Por: Laura Cano, Periodista Pares. 11 de junio de 1996: 30 integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), llegaron al corregimiento La Granja, en el municipio de Ituango, Antioquia, donde recorrieron el casco urbano del caserío intimidando a los habitantes de la zona, torturando y asesinando públicamente a sus pobladores. (05 personas asesinadas). 22 de octubre de 1997: 150 miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), llegaron al corregimiento El Aro, en Ituango, permaneciendo siete días en la zona en donde torturaron públicamente a las víctimas, quemaron 42 de las 60 casas del caserío, y robaron 1.200 reses. Además, en el hecho 17 personas fueron asesinadas. Estos dos casos produjeron el desplazamiento forzado de, por lo menos, 702 personas. Asimismo, otro de sus puntos comunes fue que la Fuerza Pública dejó desprotegida a la población. _____________ Lo anterior también tiene como punto de encuentro que mientras estas tragedias ocurrían en el municipio antioqueño, era Álvaro Uribe Vélez quien para esos momentos gobernaba el departamento. Por esto, recientemente, el exfiscal, Eduardo Montealegre, como ya lo había hecho en el 2019, señaló la responsabilidad que tendría el ahora senador con estos crímenes. Según afirmó Montealegre en SEMANA en Vivo, la denuncia hecha junto a Jorge Perdomo (ex vicefiscal), ya está realizada, pero dadas las condiciones por la medida de aislamiento preventivo obligatorio la colocación de ésta ante la Corte Suprema de Justicia deberá esperar un tiempo mientras se dan las condiciones de seguridad y los reglamentos. “Estoy esperando que reabran la Corte Suprema de Justicia y entregarla personalmente”, agregó. El argumento en el que está sentada la denuncia, en palabras de Montealegre, es que “Álvaro Uribe tenía el deber de proteger a toda la población como supremo director del orden público del departamento y también de la Fuerza Pública. Uribe tenía un deber especial, una posición de garante. Teniendo esa posición, y aunque Jesús María Valle ya le había advertido sobre las masacres, Uribe no hizo absolutamente nada”. En este punto vale la pena señalar que, en mayo de 2018, y en el marco de la indagación previa 45110 que venía desde 2014 contra Uribe por nexos con el paramilitarismo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró crímenes de lesa humanidad las masacres de El Aro y La Granja, además del asesinato de Jesús María Valle. Señalando que estos son comprendidos de esta forma cuando se cometen graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos. Adicional, cuando estos obedecen a hechos no aislados, sistemáticos e inhumanos contra la población civil. Asimismo, años antes, en el 2006, la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) por la responsabilidad del Estado en las masacres condenó a éste a pagar una indemnización cercana a $3.400 millones a los 123 familiares de las víctimas. “Está absolutamente clara y probada la responsabilidad del Estado por omisión. Es decir, el Estado a pesar de que había sido advertido y que tenía la oportunidad de evitar esas masacres no lo hizo. Así, la estructura de la responsabilidad es clara hacia Álvaro Uribe Vélez. (…) Además, Uribe con un gran desprecio por la vida humana y como gobernador no le importó nada que se cometieran esos actos”. Respuestas comunes Ante lo dicho por el exfiscal rápidamente se conocieron los pronunciamientos de Álvaro Uribe Vélez, que, entre otras cosas, escribió en Twitter: “Montealegre mentiroso, el área de Ituango, la Granja y el Aro, afectada por muchas masacres, durante la Gobernación que desempeñé estuvo a cargo de generales Mora Rangel, Manosalva (qepd) y Carlos Ospina, hice esfuerzos superiores a las posibilidades de un Gobernador”. Montealegre sesgado, me acusa de que pude evitar masacres paramilitares y no me acusa de haber podido evitar las guerrileras que ocurrieron. Un fiscal sesgado es prevaricador y el prevaricato es delito y corrupción — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 9, 2020 Adicionalmente, hizo referencia a los consejos de seguridad que se realizaron con diversos sectores cuando ejercía como gobernador, además, afirmó que en 1996 junto a Jesús María Valle y un sacerdote de Ituango se hizo un acuerdo para promover que la comunidad fuera neutral frente a los paramilitares y los grupos guerrilleros para que no incluyeran ninguna de sus filas. Respecto a las masacres también escribió: “Montealegre temerario, la falsa acusación denunciaba que la masacre del Aro se cometió en helicópteros de la Gobernación, infamia totalmente desmentida por una bitácora rigurosa y unos pilotos transparentes, uno ya fallecido”. También buscó otras salidas a lo dicho por el exfiscal, trayendo a colación temas como: la financiación de Odebretch, el apoyo que Montealegre le dio en el 2006 para su reelección y el Acuerdo de Paz. Igualmente, en entrevista en Semana puntualizó que “para tapar las acusaciones contra Juan Manuel Santos, se inventó lo del hacker, tan grave ese invento, tan plenamente probado que Luis Alfonso Hoyos, el principal implicado, está absuelto en segunda instancia”. Todo esto pone sobre la mesa, de nuevo, las responsabilidades de Álvaro Uribe Vélez en los hechos victimizantes durante el conflicto armado, tiempo en el que estuvo en el poder como gobernador, presidente y senador, y en los cuales todavía falta camino por recorrer para poder hablar de justicia. “A Uribe le llegó la hora de responder ante la justicia, yo creo que Uribe ha eludido durante su larga carrera política todos los crímenes que ha cometido. Ha salido impune. Pero ya debe responder, porque Uribe es un criminal de guerra”, concluyó Montealegre.

Por: Redacción Pares Este jueves, la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico-CIVP, que articula a más de 30 organizaciones étnico-territoriales de Pueblos Indígenas y Afrocolombianos, junto con otras organizaciones y personas abajo firmantes, respaldaron, mediante carta pública, las declaraciones de Darío de Jesús Monsalve Mejía, Arzobispo de Cali, ya que reflejan el sentir y el pensar de nuestras comunidades en la región del Pacífico y de otros lugares de Colombia. Fundación Paz y Reconciliación y su director, León Valencia, hacen parte del grupo de firmantes de la misiva de apoyo. «El Gobierno de Duque, y su partido, han sido fieles a su campaña electoral de “hacer trizas el Acuerdo de Paz”, al atacar a los distintos mecanismos allí pactados (la JEP, la Comisión de la Verdad, la UBPD) y debilitar de manera drástica su implementación en materia de reforma rural integral, sustitución de cultivos de uso ilícito, protección de las comunidades, desmonte de estructuras procedentes del paramilitarismo y reincorporación integral de excombatientes de la extinta Farc-Ep.» Señala el comunicado. La comunidad Internacional, declaran las organizaciones sociales, es testigo de estos hechos, por ejemplo, en reciente carta al Presidente Trump, 94 Congresistas de Estados Unidos afirmaron: “Nos dirigimos a usted para pedirle que inste a la Administración Duque a que renueve sus compromisos de implementar los históricos acuerdos de paz de 2016 y proteger a los amenazados defensores de los derechos humanos de Colombia… su persistente incapacidad (del gobierno colombiano) para prevenir y judicializar los ataques contra los defensores han permitido que esta tragedia se desate sin control.” Descargue aquí la carta de respaldo El sueño de una paz estable El pasado 29 de junio desde el partido Farc y ante el asesinato sistemático de sus excombatientes, que para la fecha sumaba 214 personas, se hizo un llamado para que “el sueño de una paz estable y duradera no siga cobrando la vida de quienes le apostaron a ella, es hora de parar la muerte y avanzar en la implementación para que la reconciliación y no repetición sea una realidad”. Desde el 29 de junio a la fecha la cifra ascendió a 216 firmantes de paz asesinados, siendo el caso más reciente el de James Andrés Montaño en Puerto Limón, Putumayo, de quien su cuerpo fue encontrado después de 05 días desaparecido. “216 asesinatos son el resultado de una doctrina que nos señala como enemigo interno. Unos escupen odio y otros nos matan”. En el mes de abril el ELN declaró un cese al fuego unilateral, abriendo la posibilidad de que este fuera bilateral, sin embargo, la propuesta fue desatendida por parte del Gobierno. Ahora, y en medio de un panorama que hace urgente una salida negociada, el ELN volvió a presentar una propuesta de cese al fuego bilateral durante 90 días, agregando que de pactarse este Cese Bilateral, se crearía un clima de distensión humanitaria favorable para reiniciar los Diálogos de Paz entre el Gobierno colombiano y el ELN. A esto y en evaluación con lo dicho por monseñor Darío Monsalve habría que sumar la falta de voluntad para retomar los diálogos con el ELN, los cuales quedaron suspendidos desde el atentado ocurrido en enero de 2019 en la Escuela de Cadetes General Santander, hecho por el cual se dio la captura de ocho presuntos responsables el pasado 02 de julio. Seguimos insistiendo, dicen las cientos de organizaciones sociales nacionales e internacionales que apoyan las declaraciones del arzobispo Darío de Jesús Monsalve Mejía, una vez más, que la Paz es un bien de toda la sociedad colombiana. El Gobierno Nacional le corresponde cumplir con su deber constitucional de hacer realidad este derecho para todos los colombianos y colombianas.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. La Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz —en horas de la mañana de este miércoles 8 de junio— denunciaron el asesinato de cuatro personas en un retén hecho por Los Rastrojos, en zona rural del Área Metropolitana de Cúcuta. Además, los cuerpos habrían sido arrojados al Río Zulia. Yadira Herrera Aguilar, Joimar David Lindarte Rodríguez, y los hermanos Jorge y Juan Andrés Sánchez Pacheco son los nombres de las personas que, el pasado 5 de julio fueron reportadas como desaparecidas. De acuerdo con fuentes en terreno, estas personas se dirigían de Cúcuta a Tibú. Asimismo, de acuerdo con las comunidades, el retén se dio en cercanías al corregimiento de Banco de Arena, en zona rural de Cúcuta. Asimismo, las fuentes en terreno le han indicado a Pares que las personas no las dejaron pasar en un control comunitario en La Llana y, de esta forma, decidieron ingresar por un sector conocido como La Silla en donde posteriormente fueron retenidas y asesinadas. El paramilitarismo continúa en Norte de Santander El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, José Palomino, ha señalado a los medios de comunicación que hay un equipo de Policía Judicial que está trabajando para establecer lo sucedido y poder dar con los cadáveres. Recientemente, el diario La Opinión dio a conocer que, a falta de la autopsia de Medicina Legal, los cuerpos de Joimar David Lindarte Rodríguez y a Jorge Sánchez Pacheco habrían sido encontrados desmembrados en unos costales. Las autoridades, según este diario, los hallaron en cercanías a la vereda Puerto León, en el corregimiento de Banco de Arena. Pares habló con Carmen García, presidenta de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, quien se refirió a la presencia y victimización de los Rastrojos en zona rural de Cúcuta. Carmen señaló, entre otras cosas, que como Asociación rechazamos este tipo de hechos porque se “trata de tres jóvenes asesinados y una madre cabeza de hogar”. Carmen hace un