Por: León Valencia, director – Pares La campaña por la presidencia en el 2022 está arrancando muy temprano. Quizá por la grave crisis desatada por el Covid-19. Quizá por la decadencia del uribismo y del presidente Iván Duque y la certeza de que no continuarán en el poder. En todo caso, ya empiezan a aparecer candidatos presidenciales por todos los lados. En las toldas de las izquierdas la agitación es mayúscula porque saben de la probabilidad de llegar por primera vez a la Presidencia de la República. Lo que ocurrió en el 2018 abrió esas puertas. Se rompió la costumbre de que los competidores definitivos eran dirigentes políticos de las estructuras políticas tradicionales. La izquierda se coló a segunda vuelta con Gustavo Petro, un candidato caracterizado por posiciones duras de izquierda. Pero hay más. En la primera vuelta de esa campaña los candidatos del centro izquierda y la izquierda obtuvieron más votos que los candidatos de la derecha y la centro derecha juntos. En el 2022 es muy probable que se repita la historia. En la segunda vuelta estará un candidato de las derechas y uno de las izquierda. La enorme crisis económica y social que dejará la pandemia valoriza aún más las candidaturas de izquierda. En los últimos cuarenta años el tema central de la agenda política colombiana era la seguridad y el péndulo se movía de propuestas de paz a propuestas de seguridad, y en esa oscilación la izquierda no pintaba. Ahora, que irrumpe con fuerza en la agenda nacional la angustia social, la izquierda sí pinta, y mucho. También puede ocurrir que las izquierdas cometan tantos errores, que desperdicien otra vez la oportunidad de llegar al poder para asumir la tarea de cambiar la historia del largo predominio de la derecha en la vida colombiana. No les resulta difícil cometer el error de desatar una feroz campaña entre los dirigentes y grupos de esta corriente que dé al traste con la legitimidad de sus personeros, y haga imposible los acuerdos y la unidad en los momentos definitivos. Ahora, mal contados, hay ocho partidos o grupos representativos de la izquierda: El Partido Verde, la Colombia Humana, el Polo Democrático, Compromiso Ciudadano, La Unión Patriótica, sectores del Partido Liberal, el Partido Farc y Fuerza Ciudadana. En su seno hay dos candidatos definidos: Gustavo Petro y Sergio Fajardo y seguramente saltarán a la escena muchos más. Todos los que se presenten tendrán en la conciencia la máxima de que el primer gran reto es ganar el tiquete a segunda vuelta. En esa primera batalla los rivales a vencer son, quizá, los más cercanos en ideas, es la competencia para mostrar que se tiene el mejor perfil y el mejor programa para derrotar a los candidatos de las derechas. En segunda vuelta la cuestión es a otro precio. Si se da el escenario de un candidato de las derechas y uno de las izquierdas, ahí, en esa instancia, jugarán las habilidades para seducir a los votantes que se ubican más en el centro del espectro político y para tejer las más diversas alianzas. Fue lo que ocurrió en las elecciones de 2018. Duque pasó a segunda vuelta ganando en 512 municipios y luego, para llegar a la Presidencia, obtuvo la victoria en más de ochocientos municipios. El aumento fue considerable, porque ganó el favor de los partidos tradicionales y recogió el voto de centro. En cambio Petro sumó los votos de las izquierdas y no pudo ir más allá. Esta es la primer lección que deben aprender los candidatos de las izquierdas. En primera vuelta tienen que armar las coaliciones que impidan que las derechas los saquen de segunda vuelta. Pero deben asegurar también que, en la competencia definitiva, en la segunda vuelta, tengan margen de maniobra para buscar alianzas con todos los sectores políticos que se queden rezagados en la primera vuelta. Ahora bien, el tono del debate entre Petro y Fajardo no parece tener en cuenta las lecciones de 2018. La descalificación entre estos candidatos es muy preocupante. Sin duda, son más duros, más incisivos, más exagerados Petro y sus seguidores y obligan a Fajardo a cerrar todas las puertas de algún entendimiento futuro. Pero las descalificaciones los perjudican a los dos, los pueden deslegitimar a los dos. Eso deben tenerlo en cuenta. Para decirlo en plata blanca, no es absolutamente necesario que las izquierdas se agrupen en primera vuelta alrededor de un solo candidato, es probable que aún teniendo dos candidatos en competencia, uno de ellos pase a segunda vuelta, porque también las derechas tendrán dos más candidatos en este instancia. Pero es de suma importancia que las izquierdas no se despedacen en la campaña, que no deslegitimen a los competidores de la misma corriente, que guarden las buenas maneras en el debate, que presenten con ardor, pero con decencia sus diferencias.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares. “Más de la mitad de los asesinatos de firmantes de paz se han dado en el gobierno de Iván Duque. Es el mismo modus operandi contra la Unión Patriótica hace 30 años, es un exterminio. Cumplimos tres años de la dejación de armas y más de 200 compañeros han sido asesinados. Si esto no es sistematicidad, señor Fiscal General, entonces ¿qué es?» Pares habló con la senadora por el Partido Farc, Victoria Sandino Simanca. Periodista, especialista en Multimedia para la docencia y magíster en Igualdad y Equidad en el Desarrollo, se encuentra cursando sociología. Nació en Tierra Alta, Córdoba, inició su militancia política en la Juventud Comunista, lo que le generó persecución y violencia contra su familia. En 1993 se vinculó a las FARC-EP. En 2013 Victoria Sandino, se incorporó a la mesa de conversaciones por la Delegación de las FARC en La Habana durante los diálogos de paz, concluidos en 2016. Se destacó en su lucha por llevar el tema de la igualdad de género en los acuerdos, estuvo al frente de la Subcomisión de Género. Tres años después de este hito histórico y a casi año y medio de la presidencia de Iván Duque, el panorama de violencia e implementación del Acuerdo en el país es, por decir lo menos, una bomba de tiempo. En lugar de construir esfuerzos para implementar lo pactado, este Gobierno ha concentrado sus fuerzas en deslegitimar el proceso y el Acuerdo. «Nosotros seguimos comprometidos con las víctimas, con la verdad, necesitamos también que se dé la verdad de quienes han financiado esta guerra. La lenta implementación del Acuerdo de Paz, a tres años de su firma, resulta muy grave. Como ha sucedido en el pasado, un aspecto fundamental del problema es que los acuerdos son entendidos según la voluntad del gobierno de turno, en vez de compromisos de Estado», señaló la senadora Sandino. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Laura Cano, Periodista Pares. Las peticiones respecto a los efectos que ha traído y acentuado la cuarentena consigo, ha puesto exigencias trasversales y otras diferenciales de los distintos sectores sobre la mesa. Uno de estos ha sido el estudiantil que poco después de iniciado el aislamiento obligatorio comenzó a poner en discusión y debate las problemáticas dadas por el acceso a la educación por medios virtuales, la calidad de los espacios educativos con estas herramientas y los pagos de matrícula. En ese sentido desde la UIS llegaron las primeras manifestaciones al respecto a través de redes sociales y también de una toma estudiantil de la universidad el pasado 28 de abril donde más de 20 personas se quedaron en las instalaciones de la sede de Bucaramanga solicitando ha que se abriera un diálogo con las directivas universitarias entorno a un pliego de exigencias en donde estaban las anteriormente nombradas. Así, otras y otros estudiantes de diferentes instituciones se fueron uniendo y organizando para otros actos de protesta como el ocurrido en la Universidad del Valle, donde también se realizó un platón y una huelga de hambre para promover la financiación total de las matrículas, o los más recientes convocados el día jueves de esta semana por la Universidad Distrital y la Universidad Nacional sede Bogotá. ¿Qué ha estado pasando en las universidades? La discusión por la democratización de la educación superior no es nueva, no ha dejado de estar en las exigencias del movimiento social. Esto porque durante años (por lo menos desde los 90), se ha querido trasladar el derecho a la educación a las dinámicas mercantiles y de privatización, lo que ha desatado que la promoción del crédito estudiantil prime por encima de inversiones directas a las instituciones de educación superior, en este caso, públicas. Acentuando a su vez otras problemáticas sociales que se trasladan como: las pruebas estatales estandarizadas y la segregación geográfica y socioeconómica; que ha hecho que haya una importante correlación entre estos factores y quienes puedes acceder y permanecer en instituciones de educación superior (IES). Lo anterior cobra relevancia en un panorama como el actual donde la pandemia ha puesto todos los argumentos de porqué la bandera por garantizar la educación como derecho debe persistir, pues