Por: Luis Eduardo celis. Colaborador Pares. Hace pocos días el Departamento de Estado de los Estados Unidos, presentó su “Informe de países sobre terrorismo 2019”, es un informe que se presenta al Congreso y por supuesto que recibe un despliegue mediático importante, sobre un tema tan delicado y de tantas implicaciones como lo es la acción frente al “terrorismo”, lo puso entre comillas, el concepto de terrorismo, no porque desconozca que hay muchas modalidades de acción violenta que se puede catalogar dentro de la modalidad de terrorismo. Pero hay muchas acciones en el caso del conflicto armado colombiano, que no entran en esta categoría, este es un debate en el cual la sociedad colombiana participa y es un debate importante, por supuesto que hay que luchar y someter a los terroristas, para el caso colombiano, me ubico en la orilla que considera que la acción del ELN, si bien en ciertos acciones podría catalogarse de acción que ha producido terror, su acción no está centrada en el terrorismo, sino en la rebelión armada, concepto bastante recortado en la legislación colombiana, pero que sigue existiendo. Por el impacto mediático que ha tenido el informe del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, creo pertinente colocar unos puntos de reflexión, sobre el sentido de este informe, en relación con el conflicto armado vigente con el ELN y el tratamiento que le da la actual administración del Presidente Iván Duque. El informe hace referencia al ELN, organización que está en la lista de “Organizaciones Terroristas”, que elabora el Departamento de Estado, desde inicios de los años 2000, luego del fracaso de las negociaciones durante la administración del presidente Pastrana, igualmente estaba y sigue apareciendo las FARC, pero habría que recordar que la administración del presidente Obama, tuvo un enviado especial en las negociaciones entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, desarrolladas en La Habana, el Sr. Bernard Aronson, en un ambiente de distensión con Cuba y de apoyo a las negociaciones de paz, lo cual evidencia que este listado tiene un criterio de interpretación amplio, según la política de los Estados Unidos y sus gobiernos, eso queda más que evidente con los contactos y acuerdos recientes con los Talibanes, por parte de la administración Trump. El informe dice verdades, sobre la presencia del ELN en Venezuela, lo menciona así: “Venezuela también es un ambiente permisivo para los simpatizantes del ELN y Hezbolá”, la presencia del ELN en Venezuela, está documentada y es de vieja data, a mi juicio hay una presencia autónoma del ELN en territorio Venezolano, hay una presencia “tolerada” por autoridades Venezolanas y hay una participación del ELN en dinámicas económicas, eso es así y negarlo es una insensatez, contra la evidencia documentada. Me reafirmo en que hoy el ELN es una guerrilla binacional y que pensar una solución negociada con ellos, debe tener muy presente esta situación y que todo lo que sea inestabilidad política en Venezuela, como la que se vive hoy, no ayuda a la variable de paz negociada, lejana con este gobierno, que ya arriba a la mitad de su periodo. Igualmente en el informe hay un capítulo referido a Cuba y la presencia de la delegación negociadora del ELN, el informe hace el siguiente reporte: “Cuba, citando protocolos de negociación de paz, rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a diez líderes del ELN que viven en La Habana después de que ese grupo se atribuyera la responsabilidad del atentado de enero de 2019 a la academia de policía nacional en Bogotá, matando a 22 personas e hiriendo a 87. El 11 de octubre, Colombia presentó la extradición solicitudes para los líderes del ELN, Víctor Orlando Cubides alias “Pablo Tejada” e Israel Ramírez Pineda alias “Pablo Beltrán” con el gobierno cubano, que no ha respondido a propósito”. El tema Cuba es profundamente injusto y aupado por el gobierno colombiano, porque la presencia de la delegación del ELN en territorio cubano, fue solicitada por el gobierno del presidente Santos, luego de que el presidente Lenin Moreno, desalojó a las dos partes, Gobierno y ELN, de Ecuador. Sobre este punto, solicitud de extradición de la delegación del ELN, insistir en que hay un protocolo de ruptura a respetar y aplicar y en ello están centrados Cuba, Noruega, con el apoyo explícito de Alemania y otros países que saben que la resolución negociada de conflictos armados, requiere de estos mecanismos, negarlos, es echar por la borda cualquier posibilidad de mediación, no solo en el conflicto colombiano, sino en todos los conflictos armados, sobre los cuales trabajan muchos países, involucrados en el tema ELN. Tenemos un conflicto armado en curso no resuelto, del cual participa el ELN, organización que cumple este 4 de julio, 56 años de existencia, a mi juicio mantiene su esencia de rebelión política, no están derrotados y el Estado colombiano ni los puede controlar y mucho menos derrotarlos y luego de la salida de las FARC, del conflicto armado, el ELN ha vivido un pequeño proceso de expansión en los últimos cinco años, lo cual se denota en una presencia permanente de manera diferenciada en cerca de 140 municipios, lo cual no es una presencia a desestimar. Volviendo al informe del Departamento de Estado y su amplia divulgación mediática, evidencia una realidad que hay que tener muy presente: el conflicto con el ELN hoy está ligado a la geopolítica que agencia la administración del Presidente Trump, que es agresiva con Cuba y ha echado para atrás toda la distensión y cooperación ganada durante la administración Obama y el conflicto planteado con el Presidente Maduro, allí se ubica hoy el conflicto con el ELN, es una carta para presionar y agredir a Cuba y a Venezuela, así están las cosas. El ELN, es un gato, que se muestra mediáticamente –no ellos-, como un León, en el complejo conflicto que se vive en Venezuela, y donde la variable agresión militar está en la baraja de posibilidades, tema tremendamente delicado y donde la presencia del ELN en territorio venezolano, juega en este complejo escenario de “lucha contra el terrorismo”. Hoy se juegan grandes apuestas contra Cuba y contra Venezuela, la administración Trump, se aplica a desestabilizar estos dos países, situación que se aleja del respeto a la soberanía, autodeterminación, la solución pacifica de los conflictos internos, todo esto ha sido trasgredido en la crisis Venezolana y en el trato a Cuba, contra quienes se mantiene un bloqueo, condenado ampliamente por la comunidad internacional. Sin duda que hay una enorme tensión entre la administración Trump y el gobierno del presidente Maduro y allí juegan Rusia, China e Irán, esos si verdaderos Leones de la política internacional y en todo ese juego, se maximiza el poder del ELN, un gatito que ahora está en medio de una enorme conflictividad, en la que el gobierno del presidente Duque, persiste en una política fracasada, y donde se juega con fuego. Lo que le conviene a la sociedad colombiana, los que queremos una sociedad en paz y con ampliación de esta precaria democracia es una paz negociada con el ELN, una solución a la crisis venezolana, tramitada por el mundo social y político Venezolano y respetar a Cuba, con Cuba solo gratitud por su trabajo y compromiso por una Colombia en Paz. Esperemos cómo evoluciona el debate político en los Estados Unidos, esperemos las elecciones de Noviembre y crucemos los dedos por que esta “Lucha contra el terrorismo”, no nos traiga tragedias, ya hay muchas en Colombia. Artículo publicado originalmente en https://www.sur.org.co/

Por: Walter Aldana. Colaborador Pares. La Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), es para la institucionalidad, en este tema, “palabra de Dios”; debe ser por eso que no le atinan ni un poquito a las alternativas para la solución al problema de las drogas en nuestro país. Claro y es que no hablan de la pobreza, la desigualdad y la deuda social del Estado con esa otra Colombia, por ello y sin corresponsabilidad de los países consumidores, sólo se habla de hectáreas, precio, ejército, policía antinarcóticos, glifosato, erradicación forzada y se cuentan nuestros muertos en el forcejeo. Los unos por arrancar una mata y los otros por garantizar el cultivo que da de comer a sus hijos, me refiero obviamente, a las y los pequeños productores, de ninguna manera a los cultivos llamados extensas áreas o industriales. Quienes conocemos el territorio y sufrimos ese centralismo que ahoga las regiones, sabemos que el “resumen ejecutivo” de corte a noviembre de 2019, es una suerte de malabarismo de la entidad que vuelve a colocar únicamente la responsabilidad en el eslabón más débil de la cadena, el pequeño productor o productora de hoja de coca y soslaya los otros componentes – precursores químicos, licencias para gasolineras, paraísos fiscales para el dinero resultado de este negocio, al igual que el lío de las cifras públicas que varían dependiendo del funcionario: Presidente, Ministro o consejero, sin que por ello se sonrojen. El Departamento de Estado de los amos del norte, dicen que tenemos doscientas mil hectáreas sembradas de hoja de coca, UNODC señala en el informe en referencia que son ciento cincuenta y cuatro mil, y el presidente Duque acepta el dato de la ONU, pero avala y usa como cifra a través del consejero Emilio Archila en debate de la cámara de representantes el pasado 12 de Junio el dato de EEUU; definitivamente no se juegan una lleva. Lo cierto es que pudo haber rebajado un 9% del área sembrada, pero lo interesante en el análisis es que aumentó su productividad en un 7%, por la tecnificación, las variedades de semillas; creció de tres a cuatro o cinco cosechas al año, de trescientas cincuenta aproximadamente a quinientas arrobas por hectárea, y el precio, de veinticinco mil en el 2017 a cuarenta y cinco mil o más en este año dos mil veinte. El énfasis en este gobierno no está en la concertación para acabar o disminuir los cultivos; con erradicadores terrestres y la aspersión aérea, pretenden terminar este año 2020 con ciento treinta mil hectáreas, mientras tan sólo quince mil de estas se anexan en programas de sustitución. De igual manera, llama la atención desde el gobierno anterior, el afán por vincular al campesinado que tiene cultivos de uso ilícito a la producción de palma o cacao, es decir sacarlos del monocultivo de la hoja de coca para llevarlos al de productos únicos. En contravía a ello las organizaciones de los productores, proponen sistemas, zonas agroecológicas, agroambientales, donde la seguridad y soberanía alimentaria sean garantía de desarrollo del campo, acompañado del mejoramiento o construcción de la infraestructura institucional necesaria para el éxito de la siembra, la cosecha, la transformación y la garantía de su comercialización. Seguirán contando hectáreas, arrobas, toneladas, mientras no hablen de desarrollo rural integral, concerten y se construya un programa voluntario de sustitución, se coloquen los dineros para su implementación y se implemente hasta el final. Este es el seguro de confianza comunitaria frente al Estado representado en su gobierno.