llamado para que se atienda la situación de los hijos de esta mujer. Las Madres del Catatumbo por la Paz “solicitamos al Gobierno Nacional, en cabeza de Iván Duque, que esclarezca lo ocurrido y que den con los responsables. Además, aprovechamos para extender un mensaje sobre versiones de que los paramilitares ya no existen. Y nos preguntamos, ¿Quiénes son entonces estas personas que se denominan Rastrojos? El paramilitarismo sigue haciendo daño en el territorio.” Carmen resalta “estamos viendo la repetición de lo ocurrido en el año 1999, otra vez los paramilitares están matando, están desapareciendo, están tirando al río, masacres. Piensan acabar con la ley 1448 porque piensa que ya todo está bien. Pero no, el mensaje es para el Gobierno Nacional para que se dé cuenta que en Norte de Santander aún estamos siendo azotados por los grupos paramilitares.” “No existen garantías de no repetición, hay mucha incertidumbre por cuenta de estos hechos, para los familiares de las víctimas. No puede ser que sigamos sumando desaparecidos.” Pares: ¿Cuál es la situación de los retenes de los Rastrojos? Carmen García (C.G.): No es un secreto, acá en el Norte de Santander que Los Rastrojos mantienen por todo lo que es frontera de Puerto Santander y que se mantienen haciendo retenes móviles por la zona rural de Cúcuta. Precisamente, estas personas cogieron por esta ruta interna que va hacía Tibú. Pares: ¿Qué buscan con esos retenes móviles? C.G.: Buscan desaparecer al campesino, pretenden meterles miedo a las comunidades, intimidar a las personas que habitan la zona rural de Cúcuta. Además, elevamos la preocupación por las denuncias de los nexos de Los Rastrojos con las autoridades Pares: ¿Cuál es la situación de seguridad del Departamento y del Catatumbo? C.G.: Hay una gran preocupación por cuenta de las acciones de los grupos armados, pero también por cuenta del Ejército Nacional y los asesinatos que se han registrado y que han sido denunciados por organizaciones del departamento de Norte de Santander. El riesgo, durante el tiempo de pandemia, no ha disminuido. A los líderes nos están matando, nos continúan amenazando porque seguimos hablando e incluso así nos callemos también nos van a matar. No sabemos en quien confiar, el Ejército —que supone son los héroes de Colombia— nos están matando. Pares: ¿Cuáles son las causas que están adelantando los líderes y lideresas en el Catatumbo y que son las que más están siendo victimizadas? C.G.: Es porque hablamos, porque denunciamos. Como defensores de Derechos Humanos no nos estamos dejando manipular. Nos cansamos de estar callados, nos cansamos de ver morir a nuestra gente. No permitimos que violen los derechos de nuestras comunidades, esto nos ha presentado situaciones de riesgo, pero seguimos en pie de lucha. Somos defensores de Derechos Humanos, queremos paz y no más derramamiento de sangre. Los Rastrojos De acuerdo con Cristián Peña, enlace territorial de Norte de Santander de Pares, efectivamente en el corregimiento de Banco Arena hay una fuerte presencia de Los Rastrojos. “Allí se disputan el control de las rutas del narcotráfico, también el paso de mercado ilegal. De un tiempo para acá el ELN ha bajado de Tibú y se ha ido enfrentando con los Rastrojos por el control de la zona rural del Área Metropolitana de Cúcuta”, precisa. De acuerdo con el investigador, durante lo corrido del año Los Rastrojos se han acentuado más en estas zonas rurales de Cúcuta e incluso hacía los límites del municipio de Puerto Santander. Para peña, sumado a los enfrentamientos con el ELN, Los Rastrojos han sido objeto de incautaciones de armamento por parte de las Fuerzas Militares. La más reciente incautación se dio en Cúcuta, cuando se incautaron seis fusiles, 1.770 cartuchos calibre 5.56, 891 cartuchos calibre 7.62 y 18 proveedores, tal como lo dio a conocer Marcos Pinto, comandante de la II División del Ejército Nacional. Alerta temprana La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana Nº011 -2020, de inminencia en marzo de este año, en la que precisó que se requerían medidas urgentes por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y Los Rastrojos. La Defensoría incluso alertó, en 2019, que el ELN anunciaba una retoma de Puerto Santander y la zona rural de Cúcuta., conjunto con el Frente 33 de las disidencias. En este sentido la Defensoría ha advertido Que la violencia continuará su escalada en la medida en la que ELN siga avanzando en su objetivo tener el control pleno del área rural de Cúcuta. Previó, de esta forma, asesinatos selectivos, masacres, confinamiento y desplazamiento forzado, amenazas, restricciones de movilidad y reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. Sumado a los homicidios anunciados por la Defensoría, se han registrado “cobros extorsivos a los comercios y fincas por parte de los Rastrojos, se conoce de la retención de personas”. Este panorama ha configurado una crítica situación de derechos humanos para las comunidades de la zona rural de Cúcuta.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. ¿Qué está pasando con la implementación del Acuerdo de Paz? Es válido cuestionarse lo anterior en medio de un conflicto que se mantiene, que ha cobrado vidas de lideresas y líderes sociales y de excombatientes. Que ha puesto sobre la mesa la necesidad de parar algunos procesos sociales por amenazas que vienen consolidándose en los territorios. Vale la pena señalar que a través del informe de la Fundación Paz y Reconciliación ‘Más sombras que luces’, se conoció el incremento de homicidios en los 281 municipios priorizados para el posconflicto, los cuales pasaron de 2.530 en 2016, a 2.821 en 2017 y a 3.612 en 2018. Asimismo, señala el documento que “previo a la firma del Acuerdo Final se advirtió que el riesgo de que Colombia viviera un posconflicto violento era particularmente alto”. Hoy esa alerta se ve reflejada en los contextos, especialmente, de las regiones, donde la erradicación forzada, la persecución, el copamiento de grupos armados ilegales, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, los abusos sexuales, las ejecuciones extrajudiciales, y todas las acciones propias del conflicto armado no cesan. A esto se suma que, aunque en medio de este contexto está un Acuerdo de Paz firmado en el 2016 con las Farc-ep, este parece tener muy poca voluntad política para una implementación efectiva, que respete y tenga dentro de las agendas políticas del país lo pactado. Justo en este panorama sale una de la afirmación del arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, que más allá de crear un debate, invita a ver lo que está pasando en el país. «Hay venganza genocida con el proceso del ELN y Farc» Durante la V asamblea virtual de la Comisión Étnica para la Paz y Defensa de los Derechos Territoriales, el arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, señaló que por parte del Gobierno se estaría llevando a cabo una “venganza genocida contra los procesos de paz con las Farc y el ELN”, además agregó: “Todos estos procesos que el pueblo colombiano en algún momento vislumbró como su paz y la salida negociada al conflicto armado, pero que ahora caen en este tramo de nuestra historia tan difícil, tan violento y en una encrucijada internacional”, añadió monseñor Monsalve. A este llamado, se suma la falta de interlocución con los territorios, y que “cada vez es más lejana la interlocución con el Comando Central del ELN, es más difícil identificar los interlocutores, desde Antonio García hasta Pablo Beltrán, pasando por todos los distintos actores y jefes militares del ELN. (…) Lo más grave es la venganza contra los mismos excombatientes o exguerrilleros de las Farc que se acogieron al proceso. Una venganza genocida para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia en los campos y en los territorios en donde, según se enfoca, tenía o tiene influencia las organizaciones subversivas». Ante esto la respuesta de la Nunciatura Apostólica en Colombia no tardó en llegar. En sus líneas planteaba un claro desacuerdo con lo dicho por Monsalve, aseverando que “dicha calificación de la gestión gubernamental no corresponde a la visión que la Santa Sede tiene de la compleja situación que versan la aplicación del Acuerdo de Paz, como el estado de las conversaciones que a diversos niveles se mantienen con el ELN”. El panorama que rodea las afirmaciones El pasado 29 de junio desde el partido Farc y ante el asesinato sistemático de sus excombatientes, que para la fecha sumaba 214 personas, se hizo un llamado para que “el sueño de una paz estable y duradera no siga cobrando la vida de quienes le apostaron a ella, es hora de parar la muerte y avanzar en la implementación para que la reconciliación y no repetición sea una realidad”. En este punto es necesario aclarar que según el sistema de información Sipares, Cauca, Nariño y Antioquia son las zonas donde más hechos se presentan. Así mismo se evidencia, como uno de los aspectos más preocupantes, que en el 76.8% de los casos no se tiene información del perpetrador o perpetradores, lo que pone sobre la mesa el poco seguimiento que se le están dando a estos casos para frenarlos y garantizar justicia en los hechos ocurridos. Como radiografía de lo anterior, desde el 29 de junio a la fecha la cifra ascendió a 216 excombatientes asesinados, siendo el caso más reciente el de James Andrés Montaño en Puerto Limón, Putumayo, de quien su cuerpo fue encontrado después de 05 días desaparecido. “216 asesinatos son el resultado de una doctrina que nos señala como enemigo interno. Unos escupen odio y otros nos matan”. Este panorama pareciera ser tramposo con lo que incluso estaba implícito dentro del documento firmado el 24 de noviembre de 2016, en el que se instaba a “brindar garantías de seguridad para el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, y para sus integrantes –hombres y mujeres- en proceso de reincorporación a la vida civil”. A esto y en evaluación con lo dicho por monseñor Darío Monsalve habría que sumar la falta de voluntad para retomar los diálogos con el ELN, los cuales quedaron suspendidos desde el atentado ocurrido en enero de 2019 en la Escuela de Cadetes General Santander, hecho por el cual se dio la captura de ocho presuntos responsables el pasado 02 de julio. En el mes de abril el ELN declaró un cese al fuego unilateral, abriendo la posibilidad de que este fuera bilateral, sin embargo, la propuesta fue desatendida por parte del Gobierno. Ahora, y en medio de un panorama que hace urgente una salida negociada, el ELN volvió a presentar una propuesta de cese al fuego bilateral durante 90 días, agregando que “de pactarse este Cese Bilateral, se crearía un clima de distensión humanitaria favorable para reiniciar los Diálogos de Paz entre el Gobierno colombiano y el ELN”.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. Luiza Valentina Rincón. 28 años. Mocoa, Putumayo; Alejandra Monocuco. 39 años, Bogotá, Cundinamarca; Ariadna Barros Ojeda. Santa Marta, Magdalena; Brandy Carolina Brown. 30 años. Barranquilla, Atlántico; Eilyn Catalina, 21 años. Medellín, Antioquia. Mateo López. 25 años. Circasia, Quindío. Shantall Escalona. 