aglutinó a la derecha política y empresarial del país, y ganó las elecciones de 2018. También fue dura y vehemente -y no menos eficaz- aunque ajustada institucionalmente, la oposición que la izquierda y los independientes le hicieron a Duque en el año 2019 y hasta el momento en que llegó la pandemia. Las bancadas parlamentarias opositoras mantuvieron a raya al gobierno y no le permitieron pasar buena parte de sus iniciativas e impidieron que revirtiera legalmente los acuerdos de paz. A su vez apoyaron y promovieron las enormes manifestaciones ciudadanas de finales del año que presagiaban un colapso del gobierno. El Partido Verde fue el más favorecido con este tipo de oposición: se alzó con las alcaldías de Bogotá y de Cali y se metió en alianzas ganadores en diez o más importantes gobernaciones y alcaldías del país. Así estaban las cosas cuando llegó la inesperada Covid 19 que le dio un vuelco a toda la situación política del país. La paz, la seguridad y el régimen de Nicolás Maduro, declinaron en la agenda y la gestión de la pandemia, al lado de los graves problemas económicos y sociales, pasaron a primer plano. El presidente Iván Duque, Claudia López y varios alcaldes tuvieron los reflejos necesarios para reaccionar rápidamente ante la nueva situación. Duque pensó que había encontrado una tabla de salvación en el mar de dificultades que afrontaba. Se aferró a esa tabla y se concentró en el manejo de la crisis, con la ventaja enorme que tienen los mandatarios nacionales en medio de la incertidumbre y el miedo que genera la brutal amenaza del coronavirus. Claudia López, y los alcaldes alternativos, supieron que tenían que aplazar su agenda de cambios y empezaron a caminar en medio de la tormenta en el difícil equilibrio de atender las demandas de los habitantes angustiados de sus ciudades y servir, a la vez, de contrapunto a confusas y dubitativas decisiones nacionales sobre cuarentenas y aperturas o sobre inversiones sociales y emergencia sanitaria. El Congreso, los partidos políticos, los excandidatos presidenciales, las dirigentes de las protestas sociales, las Cortes, el ELN, todas estas instituciones y fuerzas, pasaron a un segundo plano. Incluso Petro, con las credenciales de haber disputado la segunda vuelta presidencial y liderar a millones de entusiastas seguidores, con la enorme habilidad para manejar las redes sociales, aparecía menguado y distante. En esta crónica de las vicisitudes de la política nacional llegamos a un nuevo quiebre. En este mes de julio de 2020 se han agudizado todos los dolores y se están esfumando las ilusiones de que podemos atenuar los efectos de la pandemia. Los contagios y las muertes se han acelerado. El costo de darle un empujón a la economía mediante mal calculadas aperturas y experimentos como los días sin IVA, ha sido muy alto. Las encuestas, que en un principio empezaban a levantar a Duque del suelo y encumbraban a los alcaldes, dan indiscutibles señales de castigo a todos estos protagonistas. El castigo es más duro para el presidente, pero también afecta a los alcaldes. Gustavo Petro tiene olfato para las dificultades y siempre encuentra razones para enhebrar discursos radicales. Los indicios de una financiación mafiosa de la campaña a la presidencia de Duque a cargo del famoso Ñeñe Hernández y de una financiación extranjera ilegal o indebida a cargo del empresario venezolano Oswaldo Cisneros, son bastante notorios. Asimismo, los enredos mafiosos de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez. Son ingredientes que, sin lugar a dudas, le restan legitimidad a las elecciones de 2018. La impugnación y los llamados a desconocer obligaciones con el Estado pueden calar en sectores sociales más allá de los fieles seguidores de Gustavo Petro. Ahora bien, Petro puede hacer esto porque su grupo no tiene las riendas de alcaldías y gobernaciones, ni un sector empresarial al cual responder. Actúa en solitario y no le interesa construir un partido y tejer alianzas con actores diversos. El Partido Verde o el Polo Democrático, o sectores liberales o del Partido de la U que están en la oposición al gobierno nacional, pero tienen a su cargo gobiernos locales y grandes empresas públicas no pueden cortarse la cabeza promoviendo el no pago de servicios o el desconocimiento de impuestos. ¿Qué tal Claudia López promoviendo el incumplimiento de obligaciones con la Empresa de Energía de Bogotá o con la Empresa de Teléfonos de Bogotá? Pero el Partido Verde, y todas las fuerzas alternativas, pueden