hoy, como lo afirma Lorena Candela García, “la pandemia detonó una crisis estructural que venía de mucho antes sobre cómo se construye y se asume la política pública de educación en Colombia. En este caso, el Gobierno ha quitado recursos para las universidades públicas del país, obligándolas a financiarse a través de matrículas, cursos de extensión y otras formas que llevan a la privatización”. Por otra parte, hay que señalar que el Gobierno Nacional en el noveno encuentro de la Mesa de Diálogo para la Educación Superior Pública anunció las medidas implementadas ante la pandemia, en las cuales están: destinar $1.5 billones a través del Fondo Nacional de Garantías; abrir una nueva línea de crédito de Findeter por $200 mil millones destinados a las IES para que se destinen a incentivos, becas y descuentos en matriculas; $217 mil millones del Fondo Solidario por la Educación que se darán a familias y estudiantes por medio del Icetex. Además, en medio del encuentro se afirmó que “el Gobierno ha destinado cerca de $895.700 millones para el pago de matrículas y apoyos de sostenimiento”. “El balance que se hace con estas cifras es más de falta de voluntad política. Con ese dinero se alcanzaría a suplir gran parte de la matrícula cero, pero lo que se hace es continuar en esa vía que sigue priorizando tener intermediarios privados, de no inyectar dinero a las bases de las universidades y generar que las IES tengan cada vez más déficit, que en el caso de la Universidad Nacional está en $77.466 millones, el cual se duplicó en comparación con la cifra que nos impulsó al paro de 2018, año en el que estaba en cerca de los $33 mil millones”, aseveró Lorena García, representante estudiantil del departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional. Matrícula cero, una exigencia de urgencia La iniciativa para que no se cobre matrícula el próximo semestre y que tampoco se endeude a las familias y a las y los estudiantes viene sustentada de situaciones como la posible deserción que según la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), rondaría entre el 30% y el 50%. Asimismo, desde el Colectivo David Marín y como propuesta a un espacio multiestamentarío entre organizaciones estudiantiles, profesorales y sindicatos se ha movido una encuesta sobre la continuidad el siguiente semestre por parte de estudiantes de la Universidad Nacional, en donde solo el 28.8% de las 2.000 personas que la han diligenciado están seguras de continuar sus estudios con las condiciones actuales, el 27.7% no seguiría y el 43.5% está en incertidumbre, es decir no saben si podrán continuar. “Esto nos muestra que la Universidad no tiene cómo sostener las necesidades de accesibilidad, conectividad y matricula de las y los estudiantes. A fin de cuentas, nos toca elegir entre sostenernos económicamente dentro de la pandemia o pagar la matricula”. A esto se suma que en el caso de la Universidad Nacional sede Bogotá para el primer semestre de 2020 el informe sobre cancelaciones avisó un crítico aumento, siendo la facultad de Ciencias Humanas la que más registros presentó con 4.184, que comparado con el semestre anterior aumentaron en 3.520 los reportes, al presentarse en el 2019-2S 664. Tanto así que el total de cancelaciones en 16 facultades para este periodo fue de 16.000, mientras que en el anterior fue de 5.048. Por otra parte, también es necesario resaltar que según cifras del DANE para el mes de abril la tasa de desempleo del total nacional fue 19.9%, lo que significó una subida de 9.5 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2019 (10.3%), adicionalmente, la tasa de ocupación tuvo una disminución de 14.2 puntos porcentuales en la misma referencia, siendo para abril de 2020 de 41.6% y de 2019 de 55.8%. Lo anterior muestra, además de las manifestaciones y protestas sociales que se han dado en distintos puntos del país, que una de las principales preocupaciones en tiempos de pandemia ha sido la económica, pues con la recesión y la pérdida de empleos las familias con mayores índices de pobreza y la clase media han sido las más afectadas, lo que implica que una de las responsabilidades económicas que no se podrá solventar sea precisamente la educativa. ¿En qué va la matrícula cero? Al momento la Universidad de Cundinamarca accedió a la matrícula cero a través de un financiamiento del cual saldrá el 54% de la Gobernación, el 35% de la presidencia y el 11% de la Universidad). La Universidad del Valle sede Cali también se sumó con la matrícula cero para las y los estudiantes estrato 1 y 2, un descuento del 40% para los estrato 3 y 30% para los estrato 4. Asimismo, la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar aprobó el subsidio del 100% de la matricula para cerca de 1.600 estudiantes de los 2.266 que tiene. Mientras tanto en varias IES como la Universidad de los Llanos, las otras 10 sedes de la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del Cauca, la Universidad Surcolombiana, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad de la Guajira, la Universidad Popular del Cesar, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Cartagena, la Universidad de Caldas, la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad del Quindío, han seguido adelantando acciones para promover que a la propuesta de la matricula cero se le dé viabilidad. “En mayo se dirigió una carta a nivel nacional al Gobierno por medio de un espacio de articulación de varias organizaciones y quedó abierta para que quienes estuvieran de acuerdo la firmaran. Aunque tuvo buena acogida por la gente, el Gobierno nunca se pronunció. Ahí la petición de la matricula cero venía articulada con otras exigencias”, afirmó Lorena García. Vale la pena señalar que esta petición también se ha hecho por estudiantes de universidades privadas, quienes también han utilizado las calles, tal es el caso de la Universidad la Gran Colombia, para hacer los reclamos relacionados con las matrículas, frente a las cuales en un panorama general de las IES han ofrecido descuentos entre el 10%, 20% y 30%. Ante esta situación Pares habló con tres (3) estudiante de distintas universidades para conocer en qué van respecto a la matrícula cero. Santiago Rivera – estudiante de Licenciatura en Física – Universidad Distrital El panorama es complejo. Este año retomamos luego de un paro del que veníamos desde el año pasado por el tema de la asamblea universitaria, la cual es un mecanismo que amplificaba los escenarios de participación estudiantil. Por diferentes trabas administrativos se ha venido negando por diferentes intereses que hay ahí. Con ese panorama iniciamos el semestre 2020-1 hace más o menos dos meses. Luego de esto, y teniendo en cuenta el contexto, pasamos un pliego de exigencias para la administración, en cuanto que veíamos que muchas y muchos estudiantes no tenían cómo pagar la matricula. Teniendo también presente que varias personas no contaban con los recursos para acceder a las clases virtuales. La respuesta fue que no. Lo que se hizo fue diferir la cuota en dos cuotas; una con el seguro estudiantil con lo que daban un plazo de aproximadamente un mes después de pagar el seguro. A eso no todos pudieron acceder. Y así, lastimosamente, vamos viendo gente que deja de asistir a clases, gente que, además, a pesar del seguro, al cumplirse el mes no pudo completar lo del semestre. Ante esto se empezó a sesionar por parte del Consejo Superior Universitario (CSU), vale la pena señalar que actualmente no hay representantes estudiantiles en los diversos cuerpos colegiados porque se torpedeó administrativamente ese proceso. Así, en calidad de invitado participó un vocero estudiantil que planteó las necesidades con el pago de la matrícula. Actualmente el plazo máximo es hasta el próximo 3 de julio. Por otro lado, en cuanto a garantías académicas, puntualmente relacionado con el tema de equipos, vamos para dos meses de iniciado el semestre en donde la Universidad no ha hecho entrega de las tablets y de los paquetes de conectividad a internet. Eso estaba estipulado para darse entre el 23 y 26 de junio, sin embargo, el 20 de junio se emitió un comunicado por parte de Bienestar Institucional en el que se manifiesta que tuvieron problemas con el proveedor y por ende no se fija fecha de entrega de esos apoyos. Además, en los últimos días sesionó el CSU y se decidió referente a lo de la matricula cero crear una comisión accidental para evaluar de dónde sacar los recursos, cuando nosotros incluso ya habíamos planteado desde antes la prioridad de ese estudia que hasta ahora se va a evaluar. A esto se agregó que desde la Secretaría General se sugerirá el aplazamiento del pago de matrícula al Consejo Académico. Cristian Reyes – estudiante de Filosofía – Universidad Libre (UNEES) En la Libre la administración decidió un descuento del 20% para las personas nuevas, para personas antiguas del 10% a excepción de medicina que solo se le dará alrededor del 8% de descuento. Frente a esto, profesores, estudiantes y trabajadores hemos