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares. “Hoy me corresponde, como líder social, responder al compromiso de nuestros mayores. Son luchas históricas y para eso hay que ‘frentiar’. Por eso encaro mi liderazgo de la forma en que lo hago. Así me cueste amenazas. Hoy por hoy me ha tocado salir donde tengo mi ombligo enterrado. Desde 2018 he estado confinado, pasando de un lugar a otro por cuenta de las amenazas. Sigo desde mi trinchera levantando la voz en contra de lo que está haciendo este Gobierno Nacional. Están acabando con las voces de quienes no tienen voz.” Pares habló con Héctor Marino Carabalí Charrupí, líder social del norte del Cauca, defensor de los derechos humanos e integrante de la Comisión Política Nacional de Coccam, las mesas de participación de víctimas Municipal Buenos Aires, Departamental Cauca y Nacional, delegado al Consejo de dirección permanente del PNIS, delegado a la Comisión Análoga, integrante de la consultiva departamental del Cauca, y Representante Legal del Consejo Comunitario Cuenca Río Timba Marilópez. Además, es representante legal de la Asociación de Víctimas Renacer SIGLO XXI de Buenos Aires, vocero Nacional de la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes CONAFRO e integrante de la coordinación étnica nacional de paz CENPAZ, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano PUPSOC y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca. Los homicidios de líderes sociales continúan con una tendencia al alza en Colombia. Según el sistema de información SIPARES, en el periodo de tiempo que corresponde a la presidencia de Iván Duque han asesinado 210 líderes y lideresas, mientras que desde que se decretó la emergencia nacional por la aparición del Covid-19, en marzo de este año, hay 27 asesinatos y el departamento del Cauca es el epicentro de esa violencia; allí asesinan a uno de cada cinco líderes del país. Caen bajo las balas asesinas hijos e hijas de Colombia, líderes y lideresas que son indígenas, campesinos y afrodescendientes. “Yo hablo fuerte así a muchos no les guste. Yo respondo a mi arraigo, mi ombligo lo tengo en el Norte del Cauca. Mi mensaje es que se cumpla la Constitución y lo que quedó pactado en el Acuerdo de Paz. La Fiscalía debe investigar a fondo, este ente tiene recursos internacionales que le permiten establecer responsables detrás de los asesinatos”.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. El pasado 27 de mayo desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia se presentó un comunicado en el que informaban sobre la llegada a Colombia de una Brigada norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés), que venía, según el documento, “para asesorar y ayudar operaciones en naciones aliadas” en la lucha contra el narcotráfico. Allí además se aseveraba que su misión en el país comenzaría desde principios de junio y duraría varios meses (sin estimarse una duración precisa), además, que esta acción estaba coordinada con el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia. Asimismo, se resaltó “que es la primera vez que esta brigada trabaja con un país en la región de Latinoamérica, hecho que reafirma una vez más el compromiso de los Estados Unidos con Colombia, su mejor aliado y amigo en la región”. Los primeros sectores en pronunciarse fueron el Congreso de la República y el Consejo de Estado, solicitando claridad sobre por qué la noticia había llegado por medio de la Embajada y no a través de una comunicación oficial del Gobierno o del Ministerio de Defensa, adicional se hizo el cuestionamiento de las razones que habían llevado a que esta decisión no hubiera sido consultada previamente con estos organismos, pues como lo dicta el Artículo 173 de la Constitución Política, es atribución del Senado “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”. Por otra parte, también se pidieron explicaciones de las actividades precisas que harían los militares estadounidenses en territorio nacional, citando el Artículo 237 de la Constitución en el que se establece que en los casos de tránsito de tropas extranjeras el “gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado”. Las respuestas del Tribunal y el Ministerio de Defensa Así las cosas, el pasado 12 de junio cerca de 25 congresistas realizaron una acción de tutela contra el Presidente, solicitándole que revoque el permiso que había dado a las tropas estadounidenses para permanecer en el país, argumentando que era propio del Senado otorgar dicha autorización, además señalando que Iván Duque habría violado la separación de poderes, pues como sustentan, extralimitó sus funciones dando órdenes que no hacen parte de sus competencias. “Además, hay un tema de fondo ligado con otros hechos del país. En primer lugar, hay que mencionar la flota militar que EE. UU. puso en las costas con Venezuela para presionar a Maduro. Segundo, la presencia de mercenarios estadounidenses preparándose en territorio colombiano y luego de esto, con el mismo argumento del narcotráfico, llegan estas tropas a Colombia. Eso le da un sabor de intervención en los asuntos con Venezuela, en donde de paso se arrastra a Colombia”, agregó León Valencia. Dicho documento tuvo su respuesta el 1 de julio por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que por medio de la magistrada Bertha Lucy Ceballos ordenó al Presidente que dentro de las siguientes 48 horas remitiera al Senado toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad. Adicionalmente, también se dio la orden que en ese mismo rango de tiempo se suspendieran los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de las tropas en territorio nacional, esto mientras respecto al punto anterior el Senado toma una decisión respecto al control que se debe hacer a la decisión tomada el pasado 27 de mayo. Ante estos ordenamientos León Valencia, director de Pares opinó que: “Denunciamos como un grave error del ministro Holmes Trujillo y del presidente Duque la aceptación de más tropas de Estados Unidos en Colombia y ahora el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena la suspensión de esta decisión, es una victoria de la sensatez”. Tras lo anterior, pocas horas después el Ministerio de Defensa en cabeza de Carlos Holmes Trujillo informó que, aunque “es respetuoso de los fallos judiciales y de la independencia de la Rama Judicial (…) se procederá a presentar la impugnación respectiva ante el Consejo el Estado, por cuanto la presencia en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento de un componente de la Brigada norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad, a la luz del ordenamiento constitucional, no requiere permiso del Senado de la República”. “Ahora ellos van a defenderse porque tienen que sustentar su decisión. Vamos a ver cómo responde el Consejo de Estado. Eso es un litigio jurídico largo en el que tienen todas las de perder, si se actúa en ley, el Ministerio de Defensa y el Presidente”, dijo Valencia. ¿Qué más rodea la presencia de las tropas? Esta acción tomada por parte del gobierno de Iván Duque y su bancada, no solo ha sido cuestionada por parte de la rama legislativa y judicial, pues hay reclamos que vienen de las comunidades y organizaciones involucradas en los 44 municipios que conforman las zonas futuro, puntos donde la Brigada, según el comunicado de la Embajada, “centrará sus esfuerzos principalmente”. Uno de los puntos que se han señalado desde los habitantes de estas zonas, que han sido determinadas así por el Gobierno al ser puntos estratégicos y afectados por los cultivos de uso ilícito, es precisamente el riesgo y la exposición en la que quedan las y los campesinos cultivadores de hoja de coca con la presencia adicional de estos militares. Justo en estas semanas, se han venido realizando, por parte del Ejército colombiano, acciones como la erradicación forzada que han estado atadas desde un principio a una constante violación de los Derechos Humanos, que incluso en medio de la cuarentena ha dejado a por lo menos cinco (5) personas asesinadas presuntamente por miembros de la institución, según el sistema de información Sipares: · 26 de marzo. Alejandro Carvajal. Sardinata, Norte de Santander. · 22 de abril. Ángel Artemino Nastacuas Villarreal. Tumaco, Nariño. · 18 de mayo. Emérito Digno Buendía Martínez. Cúcuta, Norte de Santander. · 20 de mayo. Ariolfo Sánchez Ruíz. Anori, Antioquia. · 27 de junio. Salvador Jaime Durán. Teorama, Norte de Santander. Vale la pena aclarar que estas zonas futuro se ubican en el Pacífico Nariñense, el Catatumbo, el Bajo Cauca y el Sur de Córdoba, Arauca, Chibiriquete y en parques naturales aledaños al Nudo de Paramillo, Sanquianga y La Macarena, zonas en las que debería estar puesta la atención y protección en sus pobladores, además de ser puntos donde se hace urgente dar viabilidad al punto 4 del Acuerdo de Paz que propone la sustitución voluntaria y por esa vía las herramientas del PNIS. En estas zonas de haber voluntad política para la implementación de este programa y para dar garantías a las y los cultivadores, no se viviría la crisis en la que hoy están estas comunidades, la cual, ahora, se acentúa con la presencia de las tropas estadounidenses.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. El pasado 21 de junio se conoció el caso del abuso sexual y secuestro cometido contra una menor de 12 años perteneciente a la comunidad Gito Dokabu– Embera Katio por parte de 7 miembros del Ejército pertenecientes al Batallón Alta Montaña de Génova (Quindío), que prestaban labores de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo (Risaralda). El hecho volvió a poner sobre la mesa dos importantes debates; por una parte, la responsabilidad de las Fuerzas Militares con las comunidades que deberían proteger y por esa misma vía los otros hechos de abuso sexual por parte de miembros del Ejército. Como pasa en la mayoría de los casos en que las mujeres denuncian y hacen público casos de violencias basadas en género, en este caso sexual se comenzaron a conocer más hechos. El 29 de junio el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, hizo pública una investigación en la que se informó que en septiembre de 2019 en Guaviare una niña indígena de 15 años y perteneciente a la comunidad indígena Nukak Makú, habría sido secuestrada y abusada sexualmente por un grupo de militares del Batallón Joaquín París. “Este podría ser considerado un caso de esclavitud sexual. Hemos podido documentar este caso, pero pudimos conocer que al menos habría otras cuatro niñas que también sufrieron ese crimen. Es aterrador el caso, pero también es aterrador comprobar que los soldados que al parecer cometieron este crimen, no recibieron ningún castigo. Los soldados responsables fueron retirados de la zona y hoy, al parecer, se encuentran en sus casas”, indicó Ávila. A esto se agrega que el 1 de julio a través de una rueda de prensa virtual comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, confirmó que desde 2016 se encontró que presuntamente 118 integrantes de la institución están relacionados con casos de abuso sexual contra menores. De estos solo 45 fueron retirados del servicio activo, mientras que 73 todavía están siendo investigados disciplinariamente. “Yo no veo que haya una situación complicada en los últimos dos, tres años. Siento que mucho de esto venía ocurriendo desde mucho antes. El tema de las ejecuciones extrajudiciales muestra que comportamientos en contra los derechos humanos de la Fuerza Pública siempre han existido y son gravísimos. La diferencia es que la sociedad colombiana perdonaba esto porque estábamos en una guerra con las Farc. Ya no hay guerra con las Farc y esto se comienza a conocer”, aseveró Ariel Ávila en entrevista con LAUD Estéreo. A estos hechos se han sumado otros dos relatos de víctimas de abuso sexual: una por parte Manary Figueroa que contó en Caracol Radio cómo hace 25 años miembros del Ejército abusaron de ella y su madre, quien estaba en estado de embarazo, cuando se movilizaban desde el corregimiento de San Rafael hacia Arauquita. Además, afirmó que los dos militares relacionados con el caso “fueron juzgados a dos años prisión. El abogado dijo que eso era lo único que había podido hacer”. Adicionalmente, también se conoció la historia de una madre que denunció a un cabo segundo perteneciente a la Escuela de Artillería en Bogotá por abuso contra su hija que para el año en el que se dieron los hechos (2018) tenía 4 años. La madre de la menor indicó que a pesar de haber puesto la respectiva denuncia ante la Fiscalía al miembro de la institución no le han abierto investigación disciplinaria y todavía sigue activo en el organismo. No es un problema nuevo Así como lo exponía Ávila, los casos de abusos sexuales han sido transversales al conflicto armado que se ha vivido en el país, donde hay que decir, que así como hubo participación en estos hechos por parte de los grupos armados ilegales, también la hubo por parte de la Fuerza Pública. Vale la pena mencionar que, según cifras informadas por el Observatorio de Memoria y Conflicto y el Centro Nacional de Memoria Histórica, con corte a mayo del 2019 y desde el 1 de mayo de 1985, había, al menos, 26.534 víctimas de actos contra la libertad y la integridad sexual. De estos hechos, por lo menos en los contabilizado hasta 2017, 206 eran responsabilidad de agentes del Estado, incluyendo que de 3.973 del total no se han establecido implicados. Igualmente, es necesario nombrar