responder a este momento crítico del país con una no menos férrea oposición al gobierno nacional, al tiempo que cumplen a cabalidad con la obligación de atender lo mejor posible la enorme angustia que van a vivir los ciudadanos en las semanas y los meses venideros. Es la gestación de una labor desde dentro de las institucionales nacionales y locales, una respuesta institucional a la crisis liderada por la izquierda. Tendrían que volver, eso sí, sobre las huellas de 2019. Activar y aglutinar las bancadas parlamentarias, promover la coordinación entre estas bancadas y los gobernantes regionales y locales, encontrar maneras nuevas de la protesta social en medio de las cuarentenas y establecer una firme conexión con las organizaciones sindicales y sociales que encabezaron la protesta el año pasado. La agenda social que han agitado en estos meses sectores alternativos tiene mucho sentido: la renta básica universal, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas como paliativo al enorme desempleo y la generación de nuevos impuestos a la riqueza para paliar grave crisis económica y las hambrunas. Pero las banderas para transformar la educación que agitaron los estudiantes en las marchas de 2018 tienen una especial vigencia ahora. También el ambicioso proyecto anticorrupción que llevó a cerca doce millones de personas a las urnas a votar el referendo. Y un último punto que la oposición no ha sabido explotar: la fracasada, pero riesgosa, política internacional del gobierno del presidente Duque.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo y Laura Cano – Redacción Pares. «La Fuerza Pública, se supone, que son garantes de los derechos y libertades de los colombianos. Cuando un agente estatal comete un delito no solo compromete su individualidad, sino que comprometen al Estado colombiano. Ha habido espíritu de cuerpo para silenciar los casos de violencia sexual, para ocultar. Incluso, en muchos casos se han ofrecido dinero para tratar de dejar en la impunidad los casos.” Pares habló con Alirio Uribe Muñoz, a propósito que en las últimas semanas se ha comenzado a destapar uno de los capítulos más dolorosos de las acciones de las FF.MM. que se han cometido en el marco de violencia que no cesa en el país. Los abusos sexuales como una de las prácticas más degradantes contra las mujeres, han sido utilizados para imponer miedo, para ganar autoridad en los territorios, tomando hoy forma de relatos de víctimas que insisten en que se conozca lo ocurrido y haya justicia. Alirio Uribe ha hecho su carrera en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Cajar, una ONG que litiga casos de derechos humanos; en dicha organización comenzó como abogado y fue su director durante tres años hasta el 2013. Lideró procesos como las denuncias por las «chuzadas» del DAS, los asesinatos del humorista Jaime Garzón, del profesor Alfredo Correa de Andreis, de Manuel Cepeda Vargas y de sindicalistas como los de la empresa carbonera Drummond. «Hay una necesidad para adelantar una reforma de la doctrina militar de cara al post acuerdo. Es un tema estructural. Tiene que ver en cómo la Fuerza Pública se relaciona con la población civil. Es importante depurar las doctrinas de seguridad nacional, de enemigo interno. Esto en razón de mitigar las prácticas por fuera de los Derechos Humanos de las FF. MM. en las regiones.» Uribe Muñoz señaló además que “Uno de los problemas más graves sobre la violencia sexual en términos de la denuncia es que a la víctima le toca comprobar. Este proceso para las víctimas en general, pero también para niños y niñas es un proceso que genera temor y estigmatización. Ahora, más riesgoso aún si el agente perpetrador es un actor armado tanto legal o ilegal”.

Por: Joker Extraviados en la codicia y en el descrédito, ocultos en una espesura boscosa del tamaño de un brócoli, se encuentran los aliados del cada día más deslegitimado gobierno uribista, ante las contundentes pruebas de la ñeñe política, el caso de los laboratorios de cocaína del ex embajador Sanclemente en las goteras de Bogotá y un materializado fantasma que angustia a la vicepresidenta en su ventajosa mesura. Los hay de todos los matices y particularidades, están los Galán con sus conductas sibilinas defendiendo los privilegios que les otorgan todas las administraciones, en razón del legado de su honrado padre y haciendo cola para gobernar el país como les corresponde, el distinguido Rodrigo Lara que se ganó un lugar intocable y muy exclusivo bajo