venido trabajando en una propuesta para pasársela a Administración con un pliego para solicitar descuento del 30% teniendo en cuenta las condiciones actuales. Tendremos una reunión con el estamento profesoral la próxima semana para mirar cómo podemos presionar más frente a ese tema. Por otro lado, vale la pena mencionar que como lo vemos a nivel más general desde la UNEES para un semestre de gratuidad en el sistema estatal se necesitaría casi un billón de pesos, esos serían los recursos y a lo que se debería llegar hablando de una forma general. Nicolás Roa- estudiante de sociología- Universidad Nacional (Organización Colombiana de Estudiantes) El tema lo analizamos como una medida para salvaguardar la estabilidad económica de las familias, esto teniendo en cuenta, por ejemplo, el porcentaje de trabajo informal en el país, que con el aumentó del desempleo también presenta una subida. Con esto para las familias que viven del día a día se reducen las posibilidades de asumir los costos de una matricula. Partiendo de eso es prever también la deserción tan grande que va a haber. No obstante, no es una medida que se le exige a la Universidad sino directamente al Gobierno Nacional, ya que el déficit de la Nacional viene aumentado, casi duplicándose. Y pareciera que no es un problema de plata porque ya se ha visto otras inversiones que ha hecho el Presidente como en auxilios a bancos, camionetas, ESMAD y posicionamiento digital. Lorena Candela García – estudiante de Trabajo Social- Universidad Nacional (Juventud Rebelde Colombia) En este mes desde la Universidad Nacional envía una carta multiestamentaría al Gobierno Nacional y al CSU, allí se refuerzan las exigencias de matrícula cero y se habla de la necesidad de articulación con CSU y el Sistema Universitario Estatal (SUE) para seguir un movimiento conjunto, teniendo en cuenta, como reclamo al Gobierno, que las universidades son indispensables para superar la crisis profundizada por la pandemia en términos de investigación y extensión. Es decir, debemos primar la salud y la educación, y eso es lo que se está poniendo en juego. La carta se envía, el CSU afirma que enviarán un comunicado al respecto, o sea que apoyan las exigencias y lo enviarán al Gobierno Nacional, sin embargo, hasta el momento no se ha hecho, ni se ha enviado información contundente que implique que la rectoría va a apoyar la propuesta, y que en general se tiene voluntad política para defender estas banderas.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. Pares alerta a las autoridades pertinentes por la inminente amenaza de muerte de la cual es sujeto el líder Juvenil Isaac García Pabón. El líder social, fue increpado por hombres encapuchados que le intimidaron a él y a su familia. García ha tenido que salir de su residencia por su seguridad. La posible salida forzada del líder de Cúcuta Recientemente, García le contó a Pares que durante la mañana estuvo en un Comité de Emergencia debido a su situación de riesgo. Según el líder, el Comité arrojó que se iba a implementar el uso de un uniformado de la Policía para su protección. Sin embargo, según el líder la movilidad para sus actividades en este caso se ve afectada porque manifiesta que no tiene automóvil y ve con dificultad el hecho de trasladarse en taxis con un policía. El líder le explicó a Pares: “el comité de emergencia es un espacio para tomar medidas básicas e inmediatas sobre temas de desplazamiento. Es un espacio más para desplazados que para amenazados.” Sin embargo, precisa García, el espacio sirvió de plataforma para adelantar su situación. “En lo que se pudo adelantar fue que la Policía ponga a mi disposición un uniformado que acompañe mis rutas, pero hasta ahí. Mire, por ejemplo, yo no tengo un vehículo para movilizarme, si me muevo en un taxi es muy poca la capacidad de acción que puede tener un solo policía. Sin embargo, fue la única decisión a la que se llegó”, señaló García. A su vez, el líder le indicó a Pares que en la reunión “se coincidió que la Alcaldía de Cúcuta, el gobernador del departamento de Norte de Santander y otras instituciones le van a solicitar al director de la UNP; que es la única persona que en estos momentos tiene la potestad de asignarme un esquema real de protección. Esto mientras es calificado el riesgo al que estoy expuesto.” García refiere que este proceso puede tardar una, dos y hasta tres semanas —aunque se esté haciendo la presión para que se agilice este procedimiento de la UNP— García cuenta que “se está evaluando la posibilidad de que mientras se toman decisiones yo tenga que salir de la ciudad, es lo más probable mientras sucede algo.” Trámites de la denuncia En este momento García, de 25 años, ha tramitado su denuncia ante la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección, ante la Personería, ante la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) de la Policía y la Defensoría del Pueblo. Isaac García es presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Scalabrini y es representante de los Jóvenes ante la Mesa de víctimas. Este 24 de junio, García escribió en su cuenta de twitter: “A las personas que me amenazaron, me sacaron de mi casa, me amedrantaron a mi y a mi familia les digo con toda la convicción del mundo que no tengo miedo y no me van a intimidar”. Los hechos victimizantes Hay dos hechos amenazantes e intimidantes en contra de del líder social. Una de ellas se llevó a cabo el pasado 13 de junio, cuando hombres que se movilizaban en motocicleta se acercaron a García para amenazarlo, además le dijeron que dejara de denunciar su situación. Ahora bien, este miércoles 24 de junio, el hecho victimizante fue protagonizado por dos hombres que se movilizaban en un Renault —color vinotinto— quienes parquearon el automóvil frente a la residencia del líder social e incluso intentaron abrir la puerta de su casa, tras su frustrada acción se fueron. La Corporación de la Red Departamental de Defensores de DDHH del departamento del Norte de Santander, también se sumó a la exigencia a la Fiscalía General de la Nación para que adelante en tareas de investigación bajo la idea de que ser líder social no deba convertirse en una sentencia de muerte. Otra de las voces que se sumó fue el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) quienes exigieron a las autoridades competentes “acompañamiento a este joven líder de la frontera oriental colombiana, que por su trabajo comunitario ha Sido continuamente amenazado.” Asimismo, la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, quienes se sumaron bajo la consigna de que “Trabajar por el bien de una comunidad no puede convertirse en un riesgo para los líderes y lideresas sociales y sus familias”.

Por: Ximena Sierra y Sebastián Mora. Investigadores Pares. Fotografía: Corporación Río Abajo Cultura y Comunicaciones Desde principios de 2017 empezó la reconfiguración de las Estructuras Armadas Ilegales (EAI) en la subregión del Bajo Cauca antioqueño por varias razones: (i) Los espacios vacíos dejados por la guerrilla de las FARC que posibilitó el acceso y control de las cadenas productivas de las economías ilegales. (ii) La desconexión entre la comandancia de las AGC en el Urabá con las franquicias que tenía negociadas con los herederos de los extintos Bloques Central Bolívar y Mineros de las AUC, representados principalmente por el Bloque Virgilio Peral Arenas (BVPA) o como se conocen ahora ´Caparrapos´ (iii) Por último, por la entrada de un nuevo oferente en el mercado del narcotráfico en la subregión, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que rompió con la hegemonía de las AGC apoyadas por el Cartel de Sinaloa. En este contexto, el fortalecido y unificado BVPA Caparrapos, se separa de los acuerdos que sostenía con las AGC, implementa su control independiente de las economías ilegales, expulsa de su territorio histórico a los cuadros de las AGC hacia el sur de Córdoba y empieza la declaratoria de una guerra que no ha terminado y se lleva por delante a la sociedad civil. Según información de la Fuerza Pública, la EAI Caparros tiene alrededor de 100 hombres en armas y 120 hombres del componente criminal focalizado, que son los encargados de brindar información, hacer logística, el cobro de extorsiones, sicariato, y del financiamiento. Los principales lugares de arraigo de esta EAI son los corregimientos de Piamonte, Guarumo, Jardín y Puerto Bélgica en el municipio de Cáceres, muy cerca al casco urbano de Caucasia y los corregimientos del Guáimaro y La Caucana en el municipio de Tarazá. Si bien hacen presencia en el casco urbano de Caucasia, El Bagre y Puerto Valdivia, esta presencia es incipiente en comparación a la que tiene la EAI Clan del Golfo. Se conoce que esta EAI tiene alianzas con el Grupo Armado PosFARC (GAPF) Frente 18, para dividirse las rentas de las economías ilícitas derivadas del Narcotráfico y la minería ilegal en la parte sur de Tarazá y para contrarrestar la expansión del Clan del Golfo hacia los municipios de Ituango y Peque en el Norte de