que dentro del conflicto armado la violencia sexual se convirtió en una de las prácticas más degradantes contra las mujeres, y a su vez en una de las formas más violentas de imponer miedo y autoridad a través del cuerpo de las mujeres y su integridad sexual. Aun con los 26.534 casos registrados esta cifra podría ir en un aumento significativo si se evalúan las trabas tanto legales, como sociales que atraviesan a las víctimas de este delito, más aún si en la colocación de la denuncia también se ven implicadas dinámicas propias del conflicto como el miedo impartido por los actores armados. Sin dejar de lado que al hablar de violencia sexual también se debe poner sobre la mesa los hechos de explotación sexual, esclavitud sexual, trata de personas, mutilación sexual, acoso sexual embarazos y abortos obligados, los cuales al hacer parte de los casos contra la integridad sexual cuenta con varias barreras, incluso a través del lenguaje; la forma en que se nombran y la estigmatización social han llevado a que históricamente muchos hechos hayan quedado en subregistros y sin justicia; lo que no permite puntualizar cuántos de estos casos por relación directa u omisión tienen relación con la Fuerza Pública. ¿Qué pasa con la justicia? Vale la pena mencionar que como en los casos que hoy son noticia, también en la mayoría de los hechos relacionados con violencia sexual muy pocas veces el trabajo de las entidades legales competentes permite llegar a una reparación y justicia. Muestra de esto es que según lo reportado en la Fiscalía en 2019 se habrían registrado hasta principios de diciembre 33.891 casos de violencia sexual, de estos solo habían llegado a un proceso de esclarecimiento el 11.88%. A esto vale la pena agregar que según lo informado por Save the Children de los 22.792 hechos de abuso sexual con niñas y niños menores de 18 años alrededor de un 97% están en impunidad. Estos resultados pueden ejemplificarse de alguna forma con los casos expuestos en los que se acusan a miembros del Ejército como culpables; en el primero el delito habría sido tipificado incorrectamente y además revictimizando a la menor, en los expresado por Zapateiro solo 45 de los 118 militares involucrados por casos de abuso sexual contra menores dejaron de ser parte activa de la institución, referente a lo ocurrido con Manary Figueroa y su madre los culpables solo pagaron 2 años de cárcel y en el hecho de la menor de 4 años ni siquiera se ha abierto una investigación disciplinaria contra el acusado. ¿Cuál es la falla? Aunque hay que iniciar diciendo que a cada uno de los hechos cometidos por los miembros del Ejército debe agregarse el agravante dispuesto en el Código Penal en el que se insiste en evaluar los casos teniendo en cuenta el “cargo que da particular autoridad sobre la víctima”. Lo real es que las trabas para el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual no solo son para quienes la sufrieron por parte de la Fuerza Pública, sino en general es un panorama que atraviesa todos los tipos de hechos, pues desde que una mujer decide instaurar una denuncia comienza una cadena de revictimizaciones que inicia por deber contar lo ocurrido a casi siete (7) funcionarios para poder ser atendida por las y los médicos de Medicina Legal, lo que pone en evidencia un desconocimiento de protocolos para atender los casos de violencia basada en género. Ante esto la viceprocuradora general de la Nación, Adriana Herrera en entrevista con El Tiempo resaltó la urgencia de “fortalecer las instituciones que reciben las denuncias, empezando por las Comisarías de Familia, y las entidades que trabajan en conjunto con la Fiscalía para que estos no sean casos que se queden en un expediente más en la fila”. Además, la funcionaria enfatizó en la necesidad de promover “la formación de los funcionarios en materia de derechos humanos y enfoque de género, empezando desde la Ley 1257”. La violencia sexual y el conflicto armado Por otra parte, también es necesario nombrar que en la JEP desde su creación se han recibido 27 informes de violencia sexual cometidos por distintos actores armados, en diferentes partes del país. En dicho tribunal hay tres categorías para determinar la competencia que tiene esta entidad: violencia sexual política, que es cuando la orden de cometer el abuso sexual viene por parte de cabecillas de los grupos armados; violencia sexual práctica, tipificada así cuando el acto no se comente por una orden directa, pero sí hay complicidad u omisión de los superiores; y violencia sexual oportunista, que se da cuando el escenario del conflicto armado brindó los medios para cometer el delito. No obstante, desde algunas organizaciones como: Corporación Humanas Colombia, Women´s Link Worldwide, Colombia Diversa, la Red Nacional de Mujeres y la Corporación Sisma Mujer, se presentó un informe titulado Conexidad entre la violencia sexual y el conflicto armado: un llamado al no retroceso en la Jurisdicción Especial para la Paz, en el que se hace anotaciones referentes a varias de las tareas que tiene la JEP sobre estos casos. Uno de los primeros llamados que menciona es la tipificación de la violencia oportunista argumentando que “preocupa que la nueva categorización esté ocultando en lo “circunstancial” un entendimiento equívoco y un mal uso de la llamada “violencia oportunista”, abriendo paso a la prevalencia de lecturas reduccionistas y cargadas de prejuicios y estereotipos que consideran la violencia sexual, por vía de regla, como un asunto privado, como si fuese una conducta desviada que se explica apenas por el deseo sexual y la conducta deliberada del agresor”. Asimismo, se solicita que la Comisión de Género de la JEP no solo sea de carácter consultivo, sino también decisorio. Además, que se abra en dicho organismo un macrocaso dedicado a investigar los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Adicional, se insiste en la necesidad de atender a las víctimas también desde la atención psicosocial a través de una política de atención integral en salud. Respecto a todo lo anterior Ariel Ávila afirma que Colombia se prepare para una catarsis. (…) Este país va a asombrarse mucho cuando abra la puerta de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Por último, y como se ha hecho el llamado desde distintos sectores respecto a los casos de estos delitos que implican a militares, es urgente una reforma de las Fuerzas Militares partiendo de la preparación en cuanto a derechos humanos, pues, aunque se reclama el no generalizar, sí hay que evaluar que todos lo hechos reportados no son aislados y parecieran estar respondiendo a cierta sistematicidad sobre la cual pareciera estar rondando el silencio institucional.

Por: Redacción Pares Según la CEPAL, el organismo económico para la región, que este cierre masivo costaría 8,5 millones de empleos y aboga por una respuesta a gran escala que evite la destrucción de las capacidades productivas, que incluya el financiamiento de las compañías y el cofinanciamiento de la nómina durante seis meses, entre otras medidas. La crisis económica que atraviesa América Latina y el Caribe como consecuencia de la emergencia sanitaria del COVID-19 golpea gravemente a sectores que generan más de un tercio del empleo formal y un cuarto del Producto Interno Bruto, revela un nuevo informe sobre los impactos de la pandemia en la región. Recientemente el DANE presentó el reporte de las cifras de desempleo durante el mes de mayo en Colombia, las cuales han generado alarma, pues como se ha previsto, este es uno de los aspectos que tendrá peores consecuencias e impactos con la situación actual a raíz del Covid-19. Como referencia de lo anterior vale la pena mencionar que para el mes de abril la tasa de desempleo del total nacional fue 19.9%, lo que significó una subida de 9.5 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2019 (10.3%), adicionalmente, la tasa de ocupación tuvo una disminución de 14.2 puntos porcentuales en la misma referencia, siendo para abril de 2020 de 41.6% y de 2019 de 55.8%. El estudio, divulgado este jueves por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) identifica como los rubros más afectados el comercio mayorista y minorista; las actividades comunitarias sociales y personales; los hoteles y restaurantes; las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; y las manufacturas. La secretaria ejecutiva de la CEPAL consideró que la crisis golpea con mayor intensidad a los sectores industriales con mayor potencial tecnológico, advirtiendo que esto profundizará los problemas estructurales de las economías de la región. Según datos de la CEPAL, la gran mayoría de las empresas de la región han registrado grandes caídas de sus ingresos y tienen dificultades para mantener sus actividades, pues les es cada vez más difícil cumplir con sus obligaciones salariales y financieras, además de que no pueden acceder a financiamiento para capital de trabajo. Microempresas y pymes, las más afectadas De acuerdo con información recopilada hasta la primera semana de junio de 2020, el impacto será mucho mayor en el caso de las microempresas y las pymes. La CEPAL estima que más de 2,7 millones de empresas formales en la región tendrían que cerrar, 2,6 millones de las cuales serían microempresas. La pérdida que esto implicaría en puestos de trabajo sería de 8,5 millones sin incluir las reducciones de empleos que realicen las empresas que seguirán operando. El impacto variará según el sector y tipo de compañía, por ejemplo, se proyecta que el comercio perderá 1,4 millones de empresas y 4 millones de puestos de trabajo formales, mientras que el turismo perderá al menos 290.000 empresas y un millón de puestos de trabajo. La CEPAL especificó que ha identificado 351 medidas tomadas por los gobiernos de la región a partir de marzo de 2020 para sostener la estructura productiva y evitar la pérdida de empleos y la destrucción de capacidades de las empresas. Esas acciones incluyen liquidez, créditos, ayuda directa, protección del empleo, y apoyo a la producción y exportaciones, entre otras. La postergación de pagos y la mejora en el acceso al crédito, que han sido las provisiones más frecuentes para enfrentar la emergencia, suponen que las empresas generarán utilidades para devolver los créditos y los impuestos y pagos diferidos; sin embargo, la CEPAL no prevé que eso suceda en un par de años ya que la recuperación del sector empresarial será lenta y gradual. Cuatro propuestas Ante este panorama, la Comisión enfatizó la necesidad de una respuesta a gran escala que evite la destrucción de las capacidades productivas. Con ese objetivo, el organismo de la ONU propuso cuatro conjuntos de medidas: Ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas Cofinanciar la nómina salarial de las empresas durante seis meses Realizar transferencias directas a los trabajadores autónomos Apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis. Estas propuestas complementan a las recomendaciones anteriores de la CEPAL que alentaban la entrega de un ingreso básico de emergencia equivalente al valor de una línea regional de pobreza por seis meses a toda la población de América Latina y el Caribe en situación de pobreza, y la provisión de un bono contra el hambre equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional. El informe asevera que la crisis generará cambios al interior de las empresas y en la organización de las cadenas productivas y asegura que las nuevas tecnologías serán clave en el modelo de funcionamiento de las empresas. “La búsqueda de mayor productividad y eficiencia tiene que avanzar hacia una transformación sostenible e inclusiva. Las políticas industriales activas serán esenciales para evitar que la crisis lleve al cierre de empresas, pérdida de empleos y costos para el medioambiente”, puntualizó Alicia Bárcena. En este sentido, la CEPAL proyecta que las grandes empresas buscarán aumentar la resiliencia en las redes de producción diversificando proveedores en términos de países y compañías para reducir su vulnerabilidad, dando preferencia proveedores más cercanos y relocalizando procesos productivos y tecnológicos estratégicos.