19 años. Medellín, Antioquia… Así una y otra vez se ponen nombres; vidas asesinadas; luchas, algunas inconclusas, en una lista a la memoria, en una que no olvida que la violencia estructural y transfóbica va dejando a su paso el temor a construirse fuera de las normas de género, pero también que pone como consigna la valentía de salir a gritarlo, de seguir haciéndole frente a la rebeldía del ser, entendiendo como una postura política la disidencia sexual, corporal y de género. El pasado 03 de julio, aun con una medida de aislamiento preventivo obligatorio decretado, casi 1.000 personas en las calles de Bogotá salieron a reclamar y exigir que el miedo no siga siendo el que detenga la construcción de identidades diversas. Que la pobreza y la falta de garantías para una vida digna no se convierta en la posibilidad que el Estado da para ser. El 03 de julio, de nuevo, cada uno de los reclamos tuvo el nombre de cada mujer y hombre trans asesinados, que solo en la cuarentena suman, por lo menos, 07 personas, por las que se exige justicia, pero también que se brinden medidas y escenarios que eviten que las historias se sigan repitiendo, en un panorama que pone en contra hasta los organismos que deberían brindar protección. Porque sí, en Colombia la Policía es uno de los actores que representan más riesgo para la comunidad trans; muestra de eso es que solo en el periodo de pandemia se hayan registrado casos como el del pasado 22 de junio, cuando cerca a la Calle 22 en Bogotá, miembros de esta institución hirieron arbitrariamente a mujeres trans en sus construcciones identitarias, provocando graves complicaciones de salud. O que, solo ocho días después, policías golpearan indiscriminadamente a una mujer trans al sur de la ciudad, sin que nadie de la institución se pronunciara al respecto. A esto se debe agregar que según Temblores ONG en los últimos diez años se han presentado (entendiendo las dinámicas de subregistro que afectan a esta población), por los menos, 1.944 hechos violentos en contra de integrantes de la comunidad LGBT. Sobre esto la Defensoría del Pueblo reconoce que la fuerza pública “contribuye en gran medida a la reproducción de patrones de discriminación y exclusión contra mujeres lesbianas, hombres gais, hombres y mujeres bisexuales y personas transgénero”. Ante todo esto y un contexto de violencia hacia las personas trans que pareciera acentuarse con la cuarentena y a causa de varios factores, Pares habló con Juli Salamanca, directora de Comunicaciones de la Red Comunitaria Trans. Pares: Uno de los llamados que desde la Red se hizo respecto al caso de Mateo López es el tratamiento mediático que se está dando al informar sobre estos casos. ¿Cuál es la lectura que hacen? Juli Salamanca: Los medios de comunicación no tienen la pedagogía ni el entrenamiento necesario para informar y documentar un caso como el de Mateo o como el de todas las personas trans acá en Colombia. Hemos visto que esto es un patrón y que no es nuevo; lo que hacen es no respetar los nombres de las personas trans y tomarlos como apodos o alias. Por ejemplo, en el caso de Alejandra Monocuco en toda la emisión de la nota que sacaron sobre ella estuvieron hablando de Alejandra como si ese fuera su apodo. Hay que ser muy precisas diciendo que la Corte Constitucional ha sido clara con que los nombres de las personas trans deber ser reconocidos y respetados, no hacerlo es exponerlas a situaciones de discriminación y exclusión, es violentar su derecho a la igualdad, a la libre expresión, al libre desarrollo de la personalidad y, además, es violentar su privacidad. Por otro lado, hay que resaltar que los medios de comunicación cumplen un papel de pedagogía, en ese oren es muy importante para las personas trans que informen de una manera que no revictimice, ni desconozca las construcciones identitarias, utilizando, en principio, un lenguaje adecuado. Adicionalmente, hay un tema al que los medios le entran a jugar el juego y es cómo se están registrando las muertes de las personas trans ante la Fiscalía, pues muchas de estas personas se ponen según su sexo biológico porque no tienen ni idea cómo aplicar un protocolo para personas trans; no hay un enfoque de género en el que se dé luces de un verdadero registro de muertes y asesinatos de personas trans en Colombia. Asimismo, hay que decir que volvimos a una guerra contra nuestras construcciones identitarias para sancionar algunos cuerpos. Hay un retroceso generalizado en cuanto a seguridad y bienestar en el país. Pares: Al hacer una radiografía mediática durante la cuarentena van 07 personas trans asesinadas, ¿qué registro tienen ustedes? J.S: En solo junio, que además es paradójico siendo el mes del orgullo, van, por lo menos 06 personas trans asesinadas. 06 mujeres que las mataron por ser trans. En el año, por lo menos, van 17 mujeres trans asesinadas, sin olvidar el subregistro tan grande que puede haber por lo que decía de los registros que hace la Fiscalía. Seguimos sin existir en vida y eso es más complicado cuando morimos. Se podría decir que las personas trans morimos dos veces; primero, cuando nos matan, cuando nos apuñalan, cuando nos ponen el pie encima del Estado negligente. Segundo, cuando la Fiscalía registra las muertes sin legitimar nuestra construcción de género. Toda la vida en ese proceso para que cuando llegue el día de nuestra muerte salgamos mediáticamente como un alias, como un hombre vestido de mujer, o como un hombre con peluca; eso es muy doloroso. Pares: Otra cosa importante de analizar es el registro de asesinatos que conocemos están situados en ciudades como Medellín, Barranquilla y Santa Marta, sin embargo, poco se encuentra de la situación en las regiones, ¿qué está pasando en estas zonas alejadas de las capitales? J.S: Ser una persona trans en Colombia es una sentencia de muerte, y eso se potencia si se está en los territorios, pues allá la institucionalidad difícilmente llega para hacer veeduría de lo que está pasando. En los pueblos construirse fuera de la norma tiene más contrapesos. Si acá en Bogotá tenemos violencias muy fuertes, donde se supone que la discusión y las peleas por nuestros derechos es de alguna forma más fácil de darse, ahora trasladar ese panorama a lo rural pinta muchas más complejidades. A eso se le suma la violencia, que en estos territorios no solo viene de actores armados ilegales, sino también de los legales, aclarando que en esa cadena de violencia no solo están las acciones, sino también las omisiones por parte de la institucionalidad. En ese sentido es necesario preguntarnos qué está pasando con la política pública LGBTI. La semana pasada se tuvo que instaurar una tutela, una tutela para que el Gobierno Nacional reconozca los derechos de una población históricamente marginalizada, porque la política pública sigue engavetada y nada que se materializa. A esto se suma el reto, además darle vía a esa política, que también ésta se territorialice, porque además del tiempo que lleva guardada se le suma que esto se piensa desde la centralidad y no desde un panorama amplio. Pares: ¿Qué ha pasado con el caso de Alejandra? J.S: Hay que iniciar diciendo que Alejandra no murió, a Alejandra la mató el Estado con su negligencia. Hoy las cenizas de Alejandra ni siquiera las han entregado a su familia, para quienes es muy difícil costear el traslado de las cenizas. Acá hemos visto que no se ha logrado materializar el ejercicio de verdad y reparación tan importante para estos hechos victimizantes. El caso de ella supuestamente sigue en investigación, pero no nos han dicho nada. Nosotras seguimos adelantando con el abogado Jorge Perdomo toda la demanda penal, pero estamos esperando una respuesta de la Alcaldía respecto a esa misma pregunta. El caso de Alejandra también, hay que decirlo, es un retrato de las mujeres trabajadoras sexuales que siguen sin recibir ayudas, que siguen sufriendo de violencia de Estado. En este momento hay muchas Alejandras que viven con VIH y que no tienen acceso a la salud. Nosotras desde la Red con las entregas de subsidio que venimos haciendo, hicimos un ejercicio de censo comunitario de mujeres trans en Bogotá. Nosotras entregamos 1.000 de esas ayudas, de esas 1.000 mujeres el 80% no tenía acceso a la salud, ni siquiera carta de Sisben. Esto es muy alarmante y debería ser un tema relevante para la Secretaría de Salud. ¿Qué pasa si una de estas personas se enferma? ¿Qué pasa si además esta mujer es venezolana? Porque esa es otra preocupación, ellas están en el total olvido. Si las mujeres trans colombianas que ejercen trabajo sexual están en situaciones muy vulnerables, las mujeres trans venezolanas peor aún. Adicionalmente hay que decir que el caso de Alejandra se hizo visible porque fue muy doloroso, pero no es el único, y con todo esto seguramente no será el último.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. En un lapso de cinco días se ha registrado el asesinato de tres personas en el municipio de El Tambo, en Cauca. De acuerdo con la denuncia de las comunidades, se trata del líder campesino Segundo Sgustín Imbachi Gómez y de Carmen Mena Ortiz y Armando Suárez Rodríguez, integrantes del Consejo Comunitario Afrorenacer de El Tambo. Precisamente, la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca alertaron a la opinión pública, el jueves 2 de julio, que hombres armados arribaron hasta la casa del líder campesino Segundo Agustín quien fue sacado y posteriormente asesinado. Según la Red, Segundo se encontraba con su compañera Marta Cecilia Incue y con su hija Brisny Imbachi, de cinco años. Por su parte, el Consejo Comunitario Afro Renacer ha venido denunciando amenazas y hostigamientos a sus integrantes. En enero 27 del presente año se habían dirigido al Gobierno Nacional para que atendiera la situación de violencia que sufrían las comunidades. Sin embargo, las voces de alerta no fueron suficientes, el 22 de abril fueron asesinados Jesús Albeiro Riascos y Andrés Sabino y este lunes 5 de julio fueron asesinados Carmen y Armando. Todos integrantes del Consejo Comunitario Afro Renacer. ¿Qué sucede en El Tambo? De acuerdo con el coordinador de la Oficina de Pares Pacífico, Juan Manuel Torres Erazo, resulta clave reconocer las condiciones geográficas del municipio para entender las dinámicas de violencia y el proceder de los grupos armados que se disputan el territorio. Según datos de la Alcaldía Municipal, El tambo tiene cerca de 3280 km2 y limita al norte con el municipio de López de Micay; al sur con los municipios de Patía, La Sierra y Argelia; al oriente con los municipios de Morales, Cajibío, Popayán, Timbío y Rosas; al occidente con el municipio de Guapi. Para Torres Erazo este haya sido un municipio estratégico históricamente para los grupos armados. “Las FARC-EP en su momento, especialmente el Frente Octavo, tuvo una fuerte incidencia en el municipio. Sin embargo, la presencia y el control, durante muchos años, se la ha disputado el ELN a través del frente José María Becerra” sentencia. Antecedentes Por otra parte, para el investigador, es importante traer a colación la desmovilización que se dio a inicios de mayo del presente año, cuando 31 exguerrilleros del ELN se entregaron en Cauca. Las entregas se dieron en el corregimiento de López de Micay. Estas desmovilizaciones, según Torres Erazo, se dieron en la fuerte arremetida del frente Carlos Patiño de las disidencias y respaldado por el frente Jaime Martínez del cabecilla ‘Mayimbú’. Ahora bien, el frente Carlos Patiño ingresó a El Tambo por El Patía, por Argelia, atravesando Le Plateado hasta llegar al San Juan del Micay. Asimismo, precisa que se ha logrado asentar desde Morales, Huisito y La Playa. Estos dos —La Playa y Huisitó— se configuran como una gran zona cocalera del municipio de El Tambo. Así las cosas, estas dinámicas han generado que el frente Carlos Patiño del ELN se haya visto disminuido por combates con Ejército, capturas y los enfrentamientos con las disidencias. Esta fuerte disputa que se está desarrollando en El Tambo ha generado, entre otras cosas “que muchos líderes cercanos al Congreso de los Pueblos han tenido que ser sacados del territorio”. La Defensoría del Pueblo, en abril del presente año, sacó a ocho personas amenazadas que se encontraban entre Argelia y El Tambo. Los lastres de la disputa Ahora bien, acorde al análisis de Torres Erazo “muchos de los asesinatos se han dado porque líderes y lideresas sociales están impulsando y promoviendo los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, promotores del Proceso de Paz, procesos de restitución de tierras, otros por su cercanía al Congreso de los Pueblos o, incluso, por la estigmatización de ser cercanos al ELN.