Antioquia. Esta guerra ha conllevado a la materialización y perpetuación de gravísimos hechos victimizantes hacia la población civil como asesinatos selectivos a líderes sociales y el desplazamiento masivo de comunidades. Frente al primero se puede reseñar el escabroso asesinato del líder social Edier Lopera en el municipio de Tarazá. De acuerdo con fuentes en territorio, el 15 de junio los Caparrapos lo increparon y asesinaron por haber “permitido” que su contraparte en el conflicto, el Clan del Golfo utilizará su finca como lugar de descanso y solo hasta ayer, 24 de junio, en horas de la tarde su cuerpo pudo ser levantado de la escena del crimen, debido a amenazas del mismo grupo. Este hecho se configura como una clara retaliación y un mensaje a las comunidades que sirvan de “colaboradores” para el Clan del Golfo. Foto de Edier Lopera. Fuente: Cortesía. El asesinato de este líder se suma a un registro de 4 líderes sociales asesinados en la subregión en lo que va del 2020, 3 en el municipio de Tarazá y 1 en el municipio de Cáceres. William Ramiro Montoya, asesinado el 5 de marzo en el corregimiento de Puerto Antioquia, Tarazá Taylor Cruz Gil Mora, asesinado el 12 de mayo en el corregimiento de Puerto Bélgica, Cáceres Julio Cesar Hernández Salcedo, asesinado el 13 de mayo en la vereda San Antonio, del corregimiento La Caucana, Tarazá Alrededor del desplazamiento masivo, el último que se registró en esta subregión de Antioquia fue el ocurrido entre el 3 y el 6 de junio, donde 18 familias y 77 personas salieron desde la vereda La Esperanza, corregimiento de La Caucana, municipio de Tarazá hacia la cabecera municipal por amenazas de una de estas EAI que están en la zona, según información de la Policía Nacional al parecer los presuntos perpetradores de este desplazamiento son el Clan del Golfo, y esta violación de DDHH se debe a la disputa que sostienen en este corregimiento por el control de las economías ilícitas. En lo que va del año se han registrado 4 desplazamientos masivos en los municipios de Tarazá y Cáceres. Desplazamiento de 10 profesores del corregimiento El Guáimaro el día 18 de enero. Desplazamiento de 34 familias de un total de 84 personas de la vereda Arana el municipio de Cáceres el día 20 de enero. Desplazamiento de 60 personas de la vereda Pipiola del corregimiento El Doce, municipio de Tarazá el 21 de enero. Si bien la tasa de homicidios ha disminuido en esta zona del país en comparación al año 2019, hasta mayo de 2020. La Policía Nacional registró 114 homicidios en los seis municipios que componen la región de Bajo Cauca contra 152 del año anterior, esto no significa que las repercusiones violentas de las acciones de los dos grupos armados contra las comunidades hayan disminuido. Delitos con históricos niveles de subregistro como la extorsión, el desplazamiento, el reclutamiento forzado a menores, el asesinato selectivo de líderes sociales y la desaparición forzada siguen siendo pan de cada día. De hecho, mes y medio atrás, el 6 de mayo la Asociación de campesinos del Bajo cauca dio a conocer a través de un comunicado la desaparición forzada de Jhon Fredy Restrepo Monsalve, hombres armados lo desaparecieron en el casco urbano de Tarazá el 29 de abril y a la fecha no se tiene conocimiento o información del paradero de este líder comunal, como Jhon Fredy existen otros casos en el país que no son visibilizados por las comunidades por temor a las acciones que los grupos armados puedan tener en contra de los familiares o las personas que denuncian estos hechos. Foto de Jhon Fredy Restrepo Monsalve. Fuente: ASOCBAC Todo lo anterior evidencia la crudeza con que se ejecuta la violencia homicida y como se ha convertido en un patrón que utilizan los grupos para marcar territorio, como sucedió con las decapitaciones registrados desde finales de 2019 y comienzos del 2020. El Bajo Cauca es históricamente zona estratégica para las economías ilegales (cultivos de coca y minería ilegal) y la solución que se ha implementado desde el gobierno Duque es el aumento de la presencia militar, en este caso de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles que con 3.000 hombres del Ejército se concentra en enfrentar a los combatientes de los grupos armados, pero el gobierno se olvida del motor que alimenta esta guerra y que puede ser tratado sí, al menos, se cumple con la aplicación de los dos programas hermanos, productos del Acuerdo de Paz, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Mientras el Gobierno Nacional no cumpla lo establecido en el Acuerdo de Paz en materia de inversión en infraestructura para el desarrollo de esta región del país, los grupos armados continuarán aprovechando la ausencia del Estado para perpetuar sus acciones criminales.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. Recientemente la Autoridad Tradicional de Pueblo Rico, Risaralda, denunció que el pasado 21 de junio una menor de 12 años perteneciente a la comunidad Gito Dokabu– Embera Katio había sido secuestrada y abusada sexualmente por 7 miembros del Ejército pertenecientes al Batallón Alta Montaña de Génova (Quindío) y que prestaban labores de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo (Risaralda), quienes se encontraban en la zona como parte del servicio que debían prestar a los habitantes del territorio durante la pandemia. El hecho fue rechazado por muchos sectores, incluso, pocas horas después de conocerse lo ocurrido desde el Gobierno Nacional se le ordenó al comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, que se trasladara hasta el lugar de los hechos para que estableciera diálogo con el gobernador del cabildo, Juan de Dios Queragama. Además, desde la dirección del ICBF se decidió activar la ruta de atención de restablecimiento de derechos de la menor. Adicionalmente, en la tarde de este jueves la Fiscalía le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años a los 7 militares, quienes se declararon culpables; seis en calidad de autoría, mientras que uno de ellos por complicidad. Por otro lado, desde la Organización Nacional Indígena de Colombia se ha exigido que las acciones legales sean coordinadas con las autoridades tradicionales e instaron para que los victimarios sean entregados a la justicia indígena para ser juzgados y que, después de cumplir la condena, también sean juzgados por la justicia penal ordinaria. Sin embargo, hoy en el caso también llama la atención porqué el delito fue tipificado como acceso carnal abusivo con menor de 14 años, cuando los testimonios han indicado (además de lo explicito de los hechos) que en efecto hubo violencia ejercida por los siete militares que participaron como autores materiales y cómplices. Vale la pena señalar que según lo planteado en la Ley 599 de 2000 (Código Penal) el acceso carnal abusivo con menor de 14 años es categorizado de tal manera cuando se accede sexualmente a una persona de dicha edad o menor, aun con consentimiento. Mientras que el acceso carnal violento está tipificado de tal forma cuando se comete cualquier tipo de penetración habiendo sometimiento de la víctima a través de la violencia. Aunque la Ley dicta que en ambos delitos se incurre en penas de 12 a 20 años, vale la pena mencionar que las connotaciones en este caso recaen directamente sobre la víctima, evadiendo la responsabilidad total y violenta en la que incurrieron los victimarios. Sin dejar de nombrar los agravantes que también se deberían evaluar como, por ejemplo, la posición o cargo que da particular autoridad sobre la víctima y que adicional impulsaría a depositar en él (ellos) su confianza. Además, se especifica también como agravante cuando la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas. Así, vale la pena preguntarse ¿hacia dónde va el discurso de indignación institucional si con un juego de palabras pareciese que pretenden evadir la gravedad de lo cometido por el Ejército? El cuerpo de las mujeres: un botín de guerra “Mi hermanita el domingo por la tarde se fue a traer unas guayabas para hacer jugo. Desapareció como a las 5 de la tarde. Comenzamos a buscarla. Quedó desaparecida toda la noche, hasta las 10 de la mañana la encontramos en un potrero llorando”, relato de Felicinda, hermana de la menor. Pensar en el cuerpo como una representación simbólica de la historia, de los contextos, lleva per se entender que sobre estos atraviesan categorías de género, raza, clase, sexualidad, edad, etnia, discapacidad, entre otras, que causan que estos social y políticamente tengan un tratamiento diferente, incluso muchos siendo valorados como lugares de apropiación para materializar los ejercicios de poder. Bajo esto, los cuerpos se han venido también entendido como territorios de disputa, incluso en medio del conflicto armado las acciones que causaron afectaciones directas contra estos se convirtieron en unas de las prácticas más violentas y degradantes contra las mujeres, particularmente, para impartir miedo y establecer dominio por los actores armados. “Toda forma de violencia sexual en el