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. El pasado 23 de junio se reportó que en Ciudadela Sucre en Soacha había alrededor de 800 personas que se habían instalado en un lote donde ubicaron algunas carpas, además de parcelar el terreno entre familias. Esta situación, según los videos que circularon en redes y también a través de lo informado por la Red Popular de Derechos Humanos, se provocó por la imposibilidad de solventar gastos de arriendo, dado el escenario económico crítico acentuado con la pandemia, pero también siendo un resultado de los problemas estructurales que hay para poder tener acceso a una vivienda digna. En este sentido una de las peticiones que se hacía era la presencia del dueño o dueña del lote para poder mediar con la intención de un acuerdo económico y de construcción. Lo anterior teniendo en cuenta el problema que en Soacha está hace por lo menos 40 años con los llamados tierreros, quienes venden terrenos de forma ilegal generando urbanizaciones informales, que como una de sus consecuencias tiene, precisamente, los desalojos que se dan institucionalmente e incluso a través de la violencia, creando una doble afectación a quienes han encontrado en los asentamientos ilegales una solución para las pocas garantías de vivienda. Tras esto el 24 de junio a la zona llegaron policías y algunos organismos municipales como la Secretaría de Gobierno, la Personería, además de miembros Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Al no proponer soluciones efectivas a las solicitudes de la comunidad hay una negativa en dejar el lote, lo que es utilizado como argumento para que al día siguiente desde horas de la mañana agentes del ESMAD hicieran presencia en el punto con la intención de desalojar el lote. Esta situación venía precedida por uno de los hechos más críticos presentados en Bogotá durante la pandemia, cuando a inicios de mayo se registraron varios desalojos en Altos de la Estancia, Ciudad Bolívar, en donde a las familias, además de las afectaciones físicas propias del uso abusivo de la fuerza, también quedaron perjudicadas por la destrucción de sus viviendas y la violencia simbólica a la que fueron expuestas. La situación en Soacha obedeció a dinámicas similares por parte de la Fuerza Pública; uso de la dotación del Escuadrón que afectó tanto a las personas que estaban en el terreno, pero también a los habitantes del barrio, además, más allá de ofrecer soluciones efectivas para el acceso a la vivienda lo que se terminó realizando fue una complicación del escenario de vulnerabilidad en el que está la comunidad. Duván Aldana, otra vida aniquilada *Duván Mateo Aldana Álvarez. 15 años. Estudiante de octavo grado del Colegio Distrital Buenos Aires. Hijo de Deisy Álvarez. Habitante del barrio Ciudadela Sucre, Soacha*. En medio de los hechos ocurridos el pasado 25 de junio en circunstancias que todavía son objeto de investigación, fue asesinado Duván Aldana, un joven de 15 años que recibió un impacto de un proyectil de arma de fuego que minutos más tarde le causó la muerte. Fue en vano el esfuerzo de los habitantes de la zona que lo trasladaron hasta el Hospital Cardiovascular de Soacha, donde llegó sin vida. Esta situación de nuevo puso sobre la mesa la responsabilidad de la Fuerza Pública con la gente, pues de nuevo eran noticia por actos que atentaban contra los derechos humanos de quienes debían en su servicio proteger. Dado este caso han sido varios los pronunciamientos que se han hecho desde las entidades municipales y también a partir de las personas que se encontraban ese día en la zona; tanto los ocupantes del lote, como de quienes eran desde antes habitantes del barrio. ¿Qué dice la gente? En uno de los primeros videos que se conocieron de la situación que se vivía el 25 de junio en Ciudadela Sucre se escucha a una mujer de la comunidad gritando que no les disparen, porque están desarmados. Sus palabras se escuchan justo segundos antes de que la comunidad recogiera el cuerpo de Duván. Como este son varios los videos que circulan en redes, los cuales muestran cómo la gente del barrio quedó en medio de los enfrentamientos que se produjeron con el ESMAD. A Punta de gases lacrimógenos esmad desaloja ciudadela Sucre en Soacha, comunidad engañada por los Forero Fetecua invadieron terrenos en la comuna cuatro pic.twitter.com/JMtGhuLTJp — William Parra (@William_Garra) June 25, 2020 Por su parte, desde la Red Popular de Derechos Humanos informó que: “en el procedimiento de desalojo los agentes de la Policía hacen disparos al aire y hacia la comunidad, como resultado uno de esos disparos impactó en el cuello del menor Mateo Aldana de 15 años”. A esto se suma lo declarado por Deisy Álvarez en entrevista con Caracol Radio en donde afirmó que “tenemos claro que había policías en civil también disparando”. Además, agregó que en medio de los enfrentamientos “el ESMAD tiró gases lacrimógenos. El momento fue desesperante y tuvimos que salir de las casas y correr porque el gas se nos metió en las viviendas”. Vale la pena señalar que según la Campaña Vida los desalojo se dieron “sin que se hubiese propiciado un espacio de diálogo, interlocución y negociación”. Ante este panorama, es transversal la exigencia de justicia para Duván y también hacia un esclarecimiento de los hechos, que permita que el caso no quede impune y además que la familia reciba la reparación adecuada en caso que en efecto los responsables de lo ocurrido con Duván haya sido responsabilidad del la Fuerza Pública, lo que agregaría una vida más a, por lo menos, los 34 asesinatos que ha cometido el ESMAD. ¿Qué dice la institucionalidad? En este punto es necesario nombrar que antes del caso sucedido en Ciudadela Sucre la Corte Constitucional en relación con lo ocurrido en mayo en Altos de la Estancia, La Viga (Cali) y Pance (Cali) se había pronunciado respecto a los desalojos que se han venido haciendo en medio de la pandemia, aclarando que a pesar de que las autoridades pueden adelantar estas medidas, en la coyuntura actual es una prioridad aplazar los desalojos en casos como los asentamientos informales, y además hace el llamado a que primen la búsqueda de garantías para ofrecerles un techo a los más vulnerables. Sin embargo, y en un panorama contrario a lo expresado por la Corte, los otros pronunciamientos han sido varios. Por una parte, luego de conocerse sobre el asesinato de Duván desde la Policía de Cundinamarca el comandante César Castro aseveró que al agotarse los intentos de diálogo se procedió a la intervención de la Fuerza Pública. Asimismo, manifestó que “durante el procedimiento nunca se tuvo conocimiento de algún lesionado o alguna situación que hubiera pasado durante el tiempo que duró el procedimiento”. Por otra parte, Nidia Pilar Rojas, directora seccional de Cundinamarca de la Fiscalía anunció que desde el organismo se inició una investigación por el delito de homicidio contra Duván Aldana. Por su parte, en una de las intervenciones de Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha, se dijo que “no voy a permitir la invasión de terrenos. Soacha ha sido por décadas el lugar donde unos pocos invaden y se aprovechan de la pobreza de los habitantes de la ciudad”. Tras lo anterior vale la pena aclarar que los llamados ‘tierreros’ han tenido presencia en Soacha, por lo menos, desde hace 40 años, y en cabeza en este municipio, por una familia de apellido Forero Fetecua, la cual tiene antecedentes de construcción ilegal de vivienda desde los años 80. Hoy el problema de los tierreros persiste en los barrios periféricos y el llamado sigue siendo a que se tomen acciones sobre estas personas que dirigen estos negocios, y no sobre sus víctimas. Adicionalmente, el concejal del Bogotá Diego Cancino solicitó al alcalde de Soacha tramitar una mesa amplia de diálogo para establecer rutas que permitan desde la participación de varios sectores hacerle frente a los problemas que históricamente ha vivido esta zona por los índices de pobreza que ha tenido como una de sus más críticas consecuencias la falta de acceso a vivienda digna, que incluso según el Informe Déficit de vivienda urbana en Bogotá y Cundinamarca, publicado y realizado por la Alcaldía de Bogotá en 2017, se asevera que en ”El caso más crítico en términos absolutos es Soacha, por ser el municipio de la región metropolitana de Bogotá que muestra la mayor cantidad de hogares en déficit de vivienda (24.134)”. Se debe agregar que el concejal alertó que por denuncias ciudadanas se supo que en medio de los desalojos dos niñas de 4 meses habrían muerto a causa de la asfixia provocada por los gases lacrimógenos. Además, en la tarde del primero de julio a través la campaña Defender la Libertad: Asunto de todas se conoció el relato de una mujer embarazada víctima de abuso policial el pasado 25 de junio. Tras todo esto es necesario establecer dos conclusiones: por un lado, la necesidad de seguir exigiendo justicia para Duván Aldana y también para las personas que ese día sufrieron los abusos de poder por parte de la Fuerza Pública. Por otro parte, debe ser una prioridad de las entidades gubernamentales tomar medidas efectivas para frenar la problemática histórica que han vivido los barrios con los llamados tierreros, partiendo de que las acciones deben ir bajo ese fin, más no revictimizando a las personas que se han visto afectadas con esta problemática.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. “Temor, temor hermano… uno se sube a ese carro; sin saber si uno regresa por la tarde al lugar de donde partió. Una situación muy lamentable. Mire hermano, uno durante el proceso ve cómo nos van asesinando uno a uno, parece lento, pero ahí van acabando con nosotros. Eso implica, que las personas que estamos trabajando y esforzándonos por sacar nuestros proyectos adelante estemos en constante zozobra…” Estas son las palabras de Armando, un firmante de paz que adelanta su proceso de reincorporación en Putumayo. Él es uno de los fundadores de la Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común (COMUCCOM) de la cual hacía parte Raúl Liponce Peruche o ‘Camilo González’, como era conocido por sus compañeros de reincorporación. Raúl se convirtió en el firmante de paz número 214 en ser asesinado después de la firma del Acuerdo de Paz. Según cuenta Armando, para los compañeros y las compañeras de COMUCCOM este reciente asesinato es algo muy triste, nos queda en el pensamiento: ¿Quién irá a ser el próximo? ¿Quién sigue? Nos han matado a seis compañeros de la cooperativa, es un exterminio contra los firmantes del Acuerdo quienes estamos construyendo la paz desde los territorios. Para Tavarich, otro firmante de paz y cofundador de COMUCCOM, estos asesinatos buscan desestabilizar nuestra apuesta a la paz, busca quebrar la voluntad y llenarnos de incertidumbre por la falta de garantías de seguridad. Sin embargo, nos mantenemos firmes. Tres años sin armas y bajo fuego Justamente, este sábado 27 de junio, mientras la prensa nacional recorbada que se cumplían tres años de la dejación de armas por parte de la otrora guerrilla de las FARC-EP; en el departamento putumayense era asesinado Raúl. El exguerrillero durante armas fue del frente 29 de las FARC y estuvo un tiempo en la GV (Guardia del Bloque). Él al igual que un gran puñado de los exguerrilleros del sur del país llegaron a lo que se conocía como Zona Veredal Héiler Mosquera, en Puerto Asís. Hacía parte del proyecto productivo de piscicultura en la Vereda Los Corrales, finca La Siberia en el municipio de Puerto Guzmán. Desde La Granja COMUCCOM Zona de Paz —como nombraron la finca— echan de menos a su compañero. Hace casi dos meses, a Pares le contaban (COMUCCOM: UNA APUESTA DE PAZ DESDE PUERTO GUZMÁN, PUTUMAYO) cómo a pulso los y las integrantes de la cooperativa levantaron 11 estanques para producción de tilapia y dos para incubación de alevinos. El proyecto pretende la siembra de 132 mil alevinos. Eso sí, en ese momento —como ahora— los y las integrantes nos manifestaron que esperan que alrededor de su voluntad de paz haya medidas efectivas que les garanticen la vida. De acuerdo con Armando, Raúl estaba comprometido con la iniciativa, era uno de los que más mantenía al día con las responsabilidades de la cooperativa. “Raúl era un compañero que llegó aquí a La Granja a meterle el pecho a este espacio que autodenominamos como Territorio de Paz. La situación es muy preocupante, cada día aumenta la incertidumbre, no podemos avanzar