el halo de la burocracia, por mantener la boca cerrada y abierta en los tiempos adecuados, ni mucho, ni poco, ni allá, ni acá, muy fiel al estilo roñoso de la conocida burguesía nacional, habilidosa en usar un lenguaje construido para no decir y bajo los argumentos estériles de que todo está dentro de la normalidad, al tiempo que nadan como rémoras a la diestra del rancio Lleras, sobre las placenteras olas de la prosperidad. El mercader Cesar Gaviria, negociando los últimos esfuerzos del Partido Liberal por legitimar ante la historia su papel emancipador, ya hecho cenizas por el clientelismo y la corrupción de sus líderes más visibles; esta figura engañifa no repara en esgrimir con su voz entelerida comentarios convenientes al caos nacional, tan solo para proteger a Simón Gaviria de las investigaciones de Odebrecht. De seguro se convertirá en otro títere y está esperando su turno para sentarse a lanzar aviones de papel desde el Palacio de Nariño. Claro que también lo hace por su hija María Paz, a quien ya promueve para el Ministerio de Cultura. No faltará quien me acuse de envidioso, pero el territorio tiene sobreoferta de capital humano calificado, ganándose la vida como conductores de taxi precisamente por la ausencia de oportunidades. ¿Lo importante es el apellido? Del consentido Simón no tendremos mucho que agregar, es casi transparente e inofensivo y muy haragán, solía no leer los proyectos de ley cuando fue congresista y sin embargo Harvard le otorgó una beca. Por Dios una beca de 200 mil dólares que ningún genio nacional podría soñársela, pues allí solo pueden figurar nombres como Franklin Roosevelt, John F. Kennedy, George W. Bush, Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg entre otros. Ojalá no necesite de un inmolado como le ocurrió a su padre, ya que es muy conocido por todos que César Gaviria solo tuvo que remar sobre el cadáver de Luis Carlos Galán Sarmiento, para enquistarse en la historia fatídica de nuestra república como presidente. No podría faltar Germán Vargas Lleras y su maniqueísmo político, disimulado entre las fisuras y la maleza de su alianza con el uribismo, un cálculo político que en mi opinión agravan su futuro y el desenlace político de las autodenominadas castas de la capital de Colombia; este hombre atormentado por la altivez de su dinastía criolla, se esclaviza a una petulancia que lo arroja en la descalificación de una sociedad juvenil muy exigente, intelectual y que peleará por su futuro, que no digiere discursos primitivos, ni magnifica hombres ordinarios tan solo por un apellido de alcurnia. Se debe decir, que sumando sus grotescos coscorrones en medio de los huracanados aires de superioridad que lo abruman, lo dicho anteriormente está sepultando la fastidiosa creencia que el alfil de los cacaos bogotanos nació para gobernar. ¿El Ministerio de Salud que fructificó en el pacto demoniaco con el Centro Democrático, está acelerando su condena al rincón de los no canonizados? Yo creo que sí. Por supuesto que hay muchos más, como el ridículo y chocarrero Andrés Pastrana ayer acusando al uribismo con los cargos más severos por sus vínculos con el paramilitarismo y hoy cobijado bajo las mismas premisas de la mano firme y el corazón grande, sin dejar de lado los que merodean con sumisión y zalamería asumiendo posturas a favor del gobierno en cualquier escándalo que sacuda sus cimientos; pero son actores regionales, mediáticos y de poco peso para las presuntuosas élites, que se arrogan el distintivo derecho a ser presidenciables. Incluso aparecen detractores más feroces, otrora progenitores de la consulta anticorrupción, quitándole la pólvora a sus señalamientos y como enemigos íntimos resultan arrojándole salvavidas al partido de gobierno; de seguro lo hacen para ser cónsonos con sus intereses jurisdiccionales, lo que los obliga a guardar silencio y a mantener una distancia prudencial de los asuntos espinosos de los palacios Liévano y Nariño respectivamente. Como es el caso de la senadora del Partido Verde Angélica Lozano, quien insinuara de forma cicatera que fraude electoral sí hubo, pero que muy poquito, refiriéndose a la denuncia que prepara el líder de la Colombia Humana por dineros del narcotráfico y compra de votos en las elecciones presidenciales. Es muy cierto que esta imputación cobra más relevancia y credibilidad, con cada grabación que sale a la luz pública y desnuda el estrecho vínculo de Iván Duque con este narcotraficante. No podrían faltar los tecnócratas como la