conflicto armado emite un mensaje político, un mensaje de poder que repercute de manera negativa en la subjetividad y en la vida de las víctimas. La violencia sexual ha sido empleada de diferentes formas, por ejemplo, ha sido usada para escarmentar a las mujeres estigmatizadas de guerrilleras o auxiliares de las guerrillas con el fin de eliminar y castigar cualquier rastro del enemigo en los territorios disputados. Ha sido empleada en zonas de disputa con el objetivo de aterrorizar a la población, desplazarla de manera forzosa y despojarla de sus tierras, usualmente en el marco de masacres y desapariciones forzadas”, La guerra inscrita en el cuerpo (2017). CNMH. Con esto vale la pena mencionar que, según cifras informadas por el Observatorio de Memoria y Conflicto y el Centro Nacional de Memoria Histórica, con corte del 20 de septiembre de 2017 y en el marco del conflicto armado, se registraron, al menos, 15.076 personas víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual, de este total el 91,6% son niñas, adolescentes y mujeres adultas. Asimismo, sobre estos hechos se identificó que los paramilitares han sido responsables de 4.837 casos (32,2%), las guerrillas de 4.722 (31,5%), los Agentes del Estado de 206, los GAPD de 950, además de los más de 15 mil hechos en 3.973 no se han establecido los responsables. Así, con la perpetración del conflicto armado, también hay una vía libre para que los abusos sexuales sigan cometiéndose en contextos donde en medio de la guerra los únicos actores que los permiten o no son los armados. Hoy, de nuevo, como en los últimos días, las violencias contra las mujeres son noticias, demostrando que Colombia además de estar atravesada por las dinámicas propias de un conflicto de más de 50 años, también ha estado sometida a las practicas más violentas de la estructura patriarcal. Estos dos escenarios no se deben separar de un análisis, así como el entender que el abuso contra la menor de la comunidad Gito Dokabu– Embera Katio también obedece a una doctrina de dominación sobre los pueblos indígenas que ha persistido desde la colonización, y que ahora se traslada a un ejercicio de abuso contra ella, su dignidad, y también contra su territorio. “Las mujeres indígenas han sido víctimas de múltiples formas de violencias de género que atraviesan su experiencia de vida desde la primera infancia. (…) La situación se agudiza aún más por la disputa territorial existente sobre resguardos y territorios ancestrales. Es importante señalar, como lo han hecho algunas organizaciones sociales, la incidencia importante de violencia sobre mujeres, adolescentes y niñas en la que miembros del Ejército han sido los principales victimarios, en particular en zonas de militarización, bien sea por ser epicentro de operaciones militares o por estar aledañas a bases militares”. El Ejército otra vez Resaltaba en uno de los tweets de Iván Duque que: “No toleraremos ningún tipo de abuso a menores de edad y mucho menos cuando involucre uniformados que enlodan el honor de las fuerzas con actos ruines como el denunciado en Pereira”. Con esto y la mención a las Fuerzas Militares es necesario traer a este contexto que este no es un caso nuevo en las acusaciones que históricamente han implicado a militares. Hace tan solo unos meses Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, informó que se habían encontrado tres casos de violencia sexual en la que estarían implicados miembros del Ejército. Estos hechos ocurrieron en Arauca, Guaviare y Meta. Adicionalmente, en febrero de este año cinco militares denunciaron que entre 2014 y 2015 Álvaro Junior Howard había realizado tocamientos no consentidos contra ellos. En septiembre de 2019 Maritza Soto relató el acoso laboral y sexual del que había sido víctima por parte tres miembros de la Institución; su superior, un coronel y un comandante de una Fuerza de Despliegue Rápido. A esto se sumaron cuatro denuncias contra José Zabala, también por las mismas clases de violencia. En junio de 2019 se informó que en enero de 2006 el militar Nicacio Martínez Espinel agredió física y sexualmente de Irene López y Ligia Cambar Ramírez. En 2018 se conoció que en 2010 el militar Raúl Muñoz, que paga una condena de 60 años, abusó sexualmente de una menor en Tame, Arauca. En este mismo municipio en 2019 una mujer en condición de discapacidad fue agredida sexualmente por un miembro de la Institución. En 2017 un soldado denunció al sargento Dixon Velásquez por abuso sexual, además alertó que fue sobornado para que guardara silencio. En ese mismo año en Fuente Oro, Meta, una menor de cuatro meses fue abusada sexualmente por un soldado. En 2007 un joven que prestaba su servicio militar acusó a cuatro de sus compañeros también por abuso sexual. Ahora a estos casos se suma el de la menor de la comunidad Gito Dokabu– Embera Katio, un hecho que también se agrega a los casi 20.000 procesos activos que lleva la Fiscalía por delito sexual contra menores. Se suma a los 6.400 casos de presunto delito sexual ocurridos en lo corrido del año, según lo informado por Medicina Legal. Y se espera que no se agregue al 97% de impunidad que actualmente tienen los actos violentos contra niñas y niños, conocido a partir de lo informado por la Alianza por la Niñez Colombiana. Hoy la consigna de la lucha por habitar lugares seguros toma más fuerza, porque justo como lo enfatiza el informe La guerra inscrita en el cuerpo “la violencia sexual se ha convertido en una amenaza hacia las mujeres y su movilidad. Esto trae como consecuencia nuevas formas de territorializar su espacio: se evitan unos lugares, se transita solo a algunas horas y se toma una serie de acciones que limitan notablemente las relaciones entre las mujeres y su entorno. Los sustos o nervios de las mujeres hacen que sus territorios ya no les representen la seguridad de otrora, o que incluso se sientan extrañas en el mismo”.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Pares. El 4 de septiembre de 2019 el subdirector de Pares, Ariel Ávila, señalaba en su columna Un país que se lo traga la corrupción, tres ejemplos, lo siguiente: “La ciudadanía no castiga ni a los partidos, ni a los políticos corruptos, sigue votando por ellos. Por ende, los incentivos para seguir siendo corrupto son altos”. Y vaticinando los resultados electorales, acertó en el contenido de su columna, específicamente para el caso de Carmen de Carupa. Este municipio, ubicado en el departamento de Cundinamarca, escogió, una vez más, a Giovanni Murcia Leyva con 2.785 votos, avalado por la coalición “Construyendo Sociedad, Gobierno De Resultados” de los partidos Cambio Radical y la U. La elección se dio en medio de diversos cuestionamientos, a partir de las denuncias recibidas por Pares y relatadas en la columna de Ávila. ¿Quién es Giovanni Murcia? Murcia es un político que ha tejido una presunta red de corrupción para apoderarse del municipio desde 2011, cuando resultó elegido por primera vez con una votación de 3.346 votos con el aval del Partido de la U. De acuerdo con fuentes en territorio citadas por Ávila, su administración estuvo presuntamente rodeada de diversos cuestionamientos por el manejo clientelista, así como por supuestos contratos con presupuesto que no se ejecutaron. En 2015, su candidato perdió las elecciones. No obstante, logró consolidar una estrategia para empezar a sumar apoyos desde 2018, cuando apareció en varios videos haciendo la presunta compra de votos para favorecer a tres candidatos a la Cámara de Representantes en las elecciones de Congreso del 11 de marzo: Orlando Clavijo Clavijo, quien se quemó; Néstor Leonardo Rico, actual representante de Cambio Radical y David Barguil, senador Conservador. En los videos reseñados por Ávila se observa al señor Murcia el 11 de marzo de 2018 en lo que parece ser una flagrante compra de votos a menos de 100 metros de un puesto de votación en el municipio, además de la repartición de publicidad de los candidatos el mismo día de elecciones. También se observa cómo estando junto a una patrulla de policía es descubierto por un uniformado que lo aborda, pero que es increpado por varios ciudadanos que habrían estado involucrados con el entuerto y, ante la presión, el policía se va y Murcia se ríe. Contratos bajo la lupa A pesar de todo lo anterior, resultó elegido como alcalde, y este año las condiciones del país, ni mucho menos del municipio tendrían las garantías de transparencia suficientes con estos precedentes que no han tenido ningún tipo de investigaciones en la justicia. Esto se ve reflejado en las recientes intervenciones de la Contraloría General de la República (CGR) a un contrato en el municipio por presuntas irregularidades, entre las cuales se encuentran posibles sobrecostos en los mercados en el marco del estado de emergencia a raíz del Covid-19. De acuerdo con la resolución ordinaria 80112-0796-2020, la CGR facultada en su control preferente, resolvió la intervención funcional de oficio al contrato No. 096 de 2020 del 30/03 de 2020, entre el municipio