« El frente Carlos Patiño se configura como el actor más victimizante para el municipio. “Parece que este frente le está ganando la disputa al ELN, haciéndose al control. Esta disputa por el territorio está dejando líderes y lideresas asesinados en el camino”, precisa. Además, resalta el papel que juega Huisitó por ser una zona cocalera con altos índices de asesinatos. Según el Sistema de información SIPARES, en lo que va corrido de 2020 han sido asesinados 18 líderes y lideresas en el departamento caucano. Tres de ellos, se han registrado en el municipio de El Tambo. Alerta Temprana “Debido al inminente riesgo de violaciones a los derechos a la vida, libertad y seguridad e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) de la población civil que habita los Corregimientos de El Plateado, La Emboscada, El Mango, Sinaí y Puerto Rico (municipio de Argelia) y Huisitó y Fondas (municipio de El Tambo), en el departamento del Cauca”, precisa el documento. En el documento emitido, la Defensoría se refiere a la disputa entre la columna Móvil Carlos Patiño y el Frente José María Becerra. Para la Defensoría las confrontaciones se han centrado en El Plateado (Argelia) y Huisitó (El Tambo). Asimismo, la Defensoría señala que esta disputa territorial estaría motivada porque esta región se advierte como un corredor estratégico hacia el Pacífico. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana el pasado 7 de marzo, ALERTA TEMPRANA DE INMINENCIA No. 010-2020, dirigida a la ministra de interior, Alicia Arango. En medio de esa conexión a la que refiere la alerta temprana, entre el centro del departamento caucano y el Océano Pacífico, se dan el “desarrollo de economías ilegales asociadas a las fases de producción y transformación de la hoja de coca, tráfico de armas y el tránsito de hombres pertenecientes a grupos armados que hacen presencia en el territorio”. La Defensoría ha venido advirtiendo —en el caso de El Tambo— que las condiciones topográficas de El Plateado y Huisitó resultan claves para dar cuenta de la disputa a fuego y sangre por estos corregimientos. “Cuentan con cadenas montañosas y valles con gran riqueza del subsuelo, aspecto que ha permitido la proliferación de cultivos de uso ilícito en gran escala”. Finalmente, la alerta precisa que esto ha generado, entre otras cosas, talas de bosque nativo, quemas, cobro de extorsiones, control de vehículos y retenes con cobros definidos en varios puntos del municipio. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Laura Cano, Periodista Pares. En las últimas semanas se ha comenzado a destapar uno de los capítulos más dolorosos de las acciones que se han cometido en el marco de violencia que no cesa en el país. Los abusos sexuales como una de las prácticas más degradantes contra las mujeres, han sido utilizados para imponer miedo, para ganar autoridad en los territorios, tomando hoy forma de relatos de víctimas que insisten en que se conozca lo ocurrido y haya justicia. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, con corte a mayo del 2019 y desde el 1 de mayo de 1985, hay, al menos, 26.534 víctimas de actos contra la libertad y la integridad sexual, incluyéndose allí hechos como: abuso sexual, explotación sexual, esclavitud sexual, trata de personas, mutilación sexual, acoso sexual, embarazos y abortos obligados. A esto se debe añadir, que, aunque la cifra es crítica, el subregistro podría poner sobre la mesa que este tema es todavía mucho más grave. Basta solo con remitirse a algunos de los casos que se han conocido en los últimos días en relación con la Fuerza Pública y los que seguramente seguirán saliendo a la luz. El pasado 21 de junio se supo el caso del abuso sexual y secuestro cometido contra una menor de 12 años perteneciente a la comunidad Gito Dokabu– Embera Katio por parte de 7 miembros del Ejército pertenecientes al Batallón Alta Montaña de Génova (Quindío). Días después se hizo pública una investigación que informó sobre un caso similar cometido contra cinco (5) niñas perteneciente a la comunidad indígena Nukak Makú en Guaviare. Luego también otras dos víctimas hicieron sus relatos; la primera es Manary Figueroa que contó en Caracol Radio cómo hace 25 años miembros del Ejército abusaron de ella y su madre, quien estaba en estado de embarazo, cuando se movilizaban desde el corregimiento de San Rafael hacia Arauquita. Además, afirmó que los dos militares relacionados con el caso “fueron juzgados a dos años prisión. El abogado dijo que eso era lo único que había podido hacer”. Adicionalmente, también se conoció la historia de una madre que denunció a un cabo segundo perteneciente a la Escuela de Artillería en Bogotá por abuso contra su hija que para el año en el que se dieron los hechos (2018) tenía 4 años. A esto se sumó que en una rueda de prensa el general Eduardo Zapateiro confirmó que desde 2016 se encontró que presuntamente 118 integrantes de la institución están relacionados con casos de abuso sexual contra menores. De estos solo 45 fueron retirados del servicio activo, mientras que 73 todavía están siendo investigados disciplinariamente. Asimismo, en este contexto el Ejército informó que dos soldados que prestaban servicio militar en el municipio Carlosama, Nariño, habrían abusado sexualmente de dos menores de edad. Seguidamente, No es Hora de Callar presentó un informe en el que se documentan 23 casos de niñas entre 12 y 13 años del Guaviare que siendo víctimas de militares por abuso y explotación sexual quedaron embarazadas. “Estos casos no son asuntos de ovejas negras, es un tema de las doctrinas con las que se forma en las escuelas militares, donde no se enseña con base a los principios democráticos y de respeto a los Derechos Humanos, sino que meten doctrinas donde comienzan a ver a la sociedad civil como enemiga, como aliada de los grupos armados ilegales y por eso se cometen tantas violaciones. Alguna vez yo escuché una consigna en una instalación militar que tenía referencia a la violencia sexual y yo me preguntaba: ¿qué pueden hacer estos señores cuando están en el campo y se encuentran con las campesinas? ¿Hacen con ellas lo que recitaban en ese horroroso cántico que repetían?”, indicó Reinaldo Villalba, abogado defensor de Derechos Humanos e integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). ¿Qué dice la Fiscalía? Tras conocerse que el hecho informado el pasado 21 de junio no era un caso aislado, y que estas prácticas constituían cierta sistematicidad por parte de miembros del Ejército, las instituciones también se han pronunciado al respecto. Así, la Fiscalía haciendo una revisión nacional desde el año 1987, encontró que a la fecha hay 544 uniformados involucrados por casos de delitos sexuales en 506 hechos. De estos y desde el 2003 se han proferido 162 condenas (29% del total) que incluyen penas entre los 15 a los 30 años de cárcel. Es necesario señalar que entre 1987 y 2007 se abrieron 14 procesos, es decir la cantidad más alta de investigaciones se han realizado desde 2008 a la fecha: 492, resaltando que el año en el que más procesos se iniciaron y más condenas se instauraron fue e el 2016, donde hubo 79 procesos con 83 personas indiciadas y 24 condenas. “La Fiscalía debería recoger todos los casos que se vienen dando para que haga una investigación seria, integral y no aislada, que concentre los casos y vaya hacia los máximos responsables. La otra cosa es que estamos también con una Comisión de la Verdad y yo creo que ese organismo también se debe encargar de este tipo de crímenes y considero que las víctimas deberían poder acudir a esta instancia a contar lo que pasó, para que esta y las futuras generaciones sepan qué fue lo que ocurrió, porque precisamente es lo que no puede volver a ocurrir. La justicia debe responder y es una verdad que debe conocer la sociedad para que también se impulse a hacer profundas reformas a la Fuerza Pública”, opinó Villalba. Por otra parte, ante la gravedad que se prevé y también frente a unas claras limitaciones que hay para acceder a la justicia, más aún cuando los implicados son miembros de la Fuerza Pública, la Procuraduría General de la Nación informó que desde este organismo se instará por la creación de un grupo élite conformado por procuradores delegados de Familia, Derechos Humanos y Fuerza Pública, para indagar estos hechos y «tener imputaciones efectivas y rápidas en los casos que comprometen a miembros de la fuerza pública y hacer justicia, que es lo que falta precisamente en este tipo de delitos», afirmó Fernando Carrillo. ¿Estamos en la vía de la impunidad o la justicia? Una de las alertas y riesgos que atraviesa, y, además, alimenta la revictimización en hechos de violencia sexual es precisamente el acceso a la justicia, esto acentuado si la víctima está en zonas donde acudir a la institucionalidad se complejiza, o si al hacerlo ante el desconocimiento o la inexistencia de protocolos con enfoques diferenciales y de género quien termina cuestionada es precisamente quien sufrió la agresión. “Cuando es la Fuerza Pública la que, en vez de proteger los derechos, los viola, no hay ante quién quejarse o si lo hay existe un temor enorme de las víctimas para acudir a las autoridades. Cuando ante todo esto lo hacen viene otro tema y es la impunidad. A mí me parece que para evitar esos crímenes ante todo hay que modificar el pensum que se enseña en las escuelas militares. Hay que abolir todas esas doctrinas que estimulan el ataque a los miembros de la población civil, especialmente las mujeres”, dijo Reinaldo Villalba. Ante esto hay que decir que justamente las trabas penales son las que han resaltado en los últimos hechos; delitos mal tipificados, acusados que todavía están como miembros activos del Ejército, condenas de no pasaron de dos años, y así, una cortina de impunidad que pareciera estar dando el mensaje de que la Fuerza Pública tiene el espaldarazo institucional para que hechos que han afectado la dignidad e integridad de mujeres y comunidades queden en la impunidad. “Esa acción criminal del Ejército se junta con una acción omisiva o muy permisiva por parte de las autoridades que están obligadas a investigar estos crímenes. Primero, visto en un alto índice de impunidad. En segundo lugar, porque cuando los hechos generan una presión social terminan haciendo la imputación de cargos, pero de una forma equivocada, como pasó con el caso de la menor Embera. Donde incluso habría que categorizarlo también como desaparición forzada, porque las decisiones judiciales en estos casos se tienen que acercar lo máximo posible a la verdad histórica”, agregó Villalba.