tranquilos”, señala. Mensaje al Gobierno Nacional Según Tavarich, acá estamos cumpliendo con lo que se acordó en La Habana, hicimos dejación de armas —hace tres años la misma fecha en que fue asesinado nuestro compañero Raúl— seguimos luchando por nuestra reincorporación, estamos poniéndole el corazón y el alma a lo pactado. Estamos camellando en los proyectos productivos, porque ha sido el vehículo para que nos podamos reencontrar con las comunidades, poder trabajar de la mano. Por ello, señala que necesitan que el Gobierno Nacional cumpla con esas 310 páginas, esos seis puntos que componen el documento final. Requerimos todas las garantías pertinentes de seguridad porque no queremos más derramamiento de sangre en Colombia. Queremos, verdaderamente, que en el país haya una paz con justicia social. Queremos trabajar hermano, que nos dejen trabajar; queremos lograr la reincorporación con nuestras familias, no queremos más esta zozobra de que nos están vigilando y de que nos van a matar. Por su parte, Armando señala que «nuestra paz es desde los territorios, con proyectos productivos, con trabajo colectivo entre excombatientes y las comunidades aledañas. Deben existir garantías de vida para los excombatientes, garantías de seguridad. Estamos dando lo mejor de nosotros mientras nos quitan el derecho a la vida.» De hecho, Armando cuenta que la situación también pone en riesgo la relación que se ha tejido con las comunidades aledañas. Desde que llegamos han tenido una buena disposición con nosotros. Trabajamos, conjuntamente, con asociaciones plataneras, piscicultoras. Tenemos en el sector comunidades indígenas y afro que nos han manifestado el apoyo al proceso de reincorporación. Hemos compartido conocimiento sobre piscicultura, es decir hemos adelantado un proceso acá en nuestro territorio de paz. Situación de la región En Putumayo el pasado 17 de febrero fue asesinado Daniel Jiménez Ospina en Puerto Guzmán, el 30 de marzo fue asesinado Juan Carlos Castillo en Puerto Asís y el pasado 16 de junio fue asesinado Ángel Alberto Calderón conocido como ‘Gato’, también en Puerto Asís. En el departamento putumayense hace presencia el Clan del Golfo, La Constru, La Mafia Sinaloa y las disidencias del frente 48, 49, 31 y 1. Pares continúa alertando que la comunidad en proceso de reincorporación le ha manifestado temor por la estigmatización a la que han sido expuestos por discursos del Gobierno Nacional o de la institucionalidad sobre su vinculación a las disidencias o a economías ilegales. Durante 2020 han sido asesinados 31 firmantes de paz en Colombia, además CNR FARC le ha manifestado a Pares que se tratan de cerca de 50 tentativas de homicidio de las que han sido víctimas la población en proceso de reincorporación. En los últimos 15 días del mes de junio han sido asesinados cuatro excombatientes en el territorio nacional, además de los de Putumayo está el caso de Mario Téllez Restrepo en Catatumbo y Yohanni Yeffer Vanegas. Preocupaciones en Guzmán Armando señala que en La Granja, tras amenazas e intentos de homicidio, hemos logrado —a través de una de solicitud de riesgo de inminencia— un esquema colectivo para COMUCCOM. Éste consta de dos camionetas, que llevan alrededor de dos meses. Esto ha hecho que ya no estemos en completa desprotección, ya que antes de vez en cuando se pasaba la policía por la vereda. Sin embargo, Armando resalta que la situación de seguridad por cuenta de la presencia y acción de los Grupos Armados Ilegales ha sido muy complicada. Nosotros seguimos en medio de la conflictividad y sufrimos el lastre de esa violencia. Por su parte, Tavarich señala que les preocupa que aquí en Puerto Guzmán, a pesar del esquema colectivo que les asignaron, no cuentan con una protección permanente de la Policía o del Ejército. Nuestro interés es que el Gobierno Nacional nos reconozca como una Nueva Área de Reincorporación para que, de esta forma estén más puestos los ojos de las autoridades competentes. Según explica Tavarich, la violencia en la región se recrudece por cuenta de la presencia de grupos armados que se están disputando el territorio. Hay personas que no quieren la paz, que se han beneficiado históricamente de la guerra y, por ello, quieren que la guerra continúe. De igual forma, precisa que han estado adelantando medidas de autocuidado y autoprotección mientras esperan que el Gobierno Nacional atiende la situación. “Hemos notado el paso de motocicletas que pasan despacio, esta situación la hemos puesto en conocimiento de la Policía municipal”, concluye. ¿Qué dice la institucionalidad? Pares habló con la personera de Puerto Guzmán, Yuri Ordoñez, quien señaló que, en materia de Derechos Humanos, en el departamento durante los recientes meses se han registrado desplazamientos forzados, reclutamientos. Además, la personera señaló que se ha presentado una amenaza en contra de una lideresa social que fue tramitada con Fiscalía para que el ente le hiciera seguimiento. De igual forma, Pares contactó a un uniformado de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), quien señaló que las personas en proceso de reincorporación, en el departamento de Putumayo, sí cuentan con esquemas de protección. Hay esquemas de protección tanto individuales como colectivos. “Por ejemplo, el antiguo ETCR de La Carmelita cuenta con un esquema de seguridad colectivo, mediante el decreto 299 del 23 de febrero de 2017 que dice que: dentro de los acuerdos se implementarán unos esquemas de protección para aquellas personas que ejerzan actividades en pro de los acuerdos. Quienes realicen actividades de acuerdo con lo pactado, pueden ser beneficiarios de los esquemas colectivos y sus familias si están en situación de riesgo”, señala el agente. De acuerdo con el uniformado, “estas personas deben estar dentro de los Espacios Territoriales. Por ejemplo, que esta persona que fue asesinado estando por fuera del antiguo ETCR no cuenta con estos esquemas”, precisó. Hemos intentado comunicarse con la Policía departamental pero no ha sido posible contar con alguna declaración sobre la situación de seguridad para las personas en proceso de reincorporación. De igual forma, Pares trató de comunicarse con la ARN pero tampoco obtuvo respuesta. El último comunicado emitido por el Consejo Político Nacional del Partido FARC confirmó que la cifra de exguerrilleros y exguerrilleras es de 214 tras la firma del Acuerdo de Paz. Asimismo, ratificó que la lista de hombres y mujeres asesinadas “fue entregada a la Justicia Especial para la Paz y será depositada a las instancias nacionales e internacionales involucradas como parte de los documentos que justifican la expedición de medidas cautelares de protección colectiva para los firmantes de paz.” De acuerdo con el comunicado, lista fue construida por componentes de FARC, el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), la Mesa Técnica de Seguridad, enlaces regionales de Derechos Humanos, el Equipo de Acciones Constitucionales del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa. De igual forma, elevaron el siguiente mensaje: “El sueño de una paz estable y duradera no puede seguir cobrando la vida de quienes le apostaron a ella, es hora de parar la muerte y avanzar en la implementación para que la reconciliación y no repetición sean una realidad”. Algunas medidas urgentes Por su parte la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP convocó dos audiencias territoriales de carácter virtual en el ETCR Román Ruíz, en la vereda Santa Lucía en Ituango (Antioquia) y en el ETCR Mariana en Mesetas (Meta). Estas sesiones buscan que se tomen medidas urgentes que generen garantías para la vida de quienes ofician como comparecientes ante la JEP. Tal como lo advirtió Pares en su momento, el tribunal especial ha venido avanzando hacia una alternativa que permita hacer frente a la violencia selectiva. Por ello, la magistrada de la Sección de Casos con Ausencia de Reconocimiento —Reinere de los Ángeles Jaramillo—; ha explicado que estas acciones de protección colectivas pretenden garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas en el marco de las garantías de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Laura Cano, Periodista Pares. Recientemente el DANE presentó el reporte de las cifras de desempleo durante el mes de mayo, las cuales han generado alarma, pues como se ha previsto, este es uno de los aspectos que tendrá peores consecuencias e impactos con la situación actual a raíz del Covid-19. Como referencia de lo anterior vale la pena mencionar que para el mes de abril la tasa de desempleo del total nacional fue 19.9%, lo que significó una subida de 9.5 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2019 (10.3%), adicionalmente, la tasa de ocupación tuvo una disminución de 14.2 puntos porcentuales en la misma referencia, siendo para abril de 2020 de 41.6% y de 2019 de 55.8%. Hoy las cifras indican que para el mes de mayo el desempleo llegó a una tasa de 21,4%, lo que significó un incremento de 2,1 millones de personas frente a ese mes de 2019, en el que era de 10,5%. Además, la población ocupada fue de 17,3 millones de personas, lo que infiere una disminución de 4,9 millones frente al mismo mes de 2019. Así las cosas, una de las repercusiones más tangibles fue el incremento de 1,8 millones al número de mujeres dedicadas a oficios del hogar, lo que ha demostrado que tiene importantes implicaciones con las garantías laborales, pues las mujeres dedicadas al cuidado, a pesar de que esta actividad está regulada por la Ley 1413 de 2010, no cuentan en su totalidad con la protección que a cada trabajador y trabajadora se le debe promover. Por otra parte, también se informó que los sectores más afectados son los de comercio, reparación de vehículos, los cuales tuvieron presentó la reducción más alta de población ocupada, seguido de las industrias manufactureras. Tras este panorama Pares habló con Iván Jaramillo, docente de la Universidad del Rosario e integrante del Observatorio Laboral de la misma institución. Pares: ¿Cómo se leen estas cifras en el contexto actual? ¿Lo que se ve hoy está dentro de los pronósticos que se habían hecho o los superó? Iván Jaramillo: A nivel global se han perdido cerca de 400 millones de empleos, eso ha superado ostensiblemente todos los pronósticos. Ya en un panorama local se han perdido 4.7 millones de empleos, según lo que aseveró el DANE, eso ha generado una fuerte tendencia de negatividad, promovida también por un crecimiento de personas que han pasado a ser inactivas, es decir que ya no buscan empleo, eso profundiza las brechas entre hombres y mujeres, sobre todo en un aumento de las labores del cuidado. Adicionalmente, el tema del desempleo juvenil es muy preocupante y definitivamente lo que hay es una profundización de los problemas estructurales laborales que vienen desde antes de la pandemia. Esto pone sobre la mesa la necesidad de implementar sistemas de intervención y de seguridad social mucho más globales y mucho más de cobertura universal que es lo que nos falta sobre todo en materia de cubrimiento de riesgos por crisis económica y por desempleo. Pares: ¿Todo esto cómo se entiende partiendo de los índices de pobreza que hay en el país? I.J: Uno de los principales problemas respecto a eso es que en Colombia no hay sistemas de rentas básicas universales, hay un crecimiento de los inactivos, lo que ya determinan una pérdida en la capacidad de ingresos de los trabajadores y una fuerte presión a la informalidad y una difícil recuperación económica porque se afecta la demanda y al afectarse la demanda van a seguir los problemas laborales y por ahí el aumento de los índices de pobreza. Pares: Con los dos análisis que ha presentado el DANE ¿cuál podría ser el panorama para el segundo semestre del año? I.J: En el segundo semestre hay unas prevenciones moderadamente pesimistas y es que como se prevé un segundo brote del Coronavirus y va a haber una reforma de la política de confinamiento, de encierro, pues obviamente se van a afectar todos los temas de trabajo que desafortunadamente van a ralentizar la recuperación económica y si no se toman medidas al menos de impacto fiscal va a ser muy difícil la recuperación. A esto sumándole que todo esto afecta todo el esquema económico y la capacidad de generar empleo y recuperarlo.