de Carmen de Carupa y la contratista Flor Mery Robayo Suárez, por un valor de 20 millones de pesos para la repartición de 400 mercados por un valor unitario de 50 mil pesos. Tanto es así, que el propio contralor general de la nación, Felipe Córdoba, el pasado 24 de abril mencionó especialmente las intervenciones que se hicieron al municipio de Carmen de Carupa. El contrato fue celebrado el 30 de marzo de 2020 para un plazo de ejecución de dos (2) días, mediante la repartición de mercados compuestos por 12 ítems, como se observa a continuación. Sin embargo, Pares tuvo acceso a una solicitud de varios concejales del municipio elevada ante los órganos de control y autoridades correspondientes, en la que se realizó un estudio de mercado haciendo la compra de los 12 ítems en tres (3) supermercados de diferentes marcas, al pormenor, que es más costoso, incluyendo al final de cada cotización los tres impuestos de la contratación (Estampilla del Proanciano, 4%; Estampilla Procultura, 2%; Industria y Comercio, 0,7% y la Retención en la Fuente, 2,5%), los cuales suman un 9,2% adicional por cada mercado. Como resultado, según las pruebas aportadas, el alcalde Murcia estaría incurriendo una vez más en presuntos actos irregulares, toda vez que el contenido de los mercados entregados no corresponderían a lo establecido en el contrato en términos de calidad, así como tampoco corresponderían a los costos planteados en el contrato. Esto es, un presunto sobrecosto del 20% por mercado repartido, exonerando los impuestos, dado que se estarían cobrando $10.050 pesos adicionales. Pero si se calcula por los 400 mercados, el sobrecosto sería de $4.020.000 pesos, que representarían 114 mercados para asistir a más familias. Conviene subrayar, que esto viene solo en la revisión que se hizo comparando 3 supermercados (La Playita F.R.; Mercados Carupa; y Autoservicio La Esperanza) en el mes de marzo, como se observa, a continuación: Esto no es todo. De acuerdo con el estudio de mercado realizado por los concejales, también se tuvieron en cuenta los precios establecidos en la la tabla de precios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y se volvió a constatar el presunto sobrecosto haciendo la compra en los mismo almacenes en el mes de abril, para tener en cuenta la variación de precios en el mercado. El resultado fue todavía más grave. Se encontró un presunto sobrecosto de 13.426 pesos colombianos por mercado, valor calculado exonerando los impuestos de la entidad territorial que son del 9,2%. Ante la difícil situación que viven cientos de municipios del país por el Covid-19, la emergencia sanitaria y la ausencia de recursos suficientes para atender la pandemia, se suma la corrupción en diversos mandatarios del país. En el caso de Carmen de Carupa, la ciudadanía hace un llamado urgente a las autoridades para determinar la responsabilidad del alcalde Murcia, sobre todo cuando existen antecedentes asociados a presuntos hechos de corrupción electoral que fueron puestos ante la opinión pública por Ávila y por Pares.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. Tal como se lo han venido advirtiendo las comunidades a Pares, en la subregión del Catatumbo en el departamento, Norte de Santander, hay una profunda crisis de Derechos Humanos desatendida por el Gobierno Nacional. El más reciente hecho, fue el asesinato del líder social Carmen Ángel Angarita y quien era integrante de la mesa directiva de la Junta de Acción Comunal (JAC), como dirigente del Comité Conciliador, de la Vereda del Hoyo, en el municipio de Convención. De acuerdo con la comunidad, Ángel se encontraba adelantando labores de campo cuando arribaron hombres armados quienes perpetraron el asesinato. Panorama del municipio Pares habló con Elina Zafra, que hace del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), quien se refirió al papel de estas mesas de las JAC. Las JAC en el Catatumbo tiene unos comités de conciliación que tienen por objeto dirimir conflictividades en los territorios. Esta estructura busca, como primera instancia, para evitar acciones ante las instituciones que hacen presencia en la región. Elina señaló que Convención es uno de los municipios con mayor militarización de los municipios que componen el Catatumbo. Allí hace presencia la base militar de la Esmeralda, también hace presencia la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) y la Policía Nacional. Cabe recordar que, además de la presencia de las Fuerzas Militares, en el Catatumbo hace presencia el ELP, disidencias de las FARC y ELN. Elina, señala que este es el mismo municipio en el que fue perpetrado el asesinato de Dimar Torres el 22 de abril de 2019. Asimismo, Elina precisa que este municipio ha tenido, históricamente, un fuerte papel de las organizaciones sociales, JAC. Asimismo, resalta que en la región durante el presente año se han registrado desplazamientos masivos forzados. También llama la atención sobre las operaciones de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito por parte de las FFMM. Esto porque, de acuerdo con Elina, estos hechos mantienen una fuerte tensión en la región. Como también resulta el caso de los paros armados decretados por el ELN y el EPL. Asesinato a firmantes de paz y falsos positivos El pasado 15 de junio fue asesinado Mario Téllez Restrepo, un exguerrillero que adelantaba su proceso de reincorporación en la subregión del Catatumbo. El asesinato fue perpetrado por hombres armados que arribaron hasta una parcela en la que se encontraba trabajando Mario en el municipio de Tíbú, Norte de Santander. El más reciente es el caso de Joel Villamizar, quien ejercía como directivo de ASO’WA y era coordinador de Educación de la nación indígena U’wa —tercer caso de ejecución extrajudicial por el Ejército Nacional— específicamente de la Segunda División en lo que va corrido del año 2020 en Norte de Santander. De acuerdo con las comunidades, el asesinato se dio en medio de operaciones que adelantó el Ejército Nacional en la vereda Río Colorado en Chitagá. A Joel lo querían hacer pasar como integrante del esquema de seguridad de un cabecilla del ELN. El pasado 18 de mayo, Pares dio a conocer la denuncia de ASCAMCAT sobre el asesinato Emérito Digno Buendía Martínez— miembro de la Guardia Campesina del Catatumbo de ASCAMCAT— a manos de uniformados del Ejército colombiano, batallón Hermógenes Maza. El hecho ocurrió en el asentamiento campesino ubicado en la vereda Tutumito, zona rural de Cúcuta. El pasado 26 de marzo, también fue asesinado Alejandro Carvajal, en la vereda Guayacanes en zona rural de Sardinata. CIDH solicita protección a líderes y lideresas A propósito del lanzamiento del informe “Personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta comisión aprovechó a enviar un mensaje sobre la necesidad de velar por la protección de líderes y lideresas en el territorio nacional. Todo esto ocurre en el marco de la llegada de llegada de tropas del Ejército de los EE. UU. De acuerdo con la misma cuenta de la Brigada SFAB, ésta realiza y apoya operaciones multinacionales y coopera en materia seguridad. Saúl Alfonso, del Comité Departamental del movimiento por la Constituyente popular (MCP), señaló que el este comité rechaza la guerra del Estado colombiano en Norte de Santander y nuestro territorio del Catatumbo. Rechazamos los atropellos de la Fuerza Pública con las comunidades y los asesinatos que se vienen presentando en el Catatumbo como el reciente hecho del líder comunal en Convención.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. En medio de la pandemia se han hecho más visibles las razones por las cuales el acceso a la vivienda digna no debería dejar de ser un tema trasversal en las agendas políticas y en la discusión nacional. Justo, en relación con esto, un mes después de iniciado el aislamiento preventivo obligatorio, el DANE informó la situación registrada en el 2018 sobre las condiciones de los hogares de los casi 50 millones de personas que habitan en Colombia; de este total, 18.2 millones no contaban con vivienda digna. Hay que mencionar que en medio de la pandemia se han registrado desalojos y destrucción de viviendas en zonas como Altos de la Estancia (Bogotá), La Viga (Cali) y Siloé (Cali) , en donde a través de la violencia física y simbólica se ha pretendido atender primero la protección a la propiedad privada y/o al orden citadino, que a las personas que desde las periferias de las ciudades han exigido atención sobre la imposibilidad de acceso a vivienda que ha llevado, por ejemplo, a que se registren cerca de 20.000 asentamientos ilegales. Trasladando esto a un contexto más reciente, se informó que a causa de las afectaciones sociales y económicas que ha acentuado la pandemia, cerca de 800 personas se quedaron sin poder solventar gastos para el acceso a vivienda, en la mayoría de los casos correspondientes al pago de arriendos. Situación que desató que, en un lote privado ubicado en Ciudadela Sucre, Soacha, se ubicaran estas familias con el fin de hacerle