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Fredy Chaverra. Politólogo y asesor en temas de paz. Desde finales de 2016, la vereda Santa Lucía en Ituango se convirtió en el principal laboratorio de paz del norte de Antioquia. Este lugar fue elegido por 239 exguerrilleros de las Farc-ep y el Gobierno Nacional para iniciar el proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida económica, política y social. Es por ello que los ojos de la comunidad internacional, y la institucionalidad encargada de implementar el Acuerdo Final, se concentraron en Ituango. Durante los cuatro años que lleva la implementación del Acuerdo, la vereda Santa Lucía sirvió, primero, como Zona Veredal Transitoria de Normalización donde se logró concentrar las tropas y permitir la dejación de armas. Y luego, como Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde los firmantes y sus familias vienen trabajando para rehacer su vida y construir un futuro añorado. Sin embargo, la idea de convertir a la vereda Santa Lucía en lugar para la vida y un auténtico laboratorio de paz no se pudo concretar. Los factores detonantes de esta situación han sido, entre otros, los asesinatos de los miembros de la exguerrilla. El primero ocurrió el 12 de julio de 2017, con la muerte del indultado Juan Fernando Amaya, y el último, el pasado 28 de enero cuando fue ultimado, cerca al espacio de reincorporación, el exguerrillero César Herrera Gómez. En total son ya 12 los firmantes de la paz asesinados, convirtiendo a Santa Lucía en el lugar con el mayor número de muertes en el país entre los 24 ETCR y Nuevos Puntos de Reincorporación. Las autoridades le atribuyen estos asesinatos a los grupos armados organizados que hacen presencia en el territorio, entre ellos, las Autodefensas Gaitanistas, los Caparros y las denominadas disidencias. Ituango ha sido y sigue siendo un “corredor estratégico” para la criminalidad. El pasado 14 de mayo cerca de 90 personas salieron de la vereda rumbo a la cabecera municipal de Ituango en medio del enfrentamiento de grupos ilegales. Fotografía: ETCR Santa Lucía, Ituango. Lo que resulta paradójico, pues durante mucho tiempo este territorio fue controlado hegemónicamente por las Farc-ep, desde allí operaban los frentes 18 y 36. Lo que se buscaba era que con la firma del Acuerdo y la dejación de armas, el Estado pasara a ser el nuevo hegemón, sin embargo, con la salida de los exguerrilleros llegaron múltiples actores armados con la idea controlar un corredor ya “instalado”. Convirtiendo a los firmantes del acuerdo en carne de cañón y objetivo militar. Otro hecho lamentable se relaciona con la situación de crisis humanitaria en inmediaciones del ETCR. Al ser una zona de control estratégico por parte de los actores armados, al punto que han exigido el retiro de la Fuerza Pública, puso en riesgo a los residentes. El pasado 14 de mayo cerca de 90 personas salieron de la vereda rumbo a la cabecera municipal de Ituango en medio del enfrentamiento de grupos ilegales. También se suman las decenas de firmantes de la paz que han llegado a Medellín en los últimos años con el único objetivo de proteger sus vidas. La comunidad ha clamado por el cuidado y la protección del Estado, pero esto no ha llegado, lo que ha evidenciado su incapacidad para copar el espacio dejado por las Farc-ep. El resultado de esta desafortunada crónica será el desplazamiento colectivo forzado que se dará entre el 15 y 16 de este mes. La expectativa de cientos de exguerrilleros de construir un proyecto de vida en el territorio donde lucharon por décadas se ha visto frustrada. Los exguerrilleros y sus familias no tienen más alternativa que desplazarse. Ahora, el destino es La Fortuna en el municipio de Mutatá, vereda con gran riqueza hídrica, ubicada en el corazón del Urabá y donde se encuentra el asentamiento de exguerrilleros de San José de León. Allí los desplazados de Ituango se encontrarán con otros hermanos desplazados; se trata de los excombatientes que salieron de la vereda Gallo en Tierralta a mediados de 2017 y que con su propio esfuerzo han construido el poblado de San José de León. A tres años de su llegada, cuentan con una vía de acceso, un centro comunitario, cerca de 65 casas e iniciativas productivas. Caserío de San José de León: La tierra es propiedad de los exguerrilleros y hay cerca de 65 casas construidas. Fotografía: Cortesía. Esta situación realmente es muy desafortunada. Primero, porque los firmantes de la paz le siguen perdiendo la confianza al proceso, consideran que el Estado y la sociedad les ha incumplido. Segundo, el retiro a otro territorio significa dejar a la comunidad de ituango a la suerte del destino. Las comunidades ituangueñas veían al laboratorio de paz como una oportunidad para el desarrollo, sobre todo por ser una población víctima e históricamente olvidada. Pensaban que la Reforma Rural Integral los beneficiaría, al igual que el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. En este sentido, el desplazamiento representa una pérdida para todos. Se les incumplió a los firmantes y también a las comunidades víctimas del conflicto armado. En síntesis, en tiempos de posconflicto, asistimos a otro desplazamiento colectivo forzado en Colombia. Un hecho lamentable, pues está perdiendo todo el país. Pierden los cientos de exguerrilleros y sus familias que son víctimas de un conflicto armado que se ha recrudecido en el norte antioqueño. Pierden las comunidades con las cuales tejieron dinámicas de reconciliación, sus proyectos productivos y sus hogares. Y, finalmente, pierde todo el país, al tener que reconocer que el proceso de reincorporación colectivo y comunitario no fue una realidad, que ese “laboratorio de la paz” se va derrumbando a pedazos. La esperanza es que éste reiniciar en el Urabá vuelva a sembrar la semilla de la paz, que la sociedad civil abrace esa nueva oportunidad y que San José de León se siga afianzando como una de las principales experiencias de paz en el país.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. “A las personas trans nos están matando”, esa fue una de las consignas que se tomaron las calles de ciudades como Popayán, Medellín, Tunja y Bogotá el pasado 03 de julio. Como una radiografía de esa frase y como representación de los motivos que no permiten abandonar cada una de las luchas de las personas trans, un día después de las movilizaciones se conoció sobre el asesinato de Mateo López, hombre trans. Mateo, de 25 años, era líder social en Circasia, Quindío, y como paradoja, fue asesinado justo en uno de los espacios donde su liderazgo cobraba vida y en una de las actividades por las que la comunidad lo conocía; el compartir el alimento, que se había convertido para él en uno de los actos para llamar la atención hacia la necesidad de garantizar el alimento como bien común, como derecho básico que debería ser protegido sin restricción alguna. Hoy, Mateo López deja un camino andado por la lucha de los derechos en los barrios populares, por la dignidad de las personas que desde la diversidad han sentado palabras y hechos para poder ser sin miedo. Mateo también es otra persona asesinada que deja una estructura que pareciera criminalizar a las y los trans, que en ese sentido ha puesto una realidad, como, por ejemplo, que la expectativa de vida para ellas y ellos sea de aproximadamente 35 años. Ante esta situación ocurrida en Circasia, Quindío, Pares habló con Nathaly Camargo, lideresa de OSIGD Diverso, y quien adelantaba trabajo con Mateo López por los derechos de las personas LGBTIQ en el departamento. Pares: ¿Quién era Mateo López en palabras de una de sus compañeras de activismo? Nathaly Camargo: Mateo López era un chico muy especial para la comunidad. Un líder muy fuerte del municipio de Circasia, quien tenía unos procesos comunitarios muy interesantes, no solo con la comunidad LGBTIQ, sino con la comunidad en general. Tenía actividades comunitarias de alimentos hacia los más necesitados. Él preparaba alimentos cada 8, 15 días para hacer jornadas en los barrios más vulnerables del municipio. Muchas personas compartieron con él las frijoladas, sancochadas que él hacía. Ahora en pandemia eso fue un aliciente. Mateo era un hombre transgénero, del grupo LGBTIQ al que yo pertenezco. Lo conocí desde el año 2015, cuando sufrió un atentado en el cual recibió dos tiros. En el 2016 lo registramos ante la Unidad Nacional de Protección por medio del secretario de interior de ese entonces, Héctor Alberto Marín Ríos. Estuvo en la UNP en 2016 y 2017, en ese último año yo entró a la Gobernación del Quindío como el enlace departamental para la población LGBTIQ con un total de 8.000 firmas que los mismos líderes, entre ellos Mateo, habían recolectado para que el gobernador de ese entonces, Carlos Osorio Buriticá, me incluyera en el proceso de construcción de política pública Quindío Diverso. Mateo hizo parte también de la recolección de insumos que nos dieron la radiografía del departamento del Quindío. Mateo era muy activo, nos ayudaba a las rifas, a las ventas de postres, tamales, a todo lo que hicimos para poder tener esa política pública. Luego de ese proceso vino un reconocimiento a la diversidad en el departamento, pues me incluyeron en la nómina de la Gobernación como lideresa de la política pública. Estando allí le garanticé a Mateo sus medidas de protección por las amenazas que venía sufriendo. Es allí donde en el 2018 le activamos la medida de protección y en 2019 también. Llegó un momento en el que por unas denuncias políticas que había hecho me retiraron de la Gobernación. Ahí llega el nuevo gobierno y con él en la Secretaría de Familia se posesionó Alba Johana Quejada Torres, del movimiento MIRA, quien empezó a darle una dinámica religiosa a los conceptos de género y diversidad sexual, pasando por alto los derechos constitucionales. En enero del presente año estuve con Mateo solicitando la reactivación de sus medidas de protección y nos dijeron que no era viable porque no tenían contratistas. Que volviéramos en febrero. En febrero regresamos y nos dijeron que estábamos desgastando el sistema que porque estábamos constantemente reactivándole a él las medidas de protección, que esperáramos un tiempo más largo para volver porque solo daban una medida de protección al año durante tres meses. A Mateo se le había acabado en noviembre de 2019. Es allí donde en plena pandemia empezaron a todos los líderes y lideresas a llegarle amenazas; en estos momentos contra todos los de OSIGD Diverso hay amenazas. Eso ha sido muy triste porque las amenazas, el hostigamiento y la persecución son de parte de contratistas y funcionarios del sector público. Esas denuncias ya se han levantado. Pares: ¿Cuál es el contexto para las personas LGBTIQ el Quindío en este momento? N.C: En este momento hay amenazas para el presidente de la mesa LGBTIQ de Montenegro. La situación también ha afectado a las y los campesinos de esta población. Hay denuncias como la que presentó Valentina Suárez Forero, mujer transgénero campesina y víctima del conflicto armado que ha sufrió persecución por la alcaldía municipal por el hecho de exigir las ayudas humanitarias en medio de la pandemia. El presidente de la mesa LGBTIQ de Circasia, Mario Chávez, también está amenazado, quien incluso denunció la situación en una plenaria con la Gobernación expresando quiénes eran los contratistas que lo estaban obligando a renunciar a su cargo. Yo, Nathaly Camargo he sufrió llamadas amenazantes, ataques a mi casa, situación que ya expuse ante la DIJIN. El pasado 27 de junio fue el último ataque. Esto se replica en los municipios de Pijao, Filandia, Quimbaya, Montenegro y Salento, donde obligaron a renunciar algunos procesos de liderazgos, en general todas las zonas del departamento están en alerta roja, incluso desde el 06 de febrero se han venido colocando las distintas denuncias ante la mesa departamental y la Fiscalía. En la construcción de planes de desarrollo del departamento se convocó a una plenaria, antes de eso comenzaron a llegar llamadas a intimidar a las y los líderes, les decían que si llegaban a allá los apuñalaban. Decidimos no asistir. Después hicimos un documento que fue radicado el 17 de febrero ante la Secretaría de Familia en el que se expresaba cuáles eran los puntos que requeríamos que fueran incluidos en ese plan de desarrollo y exponiendo por qué no habíamos asistido de forma presencial a ese espacio. A estas acciones nunca nos dieron respuesta y es así como el plan de desarrollo hacia la población LGBTIQ se construyó con las personas de fácil manipulación y a los líderes que hemos construido el proceso nos han invisibilizado y nos han violado el derecho a la participación. El 06 de marzo pusimos una denuncia ante la Procuraduría alertando sobre todo lo que viene pasando, ellos hicieron una solicitud para que se dieran medidas de protección. Con ese documento que recibimos, el 04 de junio yo le escribí a la oficina de Derechos Humanos de la Policía, anexando también todas las otras denuncias. Ellos responden que para poder seguir con las medidas de protección tenía que escribir una lista con cada persona, sabiendo que en el correo ya todo estaba consignado. Querían todo desmenuzado. Es una situación muy crítica que nos llevó el 03 de julio a pararnos al frente de la Gobernación y la de Plaza de Administración Gubernamental de Armenia a exigir nuestros derechos y a pedir respuestas. En medio de ese plantón recibí llamadas donde me dijeron que me llevara a todos esos ‘maricas’. También nos dijeron que éramos muy alarmistas. El 04 de julio asesinaron a Mateo. ¿Cuántas vidas más tenemos que poner?