boca de chicle Juanita Goebertus, quien no solo elevó a una condición sublime la depravada seguridad democrática, sino que abstraída en su dimensión del arco iris, de estrellitas chispeantes, girasoles y unicornios, sugiere que los deplorables sucesos nacionales, no dejan de ser una simple turbulencia, un efecto colateral de las economías y un revés de un mal momento; sin ninguna duda, estas percepciones abonan el suelo de los belicistas de oficina del uribismo quienes concluyen sobre las ruinas de la nación… ¡En Colombia la gente es pobre porque quiere! Eso sí, todos defienden la bandera de una pérfida y prostituida institucionalidad, que en su generalidad organizacional, solo sirve para mantener el secuestro más sofisticado y perfecto sobre los colombianos sin apellido y sin influencias; ignorando la basura que se acumula en las vidas y en los sueños colectivos, indiferente ante el metabolismo de la calle que sortea la desgracia del hambre con la autofagia y muy insensible por los niños confundidos que juegan a la guerra entre el humo de los contaminantes y la desnutrición crónica. También es inclemente ante el reclamo dimensional, que hacen los campesinos, desde sus viviendas atornilladas a un pasado arcaico, donde pareciera que el tiempo se hubiera detenido en el siglo XVIII, éstos arando los campos del genocidio, del desplazamiento y el olvido y ante la amenaza permanente del gran diluvio del glifosato. Sin embargo, es oportuno recordar que esta penuria sociológica es la que fructifica y nutre de soldados a todos los ejércitos del conflicto, los medios de comunicación nómina de los grupos económicos, sí nos dicen qué cerveza tomar, qué banco utilizar, pero jamás que la ruralidad se llama olvido y abandono y que esconde el 70% del analfabetismo del país y por ende gran parte de nuestro fracaso social. Es un ineficaz orden institucional, que no se avergüenza de exponer la celeridad de la justicia contra un hombre por robarse un caldo de gallina, pero disculpa a un fiscal que usa los recursos públicos para darse una vuelta por el universo de sus egos, y así lograr mostrarle a su hija como se ve Suramérica sin él. Debemos reflexionar, si bien en esta columna no están todos los fundamentos existentes de esta aterradora realidad, nos seguimos acostumbrando al aparente Jardín del Edén sin estación, colonizado hasta su médula por el hollín y la descomposición sociopolítica. Caemos en la maldita trampa del castro chavismo, usada para encubrir a una clase política más malévola que torpe y más perversa que ruin, que lleva gobernando siglos, años, meses, días, horas y minutos, sumando muertos y fracasos, de una forma tan naturalizada que han logrado hacer ver que ser corrupto es un estilo de vida y que la plata no se hizo con pendejos. Sin duda no son personalidades, menos delfines, realmente son parásitos y desde sus cómodas posiciones no pueden vislumbrar que existe una población descalza, de pan y de agua de panela, de cartones y de sueños tan simples como poder comer tres veces al día, mientras los amigos del gobierno y la banca vomitan de opulencia. Pero ya no tienen donde esconderse y están perdidos, yacen enredados en todas sus mentiras y calumnias, están instrumentalizando la represión y luchan por reinventarse como medio para lograr resguardar sus privilegios; sabemos quiénes son y que tan solo defienden un sistema infame, que dice que una minoría puede apoyar sobre los hombros de una mayoría social, el peso de sus lujos y de sus sucios vicios, sin ningún tipo de remordimiento. ¡Perdidos en un brócoli! es un título metafórico, y hace alegoría a la capacidad e incapacidad, de esconderse y perderse en la nimiedad de una mentira colosal y nos convida a unirnos como una masa uniforme, perspicaz y coherente, que apunte en una misma dirección y así lograr refundar nuestra patria. Del Joker con mucho cariño… Rio Cuarto Argentina.