Por: Redacción Pares América Latina aún no ha llegado al pico de los contagios de coronavirus y varios países presentan “tendencias preocupantes”, aseguró este lunes la Organización Mundial de la Salud durante su conferencia de prensa habitual. En muchos países se ve todavía una alta transmisión comunitaria, por lo que los especialistas de la Organización creen que la epidemia seguirá evolucionando y no ha llegado al pico. “Muchos países experimentaron entre 25% y 50% de aumentos en casos en la última semana, lo que significa que en muchos países en América Central y del Sur y en las Américas en general están sufriendo transmisión comunitaria sostenida y el viaje para ellos hacia el pico todavía no llega, no han alcanzado niveles bajos de transmisión”, explicó el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan. Aseguró que por lo tanto es probable que haya un nivel sostenido de casos, así como más muertes en las próximas semanas. “Tratar de predecir cuántos no ayuda en este momento. Le reiteramos a los países que debe existir un enfoque integral de todo el Gobierno y toda la sociedad, así como una comunicación muy clara con los ciudadanos sobre las medidas que tienen que tomar para protegerse. También debe haber una inversión sostenida en el sistema de salud pública y la capacidad para aislar, hacer test y rastrear casos y contactos”, explicó. Medidas de salud pública El experto añadió que será muy difícil sacar a los países de la pandemia a menos que se logren tomar esas medidas de salud pública. “Si no tenemos esas capacidades, pues la idea de alargar las medidas de confinamiento no puede ser excluida. Realmente nadie quiere volver a esto, pero la única manera en algunas circunstancias es una inversión muy agresiva en la capacidad para detectar casos, poner a sus contactos en cuarentena, y mantener a las comunidades incluidas y sin coerción para apoyar las medidas del Gobierno, en un ambiente de confianza”, aseguró. Preguntado por cuándo se alcanzará el máximo de contagios en la región, Ryan dijo que es muy difícil predecir, pero insistió en que el virus no actúa solo, sino que explota la vigilancia débil, el mal gobierno, y la falta de educación de las comunidades. “Esos son los problemas que tenemos de abordar, si lo hacemos los números van a bajar, esto es lo que ha pasado, esa es la realidad de esta pandemia. Los números reaccionan a la respuesta. No hay magia ni hechizos, no podemos adivinar cuándo va a terminar. Tenemos que actuar a todos los niveles y usar los recursos disponibles. Miren a los países que han tomado acciones y contenido la enfermedad y encontrarán la respuesta», reiteró Ryan. El experto aseguró que la duración de la pandemia en la región está siendo influenciada en cada país por la densidad de la población, la existencia de megaciudades y bolsillos de pobreza donde pueden haber contagios que no se detectan, así como la respuesta en general. “Nos preguntan mucho por el pico, y debemos dejar de predecir, porque los modelos que se han hecho no todas han coincidido por la realidad. Debemos concentrarnos en lo que los países pueden hacer para suprimir la transmisión y salvar vidas”, agregó la epidemióloga líder de la OMS, María Van Kerhove.

Por: Redacción Pares En investigación realizada por Ariel Ávila, subdirector de Pares, una niña indígena de 15 años y perteneciente a la comunidad indígena Nukak Makú, habría sido secuestrada y abusada sexualmente el 8 de septiembre de 2019 por un grupo de militares del Batallón Joaquín París. Los hechos habrían sucedido en la región del Guaviare. La niña se reportó como desaparecida el 8 de septiembre de 2019 y apareció el 13 de septiembre, luego de que la niña pudiera escapar de su secuestro. Fue valorada días después y la menor contó cómo habría sido abusada repetidamente en ese lapso de tiempo, especialmente por dos militares, al interior de las instalaciones de ese Batallón. El proceso de investigación actualmente reposa en la Fiscalía 2 de San José del Guaviare, y al parecer, la niña allí sufrió revictimización por parte de esta autoridad, con graves afectaciones psicológicas. La comunidad, por su parte, exige justicia y verdad. La denuncia Según el periodista e investigador Ariel Ávila, por las condiciones de lo que relató la menor podría ser considerado un caso de esclavitud sexual, ya que al parecer la niña fue encerrada y abusada sexualmente durante varios días en el interior del campamento militar hasta que la menor pudo escapar y denunciar los crímenes de los que fue víctima. Los hechos habrían ocurrido en un lugar que está a tres horas de la cabecera municipal de San José del Guaviare, cercana al corregimiento de Charras. Al parecer, las autoridades y el Ejército tenían conocimiento del caso cuando ocurrieron los hechos y no tomaron las acciones correspondientes. En un principio, las autoridades recibieron oportunamente la información por parte de la comunidad y la menor, pero luego la denuncia quedó archivada y al parecer la Fiscalía del Guaviare no investigó con profundidad este grave suceso, según denunció Ariel Ávila a través de Revista Semana y Semana TV. Hay siete informes que darían cuenta del secuestro y la violación de la niña. «Este podría ser considerado un caso de esclavitud sexual. Hemos podido documentar este caso, pero pudimos conocer que al menos habría otras cuatro niñas que también sufrieron ese crimen. Es aterrador el caso, pero también es aterrador comprobar que los soldados que al parecer cometieron este crimen, no recibieron ningún castigo. Los soldados responsables fueron retirados de la zona y hoy, al parecer, se encuentran en sus casas. señaló Ávila. En un primer informe conseguido por Ávila, la Defensoría del Pueblo habría tenido conocimiento del hecho. Allí se señala cómo la menor habría sido secuestrada y llevada al campamento del Ejército en ese sector de El Guaviare donde habrían ocurrido los abusos. La Policía y el Ejército fueron informados de estos hechos. La Procuraduría también había sido informada de estos graves y dolorosos acontecimientos denunciados por Ávila. La Procuraduría incluso, abrió una investigación sobre este caso y en un oficio de respuesta a Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, da detalles del testimonio que rindió la menor de edad. Según el relato, se lee en el oficio: “De alguna manera la entraron al batallón. Allí la llevaron a un cuarto donde la encerraron. Ahí dentro dos soldados accedieron a ella el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes por la mañana ella se logró escapar.» El Ejército Nacional, a través de un comunicado difundido como respuesta frente a la denuncia de Ariel Ávila sobre estos hechos que significan una grave denuncia, indica lo siguiente: «(…) una vez se tuvo conocimiento del mismo, el Batallón de Infantería No 19 Joaquín París inició de inmediato la indagación disciplinaria (…) la cual fue verificada por la Procuraduría Regional del Guaviare a comienzos del presente año. (…) Ahora bien, en cuanto a la investigación penal los hechos son conocidos por la Fiscalía 02 Local de San José del Guaviare.» Imagen cortesía de Semana TV. El escándalo de la niña Embera Recientemente la Autoridad Tradicional de Pueblo Rico, Risaralda, denunció que el pasado 21 de junio una menor de 12 años perteneciente a la comunidad Gito Dokabu– Embera Katio había sido secuestrada y abusada sexualmente por siete (7) miembros del Ejército pertenecientes al Batallón Alta Montaña de Génova (Quindío) y que prestaban labores de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo (Risaralda), quienes se encontraban en la zona como parte del servicio que debían prestar a los habitantes del territorio durante la pandemia. Con esto vale la pena mencionar que, según cifras informadas por el Observatorio de Memoria y Conflicto y el Centro Nacional de Memoria Histórica, con corte del 20 de septiembre de 2017 y en el marco del conflicto armado, se registraron, al menos, 15.076 personas víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual, de este total el 91,6% son niñas, adolescentes y mujeres adultas. Asimismo, sobre estos hechos se identificó que los paramilitares han sido responsables de 4.837 casos (32,2%), las guerrillas de 4.722 (31,5%), los Agentes del Estado de 206, los GAPD de 950, además de los más de 15 mil hechos en 3.973 no se han establecido los responsables. El hecho fue rechazado por muchos sectores, incluso, pocas horas después de conocerse lo ocurrido desde el Gobierno Nacional se le ordenó al comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, que se trasladara hasta el lugar de los hechos para que estableciera diálogo con el gobernador del cabildo, Juan de Dios Queragama. Además, desde la dirección del ICBF se decidió activar la ruta de atención de restablecimiento de derechos de la menor. Otros casos de abuso por parte de soldados En septiembre de 2019 Maritza Soto relató el acoso laboral y sexual del que había sido víctima por parte tres miembros de la Institución; su superior, un coronel y un comandante de una Fuerza de Despliegue Rápido. A esto se sumaron cuatro denuncias contra José Zabala, también por las mismas clases de violencia. En junio de 2019 se informó que en enero de 2006 el militar Nicacio Martínez Espinel agredió física y sexualmente de Irene López y Ligia Cambar Ramírez. En 2018 se conoció que en 2010 el militar Raúl Muñoz, que paga una condena de 60 años, abusó sexualmente de una menor en Tame, Arauca. En este mismo municipio en 2019 una mujer en condición de discapacidad fue agredida sexualmente por un miembro de la Institución. En 2017 un soldado denunció al sargento Dixon Velásquez por abuso sexual, además alertó que fue sobornado para que guardara silencio. En ese mismo año en Fuente Oro, Meta, una menor de cuatro meses fue abusada sexualmente por un soldado. En 2007 un joven que prestaba su servicio militar acusó a cuatro de sus compañeros también por abuso sexual. Ahora a estos casos se suman el de la menor de la comunidad Gito Dokabu– Embera Katio, y el de la niña Nukak Makú en El Guaviare, hechos que también se agrega a los casi 20.000 procesos activos que lleva la Fiscalía por delito sexual contra menores. Ya hay reportados 6.400 casos de presunto delito sexual ocurridos en lo corrido del año, según lo informado por Medicina Legal. Y se espera que no se agregue al 97% de impunidad que actualmente tienen los actos violentos contra niñas y niños, conocido a partir de lo informado por la Alianza por la Niñez Colombiana.