Por. Ximena Sierra Pérez – Enlace Territorial Bajo Cauca. Pares. La guerra que persiste en la región del Bajo Cauca antioqueño no da tregua, la presencia de estructuras armadas ilegales que están en este territorio desde hace más de 30 años, continúa. Aunque hoy se presentan ante las comunidades con otros nombres, para las mujeres que habitan la región tanto como para las organizaciones sociales que lideran e impulsan agendas de paz, su legado es el mismo: muerte y violencia. Cuatro mujeres del municipio de Tarazá que son víctimas de este flagelo, tres de ellas de zonas rurales del municipio y una del área urbana, hablaron con PARES sobre sus historias de vida. Por medio de estos relatos buscan llamar la atención sobre el halo de silencio, desatención e ineficacia que reina en la subregión, no solo en sus casos, sino en los de otras mujeres lideresas que abanderan procesos sociales de vital importancia y que, al igual de ellas, se han enfrentado a condiciones hostiles y peligrosas sin mayores garantías ni soluciones por parte del Estado. Por seguridad sus nombres han sido cambiados. Andrea En el año 1977, con tan solo 4 años, Andrea llegó por primera vez a Tarazá. Desde ese momento, este municipio se volvió su hogar. Allí encontró el amor y nacieron sus 4 hijos. Andrea cuenta que desde muy joven le gustaba ayudar en su comunidad y por esta razón nació el sueño de crear una organización que luchara por los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado. Así, en el año 2008 junto a otras 12 mujeres impulsó el nacimiento de la Asociación de Mujeres Cabeza De Hogar víctimas Jesús da vida, que busca trabajar para que las voces de las mujeres fueran escuchadas, para que no se invisibilizaran sus roles y para que no se silenciaran sus demandas, en medio del ruido de las balas. Fotografía: Asociación ADMUCAJEVI A partir de esta experiencia, Andrea llegó a participar de procesos electorales en Tarazá, con el objetivo de representar a su comunidad, y desde este lugar animó nuevos la formación de liderazgos femeninos en el municipio. Además, se propuso impulsar la creación de la política pública de “Equidad de género para las mujeres de Tarazá” en el año 2014 y, por primera vez, logró que las mujeres contaran con un instrumento de este tipo. En la actualidad esta política pública está en proceso de actualización por parte de la nueva administración municipal, a cargo del alcalde Miguel Ángel Gómez, quien tiene el deber de implementar en su plan de desarrollo acciones que promuevan la superación de las causas de desigualdad que afecta a las mujeres de Tarazá, en los nueve (9) componentes que contempla la política pública. Fotografía: Asociación ADMUCAJEVI Desafortunadamente, Andrea hoy se encuentra lejos de Tarazá en una ciudad de Colombia, lejos de su hogar y sus hijos. El pasado 24 de diciembre a las 8 am salió con su hija de 15 años dejando el municipio que fue su hogar por 39 años, debido a amenazas constantes contra su vida, familia e integridad. Frente a las que detonaron su salida, Andrea cuenta que el día 21 de diciembre a las 10 am de la mañana un hombre llegó al restaurante donde ella trabajaba, se sentó en una de las mesas, la mandó a llamar y le dijo con tono desafiante: “usted cree que nosotros estamos charlando”, en días anteriores había recibido mensajes amenazantes a su celular en que desconocidos le exigían salir del territorio. Esas últimas palabras bastaron para que entendiera que su vida estaba en peligro. El 27 de diciembre de 2019 Andrea hizo la denuncia ante la unidad de Derechos Humanos y hoy se encuentra en un amparo que brinda la ruta de protección a líderes y lideresas sociales. Está a la espera de la respuesta de la Unidad Nacional de Protección ante su solicitud de ser reubicada fuera de Antioquia junto con sus hijos. Alejandra Alejandra nació hace 34 años en el corregimiento de Barro Blanco, que queda a una hora de la cabecera municipal de Tarazá. Hace parte de la asociación de Mujeres Luchadoras de Barro Blanco, organización que se creó desde el año 2017 y que ha trabajado de la mano de 13 mujeres del corregimiento en proyectos sociales donde ha sido beneficiada con capacitaciones en diversos temas de acceso a derechos y agricultura. Por su trabajo en la organización de mujeres, Alejandra debía trasladarse continuamente a la cabecera municipal a participar en reuniones y encuentros con distintos actores del territorio con quienes la organización impulsa procesos sociales. En el mes de noviembre de 2019, recibió amenazas vía celular donde se le prohibía seguir desplazándose entre su corregimiento y el casco urbano. Alejandra es víctima de la disputa territorial que sostienen dos grupos armados (Caparrapos y el Clan del Golfo) por el control de las economías ilícitas del municipio de Tarazá, uno con mayor pie de fuerza en el casco urbano y otro en el corregimiento de Barro Blanco. Desde esa amenaza, Alejandra solo acude a la cabecera municipal cuando tiene una cita médica y, si asiste, lo hace con temor. Al preguntarle si denunció las amenazas, respondió: “en esta tierra uno aprende que debe mascar y tragar callado y más cuando se tienen dos hijos que quedarían solos si me pasa algo”. Astrid Astrid hace parte de la organización de mujeres Guerreras del corregimiento de Barro Blanco, a la fecha, la organización solo cuenta con 6 lideresas activas, pues varias mujeres se han ido del corregimiento debido a la intensificación de la violencia que se presentó en los dos primeros meses de 2020. Ella, junto a su esposo, tenían una siembra de arroz y yuca en la vereda Tesorito Bajo, de donde grupos armados la desplazaron en el mes de noviembre del año 2019. A la fecha está a la espera de una respuesta por parte de la Unidad de Víctimas para iniciar el proceso de reparación. Astrid y su familia se encuentran en medio de la lucha que sostienen los Caparrapos y el Clan del Golfo desde el año 2017 por las rentas que derivan de economías ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones. En el territorio, estos grupos son los que reglamentan las horas de entrada y salida. Astrid comenta que la gente sabe que, si llega a entrar sin permiso al corregimiento, no vuelven a salir. Desde que tiene memoria ha tenido que convivir en medio del conflicto armado, ha visto morir muchas personas del corregimiento, pero por falta de recursos económicos y por su arraigo con los procesos sociales no ha podido irse de allí, aun cuando peligra su vida. Aunque expone como principal argumento para permanecer en el territorio la falta de oportunidades lejos de su hogar, cuando habla de su corregimiento lo hace con un sentimiento que demuestra que, quizás, si la situación de violencia no fuera tan cruda para ella y su familia, seguiría cultivando arroz y yuca en su vereda. No duda en que seguiría sembrando paz desde la organización en que participa. Antonia Antonia nació en el corregimiento El Guáimaro, hizo parte de la Asociación de víctimas Campesinas del corregimiento El Guáimaro y de la mesa de víctimas de Tarazá hasta el mes de febrero de 2020, cuando tuvo que salir desplazada junto a sus hijos del corregimiento donde vivió por más de 30 años. Fue víctima de amenazas contra su vida y la de su familia. El 17 de enero de 2020, 10 hombres armados incursionaron en el corregimiento asesinando a 5 hombres, uno de ellos era su hermano. Esta masacre ameritó que el día 20 de enero el presidente Iván Duque junto con el gobernador Aníbal Gaviria se trasladaran a este corregimiento del municipio de Tarazá y le prometieran a la comunidad mayor acompañamiento de la fuerza pública y mayor inversión social. También, hicieron entrega de la Casa de la Mujer, estructura que hacía parte de las iniciativas impulsadas por las asociaciones de mujeres aquí mencionadas. Esta visita no surtió efecto, pues al día siguiente 60 personas de la vereda Pipiola del corregimiento El Doce, también en Tarazá, fueran desplazadas. En los meses siguientes la violencia ejercida por los grupos armados continuó. Visita del presidente Iván Duque y el Gobernador Aníbal Gaviria al municipio de Tarazá. Fotografía: Comunicaciones OACP. Antonia, junto a 33 mujeres más, conformaban esta organización y tenían varios proyectos productivos que aportaban al desarrollo de su comunidad y se convertían en un proyecto de vida para muchas mujeres que en la ruralidad tienen pocas opciones de empleo. Al preguntarle qué pensaba de la situación que afrontan los líderes sociales en esta región de Colombia, respondió: “yo pienso que ser líder es riesgoso, estamos en un país donde debemos hacer lo que los grupos armados digan o tenemos una lápida en el cuello. Lo malo es que, si uno va y denuncia ser víctima de una amenaza, la misma fuerza pública lo hecha al agua a uno”. A la fecha Antonia no ha regresado a su territorio y siente que no existen garantías para su retorno. A pesar de tener un curso de enfermería y un curso de vigilancia no ha logrado conseguir empleo en la ciudad y siente que para las mujeres del campo enfrentarse a las dinámicas de las ciudades es difícil. Fotografía: Asociación ADMUCAJEVI La situación de violencia que enfrentan las lideresas de la región de Bajo Cauca es preocupante, sobre todo la de aquellas que se encuentran en las zonas rurales de los municipios, pues allí deben convivir de frente con la presencia de actores armados ilegales. Además de esto, no cuentan con respaldo institucional que garantice las condiciones de seguridad para el ejercicio de sus liderazgos. Es urgente que los gobiernos nacional, departamental y local implementen acciones reales y de impacto encaminadas a legitimar su labor social y política, a proteger su vida e integridad y a impulsar el trabajo de las organizaciones de las cuales hacen parte. Asimismo, los relatos de estas mujeres son un llamado urgente para que las rutas de atención en casos de amenazas sean más eficaces, efectivos y diferenciados. Es importante las acciones institucionales comprendan las complejas situaciones que atraviesan estas mujeres, no solo por su liderazgo social sino por las formas de violencia y discriminación que se ejercen en su contra por el hecho de ser mujeres.