frente a la necesidad de tener un lugar el cual habitar. Invasión, una acción ante la desatención Según el Informe Déficit de vivienda urbana en Bogotá y Cundinamarca, publicado y realizado por la Alcaldía de Bogotá en 2017, se asevera que en cuanto al estudio de precariedad: “El caso más crítico en términos absolutos es Soacha, por ser el municipio de la región metropolitana de Bogotá que muestra la mayor cantidad de hogares en déficit de vivienda (24.134)”. A partir del mismo documento se informa que el déficit en términos cuantitativos en el municipio está presente en 15.431 hogares, mientras que el cualitativo en 8.703. Vale la pena señalar que las problemáticas cuantitativas se determinan por los materiales con los que están construidas las viviendas, las cuales en la mayoría de los casos son inestables como: tejas, plásticos o madera, además presentan situaciones de hacinamiento no mitigables, determinadas por contextos en donde en una vivienda se hospedan más de cuatro familias o más de tres personas por habitación, e igualmente porque en estos espacios también se realizan otras actividades, por ejemplo, culinarias, es decir, en una misma zona se duerme y se cocina. Por otro lado, el déficit de vivienda cualitativo se establece cuando en los hogares no hay condiciones adecuadas de habitabilidad; no han sido instalados servicios públicos, alcantarillado o en su estructura hay dificultades directamente en el suelo en los que fueron construidos, sin embargo, en estos casos las viviendas pueden ser objeto de ajustes o intervenciones para mejoras. Así, es necesario no alejar este panorama de lo que hoy sucede en Soacha, que además fue una de las zonas con más impacto a causa de los trapos rojos que se izaron una vez declarado el aislamiento, pues además de iniciarse allí este acto simbólico, también resaltó que el hambre, y las necesidades económicas han venido dejando a los habitantes de este municipio en un constante escenario de vulnerabilidad. “Si nos sacan de estas casas, ¿cómo vamos a proteger a nuestros hijos? Somos madres cabeza de familia, no tenemos trabajo fijo, y nos ha tocado conseguir lo del día a día, ¿y si conseguimos apenas lo de la comida cómo vamos a conseguir lo de un arriendo? Necesitamos entonces otras opciones”. Lo anterior es parte de las exigencias de las cerca de 800 personas (300 familias) que llegaron a un lote ubicado en la zona de Ciudadela Sucre en Soacha como una solución a la falta de vivienda. Allí, la zona fue parcelada entre las familias y posteriormente instalaron ‘cambuches’ y carpas en las que han pasado los últimos días. Además, dada la situación y teniendo en cuenta el creciente problema que por años les ha costado a los barrios con los llamados ‘tierreros’, han propuesto que el dueño o dueña del predio pueda mediar con la gente para que se llegue a un acuerdo económico, de construcción y habitacional. Por otro lado, y como respuesta a lo expuesto anteriormente, las personas que allí se encuentran han asegurado que no se irán del lote hasta que tengan por parte del Gobierno Nacional o de los dirigentes locales planes o respuestas para que se les garantice el acceso a vivienda digna, apelando a las necesidades expuestas y al contexto en el que ha estado el municipio durante años. Adicionalmente, se ha informado que al lugar ha llegado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía Metropolitana del municipio, sin embargo, también se solicita veeduría de otras entidades que salvaguarden que un posible desalojo no se haga por vías violentas, como ha ocurrido en los más recientes hechos, donde ha sido el ESMAD el organismo que ha actuado abusando de su fuerza, y dejando, bajo el argumento de protección a la propiedad, personas afectadas física, psicológica, y patrimonialmente.

Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años al exrepresentante a la Cámara, Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias ´Jesús Santrich´, por dar continuidad a la lucha armada de las FARC-EP, a través del relanzamiento y reestructuración de esa organización y sus milicias. El órgano de control encontró disciplinariamente responsable a Hernández Solarte por fomentar y ejecutar actos tendientes a la formación y subsistencia de grupos armados al margen de la ley, además de promoverlos, organizarlos, dirigirlos y colaborar con ellos, como se evidenció en las manifestaciones públicas realizadas en agosto y septiembre de 2019. “Hernández Solarte, aún en su calidad de congresista apareció en sendos videos que fueron publicados en distintos medios masivos de comunicación del orden nacional y en portales web, en los que consignaron el nacimiento de una nueva etapa subversivva, decisión que según sus mismas aseveraciones (…) se formalizó en reunión extraordinaria de comandantes llevada a cabo el 22 y el 24 de agosto de 2019”. En fallo de única instancia, la Procuraduría calificó la falta del disciplinado como gravísima, a título de dolo, por afectación no justificada de sus deberes funcionales como congresista, quien en razón a su investidura estaba llamado a respetar el orden jurídico y la institucionalidad. La lucha armada de ‘Santrich‘ En la primera semana de octubre de 2019 se conoció un video en el que Santrich se dirigía al país señalando que, en una reunión de comandancia que se desarrolló entre el 22 y 24 de agosto se decidió, entre otras cosas, lanzar el denominado ‘Plan Estratégico Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia’ en el que insistió unir esfuerzos con la guerrilla del ELN e incluso hizo un llamado a los integrantes de la Fuerza Pública a ‘caminar juntos’. El anuncio de la ‘nueva guerrilla’, como la denominó la prensa, se refirió al incumplimiento por parte del Estado colombiano frente a lo acordado entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC. De hecho, Santrich dijo que “el expresidente Santos juró, con impostada voz de Nobel de Paz, que no cambiaría ni una sola coma de lo pactado”. Sin embargo, el exguerrillero instó que, desde la firma, lo pactado fue escamoteado y que con el gobierno del presidente Iván Duque “no se han respetado los principios que rigen las negociaciones”. En este sentido, Santrich advirtió dos escenarios una constituyente o la vía armada. “En la introducción del Acuerdo Final de La Habana hay un compromiso que indicaba a hacer la convocatoria a todos lo partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país; para concertar un acuerdo político nacional encaminado a definir las formas institucionales necesarias para atender los retos que la paz demanda, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social» había agregado ‘Santrich’.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. El pasado 20 de junio el juez estadounidense Royce Lambert permitió la venta del libro The Room Where it Happened (La habitación donde sucedió) escrito por John Bolton, quien durante 17 meses fue el Consejero de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump (2018 – 2019). La decisión fue tomada luego que el Gobierno de Trump demandara al exasesor argumentando que la producción incluía información confidencial que podría poner en peligro la seguridad nacional del país. Finalmente, Lambert autorizó su venta al considerar que era demasiado tarde para emitir una orden de restricción. De esta forma, se dio vía libre para que la publicación circulara desde este martes, lo que pone en la mesa de discusión a Colombia, pues en medio de las afirmaciones y relacionamientos de los que habla Bolton en su libro, por lo menos, en 12 de estos se nombra al país y al presidente Iván Duque. ¿Nos deja mal parados? Por lo conocido a través de análisis y entrevistas dadas por John Bolton a medios internacionales como ABC News se asegura que en el escrito se confirman algunos hechos que habían sido conocido antes, pero también se trae a colación otras acciones que hasta el momento eran desconocidas o no se sabía del alcance que tuvieron. Uno de los primeros episodios generales con los que se relaciona a Colombia y al Gobierno Nacional es con las labores que ha hecho EE. UU. para forzar e instigar que Nicolás Maduro salga de la presidencia del país vecino. Desde ahí se han generado varios hechos en los que Colombia por acción y/o omisión ha tenido responsabilidad en las arremetidas que se han tomado contra Venezuela y su gobierno. En un primer momento se menciona sobre la imposición de sanciones, algunas dirigidas al sector petrolero, si Maduro se rehusaba a renunciar a su cargo. “Trump estaba muy feliz por la manera como estaban registrando en la prensa ‘la cosa venezolana’. Y preguntó si deberíamos mandar 5.000 hombres a Colombia en caso de ser necesitados, lo cual anoté en mi libreta y dije que consultaría con el Pentágono. ‘Ve y diviértete con la prensa’, me dijo Trump”. De esta manera se mencionó el interés que ha tenido Trump por hacer una intervención militar en el vecino país, una acción que no ha estado muy lejos de la agenda nacional colombiana, pues incluso, así como