Por: Joker @Nessnio. Colaborador Pares. Este documento se constituye convocando conductas reflexivas, precisamente para lograr disminuir el caldeado contexto sociológico que vive nuestro país, no es un escrito que pretenda acomodarse en los épicos y sublimes escenarios de los que se consideran distinguidos periodistas, que ganan sumas millonarias, viven como estrellas de Hollywood y hasta gozan de costosos esquemas de seguridad; más bien es un reclamo ciudadano y un derecho consagrado en los entelarañados fundamentos de nuestra constitución, vulnerada, remendada y distorsionada por el esclavismo institucional. Diré que para mí no es factible determinar la cruda realidad nacional desde la comodidad de la farándula rechinante, la opulencia vergonzosa y el narcisismo estrafalario, en segundo lugar creo imposible establecer las fracturas y las fisuras de nuestro aparato político administrativo, si la institución rectora de instruir ante las masas la denuncia irracional de los que nos gobiernan, celebra, duerme, llora, cena, vota, ríe, se abraza, se emborracha, se ama y se reproduce con el gobierno, con los grupos económicos y aunque cueste creerlo, en algunos casos con la mafia. ¡Qué uno puede relacionarse con quien quiera es una verdad, pero mi denuncia sobre la falta de independencia de la prensa en este escenario apocalíptico, también! Debemos saber que Luis Carlos Sarmiento Angulo es dueño de 27 medios de comunicación entre ellos El Tiempo, Carlos Ardila Lulle de 7, entre ellos RCN, Alejandro Santodomingo de 4, entre ellos Caracol y Jaime Gilinski Bacal es dueño del 50% de Semana, y claro! esta información se expresaría en las páginas lisonjeras de la alta sociedad, como biografías admirables de emprenderismo de selectos símbolos nacionales, lo que no dicen, es que estos magnates de la jungla financiera en su mayoría, tienen intereses y acuerdos muy soterrados con las administraciones del histórico nacional, gobiernos que ellos financian con préstamos y aportes, todo dentro de una exclusiva cordialidad para no desentonar con el agasajo burocrático de todos los tiempos, propiciando una maniobra estatal grotesca que restituye los favores con dádivas, exenciones tributarias, contratación estatal y concesiones macroeconómicas, que superan extraordinariamente las contribuciones y los empréstitos autorizados por los generosos empresarios mencionados. Pero lo que resulta más dañino para la ciudadanía es que los medios de comunicación de dichos conglomerados, no son solo una pequeña parte de su fortaleza financiera, también son una sofisticada y estratégica herramienta que les garantiza este intercambio de intereses con el Palacio de Nariño, en consecuencia, al final del día todo el andamiaje periodístico se configura en una apacible y diligente conducta de hermandad con los protagonistas de la vida pública, activando la mecánica displicente de hablar bien del gobierno, minimizar los errores, deformar la realidad, enmudecer y ridiculizar a la oposición y así garantizar el festín de los recursos públicos, sobre la ecuación malsana de privatizar las utilidades y socializar las pérdidas. Por consiguiente, esta élite empresarial de zapatos brillantes, de traje y de corbata, que brinda con whisky en los clubes, que se atafaga de canapés con aguacate y que se codea con las más altas jerarquías del gobierno, sigue en su paso avasallador asfixiando todos los rincones del escenario económico nacional, sin contemplaciones con el pequeño y mediano empresario y disfrazado con la dosis adecuada de maquillaje que le imprime la prensa que les pertenece y que controlan a su antojo. ¡Es así, existe un infame libreto! Y no es exagerado decir que gran parte del periodismo nacional es nómina de los grupos económicos y de su clase política de bolsillo, ya que estos poderosos no sólo financian presidentes, también financian congresistas en todo el territorio, eso sí, adoctrinados, fieles y leales a sus insaciables apetitos. Vamos a los hechos centrándonos en las relaciones de Luis Carlos Sarmiento Angulo con los gobiernos, antes que nada aseverando que estas circunstancias a detallar, han sido denunciadas por diferentes comunicadores independientes y por congresistas de la oposición política nacional, sin que las investigaciones muestren avance o evolución ante los organismos competentes, como el caso de las 22 mil hectáreas que este acaudalado hombre habría comprado a través de su organización Pajonales S.A, por un valor de 61 mil millones de pesos y el gobierno además de darle la concesión de una vía que atravesará estos predios, le otorgó subsidios por un monto de 36 mil millones de pesos del fondo Finagro, éste anexado al Ministerio de Agricultura, tomando en cuenta que estos recursos están destinados a pequeños, medianos y grandes productores y hacia mujeres de bajos recursos. La pregunta es ¿La prensa ha denunciado categóricamente este hecho de probada desigualdad y ventaja, en favor de los poderosos financistas de la campaña Duque? Pero si continuamos exponiendo anomalías, preguntemos quién responde ante el desplomado puente Chirajara de Coviandes filial del Grupo Aval y Corficolombiana, donde existe detrimento y 10 muertos; la vía al llano que desde 1994 está en concesión a la misma empresa Coviandes de propiedad de Sarmiento Angulo por un monto de 79 mil millones, añadiendo que en el 2008 el gobierno sumó otros 23 mil millones para estabilizar puntos críticos y más adelante por el 2010 se firmó otro contrato con una vigencia de 8 años por 1.8 billones de pesos, sin mencionar varios otrosíes que se subscribieron en el transcurso del mismo proceso contractual. Pero en efecto los privilegios no terminan, porque en el 2015 la empresa Coviandina del mismo magnate, logró hacerse a la licitación de la terminación y concesión del tercer tramo de este corredor vial, por la suma de 5 billones de pesos por los próximos 39 años. Sobra especificar las condiciones tan regulares de esta ruta Bogotá – Villavicencio, pero sí es válido indicar que el gobierno en los tiempos prolongados del cierre de este estratégico corredor, liberó de responsabilidades a Coviandes ante las afectaciones por filtraciones y derrumbes y sorprendió con sus medidas, las cuales se tradujeron en congelar el precio de los combustibles en el departamento del Meta. ¿Dónde estaba la prensa cuidando los intereses de los colombianos, de forma decisiva e incisiva ante estos atropellos? ¿Por qué no se informó que el gobierno firmó 53 acuerdos modificatorios de este contrato, sin estudios de conveniencia que pudieran demostrar que era lo mejor para los contribuyentes y que estas modificaciones en tiempo y valores fundaron perjurio contra Colombia? ¿Por qué no se habla del silencio sepulcral de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) encargada de supervisar estos contratos, de la SPT (Superintendencia de Puertos y Transporte)? ¿Por qué no se dice que este corredor es relativamente corto y expone los peajes más costosos de todo el territorio y que durante 26 años ha estado en manos de Sarmiento Angulo y lo estará por los próximos 38 años a pesar de todas las irregularidades? De seguro los impolutos me atacarán en conjunto al leer este párrafo o en su engreimiento natural lo verán insignificante, esgrimiendo que ellos hicieron su papel y por supuesto que lo hicieron, porque en estos casos tan apreciables los medios tienen que operar, pero lo hacen con la estrategia de la minimización de los impactos reales sobre la ciudadanía y con la dispersión de los informes técnicos y financieros, manoseándolos con pinzas quirúrgicas durante los días que sean necesarios, tan sólo esperando que se apaguen los incendios del reclamo, pero al final todo sigue igual y los periódicos dan vuelta a la hoja. Ahora, sin ahondar demasiado mencionemos Odebrecht y su desbordada corrupción, donde el Director Ejecutivo de esta multinacional constructora Marcelo Odebrecht fijó una sentencia cierta y vergonzante “Yo no corrompí a los políticos, ellos ya eran corruptos” refiriéndose al mar de coimas que todos recibieron sin importar que le estaban vendiendo el alma al diablo, La Ruta del Sol y la muestra más clara de la arbitrariedad de este minúsculo grupo de multimillonarios, pretendiendo deformar el significado natural de los términos “caducidad” y “liquidación” contractual, para poder beneficiar la irresponsabilidad de un consorcio que incumplió las cláusulas de un contrato; después viene el espinoso Hidroituango donde sacrificaron el río Cauca y el sustento de miles de familias, personas inocentes que antes fueron víctimas del paramilitarismo y las guerrillas sobre la indiferencia del estado; es justo decir que frente a este ecocidio tan abominable, los medios siguen con sus cuchicheos estériles, permitiendo que se extinga entre las cóleras de los campesinos y las denuncias de la Fundación Ríos Vivos pidiendo justicia. Caso contrario cuando el ELN hizo explotar el oleoducto Caño Limón en Norte de Santander contaminando el río Catatumbo, donde se levantaron todas las banderas de la dignidad y del desprecio absoluto ante este demencial hecho, que de hecho lo era y lo es, pero en el fondo la única diferencia ante estos criminales ecocidas, era y es, que los de Hidroituango tenían buenos amigos en el gobierno y hacían parte de lo más selecto de la inicua clase política. (Recuerden que Fajardo, Uribe y otros actores mediáticos de la escena nacional, tienen relación directa con muchas de estas decisiones). Es claro que no existe el mismo rasero para juzgar públicamente las acciones delictivas, hecho que constituye una visión jurídica anómala y deforme, que clasifica perversos buenos y perversos malos, masacres con criterio social y tragedias familiares, muertos buenos y muertos malos, todo para resguardar una tesis hecha a la medida de la considerada delincuencia VIP que se apoya desde la ilegalidad y la institucionalidad. ¿Y la voz de los incisivos periodistas que cuestionan todo el demencial terrorismo de los grupos guerrilleros, pero menguan los casos de los marines que violan niñas y no se les puede juzgar por tener una ofensiva inmunidad jurídica, los policías vinculados al microtráfico, los coroneles que protegen narcos en bases militares, los que venden armas, dónde están? Ayer mismo se supo de 8 militares que violaron a una niña Embera, al tiempo que la congresista María Fernanda Cabal manifestaba que era un falso positivo, el periodismo de forma cicatera mencionaba el aberrante hecho. En síntesis, podríamos continuar con un peregrinaje interminable de extraordinarias ventajas a favor de los poderosos, que siguen profundizando las fisuras de nuestra sociedad, pero me centraré en tres puntos esenciales: El rostro rollizo de las súper billonarias exenciones tributarias, reformas casi dictadas con puntos y comas por estos dioses del negocio y del oportunismo, las indecentes y opulentas ganancias de los banqueros por el simple acto de la intermediación y finalmente el manejo de los fondos de pensiones, que a la fecha recaudan más de 250 billones con un número irrisorio de pensionados, sin saltarnos con ojos estupefactos la significancia del decreto 1385 de 2015 expedido en el gobierno de Juan Manuel Santos, que habilita a dichos fondos para usar este dinero de los ahorradores en operaciones financieras inconvenientes, de claros conflictos de interés y prohibidas en el consenso internacional. En resumen, este decreto esta demandado en el Consejo de Estado desde diciembre de 2015 y ojo, tan solo hasta el 3 de abril del año en curso (2020) se estableció audiencia inicial de fijación de litigio. Pregunto ¿La prensa se indignó por saber que se tardaron tantos años para fallar en derecho la afectación de 15 millones de afiliados? ¿Han dicho los diarios que Iván Duque conoce del tema y se lava las manos delegando humos en su ministro de Hacienda, todo para no afectar a sus financiadores? Como ven, todo esto sobreviene bajo al silencio cómplice de los micrófonos metodistas de la indiferencia y en últimas remunerados con los mismos dividendos en mención. ¡El método de vaporizar la noticia les otorga privilegios! Pero… ¿Cuánto puede costar callar esta información que les representa a los grupos económicos billonarias utilidades? No lo sé, solo sé que es un negocio redondo, sin pérdidas y sin riesgos, de muchos regalos, fotografías y abrazos, plenamente normalizado por el secuestro institucional que padecemos, con el control de la información como un escudo infalible, que se acuesta sobre una sucia alfombra política, sin sensibilidad humana y sin compromiso con el futuro nuestro, teniendo en cuenta que mientras esta exuberancia se cuece, las clases menos favorecidas tienen