Por: Lina Gaitán Mateus. Investigadora Pares. Pilar* hace parte de las directivas de una de las organizaciones que propenden por la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno existentes en la región del Catatumbo. Su voz representa las luchas y quejas de muchas mujeres que se enfrentan hoy en día al panorama violento desatado por las erradicaciones forzadas emprendidas por el gobierno de Iván Duque, pero quienes además deben desplegar formas de cuidado debido a las violencias que les acarrean las labores de liderazgo que ejercen en sus comunidades. Pilar es una de muchas lideresas que habitan el departamento de Norte de Santander. Las siguientes líneas pretenden esbozar sus preocupaciones, y sus luchas y exigencias. Su nombre, lugar de residencia y demás datos biográficos fueron alterados para mantener el anonimato bajo el cual habló con nosotras. Un panorama cada vez más difícil “Usted ve [noticias] y encuentra eso tan verraco de los falsos positivos que se ha reactivado. […] Yo les digo a mis hijos, que cuidadito con las minas, con esa gente armada que dice ser de las FARC, con que se los lleven y los hagan pasar por falsos positivos. Siendo madre, ¿una cómo no se preocupa?” Estos son algunos de los temores que expresa Pilar, y ellos son justificados ante el asesinato por miembros del Ejército de tres campesinos en medio de las movilizaciones emprendidas en esta región en contra de las erradicaciones forzadas desde marzo del presente año. Alejandro Carvajal, Emérito Digno Buendía y Salvador Jaimes Durán no solo han sido víctimas de violencia letal, sino que también se enfrentan al desmérito de sus nombres en los medios de comunicación y al juicio social y la estigmatización que esto conlleva, como demuestra la más reciente denuncia por parte de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Teorama contra BluRadio por afirmar que Salvador era integrante del ELN (Colombia Informa, 2020). Su rol como caja de resonancia de estas afirmaciones, planteadas por las Fuerzas Militares como teorías sin comprobar, posiciona a los medios como uno de los actores que juega un papel activo en los conflictos que viven los y las habitantes de los territorios con presencia de cultivos de uso ilícito donde muchos líderes y lideresas trabajan día a día. A estos hechos de violencia, que parecen pasar desapercibidos en un país que demuestra haberse acostumbrado, a ellos se suma la posibilidad de un paro promovido por los y las cultivadores de hoja de coca, sobre el cual Wilder Mora, presidente de COCCAM en Norte de Santander, advirtió el pasado 21 de abril (Caracol Radio, 2020). En las conversaciones sostenidas, Pilar afirma que “esto va a estar tremendo […] por acá lo que se dice es que el paro comenzará el próximo viernes, 03 de julio. No se sabe por cuántos días se vaya a prolongar”. Emergencia económica y social El contexto de anormalidad que propiciaría esa situación vendría a sumarse a la coyuntura de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el COVID-19, desembocando en el cierre de los pasos y vías que comunican a los diferentes municipios del Catatumbo y menguando el escaso comercio que aún existe entorno a los productos agrícolas de la región: “usted sabe que la gente en los paros y movilizaciones siempre sale para Bogotá, pero en las regiones también se paran duro y se hacen sentir para poder negociar”. Pero la economía de los municipios que conforman el Catatumbo no se enfrenta únicamente a la posibilidad de que se cierren las vías, la fumigación que sigue proyectándose para estos territorios afectará sin duda a la economía campesina pues “el químico con que fumigan no diferencia entre la bicha esa y el plátano y la yuca”. Entre el 16 y el 19 de junio, diferentes medios nacionales difundieron la publicación del informe de seguimiento de la UNODC en Colombia para el año 2019, el cual señala que, pese a haber disminuido la cantidad de cultivos de uso ilícito, la producción de estupefacientes se mantuvo en el país. El departamento de Norte de Santander es uno de los lugares en donde se registró un aumento de cultivos de hoja de coca, exactamente de un 24%. Dicho documento asegura que las familias inscritas al PNIS en Norte de Santander son 3.000; de ese total, el 62,8% había recibido solamente un pago del programa a septiembre de 2019, mientras que 531 familias reportaron haber recibido la totalidad de los pagos para esa fecha en el mismo departamento. Al respecto, Pilar indica que “para poder erradicar se debe tener antes un proyecto que permita tener con qué mantener a la familia. Muchas personas no erradicaron porque el gobierno les da la plata, pero la gente no tiene un proyecto en qué invertirla”. Lo anterior evidenciaría que no basta con brindar los recursos económicos para garantizar un proceso efectivo de erradicación por parte de quienes se comprometieron con el PNIS, sino que se requiere de un programa integral por parte del Gobierno Nacional, cuya voluntad política evidencia una clara tendencia a la militarización y el uso de la fuerza como un medio para logra ese fin, como han denunciado ASCAMCAT y COCCAM. A este panorama se añade la presencia de militares estadounidenses al país. “Ellos ya están acá. Eso implica que todo esto se va a llenar de esa gente de Estados Unidos, y va a empeorar toda la situación”, porque, al hecho de ser personal extranjero que llega a intervenir territorios nacionales, se agrega la inquietud de que no cumplan las medidas de seguridad pertinentes y se conviertan en un factor de posible contagio para los y las pobladores rurales, como ha ocurrido con el Ejército Nacional y se ha denunciado en múltiples ocasiones. El fallo de la magistrada Bertha Lucy Ceballos emitido el 02 de julio de 2020 que ordena la suspensión de las operaciones militares de las brigadas estadounidenses, ofrece a las comunidades un margen de esperanza sobre la posibilidad de defender la autonomía y libre determinación de sus territorios. Estrategias de autoprotección y cuidado Frente a la presencia de tropas estadounidenses y el aumento del pie de fuerza del Ejército Nacional, Pilar indica que “acá, usted misma tiene que ver cómo se puede defender, y mucho más del Estado. Yo… para mí, lo que es Ejército, Policía, todo eso, no confío nada. Es mejor tener de lejos a esa gente de ver todas las cosas que pasan” En conexión con esta idea, Pilar señala que es fundamental no tener contacto con personas que dicen ser de Organismos No Gubernamentales –ONG- porque en el territorio han identificado que de esta manera se los ‘ficha’ o reconoce como líderes y lideresas y ello acarrea distintas formas de violencia. La desconfianza hacia las ONG’s se ha aumentado por un sentimiento de abandono expresado por Pilar, quien manifiesta que estas organizaciones se han olvidado de las comunidades. Si bien no se compara al recelo producido por el Estado, también se identifica cierta animadversión hacia estas organizaciones por la dificultad de comprobar que quienes dicen hacer parte de ellas en realidad lo hagan y por la sensación de que su acompañamiento no es permanente. Ante este panorama, las estrategias de cuidado y autoprotección desplegadas por las lideresas consisten en mantener las redes de afecto y cuidado existentes antes de la pandemia y del fortalecimiento de las erradicaciones forzadas que está ocurriendo en este momento en el Catatumbo. Dicho mantenimiento se da principalmente de medios digitales, pero este se ve sujeto a las capacidades materiales con que cuentan las personas en medio de la crisis actual, pues la conexión a internet no es un servicio que todas tengan garantizado. “Uno se mueve por el WhatsApp, pero el internet toca comprarlo, acá no es como que exista una red pública… ¡si a veces ni siquiera hay señal! [Refiriéndose a cobertura telefónica]” Como respuesta a las estrategias gubernamentales para hacer frente a la persistencia de los cultivos de uso ilícito, diferentes líderes y lideresas han creado canales de interlocución virtual o digital por medio de redes sociales entre las que sobresale WhatsApp, para discutir qué se puede hacer, porque, en palabras de Pilar “nos van a dejar el Catatumbo como un desierto”. Sin embargo, es difícil ampliar las redes de apoyo, no solo por la incapacidad de tener proximidad física, sino porque “[…] aquí pasa de todo un poquito. Una ya no confía en nadie”. La multiplicidad de actores armados legales e ilegales que ocupa el territorio, impide la existencia de un clima que propicie la creación de relaciones entre la población civil y, especialmente, quienes ejercen liderazgos sociales, ya que es difícil identificar las cercanías que cada quien tenga con estos actores. Debido a estas condiciones, las medidas que se han tomado de cara a la pandemia se reducen a las capacidades individuales de cada quien. Gestar propuestas e iniciativas comunitarias no ha sido fácil en este contexto, porque las necesidades son muchas y apremiantes, mientras que los recursos son escasos: “Cuando una está trabajando eso es más fácil, porque hay manera de ayudar a otros; pero cuando una no tiene esa posibilidad ¿Ahí qué se hace? En la organización hay mujeres que pasan situaciones muy difíciles, verdaderamente precarias, pero no se las puede ayudar. […] Yo he tocado muchas puertas, pero no me han ayudado” Discutiendo estas dificultades, Pilar menciona que, dado que todos los trámites se realizan actualmente por vía telefónica, en este momento no se puede escoger entre cargar los teléfonos para poder hacer esas diligencias, o usar ese dinero para ayudar a otras personas. La coyuntura de emergencia social generada por el coronavirus ha profundizado el empobrecimiento del campesinado colombiano, y ese empobrecimiento es empeorado por el clima de conflictividad social que suscitan las erradicaciones forzadas. Un Gobierno que brilla por su ausencia Pilar, quien es víctima del conflicto armado y madre cabeza de hogar, denuncia que no se le ha brindado ningún tipo de apoyo a poblaciones vulnerables del Catatumbo “acá han llegado muchas ayudas, pero no sé a quiénes les estén entregando. Yo me pongo a gestionar por el celular, he hablado incluso con la Secretaría de la Mujer del municipio para saber qué se puede gestionar para las personas que conforman la asociación que dirijo, pero hasta ahora no ha ocurrido nada”. Viendo la falta de ayudas y auxilios brindados por la administración local, Pilar escaló sus exigencias y se dirigió al gobierno departamental y nacional, pero la respuesta que recibió por parte de estos estamentos fue que esas solicitudes debían ser atendidas por la alcaldía municipal y “no me han dicho nada hasta el momento”. Pilar sostiene que de los mercados y ayudas alimentarias repartidas, no les han sido asignados ninguno a quienes integran la asociación de la que hace parte. Pese a lo anterior, su testimonio evidencia que sí hay poblaciones a quienes se están priorizando y quienes sí están recibiendo estos beneficios: “Hace unos días, pude reclamar un mercado por parte del Bienestar Familiar para mi nieta, pero solamente porque la mamá de ella, mi nuera, es venezolana. […] Además de Familias en Acción, no se reciben más subsidios, eso es lo único que hay”. Adicionalmente, los procesos de restitución de derechos y aquellos adelantados gracias a las exigencias de las víctimas se han descontinuado debido a la pandemia. Otro factor a destacar es que se han presentado situaciones de citaciones sospechosas a mujeres lideresas en esta región, las cuales fueron denunciadas ante la Personería pero no recibieron ningún proceso de seguimiento. Pilar sostiene que, la persona encargada, le pidió interponer la denuncia formal, a lo que ella se negó alegando que eso podría delatarlas ante las personas que la buscan y, adicionalmente, la expone a un mayor riesgo de contagio debido a que le implica movilizarse a los lugares de mayor aglomeración. Los elementos aquí descritos exponen que el momento que atravesamos como país y como sociedad, no sólo no ha disminuido las violencias contras los líderes y lideresas sociales, sino que las ha profundizado al limitar su capacidad de acción e intervención en los territorios, y los expone a circunstancias de mayor vulnerabilidad. En ese escenario, las mujeres lideresas llevan una carga enorme, porque no sólo se preocupan por el sostenimiento de sus familiares y sus círculos cercanos, sino que también hacen y promueven exigencias en favor de las comunidades. Las mujeres son las cuidadoras del territorio y de las poblaciones más vulnerables, pero están desprotegidas y sin cuidado alguno.