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. A la fecha, según el más reciente informe de la ONIC respecto al COVID-19, se registran un total de 38 fallecimientos a causa del virus en los pueblos indígenas y 1.175 indígenas contagiados actualmente. Aunque este panorama ha afectado directamente a 44 comunidades, se está en alerta por un riesgo espacial en 8 pueblos: Los Pastos, Zenú, Nasa, Embera Chamí, Wayuu, Pijao, Muisca y Awá, esto por dos variantes; por un lado, por casos positivos ya identificados en sus territorios, y, por otra parte, por su cercanía con centros poblados con altos números de casos positivos. Esta última variante es la que mantiene en el foco la comunidad Awá, donde una de las alertas se da por el número de contagios en Nariño, donde se registran 4.275 casos. Lo que ha acentuado la necesidad de implementar con rigor la medida de aislamiento preventivo obligatorio. No obstante, lo anterior bajo el interés de salvaguardar la vida y no empeorar el sistema de salud y su capacidad de atención, ha puesto otros temas sobre la mesa, por ejemplo, el aumento del riesgo hacia lideres y lideresas por, entre otras cosas, las restricciones de movilidad, que en este caso preciso ha afectado a la comunidad Awá. Una radiografía de esto es el más reciente asesinato cometido el pasado 09 de julio contra el líder indígena y defensor de derechos humanos, Rodrigo Salazar, de 44 años, quien se desempeñaba como Gobernador Suplente del Resguardo Indígena Awá de Piguambí Palangala. “Hoy no queremos que la muerte de Rodrigo pase desapercibida como tantos otros homicidios; ya es hora, que desde la Fiscalía General de la Nación cumpla con la obligación de investigar y judicializar a los culpables del asesinato de nuestro hermano Rodrigo Salazar, quien deja desprotegidos a hijos y esposa”, se agregó a través de un comunicado de la Unidad Indígena del pueblo Awá (Unipa). Comunidad Awá en riesgo La anterior no ha sido la única denuncia sobre asesinatos selectivos en la zona durante el periodo de aislamiento social que se vive en el país. Uno de los primeros en reportarse fue el de Wilder García, indígena Awá perteneciente al Resguardo de Tortugaña Telembí. Los hechos sucedieron el 26 de marzo en la vivienda de Wilder, en el municipio de Barbacoas, Nariño cuando los atacantes irrumpieron en su hogar y lo asesinaron frente de su familia; su esposa y dos hijos. El siguiente caso sucedió el pasado 22 de abril en Ricaurte, Nariño, donde fue asesinado Ángel Artemio Nastacuas, indígena Awá del resguardo Pialapí Pueblo Viejo, quien fue asesinado en medio de acciones de erradicación forzada que se adelantaban en la zona, en donde recibió un impacto de bala proveniente de una de las armas de los Policías que se encontraban en la zona, quienes emprendieron una arremetida contra las personas que se encontraban en este lugar. «Nunca la erradicación forzada va a ser la salida para enfrentar este flagelo, la violencia siempre va a generar más violencia. Hoy tenemos que enfrentar el riesgo de una pandemia como el COVID-19, las amenazas por la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales y agresiones desmedidas en contra de los indígenas Awá del resguardo Inda Sabaleta, quienes intentan sobrevivir en un mundo lleno de desigualdades”, informó la Unipa. A este panorama se suma que el 17 de junio a través de un documento la Unipa denunció que “el COVID – 19 se ha convertido para el pueblo Awá en un periodo caótico”, esto, además de los asesinatos, por el incremento de enfrentamientos de grupos armados que específicamente el 11 de junio provocó que una menor quedara herida, y a su vez la agudización de las amenazas en contra de la comunidad. “Es sumamente preocupante la situación, por varias razones; el confinamiento, las amenazas frente a la vida, riesgo de una masacre, restricción de la movilidad por minas antipersonal, todos estos hechos que pueden desembocar en un desplazamiento masivo como lo hemos alertado de diferentes maneras”, aseveró la Unipa. En este contexto es necesario señalar que para la protección de esta comunidad existen las resoluciones Auto 004/2009, Auto 174/2011 y Auto 620/2017 de la Corte Constitucional, las medidas cautelares /CIDH MC61/2011, la resolución defensorial 053/2008 y las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, sin embargo, la Unidad Indígena acusa que en realidad no hay garantías reales que salvaguarden este pueblo, muestra de estos son los hechos registrados durante la cuarentena. Ante este panorama se insta al presidente Iván Duque a darle celeridad a la implementación del Acuerdo de Paz, partiendo de las afectaciones que este incumplimiento está teniendo en territorios donde el conflicto armado no ha cesado y donde incluso el Estado está agravando esta situación con las erradicaciones forzadas. Además, también se hace un llamado “a los diferentes organismos internacionales y organizaciones defensoras de Derechos Humanos a rodear al pueblo indígena Awá y denunciar los graves hechos que estamos viviendo”.