ha sido noticia en EE. UU., los intereses por militarizar aquí también se han conocido. Por ejemplo, uno de los primeros espaldarazos a esa iniciativa se dio cuando Francisco Santos afirmó en un foro académico realizado en Washington en 2018 que para lograr una salida a la crisis de Venezuela no había que descartar ninguna opción, incluso si ésta se trataba de acciones militares. Sin dejar de lado que en el 2019 una conversación entre Santos y la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, daría pistas de una supuesta estrategia que como lo afirmó el Embajador de la República de Colombia ante el gobierno de Estados Unidos, se basaría en una acción comercial, política y militar, pues como lo aseveró en su momento el funcionario, “si Maduro no se va, Colombia no tiene futuro “. Agregando que durante los seis meses de este año han ocurrido hechos como en hallazgo en la vía Barranquilla – Santa Marta de armamento que según uno de los responsables (Cliver Alcalá), tenía como objetivo apoyar un golpe de estado contra el Nicolás Maduro. Asimismo, este año, en mayo, se registró la Operación Gadeón, la cual también estaba dirigida para derrocar a Maduro, pero que fracasó y dejó como saldo ocho (8) personas muertas y varias detenidas. A esto se debe sumar la militarización del Caribe por parte de Estados Unidos, bajo el interés de una supuesta lucha antidrogas, en la que las acciones se tomaron en un territorio por el que solo pasa el 30% de las sustancias psicoactivas, pues se ha estudiado que el mayor porcentaje sale por el Pacífico. No hay que perder de vista que justo en las afirmaciones que salen del trabajo hecho por John Bolton se resalta los varios intentos que se han hecho para que finalmente la militarización logre, como quiere Trump, “recuperar a Venezuela que en realidad le pertenecía a EE. UU.”. Resaltando que en palabras de Bolton para el dirigente estadounidense “parecía que la opción militar era relativamente sencilla”. Las intenciones detrás de la ayuda humanitaria En febrero de 2019, liderado por el Gobierno colombiano, se realizó el Venezuela Aid Live, el evento que, entre otras cosas, pretendía ingresar a territorio venezolano 280 toneladas de alimentos y medicina, lo que terminó en una fuerte oposición que produjo que 285 ciudadanos venezolanos y 30 colombianos resultaran lesionados y que, además, se diera paso para que Carlos Holmes Trujillo coordinara el llamado cerco humanitario. Ante este evento, Bolton aseguró que la idea, planeada de la mano de los dirigentes colombianos, era forzar el ingreso de la ayuda a través de varios puntos, para que esto terminara debilitando a Maduro, poniendo a la gente y a las fuerzas armadas en contra del presidente venezolano. Incluso el exconsejero informó que en la reunión que se había hecho unos días antes de la actividad entre Trump y Duque la discusión se concentró en el tema de las acciones que se podían tomar para favorecer sus intereses políticos. “Fue decepcionante que más militares no desertaran. Quedé sorprendido de que ni Guaidó ni los colombianos ejecutaran planes alternativos cuando los colectivos impidieron el ingreso de los cargamentos y los quemaran. Las cosas parecían desconectadas y hechas al azar y no supe en ese momento si por falta de planeamiento previo o voluntad”, dijo Bolton en la entrevista. A lo anterior agregó que posiblemente la no confrontación por parte de Colombia se debió a una negativa de instar a un conflicto armado con Maduro. “Esta si es una historia con mucho color: en su libro Bolton describe al gobierno colombiano como el instigador de las acciones más violentas contra Maduro, pero a la vez lo culpa de los fracasos o por improvisación o por pusilanimidad”, afirmó León Valencia. El arma de doble filo con los intereses presidenciales En medio de la entrevista también se debelan temas directamente con la gestión de Donald Trump por parte de quien fue se consejero de seguridad. Uno de los énfasis que se da es sobre las acciones que se han hecho y las que no, mediadas por el interés de una reelección, en donde se menciona que: “Que la historia lo recuerde como un presidente de un solo mandato que no hundió irremediablemente al país en una espiral descendente de la que no podremos retroceder. Podemos superar un mandato. Tengo absoluta confianza, incluso si no es el milagro de que se elija a un republicano conservador en noviembre. En cuanto a dos mandatos, estoy más preocupado”. Adicionalmente, Bolton aseveró que no considera que Trump esté en condiciones que hagan que una reelección traiga bienestar para el país norteamericano. Con esto resaltó algunos conflictos internacionales que se avecinarían, refiriéndose particularmente al caso con Corea del Norte, en el que señala que a pesar de los acercamientos del Presidente con Kim Jong Un hay una amenaza constante. “La amenaza de Corea del Norte hoy es absolutamente mayor. Porque mientras se aprovechaban todas las oportunidades de tomarse fotos, no hay duda de que el trabajo de Corea del Norte en sus programas de misiles nucleares y balísticos continuó. Es una de las sociedades más secretas del planeta”, aseguró.

Por: Redacción Pares Un nuevo informe de dos agencias de las Naciones Unidas propone un “bono contra el Hambre” además de un ingreso mínimo de emergencia para evitar que la crisis sanitaria del COVID-19 se convierta en una crisis alimentaria que haga retroceder a la región 20 años de desarrollo y empuje a millones más al hambre y la pobreza. El esfuerzo de dos décadas para eliminar la pobreza extrema puede perderse en cuestión de meses y millones de personas más pasarán hambre debido a la crisis del COVID-19, advierte un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO). De acuerdo con las agencias, América Latina necesita medidas urgentes para evitar que la actual crisis de salud causada por el coronavirus se transforme en una crisis alimentaria. Con la mayor caída del PIB regional en un siglo, estimada en un -5.3%, aproximadamente 16 millones de latinoamericanos caerán en la pobreza extrema hasta un total de 83,4 millones de personas, lo que hará que muchos de ellos tengan dificultades para acceder a comida. Entre 2016 y 2018 ya había 53,7 millones de personas en inseguridad alimentaria severa en América Latina. La secretaria ejecutiva de la Comisión, Alicia Bárcena, y el director regional de la agencia de la ONU para la alimentación, Julio Berdegué, explicaron durante una conferencia de prensa que los efectos de la crisis ya son visibles en los sistemas alimentarios: la vulnerabilidad de los trabajadores ha crecido y los precios internos de los alimentos están subiendo más que el precio de otros productos de la canasta básica, según el Índice de precios al consumidor. Además, debido al aumento del desempleo y la caída en los ingresos, millones de personas no pueden comprar suficientes alimentos, y muchas otras están teniendo que optar por alimentos más baratos y de menor calidad nutricional. “Vemos que hay un aumento en la posibilidad de una crisis alimentaria. Nuestra región acumula siete años de muy bajo crecimiento. A partir de 2014 ha aumentado la pobreza. Con esta crisis que será la más grande en la historia de la región, sin duda va a haber un aumento de la pobreza extrema y el hambre”, explicó Bárcenas. “Podemos perder todo lo que hemos hecho en 20 años, y volver a donde estábamos hace 20 años en un par de meses […]Millones de personas pueden caer en el hambre. Esa es la gravedad del problema actual”, agregó el director de la FAO. El informe también expresa una fuerte preocupación por sectores de alto valor intensivos en manos de obra como el café, las flores y las frutas, así como un impacto sobre el empleo femenino en medio de la crisis. También existe un impacto adicional de los fenómenos climáticos sobre la producción agropecuaria, en particular, los productores de subsistencia y los trabajadores agrícolas. Un bono contra el hambre para los más vulnerables Según el informe, este bono podría materializarse en la forma de transferencias monetarias, canastas o cupones de alimentos a toda la población en situación de pobreza extrema por un período de seis meses, equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional, que se sitúa en el valor de 47 dólares del año 2010. Su costo equivaldría al 0,06% del PIB regional, si se entrega únicamente a la población en pobreza extrema mayor de 65 años, o al 0,45% del PIB si se da cobertura a toda la población en pobreza extrema. La CEPAL y la FAO recomiendan la segunda opción, lo que tendría un costo estimado de 23.500 millones de dólares. Además, proponen un incremento de al menos un 20% de la cartera promedio de créditos de los últimos tres años, que sumaría alrededor de 5500 millones de dólares, para los productores del sistema alimentario. Adicionalmente, para las unidades agrícolas familiares más rezagadas, los expertos dicen que se necesita un kit básico de inversión de 250 dólares con un costo de 1700 millones de dólares en la escala regional.