Por: León Valencia, director – Pares El profesor Gonzalo Medina hace un recuento minucioso, utilizando fuentes militares, de la que fue quizás la operación de mayor impacto político y militar en la confrontación entre las FARC y el Estado colombiano. Reconstruye paso a paso las pacientes labores de inteligencia que llevaron a la infiltración y al engaño de una unidad del Frente uno de las Farc que tenía en sus manos a los quince secuestrados más relevantes para la opinión pública nacional y la comunidad internacional. Con mucha razón, todos los actores políticos y militares han dedicado grandes esfuerzos a exaltar este triunfo y a destacar su contribución personal en la victoria. El expresidente Uribe lo pone en el corazón de su libro “No hay causa perdida”, el expresidente  Juan Manuel Santos le dedica un libro completo, los generales que estuvieron al frente de la operación se han referido en múltiples artículos  a este acontecimiento. En este libro de Medina se puede ver también la versión complacida y orgullosa de los mandos medios. El éxito lo amerita. Arrancarle de las manos, a una guerrilla poderosa y experimentada quince secuestrados, en la selva profunda, sin que se produzca una sola muerte, es una proeza con muy pocos  antecedentes en Colombia y en el mundo. El impacto de la operación en el desenvolvimiento de la guerra fue definitivo, pero el impacto en la transformación del escenario político no fue menor. Las exitosas estrategias militares con las que Uribe había golpeado y contenido a las FARC se estaban agotando en ese primer semestre de 2008. Las FARC se habían empezado a disolver en pequeños grupos para evadir la ofensiva militar por aire a que fueron sometidas durante 6 años, conservaban buena parte de su mando central y estaban resistiendo con algún éxito la penetracion en sus territorios. El gobierno y las Fuerzas Militares se esforzaban para mostrar que estaban en el ‘fin del fin’, pero la valoración entre los analistas y  sectores de la opinión pública informada era distinta: las Farc estaban vivas y avanzaban hacia una recomposición de su estrategia. El golpe modificó esta percepción. Las grietas de la guerrilla se hicieron visibles. Pero la influencia sobre el escenario político fue tal vez mayor. El presidente Uribe estaba viviendo un momento excepcionalmente preocupante y angustioso. Tenía encima la mayor tormenta de sus dos mandatos. En septiembre de 2007 el escándalo de la parapolítica había llegado a su punto culmen con el llamado a indagatoria de Mario Uribe, primo del presidente y compañero inseparable de sus batallas políticas y con la imputación de más de 60 parlamentarios en el mayor escándalo político de todos los tiempos. Esto acrecentó la confrontación entre el presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia. El acuerdo de desmovilización y desarme de los paramilitares había entrado en una crisis irreversible y el debate público entre los firmantes del acuerdo tomaba caminos bastante espinosos, el gobierno acusaba a los jefes paramilitares de seguir delinquiendo desde las cárceles y estos acusaban al presidente de traición y empezaban a contar verdades muy incómodas para las élites políticas. En abril de 2008 estalló el escándalo de la ‘Yidispolitica’ que implicaba al Presidente en el delito de cohecho con el fin de conseguir mayorías parlamentarias para la aprobación de su reelección. A finales de 2007, la tensión entre el Uribe y Chávez había escalado y Colombia enfrentaba el aislamiento y la  crítica de los gobiernos vecinos. El gobierno francés, preocupado por la suerte de Ingrid Betancourt, había establecido relaciones con las FARC al margen del gobierno colombiano y lo propio estaban buscando un grupo de parlamentarios de los Estados Unidos que trabajaban en la liberación de los tres contratistas gringos en manos de la guerrilla. La operación jaque fue el punto de llegada de una serie de acciones que le devolvieron la tranquilidad al gobierno y pavimentaron el camino para un final especialmente exitoso del segundo mandato de Uribe. Las controversias posteriores no le restan méritos a la victoria. El 16 de julio de 2008 apareció en CNN una información crítica que hablaba de la utilización indebida de los símbolos de la Cruz Roja Internacional como parte del engaño a los guerrilleros de las FARC. No se necesita una gran pesquisa para comprobar que la noticia tiene mucho de cierta, pero en el contexto de las graves transgresiones al Derecho Internacional Humanitario que se han producido en nuestra guerra, este es un hecho menor. También se dijo que uno, o los dos jefes -Alias César y Alias Gafas- de la guerrilla habían sido comprados y las mismas FARC le dieron cierta credibilidad a esta acusación señalándolos en algún comunicado de traidores. Eso aún no se ha demostrado. Pero si la acusación fuera cierta, sólo le restaría un poco de brillo a la estratagema. En un lugar de este libro, el general en retiro Andres Zuluaga, quien jugó un papel clave en la planeación y la ejecución de la operación, dice que el presidente Uribe y el ministro de defensa Juan Manuel Santos conocieron la operación y sus detalles unos días antes de su ejecución. Que la idea y su planeación les pertenece a los altos mandos militares. Tengo otro versión bastante distinta y seguramente controversial. He analizado durante varios años el periodo de la vida colombiana que va de septiembre de 2007 a Agosto de 2008. Le he dado vueltas a los acontecimientos de esos once meses. He hablado con actores políticos nacionales protagonistas de esa época y con facilitadores y mediadores internacionales en las labores humanitarias y de paz. Con esas informaciones he llegado a la siguiente hipótesis: El presidente Uribe  tuvo la idea de que estaba en curso una gran conspiración nacional e internacional contra su gobierno, sintió -lo cual puede sonar muy extraño para un presidente tan seguro de su popularidad- que incluso podían tumbarlo a punta de procesos judiciales, presiones internacionales y acciones de periodistas, políticos de izquierdas y fuerzas ilegales. Creyó que todos los hechos estaban conectados y obedecían a un maquiavélico plan de sus enemigos: las decisiones de la Corte Suprema y de la Fiscalía sobre él y sus aliados políticos; la proliferación de denuncias en la prensa nacional e internacional sobre corrupción o violaciones de los derechos humanos; la facilidad con la que las guerrillas pasaban las fronteras y se establecían en Venezuela y Ecuador; la disposición del gobierno brasileño a prestar el territorio para el plan de liberación humanitaria de Ingrid que estaba cocinando el gobierno francés; el activismo en Estados Unidos y en Colombia de un grupo de parlamentarios demócratas que no ahorraban críticas contra el gobierno colombiano y propendían por el intercambio humanitario y la apertura de negociaciones de paz; y la creciente hostilidad con la que recibían a Uribe en los organismos y en los foros de la región suramericana. Con esta visión -seguramente infunda, pero saturada de indicios realmente preocupantes- el presidente Uribe y su círculo más cercano se embarcaron en acciones tan temerarias como audaces: en septiembre de 2007 el abogado Sergio González, en un avieso complot,  va hasta la cárcel y le hace firmar una carta al paramilitar alias ‘Tasmania’ acusando al magistrado Iván Velásquez de presionarlo para declarar contra Uribe y el Presidente anuncia al país el grave delito que implica a la Corte Suprema de Justicia. Al tiempo, la propia Corte, los magistrados y algunos dirigentes políticos y periodistas son objeto de sofisticadas labores de espionaje por parte del DAS; se desata una campaña de desprestigio contra líderes de oposición que acaba con la carrera política de Piedad Córdoba, quizás la más férrea crítica de Uribe; el 1 de marzo de 2008 la Fuerza Aérea Colombiana ataca un campamento guerrillero en la provincia de Sucumbíos en Ecuador y da de baja a 22 guerrilleros, entre ellos Raúl Reyes, segundo al mando en las Farc, desatando una dramática crisis diplomática que involucra a toda la región. Dos meses después, el 13 de mayo, Uribe ordena la extradición hacia Estados Unidos de la cúpula de los paramilitares y cierra abruptamente el proceso amigable de desmovilización de los paramilitares; y el dos de julio culmina con un éxito espectacular la operación Jaque. La hipótesis pura y dura es que el presidente Álvaro Uribe Vélez respondió a lo que creía era una compleja conspiración contra su gobierno con otra conspiración que combinaba acciones legítimas y fundadas en la Constitución, como la operación jaque, con diversas  acciones indebidas e ilegales. Los militares, sin duda alguna, tenía plena conciencia de las implicaciones bélicas de la operación jaque y se aplicaron a ella con toda la pasión y la disciplina que relata este libro de Medina, pero Uribe tenía una comprensión más integral del significado de esta operación y de las actividades colaterales y aprovechó su resultado a fondo. Con el éxito de su estrategia logró reducir al mínimo el costo directo de la parapolítica,  se deshizo de las interferencias y presiones extranjeras, sepultó la ‘Yidispolítica’, canceló todo arreglo humanitario con las Farc y  proclamó la derrota de la guerrilla, acalló las verdades que empezaban a brotar de los labios de los paramilitares, aplacó las críticas a la corrupción y a las violaciones a los derechos humanos, y estrechó aún más los lazos con Estados Unidos. La hipótesis es desde luego muy discutible como lo son todas las teorías conspirativas, pero esta mirada puede darle elementos al lector para comprender la compleja situación que vivieron  el presidente Uribe, el país y los actores internacionales en los 11 meses que van de septiembre de 2007 a Agosto de 2008.