Por: Pares Pacífico. En medio de música, comparsas, protocolos de bioseguridad y un ambiente generalizado de lucha, llegó la marcha por la dignidad a la ciudad de Bogotá tras completar 16 días de recorrido denunciando la grave situación de derechos humanos que viven los y las lideresas sociales en el Cauca y en el país. En palabras de una de las mujeres caminantes: la marcha por la dignidad es la semilla para recuperar la movilización social que se nos llevó la pandemia, no nos vamos a quedar quietas porque nos están matando. Partieron desde la ciudad de Popayán en una confluencia de organizaciones sociales caucanas lideradas por el Consejo Comunitario Afro-Renacer del Micay y COCOCAUCA del Proceso de Comunidades Negras (PCN), La Coordinadora Nacional Agraria (CNA), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), La Universidad del Cauca y varios defensores/as de derechos humanos y excombatientes en proceso de reincorporación. En su recorrido se fueron sumando otras organizaciones y procesos sociales en Santander de Quilichao, Jamundí, Cali, Cartago, Pereira, Armenia e Ibagué, logrando visibilizar otros actos de protesta y movilizaciones, tal y como sucedió en el caso de las comunidades indígenas Nasa, recientemente desalojadas en el sector de La Viga-Pance en la ciudad de Cali. También sufrieron acoso policial en su paso por el municipio de Cartago, en el Norte del Valle y por el Eje Cafetero. Desde la Marcha por la Dignidad denunciaron que desde la UNP no les autorizaron el acompañamiento de los esquemas de seguridad y que policías de civil a pie y en carros, intentaron infiltrar el recorrido averiguando el nombre de los y las marchantes, además de la grabación permanente e intimidación. Desde la ciudad de Popayán en una confluencia de organizaciones sociales, llegan a Bogotá con el lema: «Nos unimos a la lucha por la dignidad» Fotografías: Cortesía Marcha por la Dignidad. Pese a las dificultades del camino y el cansancio, hoy arribaron a Bogotá con mensajes por la defensa de la vida y una serie de exigencias que se sumaron en el recorrido por el pedido de diferentes organizaciones sociales, y que serán presentadas al Gobierno de Iván Duque en un acto de cierre, a las 6:00 pm, con una velatón por la vida y libertad en el centro de la capital. ¿Por qué marchar hasta Bogotá? El Cauca, como departamento y el sur-occidente como región, son dos escenarios en los que las violaciones de derechos humanos contra la población civil han empeorado como consecuencia directa de la reconfiguración del conflicto armado y la entrega de armas por parte de las FARC. En la región del Cañón del Micay, especialmente en los municipios de Argelia y El Tambo, se vienen presentando la mayor parte de asesinatos de líderes y lideresas sociales y de excombatientes. Es una zona muy compleja en la que se libra una disputa a muerte entre los Grupos Armados Pos-Farc (GAPF) Frente Carlos Patiño, apoyado por la columna Jaime Martínez, contra el Frente José María Becerra del ELN, por el control de los cultivos y los corredores estratégicos del narcotráfico en la salida al mar Pacífico. La marcha por la dignidad es una muestra clara de que el Cauca y el suroccidente son escenarios históricos de la resistencia campesina, indígena y afrodescendiente, y de organizaciones sociales. Fotografías: Cortesía Marcha por la Dignidad. Los últimos acontecimientos muestran que en esta región se han consolidado los GAPF en Argelia y el Tambo, diezmando al ELN, y en ese sentido, la guerra se va desplazando hacia el Pacífico Caucano en municipios como López de Micay y Timbiquí, donde la oficina regional Pares-Pacífico registra presencia de GAPF como el Frente Oliver Sinisterra, el Frente 30, el frente Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia y, por otro lado, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC/Clan del Golfo y presencia de carteles mexicanos. Es en este contexto que surge la Marcha por la Dignidad como última estrategia por parte de varios líderes y lideresas sociales para llamar la atención sobre su situación bajo la consigna #NosEstánMatando. Vale la pena resaltar la capacidad de convocar y juntar otras organizaciones sociales en el camino, ganando cada vez más reconocimiento y visibilidad. Pero también como desde la institucionalidad desconocen estos mecanismos de protesta. La marcha por la dignidad es una muestra clara de que el Cauca y el suroccidente de Colombia, son escenarios históricos de la resistencia campesina, indígena y afrodescendiente, así como de organizaciones sociales fuertes con capacidad de movilización durante todo el año, aún en condiciones de violencia, pandemia y crisis social y económica.