que hacer magia para sobrevivir. Señalaré que Caracol TV, RCN TV y otros medios radiales de propiedad de estos mismos hombres, ocupan casi todo el espectro radioeléctrico de la difusión y esto los hace llevar un mensaje predictivo y acomodado a la mayoría de sociedades rurales y distantes, un mensaje que antes que establecer un compromiso real con la educación, la tecnificación del campo, el medio ambiente y en general por la reconciliación de los cánones sociológicos, su contenido prioriza la publicidad de cerveza, bebidas azucaradas, cigarrillos y aguardiente y de cuanta mercadería haga parte de los tentáculos de estos capitalistas. Recuerden que en la Constitución se determina que el espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible. ¿Pero en la práctica lo es? Lo que digo es que este tema es muy importante y lo retomaremos más adelante. ¿Sabrá la prensa cuantos alcohólicos afectan nuestro equilibrio social, generando violencia, indigencia, drogadicción, crimen y retraso multidimensional? ¿Le interesará a la prensa socializar las estadísticas del analfabetismo rural que dice que 70% de los niños y jóvenes que no acceden a la educación son campesinos, y articular esta falencia con nuestra inferioridad para asumir los desafíos contemplados en los TLC? ¿Querrá decir la prensa que estos tratados por lo general son estilizados por tecnócratas del fabulismo mercantil, que no reconocen una papa de una yuca o de una batata y que obvian las profundas desigualdades de nuestra patria? ¿Denuncia la prensa permanentemente los peligros de la ingesta de azúcares en los seres humanos y sobre todo en los niños? ¿Denuncia la prensa que en el congreso las iniciativas que propenden en regular estas bebidas, se ven afectadas con el favor de congresistas que son financiados por estos emporios? ¿Denuncia las mismas circunstancias con el tabaco? No, no lo hacen, pero seamos honestos ¿Por qué habrían de denunciar o vulnerar con sus investigaciones a los dueños de las empresas donde trabajan? Ahí está el cerrojo y el eslabón de tal indiferencia. Con todo lo dicho, podemos afirmar que un magistral esquema de negocios como el de Luis Carlos Sarmiento Angulo y los demás opulentos, es mucho más rentable que el narcotráfico y casi sin ninguna restricción jurídica en todo el territorio; empero también nos hace reflexionar que para una economía sana, nunca será más útil un puñado de multimillonarios codiciosos, porque sin duda es mejor nutrir el medio social de miles de empresarios ricos, robustecidos y fortalecidos con apoyo gubernamental. Algo similar ocurrió en EEUU con los Rockefeller, por poseer fortunas tan cuantiosas y áreas de influencia social tan expandidas, instauraron oligopolios que amenazaban con manipular todo un país desde sus matrices sociales, económicas y políticas. ¡Debemos admitir que hay hombres que gobiernan sin ganarse las elecciones! Debo enfatizar, en que todos seguimos en medio de una entropía silenciosa de violencia, de desamparo y desplazamientos, con más de 500 líderes sociales asesinados, 500 mil niños padeciendo desnutrición crónica, con un ejército permeado por el narcotráfico, la venta de armas y la ilegalidad, una policía experta en moler a palos a cuanto estudiante reclame educación y en usar toda la generosidad de violencia ante quienes venden tinto o empanadas y a su vez, son habilidosos cuadros del microtráfico en las ciudades. También nos agobian exembajadores arrepentidos, pero muy intrépidos con los cultivos de cocaína como el caso de Sanclemente, hasta que no demuestre lo contrario, con los amigos íntimos del gobierno uribista con su generosidad ilegal, como el caso ñeñe Hernández y una Vicepresidenta sin autoridad moral para cuestionar el tráfico de estupefacientes, que lo único que tuvo que hacer para salirse por la tangente ante crudo acto de abuso de confianza con todos los colombianos, fue arroparse bajo las cobijas de la prensa prostituida, que no dudó un solo instante en calificar este hecho como un infortunio, cuando es un evidente suceso carente de ética y de respeto con las víctimas propias del narcotráfico. Sin embargo, pareciera que toda nuestra geografía nacional estuviera en una dimensión paralela y alejada del maravilloso lugar donde se desarrolla la vida perfecta de muchos periodistas, pues allí solo se habla del matrimonio de la diva, de los antojos de jet set, de fulano y perencejo, mientras la patria de verdad, cae de rodillas ante la violencia, la corrupción y se convierte paulatinamente en una fosa común. ¡Nos cogieron de pendejos, la verdad nos hará libres, pero también lo hará la educación, la unidad y nuestra decencia al momento de dar un voto! De plano esto configura un evidente secuestro institucional, tan bien elaborado, que es defendido por las propias víctimas, secuestro donde participan los industriales mencionados, gran parte de la prensa, la mayoría de la clase política, la fuerza pública, gran parte de la justicia y hasta miembros de la iglesia. Todos tienen secretos que resguardar y necesitan aliados para mantener su farsa, se eligen, se alaban, se ascienden, se posesionan, lo grave y perverso es que lo hacen a costa del sacrificio de los sueños de millones de ciudadanos, que pierden la esperanza observando el confuso horizonte y las injusticias a flor de piel. Nos debe doler que en nuestra sociedad, existan varias generaciones empeñadas antes de nacer, sentenciadas a cargar bultos, aguantar hambre, cargar la basura y no tener el mínimo derecho de soñar con desarrollar alguna actividad que les guste en su vida, mientras los apellidos de siempre heredan los lugares de privilegio de la sociedad. Injusto y mil veces injusto, mientras la banca vomita de abundancia y el periodismo zalamero sigue en su idilio. Otro aspecto de los célebres protagonistas de la prensa opulenta, tiene su asidero en el escenario lujuriosos de compadrazgos y de amistades uña y mugre que constituyen en medio de sus fastuosas fiestas, si auscultamos en detalle cuáles son sus nexos con los actores primarios de la pérfida alta “zoociedad” nacional. Como ejemplo tomaremos a Luis Carlos Vélez y su ganado rechazo ciudadano, en medio de las pantomimas y ridiculeces aduladoras hacia los altos representantes de Palacio, su inepta y sibilina postura ante los temas de la agenda nacional y su anacrónico pensamiento sobre la legítima protesta social, pero además con vínculos estrechos con prestantes familias de la región Caribe, puesto que este comunicador social es casado con la periodista cartagenera Siad Char, emparentada con los Char, dueños de la cadena de supermercados Olímpica, del equipo de fútbol Junior de Barranquilla, de la organización Radial Olímpica con presencia en 17 ciudades capitales y figuras reconocidas de la política nacional Continuamos con Darcy Quinn quien comparte su vida con el cuestionado empresario Alberto Ríos Velilla, amigo personal de Germán Vargas Lleras y quien ha logrado hacerse a contrataciones multimillonarias en el negocio de las basuras y de la energía y se le acusa de haber hecho parte del sabotaje al sistema de aseo en Bogotá; después una Vicky Dávila en el remolino de la conveniencia y la insuficiencia, tomando partido y sesgo desde su privilegiada posición, hostigando con saña a todas las vertientes ideológicas no coincidentes con su pensamiento, mucho rigor con la oposición política y mucha laxitud con el partido de gobierno, ella comparte su vida emocional con José Amiro Gnecco Martínez, hijo del ex presidiario Lucas Gnecco, quien hizo parte del aterrador episodio de la parapolítica, de hechos de narcotráfico y malversación de fondos públicos, cuando fue gobernador del Cesar y quien además tiene vínculos de sangre con el controvertido Kiko Gómez de la Guajira. Por esta senda también encontramos al director del programa “Mañanas BLU”, Néstor Javier Morales Corredor, quien es casado con María Paula Duque Samper, hermana del presidente en ejercicio; hay que decir, que en muchas ocasiones se nota de forma abrupta su sesgo para abordar temas inherentes a este gobierno tan cuestionado. Pero esta simbiosis dañosa no termina aquí y acaba llevándonos a una puerta más estrecha y de poco tránsito legal, cuando abordamos las relaciones que figuras reconocidas de este gremio cimentaron con el extinto Carlos Castaño, según información de una USB entregada por el ex paramilitar H.H a la Fiscalía, donde resaltan lenguajes diferentes y maniatados por la admiración hacia el entonces comandante paramilitar. Entre otros Salud Hernández Mora, quien al parecer se cruzaba correos nutridos de cortesía, de acuerdos solícitos y sugerencias muy precisas para exponer en sus columnas a la opinión pública, de igual forma con Ernesto Yamhure a quien se le acusa de ser una especie de asesor, y otros comunicadores como Harriet Hidalgo, Astrid Legarda y Claudia Gurisatti. Está muy claro que si bien no existen delitos de sangre, por lo menos se debe considerar que estos intereses familiares y emocionales, sí podrían minar la ética y la moral de estos comunicadores sociales, por eso hoy la información se interpreta como un producto, un catalizador de la mercadotecnia, jamás un liberador de la opinión o un honorífico escenario construido con las voces de la verdad, y por supuesto que la nariz del ejecutivo está en todo esto, ya que la independencia financiera de los medios, construiría un criterio más objetivo frente a las acciones administrativas del gobierno. Pero no todo es confuso, las redes sociales se están abriendo espacio a pasos agigantados y tumban los íconos rectores de todas las áreas de las ciencias, ya los científicos no corresponden a la caracterización de un viejito con bata blanca, de gafas, de aspecto europeo, sino que se revelan niños, mujeres y hombres de todas las edades, nacionalidades y razas, sorprendiendo al mundo con su ingenio y sus talentos, mostrando la inmensa libertad que existe en este maravilloso multiverso virtual, que es apenas el inicio de la transformación del mundo en todas sus formas de interactividad. Pero la comunicación jamás podría ser la excepción, menos ahora que contamos con dispositivos móviles muy sofisticados, provistos con cámaras de extraordinaria fidelidad de imagen y sonido, esto sumado a una irrevocable revolución de los conceptos urbanos de la vida, el amor, la libertad, la paz y la felicidad. Estamos aprendiendo a convivir en los universos de la síntesis y nace el periodismo independiente, huérfano del amor mediocre del estado, más incisivo, más veraz, más práctico y más veloz, de hecho, en las redes sociales ya se conoce con muchas horas de antelación, lo que expondrán en sus parrillas los noticieros convencionales y privados, de tal modo que la inutilidad y plasticidad de las figuras públicas y encubiertas por el halo de la moralidad inalcanzable, empieza a decaer y a desentonar con los verdaderos héroes del mundo real. Cuando dije anteriormente que retomaríamos el tema de las comunicaciones y del espectro electromagnético, es que en la medida en que toda la república esté interconectada, se mermará notablemente el poder de los esclavistas económicos y sus emporios, pues la gente pierde la credibilidad en los antiguos arbitrios y se articula a las redes y a la opinión de la gente del común como lo expuse antes. Y esto que digo no es una verdad a medias, es una verdad absoluta, por eso debemos seguir contribuyendo desde nuestra posibilidad, escribiendo, investigando, construyendo sociedad y participando activamente en la rectificación de nuestra nación, con inteligencia, sacrificio y entrega, y sobre todo elevando las banderas de la paz. ¡Colombia no es el Ubérrimo, no es del gobierno de turno, ni de los liberales, conservadores y menos de sus desteñidos, rancios y desatinados líderes. Un saludo afectuoso para los valientes Pluralidad Z, La Oreja Roja, El Shabbat, Pares, ContraCara, Las 2 Orillas y tantos más, que reman en este océano turbulento de realidades un poco inexpugnables, con la premisa de transmutar hacia una información más respetuosa y afín con la hecatombe que perciben los nacionales de a pie, también a todos los twitteros aguerridos y en pie de lucha por defender los ideales de la justicia, a nuestro intrépido Delator, que cada viernes descomprime esta cruda historia de monarcas, muy despectivos y sucios por la maldad de sus fantasmas. Mil gracias, como saben no soy un columnista profesional, pero esta es mi interpretación del contexto nacional y es con el fin de dar claridad a ciertos temas que deben ser de uso y utilidad pública. “Recomiendo leerla bajo las notas de la canción del maestro argentino Charly García Inconsciente Colectivo y agitarla antes de usarla”. Río Cuarto, Argentina.