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. Sobre las desapariciones forzadas de la Comuna 13 de Medellín, la JEP dio a conocer dos grandes cosas: por un lado reveló que hay posiblemente 435 posibles víctimas de desaparición forzada —entre 1978 y 2016— de las que 126 personas habrían sido desaparecidas entre el segundo semestre de 2002 y primer semestre de 2003, tiempo en que se llevó a cabo ‘La operación Orión’. Por otro lado, la JEP —por medio del auto 091— pidió a la alcaldía de Medellín, el Dane y la Fiscalía entregar información sobre información de 108 casos de desaparición forzada de la Comuna 13, en un término de 10 días hábiles. Esto debido a que de los 435 caso la Jurisdicción Especial cuenta con 327 casos con información completa o avanzada, a los 108 restantes se requiere de esta información solicitada a la institucionalidad. Tal como señalo el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), las respuestas siguen siendo insuficientes o nulas, pues la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Personería de Medellín y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, después de un año no han suministrado la información en los plazos establecidos por la JEP, faltando a los derechos de las víctimas y el pleno desarrollo de la justicia transicional.” La lucha de las víctimas por la verdad Cabe recordar que e pasado 29 de agosto de 2018, nueve (9) peticionarios —dos (2) representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete (7) familiares de desaparecidos— le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales «se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado». Asimismo, en la Comuna 13, o sus alrededores, hay lugares de inhumación no reportados (o no inventariados), en los que se presume hay cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Y, a la vez, determinar si existen otros posibles lugares de inhumación donde haya víctimas de desaparición forzada relacionadas con los mismos hechos y contextos. Tras la audiencia de desaparición, se solicitó a la institucionalidad la entrega de información. “Las víctimas están sometidas a la lentitud planificada y que obedece a la estrategia de la impunidad. Hay unos intereses muy grandes que se mueven en la Comuna 13 y lo que nosotros hemos evidenciado es que no hay un compromiso. Esta impunidad estructural busca deslegitimar lo que ha ocurrido en el territorio, ha buscado ponerle un manto de duda en la versión de las víctimas, en la versión de las organizaciones de Derechos Humanos.” Las anteriores palabras son de Adriana Arboleda, quien hace parte de Corporación jurídica libertad y es vocera del Movice, quien agregó: “Están, además, incumpliendo el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una negligencia que obedece al negacionismo y la impunidad que pretenden en la Comuna 13.” La Operación Orión, una cicatriz en la Comuna 13 Vale la pena recordar que la mañana del 16 de octubre de 2002 cerca de 2000 uniformados y funcionarios judiciales del Ejército Nacional, el extinto DAS, la Policía, el CTI y las ‘Fuerzas Especiales Antiterroristas’ se tomaron la comuna 13 de la ‘ciudad de la eterna primavera’ con armas, helicópteros y tanquetas. Según el CNMH, esta intervención militar en el territorio urbano dejó más de 600 víctimas directas entre retenidos, desplazados, heridos, muertos y desaparecidos. Por ese entonces, Álvaro Uribe Vélez estaba recién llegado a la casa de Nariño después de ser nombrado presidente Colombia (2002-2010) con la bandera de seguridad democrática y la hoy vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez quien oficiaba como ministra de Defensa. El alcalde de Medellín era Luis Emilio Pérez Gutiérrez, exgobernador de Antioquia, y el gobernador del departamento era Eugenio Prieto Soto; quien fue nombrado después del asesinato de Guillermo Gaviria Correa. Aquél miércoles 16 de octubre, la toma de la comuna 13 de la ‘capital de la montaña’ fue comandada por el general Mario Montoya, quien lideró la IV Brigada del Ejército, acompañado por Leonardo Gallego Castrillón, general de la Policía Metropolitana de Medellín. La Operación Orión se extendió a lo largo del mes de noviembre y diciembre. Hoy, Montoya comparece ante la JEP. Durante la operación, la población fue testigo del fuego cruzado y, ante la arremetida de fuerza pública y paramilitares, los habitantes salieron con pañuelos y sábanas blancas como símbolo de paz; pero el fuego como ‘la horrible noche’ no cesó. Pares: ¿Cómo toman la determinación de la JEP? Adriana Arboleda (A.A.): La JEP, además de insistir en la entrega de información, resalta que no tiene sentido que un año después de la audiencia todavía existan instituciones que sigan sin entregar esa información. Nos parece muy acertado y muy importante que la JEP les insista en el compromiso que tienen de brindar esta información como parte del cumplimiento de los derechos a las víctimas. Por otra parte, encontramos muy importante que la JEP, mediante la Sección de Ausencia de Reconocimiento, nos haya dado la razón en lo que nosotros hemos venido insistiendo. El tema de la desaparición forzada en la Comuna 13 es sistemática, ha sido generalizada; por lo tanto contituye una grave violación a los Derechos Humanos. La JEP, a su vez, señala, en el auto 97, que de los 435 casos que ellos han documentado, ellos han establecido que los picos más altos se dieron en el lapso de un años: entre 2002 y 2003. Justamente, la época que coincide con las operaciones militares y con el posicionamiento paramilitar. Un alto porcentaje de esas víctimas, al menos 130 fueron cometidas entre el segundo semestre de 2002 y el primer semestre de 2003. Pares: ¿Cuál es el llamado para las instituciones a las que la JEP solicita información? A.A.: El mensaje es que debe existir una verdadera voluntad política y judicial para avanzar en el esclarecimiento de los casos. Las organizaciones de Derechos Humanos, empezamos a denunciar los casos de desaparición forzada desde el mismo momento en que se llevó a cabo la Operación Orión. Esa semana del 16 de octubre nosotros pusimos en conocimiento al menos cuatro desapariciones forzadas. Son ya casi 18 años. Durante todo este tiempo hemos participando en mesas con Procuraduría, con Defensoría, con la Alcaldía de Medellín de esa época; para denunciar los casos que registrábamos de desaparición forzada. Con eso que dijimos, no pasó nada realmente. No existió ninguna acción de prevención, ni de investigación de los hechos, ni de esclarecimiento de los hechos. Es solo hasta ahora, que empiezan a esclarecerse los hechos porque la JEP está cumpliéndo con su papel, lo cual nosotros valoramos. Agradecemos que la JEP haya atendido nuestra petición y que haya abierto dichas medidas cautelares. Ahora bien, es completamente inaceptable, al día de hoy, tenga que ser la JEP sea la que tenga que insistir a la institucionalidad que deben cumplir con el compromiso. Entre otras cosas, porque estamos hablando de un compromiso mínimo. No se están pidiendo avances en las investigaciones, sino que pasen la información que tienen en sus bases de datos. Si no la tienen, pues notifiquen esa situación. Estamos hablando de una solicitud hecha por la JEP en julio del año pasado, entre el 17 y 18 de dicho mes. Seguramente, lo que está pasando es que no tienen la información, pero deben reconocerle a las víctimas, reconocerle a la JEP y a la sociedad que ni siquiera, al día de hoy, tienen consolidadas bases de datos del número de víctimas de las denuncias que han recibido. Estamos hablando de 435 víctimas, una cifra escalofriante, solo en una comuna de Medellín. Pares ¿Esto se denomina como una acción de negligencia y revictimización por parte de la institucionalidad hacia las víctimas? A.A.: La actuación de la institucionalidad en este país en el tema de Derechos Humanos, es realmente indolente. Por ejemplo, la ley 1448 ha sido ineficaz en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. En el caso concreto de la Comuna 13, no sólo tenemos una sistematicidad en el desaparecimiento forzado, sino también a otros tipos de victimización que han sido poco exploradas. Por ejemplo, el desplazamiento forzado, que se sigue perpetrando hoy por hoy. Otro caso, por ejemplo, son las detenciones arbitrarias, en el marco de las operaciones militares. En ellas muchas personas son retenidas durante mucho tiempo e incluso años en la cárcel para que después resuelvan decir que no habían pruebas en su contra. En la Operación Orión, fueron más de 400 personas privadas de la libertad. Con esta decisión de la JEP hay que resaltar que es una muestra de que la institucionalidad no ha actuado en beneficio de los derechos de las víctimas. Cuando se niegan a entregar la información, cuando niegan una actitud de compromiso con el esclarecimiento de la verdad lo que hacen es, justamente, revictimizar.